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Etiqueta: desigualdad

Defensoría: Urge fortalecer medidas económicas a favor de personas adultas mayores

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Solicita a CONAPAN intervenir ante el sistema financiero nacional

Recientes investigaciones de la Defensoría de los Habitantes determinaron que los derechos de las personas adultas mayores a la seguridad económica e inclusión en el sistema financiero, no se les está brindando la atención suficiente, si se toman en consideración los niveles de discriminación, desigualdad, pobreza y desempleo o empleo de baja productividad. Este sector para el año 2050 se estima representará el 20,7% de la población del país.

La investigación de la Defensoría evidenció que el país carece de datos de este grupo de habitantes como usuarios de los servicios financieros, resultado de equiparar la edad avanzada con el incremento en el riesgo de recuperación de créditos, lo que no sólo limita su incorporación, sino que favorece prácticas abusivas, que promueven el acceso a préstamos en el sistema informal, como el gota a gota, el acoso y el hostigamiento por cobro de deudas, entre otros.

Ante este panorama, la Defensoría identificó una serie de acciones concretas en favor del derecho a la seguridad económica e inclusión al Sistema Financiero. Entre ellas, se recomendó al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), adoptar medidas, en coordinación con la Presidencia de la República, con el fin de garantizar a las personas adultas mayores acceso al crédito en condiciones preferenciales, tanto por parte de entidades financieras públicas como privadas, de conformidad con lo que señala la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor.

Se solicitó al CONAPAM elaborar un proyecto de ley, mediante el cual se garantice a las personas pensionadas, independientemente del Régimen de Pensiones al que pertenezca, una pensión mínima inembargable, o pensión mínima intocable, de forma que puedan disponer de su pensión sin limitaciones, hasta por el monto de un salario mínimo, en los mismos términos que se garantiza el salario.

En el marco de los Derechos Humanos y Empresas, la Defensoría emitió una resolución en la que se instó a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y al INFOCOOP promover entre los asociados y cooperativas de ahorro y crédito, la adopción de procesos de debida diligencia, que permitan identificar, prevenir y mitigar el impacto sobre la población adulta mayor, en temas como la atención prioritaria, acceso a la información financiera en lenguaje apropiado a su condición, políticas de acceso al crédito y otros servicios bancarios, información sobre prevención de estafas electrónicas, cero tolerancia al acoso cobratorio, denuncia en caso de detectar abuso financiero en contra de la personas adulta mayor, etc.

En relación con el acceso a seguros, tema ligado al acceso al sistema financiero, la Superintendencia de Seguros (SUGESE) informó que cuenta con normativa interna que le permite garantizar el acceso al mercado de seguros a la Población Adulta Mayor, por lo que insta a presentar cualquier duda ante esa instancia. Además, la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) informó que ha identificado puntos de mejora en temas referentes al reforzamiento de aspectos regulatorios y sancionatorios y prepara este año un proyecto de ley.

La Oficina del Consumidor Financiero (OCF) informó que se encuentra en estudio de la Asamblea Legislativa el proyecto N° 24.136 que tiene como finalidad proteger los derechos e intereses legítimos de los consumidores de productos o servicios financieros. En relación con este proyecto de ley, la Defensoría considera oportuno que la ley aborde un acápite especial de protección a Población Adulta Mayor. Un elemento esencial en el desarrollo del presente tema es la educación, en este sentido la Defensoría participa como observador de la elaboración de la III Guía de Educación Financiera, a cargo del MEIC en el que se instó a la comisión que lo elabora, adoptar medidas que permitan garantizar las necesidades de esta población.  

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Costa Rica debe detener la Pandemia de Violencia que vivimos las mujeres y las niñas

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MANIFIESTO PÚBLICO

Expresamos nuestro más profundo repudio frente a los brutales femicidios que se presentan nuestro país, estos son una manifestación de la misoginia, ejecutados para representar la expresión de lo más crudo del sistema patriarcal: los cuerpos de las mujeres como objeto de apropiación privada y la posibilidad de hacer o des-hacer con ese “objeto” lo que se desee, hasta llegar a quitarles la vida.

La violencia contra las mujeres y las niñas, es una transgresión universal a los derechos humanos, estas expresiones violentas deben ser atendidas como un problema de salud y de seguridad ciudadana, por lo que el trabajo desde el gobierno central debe encaminarse a disminuir la desigualdad, erradicar la difusión de discursos de odio contra las mujeres, la perpetuación de estereotipos y de roles de género discriminatorios, y fundamentalmente a fortalecer todas las competencias que estén a su alcance para detener de una vez por todas el femicidio en Costa Rica.

La violencia sistemática y el ejercicio de poder patriarcal desmesurado se refleja en el contexto de los femicidios que se han registrado en los últimos meses en el país, en los cuales se muestra claramente un deseo expreso de dominio y control.

Por ello, la lucha contra la violencia patriarcal no puede quedarse en el discurso. Se requiere la ejecución de las políticas públicas y presupuestos suficientes para prevenirla, atenderla y sancionarla hasta lograr su definitiva erradicación.

Costa Rica cuenta con una Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades (2017-2032) que contempla apuestas estratégicas que abordan todo el “recorrido de la violencia”, desde su origen, trabajando con la niñez y las personas adolescentes, promoviendo masculinidades para la igualdad y la no violencia, pasando por el abordaje de la violencia simbólica y mediática, la relación entre violencia-pobreza en mujeres jóvenes embarazadas, sus hijas e hijos, reconociendo la violencia sexual como una forma de control de los cuerpos de las mujeres, entendiendo la necesidad de que los sistemas de atención de las mujeres víctimas desarrollen su trabajo cumpliendo con la debida diligencia, y por supuesto, estableciendo como eje central la prevención del femicidio.

Las acciones están planteadas. El Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, así como los Gobiernos Locales, deben priorizar acciones y destinar el presupuesto necesario para llevarlas a cabo. Es urgente que se supervise el cumplimiento de estas acciones por parte de todas las instituciones que integran el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (Ley 8688).

El Poder Ejecutivo debe de articular con los espacios locales y regionales. Por ejemplo, las Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM) son las que tienen el contacto más cercano con las mujeres de la comunidad. Atienden directamente múltiples y diversas formas de violencia contra las mujeres, conocen sus realidades y dificultades para salir de situaciones violentas, de dominio y control. Estas instancias deben de ser fortalecidas, con mayor seguridad jurídica, presupuestaria y técnica. Se requiere urgentemente este apoyo para que coadyuven junto a la responsabilidad que tiene el Estado y los Poderes Públicos, a priorizar la atención de las mujeres víctimas de violencia, así como el desarrollo de procesos de sensibilización y capacitación a las mujeres del Cantón y a orientar los procesos de deconstrucción de masculinidades hegemónicas con los hombres.

Frente a la Pandemia de Violencia que vivimos las Mujeres y las Niñas, hacemos un vehemente llamado en el siguiente sentido:

  1. Exhortamos al Poder Ejecutivo a girar las instrucciones atodas las 22 instituciones del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (Ley 8688), de forma inmediata, de forma tal que, prioricen recursos y acciones concretas con la situación de violencia que están viviendo las niñas y las mujeres en nuestro país.
  2. Exhortamos a la Asamblea Legislativa a que tome acciones en la tramitación e iniciativa de ley que, proporcione más y mejores herramientas para el acceso de la justicia de las mujeres; se proporcionen mayores recursos para fortalecer la prevención, el acceso a la atención de las mujeres y se valoren acciones para acabar con la impunidad. Se concrete vía reforma al Código Municipal, mayor seguridad jurídica para las OFIM y se les asigne recursos suficientes para que promuevan y articulen las acciones en nuestros cantones, a favor de las mujeres y las niñas.
  3. A la cooperación internacional, y particularmente a las instancias de Naciones Unidas presentes en el país, para que se apoye las acciones de las 22 instituciones del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres que deben desarrollarse; así como, apoyar a los gobiernos locales, con el fin de desarrollar proyectos para el abordaje de la violencia contra las mujeres y la prevención de esta.

Amenaza de regresividad de derechos desvela al país

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Defensoría: Situación del país en materia de seguridad, salud, educación y atención de la pobreza es crítica

Costa Rica viene atravesando por circunstancias críticas desde hace varios años, principalmente en materia de seguridad, educación, salud y atención de la pobreza, que genera un riesgo alto para el respeto de los derechos de la población.

Para la Defensoría de los Habitantes, el Estado debe prestar no solo atención al estado de esta situación sino también fortalecer las acciones tendientes a luchar contra manifestaciones de violencia en distintos espacios de la vida cotidiana de las personas, y atender con prontitud, toda acción que procure discriminación y con ello, inequidad, desigualdad y la falta de igualdad de oportunidades.

La pobreza -medida por el método de ingresos, el método multidimensional o ambos métodos- afecta a más del 30% de la población costarricense, la cual también se ve agravadas, de una u otra forma, con recortes en la inversión social.

La seguridad ciudadana y la convivencia pacífica ha desmejorado desde el año 2015 y se originan cambios constantes en los lineamientos estratégicos de la institucionalidad que atiende el sector. En el año 2023, se registraron 907 homicidios (la mayor cantidad en la historia del país). Al 21 de marzo de 2024 se registran 200 homicidios. Mientras tanto el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hace llamados urgentes al país, y de manera constante, por un fortalecimiento de su presupuesto.

A ello se suma que los flujos migratorios mixtos han sobrepasado las capacidades de la institucionalidad pública costarricense. Más de 400.000 personas cruzaron Costa Rica proveniente de otros países con crisis humanitarias sobrevenidas por complejas dinámicas socioeconómicas y políticas.

En materia de Educación, el panorama expuesto por el Estado de la Educación 2021 y 2023 es urgente de atender en campos como la calidad, el financiamiento, infraestructura, brecha digital, competencias lectoras de las y los estudiantes; el liderazgo pedagógico, ampliación de la cobertura del bilingüismo y el fortalecimiento de la educación técnica, entre muchos otros aspectos.

Las vulneraciones al derecho a la salud debido a las listas y tiempos de espera para procedimientos y exámenes médicos, los rezagos en infraestructura hospitalaria y del primer nivel de atención, así como el faltante de especialistas, entre otras situaciones. A ello se suma las diversas crisis de acceso al agua potable para consumo humano en diversas regiones del país, tanto en la Gran Área Metropolitana como en el resto del país.

“Costa Rica debe dar el paso en la mejora de la calidad en la prestación de los servicios públicos a través del fortalecimiento de la institucionalidad en las comunidades, la participación activa de la sociedad civil organizada y la disponibilidad de recursos dirigidos a la inversión social”, dijo esta mañana la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Ana Teresa León: “A nadie le importa la niñez de Costa Rica”

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“Nuestro país enfrenta una realidad preocupante que demanda la atención inmediata de toda la sociedad. Los problemas que afectan a la niñez y a la juventud se agravan día a día, reflejando un deterioro social que no puede ser ignorado. La inversión social disminuye, la violencia aumenta y la desigualdad se profundiza, manifestando un panorama alarmante que requiere acción urgente”. La advertencia la hizo Ana Teresa León, académica jubilada de la UNA, durante el foro Exclusión social de niñas, niños y jóvenes, violencia e inseguridad en Costa Rica, que se desarrolló el pasado 19 de marzo en el auditorio Clodomiro Picado Twight.

En los últimos tiempos, agregó la experta, se ha hecho evidente la existencia de una serie de exclusiones que han impactado de manera directa a la población infantil y adolescente en Costa Rica. En su criterio, lo más preocupante es que cada uno de estos factores contribuye a disminuir las capacidades tanto de individuos como de comunidades enteras para alcanzar su pleno potencial. La falta de acceso a la educación, la limitada atención a la salud materno-infantil y la escasez de recursos destinados a programas de desarrollo integral, son solo algunas de las áreas que requieren una atención urgente.

Para León, lo más grave es que la niñez de nuestro país es ignorada por muchos, lo cual constituye hay una violación de derechos por parte del Estado costarricense. “Cuando se dice no pueden ir al a la escuela porque no se les dan las becas, ¿qué estamos haciendo? estamos reduciendo ese potencial que tiene la persona; en realidad es una violación de derechos en todo el sentido de la palabra. Si el estado no ayuda—y es su responsabilidad—está violando los derechos, en este caso, de las personas menores de edad”

Otro aspecto crítico sobre el que León considera que se demanda atención inmediata es el estado de la red de cuido, la cual ha sufrido un estancamiento en su expansión y calidad, pese a ser una inversión crucial en la primera infancia, en el desarrollo humano.

De igual forma, indicó que se requiere una acción decidida sobre la falta de atención y prevención de situaciones de negligencia, maltrato o abuso, pues estas experiencias traumáticas no solo afectan el bienestar emocional y físico de los niños y adolescentes, sino que también tienen consecuencias a largo plazo, cuando ocasiona desórdenes mentales, problemas de salud, desventajas económicas y una disminución de oportunidades en la vida adulta.

León manifestó que en Costa Rica no se invierte en la educación familiar. “Esto le consta a los que hacen esfuerzos a nivel de las ONGs y de grupos, pero el estado por sí mismo no asume esa responsabilidad y ¿quién educa a las familias?, nadie en realidad. Es una responsabilidad en teoría del Patronato Nacional de la Infancia en sus fines, pero la rebaja del presupuesto del Patronato también afecta a ese servicio”.

Laura Fernández, directora del área de niñez, adolescencia y juventud de la Defensoría de los Habitantes, confirmó esta situación con datos muy concluyentes: el 38% de los menores de edad viven en condiciones de pobreza, con un 13.5% en pobreza extrema. Estas estadísticas se elevan en áreas periféricas, fronterizas y costeras, lo que también evidencia la urgencia de abordar la situación.

Además, hay una reducción preocupante en el presupuesto destinado a la educación, dado que se ha reducido a un mínimo histórico del 5.2% del Producto Interno Bruto (PIB). Este recorte presupuestario ha impactado gravemente programas esenciales como Avancemos, que afecta a 113,000 personas desde diciembre del año pasado.

Por otro lado, la inseguridad y la violencia continúan cobrando un alto precio en las comunidades y en la población infantil. El año 2023 marcó un récord con 907 homicidios, que refleja la falta de oportunidades que empujan a las personas menores de edad hacia la delincuencia y el peligro. Las cifras de femicidios y suicidios, especialmente entre jóvenes de 15 a 19 años, son igualmente alarmantes, lo que también evidencia una profunda crisis social que exige una acción urgente y coordinada, concluyó Fernández.

Paniamor, por medio de su director ejecutivo, Óscar Valdez, destacó la importancia de un enfoque de vulnerabilidad, protección y riesgo, y llamó a la acción desde la política social para crear oportunidades y romper con la exclusión. La participación ciudadana y un enfoque en la equidad y la justicia son fundamentales para una política social efectiva, dijo.

Las voces expertas coincidieron en que es hora de replantear nuestras prioridades como sociedad y que la inversión en la infancia y adolescencia afianza el futuro de nuestro país, por lo que exigieron acciones concretas y efectivas para garantizar un entorno seguro y lleno de oportunidades para cada niño y niña en Costa Rica.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Costa Rica: Un Tren Descarrilado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Hasta los aciagos años de 1980 el país avanzó, más bien que mal, desde una reforma de corte socialista en los años de 1940, con protagonismo del movimiento campesino-obrero que una década anterior (huelga de trabajadores bananeros de 1934) contribuyó a impugnar el régimen oligárquico de economía de enclave, hasta consolidar una institucionalidad social modernizante de inspiración social demócrata y socialcristiana.

El descarrilamiento que se produjo con la instauración de los Programas de Ajuste Estructural de corte neoliberal, en la década de 1980, ha sido de consecuencias desastrosas, comparable con la “tragedia del Virilla” en 1926 que cobró 385 víctimas y 150 heridos. Por más que se quiera vender la idea de que tales programas eran una necesidad, lo cierto es que fueron el inicio del desmantelamiento del Estado Social de Derecho, el rumbo que nos venía conduciendo a mejores puertos, al punto de convertirnos en el país latinoamericano que punteaba en desarrollo humano.

Hoy estamos punteando también, pero en desigualdad y violencia. Ocupamos los vergonzantes primeros lugares en la región y también entre los diez más desiguales y violentos del mundo. Frente a esta realidad, por una parte, se profundiza el derrotero privatizador más que diezmando el financiamiento a la institucionalidad social (Caja del Seguro Social, educación pública, programas de asistencia social), propiciando la importación de arroz con lo que se favorece a países extranjeros (Brasil, Uruguay y Estados Unidos, principales proveedores) y a los pocos importadores, mientras se produce la quiebra de nuestros productores. Asimismo, para no impulsar una verdadera reforma tributaria que ponga a pagar a los ricos del país, se festina la venta del Banco de Costa Rica: un paliativo más, propio de la vieja estrategia de “patear la bola” que tanto se critica. Por otra parte, se negocian una serie de leyes, más bien de carácter represivo y no preventivo, y se anuncia la creación de más cárceles como la fórmula mágica para contener el avance de la violencia organizada y delincuencial.

No se quiere entender que la mejor política de seguridad para el país es una buena política económica y social, que propicie el empleo digno, el salario justo, la educación de calidad y accesible, la salud preventiva, es decir, una canasta básica y nutritiva al alcance de todos y diagnósticos tempranos de enfermedades crónicas, servicio de transporte público de calidad y ciudades amigables.

De no avanzar hacia un estilo de desarrollo postneoliberal, dando un nuevo impulso al Estado Social de Derecho, el tren seguirá descarrilado y cobrando cada vez más víctimas. El viraje tiene que ser lo antes posible, y solo una coalición de fuerzas sociales y políticas imbuidas de una decidida y valiente voluntad patriótica puede hacerlo.

El derrotero de la denominada “dictadura en democracia” que se inauguró torciendo brazos para impulsar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Costa Rica-República Dominicana, se ha venido profundizando en los dos últimos gobiernos, pero ya hace aguas. El discurso populista y mesiánico de perfil religioso resulta cada vez más vacío, se diluye en un marasmo de falsas promesas que vienen siendo repulsadas por una ciudadanía desencantada.

Las personalidades fuertes por las que apostaba buena parte de la ciudadanía han defraudado. Vendieron una imagen de fortaleza para enderezar la barca y enrumbar al país hacia la decencia en el manejo de la cosa pública y hacia la justicia social, pero una vez en el poder pactaron con los poderosos y abandonaron las banderas de la justicia para el bienestar y la paz social. El tren continuó descarrilado.

Hoy se abre una ventana de oportunidades con el diálogo social emprendido por la academia y la clase trabajadora del país. Este es un país donde ha prevalecido la inteligencia y la cultura sobre el poder y la fuerza. Cuando en el mundo hay una avanzada de regímenes de fuerza que conducen a la guerra por mezquinos intereses económicos y geopolíticos, legitimando el genocidio, se hace necesario levantar las banderas de la inteligencia y la cultura, para construir sociedades que apuesten por la paz y a vida. ¿Por qué no Costa Rica?

UCR, Voz experta: La mirada impávida ante la violencia y la desigualdad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

M. Sc. Wendy Jiménez Asenjo, Socióloga, investigadora en el Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP) de la UCR.

Por la M. Sc. Wendy Jiménez Asenjo

«La visión casuística apunta a favorecer acciones dirigidas al castigo, eximiendo de responsabilidad al contexto excluyente que las desencadenó, lo que fácilmente nos lleva a ‘bukelizar’ la dignidad humana y a desconocer por completo las condiciones estructurales que acompañan la desigualdad social».

Tiroteos, pandillas, venta de drogas al menudeo, violencia escolar e intrafamiliar, feminicidios, crímenes de odio, genocidios, ecocidios; todo parece un recuento de daños interminable, un listado que de tanto ser nombrado adquiere vida propia, se naturaliza y es parte del paisaje cotidiano, desdibujando los hilos que lamentablemente los entrelazan y, tal vez lo más grave, nos anestesian ante el dolor de lo humano, de lo vivo, de lo injusto.

Esto provoca una reflexión con características energúmenas, sin ningún cariz de lecturas complacientes, pues urge llamar a lo humano que todavía habita en nosotros y que solo podrá salir con un grito de rabia por las guerras geoestratégicas donde las nudas vidas que mencionaba Agamben (2005) son solo parte de un gran juego de ajedrez, dejando a su paso grandes silencios y vacíos en aquello que un día llamamos conciencia social y lucha política. Cómo hacer esa reminiscencia de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que podríamos llegar a ser si no despertamos pronto de esta inermidad.

En días recientes un grupo de madres, abuelas y maestras de la escuela del Cairo de Siquirres protegieron contra las balas al estudiantado, dejando al descubierto un país teñido de grandes desigualdades que hacen de los barrios lugares despojados de humanidad, de vidas no lloradas, donde las balas son sonidos de ambiente que vuelan entre la desolación de un Estado social al que estamos dejando desprovisto de propósito, casi sin rostro.

La acción valiente de esas mujeres recuerda la frase de Rosa Luxemburgo: “No debemos olvidar, empero, que no se hace la historia sin grandeza de espíritu, sin una elevada moral, sin gestos nobles” (De Pablo, 2019, p. 87).

Oportunidades educativas: el debate urgente sobre la exclusión

La exclusión escolar es un riesgo que implica dejar a las generaciones jóvenes fuera de las aulas, sin la posibilidad de desarrollar las competencias y habilidades para su futura inserción en las esferas productivas por lo que engrosarán en el corto y mediano plazo los datos de desempleo, pobreza extrema y marginación, lo que traerá consigo la consecuente pauperización de sus condiciones de vida, lo que dibuja un escenario poco alentador para el desarrollo democrático y equitativo del país al ensanchar la brecha social (Jiménez Asenjo y Chavarría Arias, 2022, CONARE y PEN, 2023).

La situación es tan urgente de atender que incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte que en Costa Rica: “Al finalizar la educación básica, los estudiantes de familias pobres se desempeñan dos años por debajo de sus pares de hogares más ricos y pocos harán la transición a la educación universitaria o a un buen trabajo” (OCDE, 2017, p. 10).

Esta relación entre pobreza y bajo nivel educativo se evidencia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2023) al señalar que el 71,1 % (151.000) de los hogares pobres tiene un bajo desarrollo del capital humano, el 22,1% no ha obtenido el bachillerato, el 7,4% tiene rezago educativo, el 6% no asiste a la educación formal y aproximadamente 2.000.000 de personas no culminaron sus estudios de secundaria.

Esos números reflejan el desgaste de un tejido social que hasta hace poco hablaba de deserción escolar y, en consecuencia, ponía en el sujeto toda la responsabilidad de su educación; ello justificó la falta de estrategias sostenidas dirigidas a combatir un fenómeno multicausal como es la exclusión educativa (Jiménez Asenjo y Gaete Astica, 2013).

Aunado a lo anterior, las perspectivas analíticas que privilegian al sujeto como individuo, en cuanto que se hace magnánima su individualidad y el supuesto ejercicio volitivo de su toma de decisiones, conducirá a plantear las preguntas equivocadas para responder al fenómeno alta complejidad como la violencia, pues la visión casuística apunta a favorecer acciones dirigidas al castigo, eximiendo de responsabilidad al contexto excluyente que las desencadenó, lo que fácilmente nos lleva a “bukelizar” la dignidad humana y a desconocer por completo las condiciones estructurales que acompañan la desigualdad social.

La respuesta estatal: una oda al cortoplacismo

El benemérito Manuel Mora Valverde señalaba la necesidad de “unirnos alrededor de un programa realista y audaz (…) para defender y fortalecer todo lo que es noble y todo lo que tiene vitalidad, y para reconstruir nuestra Patria sobre bases nuevas de justicia, democracia y dignidad” (Mora Valverde, 2013, p. 485).

Años después estas palabras cobran relevancia, pues nos encontramos en una encrucijada que es reflejo de decisiones que se alejaron de todo compromiso que apuntale a un desarrollo con equidad y este trastoque es producto de cálculos políticos desafortunados en los que se desvanece el rostro de aquellas personas menores de edad a quienes de manera ligera y sin ningún tipo de remordimiento se les vulnera su derecho a la educación pues el recorte presupuestario en educación se realiza pese a que: “más del 40% de las personas estudiantes de 4 a 18 años que asisten a centros públicos se encuentran en situación de pobreza” (CONARE y PEN, 2023, p. 62).

Por lo que estas decisiones economicistas nos llevan a la antesala de más poblaciones vulnerables que padecerán los embates de la criminalidad en sus propias comunidades y, por ende, un desasosiego acompañado de la desesperanza que nubla las trayectorias de vida de quienes solo se topan con puertas cerradas.

Y como se dice popularmente, “la utopía es hacer posible lo que otros han hecho imposible”, por lo que la invitación es a trabajar en la construcción de escuelas en las que crezca la esperanza, se abrace la diversidad, el diálogo intergeneracional sea cotidiano, el currículo respete los conocimientos ancestrales y la infraestructura proteja los sueños de las personas estudiantes y sus familias, promoviendo mediante una educación pública la movilidad social ascendente.

Referencias bibliográficas:

Agamben, G. (2005). Estado de excepción. Adriana Hidalgo Editorial. Consejo Nacional de Rectores [CONARE] & Programa Estado de la Nación [PEN]. (2023). Noveno Estado de la Educación 2023. Autores. https://hdl.handle.net/20.500.12337/8544.

De Pablo, O. (2019). Su hogar es el mundo entero. Escritos y discursos de Rosa Luxemburg y Clara Zetkin sobre La lucha femenina y otras cuestiones sociales. Brigada Cultural. https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/7990/1/su-hogar-es-el-mundo-entero.pdf.

Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC]. (2023). Encuesta nacional de hogares. Autor. https://admin.inec.cr/sites/default/files/2023-10/reenaho2023.pdf.

Jiménez Asenjo, W. y Chavarría Arias, D. (2022). Consecuencias de la pandemia en el cumplimiento de las recomendaciones de la OCDE emitidas en el año 2017 a Primera Infancia, Educación General Básica y Educación Diversificada. Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. https://www.mep.go.cr/sites/default/files/ocde-deie-2022.pdf.

Jiménez Asenjo, W. y Gaete Astica, M. (2013). Estudio de la exclusión educativa y abandono en la enseñanza secundaria en algunas instituciones públicas de Costa Rica. Revista Electrónica EDUCARE, 17(1). https://www.redalyc.org/pdf/1941/194125789007.pdf.

Mora Valverde, M. (2013). Discursos,1934-1979. Manuel Mora V. Imprenta Nacional. Editorial digital. https://www.imprentanacional.go.cr/editorialdigital/libros/literatura%20costarricense/Discursos_1934-1979_edincr.pdf.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2017). Educación en Costa Rica Aspectos Destacados 2017. https://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-content/uploads/2017/08/aspectos-destacados-2017.pdf.

M. Sc. Wendy Jiménez Asenjo

Socióloga, investigadora e integrante de la Red temática sobre violencias, subjetividades y colectivos en contextos de vulnerabilización. Necropolítica y duelos, del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP) de la UCR.

8 de marzo: ¡Tomamos las calles en defensa del aborto legal!

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

¡Contra el gobierno y los grupos antiderechos, contra la violencia machista, la represión y el ajuste neoliberal!

Conmemoramos el origen del 8 de marzo (8M) “Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras”, el cual se remonta al año 1911 para recordar a las obreras fallecidas tras la explotación laboral que llevó a su patrón a asesinarlas. En Costa Rica las luchas por los derechos de las mujeres y otros grupos oprimidos por el patriarcado tienen una larga trayectoria. Actualmente vemos estancamiento en derechos que costaron sangre y sudor de compañeras del pasado, y retrocesos en otros derechos, por lo que este 8 de marzo al igual que cada año el movimiento feminista inunda las calles en contra de la desigualdad, el patriarcado y la violencia, y sostenemos nuestro derecho a la protesta y a la manifestación.

Las mujeres y disidencias sexogenéricas de Costa Rica nos levantamos en contra de las políticas misóginas implementadas desde el gobierno del acosador Rodrigo Chaves, así como desde otros poderes de la República, entre ellos el Judicial, al incumplir con la justicia para las mujeres, víctimas de femicidio y familiares afectades donde las cifras van en aumento. Instamos a la población a consultar los mapeos y cartografías sociales de los femicidios que buscan mantener viva la memoria de quienes nos han sido arrebatades.

Seguimos luchando por aborto legal, seguro y gratuito, por su despenalización y reivindicamos la consigna de educación sexual y salud pública para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

En esta misma lucha, nos pronunciamos en contra de la violencia obstétrica y exigimos calidad de vida para las infancias y adolescencias, así como dignidad menstrual para todas las personas menstruantes y levantamos la lucha por los derechos de las personas seropositivas y contra el tabú que rodea al VIH debido a la discriminación.

Denunciamos la aprobación de recortes y ajustes neoliberales y antipopulares por parte de la Asamblea Legislativa en contra del bienestar de las mujeres, impulsadas y apoyadas desde el oficialismo junto con los demás partidos políticos tradicionales, grupos antiderechos, fundamentalistas religiosos, conservadores y ultraderechistas. A su vez la violencia política fomentada por este gobierno acosando sindicalistas, diputadas, cooperativistas y demás compañeras luchadoras. Es necesaria la aplicación de la Ley “10.235 “Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política” y su reglamento en todas las instancias, así como la aprobación de la reforma a dicha ley con proyecto de Ley 23443 “Ley para Fortalecer los Mecanismos de Protección de los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Política”.

Posicionamos que la crisis del agua en distintos sectores del país muestra cómo se ven afectadas las vidas de las mayorías trabajadoras y populares. Apoyamos de forma solidaria a los Comités de vecinos y vecinas que defienden el derecho humano fundamental al agua potable.

En esta misma línea de políticas nacionales, instamos a las diputaciones a aprobar el proyecto de ley 20.970 “Ley para prohibir todas aquellas «terapias» dirigidas a revertir o modificar con fines de pretendida «curación» la orientación sexual o identidad de género de las personas”, apoyar el proyecto de ley 23.809 “Ley de reconocimiento de identidades trans, no binarias, de género diverso e intersex”. Abordando temáticas relacionadas al cupo laboral, educativo y estudiantil dirigido a personas trans y no binaries.

Rechazamos la provocación del Gobierno sobre su “intención” de desconocer la jurisdicción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; así como los ataques a la institucionalidad. Nos pronunciamos en contra de la reestructuración del INAMU sin plena consulta hacia la sociedad civil, de los nombramientos absurdos en el AyA, contra los recortes en educación y cultura, en vivienda e inversión social, y en salud. Demandamos: ¡que se paguen todas las deudas a la CCSS, incluida la del Gobierno!

En el país, los índices de pobreza y desempleo generan que las responsabilidades familiares recaigan sobre las mujeres, entre ellas se encuentran las adultas mayores asumiendo el cuido y labor doméstica. Rechazamos todo proyecto de ley que implique jornadas de 12 horas diarias, como el proyecto de ley 21.182, “Ley para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras”, ya que implica mayor explotación laboral y la salida de mujeres de la fuerza laboral al no poder asumir las jornadas de trabajo.

Señalamos el reconocimiento de la inclusión del trabajo sexual como categoría ante la C.C.S.S., como un paso en el reconocimiento del derecho a la salud de las mujeres trabajadoras sexuales y demandamos acciones de protección estatal a quienes son víctimas de la trata de personas, explotación y violencia física y sexual.

Destacamos la violencia estructural que sufren las mujeres con discapacidad. Además, de la violencia en contra de las comunidades indígenas por parte de personas usurpadoras de tierras. Exigimos al Estado medidas concretas para combatir el aumento de la deserción escolar en nuestras comunidades, resultado del abandono estatal y la falta de acceso a una educación de calidad y oportunidades laborales. También, que se aborde la situación de las poblaciones afro que se ven obligadas a involucrarse en organizaciones criminales para subsistir. Demandamos el fin de la discriminación racial en todos los ámbitos de la sociedad. Es fundamental que se reconozcan y valoren los aportes de las mujeres afro e indígenas a la sociedad, y que se promueva activamente su participación y liderazgo en todos los niveles.

Además, la lucha de las mujeres es por las que están dentro de una cárcel descontando una condena, las mujeres que acompañan a sus familiares privades de libertad, las que cuidan, y sostienen el tejido social de los barrios y comunidades más estigmatizados del país.

Marchamos porque las hembras no humanas conforman un sector que también es violentado y asesinado diariamente. El objetivo es acabar con el consumo, opresión y cosificación especista y sexista a la que pertenecen los cuerpos disidentes y hembras, logrando la liberación de todas las especies.

Al mismo tiempo, alzamos la voz en contra de la violencia hacia las personas LGBTIQA+, por las mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales, no heterosexuales, asexuales, arrománticas, queer, trans y personas no binaries.

Manifestamos un apoyo a las mujeres centroamericanas que desafían regímenes autoritarios y represivos como los liderados por Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Exigimos la liberación de todas las personas encarceladas por la represión, mientras reconocemos y valoramos la contribución de las mujeres nicaragüenses migrantes a la sociedad costarricense, a pesar de los obstáculos que enfrentan, como el desempleo, la precariedad laboral y el aumento de la xenofobia y el racismo.

Nos posicionamos firmemente en solidaridad internacional con las diversas luchas que enfrentan las mujeres y la diversidad sexual en todo el mundo. Por ello nos solidarizamos con la Marea Verde en Argentina que enfrenta el intento del presidente ultraderechista de Argentina, Javier Milei, de prohibir el aborto legal, una lucha histórica del movimiento feminista. Nos unimos con determinación a la Acción Global Feminista y al paro internacional del 8 de marzo, reconociendo la necesidad de unificar reclamos y denunciar las injusticias que persisten en nuestras sociedades. Condenamos la ocupación y el genocidio perpetrado por Israel en Palestina, que respalda el imperialismo estadounidense y europeo, y rechazamos la complicidad de jefes de Estado como Rodrigo Chaves en estos crímenes de guerra.

Este 8M llamamos a todas las feministas y al movimiento amplio de mujeres en nuestras diversidades y pluralidades, y las personas LGBTIQA+ a marchar unides en defensa del aborto legal y contra todas las formas de opresión.

¡Solamente articulades hacemos frente al gobierno y los grupos antiderechos, machistas y neoliberales!

Imagen ilustrativa.

Ideología de género ¿Qué es eso?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marcia Aguiluz Soto.

Por Marcia Aguiluz Soto[1]

Soy feminista y no sé qué es la “ideología de género”. Tengo 18 años como defensora de los derechos humanos y defensora de los derechos de las mujeres, me ha correspondido representar a víctimas de violencia frente a instancias internacionales, dar conferencias, documentar casos, dar clases, escribir artículos… digamos que algo sé de temas de género, pero reconozco que no sé nada de la “ideología de género”, ninguna de mis maestras nunca me habló al respecto y nunca la he aplicado en mi vida.

En estos días y a propósito de las noticias sobre varios presidentes que se enorgullecen por prohibir esta ideología, me di a la tarea de indagar un poco más sobre el concepto. Lo primero que hice, por supuesto, fue “googlear” y preguntar. Resulta que fue el Papa Benedicto XVI quien primero se refirió a este tema y, desde entonces, grupos religiosos y conversadores han utilizado la frase para estigmatizar el concepto de género e intentar borrarlo.

¿Qué es el género? Marcela Lagarde lo describe como “una construcción simbólica que contiene el conjunto de atributos asignados a las personas a partir del sexo”. Seyla Benhabib explica que “es una categoría relacional que busca explicar una construcción de un tipo de diferencia entre los seres humanos. El género no es un hecho natural sino parte de un proceso histórico y social”.

El género nos permite comprender que las diferencias entre los seres humanos (hombres y mujeres) no están determinadas solo por la biología, sino que han sido construidas y asignadas por las sociedades, de acuerdo con sus culturas y creencias. Así, entre otras cosas, el género nos ayuda a entender por qué se asignan roles diferenciados en la familia a los hombres y a las mujeres, por qué los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres son distintos de aquellos que sufren los hombres, por qué los trabajos de cuidados no están bien remunerados, por qué a las mujeres se nos exige ciertos estándares de belleza y no a los hombres, por qué a los hombres se les cuestiona si son sensibles.

Gracias a este concepto y a la aplicación de la perspectiva de género en políticas públicas, así como en espacios públicos y privados, se han cuestionado los roles, y los estereotipos que históricamente se han asignado a los hombres y a las mujeres, y que han afectado profundamente a ambos, aunque la peor parte la han llevado estas últimas.

Aunque el camino es largo y los obstáculos siguen siendo importantes, hoy tenemos algunos avances que buscan equilibrar la balanza de la desigualdad y saldar algunas deudas históricas, por ejemplo: se reconoce que las mujeres podemos votar y acceder a cargos públicos, que podemos trabajar fuera de casa o decidir no hacerlo, que tenemos derecho a devengar salarios iguales a los de colegas hombres, que las tareas domésticas no son solo un asunto de mujeres, que los hombres pueden demostrar sus emociones, que los hombres pueden elegir asumir las tareas de cuidado, que las mujeres no debemos ser objeto de ningún tipo de violencia, entre otras. Claro está, estos avances no se expresan igual en muchas de nuestras sociedades, y las mujeres siguen siendo juzgadas y violentadas por transgredir el rol que históricamente se las ha asignado.

Entonces, me resulta insólito y lamentable que autoridades, e incluso personas ciudadanas, celebren la prohibición de la denominada “ideología de género”, o crean que no es relevante. Esta decisión, además de que estigmatiza el concepto de género como algo “negativo”, podría implicar una revisión de las políticas públicas que se han creado para avanzar en la igualdad. Es evidente que los políticos usan estas discusiones para distraer, polarizar y entretener a sus seguidores, mientras las diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres persisten y no se pueden ocultar.

Las Naciones Unidas han señalado que nos tomará 286 años avanzar plenamente hacia la igualdad; ahora bien, si estos u otros gobernantes insisten en eliminar el género, lo único que estarán consiguiendo es que este plazo se duplique y que a las presentes y futuras generaciones se les niegue la oportunidad de crecer en sociedades más igualitarias y diversas. Aprovechemos este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para celebrar los avances, y recordar que los desafíos todavía son muchos como para dar marcha atrás.

[1] Abogada, experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Jaguar y tigre

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Valverde Morales.

José Luis Valverde Morales

Bank of America cataloga la economía de Costa Rica como un “jaguar” gracias a zonas francas y modelo exportador.

En tanto el tigre ronda a los pobres, excluidos, marginados, las becas a estudiantes de escasos recursos, viudas, huérfanos, pensiones no contributivas, usuarios del Seguro Social.

Nogui, guanacasteco con raíces de maíz, bizcocho, tanelas; el Hijo del chofer de don Pepe, profeta en otras tierras, olvidaron sus raíces.

Los asistentes al circo son alentados a mirar atrás, aplauden, caminan al despeñadero de la incubadora de violencia e injusticias.