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Hablemos de «territorios disonantes», más allá de la gentrificación

Escrito en 26/02/2025. Publicado en Comunidad.

Esteban Barboza Núñez*

La popularización del término gentrificación nos convoca a discutir la situación que enfrenta el litoral guanacasteco en la actualidad, con un explosivo desarrollo inmobiliario a lo largo de sus costas, principalmente de residencias y condominios de lujo. Parte de la cobertura que se le ha dado a este fenómeno tiene que ver, precisamente, con el uso del vocablo en cuestión para describirlo, incluso en contextos académicos.

Ahora bien, ¿qué tan adecuado resulta denominar el fenómeno inmobiliario de Guanacaste, y otras zonas costeras del país como gentrificación o causante de esta? ¿Es el uso de este término suficiente para entender las dinámicas que suceden en torno al acelerado desarrollo inmobiliario en la región? ¿Deberíamos pensar en otros enfoques para así entender mejor las particularidades del litoral guanacasteco?

El término gentrificación, acuñado por la socióloga británica Ruth Glass en los años sesenta del siglo pasado, se refiere al reacondicionamiento de espacios urbanos para ser ocupados por personas de clases sociales más privilegiadas que sus habitantes tradicionales, quienes son expulsados.

A lo largo de las décadas, el término se utilizó para describir este fenómeno, causado no solamente por las movilidades de las clases más pudientes, sino también de estudiantes, inversionistas especuladores y turistas. Estos últimos son los que han popularizado el vocablo, sobre todo en ciudades como Venecia, Barcelona, Londres o Nueva York, en donde inmobiliarias han adquirido y remodelado casas y apartamentos en las zonas más turísticas para alquilarlas, por medio de plataformas como Airbnb o Booking, a visitantes que solo están de paso, pero que les producen mayores ingresos que los residentes permanentes.

Esta combinación de turistificación, es decir, la conversión de un lugar en un enclave dedicado y dependiente del turismo, y del cambio de uso de viviendas existentes o la demolición de viviendas y la construcción de nuevos apartamentos de alquileres temporales, es lo que genera la gentrificación en ciudades de alta visitación.

Ahora bien, ¿sucede esto en el litoral de Guanacaste, muy dependiente del turismo? En Guanacaste hay lugares muy turistificados, como Tamarindo o El Coco, pero no exactamente ha ocasionado la compra, por parte de nuevos residentes y especuladores, de viviendas ocupadas por locales y su reacondicionamiento, como sucedió en Venecia o Barcelona. Lo que se da más bien es el uso de territorios abiertos y sin construcciones existentes, cerca de la costa, dedicados a actividades agrícolas, o que permanecían ociosos, para construir viviendas y condominios de lujo.

Esto acontece a través de un cambio de uso del territorio, que no necesariamente provoca la salida de los habitantes locales, sino que genera la formación de lo que hemos llamado “territorios disonantes”, caracterizados por los contrastes escandalosos entre la opulencia y la carencia, el lujo y la precariedad, la desigualdad y la exclusión en contextos muy próximos entre sí, en donde conviven, en condiciones muy desiguales, barrios populares y empobrecidos con condominios cerrados y residencias de lujo.

En la gentrificación en contextos urbanos es claro que esta exclusión y desigualdad también se dan, pero existen más posibilidades de movilidad por parte de las personas que ya no pueden permitirse vivir en un barrio gentrificado. En contextos rurales—y en el guanacasteco en particular—estas posibilidades son mucho más limitadas. La falta de opciones laborales y la alta dependencia del turismo, así como las distancias mayores, limita que las personas puedan desplazarse a vivir a otras comunidades más accesibles y menos encarecidas.

Al anunciarse Costa Rica como un paraíso verde, con selvas y playas a entera disposición del turista y del inversionista—así nos hemos promocionado desde los ochenta—, la inversión y el desarrollo inmobiliario van a procurar los territorios que reúnan esas características.

Entonces, el auge de la construcción relacionada con el sistema turístico en Guanacaste hace que se construyan espacios en territorios que calzaban con ese imaginario: abiertos y naturales, de gran belleza escénica y próximos o con vista al mar. Esto no necesariamente va a provocar la salida de las poblaciones locales—los espacios donde viven los habitantes locales no son del interés de estos desarrolladores—pero sí los van a dejar en una situación de exclusión y desigualdad persistentes, y eso puede ser aún peor que la gentrificación.

La disonancia se manifiesta en el condominio de lujo, con su propio acueducto, encerrado en su propia burbuja de amenidad, con servicios de ocio hechos a su medida, a una calle de distancia de una población local con todo tipo de problemas y carencias como la de escasez de agua, la falta de alcantarillado, calles sin asfaltar, viviendas deterioradas, amenaza de desastres naturales, violencia y crimen organizado.

Vivir en estas condiciones por supuesto que encarece el costo de la vida, debido a que aumenta la oferta de servicios destinados a los nuevos ocupantes, pero no la dedicada a los locales. Todo esto conduce a la precarización de las condiciones de vida de los habitantes locales y de los migrantes internos o del sur global, dedicados a trabajos de servicio de menor remuneración.

Ahora bien, ¿deberíamos abandonar el término gentrificación al hablar de lo que sucede en Guanacaste? No necesariamente. Usar la palabra facilita que nos entendamos, en términos generales, y también ayuda a la divulgación de este tipo de problemas; tiene una ventaja en la escena política y activista.

Sin embargo, Guanacaste y otras regiones costeras del país tienen particularidades que también deben verse con cuidado, para no caer en las generalizaciones que nos llevan a ver realidades muy distintas como si fueran la misma cosa.

*Coordinador del Observatorio de Turismo y Migraciones (Obtur) de la Sede Regional Chorotega de la Universidad Nacional (UNA).

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

¿Quién ha fracasado?

Escrito en 15/02/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Seidy Salas y Juan C. Cruz, comunicador@s

“La democracia está muriendo”. “No funciona más”. “Es un modelo que no ha logrado cumplir las promesas de bienestar que le hizo a la ciudadanía”. Estas son frases que se repiten en cientos de análisis y que cobran aún más sentido ante el auge de regímenes autoritarios que llegan al poder utilizando procedimientos democráticos. Pero ¿estamos ante un fracaso de la democracia o la responsabilidad es del sistema socioeconómico que la sustenta?

Para responder a esta pregunta, es importante considerar varios aspectos. La democracia occidental, es el resultado de una larga y cruenta lucha de la burguesía juntos con otros sectores sociales, contra el absolutismo y que tuvo un momento culminante con la Revolución Francesa. Desde entonces, los avances y los retrocesos democráticos han sido el resultado de distintas correlaciones de fuerza, en diferentes contextos espaciotemporales, asimismo, las nociones de “libertad”, “igualdad” y “justicia” derivadas de dicha revolución, no han sido productos acabados, sino conquistas por mantener y profundizar.

Lo mismo sucede con los pilares que sustentan la edificación democrática: el equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para que ninguno prive sobre otro; el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía y la posibilidad de que cualquier grupo de ciudadanos, reunido en un partido político, pueda aspirar a gobernar el Estado y que esta potestad de gobernar se someta a la voluntad popular, que podrá decidir periódicamente cuál grupo gobierna.

Mientras existió el campo socialista, los Estados del «mundo libre» se presentaron como los modelos de democracia frente a lo que calificaron como gobiernos totalitarios antidemocráticos. Estableciendo Estados de derecho y optando por modelos de bienestar social, buscaron garantizar el ejercicio de los derechos básicos a la mayoría de sus habitantes, mostrando el bienestar logrado como fruto de la democracia. Todo esto sobre un modelo económico que permitía lucrar y acumular riquezas, pero con mecanismos de redistribución más o menos eficientes.

En América Latina, en la segunda mitad del siglo XX, la mayoría de las democracias formales no lo eran en la práctica y las desigualdades socioeconómicas generaron tensiones que explotaron en graves conflictos armados, dictaduras y represión, especialmente en el cono sur y en Centroamérica. En los países tomados por la violencia, la democracia ni siquiera llegaba a hacer promesas.

Con la caída del socialismo, las potencias capitalistas iniciaron el proceso de desmantelar el marco jurídico del estado social de derecho, incluyendo compromisos con la salud y la educación públicas, así como con los derechos laborales conquistados a inicios del siglo XX. Se mantuvieron las libertades individuales, pero se erosionaron profundamente los derechos colectivos.

Esta nueva etapa del capitalismo mundial, caracterizada por «más mercado y menos estado», implicó la privatización de servicios públicos y medidas restrictivas de inversión social, profundizando las brechas sociales y la pobreza.

Para los países de América Latina que habían sufrido las dictaduras y los conflictos armados, el “retorno a la democracia” coincidió con la implantación de las medidas neoliberales[1], (con la excepción de Chile, donde el neoliberalismo floreció sobre la dictadura) y la construcción de la institucionalidad democrática tuvo que hacerse en el marco de los discursos de reducción del Estado. ¿Qué podría prometer la democracia en términos de bienestar e igualdad en ese marco de capitalismo salvaje?

No se puede dejar por fuera el fenómeno de la corrupción que crece y se multiplica entre las élites políticas en contubernio con sectores tanto empresariales como del crimen organizado, que minan desde dentro de los estados, la confianza ciudadana en la institucionalidad pública y en la política.

Ya entrado el Siglo XXI, la sindemia[2] generada por la pandemia del COVID 19, evidenció las profundas desigualdades sociales y desnudó las deudas de los estados con las personas más desfavorecidas, deudas forjadas desde la década de los 80 por el capitalismo neoliberal. La forma tan clara en cual las sociedades se dividieron entre las personas que tenían su supervivencia asegurada en medio del encierro y quienes sintieron que lo perdían todo, propició el resentimiento de estas personas hacia quienes conservaron sus empleos e ingresos. Esto llevó a importantes sectores de la población a reaccionar contra un sistema “que les abandonó” y a apoyar a figuras mesiánicas que prometen venganza contra las élites y libertad frente a los gobiernos.

Profundizando en los principales impactos socioeconómicos y políticos de la pandemia del COVID-19:

Socioeconómicos

Desempleo: La pandemia provocó un aumento significativo del desempleo a escala mundial, con millones de personas perdiendo sus trabajos debido a la interrupción de actividades económicas. Las personas que generaban ingresos en el sector informal se vieron también entre la población más vulnerable.
Recesión Económica: Muchas economías entraron en recesión en 2020, con una caída drástica en la producción económica y el cierre de numerosas empresas.
Desigualdad: La pandemia amplificó las desigualdades existentes, afectando de manera desproporcionada a las personas y comunidades más vulnerables.
Industria del Turismo y Servicios: Sectores como el turismo, la aviación y los servicios se vieron gravemente afectados, con pérdidas económicas significativas.
Educación: El cierre masivo de escuelas y la transición a la educación en línea en sistemas que no estaban preparados para ello, generaron desigualdades en el aprendizaje y afectaron el desarrollo educativo de millones de estudiantes.

Políticos

Gobernanza y Respuesta: Las respuestas gubernamentales variaron significativamente, con medidas de confinamiento de diversos grados y restricciones que generaron controversia y protestas. En muchos casos, las restricciones sanitarias sirvieron de laboratorio para el autoritarismo.
Políticas de Estímulo: Muchos países implementaron programas de estímulo económico para mitigar los efectos de la crisis, aunque por lo general fueron insuficientes.
Desconfianza en las Instituciones: La pandemia aumentó la desconfianza en las instituciones gubernamentales y sanitarias, en parte debido a la propagación de desinformación y teorías de conspiración.
Políticas de Salud Pública: Hubo un enfoque renovado en las políticas de salud pública y la importancia de la preparación para futuras pandemias. Pero también se evidenció la falta de soberanía de los sistemas nacionales y la dependencia de la industria farmacéutica globalizada.

Culturales

Como ya se mencionó, la pandemia hizo evidente la convivencia de personas privilegiadas y desprotegidas, fomentando la fragmentación social. En muchos casos, las personas que estaban seguras en sus casas, con sus despensas llenas, recriminaban fuertemente contra quienes rompían el encierro para buscar ingresos.
El sentido de libertad: La imposición del encierro con la consiguiente limitación a la libertar de tránsito y reunión se vivió en muchos sectores, especialmente entre las juventudes, como un abuso del Estado. Las personas de jóvenes de los sectores privilegiados, pero también en las clases populares, burlaron este sistema organizando fiestas clandestinas y rechazado las restricciones.
El auge de las teorías de conspiración y el sentimiento anti-ciencia: Sobre bases reales que exponían el sentido de lucro de la gran industria farmacéutica, se crearon fuertes teorías antivacunas que impulsaron corrientes totalmente anti-ciencia. A la vez, la noción de que existen élites globales súper poderosas que buscan controlar las mentes y voluntades de las mayorías, se expandieron. La facilidad con que la información falsa y la desinformación se mueven en las redes sociales, ampliamente accesibles para todas las personas, contribuyó a este fenómeno.
El gran agotamiento: En la post pandemia, se generó un estado emocional -y físico- caracterizado por un enorme cansancio que se expresa en todas las esferas de la vida social. Hay una disminución del activismo presencial, un rechazo generalizado a la información que genere preocupaciones, y un aumento en la búsqueda de “información” de fácil consumo que genere gratificaciones inmediatas.

Estas consecuencias profundas y variadas en diferentes aspectos de la vida global, aunadas al deterioro generalizado de las condiciones de vida de grandes sectores de la población, ayudan a responder la pregunta que da origen a esta reflexión.

La pandemia de COVID-19 ha tenido efectos profundos en la economía y la sociedad. Ha amplificado las desigualdades existentes, aumentado el desempleo y generado una crisis económica global. Las medidas de confinamiento y distanciamiento social han afectado a diferentes grupos de manera desigual, exacerbando las tensiones sociales y económicas. Por su parte, el neoliberalismo, con su énfasis en la desregulación, la privatización y la reducción del gasto público, ha contribuido a aumentar la desigualdad económica y social. Las políticas neoliberales han debilitado las redes de seguridad social y han dejado a muchas personas más vulnerables a las crisis económicas. En este contexto, las propuestas formales de la democracia no tienen mucho que ofrecer y los mecanismos que ofrece se muestran obsoletos o insuficientes.

Quienes sí parecen estar ofreciendo respuestas a esta crisis, o al menos narrativas que son bien recibidas, son los movimientos de extrema derecha. La ultraderecha viene ganando terreno en varios países, aprovechando el descontento social y económico generado por la pandemia y las políticas neoliberales. Estos movimientos suelen prometer soluciones rápidas y simples a problemas complejos, lo que les atrae a muchos votantes desilusionados.

La pandemia de COVID-19 y las políticas neoliberales han creado un contexto de inestabilidad y descontento, que ha sido aprovechado por los movimientos de ultraderecha para ganar apoyo. La combinación de crisis económica, aumento de la desigualdad y la percepción de que las instituciones tradicionales no están respondiendo adecuadamente ha llevado a muchos a buscar alternativas más radicales.

Entonces, el retroceso en los procesos de democratización expresado en la desconfianza o desprecio hacia el Estado y capitalizado por la ultraderecha en auge, el influyente tecno-feudalismo y la poderosa narco burguesía, más que una falla democrática, obedece a la naturaleza del sistema económico capitalista, al que nunca le interesó el bienestar de las mayorías. Ha sido sobre esa base en la que surgieron y se desarrollaron las democracias. Si seguimos culpando a la democracia por su fracaso, estaremos dejando impune al capitalismo, que seguirá rampante su curso hacia el control total de las sociedades. Sin justicia social y económica, no hay democratización que perdure.

Imágenes: 1- https://www.anred.org, 2- OXFAM

[1] El neoliberalismo surgió en la década de los 80, impulsado por los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, liderados por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, promoviendo la reducción del papel del estado en la economía, la desregulación de los mercados y la privatización de empresas públicas. Estas políticas se basaban en la creencia de que los mercados libres y competitivos eran la mejor manera de generar crecimiento económico y prosperidad. Sin embargo, llevaron a un aumento de la desigualdad y la pobreza, ya que los beneficios del crecimiento económico no se distribuyeron equitativamente.

En América Latina, el neoliberalismo se implementó a través de programas de ajuste estructural promovidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que exigían a los países reducir el gasto público, privatizar empresas estatales y abrir sus economías al comercio internacional. Estas medidas provocaron mayores niveles de pobreza y desigualdad.

El neoliberalismo promovió políticas de austeridad, que implicaban recortes en el gasto social y la reducción de los servicios públicos. Esto llevó a un debilitamiento de las redes de seguridad social y a un aumento de la precariedad laboral. La globalización y la liberalización del comercio favorecieron la expansión del neoliberalismo, permitiendo a las empresas multinacionales operar en múltiples países y aprovechar las diferencias en costos laborales y regulaciones ambientales.

[2] Sindemia es un término acuñado por primera vez en la década de 1990 por el antropólogo estadounidense Merrill Singer y proviene de la unión de los conceptos de sinergia y pandemia. Se considera sindemia cuando dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades.

Costa Rica 2010-2024 – La marejada de la desigualdad

Escrito en 05/02/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

En este artículo, se explora cómo el Proyecto Neoliberal prioriza la rentabilidad empresarial, devenida criterio central de la organización económica, lo que cual provoca una desconexión preocupante entre el crecimiento económico y el bienestar social en Costa Rica, durante el período entre 2010 y 2024. Destacan problemáticas clave como la desconexión entre crecimiento y empleo, el estancamiento de los ingresos reales y la creciente brecha entre el crecimiento económico y los ingresos de los hogares, lo que plantea preguntas importantes sobre las implicaciones para la desigualdad.

SURCOS le invita a descargar y compartir este análisis del doctor Luis Paulino Vargas Solís.

Costa Rica 2010-2024_La marejada de la desigualdad Descarga

La ampliación de la jornada de trabajo de las mujeres a 12 horas como expresión de la violencia de género

Escrito en 31/01/2025. Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Frank Ulloa | Foto: Gerardo Iglesias | Rel UITA

Frank Ulloa Royo

La violencia de género también impregna las leyes laborales y por tanto tiene un impacto significativo en el trabajo de las mujeres. En la vida diaria y en su incorporación al proceso de trabajo, las mujeres enfrentan una serie de desafíos que reflejan las desigualdades y la discriminación profundamente arraigadas en la sociedad. Existe una relación directa e interacciones entre la violencia social, el trabajo de las mujeres, la discriminación y las desigualdades en el ámbito laboral. En razón del proyecto de ley que pretende aumentar la jornada de trabajo a doce horas, examinamos esta propuesta desde la óptica de las mujeres trabajadoras, porque este cambio en la regulación de la jornada busca aumentar la jornada laboral de las mujeres a 12 horas, dejando de lado la perspectiva de género y a la luz de los Convenios Internacionales de la OIT.

La violencia social, la discriminación y las desigualdades en el trabajo son fenómenos interconectados que afectan negativamente a las mujeres. Las propuestas de aumentar la jornada laboral a 12 horas ignoran las realidades de la doble carga de trabajo y los riesgos asociados para la salud de las mujeres. Es esencial adoptar políticas laborales que promuevan la igualdad, protejan la salud y bienestar de las trabajadoras y respeten los derechos humanos.

La OIT (2021) ha señalado que las mujeres trabajan en promedio 4 horas más que los hombres cuando se combinan las responsabilidades laborales y domésticas. Este proyecto de ley va a afectar al 47 % de las mujeres costarricenses que son encargadas de su propia familia. A partir de este enfoque, es posible encontrar sesgos androcéntricos en los derechos, los principios fundamentales o en las garantías constitucionales, así como en los mecanismos por medio de los cuales se protegen. Al identificarlos, se requiere hacer un replanteamiento desde la perspectiva de género con la intención de ser inclusivos en la formulación de las leyes.

Violencia social y trabajo de las mujeres

Las mujeres no solo enfrentan acoso y violencia en el hogar, sino también en sus lugares de trabajo. Esta violencia se manifiesta de múltiples formas, desde el acoso sexual hasta la violencia física y psicológica. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2018), una de cada tres mujeres ha experimentado alguna forma de violencia en el lugar de trabajo.

Consecuencias de aumentar la jornada laboral a 12 horas:

Las propuestas de aumentar la jornada laboral a 12 horas para las mujeres tienen implicaciones severas para su salud y bienestar y la de sus familias. Estudios han demostrado que largas jornadas laborales están asociadas con un aumento en enfermedades cardiovasculares, problemas de salud mental y fatiga crónica. La OMS (2016) ha advertido que trabajar más de 55 horas por semana aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular en un 35% y el riesgo de muerte por cardiopatía isquémica en un 17%.Para las mujeres, estas consecuencias pueden ser aún más graves debido a la doble carga de trabajo. Aumentar las jornadas laborales sin proporcionar apoyo adicional puede llevar a un deterioro significativo de la salud física y mental de las mujeres, exacerbando las desigualdades existentes.

Derechos humanos y normativas internacionales

La propuesta de aumentar las jornadas laborales contraviene los principios de los derechos humanos y las normativas internacionales. El Pacto de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual muchos países de América Latina son signatarios, establece el derecho a condiciones de trabajo justas y favorables, incluyendo jornadas laborales razonables. La OIT también aboga por jornadas laborales que no comprometan la salud y el bienestar de los trabajadores.

La OIT y las condiciones de trabajo de la mujer

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha desarrollado varias propuestas y estrategias para mejorar y equilibrar el trabajo de la mujer. Aquí te presento algunas de las más destacadas:

Plan de Acción de la OIT sobre Igualdad de Género 2022-2025

Este plan se centra en promover la igualdad de género en el mundo del trabajo y aborda temas como la discriminación, la violencia y las desigualdades salariales. Entre sus objetivos se encuentran:

Promover la igualdad de oportunidades: Asegurar que tanto hombres como mujeres tengan acceso a empleos dignos y productivos.
Mejorar la protección social: Fortalecer la cobertura y eficacia de la protección social para todos los trabajadores.
Fomentar el diálogo social: Promover el tripartismo y el diálogo social para abordar las desigualdades de género.

Convenios y recomendaciones claves

La OIT ha establecido varios convenios y recomendaciones que son fundamentales para la igualdad de género en el trabajo. Algunos de los más importantes incluyen:

Convenio sobre la Discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111): Prohíbe la discriminación en el empleo y la ocupación.
Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, 1981 (núm. 156): Protege a los trabajadores con responsabilidades familiares.
Convenio sobre la Protección de la Maternidad, 2000 (núm. 183): Garantiza la protección de la maternidad y el derecho a la licencia por maternidad.
Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, 1981 (núm. 156) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

De manera concreta el proyecto de ley para ampliar la jornada de la mujer a doce horas contraviene el Convenio (núm. 156) que tiene como objetivo principal garantizar la igualdad de oportunidades y tratamiento para hombres y mujeres trabajadores con responsabilidades familiares. Este instrumento internacional reconoce que las responsabilidades familiares pueden afectar negativamente las condiciones laborales de los trabajadores y busca abordar estas desigualdades a través de diversas medidas.

Lo anterior lo afirmo porque el Convenio propone fomentar la igualdad de oportunidades y tratamiento al establecer que las trabajadoras con responsabilidades familiares deben recibir igualdad de oportunidades y tratamiento en el empleo, sin discriminación. Asimismo, busca proteger a las trabajadoras con responsabilidades familiares contra el despido injustificado, como podría ocurrir por las ausencias para atender responsabilidades familiares por enfermedad o cuidados. Finalmente propone mas bien reducir jornadas por distintos medios y horarios flexibles y trabajo remoto, para ayudar a los trabajadores a equilibrar sus responsabilidades laborales y familiares, en busca de promover en la practica la igualdad de género en el ámbito laboral y de apoyar a los hombres y mujeres en la asunción de responsabilidades familiares.

Estrategias para la igualdad de género

La OIT también promueve la incorporación de la perspectiva de género en todas sus actividades y políticas. Esto incluye:

Divulgación de información: Aumentar la conciencia sobre los derechos laborales y la igualdad de género que debe considerarse al modificar las leyes.
Medidas diferenciadoras: Implementar medidas de apoyo específicas para responder a las necesidades y intereses de las mujeres y los hombres.
Promoción de la igualdad en el lugar de trabajo: Asegurar que tanto mujeres como hombres tengan igual acceso a los derechos laborales. Reducción de las jornadas de trabajo y la creación de apoyos familiares.

Costa Rica contra corriente:

Mientras los países de América Central avanzan en derechos el país avanza contra corriente, en favor de la eliminación de derechos y generando mayores desigualdades al proponer proyectos como el de aumento de jornada que parece que tiene los votos inconscientes necesarios para contribuir destruir la calidad de vida de miles de mujeres. Costa Rica con esta propuesta de ampliación de jornada contraviene las propuestas y estrategias buscan crear un entorno laboral más equitativo y justo para todas las personas, independientemente de su género. ¹

De esta manera sectores de la Asamblea legislativa lejos de darle una perspectiva de género a la legislación para crear un entorno laboral más equitativo y justo, reconociendo la importancia de las responsabilidades familiares y su impacto en la vida laboral de los trabajadores, promueven nuevas y mayores desigualdades.²

Así, Costa Rica dejó atrás su doble moral y de manera clara impulsa estrategias contrarias a la corriente de derechos humanos que impulsa la OIT y que se resume en varias propuestas pro derechos de las mujeres.

Bibliografía

Aznar Aguilarte, Alexandra María. «Los orígenes del derecho al trabajo en Francia (1789-1848).»
Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2018). «Ending violence and harassment against women and men in the world of work.»
Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2021). «World Employment and Social Outlook: Trends 2021.»
Organización Mundial de la Salud (OMS). (2016). «Long working hours and the risk of coronary heart disease and stroke: a systematic review and meta-analysis.»
Pacto de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (1988).
Vázquez Macías, Ana. (2022). «La evolución del régimen jurídico del trabajo de la mujer: la conciliación de la vida laboral y familiar como vía estratégica para alcanzar la igualdad de género.» Tesis de Máster, Universidad de Oviedo. España.

1 La perspectiva de género en el derecho laboral es un tema de especial importancia que busca abordar las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. En el libro «Los orígenes del derecho al trabajo en Francia (1789-1848)», Alexandra María Aznar Aguilarte analiza cómo las políticas laborales comenzaron a reconocer y tratar estas desigualdades desde sus primeras formulaciones. Allí examina la evolución de las leyes y políticas laborales que surgieron durante este período y cómo estas leyes comenzaron a reconocer el trabajo como un derecho fundamental.

2 Ana Vázquez Macías (Universidad de Oviedo,2022) concluye que la corresponsabilidad en las responsabilidades domésticas y familiares es esencial para alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Ella argumenta que, aunque formalmente se reconoce la igualdad, la realidad material muestra que las responsabilidades familiares siguen siendo asumidas principalmente por las mujeres, lo que lleva a una doble jornada de trabajo-hogar y limita las oportunidades de promoción laboral para las mujeres, lo que se afecta con normas aparentemente neutras como la ampliación de una jornada para estimular la inversión extranjera.

La crisis de la educación requiere una participación efectiva de los movimientos sociales y populares

Escrito en 30/01/2025. Publicado en Derechos, Educación, Portada.

Pronunciamiento

El sistema educativo costarricense, en todos sus niveles, afronta una profunda crisis organizativa, presupuestaria y en términos globales de gestión. Lo que, sin lugar a dudas, requiere un cambio que permita orientar y generar una plataforma de diálogo constructiva para solventar los diversos desafíos socioeducativos. Desde el Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED), consideramos fundamental tomar acciones conjuntas frente a políticas que afectan al sistema educativo.

Considerando los siguientes elementos en materia de gestión política:

· La carencia de una planificación y organización sistémica pertinente en términos educativos, tanto a lo interno del Ministerio de Educación Pública (MEP) como de este con instancias vinculadas a la formación superior.

· La falta de comunicación y vinculación efectiva en áreas educativas con instituciones públicas y universidades para enfrentar las problemáticas y rezagos.

· La improvisación como constante en acciones educativas: los fallidos procesos de megacentros educativos, el emprendedurismo desde preescolar, el abordaje inadecuado del tema de la violencia y el acoso escolar desde una perspectiva punitiva, la ausencia de claridad en las pruebas estandarizadas nacionales.

· Han transcurrido tres años sin conocer una ruta de la educación con sustento normativo y material. Esto sin lugar a dudas genera incertidumbre e inestabilidad entre las comunidades educativas, las universidades y en general la ciudadanía. ¿Cómo se maneja el sistema? ¿A qué intereses obedece?

· La carencia de un equipo constante y sólido en la dirección del MEP: han desfilado tres viceministros académicos ¿De quién es la responsabilidad de un clima de gestión tan inestable?

· Las riendas del Consejo Superior de Educación y otros órganos claves en la gestión política de la educación: carecen de perspectiva y seguridad en la toma de decisiones para responder a los retos educativos nacionales.

· El incumplimiento del 8% constitucional del PIB para la educación pública, atendiendo a decisiones con visión recortista y que no garantizan el derecho fundamental a la educación.

· El retroceso en materia de derechos humanos en el ámbito educativo, con la eliminación de efemérides vinculadas a la diversidad de género y ahora el Programa de Educación Sexual y Afectividad.

Considerando los siguientes elementos en materia de gestión presupuestaria de la educación y, sobre todo, sustentado en el análisis presupuestario para el 2025:

· Decrecimiento en la inversión pública para el conjunto del sistema educativo, con un claro incumplimiento del marco constitucional y llevándose a mínimos históricos respecto al PIB en las últimas dos décadas: un 4.9% para el 2025.

· Un golpe en áreas medulares del sistema educativo, las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas, tanto para gastos operativos y comedores escolares, con un recorte de más de 2000 millones de colones. En los últimos tres años los presupuestos transferidos a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas se han reducido paulatinamente, retrocediendo a porcentajes de una década atrás.

· La imposición a las universidades de 1% para el FEES, lo que llevó las discusiones a la Asamblea Legislativa, a fin de obtener los recursos requeridos por las universidades públicas. Medida encabezada por el despacho educativo y de hacienda sin contemplar indicadores, el plan de desarrollo del sistema superior universitario, e irrespetando lo establecido constitucionalmente. Con las universidades se aplica la misma receta de reducción de la inversión que en todo el conjunto del sistema educativo. Y, actualmente, de forma ilegal rechazan girar los recursos aprobados en la Asamblea Legislativa.

· Enfrentamos un 2025 con un presupuesto planteado desde el gobierno y la cartera educativa que no cumple con los requerimientos mínimos, donde se establece una perspectiva fiscalista y que refleja una reducción sistemática en áreas de infraestructura, becas, transportes, alimentación y el equipamiento mínimo que requieren miles de docentes y estudiantes, de todos los niveles.

Afrontamos la profundización de las problemáticas socioeducativas resultado de la reducción del gasto y la ausencia de medidas estratégicas:

· Más de 850 órdenes sanitarias en instituciones educativas de todos los niveles y regiones, un número inalterado desde el 2022. ¿Cómo, ante la reducción del presupuesto, se puede solventar la crisis en la infraestructura educativa, algo que resulta medular para mejorar el sistema educativo?

· De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares del 2023, en Costa Rica la mitad de las personas de más de 24 años no ha culminado la secundaria y un 26,5% ha completado únicamente el nivel de primaria. Hay una creciente desigualdad y exclusión de la población por la reducción de la inversión en educación, así como el incumplimiento de un derecho humano fundamental. ¿Qué propuestas se tienen desde el MEP para asegurar la oportunidad de acceso a la educación y culminación de niveles con un recorte severo de los presupuestos?

· Hay restricciones para generar procesos de actualización y desarrollo permanente del personal docente-administrativo, al limitarse la actualización y la atención en áreas emergentes en distintos contextos sociales. La actual gestión del MEP y del gobierno exige resultados, pero sin brindar los insumos necesarios. ¿Cómo cumplir con los compromisos internacionales en materia de educación, indicadores históricos a nivel nacional que pretenden una dinámica de calidad sin actualización?

· El acceso a la educación superior de forma universal es una aspiración para los actores comprometidos con la educación pública. Sin embargo, la disminución de recursos en primaria, secundaria y la creciente exclusión de la población merma dicha meta, aunado al recorte creciente a las universidades públicas. La educación es una herramienta esencial para el desarrollo del país: ¿De qué manera la actual dirigencia del MEP pretende afrontar con recortes presupuestarios acciones que realmente se orienten a la calidad educativa a largo plazo? ¿Qué propuestas tiene el MEP para garantizar el acceso y movilidad en los distintos niveles educativos?

En general, contemplando las inconsistencias políticas y organizativas del gobierno actual y de manera particular en la cartera educativa, junto con la disminución evidente de presupuestos y sin una ruta educativa congruente que responda a los indicadores críticos a nivel socioeducativo, se propone:

a. Un cambio en la gestión y rumbo del MEP, que no ha generado ninguna propuesta verificable y menos articulada con los distintos actores del sistema educativo. Las acciones del gobierno reflejan un retroceso y limitación del derecho a la educación en todos los niveles.

b. La formación de una comisión de alto nivel, integrada por representantes del profesorado del MEP, las universidades públicas, representantes sindicales y estudiantiles, junto con centros especializados en investigación educativa, social y económica, que establezcan una agenda de prioridades y tareas colectivas a nivel nacional para, a corto y mediano plazo, determinar una agenda democrática y representativa de los actores que viven la educación, que tienda a revertir la grave crisis educativa que enfrentamos como país. ¡Que las decisiones educativas se tomen por los actores sociales que las conocen y que las viven!

Ante el aumento de la violencia femicida, las mujeres declaramos emergencia nacional

Escrito en 29/01/2025. Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Las mujeres que integramos el Colectivo Mujeres por Costa Rica expresamos nuestra preocupación y enojo por el aumento de los femicidios en Costa Rica. En el año 2024 tuvimos un femicidio cada 15 días y en este mes que recién iniciamos el año 2025: se dan 5 femicidios en 28 días, dos veces y medio más con respecto al año 2024.

Es muy preocupante, además, que la violencia femicida ha tomado formas cada vez más extremas, de tortura y ensañamiento contra las mujeres, prácticas que antes se consideraban exclusivas del narcotráfico y el crimen organizado, las encontramos hoy en las formas en que los hombres deciden acabar con la vida de las mujeres.

Las causas de la violencia son multidimensionales: por un lado, son consecuencia de una desigualdad estructural, política y económica de género, y por otro, responden también a la circulación cada vez más extendida de discursos políticos que utilizan el odio, la confrontación, la burla y la violencia como herramientas para el ejercicio del poder.

Las mujeres no queremos seguir viviendo bajo un estado de permanente amenaza, odio, terror y miedo.

Junto a la movilización social, es urgente que el Estado y sus instituciones cumplan con su deber de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y declarar ya un estado de emergencia.

Basta ya de violencia femicida

El Perú totalitario

Escrito en 13/01/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

En nuestra América vivimos una democracia aparente, se nos ha hecho creer que votar individualmente es democracia, no obstante, la democracia hace referencia a la colectividad, no al individuo, es social, que es diferente a la suma de individuos, como se asume en la estadística. Asimismo, emitir el voto es un acto mecánico, mientras que la democracia es un acto político que hace referencia a las decisiones y acciones sobre la gestión de una colectividad en relación con las problemáticas, necesidades y anhelos ciudadanos. Aspectos que no se relacionan ni se infieren de una cuantificación electoral.

Tampoco es democrática la actuación de un personaje, por el simple hecho de haber sido electo, la democracia trasciende el acto electoral, que de ninguna manera faculta al electo o electos, a la realización de acciones contrarias o ajenas de las necesidades, y demandas ciudadanas. La democracia no es una carta blanca a los electos, para quienes actúan a espaldas de la ciudadanía, esos son autócratas o tiranos, nunca demócratas. Así, hemos elegido a dictadores y ratificados electoralmente a asesinos en el poder, así como se ha aislado y difuminado la actuación articulada de la ciudadanía, ante la traición, corrupción, fraudes y electos delincuentes. Esta democracia de papel nunca cerró el camino al totalitarismo, por el contrario, ha sido el camino seguido por los tiranos Pinochet, Videla, Fujimori, Ortega, Bukele, Boluarte, entre otros, para asesinar las voces disidentes al poder.

Esto es, la democracia no es la expresión ideal de la igualdad política de los ciudadanos, pues reconoce explícitamente la desigualdad y la inequidad existente, que no es afectada, sino conservada y perpetuada en su nombre, sin alterar las bases constitutivas del sistema político. La democracia desde su origen ateniense, en el siglo VI a.c., ha sido un modo de segregación social, cuya significación etimológica “el poder del pueblo” expresaba la exclusión a los esclavos, además de ser paradójicamente concebida en un universo de esclavitud. Los propietarios en la actualidad no requieren representarse a sí mismos, como en el pasado, porque están representados por todo el poder estatal. Esto es, la democracia no supone consenso, libertad ni paz, por el contrario, implica un permanente enfrentamiento en contextos que otorgan facultades y libertades a unos contra otros. Se crea democracia en la lucha por el respeto y conquista de derechos, ella nunca ha sido una concesión ni regalo al pueblo.

Asimismo, no puede calificarse como democracia el cumplimiento de la normatividad jurídica, pues las leyes son aprobadas, según las negociaciones e intereses partidarios, clientelares o individuales por los legisladores en el Congreso peruano. Esto es, la creación de las leyes, no responden ni obedecen a las preocupaciones ni necesidades ciudadanas ni del interés nacional. Luego, no podrán ser democráticas, son leyes indignas, como quienes las aprueban. Solo la ignorancia sobre la creación de leyes, pueden creer o engañar que la normatividad jurídica es igualitaria, justa y necesaria. La democracia no se rige por patrones jurídicos creados para propósitos ajenos al interés general de la sociedad, la subordinación jurídica e instrumental, es la cosificación de la democracia por y para el poder. La democracia no es una mercancía enlatada, es siempre peculiar en las condiciones y situaciones que se conquista. La sociedad es la impronta social de toda democracia.

En el Perú no es posible, ni por asomo, denominarse democracia, es totalitario el régimen político peruano, o el poder absoluto del Estado o de algún poder estatal, sobre la ciudadanía o, dicho de otro modo, es el régimen que liquida todo derecho social alcanzado contra quienes deben depender y servir, al pueblo, el soberano.

El totalitarismo es el fin de la separación y autonomía de los poderes del Estado para ser monopolizado por una exclusiva instancia que controla y determina el funcionamiento del quehacer estatal. El totalitarismo es la despótica privatización del poder estatal y de la institucionalidad contra lo que es común a todos. Es la regresión salvaje del poder, que representa única y exclusivamente las ambiciones personales, de sus cómplices y asesinos, con capacidad de cometer atrocidades inimaginables contra la sociedad que creen ser dueños y amos. Ello, no solo muestra la calaña de gente, sin principios ni dignidad, también muestra cómo algunos sectores son arrastrados en las viles prácticas totalitarias y de otros que se han coludido delincuencialmente con el monopolio en el ejercicio de la represión y violencia, legal e ilegal, contra la sociedad. El totalitarismo compromete radicalmente nuestro presente y condena el futuro de los peruanos con la complicidad de sus propias víctimas. Así, la institucionalidad pública que habiendo sido una política estatal para garantizar la función pública básica y necesaria para la ciudadanía, está siendo liquidada por el totalitarismo estatal, para convertir a sus entes en incapaces de una actuación social y pública

El totalitarismo en el Perú, como toda tiranía, no ha requerido de la aceptación social, se ha liberado de toda supeditación para imponer el poder político absoluto sobre la ciudadanía y la nación. Tales facultades están dadas por la manipulación corrupta de los legisladores en el Congreso, por la red tejida por magistrados y fiscales comprometidos que ilegal, complaciente y tardíamente revelan los compromisos propios y ajenos contra la voluntad y derechos ciudadanos y nacionales, así como es evidente, el cómplice amparo de las fuerzas armadas que presurosas, al mandato de un poder que irrespeta todo derecho, asesina las justas demandas en defensa de los derechos ciudadanos y la soberanía nacional.

Creer que la gran mayoría de pobres y trabajadores con derecho a votar compensa la desigualdad social y política, es una ilusión, porque de manera sistemática y desde siempre y no precisamente por procesos electorales, se ha dividido a los subalternos con diversidad salarial, prebendas, despidos y corrupción a dirigentes y sindicalistas, así como con las opciones organizativas y alternativas partidarias divergentes, la promoción de la indiferencia, entre otras, han posibilitado la división política de los pobres y trabajadores. No obstante, la democracia latinoamericana posee un equilibrio catastrófico, porque la explotación e irrespeto a los derechos laborales y ciudadanos persisten, así como, por las ambiciones y disputas entre propietarios y grupos de interés por el poder y sus privilegios, como por aquellos que buscan ser los nuevos sátrapas.

[1] Catedrático pensionado. Universidad de Costa Rica.

Continuo caminar

Escrito en 04/01/2025. Publicado en Derechos.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

A menos de 20 días para la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, las caravanas de personas migrantes han empezado a formarse de nuevo, tal vez como último recurso antes que empiece la anunciada política antiinmigrante a ser implementada en las primeras directivas que tomará en sus primeras horas de mandato.

Ni tan siquiera se habían apagado los fuegos artificiales despidiendo 2024 y dando la bienvenida a este incierto 2025, cuando se anunció la conformación de un numeroso grupo de personas migrantes provenientes de Guatemala, El Salvador, Venezuela, Ecuador, principalmente.

Para muchas de estas personas el destino final es la frontera entre México y Estados Unidos, para intentar cruzarla.

Pero también se reconoce la dificultad que implica el cruce y la estancia en Estados Unidos, frente a la implementación de una línea de política migratoria más dura, cuando el republicano asuma la presidencia. Ya hemos dicho que nos parece una línea más dura, dado que la administración demócrata que termina ha sido una de las más castigadoras contra las personas migrantes, en particular las de origen centroamericano.

Estos primeros grupos conformados salen del sur de México, concretamente Tapachula, escenario de una escalada de violencia en medio de la cual las personas migrantes han quedado atrapadas, sin otra posibilidad más que emprender el viaje.

A seis años del inicio de estas formas inéditas de movilización humana (grupos, colectivos, visibles en carreteras y fronteras internacionales en Centroamérica y México) su continuación se explica por la permanencia de las condiciones expulsoras en los países desde donde se originan: violencias, inequidad, desigualdad, pobreza, desempleo.

México aguarda por un posible aumento de personas devueltas o deportada al iniciar la administración Trump.

Esto desencadenará sin duda la intensificación del riesgo y la vulnerabilidad, que han producido ya 120.000 personas migrantes desaparecidas en ese territorio federal 2010 y un número aún no confirmado que ronda 7.500 personas migrantes fallecidas en los últimos diez años.

Antes estos hechos, el continuo caminar se convierte en estrategia, recurso y respuesta desde las mismas personas migrantes para tener al menos una pequeña esperanza de contar con un futuro mejor que su complejo presente.

Aguardemos por la suerte de este grupo que salió recientemente de Tapachula y esperemos más grupos a lo largo de este mes, antes que Donald Trump jure como el presidente #45 de la historia estadounidense.

El chavismo tico: síntoma de una democracia en agonía

Escrito en 04/01/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

Desde hace ya mucho tiempo los partidos políticos en Costa Rica, y no exagero si nos referimos a occidente en general, enfrentan una profunda crisis de identidad o decadencia extendida. Representan a minorías económicas o culturales, pero han dejado de ser vehículos de representación para las grandes mayorías. Estas mayorías, que soportan las desigualdades y exclusiones de un modelo económico intacto desde hace décadas, han sido abandonadas por la clase política tradicional. En este vacío de representatividad, surgió el chavismo tico, no como un proyecto ideológico sólido, sino como un síntoma de una democracia que agoniza.

El reciente Informe del Estado de la Nación 2024 arroja luz sobre esta problemática. Según el informe, la democratización, lejos de ser un escudo, no logró evitar el colapso de los partidos políticos. La crisis de representación y el desalineamiento político de la ciudadanía son síntomas claros de un sistema político desconectado de las necesidades del pueblo y con una entropía institucional que le impide adaptarse para responder con certeza a las nuevas demandas ciudadanas. Este desalineamiento, reflejado en una ciudadanía que ya no se identifica con las ofertas partidarias tradicionales, evidencia la profundidad de la desconexión entre los partidos y las mayorías.

Cuando los partidos se enfocan únicamente en defender intereses específicos, del tipo que sean, se convierten en partidos minoritarios. Olvidan que, en una democracia real, aunque las minorías deben ser protegidas, reconocidas y respetadas, el objetivo final siempre debe ser el bienestar de las mayorías. Sin embargo, Occidente en los últimos años ha invertido esta lógica, misma en la que Costa Rica ha caído al seguir los pasos de forma acrítica de quienes ha considerado históricamente como el ejemplo a seguir. En lugar de demos-cratos, el poder del pueblo, estamos viviendo una democracia capturada por pequeñas élites o grupos que se desconectan de las necesidades colectivas.

No en vano, en las últimas elecciones llevadas a cabo en Estados Unidos de América, el senador Bernie Sanders al referirse a la derrota de los demócratas dijo que “no debería ser una gran sorpresa que un partido demócrata que ha abandonado a la gente de la clase trabajadora descubra que la clase trabajadora le ha abandonado”. Saquemos conclusiones nada más sobre la situación histórica de algunos partidos en Costa Rica, que en algún momento sí representaron no solo a la clase trabajadora, sino a la mayoría de la sociedad, y que hoy ésta le da la espalda.

El Informe del Estado de la Nación 2024 también señala que esta crisis de representación es una amenaza para nuestra ya débil estabilidad democrática. Las grandes mayorías, excluidas y desilusionadas, se convierten en terreno fértil para proyectos políticos que se alimentan de su frustración, llenando los oídos del pueblo con discursos de odio y promesas vacías que solo hacen crecer la espiral de desesperanza y violencia social. El chavismo tico es un ejemplo de cómo el descontento puede ser canalizado a través de liderazgos que explotan los sentimientos de abandono y desconfianza hacia el sistema. No se trata de una fuerza política que ofrece soluciones reales o de largo plazo, sino de un fenómeno que se alimenta del resentimiento acumulado contra una clase política cooptada por minorías de todo tipo, incapaz de responder a las necesidades básicas de la población.

La falta de representatividad no solo alimenta proyectos populistas, sino que también erosiona la esencia misma de la democracia. Cuando las mayorías sienten que el sistema no les responde, la legitimidad de las instituciones se derrumba como un castillo de naipes. En este contexto, el crecimiento del chavismo tico no es una anomalía; es una consecuencia lógica de un sistema político que ha fallado. La infiltración de este movimiento en diversos campos de la sociedad, desde la prensa hasta las instituciones públicas, es predecible y responde a su naturaleza: un proyecto político que, al nutrirse del descontento popular, busca inevitablemente el control total de los aspectos fundamentales de la vida nacional. Este afán hegemónico no solo intensifica la crisis democrática, sino que amenaza con perpetuar un ciclo donde la representatividad real sigue siendo la gran ausente. En otras palabras, no resuelve nada, solo agrava la crisis.

Reinventar la representación

El desafío que enfrentan los partidos políticos costarricenses es colosal. Según el Estado de la Nación, su desconexión con las mayorías no es un fenómeno reciente, sino el resultado de décadas de desalineamiento político y exclusión. Si Costa Rica quiere evitar caer en una espiral de polarización y populismo destructivo como hemos visto en otros países, sus partidos deben abandonar la complacencia y reconstruir los puentes con las mayorías y sus necesidades, además de hacer una limpia interna a nivel de estructuras. No hay de otra. De lo contrario, serán también responsables de lo que venga. Todo esto implica reconocer las falencias del modelo económico actual con el cual todos quienes han gobernado han colaborado, hacer una mea culpa, y abandonar el discurso elitista que desprecia las preocupaciones de la población común.

Costa Rica enfrenta una prueba crucial en las próximas elecciones de 2026. El colapso de los partidos políticos, reflejado en el informe, es una advertencia de todo lo que está en juego. O los partidos retoman su papel como representantes del demos, del pueblo, o seguirán allanando el camino para que liderazgos como el chavismo tico se consoliden, poniendo en peligro el equilibrio político y social que tanto costó construir. El tiempo para corregir el rumbo se agota. Reconstruir la confianza de las mayorías no es solo una cuestión de sobrevivencia política u oportunismo electoral, sino un imperativo para salvar la democracia tica, o lo que dejen de ella.

La indiferencia social

Escrito en 01/01/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Huaylupo Alcázar

La indiferencia aparece como la incomunicación entre actores implicados socialmente, lo cual puede ser interpretado como una relativa ruptura creada artificialmente por actores que crean barreras que no son arbitrarias. El carecer del apego a alguien o situación particular, no es característico del ser social, que valora, actúa y es consecuente en sus relaciones cotidianas. Imaginar una indiferencia a todo, es la negación a la propia existencia humana, como individuo, ciudadano y ser social, sin duda sería una extrema patología, una muerte en vida, un sujeto convertido en objeto, sin capacidad de valorar ni reflexionar.

La indiferencia es originada externamente, creada por determinaciones culturales, grupales o ideológicas, que se encubre en una aparente indiferencia. Esto es, revela la separación, la diferenciación del pensamiento, condición social, etc., no es sobre lo desconocido o ignorado, sino sobre lo conocido y despreciado. Es la evidencia de la toma de posición sobre aspectos que se asumen no tener interés porque lo comprometen como sujeto social, sin ser desconocimiento de lo existente.

La abstención intencional al establecimiento de determinadas relaciones o estar inmersos en situaciones indeseadas, son valoraciones separatistas, excluyentes o antagónicas aprehendidas en contextos particulares que ubican a las personas con afinidades e identidades grupales, estamentales o clasistas en la heterogeneidad social.

La indiferencia posee una implícita relación de poder entre los actores, pues es excluyente la decisión de ignorar, desoír o despreciar el pensamiento y acciones de los otros, pero también expresa la imposibilidad de desaparecer lo que perturba o disgusta. Esto es, la indiferencia no es arbitraria, representa una posición e intencionalidad específica entre los sujetos en interacción no armoniosa que trasciende la actuación de los actores, para comprometer al contexto societal.

La sociedad capitalista ha configurado un espacio individualista de competitividad y explotación asociado con procesos de corrupción y violencia con formas jurídicas desiguales e inequitativas. Asimismo, ha conformado mafias asociadas con el sistema financiero y el poder estatal para los sistemáticos despojos de la riqueza social, así como las democracias se convierten en dictaduras de propietarios y delincuentes. Procesos que han creado medios insolidarios y de desconfianza que liquidan las formas culturales éticas de solidaridad y cooperación colectiva. La desigualdad inherente del sistema, es la impronta de las diferencias sociales, racistas y segregacionistas que promueven separaciones intolerantes e indiferentes en un sistema que lo incentiva, como función reproductora de poder y dominio. Esto es, el contexto contemporáneo es el ámbito propicio donde se inscribe la indiferencia, como una forma aparente de ignorancia y temor social ante la inseguridad delincuencial, legal, económica y estatal.

Alejarse o aparentar indiferencia ciudadana es una alternativa para no ser visto como adversario o enemigo por poderes o posiciones intolerantes y violentas que no aceptan discrepancias, visiones alternativas ni plurales.

La indiferencia y cinismo del poder clasista no ignora la condición de los subalternos, por el contrario, son causantes de su situación. La intolerancia política crea indiferencia y miedo ante la impotencia e imposibilidad de desafiar o liquidar a los otros.

En la unilateral y desigual violencia totalitaria, o del monopolio represivo del Estado, como del control y dominio privado del aparato estatal, no solo son transgresiones del Estado Social de derecho, también liquida todo vestigio de democracia y organicidad social y política. El miedo y el totalitarismo convierte a las víctimas en cómplices e incluso en victimarios contra su pueblo. Esas viejas prácticas terroristas son comunes en los delincuentes para anular, aislar y asesinar testigos, así como, en la represión privada contra trabajadores que temen el despido, la desaparición o ser víctimas del sicariato, o la represión estatal que intencionalmente aprisiona y asesina inocentes para amedrentar a opositores y poblaciones indefensas. Procesos que no están aislados, se relacionan y complementan en la crítica cotidianidad en más espacios latinoamericanos.

En ese contexto, tan peculiar en el presente, la indiferencia social es aparente, el no importar sobre lo que acontece, es una máscara que oculta lo que se conoce, no se cree o teme. La indiferencia está determinada por la desigualdad, la diferenciación y el distanciamiento social, como también por la acción de poderes autocráticos que inciden y promueven el aislamiento de las personas y grupos. El totalitarismo crea indiferencia de la cual se nutre, además de encubrir su despotismo, ante una aparente aceptación, sin oposición.

“La indiferencia es apatía, es parasitismo, es cobardía, no es vida. Por eso odio a los indiferentes.
La indiferencia es el peso muerto de la historia. Es la bola de plomo para el innovador, es la materia inerte en la que a menudo se ahogan los entusiasmos más brillantes, es el pantano que rodea a la vieja ciudad y la defiende mejor que la muralla más sólida, mejor que las corazas de sus guerreros, que se traga a los asaltantes en su remolino de lodo, y los diezma y los amilana, y en ocasiones los hace desistir de cualquier empresa heroica.
La indiferencia opera con fuerza en la historia. Opera pasivamente, pero opera. Es la fatalidad, aquello con lo que no se puede contar, lo que altera los programas, lo que trastorna los planes mejor elaborados, es la materia bruta que se rebela contra la inteligencia y la estrangula.” (Gramsci, 2017: 19).[1]

La inacción de los indiferentes forma parte del contingente social que permite la continuidad del poder y del mantenimiento del statuo quo, pero en el sistema son otros muchos los actores subalternos que lo sostienen y alimentan. Un sistema totalizante como el capitalista ha creado una inmensa red de procesos de subordinación formal y real del trabajo que genera riqueza que es privatizada, así como en las desiguales relaciones mercantiles que contribuyen a la reproducción de la polaridad e iniquidad social, procesos en cual están insertas gran parte de las naciones occidentales.

De este modo, las afirmaciones expresadas mucho antes de David Ricardo, que son los trabajadores la fuente de la riqueza y poder, se confirman por doquier. Así, en las labores productivas, la riqueza empresarial es creada por quienes desprecian, odian y explotan; o de los trabajadores privados y del Estado que son compelidos a envilecer los servicios públicos y financieros que violentan derechos sociales; o de magistrados que interpretan leyes en beneficio propio y dictaminan resoluciones contra la letra y espíritu de la Constitución y validan leyes indignas; o los profesionales en salud pública que violentan el juramento hipocrático y se coluden corruptamente cuando atentan contra la salud y vida ciudadana; o los militares, como en el Perú, que ciegos y obedientes, violentan su propia constitución y existencia, asesinando a quienes defienden los intereses y derechos sociales y nacionales.

Las necesidades de subsistencia de los subalternos, son los medios para que los propietarios del capital y el Estado, manipulen el trabajo y los trabajadores para crear colaboradores y cómplices, así como indiferentes, aun cuando son los subalternos del mundo quienes sostienen el sistema imperante.

La indiferencia y cinismo del poder clasista no ignora la situación y condición de los explotados, por el contrario, son sus intencionados causantes. La pobreza es el medio para someter y dividir salarialmente a las poblaciones trabajadoras, así como la indiferencia estatal es protagonista de la creciente desigualdad social al liquidar las políticas públicas y privatizar los servicios públicos y recursos nacionales. La práctica estatal totalitaria obstruye y niega a los trabajadores el pensamiento y la actuación propia y original, para ser obligados a asumir como propia la del poder. La indiferencia creada por el poder despoja a las personas de lo propio, de su identidad social para subordinar totalmente del sujeto colectivo.

La indiferencia social del poder es un absurdo, imaginar que los gobernados son ajenos del gobierno, es una concepción totalitaria y de ignorancia extrema de un poder que se cree omnipotente, capaz de dominar y explotar eternamente. La ilusa e impotente autosuficiencia totalitaria, cree poseer las capacidades para sacrificar eternamente derechos sociales y nacionales para beneficio propio, clasista y de cómplices. En la historia de la humanidad ningún poder totalitario ha poseído tales capacidades ni han perdurado. Los anhelos democráticos de los pueblos liquidan los sistemas autoritarios.

[1] Palabras duras, pero están descontextualizadas, el breve escrito de Gramsci fue elaborado en febrero de 1917, hace más de un siglo, tiempo y situación muy distinta al presente, citado para la reflexión ante la creciente indiferencia en el presente globalizado. (Odio a los indiferentes. Editorial Planeta).