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Etiqueta: destitución

Sorpresiva destitución

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Tiene Costa Rica una estupenda Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por un virtuoso maestro, de gran prestigio internacional.

Carl Saint Clair ha dirigido orquestas en Israel, Japón, Australia, Sur América, así como las sinfónicas de Boston, de San Francisco, de Detroit, de Houston, de Montreal, de Toronto, y la Filarmónica de Nueva York, la de Los Ángeles, la de Filadelfia, entre otras muy prestigiosas.

Gracias a ese bagaje de experiencia, ha logrado que nuestra orquesta haya logrado alcanzar en una década, un nivel tan formidable, que nos permite a los costarricenses disfrutar plenamente, de sus conciertos por todo el país y en el majestuoso Teatro Nacional.

La sorpresiva destitución del maestro Saint Clair, es una acción incomprensible del Ministerio de Cultura, que no se justifica, causa zozobra y esperamos se revierta.

Más de mil personas piden destitución de Heiner Méndez

Escrito el . Publicado en Derechos.

Comunicado enviado por Bloque Verde

  • El Centro Comunitario de Embajadores, Bloque Verde, Embajadoras del Mar y más de 1.000 (mil) personas creemos que Heiner Méndez no tiene la capacidad, ni la autoridad moral de sanear y fortalecer al INCOPESCA como institución técnica y científica, por lo que pedimos que en el cargo de presidente ejecutivo sea nombrada otra persona con mejor idoneidad.

Circuló este el fin de semana un video que muestra miles de peces muertos, cerca de la desembocadura del río Tárcoles, producto de las redes de los barcos de pesca de arrastre que el gobierno de Rodrigo Chaves autorizó para realizar una supuesta investigación con el fin de reactivar esta destructiva industria.

El vecino de la zona que grabó las imágenes afirma: “Es lamentable… la pesca de arrastre; la maldita pesca de arrastre (…) ¿Qué podemos decir? Es una imagen la verdad muy triste. El montón de peces muertos: congrios, pequeños, pochotes, margaritos, pargo rey, cabritas… por todos lados”.

Según el abogado ambientalista Álvaro Sagot la razón de ser de esa ampliación de especies de la famosa lista de explotación comercial “lo fue para que se pudiera aprobar la pesca de arrastre del camarón, dado que muchísimos de esas especies resultan que son los que normalmente caen como “pesca incidental y permitida”. Es decir: desde INCOPESCA estaban tratando de manipular la “investigación” para que sea como sea, se apruebe de nuevo el nefasto biocida arte de pesca, ¡pues ello es una promesa de campaña del presidente Chaves a los empresarios industriales del camarón!

Hoy algunas de estas especies que se ven en el video podrían ser parte de esta lista y serían sin duda bajo esa lógica las famosas «croquetas de pescado» que haría «sostenible» la pesca de arrastre.

Debido a que Heiner Méndez es responsable de esta funesta lista de explotación comercial de especies marinas y además de la muerte de los miles de peces en la boca del Tárcoles este fin de semana reiteramos nuestra solicitud con más de 1000 firmas de apoyo para que el Consejo de Gobierno revoque su nombramiento.

Solicitamos de forma respetuosa a los diputados y las diputadas de la Asamblea Legislativa llamar a Heiner Méndez a una sección a comparecer en una sesión de Control Político para que dé explicaciones tanto de la funesta lista más de 200 especies de explotación comercial, como de la muerte de estas miles de especies en Tárcoles.

Razones-para-despedir-a-Heiner-Mendez-del-INCOPESCA1-combinadoDescarga

 

Imagen ilustrativa.

Directiva destituida de la CCSS presenta denuncia ante Tribunal Contencioso Administrativo

Escrito el . Publicado en Sin categoría.

Por María Núñez Chacón

Solicitó una medida cautelar para ser reinstalada como representante legítima elegida por el movimiento sindical en la Junta Directiva de la Caja

Martha Rodríguez, quien fue destituida por el Presidente Rodrigo Chaves, junto con otros miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), presentó este 15 de marzo una denuncia ante el Tribunal Contencioso Administrativo y una medida cautelar para ser reintegrada como representante del sector sindical, mientras se resuelve el proceso.

En diciembre pasado el Presidente Chaves y la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Eugenia Esquivel, suspendieron a cinco directivos, por lo que denominaron “aparentes irregularidades en la toma de decisiones en contra de la sostenibilidad de las finanzas de la Caja y potenciales conflictos de intereses”, sin embargo, en enero, la auditoría interna aclaró que no existía conflicto de interés y que debían ser reinstalados.

No obstante, el Presidente Chaves y Esquivel hicieron caso omiso a esta resolución de la auditoría y solicitaron a los sindicatos volver a elegir a un representante de su sector. En dicha asamblea Rodríguez fue ratificada por las diversas organizaciones gremiales como su representante en la Junta Directiva de la Caja.

De todas formas, Martha Rodríguez no fue reinstalada y en su lugar en febrero pasado fue nombrado José Luis Castro en su lugar, un nombramiento seriamente cuestionado y rechazado por diversas organizaciones sindicales.

“Presentamos una medida cautelar para que se me reintegre, como corresponde al ordenamiento jurídico, a la Junta Directiva de la CCSS, en virtud de los riesgos que está corriendo la institución con una representación de trabajadores que no ha sido reconocida por el movimiento sindical, y porque se ha violentado totalmente el derecho de los sindicatos a nombrar a sus representantes. Esta acción busca que se instaure a la representante que fue elegida legítimamente”, declaró Rodríguez.

Adicionalmente, presentaron la demanda ordinaria en el Contencioso Administrativo contra Marta Esquivel, José Luis Castro y el Consejo de Gobierno por ir contra el ordenamiento jurídico, violentado la Constitución y el principio de legalidad. Ambas acciones (demanda y la medida cautelar) se presentaron de manera conjunta.

“El Consejo de Gobierno no tiene las competencias para disciplinar, ni suspender a los miembros de la Junta Directiva, en eso hay claridad en la Ley Constitutiva de la Caja y en la demanda se cobraría el daño moral contra mi persona y todo el daño objetivo y subjetivo que definan los jueces. Lo que se resuelva sería donado para la defensa de la Caja y sus trabajadores, a través del sindicato UNDECA, de manera que puedan continuar con su labora de defender a la institución”, añadió Rodríguez.

Lupita Chaves, abogada de Rodríguez, dijo que Costa Rica es un Estado de derecho donde se debe respetar el ordenamiento jurídico y la Ley Constitutiva de la Caja en su artículo 6, le da la potestad a las asambleas de representantes ser las que nombre a sus representantes. Hay una norma expresa.

«Martha Rodríguez fue electa y ratificada en asamblea de representantes, que integran a casi 200.000 personas del movimiento sindical, es la primera mujer en 80 años de estar constituida la Caja que asume el reto de ser nombrada por este sector para representar a la clase trabajadora de todo el país en la Junta Directiva y no es posible que el gobierno asuma potestades que no le corresponden. Por esa razón, la persona que está pro témpore no representa al sector sindical, fue puesto a dedo por el Consejo de Gobierno, conformando una junta a su gusto, sacando al movimiento sindical, solidarista y cooperativista para poner personas que sean afines con los intentos de llevar acuerdos unánimes, quebrantando la organización tripartita en esta institución», dijo Chaves.

 

Nota del Semanario Universidad, compartida con SURCOS por Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

Frente de Lucha Ciudadana solicita apertura de debido proceso con miras a la destitución de Rocío Aguilar Montoya

Escrito el . Publicado en Derechos.

COMUNICADO DE PRENSA

El Frente de Lucha Ciudadana, mediante carta abierta de fecha 31 de enero del año 2023, se dirigió a la Junta Directiva del Banco Central y al CONASSIF, solicitando la apertura de un órgano del debido proceso con miras a la destitución de la señora Rocío Aguilar Montoya, actual superintendente de SUPEN y con recargo de la SUGEF.

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Dicha petición se fundamenta en los siguientes hechos:

La señora Aguilar Montoya fue suspendida de su cargo como ministra de Hacienda para investigación por parte de la Contraloría General de la República. Al renunciar al cargo, al parecer también logró eludir la continuación de la misma y la sanción correspondiente al procedimiento administrativo CGR-PA-2019002299 que está protegido con archivos encriptados, de los que exigimos su apertura y se concluya la investigación con relación a lo que eufemísticamente llamaron el Hueco Fiscal, cuya sanción posiblemente la inhabilitaría de ejercer cargos públicos como le sucedió a su antecesor.

No solo quedó inconclusa dicha investigación, sino que sorpresivamente fue nombrada en un cargo con mayor remuneración y responsabilidad, que ha ejercido de manera negligente, causando una gran afectación a la mayoría de trabajadores y trabajadoras que nos encontramos en sometimiento, dado que mediante una ley de supuesta Protección al Trabajador, se nos obliga a cotizar parte de nuestro salario para un fondo de “supuesto interés público”, pero que se encuentra secuestrado alevosamente por el capital financiero. Mes a mes recibimos unos “estados de cuenta”, que demuestran que nuestros fondos fueron apostados en diferentes espacios especulativos y que por ello hemos perdido una suma significativa de nuestros ahorros.

Ningún funcionario público es ajeno a lo que dicta la Constitución Política de la República de Costa Rica, por tanto, la Junta Directiva del Banco Central y el CONASSIF están en la obligación de cumplir con el artículo 11, ya que siendo simples depositarios de la autoridad, no pueden eludir esta petición ciudadana que responde a un clamor nacional.

Puede ver el video en este enlace.

“Estamos limpiando nuestra casa”

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Magister José Manuel Arroyo Gutiérrez
Ex magistrado y profesor catedrático UCR.

Estas han sido las palabras con las que el presidente Bukele, de El Salvador, ha justificado ante las miradas internacionales, el acto legislativo por el que se destituyó a los integrantes de la Sala Constitucional y al fiscal general de ese país.

Perdón, pero la República no es propiedad privada de nadie, ni puede barrerse, de un plumazo, a la oposición, o acabar arbitrariamente con los controles constitucionalmente previstos. El régimen republicano es más bien comparable con un complejo y delicado edificio de equilibrios, donde deben convivir, democráticamente, diversos sectores, grupos de interés, clases sociales, leyes para todos, y por supuesto, instituciones públicas también al servicio de las personas en general.

Sin duda Bukele pontifica desde la falacia de creer que, por ser más numéricamente hablando, por controlar en este momento al Parlamento y por haberse ganado el apoyo de la mayoría electoral, necesariamente tiene siempre razón en todo lo que se le ocurra, y puede imponerse ignorando procedimientos legales y controles institucionales.

Pues tampoco. Lo que ha hecho este presidente salvadoreño es un mero acto de fuerza y, como suele ocurrir, sea cual sea el signo ideológico de un gobernante, las primeras víctimas a cobrar son las magistraturas independientes, llámense jueces o fiscales. Nada tiene que ver que la Constitución prevea la posibilidad de destituir a estas autoridades, eso está previsto en casi todas, lo importante es saber si hay razones legítimas para hacerlo o si se han seguido los procedimientos legales obligatorios. Nada de eso ha ocurrido en el caso que examinamos.

Desde la filosofía política contemporánea está más que consolidada la tesis de que el Poder Judicial es un contra-poder. Su misión fundamental es precisamente de control y, en el contexto de los conflictos entre particulares, interviene para corregir el desbalance a favor de la parte más débil y así, hacer justicia. En el ámbito de los conflictos inter-institucionales, el judicial, y de manera especialmente relevante, los tribunales constitucionales, existen para equilibrar los abusos de un Poder Legislativo que emite leyes o acuerdos contrarios a la Constitución, o bien, corregir o anular las acciones de un Poder Ejecutivo arbitrario o desmadrado. El poder judicial, como función política, en manos de todos los jueces y las juezas de la República, existe para tutelar los derechos de todos, pero de manera especial de aquellos y aquellas que estén en minoría o en posición más vulnerable. Por supuesto que también, cuando se justifica, hay controles políticos, disciplinarios y hasta sociales sobre la judicatura, que pueden operar cuando sea pertinente. Eso es democracia. Eso es Estado de Derecho.

Lo más lamentable es que el fenómeno “Bukele”, hermano del fenómeno “Trump”, es una tendencia claramente universal. Están apareciendo por todas partes en el mundo y, para ponernos al día, no hay vacuna contra esta variedad de peste política.

Este tsunami autoritario surge de manera directa del desencanto respecto de regímenes democráticos que no logran resolver las necesidades básicas de sus pueblos, ni darles niveles mínimos de dignidad. Es también hijo de unos partidos políticos tradicionales desgastados por las promesas incumplidas y empantanados, con frecuencia, en el lodo de la corrupción. Ese es el caldo de cultivo para todos los” bukeles” que en el mundo han sido, y Costa Rica no está a salvo de esta oleada.

Cuando ya en 2012 se quiso sacar de la Corte Suprema a un magistrado íntegro porque a las mayorías parlamentarias no les gustaba; cuando en los procesos de escogencia de nuevas vacantes se desplaza a todo el que parezca demasiado bien calificado o “peligrosamente” independiente; cuando vemos a la Contraloría General de la República yendo más allá de sus competencias y sumándose a las tesis de partidos mayoritarios en la Asamblea Legislativa;  y cuando vemos a un Defensoría de los Habitantes haciendo el peor papel de su vida institucional por estar en manos de personas confiables e incondicionales para esas mismas mayorías;  nos damos triste cuenta de que la democracia más longeva de la región, esta querida Costa Rica, también puede caer en manos de un demagogo fundamentalista que jure llevarnos a la nueva tierra prometida.

 

Artículo publicado en la columna Gato o Liebre del Semanario Universidad, compartido con SURCOS por el autor.

Presentación del libro: La Fuerza De Las Plazas

Escrito el . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Esta compilación busca dar un panorama general de qué fue y cómo se vivió lo sucedido en el 2015 en Guatemala, que culminó con la destitución del presidente de la República.

A través de diez investigaciones periodísticas, dos ensayos analíticos y once relatos vivenciales, intentamos tomar una fotografía de las movilizaciones y cristalizar el momento desde la diversidad de miradas e interpretaciones.

Claramente no existe una lectura única de lo acontecido, y esa es la riqueza de este libro. Se priorizaron los relatos de actores que tomaron la decisión de politizarse durante la crisis del año pasado, personas que emergen como sujetos/as políticos/as desarrollando una narrativa que convocara; sin dejar de lado el espacio de las resistencias indígenas y campesinas, históricas y resilientes. Contamos con la descripción de las experiencias de medianas empresas, pasando por resistencias pacíficas, universitarios/as y organizaciones rurales que se alían para dar paso a una posibilidad de converger y zurcir el tejido social.

Los artículos seleccionados corresponden, en su mayoría, a medios alternativos, no tradicionales. Esto habla también del rol de las comunicaciones durante las jornadas de protesta. Las personas que tenían acceso constante a la Internet buscaban nuevas opciones, existía una sed de información objetiva que permitiera explicar los aparentes cambios en el país. Mediante estas investigaciones se intenta hacer una línea del tiempo, explicando los acontecimientos que fueron marcando la coyuntura.

Libro la Fuerza de las Plazas

Enviado por Sandra Cartín, Fundación Friedrich Ebert.

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Escuela Río Negro en Cocles Talamanca: territorio seguro para la niñez que estudia allí…

Escrito el . Publicado en Derechos, Educación.

El 12 de octubre de este año marca un día en que la escuelita de Rio Negro, en Cocles de Talamanca, se convirtió en un territorio seguro para la niñez que allí estudia

 

La salida de la directora, Lic. Daisy Cabracas es la única alternativa que reconocemos los padres, madres y abuelos de estudiantes de la escuela de Río Negro, en Cocles de Talamanca, Limón, Costa Rica. “Somos gente nacional e internacional de paz y armonía y respeto en ejercicio de nuestra participación directa en defensa de nuestro derecho soberano, por eso hemos llegado a este punto en el que la salida de la directora es la única opción” dijo una de las madres cuyo hijo está siendo afectado.

Plantearon sus quejas en varias reuniones anteriores, sin lograr ser escuchados, donde expusieron los siguientes casos:

 

  • Ejercicio de un autoritarismo inaceptable, expresados en las ocasiones que la directora prohibió la entrada de padres y madres por no estar vestidos de acuerdo a un código publicado en la entrada de la escuela, lo cual es violatorio del Convenio 169 de la OIT en una de las zonas del país de más alta concentración multiétnica y pluricultural, como al fin se ha reconocido en el Artículo 1 de la Constitución de Costa Rica desde el 2014.
  • Práctica de la discriminación, expresado en esa lista de prohibiciones de vestimenta que viola el Convenio 169 de la OIT sobre los derechos indígenas y tribales a ejercer su cultura. Entrar con sandalias o caites no puede ser motivo de prohibición para entrar a la escuela, como aparece en una pizarra a la entrada de la escuela, habiéndose usado como argumento en varias ocasiones para prohibir entrada de padres a la escuela. Jesús Gallo, uno de los padres de los escolares, dijo tener constantes atropellos al derecho internacional en el Convenio firmado por el Estado costarricense.
  • Violencia contra niños y niñas expresado en testimonios directos que algunos dieron en una reunión efectuada el 11 de octubre.
  • Promoción de la violencia entre niños. Cuando se quejan de que otras u otros les pegan, les dicen que hagan lo mismo a quienes les agreden.

 

En vista de estos y otros agravios, los padres de familia convocaron a las autoridades frente a la escuela el día 10 de octubre del 2016, con el fin de proteger los derechos de la niñez a estudiar en un ambiente sano y respetuoso. Solicitaron la presencia de la policía para asegurar el orden, con la finalidad de que se escuchara su solicitud de la destitución de la directora.

El día anterior, el 11 de octubre, el Lic. Luis Pastor se hizo presente manifestando que él sería quien iba a asumir el cargo del centro educativo hasta que se destituyera a la directora y que para hacerlo, los familiares de los y las niñas debían permanecer por 72 horas en el lugar, mientras se resolvía interinamente el caso.

El día 12 de octubre, el Lic. Pastor, se apersonó nuevamente frente a la escuela, para escuchar a un grupo de más de 35 padres, madres y abuelos, los cuales manifestaron que no serían flexibles ante la solicitud de la destitución de la directora. Ante esto, el funcionario habló con sus autoridades superiores y en un lugar neutral, la Soda Doña Berta, firmaron un acta de acuerdo para la remoción de la directora y reinicio de clases al día siguiente.

Ese día la escuela de Rio Negro se convirtió en un territorio seguro para la niñez que estudia allí…

 

Enviado por Carlos Campos de Territorios Seguros.

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“Es como poner un indio a repartir chicha”

Escrito el . Publicado en Equidad.

Comunicado de Prensa

Diputado Juan Luis Jiménez Succar debe disculparse por su comentario racista en contra de los pueblos indígenas costarricenses

¡Le exigimos que lo haga!

 

En una entrevista para un medio de comunicación colectiva radiofónico que escuchamos esta mañana de jueves 26 de marzo de 2015, el diputado Juan Luis Jiménez Succar, jefe de la fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN), expresó la infeliz, discriminatoria, xenofóbica y racista frase de que “es como poner a un indio a repartir chicha”, para calificar las recientes destituciones de embajadores que el actual Gobierno ha realizado por comentarios públicos de éstos en temas controversiales, todo lo cual es de amplio conocimiento público.

Entendemos que el citado legislador quiso dar a entender que en su propio y personal criterio, las designaciones diplomáticas efectuadas por la presente administración gubernativa del país han sido “desacertadas”; criterio éste que en esta organización no compartimos, valga la aclaración.

En todo caso, el interés central de nuestro reclamo público es para exigirle al diputado Jiménez Succar que, de manera pública, le pida disculpas a los pueblos indígenas costarricenses por su racista y xenofóbico comentario; lleno de carga negativa y de alta intencionalidad despectiva y denigrante para los y las compatriotas costarricenses quienes, a mucha honra, pueden exhibir su condición sociocultural y étnica de ser pueblos indígenas de nuestro país, poseedores de una inteligencia individual y colectiva extraordinaria; pero víctimas de una historia de siglos de exclusión social, de desigualdad, de relegamiento y objeto de burlas sistemáticas, de denigraciones repugnantes y de descalificaciones étnicas que merecen la más enérgica condena, como en este caso debe ser condenada la expresión del citado legislador, de hondo contenido racista.

 

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

 

Enviado a SURCOS Digital por ANEP.

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Asociación Americana de Juristas Rechaza Autoritarismo del Procurador de Colombia

Escrito el . Publicado en Derechos.

Declaración de la Asociación Americana de Juristas ante la destitución del Dr. Gustavo Petro Urrego del cargo de Alcalde Mayor de Bogotá en la República de Colombia e inhabilitación por 15 años

La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto consultivo en las Naciones Unidas, manifiesta su profunda preocupación por la destitución del Dr. Gustavo Petro Urrego del cargo de Alcalde Mayor de Bogotá y su inhabilitación de ejercer cualquier cargo público por quince años, llevado a cabo mediante un procedimiento poco transparente por el Procurador General de Nación de la República de Colombia, Dr. Alejandro Ordoñez, conocido por sus posiciones intolerantes y por su cercanía al “Uribismo”. La AAJ considera que tales medidas fueron adoptadas con dedicatoria a un político progresista, de manera desproporcionada y en violación al Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución de Colombia, pues, un funcionario público designado como es el Procurador, no está capacitado para revocar la voluntad popular. Petro fue elegido como Alcalde Mayor de Bogotá el 30 de octubre de 2011, por una mayoría de 721.308 votos para un periodo constitucional de cuatro años, cargo que asumió el 1 de enero de 2012. Observamos que la destitución de Preto se produce en un contexto histórico muy importante para el pueblo colombiano: las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la FARC en La Habana; el proyecto de la Bogotá Humana; y un movimiento social en el país con gran capacidad de convocatoria, movilización y protesta en las calles por campesinos, mujeres, estudiantes, indígenas, afrodescendientes, trabajadores y una amplia diversidad de organizaciones. Asimismo, la AAJ opina que las oligarquías y enemigos de la paz en Colombia buscan cualquier pretexto para erosionar el proceso de paz, mantener las políticas neoliberales y los TLC, controlar el aparato gubernamental y frenar cualquier iniciativa de democracia participativa. A ese respecto, es importante referirnos al antecedente de la destitución e inhabilitación de la Senadora Piedad Córdoba, con el fin de dar un golpe contundente a una solución negociada del conflicto interno en Colombia. En el adelanto del plan de desarrollo distrital “Bogotá Humana”, que promueve devolver los hospitales, la educación y los servicios públicos esenciales a las instituciones públicas, el Alcalde de Bogotá Petro implementó un nuevo esquema para el servicio público de aseo y la recolección de los desechos sólidos o basura, que implicaba enfrentarse al monopolio de ciertas empresas privadas vinculadas al poder central, de más de 20 años, y la desprivatización de este servicio público. El Alcalde Petro estaba desarrollando un modelo alternativo de ciudad, más equitativo, tomando en consideración los problemas ambientales, e incluyó en la prestación del servicio la participación de la población dedicada al reciclaje de las basuras. Aún en la hipótesis de la existencia de errores de implementación de la medida, ello no justifica de modo alguno la decisión del Procurador General de declarar al Alcalde “disciplinariamente responsable” y la sanción de destitución e inhabilitación el 9 de diciembre del presente año. La decisión del Procurador, reiteramos, viola el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles (arts. 2, 3, y 25), suscrito por Colombia en 1969, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José), ratificada por Colombia en 1973, que dispone que los derechos políticos pueden ser suspendidos únicamente por vía jurisdiccional mediante providencia de un juez competente, como resultado de un proceso penal. En el caso del Alcalde Mayor de Bogotá no hay sentencia judicial previa y la sanción de procuraduría es claramente contraria a las disposiciones de las normas internacionales. Además, la decisión desconoce el Artículo primero de la Constitución de la República de Colombia, que defiende el Estado Social de Derecho, el pluralismo ideológico y el respeto a la dignidad humana. Nos preguntamos en dónde queda la prevalencia del Artículo tercero de la Constitución de la República de Colombia que taxativamente establece, “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”. El Dr. Gustavo Petro Urrego tiene una larga trayectoria de servicio público, incluyendo cargos administrativos, diplomáticos y parlamentarios. En el año 2006 fue electo Senador representando al Polo Democrático Alternativo (PDA), obteniendo la segunda mayor votación del país. En el 2009 Petro Urrego renunció a su cargo de Senador para aspirar a la Presidencia de Colombia, en representación del Polo Democrático Alternativo obteniendo 1.331.267 votos. Varias figuras públicas como el Ministro de Justicia de Colombia, Dr. Alfonso Gómez Méndez, el Fiscal General Eduardo Montealegre y otras autoridades han manifestado la necesidad de revisar las normas que permiten la inhabilitación de personas que han sido electas por voto popular, las faltas de garantías para los procesados por faltas disciplinarias y violaciones al debido proceso. Por tanto, la AAJ:

1. Manifiesta su apoyo a la restitución a su cargo del Alcalde Mayor de Bogotá.

2. Exhorta al Congreso de la República de Colombia a reglamentar debidamente las funciones y facultades del Procurador General de la Nación para que se adecue a los principios de la Constitución y a los pactos y convenciones internacionales suscritos por Colombia en el marco del respeto y la defensa de los derechos fundamentales y de los derechos políticos y civiles.

3. Solicita a las instancias constitucionales administrativas, disciplinarias y jurisdiccionales correspondientes a revocar la desproporcionada sanción impuesta administrativamente al Alcalde Mayor de Bogotá en abierta oposición a los preceptos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

4. Reitera su apoyo a una solución negociada del conflicto armado en Colombia.

Esperamos que el Acuerdo establezca una reforma agraria y garantías que aseguren la democratización del país y la construcción de una sociedad justa, libre de la impunidad, el narcotráfico y los paramilitares.

15 de diciembre de 2013

Vanessa Ramos Hernán Rivadeneira J.

Presidenta AAJ Continental Secretario General

(VRamos1565@aol.com) (hr21908@gmail.com)

Beinusz Szmukler

Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ

(beinusz@gmail.com)

 

Circulado a SURCOS por Arturo Fournier.