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Etiqueta: diálogo social

El consistorio del diálogo social

“Algunos ciegos no solo son de los ojos, sino también del entendimiento.” (Saramago)

Manuel Hernández

El Gobierno de la República, después de infructuosos intentos, en mancuerna societaria con la Presidencia de la Asamblea Legislativa, el 11 del mes en curso, convocó a un proceso de diálogo social multisectorial, que será solemnemente inaugurado el próximo sábado.

Ese planteamiento oficial amerita algunos comentarios puntuales.

1.- Esta última convocatoria se produce al calor de la crispación política, las reacciones y la rabia legítima de amplios sectores populares, que en el foro público están manifestando su inconformidad contra la agenda de implementación de los proyectos de ley y otras iniciativas que el Gobierno estaba poniendo en bandeja de plata al FMI para “negociar” un instrumento de asistencia financiera por un monto de $1.750 millones.

La divulgada convocatoria, por tanto, no corresponde a una genuina vocación de diálogo del Gobierno, que a lo largo de más de dos años ha demostrado manifiestamente que no tiene esta franca voluntad.

La flamante convocatoria es una salida política coyuntural, bien calculada, con la finalidad de aplacar el escenario de agitación social que causó el fallido planteamiento de negociación del préstamo con el FMI.

2.- Con la finalidad de procurarle alguna credibilidad aceptable a esta nueva iniciativa, el Gobierno, por una parte, echó mano de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, y por otra parte, recurrió a los solícitos auxilios del Programa del Estado de la Nación (PEN), convertido en socio protagonista de esta emergente empresa.

El Programa del Estado de la Nación ha asumido el rol de “ente facilitador”, que estará a cargo de la estructura de apoyo logístico, pero que las atribuciones que se arrogó el Director del Programa, motu proprio, exceden las competencias que de ordinario tiene una instancia a la que se le atribuya cumplir esa misión de “tercero neutral”.

3.- Tratándose del planteamiento sustantivo de PEN, en primer lugar, corresponde advertir la cuestión que va a ser el objeto del proclamado diálogo social; es decir, el mandato, el denominado “problema” a debatir y solucionar.

La cuestión objeto del proceso, en esta primera etapa, viene determinada, de antemano, con el mayor rigor, con pelos y señales, en términos macro económicos, tendiente a reducir la situación del déficit primario y el endeudamiento.

Cualquier propuesta de los actores participantes tiene que necesariamente circunscribirse a alcanzar las metas o parámetros económicos definidos anticipadamente.

Entonces, el proceso tiene una dinámica unidireccional, con un producto esperable que ya viene modelado, embutido, de suerte que cualquier propuesta queda totalmente subordinada al cumplimiento de este único objetivo.

Cualquier otra iniciativa “loca”, como lo manifestó el Director del Programa del Estado de la Nación, queda fuera de lugar; sujeta al escrutinio del panel de expertos, correligionarios de las escuelas de Friedman, Buchanan y Hayek, que le compete determinar la razonabilidad técnica de las propuestas y certificar que las propuestas o recomendaciones cumplan con los parámetros económicos predefinidos. Esto se llama control de calidad.

4.- No queda la menor duda que se trata de una propuesta estrictamente de carácter fiscalista, de corto plazo, que al final se reducirá a un ajuste de cuentas: aumento de ingresos y reducción de gastos.

Este planteamiento le permitiría al Gobierno, haya o no acuerdo, en definitiva, terminar el resto del período constitucional que todavía le queda, que prácticamente se agota el próximo año. Después vendrá la infaltable fiesta electoral.

La solución de los problemas estructurales de nuestro país, la reconstrucción económica y social, la desigualdad social, la desigualdad de género, la reactivación del tejido productivo, la generación de empleo, la protección social de los más vulnerables, queda postergada para la Segunda venida de Cristo.

5.- Por otra parte, el proceso de diálogo se disciplina con una parafernalia e inflexible regulación instrumental, procedimental, que le (auto) confiere al Director del Programa del Estado de la Nación un conjunto desproporcionado de potestades, a saber: la “potestad del lapicero”, la “potestad de vocería”, potestades procedimentales, potestad exclusiva de convocatoria a sesiones, la aplicación de la regla de salida, entre otras.

Estas potestades exorbitantes, cuya titularidad le corresponden en exclusiva a PEN, coloca a la instancia facilitadora en un status de participante protagónico, actor principal de la comedia política, que asume una posición de autoridad, que raya en el dirigismo autoritario.

6.- No deja de ser importante señalar que en un proceso de diálogo, para que sea confiable y democrático, lo primero que se negocia son las reglas del juego.

En este sui generis proceso, por contrario, las reglas de participación las determinó unilateralmente el propio Estado de la Nación.

Es decir, la misma instancia que tendrá a su cargo la administración y logística del proceso, definió a su arbitrio las reglas de participación, las cuales quedan sujetas a su estricta aplicación y exclusiva interpretación.

 

7.- Las reglas definidas unilateralmente configuran una verdadera camisa de fuerza, de tanta intensidad, que si el facilitador estima que los integrantes no están negociando de buena fe, o se retiran de la Mesa, a merced de la cláusula de salida, el PEN tiene la potestad de dar por fenecido el proceso. ¡Caput¡

En consecuencia, hasta ahí llegaría ese ejercicio tan democrático de participación y nos vamos todos tranquilos a la casa, con la satisfacción del deber patriótico bien cumplido, quedando habilitado el Poder Ejecutado, de frente a semejante esfuerzo de diálogo frustrado, a adoptar las políticas públicas y medidas económicas que a su total discreción correspondan.

8.- Aquella potestad de vocería implica que los comunicados únicamente los puede emitir el PEN, cuyo contenido queda limitado a los resultados obtenidos, omitiéndose constar los contenidos de las deliberaciones.

La estructura operativa tiene una plataforma de comunicación, que le corresponde informar a la ciudadanía el avance del proceso, “de manera oportuna y con un mensaje disciplinado.”

En las minutas de las reuniones únicamente se harán constar exclusivamente los temas discutidos, acuerdos o desacuerdos, pero en ningún caso se consignarán las opiniones de los participantes, creándose una cláusula de confidencialidad, totalmente inadmisible.

La “potestad del lapicero” no es más que una potestad de censura previa, en virtud de la cual todo documento debe ser “revisado”, de previo, por la instancia facilitadora y luego, si pasa su escrutinio, puede ser sometido a conocimiento de los integrantes de la mesa.

Queda así desnudado un proceso caracterizado por el verticalismo, el excesivo control, la opacidad, que por contrario, en aras de la transparencia, este proceso debería ser público y transmitido en tiempo real a toda la ciudadanía.

9.- No solo es que el Programa del Estado de la Nación definió el objeto muy calibrado del proceso, las reglas instrumentales, sino además, como si lo anterior no fuera poco, la participación de los sectores y las correspondientes cuotas.

10.- Por último, no están convocados todos los que son. Una serie de colectivos de nuestra sociedad, como pueblos indígenas, colegios profesionales, pensionados y jubilados, judiciales, entre otros, quedaron excluidos.

Mucho menos están convidados quienes en el ágora del espacio público recuperado, están exigiendo un verdadero diálogo social, real, efectivo y democrático, que tenga una vocación transformadora de nuestra injusta sociedad, que ya no soporta tanta desigualdad social.

Decía Voltaire: “Los pueblos a quienes no se hace justicia, la toman por si mismos, más pronto o más tarde”.

La urgencia del Diálogo Social, como un cauce de mediación democrática, de interlocución política, sigue siendo una asignación pendiente en nuestro país.

¡Luces, cámaras, acción!

15/10/2020

El pliego de peticiones de Rescate Nacional en las negociaciones con el Gobierno

Vladimir de la Cruz

Para conversar con el Gobierno, de manera concreta los jefes sonados del movimiento de protesta, autodenominado Rescate Nacional, que ha sucedido estos días, y que en algunos puntos del país, todavía continúa, han acudido ante el Arzobispo de San José, José Rafael Quirós Quirós, “para que traslade al Gobierno de la República las siguientes condiciones para iniciar un proceso de negociación”, y de seguido ponen 14 puntos, que debe iniciar hoy a las 10 a.m.

Veamos los puntos, que van numerados, a los que les hago algunas notas, también numeradas:

1.- Que se instale una mesa de negociación entre el Gobierno y el Movimiento de Rescate Nacional.

Nota 1.- Ya lo llaman “Movimiento”, casi sinónimo de partido político. Los movimientos políticos, en general, son asociaciones de ciudadanos organizadas para influir en la formación de la voluntad política, la que se expresa en el Poder Ejecutivo o en el Legislativo, o para participar en procesos electorales, como el que viene en el 2021-2022.

Por su naturaleza los “movimientos” operan en el área política, como en este caso, combatiendo un Préstamo del FMI, principalmente, que se discute en la Asamblea Legislativa. Un movimiento responde también a inquietudes o preocupaciones compartidas por diversos grupos o ciudadanos organizados o no.

2.- Que sea una mesa única de negociación y no mesas temáticas.

Nota 2.- ¿Son tan pocos los iluminados dirigentes de Rescate Nacional, que no pueden dividirse en varias mesas a negociar aspectos propios de cada mesa de negociación? ¿O no tienen equipos de apoyo para discutir los temas importantes relacionados con las alternativas al Préstamo del FMI que es lo que ha provocado las principales movilizaciones, junto con los impuestos que ello trae? ¿O se desconfían de ellos mismos para dividirse en distintas mesas a negociar?

3.- Que se realice la reunión en un campo neutral facilitado por la Iglesia Católica

Nota 3.- La Iglesia Católica, ni ninguna Iglesia es neutral. Y menos lo ha sido históricamente ante el Poder instituido, porque ha formado parte del Poder. Desde la conquista y la colonia española la Iglesia Católica se impuso de manera dominante, como única y verdadera, situación que se mantuvo así, en cierta forma, hasta la construcción del ferrocarril al Atlántico cuando llegaron personas no católicas a las que había que autorizar el ejercicio de sus credos religiosos, porque solo se permitía el ejercicio del catolicismo, desde entonces, la religión del Estado costarricense.

Este es un mal planteamiento porque, en las luchas sociales existentes en el país, hay un grupo de ciudadanos que clama y lucha por un Estado Laico. Y una posición como la de estos protestantes de Rescate Nacional pareciera no entender o valorar esta otra lucha. Bien podría ser que de esa manera traten de enfrentarse a las fuerzas político-electorales que no son católicas, que son otros protestantes…que tienen asiento en la Asamblea Legislativa, y que en parte comparten las luchas contra el Gobierno de Carlos Alvarado, con lo cual pareciera que los dirigentes de Rescate Nacional no impulsan políticas unitarias de lucha, con ellos, de suma de sectores sociales y políticos.

Para mí, el mejor campo neutral hubiera sido el Consejo Nacional de Rectores, en alguna de las sedes universitarias que al efecto se hubiera puesto a disposición para este encuentro, o si alguna Universidad hubiera salido ofreciendo hace rato esta salida.

Por dicha no plantearon que el mejor campo neutral de la Iglesia hubiera sido un Confesionario, porque ese sí es neutral, y contundente para decirse las verdades y asumir las responsabilidades.

4.- Que el Presidente de la República abra la mesa de negociación.

Nota 4.- Que el Presidente de la República abra la mesa de negociación cuando se le pide a la Iglesia que la convoque, pareciera un contradictorio. La debe abrir la Iglesia invitando a las dos partes, al Presidente y a uno de los personeros de Rescate Nacional, que puede ser José Miguel Corrales, por ser el más viejo de ese grupo, a pronunciarse sobre la importancia del evento y empezar a trabajar. Si el el Presidente es el que debe abrir la mesa bien podría ser que el Presidente debió ser quien convocara, lo que no quisieron los de Rescate Nacional.

Una pregunta inquietante: ¿Por qué no el Presidente de la Asamblea Legislativa, que es donde se está discutiendo el Préstamo del FMI?

No es en el Poder Ejecutivo donde está la discusión de aprobación, que parece ser una obligación de continuidad del primer Préstamo del FMI ya aprobado por la Asamblea.

Donde se debe presionar más es en la Asamblea Legislativa para que no se apruebe el Préstamo del FMI, si eso es lo que se quiere, que lo mandó en posibilidad de aprobación el Poder Ejecutivo. Esto es estar perdido ante quien se debe presionar con mayor fuerza e intensidad, lo que indica que los ex diputados que están en esta lucha están más por hacer bulla contra el Presidente del Poder Ejecutivo, y no para enfrentarse a todos los partidos que están en la Asamblea Legislativa, donde por presión de masas podrían lograrse adherencias negativas a la aprobación del Préstamo del FMI, si esto es lo que realmente se busca.

5.- Que la negociación sea transparente, con presencia de la prensa.

Nota 5.- La transparencia que dicen los de Rescate Nacional no está en lo que cada parte tenga que sostener respecto a lo que discutan, sino en la presencia de la Prensa, que para los miembros de Rescate Nacional, y para los sindicatos, y para otros grupos de ciudadanos esa Prensa no es tan transparente, ya que solo les tergiversa sus planteamientos, o los ignora, o los pinta con imágenes negativas.

Está claro, entonces, que la presencia de la Prensa es tan solo para la foto, para la pasarela política, para tener televisión, radio y prensa escrita para aparecer en ella con algunas frases fuertes al Presidente y a las autoridades del Estado, para hacerse sentir fuerte ante el Presidente, a quien tratarían de colocar como un débil.

6.- Que las negociaciones sean diurnas, no nocturnas.

Nota 6.- La nocturnabilidad de las reuniones no les quita importancia. Puede ser más cansando y desgastante. Para viejitos discutiendo, y sin entrenamiento y práctica de discusión, puede ser mucho más pesado, es entendible. Tampoco que se discuta solo en el día le da más transparencia, porque la transparencia, para Rescate Nacional la da la Prensa presente, no la luz del día.

Pero, ahora hay ambientes que cerrados, con luz interior, son absolutamente claros, como si fuera de día. Así se trabaja en algunas empresas en el país las 24 horas.

Podría entenderse también que bajo la luz del día se puede mantener un piquete grande de gente afuera del local presionando en las discusiones, lo que disminuiría en la noche.

La experiencia de discutir de noche los sindicatos la tienen. En las negociaciones finales de las últimas huelgas del 2018 trabajaron reunidos todo el día, y por la noche hasta las 3 y 4 de la mañana del día siguiente. Así fue el último día de negociación.

7.- Que los acuerdos a que se llegue se conozcan por las bases del Movimiento para su aprobación.

Nota 7.- Esto es el ultra democratismo al absurdo. ¿Si así se opera, entonces, para qué dirigentes sindicales, y para qué dirigentes sociales o políticos?

En la historia de las luchas sociales del país siempre hubo dirigentes en capacidad de tomar acuerdos y hacerlos valer ante sus bases, cuando se trataba de lograr resultados, porque eran dirigentes respetados, queridos y generadores de confianza ante sus bases.

En la última huelga magisterial, terminada con un acuerdo a las 4 de la mañana, en el Sindicato de Educadores, a las 8 de la mañana, se reunieron en una gran Asamblea, de bases, para oír del Secretario General el informe de la negociación. El Secretario a medida que iba informando, sobre las dificultades del Acuerdo logrado, llorando de emoción y cansancio, las bases le iban aplaudiendo y exaltando su participación, in crescendo con el informe y su llanto. Terminó su discurso, con gran aplauso y aparente apoyo, y bastó que una sola persona, en esa Asamblea, agarrara el micrófono, inmediatamente y, al referirse al texto del acuerdo, dijera que “era un plato de babas”, y lo criticara, para que los aplausos y elogios se volcaran, y para que esa misma Asamblea, desdijera a su Secretario General, rechazara el acuerdo y aprobara continuar en la lucha.

En una Asamblea convocada por anarquistas, en la Universidad de la Sorbona, en mayo de 1968, el primer acuerdo que se tomó fue disolver la Asamblea. ¿Hacia eso vamos?

Es un error político este ultra democratismo en que se ha caído en muchas organizaciones sociales y políticas. Hasta algunos partidos políticos han caído en esto cuando le han dado más poder a las Asambleas Provinciales que a la Nacional.

Las direcciones políticas de los movimientos políticos, de los partidos políticos y revolucionarios, son de calidad. Quienes las integran es por méritos de lucha y de talento, y de reconocimientos, que se ganan esos puestos.

Así como no hay movimientos revolucionarios sin teoría revolucionaria, o no hay movimientos políticos sin teoría política, tampoco hay movimientos y partidos políticos sin líderes políticos.

Los líderes, como todos los seres humanos, son de carne y hueso, tienen virtudes y también defectos, pero son los líderes. ¿O, acaso a los que dirigen Rescate Nacional no les exaltan virtudes pero también les enrostran defectos en las redes sociales?

8.- Reconociendo la gravedad de la situación que tiene el país, que la mesa de negociación se instale el miércoles 7 a las 10 a.m.

Nota 8.- Reconoce Rescate Nacional que hay una grave situación en el país surgida por las luchas que han bloqueado calles y han contribuido a paralizar la economía nacional, sin asumir responsabilidades, o echándole indirectamente la culpa al gobierno de las acciones realizadas.

9.- Que un representante de la Iglesia Católica participe en calidad de garante y vigilante de la ejecución de acuerdos de la negociación.

Nota 9.- Poner a la Iglesia Católica a que participe en calidad de garante de acuerdos de la negociación, no garantiza nada, porque los acuerdos no dependen de la Iglesia, ni ésta puede obligar a los participantes a nada. Que la Iglesia sea vigilante de la ejecución de los acuerdos, eso si puede suceder.

La Iglesia ha participado de otros procesos como el de la Concertación, en 1998, junto con las Universidades llevándole el pulso al proceso.

De la lista, los siguientes puntos son los que realmente son de negociación. Los anteriores son de procedimiento y hasta de simple aceptación.

10.- Que cese el desalojo violento de los puntos de manifestación.

Nota 10.- Que los puntos de manifestación que se mantengan hasta la firma se deben suspender de inmediato es lo correcto. Si no se suspenden habiendo acuerdo, el gobierno debe tomar las medidas para hacerlo si los firmantes de la negociación no pueden levantar esos sitios.

11.- Que no es necesario el Préstamo del FMI y qué existen otras alternativas, y que se descarte este Préstamo en esta administración

Nota 11.- Se plantea que hay otras alternativas frente al segundo Préstamo del FMI, que es el que ha provocado estas luchas sociales. No se indican cuales alternativas.

Pareciera que eso va a quedar para una discusión larga, que no permitirá que se mantengan bloqueos o luchas de calle mientras se mantenga la discusión, porque incluso se dice que en este Gobierno se descarte este Préstamo, y no se podrían mantener bloqueos hasta más allá de mayo del 2022.

Nadie aguantaría bloqueos hasta mayo del 2022, esa es la realidad.

Pero, ¿se deja abierta, por parte de Rescate Nacional, la puerta para que en el próximo Gobierno, mayo del 2022, se pueda iniciar otra vez esta discusión?

Hay algo que es claro, en el año electoral del 2021 no se puede sostener esta discusión porque se puede convertir en otro TLC, con un desastre para todos los partidos políticos, y para alentar movimientos y líderes populistas.

12.- Que no se contemple la venta de activos ni más impuestos indirectos

Nota 12.- No se dice cuales activos nacionales están a resguardo de Rescate Nacional, que puedan provocar otras luchas, ni que se aprueben más impuestos indirectos. Rescate Nacional debió plantear sus soluciones. ¿Las tiene para el miércoles?

13.- Que no haya procesamientos penales ni sanciones disciplinarias o administrativas para los manifestantes

Nota 13.- Esto siempre se negocia como resultado de estas luchas, exceptuando la realización de delitos comunes que se hayan cometido, no así a la gente que participó en bloqueos.

14.- El levantamiento de los puntos donde haya tomas de calles se hará hasta que se firmen los acuerdos de la negociación.

Nota 14.- Este planteamiento es absurdo porque la negociación puede durar su tiempo, y no se pueden sostener esos bloqueos ante la población y ante la economía nacional, en todas sus aristas mientras se mantengan las conversaciones de negociación.

El levantamiento tiene que hacerse a partir del inicio de las negociaciones, hasta como un gesto de buena voluntad.

¿Estarán los representantes del Gobierno, entre ellos el propio Presidente, y quienes le acompañen, preparados para asumir este reto, de esta negociación? ¿Repetirá el gobierno su debilidad ante otros procesos de negociación que ha convocado y participado sin resultado alguno?

¿Están los representantes del Movimiento de Rescate Nacional en capacidad de proponer soluciones posibles, aceptables de negociación, ante la situación que provoca el Préstamo del FMI?

¿Son confiables las partes que se sentarán a negociar? ¿Por dónde saltará la liebre en esta negociación?

Estaremos atentos.

Protestas, Huelgas y Desobediencia Civil

Vladimir de la Cruz

El derecho de protesta, aunque no está puesto de esa manera, está garantizado en la Constitución Política, en el conjunto de derechos y libertades de los ciudadanos, a expresar sus puntos de vista y de actuar de conformidad a ellos. Es una forma de expresar la opinión. Es como cuando un niño protesta ante sus padres, reclamando algo, y hasta hace un “berrinche” para tratar de lograrlo.

El Gobierno, por su parte, tiene la obligación derivada de la Constitución Política, de garantizar el ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos, incluso el de protesta. Los Derechos y Libertades existen para ser ejercidos. No pueden ser limitados porque dejarían de serlos. Eso sí, se ejercen en función de que no afecten o limiten el derecho y libertades de los otros ciudadanos.

En el caso del ejemplo del niño, antes no se aceptaba su protesta, ni se toleraba, por sus padres. Los niños se sometían a la voluntad y última palabra de sus padres. Ni siquiera les dejaban opinar, o expresar sus “disidencias”. Evolucionó el concepto de niño y de derechos de los niños, y de considerar a los niños como “personas” pequeñas, y con ello el de respetarles sus puntos de vista, lo que no todos los padres hacen todavía. A mis hijos los educamos con reconocimiento de sus Derechos y Libertades, con los espacios para ser oídos y ser parte de la toma de decisiones. Recuerdo, una ocasión, en que regañando, llamándole la atención a Lautaro, que tenía como cinco o seis años, me respondió: “si me sigue regañando lo voy a acusar al Patronato de la Infancia”, porque sabía que existía esta institución de protección. Hoy todos mis nietos tienen prácticas familiares, con respeto, de ejercicio de derechos, libertades y de negociación, porque así se les prepara para la vida civil y social, que es cada vez más compleja.

El derecho de protesta no es el derecho de huelga que si está expresamente señalado en la Constitución Política, ahora más regulado por el Código de Trabajo, como resultado de las mal conducidas huelgas magisteriales, que pusieron en evidencia “huecos” en la legislación laboral, nueva, vigente en el país, y que se puso a prueba de fuego en esas huelgas del 2018.

La protesta y la huelga son cosas distintas en las luchas sociales. Algunas protestas pueden desembocar en huelgas, así como toda huelga en sí misma es una protesta organizada, por un sindicato, por una organización, por un grupo de dirigentes que conducen esa lucha, o hasta por un partido político, con capacidad para valorar cuando suspenderla y para negociar directamente su suspensión, o por partidos políticos que manejaban o dirigían sindicatos, con sus propios líderes sindicalizados que respondían a su militancia política o a las directrices que les trazaban desde sus partidos políticos.

En la historia de las huelgas costarricenses las hemos tenido sin dirección política partidaria, de partidos políticos, pero con dirigentes responsables, con dirigencias reconocidas por sus bases, con la confianza de esas bases en la dirección de la lucha y con confianza en los acuerdos que les ponían fin a esas luchas, sin llevarlas a consultas de “la base”. Para eso está la dirigencia del movimiento.

Si esa dirigencia no tiene esa fuerza moral ante sus “bases” no dirige nada, es de papel. Esto es lo que está pasando en las últimas formas de luchas que se dan en el país, desde las huelgas magisteriales del 2018, donde se evidenciaron desconfianzas profundas hacia los dirigentes, entre los mismos dirigentes, cuando habían dos por cada sindicato, controlándose entre ellos, y habían 12 sindicatos negociando, con una mesa de 24 dirigentes sindicales, donde era muy difícil lograr acuerdos, si ellos mismos acudían al expediente de ir a consultar lo que estaban aprobando, con sus propias bases, o con solo uno que se opusiera.

Cuando un grupo dirigente se sienta a negociar va con toda la autoridad para hacerlo. Se entiende que su resultado será aceptado por las bases, porque el pliego de negociación es conocido de las bases, y es tan solo un pliego de negociación de lo cual pueden aprobarse todos los puntos o una parte de ellos.

Si se pretende negociar para ganar todo no hay negociación posible. Lo que hay son actos de fuerza y en este caso ¿para qué sentarse a negociar?, mejor mantener la fuerza de la calle, si eso es lo que la sostiene, para ver quien aguanta más. Pero si se pide negociar, hay que negociar.

El problema es cuando dirigentes beligerantes no tienen claro cuanto negociar, y de lo que quieren negociar qué es lo principal, lo más importante, en lo que no se echa para atrás, sacrificando las otras demandas si fuera del caso.

El derecho de desobediencia civil, sobre lo que escribí hace poco, tampoco está establecido en la Constitución Política, pero es una forma de lucha que ha existido, en otros países, con mucho éxito en determinadas épocas y circunstancias.

Cuando se ha tratado de desobediencia civil, que incluyó grandes huelgas de hambre, como las de Gandhi, eran luchas dirigidas por una persona, con reconocimiento público y con liderazgo ganado en esas luchas, alrededor de las cuales se movilizaba la gente, para apoyar a su líder, en su protesta, que se transformaba en protesta social organizada.

La desobediencia civil no es una huelga en sí misma, es una acción que se toma generalmente frente a disposiciones legales, leyes, que no se quieren acatar, en algunos casos por objeción de conciencia, como las que impulsó Henry Thoreau, para no pagar impuestos que justificaban guerras anexionistas, colonialistas o imperialistas, según las queramos ver. Esta forma de lucha es válida cuando depende de la persona pagar el impuesto y negarse a hacerlo, pero si los impuestos se rebajan de los salarios, de los ingresos, de las personas, por vía de sus planillas o de los pagos que reciben, o se pagan en los productos que se compran, no hay nada que se pueda hacer, porque no se puede hacer gestión legal alguna para que esas deducciones no se realicen.

Las protestas, las huelgas y la desobediencia civil tienen que tener, cuando se realizan, objetivos y metas posibles de lograr. No se puede mover gentes, ni ciudadanos, a luchas con objetivos imposibles, porque fracasan esas luchas. Pero también es irresponsable movilizar gente en luchas que de antemano se saben que no obtendrán un resultado positivo para los demandantes.

Las protestas, las huelgas y los actos de desobediencia civil deben ser escuelas de formación política ciudadana, para que quienes participen de ellas, se eduquen en esas luchas, para avanzar social y políticamente, para mejorar niveles organizativos, para ampliar bases, números de personas, debidamente organizadas. Esto es válido cuando hay organización sindical o política detrás de los movimientos.

Estas formas de lucha no pueden educar en acciones anárquicas, en acciones descontroladas, en acciones que “se pueden salir de las manos”, como irresponsablemente ha dicho uno de los convocantes a estas formas de lucha, sin importarles que se salgan de las manos, y llamando a que se mantengan en la calle por sí mismas, sin dirección política general, donde se ha llegado a mezclar hasta el cobro de peaje, en los retenes de esta lucha, lo que se parece más a “maras” políticas que a luchas políticas correctas. Ese tipo de actitudes es más peligroso hoy por las manifestaciones populistas que pueden brotar de estas luchas y movilizaciones donde estos mismos dirigentes pueden ser borrados, y como en la Revolución Francesa ser llevados al Patíbulo. En uno de estos días, en una de esas luchas, a dirigentes de la ANEP los enfrentaron, echaron e insultaron, y lo llamaban como “más de lo mismo”. Así son estos actos, donde participan “resentidos” y opositores sociales de todo tipo.

Este dirigente, a quien así se le reconoce por los medios de comunicación, el más viejo de ellos, y no lo trato de viejo despectivamente, porque yo también lo soy, sino porque él mismo así se reconoce para decir que no tiene ningún afán político electoral en esta lucha. Cuando lo veo apelar a esta irresponsable actuación suya, de dirigente viejo, nada improvisado, sin organización, porque la organización titular “Rescate Nacional” que representa, no existe más que en el discurso, en la arenga más política que reivindicativa, no está inscrita en ninguna parte, ni como asociación, ni como sindicato ni como partido político. He oído decir, en la Televisión, a ciudadanos, que están con él en esta lucha, pero que no lo apoyarían en un partido político, y me imagino que a los están con él en esa tarima, o pasarela política, por donde pasan políticos, tampoco los apoyarían políticamente.

Y esos ciudadanos que no están con él para luchas políticas se identifican entonces con otros partidos políticos, que están en la Asamblea Legislativa, seguramente, Entonces, ¿a dónde quieren ir?, si ellos saben que en el escenario político nacional solo por medio de partidos políticos se puede actuar en la política, solo de esa manera se puede ser representante popular, diputado, o Presidente. Es obvio que detrás está la aspiración político electoral de quienes más visiblemente encabezan estas protestas sociales. Uno de ellos, también exdiputado, Campos, al menos con franqueza ha dicho que va a organizar su partido político para el 2022, porque sabe que como dirigente social que es, de muchos años, que ese puede ser su correcto camino, para continuar estas luchas y las defensas que invoca.

Cuando oigo decir tonterías a ese dirigente octogenario, ex diputado, que sabe o debe saber cómo funciona el tinglado político nacional, entre Legislativo y Ejecutivo, y sabe dónde es que hay que presionar, y presionar en el Poder equivocado, en el Ejecutivo, porque el tema de fondo está en trámite legislativo, es evidente que lo que busca es el caos, y de él salir, seguramente así se lo piensa, como el Ave Fénix, de las cenizas que quede del entramado democrático institucional existente que puede derrumbarse con acciones irresponsables.

Aquí me recuerda a mi querida profesora Niní Chinchilla de Mora, que también fue diputada de su mismo partido cuando nos decía a sus alumnos, como una gran enseñanza, que “cuando uno está viejo necesita que lo arrienden”, refiriéndose a los caballos que había que sujetar o atar por las riendas, ya por viejos, porque no atienden u obedecen, o enseñar a obedecer a una caballería a la rienda.

Cuando se orientan a presionar al Poder Ejecutivo demandando la “cabeza”, la “renuncia” del mandatario, y de su Gabinete, es obvio que pretenden sustituir a ese Presidente y a su Gabinete, con otro Presidente y otro Gabinete, que hasta ahora no exhiben en sus pretensiones. Más anárquicamente no se puede actuar. Porque no se podría pensar que sin Presidente y sin Gabinete el país se va conducir, sin gobierno, sin gobernantes. No hay una sola experiencia en el mundo donde esto haya ocurrido.

Detrás de estas luchas no hay partidos políticos conocidos, porque también se agitan consignas contra todos los partidos políticos, contra todos los políticos, contra las instituciones de funcionamiento democrático, la misma Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo, hasta la misma Corte Suprema de Justicia. ¿A dónde se quiere llegar?

El show mediático de establecer una consigna para la mesa de diálogo, con el gobierno, de que se haga con la mayor transparencia posible, para los demandantes, con televisión y radio, porque así se deben discutir, según ellos, los temas que conduzcan a paralizar sus luchas. Ninguna lucha social se discute de esa manera, porque entonces los actores no estarán para buscar soluciones, sino para buscar auditorios, para buscar oídos que quieran escuchar discursos de plaza pública, arengas, que es lo que hacen algunos, cuando se les ponen micrófonos, cuando lo que realmente se debe buscar son soluciones. Lo que algunos de esos dirigentes andan buscando es protagonismo político más amplio que lo obtendrían de esa manera, al menos para la foto.

La discusión que se exige debe ser serena, tranquila, sin la gritería ni vocería de la calle presionando en alguna dirección. Los dirigentes que se presenten deben ir lo suficientemente autorizados para llegar a acuerdos, si llegan a darse, como para imponerse ellos mismos ante los mismos manifestantes que confían en ellos. Si no es así, no hay nada que hacer. Y, que cada palo aguante su vela.

Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras llama a foro multisectorial de diálogo social

SURCOS recibió el siguiente documento mediante el cual la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal propone la realización de un foro multisectorial de diálogo social.

6 de octubre de 2020

San José, Costa Rica

El Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, máxima autoridad del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, ha manifestado su preocupación por la situación económica y social que atraviesa actualmente nuestro país, la cual se ha visto acrecentada a raíz de la pandemia del COVID-19.

Ante esta situación, consideramos necesaria la realización de un foro multisectorial de diálogo social, que permita realizar una discusión transparente e inclusiva sobre el futuro que queremos para Costa Rica.

Es por ello que hoy hacemos un llamado nacional a los diferentes sectores de nuestra sociedad para que participen en un foro multisectorial coordinado por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Hacemos un respetuoso llamado a participar en este foro de diálogo a la sociedad costarricense, a los diferentes sectores laborales, empresariales, organizaciones campesinas, agrícolas e industriales, a la academia y otros actores que coincidan en la búsqueda de un país más justo, solidario e inclusivo.

Presentamos a continuación un conjunto de principios orientadores que deben inspirar este proceso que ha propuesto el Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:

FORO MULTISECTORIAL DE DIÁLOGO SOCIAL

Presentación

Con la fundación de nuestra República en 1821 y desde la suscripción del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, expresamos la primera manifestación escrita de la voluntad soberana de las personas costarricenses para su independencia. Este período fue el origen de nuestra vida pública, el organizador de la Patria; el formador de nuestra conciencia nacional y de la tradición civil. El Pacto Social se constituye así en el primer documento de alcance histórico y jurídico que marca y caracteriza una visión y espíritu de paz, respeto mutuo y solidaridad.

Desde entonces y a pesar de las vicisitudes que hemos vivido como nación y que pudieron incidir para desmeritar dicha conquista o desvirtuar sus valores y principios fundacionales, hasta hoy hemos logrado mantener vivos estos compromisos, trabajamos desde las edades tempranas en la escuela para las nuevas generaciones hagan suyos los valores inspiradores y así, dignificar la memoria de quienes con fe y fuerza espiritual nos heredaron la Costa Rica que disfrutamos. Hacer cada día más digna esta fértil tierra donde fue plantada la semilla de paz y respeto, significa invocar los mismos valores y principios que nos inspiraron y ha permitido preservar su fruto.

Dimensionar el presente y trazar el futuro es nuestra responsabilidad

Hoy, en medio de una compleja realidad global que nos impacta con dureza en lo local que se acentúa por efectos de la Pandemia del Covid-19 y cuyas dimensiones aún no están cuantificadas y menos que ya se tenga una fecha cierta que proyecte un pronto final. Los impactos negativos en las economías de los países generan deterioro creciente de sus principales indicadores. Incrementos en el déficit fiscal, caída de la producción, creciente desempleo y el colapso en los sistemas de salud, entre otros efectos, han minado la confianza e incrementa la desesperanza de las personas que componen la sociedad costarricense.

CONSIDERACIONES GENERALES

PRIMERA: En medio de realidad actual y considerando escenarios más complejos que podrían impactar de manera más sensible el clima de Paz Social, la ASAMBLEA DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, como órgano estatuido por ley como máxima instancia de representación multisectorial de las personas trabajadoras, cotizantes y dueñas por partes iguales de esta entidad financiera especial, y son, por imperativo de nuestra ley, representados por 10 Sectores Sociales en esta instancia, a decir: Sector Artesanal, Comunal, Cooperativo Tradicional, Cooperativas de Autogestión Magisterio Nacional, Profesional, Sindical Confederado y No Confederado, Solidaristas y Trabajadoras Independientes manifiesta y hace un respetuoso llamado a la sociedad costarricense, a los diferentes sectores Laborales, Empresariales, Organizaciones Campesinas Agrícolas e Industriales, la Academia y otros actores que coincidimos en el trabajo por una sociedad más justa e igualitaria.

SEGUNDA: Que esta instancia facilitadora de un foro de diálogo social y concertación ha desarrollado desde su génesis un importante y trascendente aporte a diferentes procesos de construcción social. Como elemento importante de destacar, es que cuando nuestro país debatía hace más de 20 años de cómo resolver temas asociados a la seguridad social y el bienestar de las personas trabajadoras mediante la creación de un II Pilar de Pensiones Complementarias por parte del Gobierno de la República en la Administración Rodríguez Echeverría, cuando se promovía la Ley de Protección al Trabajador.

Ante la necesidad de lograr acuerdos nacionales en un clima de Paz y de Respeto, los Sectores Sociales demandan la apertura de un proceso de concertación nacional, que tiene a la plataforma de la Asamblea de Trabajadores como el instrumento de representación para integrar diferentes espacios de trabajo con los liderazgos de cada uno de los sectores.

TERCERA: En el mismo sentido, tanto a finales como al inicio del presente siglo, otras iniciativas de legislación y política pública fueron lideradas desde esta importante instancia de representación multisectorial. Podemos citar, legislación vinculada para el Fortalecimiento del IVM en la Administración Rodríguez Echeverría, la Ley de Contingencia Fiscal en la administración Pacheco de la Espriella y otras importantes iniciativas de alto impacto social y económico como Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley FODEMIPYME, Ley de Representación de las Instancias de Decisión del Banco Popular.

CUARTA: Que, con la experiencia acumulada en nuestra historia por más de 30 años, esta instancia de representación multisectorial tiene la mayor disposición de sumar y constituirse en el instrumento facilitador que asumirá con rigor metodológico las propuestas que den contenido a los acuerdos multisectoriales.

QUINTA: Que a esta instancia de representación nos unen los mismos principios y aspiraciones de una Costa Rica que procure crear los equilibrios necesarios para la lucha contra los flagelos de la pobreza, el desempleo y la carencia de oportunidades para todos. Nos une el respeto a la diversidad de etnias y culturas, el reconocer el carácter pluriétnico y multicultural de la sociedad costarricense y el respeto a la diversidad.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS QUE NOS DEBEN INSPIRAR

A continuación, desarrollamos un conjunto de principios orientadores que deben inspirar la apertura de un foro multisectorial de diálogo social.

1- BIENESTAR COMÚN

Visualizamos que este foro de diálogo nacional debe ser inspirado en la búsqueda del Bien Común y sustentado en principios y valores que potencien y consoliden una sociedad justa, inclusiva y solidaria.

2- ÉTICA Y TRANSPARENCIA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS

El foro de diálogo social debe orientarse inspirado en los principios y valores de la ética social, empresarial, de la instituciones y organizaciones que formen parte de un proceso que nos dirija al debate transparente de las propuestas en procura y búsqueda de soluciones a los temas que conformarán la agenda de prioridades para abrir los caminos del diálogo honesto, en busca de una concertación nacional. Se tiene que la rendición de cuentas con carácter permanente donde mostremos las ponencias, acuerdos y disensos a la ciudadanía, debe ser un pilar de prioridad para así, asegurar que el proceso se conduzca con el más alto estándar de credibilidad.

3- SOLIDARIDAD E INCLUSIÓN

Este foro de diálogo social debe tener como característica esencial procurar que el principio constitucional de solidaridad social se robustezca y consolide, además, que en materia de inclusión social, logremos definir mejores rutas para que tanto la institucionalidad pública como privada nos comprometemos a desarrollar mejores prácticas que garanticen todas las formas de inclusión que nos permita una mejor distribución de la riqueza socialmente producida por los diferentes actores de nuestra sociedad.

4- RESPETO MUTUO

Tal y como ha sido la práctica desde la formación de nuestra república, es imperativo garantizar este foro de diálogo social debe tener como valor supremo el respeto mutuo a la libre expresión de las ideas y opiniones, así como la coexistencia de las diferentes visiones de mundo y corrientes de pensamiento.

5- COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD EN TRIPLE LÍNEA BASE (ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL)

Tomando en cuenta la imperiosa necesidad de lograr que los países procuren un equilibro y armonía entre sus objetivos de desarrollo económico, con los impactos sociales y ambientales, estimamos necesario que todo debate y acuerdo debe ser parametrizado tomando en cuenta estas variables. Lo anterior como una forma de fomentar el mejoramiento de la relación entre el ser humano, el ambiente y el conocimiento, el respeto, la conservación de los ecosistemas y el uso sostenible de los recursos ambientales, para asegurar una mejor calidad de vida de las presentes y futuras generaciones.

6- EL TERRITORIO Y LA COMUNIDAD:

Para la toma de decisiones de corto, mediano y de largo plazo consideramos que debemos construir acuerdos con la participación amplia de los liderazgos locales (Regiones y Territorios) inspirados en la pluralidad representativa y la diversidad. La confluencia de organizaciones de la sociedad civil en general, las empresas en sus diferentes industrias, academia, institucionalidad pública, ONG y todos los que se sumen al diálogo nacional, tendrán como base inspirador, la conciencia y necesidad de generación de valor para construir oportunidades económicas, sociales y ambientales con equidad y según las realidades sentidas y diferenciadas en cada región y territorio.

7- DERECHOS HUMANOS, OPORTUNIDADES ECONÓMICAS Y DERECHO AL TRABAJO

La base fundamental de toda acción dirigida a la apertura de espacios de diálogo tendrá como pilar el respeto a los derechos humanos concebidos en los instrumentos de alcance general como la “Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra Constitución Política. Nuestros objetivos se enfocan a construir oportunidades económicas sostenibles, en el ámbito económico y de generación de empleo en todas sus formas, con perspectiva intergeneracional y que priorice sobre aquellas personas en condición de pobreza, exclusión y de vulnerabilidad social, como Adultos Mayores, Niñez y personas con Discapacidad.

8- FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

Se hace necesario que entre los objetivos planteados en el foro de diálogo social se mantenga como elemento de referencia fundamental; desde su origen hasta las conclusiones que se definan nuevas reglas que adapten a una realidad especial como la actual; la legislación y normativa que regula los procesos mediante los cuales se establezcan relaciones entre agentes de la empresa pública y privada. Dichas reglas deben apuntar a lograr crear sinergias de trabajo y articulación con alcance nacional y local, para fomentar la cadena de valor en la agenda económica, el conocimiento y capacidades que se desarrollen. Es primordial una gestión del conocimiento en mutualidad y articulación entre lo público y lo privado para maximizar los recursos disponibles e impactar positivamente al mayor número de personas.

Todo lo anterior para que la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, se constituya en un Foro Multisectorial de construcción de acuerdos nacionales para contribuir al necesario Diálogo Social por una Costa Rica Solidaria, Inclusiva y con mayor Equidad, donde participen los diez sectores de la ATTBPDC y sus organizaciones, así como todos aquellos sectores y organizaciones que quieran suscribir estos principios.

Solicitan información y transparencia en proceso “Costa Rica escucha, propone y dialoga”

SURCOS recibió copia de una carta enviada a quienes coordinan la iniciativa del gobierno denominada “Costa Rica escucha, propone y dialoga”. En la nota se solicita que el Poder Ejecutivo informe públicamente a la mayor brevedad, acerca de las metas que ya han acordado con el FMI. Además, que cuando el Poder Ejecutivo tenga listo su planteamiento concreto para negociar con el FMI sobre cómo alcanzar esas metas, se vuelva a convocar “a los mismos participantes de los tres foros para dárselos a conocer y generar un intercambio de puntos de vista”. Asimismo, piden que “las reuniones clave con los partidos políticos sean públicas y publicitadas”.

Esta es la carta:

San José, 2 de setiembre de 2020

Señora Epsy Campbell Barr
Primer VicePresidenta de la República
Señor Marvin Rodríguez Cordero
Segundo VicePresidente de la República
Señora Silvia Lara Povedano
ViceMinistra
Ministerio de la Presidencia

Estimados señor@s:

Quienes suscribimos esta misiva fuimos personas que a título personal o como parte de una organización remitimos propuestas a la iniciativa del Poder Ejecutivo “Costa Rica escucha, propone y dialoga”, e incluso algunas personas tomamos parte en los Foros organizados los días 25, 26 y 27 de agosto sobre del eje Finanzas Públicas y acuerdo con el FMI.

Hemos tomado la iniciativa de auto-convocarnos, bajo el principio de la responsabilidad y el deber ciudadano consignados en el Art. 9 Constitucional, para encontrarnos y seguir construyendo un proceso de diálogo social que profundice el debate de las propuestas planteadas, así como para dar seguimiento a lo que debe ser un proceso de diálogo nacional transparente, con respecto al eje antes indicado y en el que consideramos participante activo al Poder Ejecutivo.

En ese sentido, nos dirigimos a usted para plantearle tres propuestas concretas:

  1. Que el Poder Ejecutivo informe públicamente a la mayor brevedad, acerca de las metas que ya han acordado con el FMI, tal y como lo manifestó el pasado 28 de agosto en el foro de cierre el Presidente de la República don Carlos Alvarado Quesada. Estando claros que la combinación de medidas a adoptar para alcanzar esas metas, deben ser maduradas todavía por el Poder Ejecutivo, para lo cual esperamos que tome muy en cuenta los cientos de propuestas remitidas así como las desarrolladas durante los foros.
  2. Que cuando el Poder Ejecutivo tenga listo su planteamiento concreto para negociar con el FMI sobre cómo alcanzar esas metas, requerimos que se vuelva a convocar a los mismos participantes de los tres foros para dárselos a conocer y generar un intercambio de puntos de vista, de forma totalmente transparente, aprovechando para ello su transmisión nacional utilizando todos los medios disponibles.
  3. Igualmente esperamos que las reuniones clave con los partidos políticos, sean públicas y publicitadas, en este momento en que la credibilidad del gobierno es fundamental para las decisiones post covid-19. La política es pública y la información debe estar disponible para El Soberano.

Estos planteamientos los hacemos con la mayor convicción y desde una ciudadanía responsable a fin de generar una mayor confianza en un proceso tan trascendental para nuestro país, el cual sin duda marcará el derrotero de la patria por los próximos 15 años.

Para notificaciones señalamos los siguientes correos electrónicos:

observatorio.ciudadanotf@gmail.com

Atentamente,

Firmantes

P/Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal
Amanda Ugalde Argüello (ced. 1-0864-0894)

P/Red de Evaluación y Seguimiento de Costa Rica
Presidenta Ailhyn Cristina Bolaños Ulloa (ced. 1-1097-0746)

P/Observatorio Económico y Social de la UNA
Coordinador Fernando Rodríguez Garro (ced. 4-0165-0895)

P/Cámara Nacional de Economía Social Solidaria
Montserrat Ruiz Guevara (ced. 2-0551-0422)

P/Grupo Economía Pluralista
Dir. CICDE-UNED Luis Paulino Vargas Solís (ced. 2-0327-0373)

Economista y consultora Sofía Guillén Pérez (ced. 1-1504-0735)

MSC. Ana Rosa Ruiz Fernández (ced. 3-0248-0440)

Otros Apoyos
Administrador Público Leonardo Castellón Rodríguez (ced. 1-0927-0673)
Sociólogo Allen Cordero Ulate (ced. 3-0217-0094)
Politólogo Gerardo Hernández Naranjo (ced. 1-0677-0083)

La urgencia democrática del diálogo social (II)

Manuel Hernández

En un artículo anterior, que lleva este mismo título, presenté una semblanza de la gobernanza de la emergencia sanitaria, con sus implicaciones económicas y sociales, destacando la importancia y la imperiosa necesidad de un proceso de diálogo social, que con vocación política transformadora comprenda amplios sectores y colectivos de nuestro país.

Pues resulta que el Gobierno de la República lanzó en estos días una iniciativa con una sugestiva denominación, aunque nada provocativa, titulada: “Costa Rica escucha, propone y dialoga.”   

Hay algunos que afirman y hasta celebran que, por fin, el Gobierno está impulsando un proceso de diálogo social.

Pero, lo primero, sin ánimo de ser aguafiestas, que tenemos que plantearnos es si esta iniciativa, tan publicitada, constituye efectivamente un ejercicio político de diálogo social real.

1.- ¿Qué es Diálogo Social?

Tratemos de despejar esta ecuación partiendo de la premisa que la democracia supone una pluralidad de intereses divergentes.

Nos dice la filósofa alemana Hannah Arendt que la política representa la experiencia de compartir un “mundo común”, por parte de una diversidad de sujetos.

Aquí es donde el diálogo social, particularmente en escenarios de crisis, juega un papel importante, en orden a reconocer las capacidades de los distintos actores para asumir, enfrentar y procurar la solución compartida de las situaciones conflictivas que alteran la convivencia social y la estabilidad política.

El diálogo social es un instrumento esencial de la democracia plural, un cauce de participación democrática de los distintos actores que asumen la representación de intereses que se aprecian socialmente legítimos.

Hay que resaltar que el diálogo social es un fenómeno esencialmente político, una opción de interlocución política de los agentes públicos, sociales y productivos, en la construcción y definición, pactada si fuera posible, de las cuestiones sociales y económicas que resultan de interés general o del bien común.

En fin, el diálogo social es un mecanismo de gobernanza democrática, que se diferencia de los esquemas unilateralistas y autoritarios de administración de las crisis o conflictos que regularmente sobrevienen en las sociedades.

2.- La iniciativa “Costa Rica escucha, propone y dialoga”

Varios países del viejo continente, por ejemplo, Italia y España, y de América Latina, Argentina y Uruguay, desde el advenimiento de la pandemia, promovieron y articularon instancias de diálogo social, particularmente en el ámbito de las relaciones de trabajo.

Si algo tiene de exitoso la gobernanza de la pandemia en Uruguay, por cierto, en manos de un gobierno muy a la derecha del nuestro, precisamente radica en esa apuesta política por el diálogo social.

Por contrario, en nuestro país, no es sino hasta ahora, cinco meses después que irrumpió el fatídico virus y se declaró el estado de emergencia sanitaria, que el Gobierno de la República lanzó al vuelo aquella iniciativa. Tanto tiempo después que la pandemia terminó de destruir nuestro tejido productivo y social, que nos llevó a duplicar la tasa de desempleo en menos de seis meses.

¿Pero, en qué consiste y cuáles son los alcances de esta iniciativa?

Analicemos la iniciativa gubernamental, tratando de establecer un orden sistemático, recurriendo a tres dimensiones: temática-funcional, la participación de los sujetos y finalmente, la dimensión procesal.

i.- La dimensión temática y funcional

La oferta gubernamental invita a las personas y organizaciones interesadas   remitir sus propuestas acerca de tres ejes que constituyen la agenda de la iniciativa: 1) Finanzas Públicas y el acuerdo con el FMI, 2) Reactivación Económica y 3) Creación y Protección del Empleo.

La agenda baja a la llanura ya encorsetada, con una temática numerus clausus, restringiendo que la ciudadanía pueda colocar en la agenda pública otros ejes temáticos.

Desde el punto de vista funcional, se convoca a la ciudadanía a presentar propuestas relacionadas con la ejecución de decisiones políticas tomadas de antemano y no a concertar la definición de estas políticas.

Por ejemplo, en el tema del Acuerdo de financiamiento con el FMI, la exposición de motivos de la invitación advierte lo siguiente: “que la vulnerabilidad de las finanzas públicas (…), agravada por la emergencia sanitaria, obligan a un acuerdo de financiamiento con el FMI”.

Es decir, a buen entendedor con pocas palabras: aquí no hay ningún espacio de interlocución, ni siquiera propositivo, porque anticipadamente se determinó que no hay otra alternativa, que se define obligada, que no sea necesariamente aprobar el Acuerdo con el FMI; aunque sea con todas las implicaciones que sabemos que tendrá en (contra) la institucionalidad pública.

La participación de la ciudadanía, entonces, queda circunscrita a la remisión simbólica de propuestas en aquellos exclusivos temas previamente escritos en el libreto oficialista, acompañada de foros poéticos que quedan en el limbo, sin que se definan espacios formales de negociación o concertación, destinados a pactar acuerdos, que constituyan la base de políticas concretas que se materialicen, ex post, en actos de gobierno, programas de acción o proyectos de ley.

ii.- La dimensión de los sujetos intervinientes

En teoría pueden participar, en abstracto, todas aquellas personas físicas o jurídicas con interés de remitir las correspondientes propuestas.

Se trata de una participación socialmente difusa, que no se articula con instancias orgánicas de intervención políticamente activa de actores sociales que ostenten suficiente legitimidad reconocida, para asumir la representación de los intereses plurales y diversos de la sociedad.

Esta difuminación de los sujetos intervinientes enerva el desarrollo de un proceso de interlocución e intercambio político con actores socialmente legitimados.

Esta carencia política afectaría sustancialmente la propia legitimidad del proceso. La efectividad de un verdadero proceso de diálogo social depende mucho de la legitimidad de los actores sociales.

Por otra parte, en esa nebulosa tampoco queda claro cuál es el rol que asumirá el Gobierno, en tanto que poder público.

No pareciera que asumirá una actoria política, cuya función instrumental queda minimizada a la de un simple anfitrión o coordinador “neutral”.

En otras palabras, el Gobierno no tendría el status de interlocutor del pretendido diálogo multipartito, con el que otros agentes sociales pudieran negociar y pactar acuerdos.

iii.- La última dimensión concierne a las reglas adjetivas del proceso.

En un proceso de diálogo que se estime democrático, normalmente lo primero que se pacta son precisamente las reglas del proceso.

En la iniciativa que se comenta las reglas también vienen prefabricadas.  

Quienes tengan interés de participar, deberán someterse, de manera incondicional, a las reglas fijadas unilateralmente de previo.

Tampoco se disciplina una hoja de ruta transparente, ordenada y estructurada de las fases o etapas del sinuoso proceso.

No existe definición o claridad de los mecanismos sociales, políticos y jurídicos que conlleven a compromisos de los actores involucrados, y mucho menos que garanticen su cumplimiento.

En conclusión, no puede sostenerse que el Gobierno esté convocando a un  verdadero diálogo social, destinado a desarrollar un proceso de interlocución con los actores sociales, que ostenten la legítima representatividad de los  diferentes sectores y colectivos, enfocado a discutir y concertar los grandes consensos políticos, de carácter transformador, que el país urgentemente demanda, en una sociedad estructuralmente marcada y dividida por la creciente desigualdad de todo tipo, que ya la conocíamos, pero que ha sido desnudada en toda su crudeza por la inclemente pandemia.

Veremos, eso sí, hasta dónde nuestra devaluada democracia puede llegar a sostenerse y soportar tanta injusticia social y desigualdad.

En definitiva, una caricatura de diálogo social, una desesperada y oportunista iniciativa de buzón de sugerencias on line, palabras más, palabras menos, como acertadamente la calificó un dirigente sindical.

Todo refleja que el Gobierno no sale del autismo y la ceguera política que ha sellado su modelo de gobernanza: “Algunos ciegos no solo son de los ojos, sino también del entendimiento.”  (Ensayo sobre la ceguera, Saramago)

20/08/2020

El diálogo que se propone

Óscar Madrigal

El gobierno de Alvarado propuso la semana pasada un plan de diálogo social, que se orienta a que las organizaciones y las personas propongan soluciones y luego se realicen foros de intercambio de opiniones: lo han nombrado “escuchar, proponer, dialogar”.

Es una propuesta muy extraña ya que no es propiamente una negociación, ni tampoco un compromiso de cumplir acuerdos. En el fondo no representa nada sustantivo, desde el punto de vista de las organizaciones sociales más allá de que hagan llegar -una vez más- sus propuestas y la participación en una serie de foros que no tienen ninguna formalidad o carácter vinculante. Son foros para disertaciones sin eco gubernamental. Esto se deduce de los antecedentes, ya que en el pasado el Gobierno pidió propuestas a estas organizaciones que no fueron escuchadas y muchos menos atendidas.

Por tanto, no se trata de nada parecido a una conversación seria, responsable que le permita al Gobierno apoyar las políticas que puedan interesarle a los sectores más golpeados por estas crisis.

Más parece la búsqueda de una legitimación social para continuar por el camino que ha transitado el Gobierno de Alvarado.

El gobierno propone que envíen propuestas sobre tres ejes: finanzas y acuerdo con FMI, reactivación económica y creación de empleos.

Al Gobierno hay que hacerle saber de principio, de entrada y de previo, EN LO QUE NO ESTAMOS DE ACUERDO.

En Finanzas públicas que NO estamos de acuerdo en vender activos estatales, más impuestos a los empleados públicos, reducción de jornadas a los trabajadores públicos, aumento del IVA.

En reactivación económica que NO estamos de acuerdo con flexibilización laboral, con ley de empleo público, reducción de subvenciones a la vivienda.

En materia de creación de empleo NO estamos de acuerdo con eliminar el bono Proteger, extender por más tiempo las reducciones o suspensiones de los contratos de trabajo y el pago del IVA de manera indiscriminada.

El Gobierno debe entender que para un diálogo leal y fructífero debe comprometerse en primera instancia a no llevar adelante las políticas regresivas que hasta el momento ha impulsado.

Solo a partir del compromiso de un “impasse” o una tregua acerca de seguir fomentando políticas regresivas, las organizaciones sociales pueden colaborar en un clima propositivo, leal y sano con propuestas que ayuden a superar la crisis sanitaria y económica.