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Etiqueta: desigualdad

Bailar con el enemigo

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Para enfrentar la pandemia del Covid19, nos dicen los epidemiólogos, se requiere un medicamento efectivo, que no existe todavía, o una vacuna, cuyo descubrimiento es incierto en el mediano plazo. Con más angustia que resignación, se nos convoca a aprender a convivir con la amenaza del contagio, procurando tomar las medidas preventivas, de manera disciplinada.

Para ello, se ha sugerido, y se está aplicando, la estrategia de la “danza y el martillo”. Cerrar las puertas de los negocios con suaves martillazos con la esperanza de reabrirlas, en el menor tiempo posible; o flexibilizar medidas y optar por “bailar” procurando esquivar o sortear el virus, dependiendo del estilo del bailarín.

El asunto de fondo sigue siendo que “quien paga la fiesta manda el baile”. De tal manera que, ya sea que aprendamos a convivir con el virus o que se logre el antídoto milagroso, posiblemente tendremos que continuar bailando al ritmo que nos marquen los poderes fácticos del capitalismo mundial globalizado, acompañados de los organismos financieros internacionales que, en el caso de los países pobres siempre los ponen a bailar con la más “fea”: la danza con la muerte. El trago amargo que, debido al Covid19, hoy también les ha tocado tomarlo a los países ricos, con Estados Unidos a la cabeza.

Efectivamente, bailar con el enemigo –más bien enemigos que hoy se disfrazan de amigos “protectores”– se ha venido convirtiendo en una danza de la muerte. En América Latina, hay más de 5 millones de niños con desnutrición crónica y 700.000 en riesgo de muerte. En Guatemala murieron 492 niños por desnutrición en tres años (2015-2017), casi la mitad de la población infantil (46.5%) están desnutridos, y entre los indígenas aumenta a un 65%. Para Julio Berdagué, funcionario de la FAO, “a estos niños les hicimos algo tan salvaje como cortarles una mano”, pero como la desnutrición crónica no resulta tan visible “no provoca un escandaloso espanto”, como lo causaría una mutilación física[1].

Son los estragos que causan las políticas económicas neoliberales que, a pesar de sus comprobados fracasos, persisten en aplicarlas en países que se consideran predestinados a empobrecerse y sumar muertes por causas remediables, como la desnutrición. Y ahora, hasta exponiéndolos al contagio de un virus mortal, con tal de mantener activada la máquina de producir dinero. Países a los que solo se les receta socarse la faja, reduciendo la inversión social en educación y salud, para seguir pagando la deuda que alimenta con creces los bolsillos y el estómago del mundo rico, incluidas las élites económicas privilegiadas de nuestros países.

Enfrentamos un desafío fundamental, que el teólogo Raimon Panikkar[2] lo ha planteado en términos de preguntas claves: “¿Para qué curar al hombre? ¿Para que vuelva a ser carne de cañón? ¿No es una coincidencia que la medicina haya logrado la mayor parte de sus progresos en los campos de batalla?”[3].

Con las Guerras, al igual que con las crisis, como la financiera del 2008, por lo general se pone en evidencia la tragedia humana de la meta cumplida (Oscar Wilde[4]), porque lo urgente aplaza a un tiempo indeterminado lo importante: un futuro de prosperidad que nunca llega ¿Acaso pasará también con la pandemia actual?

Panikkar apunta al problema medular de las sociedades tecnocráticas modernas, donde la medicina y la salud están al servicio del productivismo, la mayoría de las veces empobrecedor y esclavizante, y no al servicio del disfrute de la vida digna: “Para la gran mayoría de las instituciones médicas modernas, la salud consiste en mantener a las gentes en condiciones de trabajar. Decir que alguien “ha vuelto al trabajo” equivale a considerarlo sano […] En nuestro mundo tecnológico la actividad humana creativa ha sido confundida con el trabajo remunerado y el empleo […] un mero medio indirecto de “ganarse la vida” (como si la vida tuviese que ganarse), es parte de la maldición asociada al pecado original: “con el sudor de tu rostro comerás el pan”, en vez de hacerlo con el gozo del banquete compartido”[5].

Por el contrario, en las medicinas tradicionales “el criterio de salud no está dado por la capacidad de trabajar, sino por la capacidad de disfrutar […] Sin embargo, en ciertos ámbitos puritanos el goce frecuentemente ha sido considerado sospechoso, aunque ello vaya en contra de la tradición cristiana más auténtica”[6].

Es pertinente la advertencia de que “la medicina puede ser peor que la enfermedad”, si no alcanzamos a proyectar un cambio cultural sustantivo, para una convivencia justa y solidaria, que también nos reconcilie con toda la creación. Es decir, que reivindique el derecho al disfrute y la celebración de la vida, esa comunión amorosa y dignificante entre seres humanos diferentes –pero siempre complementarios–, y con todos los demás bioecosistemas planetarios.

Para el teólogo y psicoanalista, Rubem Alves, la cultura es del orden del disfrute –del verbo latino frui: gozar de un bien que se ha deseado–, por consiguiente no tiene que ser algo útil sino bello, que nos produce placer; tiene que ver con la felicidad y la vida de las personas: cultura de la vida. Y la vida no existe en función de la practicidad; la practicidad en la vida es solo un medio para alcanzar la felicidad. Según el Génesis Dios trabajo seis días, se entretuvo con el dominio de lo útil para disfrutar del gozo del descanso, el sábado. Y en el paraíso solo había belleza y placer, no había ni ética ni política; estas son actividades pertenecientes al mundo de quienes perdieron el paraíso; la ética y la política se practican para ir más allá: a la experiencia del gozo[7].

En la tradición judía, precisamente, el año sabático (jubileo) apunta a esa experiencia gozosa de disfrutar y celebrar la vida. Es el año de gracia y liberación: “Y contaréis siete semanas de años[…] Entonces harás tocar fuertemente la trompeta […] Y santificaréis el año cincuenta y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores; ese año os será de jubileo” (Lev. 25:6-10). Jubileo hace referencia a la trompeta del cuerno de carnero (Jobel) que convoca a una fiesta de libertad[8], similar a la fiesta de los panes sin levadura que celebra la salida (éxodo) y la liberación de la esclavitud en Egipto, aunque en el caso del jubileo se trata de la liberación de las diversas formas de sometimiento y esclavitud endógenas. Se convoca a defender y celebrar la vida con la liberación de los esclavos, el perdón de las deudas, la recuperación y distribución de las posesiones y el descanso de la tierra y de los animales (Éx. 23:10-11; Dt. 15:1, Lev. 25:20,21).

¿Por qué no decidirse a apostar por esta pequeña agenda de tres desafíos: económico, social y ecológico, que podría significar un viraje radical hacia una verdadera normalidad? Una demanda al sistema financiero internacional, hoy de nuevo interpelado por un selecto grupo de economistas[9] para condonar una deuda externa que ya ha sido pagada de manera generosa por nuestros pueblos empobrecidos. Asimismo, una exigencia de equidad: mejor distribución para superar las injustas desigualdades. Un llamado a erradicar, una vez por todas, las nuevas formas de trabajo esclavizado, por parte de quienes se resisten a humanizarlo y a reconocerlo como el principal generador de valor y de riqueza. Y, un decreto para brindar un merecido descanso a los animales y a la tierra, que “gime […] con dolores de parto hasta ahora” por su liberación (Rom.8:22).

Hay que resistir, hoy más que nunca, a las fuerzas que están induciendo a la humanidad a un suicidio colectivo, con la estrategia de la “danza y el martillo” de las políticas económicas neoliberales, hechas a la medida de los más nefastos y frívolos intereses de quienes pretenden perpetuar un sistema humana y ecológicamente insostenible.

¿Por qué no emular la fiesta de la libertad del jubileo y también las danzas comunitarias liberadoras con las que celebraban las cosechas y las victorias nuestros pueblos originarios? Reivindicar, así, el derecho al disfrute de una vida digna: “el gozo del banquete compartido”.

[1] https://www.bbc.com/mundo/noticias-46100675

[2] Entre los muchos motivos para agradecer al profesor Dr. Amando Robles, merece mención especial el haberme introducido a la lectura de la basta y maravillosa obra del filósofo y teólogo Raimon Panikkar. Pensador y maestro cuya obra merece una lectura detenida, particularmente en estos tiempos de búsqueda de nuevos y mejores horizontes. Cfr. Robles, Amando (2006) Para una nueva espiritualidad (cosmoteándrica). Aportes en Raimon Panikkar. Guatemala, Centro Ak Kutan y Costa Rica, CEDI.

[3] Panikkar, Raimon (2014) La religión, el mundo y el cuerpo. Barcelona, Herder, pp.107.

[4] “En este mundo hay solo dos tragedias. Una es no conseguir lo que uno desea, y la otra es conseguirlo. La última es la peor”. Frase del escritor Oscar Wilde.

[5]Panikkar, op. cit, pp.110

[6] Ibid, 109.

[7] Alves, Rubem (1989) Cultura de la vida. En: Simón Espinoza (1989). Hacia una cultura de paz. Caracas, Nueva Sociedad, pp.16-20. Cfr. Los excelentes trabajos del teólogo mejicano Leopoldo Cervantes Ortiz sobre Rubem Alves. https://www.academia.edu/15021091/La_teolog%C3%ADa_ludo-er%C3%B3tico-po%C3%A9tica_de_Rubem_Alves_una_introducci%C3%B3n_m%C3%ADnima_en_13_asedios_1999_file:///C:/User

[8] https://protestantedigital.com/print/33946/El_Jubileo_de_Dios_para_israel.

[9] https://surcosdigital.com/por-una-condonacion-de-la-deuda-publica-externa-de-america-latina/

 

La obsesión por el dinero

Juan Huaylupo Alcázar[1]

Preguntarse por lo que quieren los empresarios, parece una pregunta ociosa, pero no se trata de buscar una respuesta simple y alienada al deseo empresarial por una riqueza sin límites, se trata de comprender los medios empleados para conseguirla califican la pertinencia social, económica, política, moral y cultural de esa ambición.

El enriquecimiento por los actos de saqueo en las invasiones y ocupaciones colonialistas que esclavizaban y diezmaban pueblos, no es una riqueza deseable ni posible para todos; los militares, mercenarios y sicarios, lo hacían posible en nombre y amparados por las potencias militares o por gamonales y caciques en las distintas épocas del pasado y el presente latinoamericano. Tampoco es admisible la riqueza obtenida por otros actos delincuenciales, sea por venta de drogas, asaltos, estafas, asesinatos, secuestros, robos, corrupción etc., como también es censurable que empresarios se enriquezcan apropiándose del bienestar colectivo y vendiendo mercancías y servicios que afectan la salud, la vida, el medio ambiente y la naturaleza, como también es cuestionable que  incumplan con sus obligaciones tributarias y como consecuencia los ingresos fiscales del Estado sean sostenidos por los sectores sociales vulnerables y medios de la sociedad. Las prácticas ilegales de los empresarios son conocidas, sin embargo, se incumplen por la complicidad estatal que afectan a la sociedad en su conjunto.

No se cuestiona a los propietarios del capital y sus representantes, por su riqueza, por su condición de vida, por sus éxitos o fracasos. No, se les cuestiona cuando transgreden el orden constituido, establecido para la convivencia y la interdependencia colectiva, porque los favores y concesiones que reciben y las ilegalidades que se les permite, violentan la condición y formalidad jurídica de igualdad ciudadana que perjudica al resto de la sociedad, así como condicionan la parcialidad de la actuación estatal.

Esto es, no se censura a los empresarios ni a los ricos por serlos, como especulan algunos de sus representantes. De ningún modo se critica a los negociantes que ofrecen mercancías y servicios de modo honesto, en razón del esfuerzo, dedicación y trabajo que realizan sin especular, ni apropiándose indebidamente de los recursos de los demandantes, tampoco se critica a quienes respetan el trabajo digno y no explotan a sus trabajadores más allá de lo establecido por el orden jurídico laboral y derechos establecidos, ni hacen elusión y evasión de sus obligaciones tributarias y cumplen con las disposiciones del Estado Social. Ellos serán respetados, no obstante, merecerán ser repudiados, censurados, demandados y sentenciados, quienes valiéndose de sus influencias y poder económico, político, legislativo y judicial atentan contra la naturaleza, el medio ambiente, la sociedad, la salud y la vida de trabajadores, así como de los consumidores y los ingresos fiscales.

Sin embargo, el presente revela la vulnerabilidad de la economía y su dependencia de los trabajadores, consumidores y del Estado, así como de quienes sustentaron las bases democráticas y sociales de nuestra nación: los campesinos. Sin ellos, los empresarios no habrían surgido ni enriquecido, como tampoco tendrían viabilidad alguna de existencia. 

La incesante invocación a los negocios, por parte de ricos y pobres, es el prejuicio de la época, que imagina ser el único modo posible, para vivir confortablemente sin penurias ni angustias de supervivencia y reproducción social. Derivado de este afán de promoción de los negocios, se ha generado una preocupante tendencia por la creación de micro empresas o “empresas” de autoexplotación, que frustran las ilusiones y esperanzas de pobres y desempleados que, sin lograr liberarlos de la voracidad financiera, se empobrecen rápidamente por las deudas crediticias que deben hacer frente.

El fetiche del dinero ha ponderado su magnitud como unidad de medida del crecimiento e inclusive del desarrollo, todo busca ser medido y comparado con las cantidades acaparadas y disponibles de dinero. Así, el Producto Interno Bruto (PIB), o el valor estimado de la producción anual nacional, la medida con que se juzga y califica a los países, como se evalúa a las empresas públicas, privadas e incluso las solidarias, del mismo modo como se segrega y excluyen a las personas. Por cantidades de dinero las instituciones públicas son satanizadas, porque “gastan” y no generan ganancias, no obstante, crean valor público para la vida social y las condiciones necesarias para la reproducción privada y nacional. Las visiones economicistas -cuantitativistas y fetichizadas-  distorsionan, simplifican y absolutizan las realidades, ignorando la historia, la cultura, las relaciones sociales y la propia humanidad.

En las diversas situaciones descritas, el dinero se ha convertido en un fetiche más allá de ser un medio para el intercambio mercantil, para otorgarle una significación de suficiencia, bienestar y poder, sin serlo, porque la capacidad adquisitiva se modifica cotidianamente, porque el bienestar trasciende a las magnitudes dinerarias y porque el poder es una relación social. La representación simbólica del dinero como capital, es el sustento ideológico del poder, como prejuicio popular y clasista de la sociedad capitalista.

La riqueza o el exceso de medios y recursos para una vida digna, no es una creación mágica, es una creación colectiva producto de la desigualdad de los términos del intercambio entre los actores económicos, que distorsionan el fundamento de la existencia del dinero. Así, la práctica bancaria especula y multiplica ficticiamente muchas veces el valor de cada bien, para formalizar valores inexistentes que terminan confiscando recursos y riquezas ajenos para beneficio exclusivo de algunos “inversionistas”. Sin embargo, ese dinero paradójicamente no representa riqueza, no generan bienes ni constituyen centros de empleo, la labor fraudulenta financiera se encubre con papeles y registros para apropiarse de las riquezas existentes. Así, entre papeles y cuentas han desaparecido miles de millones de los salarios de los trabajadores en las operadoras bancarias de pensiones obligatorias en América Latina que, con el pretexto de invertir y proteger los recursos y los futuros ingresos de los trabajadores, son sustraídos de modo premeditado e intencional de los medios de vida de los pensionados. Los dineros se pierden para parar en cuentas privadas de las redes financieras, sin ser recuperados, sin sancionar ni condenar a los funcionarios corruptos que parasitan dichos recursos, ni de los cómplices estatales que autorizan actos delincuenciales encubiertos de legalidad.

El dinero especulativo predominante o la apropiación de la riquezas, propiedades y recursos con dinero, es un estilo feudal de las relaciones económicas, que aun acompaña al capitalismo, fagocitándolo desde su propio seno hasta el fin de sus días.

Así, el afán por el dinero en una sociedad y mundo desigual y con crecientes niveles de miseria, hambre, insalubridad y muerte, es un medio ansiado no solo por los propietarios del capital, también necesario y deseado por los pobres, aunque con valoraciones profundamente diferenciadas, para unos es un medio para conseguir más dinero, mientras que para millones de personas es el medio para la subsistencia, la educación, la salud o la vida misma.

El uso consistente, pertinente y primigenio del dinero, a decir de Aristóteles y muchos otros, es efectuado por las inmensas poblaciones del mundo, al ser el medio para intercambio mercancías; mientras que el dinero empleado para hacer dinero o, dicho de otro modo, para enriquecerse y empobrecer infinitamente a otros, es una falsificación de su creación originaria efectuada por los ricos y entes financieros. Los 28 bancos que controlan las finanzas del planeta, la hydra mundial, como los califica Francois Morin, son la concreción de la regresión capitalista, que ha convertido a una institución de origen y funcionalidad feudal en el factor dominante del empobrecimiento y descomposición de la globalidad contemporánea.

La ponderación del dinero como unidad de medida del valor de las mercancías, ha sido transformado en un objeto de manipulación política internacional en por gran parte de las monedas del mundo. Las determinaciones políticas de los organismos financieros de Bretton Woods, creados en 1944, en momentos previos a la terminación de la II Guerra Mundial y en plena hegemonía norteamericana, y que ocho décadas después aún siguen definiendo la política monetaria y financiera internacional, así como los entes privados de la Reserva Federal y los conglomerados bancarios, son los entes que determinan el valor del dólar y la imposición de los precios de muchas monedas nacionales. Asimismo, la condición privilegiada de la moneda mundial de un solo país, posibilita la transferencia y apropiación de las riquezas a una economía frágil, pero prepotente y agresiva militarmente. Así, creer que las capacidades adquisitivas de las monedas se mantienen, en plena contracción económica mundial, es un error, como es la ilusión imperial norteamericana, de considerar al dólar como una moneda libre de las fluctuaciones económicas y de su crisis hegemónica.

La ponderación de mucho o poco dinero, es la magnificación de esos objetos incesantemente creados, recreados o inventados por los bancos que deciden su producción y definen privadamente su capacidad adquisitiva. La ponderación del dinero por el dinero mismo, es un contrasentido, pues es el medio de intermediación mercantil por excelencia para la satisfacción de necesidades, alcanzar el bienestar, la salud, la educación, el arte, la ciencia, de los medios de vida para las personas y las condiciones naturales para la sobrevivencia.

La inequidad, desigualdad y arbitrariedad en la asignación del valor de las mercancías, así como del valor de la fuerza de trabajo y del propio dinero, reproduce de modo ampliado la diferenciación social, la explotación y la apropiación de los recursos colectivos por la vía mercantil. Asimismo, el empleo del dinero para hacer más dinero esclavizando a individuos, organizaciones y países a pagar por deudas, muchas veces pagadas, es el modo dominante para transferir valores a los usureros y empobrecedores de los organismos financieros, de la banca y las potencias económicas mundiales.

Los dineros excedentes privados son inútiles para la adquisición y satisfacción de las necesidades para quienes no necesitan nada y todo lo tienen, es una contradicción, como lo es también, la imposibilidad de materializar o concretar las inmensas cantidades de dinero existente, ficticios o solo formalmente registrados. Las magnitudes excedentes de dinero para el intercambio deben ser redistribuidas a la sociedad, como una necesaria devolución a quienes los generaron y en los espacios sociales que son requeridos. En los años setenta del siglo pasado James Tobín (1918-2002), proponía tímidamente un impuesto conocido como tasa Tobín, del 0.1 ó 0.2% a las transacciones especulativas en la banca y las bolsas de valores, las cuales exceden los 2 billones de dólares diarios y cuya recaudación podría rondar entre los 200, 000 y 400,000 millones de dólares anuales, que serían empleados para paliar la pobreza y los desequilibrios causados por la desigualdad del intercambio internacional entre los países. Dicho impuesto ha sido rechazado en muchos países y aun se discute en otros, incluso el propio James Tobín (laureado con el premio Nobel en 1981) llegó a criticarlo por el apoyo recibido de los movimientos antiglobalización europeos.

La alienación del dinero por parte de los propietarios del capital en Costa Rica, se expresa presionando al gobierno con el apoyo de muchos legisladores, para eliminar las restricciones sanitarias, quebrar la institucionalidad pública, despedir y empobrecer a los funcionarios públicos, liquidar las universidades públicas y la Universidad de Costa Rica en particular, así como, eliminar las políticas sociales e inclusive vender los activos del Estado. Esto es, se repite la añeja cantaleta liberal del Consenso de Washington, de los programas de tres Ajustes Estructurales y los tratados de libre comercio. La eliminación de las restricciones sanitarias, es un pretexto para imponer la colonialidad del poder y del saber, destruyendo los vestigios de democracia, libertad y futuro de nuestro pueblo.

¿Qué pretende la liberación de las restricciones sanitarias? ¿dar trabajo? ¿continuar con el enriquecimiento privado con afectación pública? La agresividad del empresariado turístico, que dice ser el más afectado, quiere clientes y ojalá muchos, pero que puedan pagar, los pobres e incluso los sectores medios, no tendrán cabida porque han perdido sus trabajos, han reducido sus salarios, o los porque muchos están esclavizados por largas jornadas e intensas labores, como tampoco expondrán sus recursos, salud ni supervivencia por visitas de esparcimiento. ¿Entonces a quienes quieren como clientes? Los pudientes del país prefieren hacer turismo en otros países y los extranjeros que ven atractivo conocer nuestra tierra, aun no pueden hacerlo. ¿No será que aprovechando la pandemia se busque quebrar a los competidores locales de las empresas trasnacionales del turismo? ¿no será que se quiere que los riesgos e incrementos de infección pandémica y posibles fallecimientos, se pretenda deslegitimizar no solo las medidas sanitarias, sino también la institucionalidad pública y el Estado Social de Derecho?

Algunos empresarios reclaman que no existe plan gubernamental, que se imponen y suprimen medidas sin previsión alguna, que se carece de decisiones y acciones estatales que resuelvan el desempleo e incluso les parece indebido que no se enuncien las medidas sanitarias que se adoptarán contra la pandemia. Reclamos absurdos e irracionales que muestran la ignorancia de lo que es un plan, de la imposibilidad gubernamental de resolver el desempleo cuando precisamente han sido los negociantes privados quienes lo han agudizado por la sobreexplotación y la sustitución de trabajadores con software robóticos, así como, tampoco se pueden adoptar nuevas y permanentes medidas sanitarias, cuando no son previsibles los niveles y las tendencias de la infección pandémica. Estos empresarios del sistema están dispuestos a sacrificar la existencia de poblaciones por los negocios que generan riqueza para quienes no necesitan nada y millones de pobres que carecen de todo.

La actual pandemia está revelando de cuerpo entero a empresarios y sus representantes que, en razón de sus intereses y ambiciones individuales pretenden disponer de la salud y vida de las personas, que por subsistencia y necesidad deben trabajar y concurrir al mercado para vivir. Pero, esos propietarios del capital no satisfechos con ello, estrangulan las finanzas para el apoyo de los que despidieron y cercenaron salarios, así como con sus amigos legisladores, restringen recursos para la salud, la educación superior pública y la institucionalidad estatal. Asimismo, en su insaciable voracidad, exigen retribuciones estatales, condonar y prolongar deudas, amnistías tributarias, así como reclaman subsidios y financiamiento para sus negocios. Esas personas que desfalcan el bienestar y la riqueza colectiva para beneficio privado, que defraudan la moralidad y lo público, cometen delitos de lesa humanidad.

Creer que la democracia es complacer a los empresarios transgresores del bienestar colectivo, dispuestos a condenar al pueblo a miseria hambre y enfermedad en aras del crecimiento económico, que se imaginan ser aristócratas que deben ser servidos por la sociedad y el Estado, están equivocados, eso no es democracia, es totalitarismo.

[1] Catedrático en la Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Imagen: www.infopalancia.com

A situaciones extremas ¿falacias extremas en cuanto a pensiones del Magisterio?

Dr. Jorge D. García, Ph.D.

Nos informa el director un matutino que, como situación extrema, la Caja del Seguro suspendió la concesión de nuevas “pensiones” del “régimen no contributivo” por falta de fondos. Empezamos por corregir: no existen “pensiones” no contributivas; lo que se otorga, desde un punto de vista técnico, son subsidios para personas en necesidad.

El columnista contrasta esa noticia con los “excesos” de los regímenes de “pensiones de privilegio”. No sabemos, porque no nos lo dice, qué son pensiones de privilegio, pero con el apelativo basta, crea animadversión e inquina. Esta vez son las “pensiones de privilegio”, en otras ocasiones podrían ser los salarios en el sector público, tal vez los salarios de los profesores universitarios (aunque irónicamente se les aplauda cuando contribuyen en la presente pandemia). Eso sí, establecer contraste con los verdaderos privilegiados de este país, con los grandes capitales, tan grandes que han sido reseñados en la revista Forbes, está fuera de toda consideración. Es prohibido, más que tabú. De igual manera, es anatema mencionar la desigualdad causada por el capitalismo neoliberal criollo, que ya hace que nuestro país ocupe un lugar, ahora sí, “de privilegio”, entre los más desiguales de la región.

Menciona el periodista que para “nivelar el terreno” los diputados impusieron contribuciones solidarias a las pensiones del Magisterio (de 2.2 millones en adelante) y judiciales (2.6 millones en adelante). ¿Pero cómo explicar que no supieran los diputados que los jubilados del Magisterio, con pensiones por encima de su tope legal, han sido tasados desde 1997 con una contribución “especial, solidaria y redistributiva” (art 71, ley 7531), que alcanza hasta el 69% sobre excesos para las jubilaciones más elevadas y las ciñe en su mayoría al tope en cuestión? ¿O es que consideran original imponer contribuciones solidarias sobre contribuciones solidarias? El ridículo es tal, que ni siquiera se dieron cuenta los diputados ni los periodistas de que, aprobado el último gravamen, tasaban más a las pensiones medias y bajas y terminaban favoreciendo a las más elevadas.

Como el periodista implícitamente aprueba aplicar la aplanadora para “nivelar” el terreno de pensiones, tal vez debamos instruirlo en cuanto a que esos regímenes especiales y diferentes del IVM CCSS operan dentro de un bloque de legalidad, el cual incluso ha superado el tamiz constitucional. La cita del voto 846-92 de la Sala IV es lapidaria: Considera la Sala que, si el fin primordial del constituyente fue mantener los seguros sociales para fortalecer la seguridad social, no hay razón para cuestionar la existencia de pluralidad de regímenes. Se parte de que el constituyente pretendió un mínimo de protección a los trabajadores, dejando la puerta abierta para que en un futuro se regulara sobre nuevos sistemas de seguridad social…” Al existir diferentes regímenes, es lógico que cada uno tenga sus propias reglas y criterios legales para el otorgamiento del derecho constitucional a la jubilación y a la pensión, sin que por ello pueda siquiera pensarse que tal coexistencia sea inconstitucional”.

La diferencia más clara entre el régimen del Magisterio y el IVM CCSS está en su porcentaje de cotización. Hace 62 años, los docentes cotizaban 5% mensual, mientras que los del IVM no han llegado al 5% al día de hoy, cuando los docentes cotizan entre 8% y 16%. No es lícito entonces hacer nivelación entre lo que no es comparable, pero debemos recordar que en el matutino, ferviente propulsor de la uniformidad en pensiones, pero no en fortunas, se ha editorializado que el tope de jubilaciones debe ser el mismo del IVM, ¡sin importar cuánto haya cotizado el beneficiario! Menudo sentido de la justicia…

El pilar de la argumentación del periodista es que debe existir igualdad entre las prestaciones de diferentes regímenes, lo que ya demostramos no es válido, incluso desde la perspectiva constitucional. Además, propone una serie de afirmaciones sin prueba alguna, que resultan lamentablemente falaces.

Que nuestras jubilaciones, entre otras, no están actuarialmente justificadas. Le resultaría útil dar un vistazo a su propio matutino, con fecha 27 de mayo de 2005, pág. 32 A, en la que el actuario Lic. Guillermo Fernández demuestra que las pensiones del Magisterio se han pagado, y con creces. Que el Estado desviara nuestras cotizaciones y las suyas propias a gasto ordinario es cosa totalmente distinta, y es gracias a esa irresponsabilidad que nuestras pensiones se cargan al presupuesto, con todo y garantía estatal de su pago, por aquello de las dudas (art. 115, ley 7531). Pero con los vientos legislativos que corren, parece que la garantía, la palabra del Estado, no vale mayor cosa.

Que habría que objetar que las prestaciones de los regímenes especiales de pensiones no estén sujetas a los límites del IVM. Quiere entonces el periodista que, aunque el Magisterio cotizó a lo largo de las décadas hasta 6 veces más que los adscritos al IVM, las prestaciones sean las mismas. ¿Qué tipo de sortilegio legal podría justificar tal despropósito?

Que los fondos públicos se otorgan con demasiada generosidad, que el Estado da ventajas extraordinarias y beneficios exorbitantes a sus funcionarios. Bueno, si Ud. es un trabajador privado que no recibe siquiera el salario mínimo, como sucede con un porcentaje importante en ese sector, tal vez pueda parecerle así. Pero los hechos simplemente contradicen la supuesta munificencia estatal en cuanto a jubilaciones. Las del Magisterio han venido a la baja durante los últimos 29 años, del 100% del mejor salario de los últimos 5 años laborados, a un 60% del salario de referencia, dependiendo de la ley que ampara al jubilado. Y que conste que nos referimos a montos nominales sin incluir las 5 deducciones aplicadas a las jubilaciones del Magisterio (cotización regular, solidaria, renta, enfermedad y, créalo o no, ¡maternidad!, así como seguro de vida).

Afirma repetidamente el periodista que las pensiones se otorgan usando fondos públicos para quienes no cotizaron. Lo que no provee son las pruebas ni las estadísticas al respecto.

Finalmente, yerra aparatosamente cuando dice que la situación extrema es que los fondos obtenidos por los gravámenes no llegan a los destinatarios no contributivos en razón de acción interpuesta por “34” jubilados. Aun dejando de lado que no son 34 sino varios cientos (algo que sus periodistas investigativos deben saber de sobra), es sorprendente que desconozca que las contribuciones impuestas a las jubilaciones no pueden tener otro destino que el propio fondo jubilatorio. Al respecto, le haría bien prestar atención al artículo 73 constitucional respecto de los fondos de los seguros sociales: “No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación …” y al voto 5236-99 de la Sala Constitucional: “…esa cotización que el legislador ha establecido por ley, tenga como única finalidad la de nutrir el fondo de seguridad social; es decir, el aporte … está concebido, únicamente, para favorecer el régimen de los contribuyentes obligados.” En otras palabras, no se vale, hablando de jubilaciones, desvestir un santo para vestir otro.

Y para coronar la letanía de inexactitudes, nos sentencia que “Debemos aprovechar para educarnos de forma que nunca más incurramos en semejantes iniquidades”. Definitivamente, educación sí hace falta, pero para que se pueda debatir con hechos, estadísticas y argumentos serios y de peso, no como se hace en este caso, con base en subjetividades que estigmatizan a los jubilados en el imaginario popular, al tiempo que, como se apuntó previamente, obvian e invisibilizan a los verdaderos privilegiados y sus capitales; suena a un ejemplo más de la antigua estrategia de “divide y vencerás”: divide al pueblo y vence el gran capital.

 

Imagen ilustrativa.

Igualdad de oportunidades en la educación en contexto de la pandemia

Luis Muñoz Varela[1]

En marzo de 2020, de un día para otro la vida cotidiana costarricense amaneció enmarcada en un cuadriculado de emergentes temores, ansiedades, incertidumbres, restricciones. Había llegado una amenaza invisible de la que, según lo apuntaron la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las autoridades sanitarias de diversos países del mundo y los informes de investigación de distintos centros e institutos científicos especializados, nada se sabía. Un virus al que se le dio por nombre Covid-19, originado por zoonosis y cuyas causas se atribuyen a los desequilibrios provocados en la naturaleza por la depredación de los recursos naturales y la destrucción humana de los ecosistemas. A cien años de la “gripe española”, la pandemia del coronavirus Sars Cov-2 se había instalado planetariamente.

En Costa Rica, al tiempo que se establecieron las medidas sanitarias y diversas restricciones dictadas por el gobierno (confinamiento en casa, restricción a la movilización vehicular, cierre de diversos establecimientos comerciales, paralización de múltiples actividades económicas y productivas, el teletrabajo), también llegó, lógicamente, la pérdida de empleos, la reducción de la jornada laboral, la clausura de ingresos para pequeños negocios y empresas; la crisis económica.

La llegada de la pandemia trastocó y puso en estado de quiebra toda la “normalidad” en la que se vivía hasta inicios de marzo. Las primeras reacciones estuvieron determinadas por una ambivalencia entre cuidarse de los contagios y respetar las medidas sanitarias, o si aventurarse a seguir en las mismas dinámicas de la vida cotidiana tal como se hallaban definidas y estructuradas hasta ese momento. Pronto dicha ambivalencia quedó resuelta, al irse tomando conciencia de la gravedad de la situación y, sobre todo, a partir del momento en que las autoridades de gobierno establecieron medidas drásticas cuyo desacato implicaba penalizaciones de diversa magnitud.

Trascurridos poco más de dos meses desde la aparición del primer contagio de Covid-19 en Costa Rica, los acontecimientos ocurridos en este tiempo han revelado con claridad varios aspectos importantes y, por cierto, algunos de ellos también bastante preocupantes.

En primer lugar, seguramente quepa destacar las capacidades de respuesta desplegadas por las instituciones del sistema de salud del país; capacidades de organización hospitalaria, de competencias y solidez profesional del personal médico y de enfermería; de acervo de conocimiento científico y de capacidad tecnológica instalada en materia de salud; la seriedad asumida por las autoridades de salud en el ámbito de la gestión para controlar y contener la propagación de los contagios. La pandemia, en resumen, ha puesto de manifiesto el valor y la importancia de contar con un sistema de salud pública bien articulado y con capacidades de cobertura universal. La sociedad costarricense despertó de una especie de modorra y de indolencia en la que estaba, para empezar de pronto a comprender que hay instituciones a las que se debe proteger, cuidar y defender.

Asociado a este aspecto positivo, la pandemia también vino a transparentar, por otra parte, una realidad nacional de profunda desigualdad social y económica. Aunque ya claramente se percibía esta situación desde hace mucho tiempo, sin embargo, había pasado a quedar marginada de la sensibilidad social e institucional del país; se había normalizado. La pandemia no solo ha venido a poner de manifiesto de manera clara y contundente la magnitud de las desigualdades sociales prevalentes en Costa Rica, sino que, además, las profundiza aún más y las coloca en un plano de incremento y de reproducción en una proyección de largo plazo.

Al respecto, valga la ocasión para hacer una pequeña exposición de las cifras que dan cuenta de las desigualdades sociales en Costa Rica. Según informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), al año 2019, la tasa de pobreza en el país abarca al 20,98% de los hogares, distribuida en 15,14% de hogares en condición de pobreza no extrema y de 5,84% en pobreza extrema. La zona rural es la que presenta la mayor tasa de hogares en pobreza: un 24,17% frente a un 19,77% en la zona urbana. Por regiones de planificación, la distribución de las tasas de pobreza es como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 1: Tasas de pobreza de los hogares en Costa Rica, año 2019

Región de planificación

No pobres

Pobres

Total

Pobreza no extrema

Pobreza extrema

Central

83,01

16,99

12,68

4,32

Chorotega

79,74

20,26

14,84

5,42

Pacífico Central

70,21

29,79

20,67

9,11

Brunca

69,65

30,35

21,11

9,24

Huetar Caribe

70,76

29,24

20,34

8,90

Huetar Norte

72,41

27,59

18,70

8,89

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Hogares, 2019a.

El término pobreza indica que los hogares están en una situación tal “cuando su ingreso per cápita es menor que el costo per cápita de una canasta de bienes y servicios, requeridos para mantener un nivel mínimo de subsistencia”. (INEC, 2020, p. 35). Se trata de una canasta básica de bienes y servicios de necesidad elemental para la subsistencia: alimentación, salud, agua potable, energía, vivienda, educación. Por su naturaleza básica, esta canasta no incluye bienes y servicios tales como dispositivos tecnológicos, computadoras, tabletas, conectividad a internet.

El término pobreza extrema, por su parte, salvando la obviedad, indica un estado socioeconómico en el que los hogares se encuentran en una situación de carencias múltiples que les impide el acceso a vivienda, alimentación, salud, higiene, servicios de agua potable y electricidad. Se trata de hogares en los que, lógicamente, el acceso a la educación y a la permanencia en el sistema educativo presentan serias y ostensibles limitaciones.

La población tipificada como no pobre, por otra parte, está conformada por hogares que, en general, cuentan con una solvencia económica al menos suficiente para tener cubiertas las necesidades básicas de alimentación y salud, vivienda, educación. Sin embargo, esta es una población altamente heterogénea, desigual en la disposición de ingresos y en el acceso a bienes de índole tecnológica como una computadora o la conectividad de internet, así como a los diversos servicios que hoy son indispensables para solventar los requerimientos de la vida actual.

Por diversas razones (monto de los ingresos, lugar de residencia, estabilidad del empleo), el hecho de tipificar como un hogar no pobre no significa que se cuente con suficientes bienes y servicios. En este mayoritario grupo social de los hogares no pobres está incluida una importante cantidad de ellos en los que las probabilidades de pasar a formar parte de los hogares en condición de pobreza son bastante altas.  

De conformidad con las cifras expuestas en la tabla 1, las regiones más afectadas por la pobreza y la pobreza extrema son, en orden de mayor a menor, la Brunca, la Pacífico Central, la Huetar Caribe y la Huetar Norte. Todas estas regiones se caracterizan por ser mayoritariamente rurales y, salvo en el caso de la Huetar Norte, por ser también costeras. Con las obvias diferencias, puede decirse que, en general, en estas regiones, las actividades económicas están básicamente definidas por la agricultura, la ganadería, la agroindustria de monocultivo, la pesca, el turismo y los servicios.

Sobre la base de los principios de igualdad de oportunidades, calidad de la educación, inclusión y no discriminación, establecidos en las políticas educativas costarricenses del último cuarto de siglo, puede decirse que, en general, en todo el territorio nacional se hace necesario desarrollar acciones de política, institucionales y programáticas, para que la aplicación de estos principios conduzca, en efecto, a crear las capacidades que se requieren para reducir las desigualdades sociales y avanzar en el establecimiento de condiciones para el logro del bienestar social y el buen vivir.

Las anteriores diferencias por regiones de planificación indican que las acciones y esfuerzos por emprender no pueden ser desarrollados por medio de políticas, programas y estrategias de aplicación homogénea. Cada región amerita la atención que de manera específica demandan las propias realidades sociales, económicas, culturales e institucionales que les caracterizan. Esto también vale de manera especial para la educación.

A fin de complementar la información anterior y contar con un panorama un poco más amplio acerca de la situación socioeconómica en que se encuentran los hogares en Costa Rica, en la siguiente tabla se presentan las estadísticas sobre ocupación, desempleo, subempleo y de empleo informal.

Tabla 2: Tasas de ocupación, desempleo, personas ocupadas con subempleo, personas ocupadas con empleo informal, por regiones de planificación, año 2020.

Región de planificación

Tasa de ocupación[2]

Tasa de desempleo[3]

Porcentaje de personas ocupadas con subempleo

Porcentaje de personas ocupadas con empleo informal[4]

Central

58,7

12,3

11,4

45,8

Chorotega

46,8

15,2

12,8

44,6

Pacífico Central

52,4

9,1

16,3

54,1

Brunca

45,7

16,1

15,0

53,9

Huetar Caribe

50,9

12,0

9,9

43,4

Huetar Norte

54,7

11,7

18,6

53,7

            Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Encuesta Nacional de Hogares 2020.

Tal como se puede observar, estas cifras develan, aún con mayor claridad, la magnitud crítica de la desigualdad social y de la precariedad e inestabilidad socioeconómica en la que se encuentra una significativa proporción de los hogares costarricenses.

La región Brunca sigue siendo la que presenta la situación más desfavorable, al exhibir la menor tasa de ocupación y la mayor de desempleo. Sin embargo, en este caso, la región Chorotega, que en los datos de la tabla 1 ocupaba la segunda mejor posición, registra ahora como la segunda de las regiones más afectadas por los bajos niveles de ocupación y los mayores de desempleo. La explicación de esta diferencia puede que resida en el hecho de que, al ser las tasas una representación de magnitudes promedio, no pueden dar cuenta de la intensidad específica en la que se distribuyen las desigualdades sociales al interior de cada región.

En general, incluso en un caso como el de la región Central, que en todos los aspectos considerados en las estadísticas del INEC aparece siempre ocupando las mejores posiciones, cabe presuponer que la magnitud de las desigualdades sociales intrarregionales es aún mayor y más intensa de lo que reflejan las cifras estadísticas.

En el actual contexto de la pandemia y de la crisis económica devenida y agudizada por ella, en materia de empleo, desempleo, pobreza y pobreza extrema, la información difundida por distintas fuentes oficiales señala la configuración de una situación que pasa a ser dramática en todo el territorio nacional. Las repercusiones económicas de la crisis sanitaria vienen a incrementar la crítica situación en la que ya de por sí se estaba antes de que ella apareciera y, en este momento, se incrementan por miles los hogares que afrontan múltiples dificultades para poder agenciarse la subsistencia del día a día.

En su informe anual 2019, Unicef- Costa Rica señaló que 470 mil niñas, niños y adolescentes viven en condición de pobreza en nuestro país. La crisis económica que ya enfrentábamos se agrava ahora por los efectos del COVID- 19 ante el aumento drástico del desempleo. (Guardia, 2020).

Según es obvio, se trata de una situación que, al mismo tiempo, desencadena afectaciones múltiples en lo que concierne a la educación. Una vez declarada la pandemia, las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) tomaron la decisión de suspender el curso lectivo presencial en todos los centros educativos del país, para pasar a implementar la modalidad de educación virtual a distancia.

A tal efecto, a fin de identificar de manera aproximada cuáles son las posibilidades que tienen las distintas poblaciones estudiantiles del país para hacer frente a los requerimientos que plantea la dinámica de la educación virtual a distancia, se presentan en la tabla 3 los porcentajes de viviendas que, por regiones de planificación, cuentan con disposición de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de necesidad básica para atender la educación virtual a distancia.

Tabla 3: Porcentajes de viviendas que cuentan con diferentes TIC, por regiones de planificación, año 2019

Región de planificación

Con teléfono residencial

Con teléfono celular

Computadora

Tableta

Servicio de internet en la vivienda

Central

39,1

96,2

55,1

21,9

88,3

Chorotega

20,7

95,8

38,0

9,2

82,5

Pacífico Central

20,0

96,1

36,0

9,8

88,1

Brunca

15,5

96,3

37,9

6,8

83,6

Huetar Caribe

11,6

96,4

29,1

8,3

82,8

Huetar Norte

16,1

96,1

29,9

7,7

80,3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Hogares 2019b.

Tal como refieren las estadísticas, el teléfono celular es el dispositivo TIC que en mayor proporción existe en los hogares de Costa Rica. Todas las regiones de planificación registran una tasa de más de 95% de las viviendas que cuentan con al menos un teléfono celular. Caso contrario lo es el de la telefonía residencial o fija, cuyas tasas son muy inferiores y la más alta de ellas ocurre en la región Central (39,1%), siendo ésta prácticamente el doble de la que presentan las regiones Chorotega y Pacífico Central, las dos regiones que, en este aspecto, ocupan la segunda y tercera posición.

Las estadísticas sobre la disposición de internet en las viviendas, por su parte, indican que, en todas las regiones de planificación, más del 80% de los hogares cuenta con acceso a este servicio. Las mayores proporciones las tienen la región Central y la Chorotega. Sin embargo, este dato es inespecífico; no refiere si la conexión es por la vía del servicio celular de datos móviles, o por la de la conexión fija. Es muy probable que sea lo primero.

En lo que respecta a la disposición de computadoras en los hogares, las cifras son bastante bajas y únicamente la región Central presenta una proporción ligeramente superior a la mitad de las viviendas. En las regiones Huetar Caribe y Huetar Norte, en más de las dos terceras partes de los hogares no se cuenta con una computadora. Y en lo referente a tabletas, que constituye otra herramienta de necesidad básica para atender los requerimientos de la educación virtual a distancia, las cifras son aún menores. Únicamente en la región Central superan levemente el 20% de los hogares, mientras que en las demás regiones se ubican por debajo del 10%.

Costa Rica ha desarrollado legislación, diseñado políticas y establecido programas para asegurar los principios de igualdad de oportunidades, calidad de la educación, inclusión y no discriminación. Las poblaciones estudiantiles cuentan con el acceso a los servicios de los programas de Alimentación y Nutrición (PANEA) y de Transporte Estudiantil (PTE), así como a los apoyos que brindan el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y el Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Avancemos. Asimismo, de más reciente creación, también está la estrategia “Yo me apunto con la educación”, que tiene por finalidad brindar atención especial a los centros educativos de las comunidades que afrontan mayores niveles de pobreza, desigualdad, exclusión y marginación social.

Este conjunto de iniciativas y de acciones está asociado con el principio fundamental de la solidaridad, que junto con los de igualdad de oportunidades y de inclusión y no discriminación es constitutivo de los derechos humanos y, en particular, del derecho humano a la educación. En su enunciado formal, el principio de solidaridad establece que, en su conjunto, la institucionalidad del Estado y de la sociedad tienen el deber y la responsabilidad ineludibles de proporcionar las condiciones y proveer la dotación de los recursos necesarios para garantizar una educación de calidad que cumpla con los principios de “acceso universal”, “no discriminación” y de “igualdad de oportunidades y de trato”. En este sentido, declara la UNESCO (2016): “ningún país que se comprometa seriamente con la educación para todos se verá frustrado por falta de recursos en su empeño por lograr esa meta”.

Más allá incluso de la dotación de recursos, que son imprescindibles, el principio de solidaridad remite esencialmente a la creación y facilitación de las condiciones que permitan el acceso a la educación en igualdad de oportunidades y no discriminación. En situaciones especiales causadas por desastres naturales, guerras, crisis sanitarias, crisis económicas, el principio de solidaridad involucra la creación y sustentación de las condiciones que faciliten a las comunidades y a las poblaciones estudiantiles más afectadas poder protegerse de los daños y pérdidas que acontezcan en el marco de la coyuntura de crisis.

Se trata de afectaciones que, de no atenderse con la prontitud, alcance de cobertura y calidad que se requiere, pueden pasar a convertirse en pérdidas cuyo impacto en el incremento de la inequidad y la desigualdad social tendrá efectos que se proyectarán a largo plazo, con todas las implicaciones negativas que harán derivar para el conjunto en general de la sociedad.

La pandemia llegó de repente y obligó a las autoridades de gobierno a tomar medidas de emergencia. El establecimiento de estas medidas representó una quiebra abrupta de la “normalidad” de la vida cotidiana y de todas las actividades asociadas a ella. En materia de educación, la suspensión del curso lectivo en su modalidad presencial y su conversión a educación virtual a distancia dejó en condiciones claras de desventaja a una diversidad de poblaciones y sectores estudiantiles. Además, al tiempo que se suspendía el curso lectivo, las medidas sanitarias establecidas para contener y frenar la propagación de la pandemia (confinamiento, distanciamiento social, restricción vehicular, cierre de lugares públicos), afectaron diversas actividades económicas y productivas, de la misma manera que una cantidad significativa de familias han visto restringidas o incluso canceladas las posibilidades para agenciarse la subsistencia.

En este momento, aún cuando no existan evaluaciones de por medio respecto del trabajo que se le asigna a la población estudiantil para realizar en sus hogares, lo cierto es que hay un sector mayoritario de estudiantes que, al carecer de las condiciones necesarias para atender los requerimientos de la educación virtual, ha quedado en una clara desventaja en relación con otros sectores que sí cuentan con esas condiciones. Esta es una situación que obliga a hacer un esfuerzo amplio de análisis, en articulación y convergencia interinstitucional y multisectorial, a fin de identificar y definir las acciones inmediatas y estratégicas que permitan dar contención a las afectaciones y allegar los apoyos que contribuyan a atender y solventar en la mayor medida posible las carencias.

Las desventajas no tienen que ver únicamente con la no disposición del equipo y la conectividad. También intervienen en ellas factores como el desempleo de las jefaturas de familia, la necesidad de contribuir con la búsqueda de lo necesario para satisfacer las necesidades básicas; la carencia de una alfabetización adecuada en el hogar, que imposibilita brindar acompañamiento a las hijas e hijos en sus menesteres escolares. Se trata de carencias y desventajas “corrosivas” (Nussbaum, 2012) que, de no tomarse en consideración, inevitablemente repercutirán en un deterioro presente y a futuro del bienestar social para muchas familias y de oportunidades para distintos sectores de estudiantes.

Este panorama crítico plantea la necesidad urgente de que los diversos actores involucrados en el campo de la educación (académicos, institucionales, organizaciones de la sociedad civil, municipalidades, organizaciones productivas, colectivos de mujeres, asociaciones locales) contribuyan a buscar alternativas de atención y respuesta a esta difícil y problemática situación. La academia universitaria, en particular, la comunidad investigadora vinculada al campo de la educación se encuentra interpelada para desarrollar las acciones de investigación, análisis y reflexión sobre lo que acontece, a fin de identificar posibles soluciones y a hacer que éstas se canalicen y se pongan a disposición de las autoridades del MEP y de las demás instituciones que puedan estar convocadas a participar en la articulación y la convergencia de los esfuerzos.

La medida adoptada de establecer la modalidad de educación virtual a distancia requiere ser evaluada de manera urgente. En esta evaluación deben participar estudiantes, docentes y madres y padres de familia. Es preciso realizar consultas localizadas, contextualizadas, en cada una de las comunidades y regiones del país. Es imprescindible conocer de qué manera las poblaciones estudiantiles, la planta docente y las familias han asumido los requerimientos de la educación virtual a distancia; cómo se ha llevado a cabo la dinámica de la “mediación pedagógica” y con qué disposición de equipo se ha contado.

Esta evaluación es necesaria y muy importante, en la medida que sus resultados permitirán identificar las dificultades que se hayan tenido, hacer los ajustes pedagógicos que se requiera, brindar capacitación a la planta docente que se haya visto más limitada para el desarrollo de su trabajo, coordinar con las instituciones y empresas prestadoras de servicios de internet para asegurar la plena cobertura nacional de este servicio.

Según se ha indicado por parte del MEP, la proyección es retornar al curso lectivo presencial a partir del próximo mes de agosto, después de concluido el período de vacaciones de medio año. El cumplimiento de esta proyección, sin embargo, depende de diversos factores y la mayoría de ellos son externos al sistema educativo y a las competencias del MEP. El comportamiento de la pandemia es incierto y el regreso a los centros educativos, además, no se podrá llevar a cabo sin el establecimiento de diversas medidas de control y vigilancia sanitaria. Este es otro aspecto en el que las autoridades educativas habrán de implementar capacitaciones al personal docente y administrativo, para lo cual desde ya se tendrían que estar desarrollando las acciones correspondientes.

De igual manera, la decisión de retornar al curso lectivo presencial, ya sea en agosto próximo o después, es una decisión que requiere de un análisis minucioso acerca de todos los factores implicados, especialmente aquellos que tienen que ver con la disposición de ingresos de los hogares, el empleo, al menos una mínima estabilidad económica de las familias.

Esta es una dimensión de la situación de crisis que no puede ser obviada y que exige una atención cuidadosa. De no tratarse con el cuidado y la atención que amerita, se estaría empujando a una proporción amplia y diversa de sectores estudiantiles a una situación de mayor desigualdad que la que ya existía antes de la llegada de la pandemia. Esta decisión, en último término, debe estar basada en un plan de contingencia y de recuperación que, como ya se indicó, demanda una formulación de políticas que puedan ser ejecutadas por medio del accionar de una plataforma de articulación y convergencia multisectorial e interinstitucional.

Referencias bibliográficas

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Madrid: UNICEF. Recuperado de: https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

Guardia Donato, Diana. (2020). ¿Qué pasa con la infancia costarricense durante la cuarentena? Semanario Universidad, 06 de mayo de 2020. Recuperado de: https://semanariouniversidad.com/opinion/que-pasa-con-la-infancia-costarricense-durante-la-cuarentena/?fbclid=IwAR0Iz_GV18pQxGgpiZykAyHZyLQFg_x6B3Wte9RoODJvFGikFZsZMJAtpc0

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019a). Encuesta Nacional de Hogares. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/pobreza-y-desigualdad/pobreza-por-linea-de-ingreso

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019b). Encuesta Nacional de Hogares. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/otros-temas-ciencia-y-tecnologia/tecnologias-de-informacion-y-comunicacion-en-hogares

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). Anuario estadístico 2016/2018. Compendio de estadísticas nacionales. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reanuario2016-2018.pdf

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Programa Estado de la Nación. (2019). Informe Estado de la Nación 2019. San José: Servicios Gráficos AC. Recuperado de: https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2019/11/informe_estado_nacion_2019.pdf

Nussbaum, Martha C. (2012). Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano. Barcelona: Paidós. Recuperado de: https://es.scribd.com/document/361404680/Crear-Capacidad-Martha-Nussbaum

 

[1] Investigador del Observatorio de la Educación Nacional y Regional (OBSED), Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universidad de Costa Rica. Mayo de 2020. C.e.: luis.munoz@ucr.ac.cr

[2] “Porcentaje de la población ocupada respecto a la población en edad de trabajar.” (INEC, 2020). La población en edad de trabajar es la que tiene 15 años y más.

[3] “Porcentaje de la población desempleada respecto a la fuerza de trabajo. (INEC, 2020).

[4] “Porcentaje de la población ocupada con empleo informal respecto al total de ocupados.” (INEC, 2020).

Foto del Semanario Universidad. Estudiante de Sixaola, Limón.

La peor peste: la pobreza

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

         El principal y gran desafío que enfrentamos como país es aplanar las curvas en ascenso de la desigualdad y el desempleo, generadoras de la peor peste: la pobreza.

         Según el economista Leiner Vargas, la tasa de desempleo del 12.4% podría duplicarse después de la pandemia, alcanzando a más de 650. 0000 desempleados, y si a eso se le suma el subempleo del creciente sector informal la pobreza aumentará dramáticamente. En desigualdad estamos entre los mejores: ocupamos el octavo lugar a nivel mundial y el sexto lugar entre los países de América Latina.

         El país logró avances significativos en contener la desigualdad y el empobrecimiento con el pacto social y político de los años 1940, que nos heredó la Costa Rica de los niños calzados y una robusta institucionalidad social, con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) a la cabeza.

         Gracias a esa institución y sus visionarios fundadores, estamos logrando aplanar la curva del COVID-19. Seguimos viviendo de las glorias pasadas, porque para contener la peste de la pobreza, aplanando las curvas de la desigualdad y el desempleo, no tenemos una clase política visionaria y a la altura de los tiempos que vive el país.   

         Fue en la década de 1980 cuando se inició el camino escabroso hacia la ruptura de este pacto, con la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (PAES), por parte del bipartidismo: Partido Liberación Nacional y Partido Unidad Social Cristiana (PLUSC), atendiendo a las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). Estas políticas empobrecieron al país, incrementaron la desigualdad y bajaron su perfil de clase media. Hoy, el FMI vuelve a sus recetas con su añejo telele de recomendar al país vender activos.

         Esa ruptura alcanza su punto culminante en el actual gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC), del señor Carlos Alvarado, que ha venido a profundizar los índices de desempleo y subempleo, protegiendo a los ricos y sus empresas y desprotegiendo a los trabajadores; precarizando a la clase media y profundizando la pobreza. Y en un contexto de pandemia, se castiga el ingreso de los trabajadores y pensionados del sector público, para ofrecer dadivas a los pobres que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas.

         Una vez más se evade la responsabilidad histórica, ética y política, de hacer que los ricos, de una vez por todas, paguen los impuestos como ricos. Es lamentable que se prefiera quebrar la Caja y hasta el país, con tal de no tocar las arcas llenas de los nuevos ricos.

         Estamos ante una nueva clase política multipartidista que cogobierna para una oligarquía neoliberal frívola y egoísta, hoy representada en el país por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) y defendida por la “dictadura mediática”.

         Para ocultar esta complicidad, se inventan y promueven planes salvadores –“pan y circo”, para el pueblo–, tales como el Plan Escudo y el Plan Avancemos en el gobierno del señor Oscar Arias (2006-2010), cuya modalidad se vuelve a reciclar con el Plan Fiscal de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el Plan Proteger en el gobierno actual.

         Este juego de aparentar gobernar a favor de los pobres cuando realmente se “Protege” a los ricos, es la estrategia propagandística utilizada para obtener dividendos político-electorales, por parte de una nueva clase política parasitaria que busca prebendas salariales o vínculos con el mundo de los grandes negocios: comerciantes de la política o “políticos empresarios”. 

         La realidad es que este cogobierno multipartidista, aliado incondicional de esta oligarquía empresarial, financiera y mediática, está contribuyendo a que cada día la peste de la pobreza cobre más víctimas.

         Sin embargo, “no hay mal que dure cien años ni cuerpo (pueblo) que lo resista”. El cogobierno de unidad nacional, para salvar a los ricos y hundir a los pobres y a la clase media, tiene sus días contados, aunque las encuestas coyunturalmente lo favorezcan.

         Estamos a las puertas del nuevo pacto social y político anti-oligárquico para la revitalización del Estado Social de Derecho. La única opción para aplanar la curva de la desigualdad y del desempleo y eliminar la peor peste: la pobreza.

Foto: Semanario Universidad

Crónica: narrativas del encierro

El puente mi cama.
 Mi cara la fotografía.
El paredón pared que colapsa.
Suena en las manos la paliza larda.
 Todo se puede decir para no decir este método síncope del miedo.
Silvia Piranesi

Mónica González Suárez

Confinamiento sinónimo de desigualdades. Este momento no ha acrecentado las desigualdades, tampoco ha posibilitado que sean más visibles o tal vez sí, para quienes no tenían tiempo de reparar en ellas, darse cuenta que existen. El encierro producto de las políticas estatales que enfrentamos hoy, ha sido un impacto sobre la cotidianidad, pero no necesariamente por el aislamiento, sino, por el control. Las vivencias de los últimos días podrían llevarnos a re-pensar y re-sentir las dinámicas de encierro que socialmente hemos divulgado, afirmado, legitimado y promovido para lograr “mantener” o “reestablecer” el orden.

“Yo siempre he estado en cuarentena”, es la respuesta de una mujer de 51 años, trabajadora doméstica, residente de una zona rural. A quiénes afecta realmente la cuarentena, o más bien, para quiénes es posible llamarle así. Los controles que se ejercen desde modelos heteropatriarcales, coloniales, xenófobos y racistas no son nuevos para quienes hemos vivido ya el confinamiento, por ser mujeres, negras, trans, bisexuales, lesbianas, locxs, etc. Confinarse pareciera ser una práctica que nos ha sido impuesta a cuerpxs subalternxs, así como ha sido una elección de disfrute y privilegio para otros.

Entonces, el momento presente amplía el encierro a otras poblaciones, ahí es donde empieza la crisis, cuando se extiende a sectores que sí importan lo suficiente para exteriorizar la alerta. Ahora bien, las políticas a las que nos afrontamos no son novedad, por el contrario, refuerzan y actualizan los métodos de control sobre nuestrxs cuerpxs (registro histórico). COVID-19 es un afianzar las medidas que desde hace años vienen construyéndose y reforzándose, no solo por los estados, sino, por una interiorización tecno-política recubierta de violencias y feminicidios.

Asumir el asilamiento ha sido para mí vivir en continuo las opresiones, así como profundizar en muchas otras que habían estado presentes de forma tal que podía manejarlas en lo espontáneo y observarlas como episódicas. Ahora, la diferencia es que se han vuelto en lo temido: c o t i d i a n i d a d. Entonces existir hoy para mí, supone hacer visibles las heridas de la desigualdad y no, por haberlas inscrito como parte de una rutina, normalizarlas. Es momento de continuar denunciado la repartición inequitativa de la vida y señalar la mecanización de las violencias, que hace años, y no desde la pandemia, nos matan.

En tiempos del Coronavirus: una radiografía perversa

Promover desde las más altas autoridades la eliminación de estigmas y estereotipos negativos que puedan surgir sobre ciertos grupos de personas a partir del contexto de pandemia.
(Comisión Internacional de Derechos Humanos. Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Resolución 1/2020

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

Para un sector de la clase política actual, La Nación, Canal 7 y los ideólogos de la privatización, el pensionado del Magisterio Nacional es un “pensionado de lujo”. Es decir, un privilegiado y hasta un descarado que no tiene vergüenza de aprovecharse de obtener beneficios, para los que no ha cotizado, a costa de los impuestos que paga el pueblo. Es el enemigo número uno del pueblo y uno de los principales causantes y responsables de la crisis fiscal que padece el país.

Esta radiografía perversa, odiosa y mentirosa no ha logrado convencer a un pueblo inteligente que sabe que quienes así opinan son “lobos vestidos con piel de ovejas”. Los ricos que hoy se visten de pobres, siendo los principales responsables de tener al país en el noveno lugar de los países más desiguales del mundo, según datos del Banco Mundial del 2016.

Las razones de su riqueza mal habida sobran. Unos desfalcan bancos, como en el caso del ex presidente de la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP), el señor Samuel Yankelewitz, juzgado y condenado por deudas de 37 millones de dólares. Otros, como los empresarios del ALDESA, con el señor Javier Chaves a la cabeza -y esposo de la ex coordinadora del equipo económico del actual gobierno, la señora Edna Camacho, hoy premiada con un alto puesto internacional-, amasando y derrochando capitales a costa de los ahorros de pequeños y medianos inversores. Y otros, utilizando puestos políticos para obtener dividendos personales o para sus allegados, tales como el banquero y ex vicepresidente del gobierno liberacionista de doña Laura Chinchilla, el señor Luis Libermann, el gran cabildero del sector financiero, que gestionó para lucrar bajos impuestos de renta con intereses del 8% mientras los asalariados pagaban entre 15 y 30%, además deducir intereses de préstamos obtenidos en bancos del exterior, entre muchos otros beneficios, según lo denunció el expresidente del Banco Central, el señor Jorge Guardia. Por su parte, el ex canciller de la República, también liberacionista, el señor Fernando Naranjo, quien usufructuó de verdaderos privilegios como gerente del Banco Nacional, con un salario superior a los 19 millones de colones mensuales, a los que se suman dividendos anuales millonarios.

Sumen a la lista a los grandes empresarios que declaran cero ganancias al fisco, mientras explotan a sus trabajadores con salarios casi de hambre, que el actual ministro sin “cartera” y representante ante el sector empresarial, André Garnier Kruse, los considera demasiado elevados. Y entre ellos, otro banquero, el señor Leonel Baruch del BCT, que declara cero ganancias mientras presta casi 10.000 millones de colones a la mayoría de los principales partidos políticos de la contienda pasada, lucrando con la deuda política que pagamos todos los costarricenses, sobre los que deduce los intereses y se gana los cupones del bono. Y también patrocina a Canal 7 con el programa “Ayer y hoy en la Historia” de don Ignacio Santos.

Con qué cara se atreven estos señores y sus defensores, como doña Pilar Cisneros, entre otros, a lanzar ataques contra pensionados del Magisterio que apenas alcanzan a ser parte de una debilitada clase media, después de haber servido al país por 35 o 40 años, y en muchos casos continuar sirviendo, de manera voluntaria, después de pensionados; asimismo, haber cotizado hasta 6 tantos más que los cotizantes de la Caja, además de pagar puntualmente todos los meses de todos los años de servicio el impuesto de la renta como asalariados y pensionados, sin utilizar subterfugios para eludir esa responsabilidad ética y patriótica como mandar la plata a los paraísos fiscales. Además, continúan, después de pensionados, pagando las altas cuotas como si fueran asalariados y no pensionados, como una contribución solidaria para que las nuevas generaciones puedan llegar a disfrutar de una pensión digna. Asimismo, quienes sobrepasan el salario de un catedrático universitario, hacen un aporte solidario adicional que lleva a que las deducciones oscilen entre un 40% y un 55% de su salario bruto. Eso es SOLIDARIDAD, doble o triple. ¿A cuál asalariado de los que devengan salarios más altos del sector público o privado se le deduce más del 50%?

¿Quién en su sano juicio y con los pies puestos en la tierra firme del derecho y de la ética puede catalogar a un trabajador de la educación costarricense como “pensionado de lujo”? Se trata de personas que han sabido sacrificar una suma muy alta de su salario, y ahorrar lo suficiente para vivir una vejez digna. ¿Cuál aprovechamiento o descaro? Trabajo, trabajo honrado y ahorro, ahorro…Previsión con visión de futuro y solidaridad.

Esa perversa radiografía solo cabe en la mente de personas de mala fe, inducidas por el odio y la mentira a utilizar las armas más innobles de la manipulación y la violencia simbólica, para agredir a los trabajadores y pensionados del sector público, y hacer que el pueblo vea para otro lado. Buscan continuar presentándose como mansas ovejas, hoy vestidos como defensores de los pobres para hundir a los mismos pobres y a la clase media trabajadora y siempre solidaria.

Por dicha, tenemos trabajadores públicos y privados solidarios que, junto con un remanente de empresarios y políticos honestos y honrados, al igual que nuestros campesinos, han sabido ganarse el pan con el sudor de la frente, y por su nobleza y solidaridad este país ha logrado ubicarse en los primeros lugares en desarrollo humano en América Latina, Asimismo, en salud, seguridad social y educación ocupar un sitial de privilegio a nivel mundial.

 Este país, ejemplo en el mundo en esos aspectos, lamentablemente, es el mismo que ocupa el vergonzante octavo lugar entre los más desiguales del mundo, debido, en gran medida, a la mezquindad de los grandes evasores y elusores de impuestos del sector empresarial y financiero, así como a una clase política rentista y electoralista, que perdió la brújula de gobernar para el bien común.

Imagen: http://clif.in/2018/08/26/evasion-y-elusion-fiscal-hacen-de-america-latina-la-region-mas-desigual-del-mundo/

Por una participación efectiva y justicia social para salir de la crisis

FECON

La Federación Ecologista (FECON) se encuentra articulando con diferentes organizaciones sociales para impulsar propuestas justas y combativas ante la crisis del Covid-19. Desde el 2 de abril publicamos un comunicado de FECON exponiendo 12 propuestas basadas en nuestros valores organizativos y en rechazo directo a propuestas neoliberales presentadas por la UCCAEP al Gobierno de Carlos Alvarado.

Hemos hecho énfasis en que es momento para impulsar un plan de recuperación económica reorganizando el modelo de producción de alimentos. Hay que fortalecer la participación y articulación comunitaria entre pequeños y medianos agricultores, productores pecuarios y grupos pesqueros, apoyando primordialmente las prácticas ecológicamente sanas.

Esto significa que se deben establecer mecanismos de gestión público-comunitaria para la recuperación de la soberanía alimentaria del país. Los tratados de libre comercio ahogaron la producción local de alimentos y ahora nos ponen en indefensión ante el impacto internacional de la crisis de la salud.

La atención económica de la emergencia

El Estado tiene el desafío de hacer sostenible económicamente la atención de cientos de miles de personas afectadas por reducción de ingresos, recortes de jornadas laborales, paralización económica total, como por la pobreza estructural del país que supera el millón de habitantes. Sin las necesidades económicas cubiertas las medidas de aislamiento social son inviables.

Carlos Alvarado expresó que “en este momento el gobierno cuenta con recursos económicos suficientes para manejar los primeros tres meses de la emergencia”. Indicó además que “el Ejecutivo maneja actualmente cuatro alternativas para extender la atención luego de esos tres meses, que son: 1) Reducción o redistribución del gasto, 2) más ingresos con impuestos, 3) recurrir a más endeudamiento con el FMI, 4) generar política monetaria.”

Llamado de las organizaciones

Desde siempre y ahora más que nunca consideramos necesario detener las propuestas que aceleren la liberalización económica en Costa Rica. Casi cuarenta años y esta nueva crisis sanitaria internacional demuestran que es un modelo absolutamente dañino para la naturaleza e incapaz de garantizar la protección y el bienestar social de los pueblos.

Consideramos que el Gobierno debe analizar otros planteamientos creativos, con criterio de realidad y sin condicionamientos especulativos del capitalismo financiero. El modelo neoliberal requiere salidas urgentes y la participación ciudadana organizada es vital para construir las nuevas alternativas. Hay que combatir las desigualdades con propuestas que apunten a la justicia social, ambiental y de género, para incidir en las acciones del gobierno ante la crisis.

Compartido con SURCOS por Angélica Alvarado.

https://feconcr.com/noticias/por-una-participacion-efectiva-y-justicia-social-para-salir-de-la-crisis/

Los impactos económicos del COVID-19 y las desigualdades de género

PNUD

SURCOS comparte este documento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que aporta elementos claves para la atención de la pandemia con una mirada desde la realidad de las mujeres.

Los impactos económicos del covid-19 y las desigualdades de género. Recomendaciones y lineamientos de políticas públicas

El COVID-19 requiere respuestas urgentes. Y a medida que la pandemia se propaga, el mundo requiere respuestas coordinadas e integrales de salud, cuidados y otras medidas que mitiguen los impactos sociales y económicos de la crisis sanitaria. Son las mujeres las que se encuentran masivamente en la primera línea de acción, en los centros salud, en los servicios, en las comunidades y en los hogares. Las mujeres están desempeñando un papel clave para garantizar el bienestar, el cuidado y la resiliencia de las personas y grupos afectados, personas adultas mayores, niñas y niños y sus familias. Las consecuencias socioeconómicas serán de gran alcance y eventualmente profundizarán las desigualdades existentes, incluidas las desigualdades de género.

El PNUD ha establecido tres líneas de oferta de apoyo a los países:

• Oferta N°1: Respuesta del sistema de salud, incluyendo el fortalecimiento de las compras y la cadena de suministro.
• Oferta N°2: Gestión de crisis inclusiva e integrada.
• Oferta N°3: Impacto social y económico: valoración y respuesta.

Esta nota técnica busca garantizar la integración de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las tres líneas de oferta y brindar lineamientos y recomendaciones a las Oficinas de País del PNUD y a los países de la región. Se pretende contribuir a la implementación de políticas de respuesta a la emergencia del COVID-19 que sean género responsivas, con el objetivo último de no dejar a nadie atrás. No obstante, se profundizará más detalladamente en la Oferta N°3 dirigida a abordar los impactos socioeconómicos y de derechos humanos en los países.

Las duras medidas tomadas en respuesta a la crisis sanitaria, económica y social que vive el mundo en torno a la pandemia del COVID-19, que van desde el aislamiento preventivo obligatorio, las restricciones a la entrada a personas extranjeras en cientos de países, los cierres de fronteras aéreas, terrestres y fluviales, el confinamiento de ciudades o regiones enteras, el cierre del comercio y cese de actividades comerciales formales e informales suponen una dura disrupción de la cotidianidad de las personas y del tejido económico, productivo y afectando de manera directa a las relaciones sociales pre-existentes.

El documento completo lo puede descargar en el siguiente enlace:

Este vínculo le llevará al sitio donde encontrará más información:

https://www.americalatinagenera.org/

Información compartida con SURCOS por Ana Cecilia Escalante.

Virtualización Solidaria

Asociación de Estudiantes de Sociología UCR

En el marco de la emergencia nacional, debido a la expansión del COVID-19 en nuestro país, la Universidad de Costa Rica emitió la directriz de recibir los cursos durante este semestre en la modalidad virtual. Desde la Asociación de Estudiantes de Sociología (AES) reconocemos que la desigualdad social y tecnológica afecta el desempeño de la población estudiantil en el desarrollo del semestre, por esto la AES ha diseñado el proyecto “Virtualización Solidaria” que busca apoyar a los y las estudiantes afectadas por la propagación de la pandemia en Costa Rica.

Gracias al trabajo de la comisión de Evaluación, Orientación y Matrícula de la Escuela de Sociología (mediante una encuesta) se logró obtener los datos del acceso a las herramientas tecnológicas para integrarse a la virtualización, por parte del estudiantado. Si bien los datos son limitados, por la forma en que se recopiló la información, sirve de guía tanto para la AES como para la Escuela en la elaboración de un plan de acción.

La Virtualización Solidaria consta de 2 pilares fundamentales:

1. La creación de un fondo solidario a través de la cuenta bancaria de nuestra tesorera Génesis Mora, con el propósito de reducir el impacto negativo de la virtualización en la población estudiantil de Sociología.

1.1. Este fondo solidario busca contribuir con la población estudiantil que requiera apoyo con alimentación debido a la situación actual del país.

1.2. El fondo solidario servirá de apoyo a las personas que no cuentan con acceso a Internet, por lo que se gestionaría para la instalación de Internet -de ser posible- en las zonas donde residen les estudiantes. Este apoyo se brindará mensualmente hasta que se levante la alerta sanitaria emitida por el Ministerio de Salud.

1.3. En el caso de las personas estudiantes que no cuenten con acceso a Internet por una situación geográfica, se les ofrecerá la opción de hospedaje solidario por lo que resta del semestre.

1.4. El Fondo Solidario cubrirá, asimismo, las recargas de las líneas prepago para que estudiantes que lo requieran, puedan realizar sus asignaciones académicas.

1.5 Los gastos por servicios de transporte (encomienda, mensajería o inclusive pases) también serían cubiertos por el Fondo Solidario.

2. Una campaña de recolección de aparatos inteligentes con la intención de facilitarlos a las personas que no tienen acceso a un dispositivo móvil, para que lleven a cabo sus asignaciones a lo largo del semestre.

Hospedaje Solidario

Quienes no cuenten con acceso a Internet por una situación geográfica, se les buscará un hospedaje solidario por lo que resta del semestre.

Para brindar hospedaje:

https://forms.gle/f8on6yk24DvjhDuH8

Recolección y Préstamo de Computadoras

A quienes no cuenten con un dispositivo móvil para realizar sus asignaciones académicas, se les buscará facilitar computadoras durante su semestre virtual.

Para donar o prestar una computadora:

https://forms.gle/bP4ym1NkGHLkSByk9

Invitamos a la comunidad estudiantil y al profesorado a solidarizarse con las personas que lo necesiten para que puedan llevar a cabo su semestre.

Evento en Facebook donde pueden unirse:

https://www.facebook.com/events/233336477872552

Facebook: Asociación Estudiantes Sociología UCR