Luis Andrés Sanabria Zaniboni

Lecciones de democracia según Abraham Lincoln:
Dios prefiere a la gente corriente, por eso ha hecho tanta
La democracia es el gobierno de la gente, por la gente, para la gente
El hombre que no investiga las dos partes de una cuestión, no es honrado
Los que niegan la libertad a otros, no se la merecen para ellos mismos

Una vez atravesado el rosal del diálogo “social” (por las espinas lo decimos) convocado por el gobierno ante la presión de las manifestaciones y bloqueos, detengámonos aquí… ¿el gobierno hubiera convocado igual al diálogo con esa precisa y compromiso sin esas manifestaciones y bloqueos?, pero no nos distraigamos con preguntas necias, lo relevante del fallido proceso que vivió el país es el saldo democrático que deja, o como dicen ¿Qué democracia nos ha reflejado este proceso?

Salta a la vista que el diálogo convocado, según las premisas y metodología expuestas, fue un ejercicio que no respondía a la complejidad del conflicto social que vivimos, y todo quedó muy claro cuando la premisa del equipo facilitador indicó que “en la democracia hay gobernados y gobernantes”.

Tal y como lo leyó, volvimos algunas décadas atrás en las ciencias políticas (por no decir siglo), tal vez consideren la postura disconforme como algo “extremista”, pero les invitamos a ver las definiciones del diccionario, instrumento nada sospechoso de “comunismo transnochado”, en sus 5 acepciones detalla (RAE, 2020): “1. f. Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. 2. f. País cuya forma de gobierno es una democracia. 3. f. Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes. 4. f. Forma de sociedad que practica la igualdad de derechos individuales, con independencia de etnias, sexos, credos religiosos, etc. Vivir en democracia. U. t. en sent. fig. 5. f. Participación de todos los miembros de un grupo o de una asociación en la toma de decisiones. En esta comunidad de vecinos hay democracia”.

Es así que una democracia lejos de implantar a gobernantes, coloca ciudadanas/os a ejercer funciones y responsabilidades, las cuales son vigiladas con pesos y contrapesos (Ejecutivo, legislativos y judicial conformado por ciudadanas/os), pero también por los medios de comunicación, los procesos organizativos de diversos tipos (empresarial, comunitaria, etc), y como no, por otros ciudadanas/os que se ven afectados por las decisiones que se toman en instancias de representación. Para esto existen formas y modos, la rendición de cuentas de parte de las y los participantes, la existencia de sistemas de transparencia en la toma de decisiones, las huelgas, marchas, protestas y un largo etc.

Podríamos entrar en detalle, ¿qué la forma tal? O ¿el procedimiento tal?, pero atención con esto, dependiendo de la respuesta que tengamos estamos más cerca del autoritarismo o la democracia, es decir un sistema cerrado y privilegiado o más abierto e inclusivo.

Volvamos a lo relevante, si la concepción dominante es la división señalada, nos encontramos la explicación a los embates del gobierno, el deseo imperioso de disciplinar a una sociedad, “acomodarla” a los deseos de los sectores dominantes que coparticipan en el gobierno, la nula capacidad de rendición de cuentas, y aún más preocupante los silencios y la incapacidad de interlocución seria y corresponsable.

¿Por qué señalamos lo anterior? El personaje autoritario se caracteriza por ejerce con exceso su autoridad o abusar de la misma. Hemos asistido en los últimos años a ejemplos paradigmáticos de esta modalidad, desde Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y las mesas de “escucha”, con el despliegue policial con tintes de “matonismo” bajo estrategias de rompehuelgas (gas lacrimógeno a media noche no hay que decir más), viene marcando la forma y modo de ejercitar una forma política no democrática, en contraposición de una construcción de consenso desde la participación inclusiva.

No es casualidad las reformas promovidas por las diputadas y diputados a través de la Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, que consolidó los esquemas más restrictivos de exposición de las libertades civiles y la criminalización de los mecanismos legítimos aún (más no legales) de expresar la disconformidad ante decisiones y acciones que violentan a grupos de personas, que no fueron involucradas y tomadas en cuenta.

Dirán ustedes: es apenas un “grupito”, y de este lado recitamos “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (Declaración Universal de Derechos Humanos), y les preguntamos ¿Cómo lo entienden ustedes?

Es así que un gobierno que se ate al principio de exclusión en aras de una supuesta legalidad que judicializa lo político, desgastará la sociedad en un conflicto permanente.

Cuando volvamos a pensar en metodologías de diálogo, hagamos algunas preguntas antes de comenzar cualquier formulación; ¿De qué democracia hablamos? ¿Quiénes participan y cómo? ¿Qué responsabilidades tienen los sujetos? ¿Qué tipo de efectos tienen los acuerdos tomados?

Una vez puesto en común los alcances del diálogo en los espacios públicos pertinentes, podremos reconocer la legitimidad de la propuesta, y lo más importante comunicarle a la sociedad, preguntarle si le interesa, invitar a participar, y no colocar exclusiones y plazos, porque según lo más básico de una democracia, son las y los ciudadanos quienes deciden y acuerdan. Tan importante es la formulación previa, su desarrollo, así como el respeto de los acuerdos y su implementación.

Cuando volvemos la mirada a lo vivido en los últimos años, asistimos a una disputa de sentido sobre la democracia, entre los que asumen para sí el privilegio de la “autoridad” y desean ejercer las prerrogativas de tener el “control” de un aparato institucional con “mando de fuerza” a modo de gobierno, y por otro lado la capacidad ciudadana de recrear las democracias en el ejercicio de la libertad de participación desde la corresponsabilidad de las funciones y responsabilidades en la construcción de un país.