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Etiqueta: desmantelamiento institucional

Rodrigo Chaves no es la causa, sino el síntoma

Escrito en . Publicado en Análisis.

Pedro Alberto Soto Sánchez

Rodrigo Chaves no es la causa, sino el síntoma de un mal profundo: un sector del país que confunde el matonismo con valentía y la franqueza con el insulto y la descalificación. Su discurso se nutre de antivalores arraigados en nuestra cultura: la desconfianza hacia el otro, el choteo y la burla como mecanismos de deslegitimación, las medias verdades, las mentiras completas, la envidia y la sospecha permanente.

Sobre esa base, el presidente construye una narrativa tan simplista como peligrosa: que un grupo corrupto, encabezado por el PLN, engañó y estafó a los costarricenses durante más de siete décadas.

Según ese relato, el pueblo costarricense habría sido básico, ingenuo y manipulable hasta que él, el tecnócrata del Banco Mundial —con un historial de acoso—, llegó para revelar la “verdad oculta” y redimir a la nación.

Esa caricatura histórica no se sostiene. Sí, la corrupción ha estado presente en la administración pública, como en cualquier sistema político, pero la historia de Costa Rica es mucho más compleja. Gracias a la contribución de socialdemócratas, socialcristianos, la Iglesia católica, la izquierda y los movimientos sociales progresistas el país edificó un sistema institucional sólido que, durante décadas, fue referente en América Latina.

Cierto es que el modelo tuvo defectos y un “pecado original”: anuló la participación crítica de amplios sectores sociales, consolidó el clientelismo y persiguió —primero con cárcel, muerte, exilio e ilegalización, y luego con la deslegitimación ideológica y cultural— a la izquierda y a los movimientos progresistas. Pero reducir toda esa historia a un largo engaño es una estrategia perversa: permite deslegitimar los avances alcanzados para justificar su desmantelamiento.

El presidente del “cambio” no vino a rescatar al país; vino a continuar la tarea que iniciaron los herederos de los reformadores sociales del siglo XX, quienes durante sus gobiernos (Figueres Olsen y Calderón Fournier) debilitaron los pilares del Estado social y promovieron privatizaciones que beneficiaron a intereses particulares sobre el bien común. Oscar Arias también prefirió la ruta de favorecer intereses de los grupos privilegiados.

La política debería ser el arte de construir consensos y alianzas para mejorar la vida de las personas, en especial de quienes más lo necesitan. Chaves, en cambio, la ha convertido en un espectáculo diario, un escenario para sembrar prejuicios, propagar rumores y alimentar la confrontación.

Costa Rica se sigue gobernando para quienes no dependen del Estado porque ya controlan el sistema financiero, reciben atención preferencial de las instituciones, tienen seguros privados, universidades propias y monopolios de importación. Son los mismos sectores que antes financiaban a los partidos tradicionales y que ahora se cobijan bajo la bandera del supuesto “pueblo soberano”.

El pueblo costarricense merece más. Trabajadores y empresarios merecen más: justicia, inclusión, educación, salud, seguridad, respeto y bienestar. La política no debe ser una guerra, sino un acuerdo social: un nuevo pacto de concordia que permita ampliar derechos y generar mayores oportunidades para la mayoría.

Crónica de un cierre anunciado: el caso del ERP SAP

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Por Alan Calderón Castro
Colaborador del Movimiento Asambleas Populares

La CCSS atraviesa por la peor crisis desde su creación. Por décadas la institución, piedra angular de nuestro estado social, ha sido sometida a un desmantelamiento solapado. La institución insigne de nuestro estado benefactor evidentemente es absolutamente incompatible con el Consenso de Washington, implementado durante décadas mediante políticas neoliberales por parte de la gran mayoría de los gobiernos de turno. Esto ha significado una erosión continua de la autonomía de La Caja, incremento continuo de la deuda estatal, desvío de fondos a usos prohibidos en La Constitución, asignación de nuevas funciones sin el financiamiento requerido, corruptelas por la intromisión de intereses privados (desde el caso Caja-Fischel, hasta el caso Barrenador) y un largo etcétera imposible de detallar en este breve artículo. Nuestras élites político-económicas, serviles a los intereses del capitalismo financiero internacional han visto una gran oportunidad de negocio con la privatización de los servicios de salud públicos, aun cuando esto sacrifique el bienestar de amplios sectores populares, poniendo en peligro nuestra estabilidad y paz social. A pesar de este proceso de larga data, sin embargo, argumentaremos aquí que la administración del presidente Chaves ha logrado articular un sabotaje salvaje contra La Caja que pretende ser terminal. Y ante este intento de doblegar a nuestra Caja, creemos ineludible y urgente llamar a la unidad activa de las organizaciones sociales en su defensa, así como al posicionamiento claro de los partidos políticos ante el sabotaje a La Caja, en la antesala de las elecciones generales 2026.

A continuación, la crónica de un cierre anunciado.

Apenas 4 meses y medio después de asumir la presidencia, el 18 de setiembre de 2022, Cháves afirma públicamente que La Caja está quebrada (ver aquí) para argumentar que era inadmisible la aprobación de un aumento salarial exiguo para todos los funcionarios de la institución, un aumento decidido por la Junta Directiva después de varios semestres de congelamiento de los salarios en el sector público. Paradójicamente Chaves se niega a transferir los fondos presupuestados por la anterior legislatura para abonar a la deuda estatal (ver aquí). Poco después, desde de diferentes instancias se demostró que eran falsas las declaraciones de Chaves en relación con la bancarrota de La Caja. La discusión sobre el tema continua por meses y el 7 de enero de 2024 en su comparecencia ante la Asamblea Legislativa, la Contralora General Marta Acosta afirma categóricamente que es falso que La Caja esté quebrada (ver aquí).

Siete de noviembre de 2023, la administración Chaves anuncia la Ruta de la Salud para disminuir las listas de espera en colaboración con empresas privadas del sector salud (ver aquí). Se propone la figura del copago según la cual los asegurados asumirían un porcentaje del costo por los servicios de salud requeridos, mientras La Caja pagaría el resto. De esta forma se pretendía privatizar parcialmente los servicios de salud, se hubiera socavado el derecho constitucional a la salud y el modelo solidario al depender el acceso a los servicios de salud de cierta capacidad individual de pago. Poco después de haberlo posicionado en medios como un mega proyecto, la Ruta de la Salud resultaría ser un mega fracaso aun cuando se trasladaron cuantiosos fondos públicos a empresas privadas del sector salud para intentar resolver el problema de las listas de espera (ver aquí).

Octubre de 2024, con la suspensión de su cargo a Marta Esquivel por orden de un juez Penal de Hacienda y Función Pública, atestiguamos el “destape” del caso Barrenador, una de las más vergonzosas corruptelas que ha involucrado a cooperativas del sector salud en contubernio con la presidente de la Junta Directiva de la CCSS Marta Esquivel (ver aquí). Cualquier dejavu con el famoso caso Caja-Fischel, aseguramos que NO es mera coincidencia. Este escándalo se venía cocinando desde meses atrás y aporta otra evidencia del sabotaje financiero contra La Caja perpetrado por la administración Chaves para darle fatal cumplimiento a su profecía sobre la bancarrota de La Caja.

Dos de junio de 2025, a pesar de varios pronunciamientos oficiales de instancias técnicas internas de la CCSS, y aún de la recomendación explícita de la empresa consultora contratada por la institución para darle seguimiento a este complejo proyecto, contra todas esas advertencias que recomendaban posponer hasta cumplir todos los requisitos técnicos, se pone en funcionamiento el nuevo sistema ERP SAP que viniera desarrollándose por años y que ha significado una cuantiosa inversión de fondos públicos. El resultado inmediato ha sido un descalabro de funciones operativas críticas de la institución, pago de facturas, control de inventarios, pago de incapacidades entre otras, que mantiene a hospitales y clínicas sin todos los insumos y equipamiento necesarios para cumplir a cabalidad con todos los servicios (ver aquí). Se han debido postergar decenas de cirugías y procedimientos por la falta de equipo o insumos, hay preocupación expresada públicamente por diferentes autoridades hospitalarias por la vida de personas hospitalizadas ante la crisis de desabastecimiento de insumos críticos (ver aquí y aquí). Visto en retrospectiva ¿acaso no cabe cuestionarse seriamente si en verdad ha sido falta de competencia técnica la causa fundamental para poner en operación un sistema informático que evidentemente no estaba listo? ¿No resultara acaso muy cómodo presentar el colapso probable de algunos servicios como consecuencia de involuntarios problemas técnicos? Nos parece entonces irrefutable: el lanzamiento adelantado del ERP SAP es parte del sabotaje.

Si bien hay otros indicios claros del sabotaje contra La Caja perpetrado por la administración Chaves en un intento por culminar décadas de desmantelamiento relativamente solapado, como han sido las reiteradas acciones de autoridades institucionales nombradas por el gobierno para la obstaculizar la construcción del Hospital de Cartago, ante las cuales la concreción final del proyecto demuestra la fuerza de la organización de las personas aseguradas cuando se unen y persisten en la defensa de su derecho a la salud, basta la crónica reseñada para concluir contundentemente que un objetivo de la agenda oculta de la administración Chaves ha sido finiquitar el cierre de La Caja, para satisfacción de intereses empresariales locales que ven ahí una enorme oportunidad de negocio con la salud del pueblo costarricense, y para honrar en última instancia los mandatos del capitalismo financiero internacional en su continua búsqueda de zonas de extracción donde colocar sus excedentes acumulados.

Ante este panorama, hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, a las Juntas de Salud, y a la ciudadanía en general, para construir una estrategia efectiva que evite el cierre anunciado de nuestra Caja. En la antesala de la campaña electoral que culmina en el primer semestre de 2026, es imperioso posicionar el tema del sabotaje contra nuestra Caja. Si hemos de sostener nuestra relativamente disfuncional democracia representativa, los partidos políticos no deberían poder evadir la exigencia que hagamos de medidas concretas para frenar el sabotaje y detener el desmantelamiento de la CCSS, porque en una auténtica democracia deben prevalecer los intereses de nacionales y los de los sectores populares que representamos la amplia mayoría de los costarricenses. Instamos a toda la ciudadanía a participar en las elecciones del 3 de setiembre de Juntas de Salud para escoger a aquellas personas comprometidas con la defensa de La Caja y dispuestas a involucrar a las comunidades en esta lucha.

¿Somos ya un Narco Estado? La administración Chaves-Robles en la mira

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por JoseSo
José Solano-Saborío
Analista Político

Por décadas hemos sido testigos de casos de personajes políticos, judiciales y empresariales ligados al narcotráfico internacional y local. Pero nunca habíamos llegado a la dimensión de la actual crisis, pues durante los últimos tres años, en la administración Chaves Robles, se ha asistido a un curioso desmantelamiento de las capacidades de control marítimo y fronterizo en Costa Rica que ha dejado en evidencia una peligrosa desconexión entre las promesas de protección y la realidad de los hechos. A mediados de 2023, el viceministro Manuel Jiménez Steller, quien se especula tiene relación cercana con el extraditable Celso Gamboa, ordenó cerrar de manera verbal las estaciones de Guardacostas en Sixaola y Bahía Drake, contra el criterio de sus propios mandos y sin respaldo escrito, despojando a esas puertas de ingreso de la droga de la presencia de la policía marítima más especializada del país.

Simultáneamente, se emprendió el traslado de la Academia Nacional de Guardacostas de su sede histórica junto al mar en Quepos a las instalaciones de Pococí, a casi 300 kilómetros de la costa, obligando a instructores y cadetes a recorrer más de cinco horas de carretera para capacitarse en ejercicios básicos de navegación y rescate acuático que deberían impartirse al nivel de la brisa marina, no en piscinas lejanas del agua salada.

En paralelo a estas decisiones, durante 2023 y 2024 se instalaron escáneres en la Terminal de Contenedores de Moín como parte de la llamada Operación Soberanía, sin embargo, los decomisos de cocaína siguen en caída libre: en sólo tres años las incautaciones pasaron de 47 a 21 toneladas, una disminución del 55 % que demuestra que la tecnología por sí sola no basta cuando las estructuras policiales se debilitan o se desplazan de los puntos críticos de fiscalización. Quizá por eso, mientras las autoridades locales confirman esa severa contracción, las agencias europeas reportan cifras récord de cocaína originaria de Costa Rica. Sólo en los últimos ocho años, contenedores de fruta llegaron al Viejo Continente con casi 15 toneladas de droga oculta, una señal inequívoca de que las rutas de narcotráfico no han hecho más que multiplicarse y diversificarse pese a las promesas de mayor vigilancia portuaria.

Estos recortes operativos no nacen en el vacío presupuestario. Varios diputados han advertido de una rebaja en el financiamiento de la policía y del Organismo de Investigación Judicial y proponen fórmulas de financiamiento sostenible, como el proyecto de ley que crearía un fideicomiso alimentado con el 2 % de las primas de seguros, para dotar de recursos estables al OIJ y al Ministerio Público ante la evidente insuficiencia de partidas en rubros esenciales para la lucha contra la criminalidad organizada.

En la misma línea de desarme estratégico, la Policía de Control de Drogas —la unidad especializada en la investigación de red de narcotráfico—fue retirada de aeropuertos y fronteras internacionales, cediendo esas misiones a otros cuerpos sin la misma experiencia ni adiestramiento, lo que ha motivado un recurso de hábeas corpus ante la Sala Constitucional, por entenderse que se compromete la seguridad ciudadana en zonas críticas de tránsito de estupefacientes.

Mientras tanto, en el remoto Refugio Gandoca-Manzanillo —punto de encuentro entre la selva y el mar Caribe— la Fiscalía Ambiental investiga la aparición de una presunta pista clandestina de aterrizaje que habría sido construida en los últimos dos años para facilitar el envío de cargamentos de droga, un esquema que, de confirmarse, demostraría cuán lejos llegan los tentáculos del narcotráfico frente a una desprotección efectiva de los ecosistemas y la soberanía nacional.

Frente a todo ello, ni la instalación de “gadgets” de alta tecnología ni algunos incrementos puntuales en plazas policiales parecen haber servido para contener el récord de asesinatos por sicariato que ya supera los 2 600 en tres años y sigue creciendo: Costa Rica cerró 2023 con 907 homicidios y 2024 con 880, y lleva más de 260 asesinatos por encargo en lo que va de 2025, un volumen de violencia sin precedentes en nuestra historia moderna que amenaza la paz que tanto hemos valorado como nación.

Todo indica que los vacíos de poder y de presencia estatal en los puertos, aeropuertos y costas no han hecho más que alentar al crimen organizado. La falta de un mando coherente, el debilitamiento de las unidades especializadas y la aparente desconexión entre presupuesto y necesidades operativas han creado la tormenta perfecta para que el narcotráfico encuentre un patio de recreo en territorios que deberían ser custodios de nuestro bienestar.

Camina como Pato, tiene alas de pato, hace cuack…… ¿Será un pato?