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Etiqueta: discapacidad

Espejismo en avances efectivos: Nuevas leyes en el ámbito de la discapacidad

Luis Fernando Astorga Gatjens

Cuando se impulsa la aprobación de nuevas leyes que reconocen derechos a las personas con discapacidad ya incluidos en otras normas (nacionales o internacionales), vigentes en el país, cabe preguntarse si realmente, representan avance en la efectivización de derechos o es un paso que no representa cumplimiento efectivo alguno (o muy limitado) y no pasa de un mero simbolismo.

Tal es la disyuntiva que se presenta a raíz de la aprobación en segundo debate de “Ley para el cumplimiento de derechos y desarrollo de oportunidades de las personas con trastorno del espectro autista (TEA)”, realizada el día 14 de enero del año en curso.

Quienes hemos sido y somos promotores e impulsores de normas que reconocen derechos de personas de grupos sociales o poblaciones excluidos, como el de las personas con discapacidad, siempre vamos a estar atentos a destacar cualquier avance en este ámbito.

Sin embargo, debemos distinguir lo que son avances reales de avances aparentes en el cumplimiento efectivo de lo que dicta cada norma. Los primeros se aprecian cuando se desarrollan políticas públicas, cuya ejecución está respaldada por la asignación de recursos presupuestarios y planes operativos de ejecución concreta. Esto avances son perfectamente medibles a través de evaluaciones que cuantifiquen y cualifiquen, si impactaron efectivamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y grupos a los que van dirigidas tales políticas.

Por el contrario, los “avances” que se quedan en la apariencia son aquéllos que simplemente tienden a detallar normas de derechos humanos ya existentes y cuyos resultados concretos y medibles, no se visualizan. Son normas que resultan redundantes y cuya necesidad es cuestionable, ya que perfectamente, el avance podría derivarse de normas existentes, con sólo que existiriera la voluntad política de la institución o instituciones, a las que les correspondería hacerla efectiva mediante acciones, programas y políticas específicas. Y, por supuesto, con el presupuesto que garantice el avance.

Al examinar esta ley que beneficiaría a personas con discapacidad, con el trastorno del espectro autista (TEA), observamos que es muy probable que no trascienda de la buena intención de las personas que la impulsaron y de las y los legisladores que votaron a favor de convertir el proyecto en ley de la República.

Se trata de una ley que deja en el vago compromiso multi-institucional de la promoción y no de acciones concretas, medibles, dotadas de presupuesto y que realmente sea ineludible su cumplimiento efectivo. Se trata de una nueva norma que se suma a muchas otras que no va a contar con recursos para su ejecución y que carecen de dientes sancionatorios.

La ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, fue promulgada el 29 de mayo del año 1996. Es una ley que ya va a cumplir 25 años y cuyo cumplimiento efectivo, ha sido limitado, en general y casi nulo en algunos derechos económicos y sociales. Asimismo, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada mediante la Ley 8661 el 29 de setiembre del 2008, también es de muy limitada implementación; tal y como lo demuestran las observaciones y recomendaciones hechas al Estado costarricense, por parte del Comité de Naciones Unidas encargado de su vigilancia y supervisión y que fue señalado oportunamente en informes alternativos, elaborados por organizaciones de personas con discapacidad.

Estas dos importantes normas deberían haber dado base a distintas políticas y acciones que redundaran, de manera concreta y medible, en mejora en las condicones de vida de las personas con discapacidad, incuidas las personas con el TEA. Sin embargo, el desfase entre lo que dictan las normas y su aplicación efectiva sigue siendo enorme.

De esta manera, aunque es de valorar y encomiar cuando se aprueban leyes que reconocen derechos de personas, en este caso concreto de la mencionada ley, nos preocupa que no pase del espejismo de un avance, que tendrá escasa repercusión en la vida de las personas con el TEA y sus familias.

Mientras se acumulen más leyes sobre derechos de las personas con discapacidad que tengan como horizonte el lamento de su incumplimiento, vamos a cuestionar su aprobación. Y en un periodo como el que vive el país donde las reducciones presupuestarias en programas sociales, ha ganado terreno, este cuestionamiento cobra mayor sentido aún.

Por todo ello, para las personas con discapacidad, para sus organizaciones y para sus familias, el camino de la lucha para exigir el cumplimiento de la normativa (particularmente la Ley 7600 y la Convención de la ONU), sigue teniendo plena vigencia. Solo de esta manera, las personas con discapacidad podrán mejorar sus condiciones de vida y a empezar a dejar de ser descartables o de segunda categoría en el Bicentenario de Nuestra Patria.

Tomado de La Gaceta.

Personas con discapacidad: más pobres, desiguales y aisladas que nunca antes

Luis Fernando Astorga Gatjens
luferag@gmail.com

Cuando la vida es difícil para cualquier persona, es más difícil aún para las personas con discapacidad. Ésta es una premisa que se cumple con rigor en esta dura época marcada por la irrupción devastadora del coronavirus.

Se preguntaba mediante un amplio reportaje contextualizado en la realidad española, la periodista María José Carmona: ¿Por qué todo es más caro para las personas con discapacidad? A lo largo de su trabajo muestra cómo casi todo (bienes y servicios), tienden a ser más costosos para las personas con discapacidad y sus familias.

Sean personas ciegas o sordas, personas con discapacidad intelectual o con discapacidad física, deben adquirir productos que otras personas sin discapacidad no requieren o tienen que adquirir productos a un precio mayor, que cuentan con algún dispositivo que mejora o asegura la accesibilidad.

La reportera pone como ejemplo ilustrativo el hecho de que las personas ciegas, se vean obligadas a adquirir un iphone, en virtud de que cuenta con una tecnología denominada Voiceover, que lee en voz alta todo lo que pasa en la pantalla del celular. Pero –como bien destaca–: Es un iphone y cuesta mucho dinero. Y esto es aplicable a los diferentes tipos de discapacidades, a partir de necesidades específicas.

Esta situación la caracterizó muy bien el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen que mostró cómo en Inglaterra, las personas con discapacidad para tener un nivel de vida similar a las personas sin discapacidad, debían incurrir en una serie de gastos adicionales. En un estudio que realizó a finales de la década de los noventa del siglo anterior, el economista indo-británico, mostró cómo esta situación generaba mayores condiciones de pobreza en las familias con miembros con discapacidad.

A conclusiones similares llegó el sueco, Bengt Lindqwist, ExRelator de Naciones Unidas sobre Discapacidad, al destacar el círculo vicioso entre pobreza y discapacidad: “La pobreza genera discapacidad y la discapacidad produce pobreza”.

Las malas condiciones de limitada higiene y hacinamiento que genera la pobreza y extrema pobreza, y la falta de acceso oportuno a servicios de salud, son condiciones idóneas para que los niños adquieran enfermedades discapacitantes. Igualmente, las actividades laborales riesgosas son una causa de accidentes que dejan secuelas discapacitantes. Con ello se ejemplifica la parte de la ecuación que fija que las condiciones de pobreza pueden ser generadoras de discapacidad.

Las personas con discapacidad tienen menores posibilidades de acceder a un empleo, aun cuando cuenten con alguna formación académica o técnica. Los prejuicios existentes y otras barreras generan esta injusta situación discriminatoria. Asimismo, cuando un integrante de la familia tiene una discapacidad, en muchas ocasiones otro miembro de la familia debe convertirse en su cuidador o cuidadora; con lo cual dos miembros pueden quedar excluidos de la actividad laboral remunerada. El resultado concreto es una menor disponibilidad de recursos económicos y con ello, se cumple la parte de la ecuación que expresa que la discapacidad produce pobreza.

Así las cosas, cuando se unen menores ingresos y mayores gastos, ambos generados por la discapacidad, se incrementa en forma notoria, las condiciones para que las personas con discapacidad enfrenten mayores condiciones de pobreza y desigualdad social. Eso quedó patentado en los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS 2018), al comparar mediante cifras cómo la pobreza afecta en mayor medida a las personas con discapacidad.

Ahora bien, este fenómeno se hace más grave aún en tiempos de crisis económica y social, como la que enfrenta la sociedad costarricense a raíz de la pandemia de la covid-19.

En mayo del año anterior, la ONU emitió un informe que caracteriza la situación de las personas con discapacidad ante la pandemia. “La crisis mundial de la covid-19 está profundizando las desigualdades preexistentes, revelando el alcance de la exclusión y poniendo de manifiesto que es imprescindible trabajar en la inclusión de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad —1.000 millones de personas— son uno de los grupos más excluidos de nuestra sociedad y se encuentran entre las más afectadas por esta crisis en cuanto a muertes. Incluso en circunstancias normales, las personas con discapacidad tienen menos probabilidades de acceder a la atención sanitaria, la educación y el empleo y de participar en la comunidad. Tienen más probabilidades de vivir en la pobreza, están expuestas a tasas de violencia, abandono y abuso más elevadas y se encuentran entre los grupos más marginados de cualquier comunidad afectada por una crisis. La covid-19 ha agravado aún más esta situación, al afectar de manera desproporcionada a las personas con discapacidad, tanto directa como indirectamente”.

Al concluir el año 2020, tal es la apreciación diagnóstica de una realidad todavía no investigada ni revelada en toda su preocupante dimensión.

El principio de soluciones ante tan vasto problema social de exclusión, que afecta a la mayoría de las personas con discapacidad y sus familias, está claramente definido en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006), que el Estado costarricense ratificó mediante la ley 8661. No por casualidad esta norma internacional tiene como uno de sus tres ejes el de desarrollo social inclusivo y accesible.

Sin embargo, al examinar la aplicación de las disposiciones de este tratado vigente desde septiembre del 2008, en nuestro país, el panorama es desolador. Después de 12 años de su entrada en vigor, ya se tendrían que mostrar resultados tangibles y concretos, en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Pero la distancia entre lo que dicta este instrumento jurídico y las políticas públicas que posibiliten la inclusión social de este sector poblacional de más de 600 mil personas, sigue siendo enorme.

Lo más grave es que con el Gobierno de Carlos Alvarado no sólo

 no se han dado avances, sino todo lo contrario: El retroceso es el horizonte más seguro para la mayoría de las personas con discapacidad. Las graves reducciones presupuestarias que se aplicarán en este 2021, afectarán severamente políticas públicas que debían beneficiar a este sector poblacional. Y antes que se señale al coronavirus como principal culpable de esta situación, es oportuno y necesario aclarar que esta situación se empezó a manifestar mucho antes de que la covid-19 arribará a nuestro país. Lo que hizo la pandemia fue agravar y desnudar el estado de cosas preexistentes.

Para que esta injusticia social y la creciente exclusión, no se extiendan como una ancha sombra, a las personas con discapacidad y sus familias, en alianza con otros sectores, no les quedará otro camino que movilizarse y luchar. ¡Sin acción organizada, no hay derecho!, tal es la consigna imprescindible en este año del Bicentenario de Nuestra Patria.

(4 de enero, 2021)

Medidas adicionales para las personas con discapacidad ante el COVID-19

Luis Fernando Astorga Gatjens,
luferag@gmail.com

El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) ha venido demandando, a las autoridades de Gobierno y a distintas instituciones públicas, la necesidad de que implementen un conjunto de medidas adicionales de protección para las personas con discapacidad, en atención a la declaratoria de Emergencia Nacional por el COVID-19.

Este esfuerzo es tan necesario como oportuno. El pasado martes, 17 de marzo, la Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, la costarricense Catalina Devandas, reclamó que se han tomado escasas medidas para proporcionar la orientación y los apoyos necesarios a las personas con discapacidad, para protegerlas del contagio de la actual pandemia del COVID-19 que afecta al mundo y a nuestro país. Devandas expresó que “este apoyo es básico para su supervivencia”, por lo que solicitó a los Estados la adopción de medidas adicionales de protección social, y atención de salud oportuna, de calidad y en lugares que garanticen su seguridad y privacidad, en función de que las personas con discapacidad cuenten con apoyo seguro a lo largo y hasta que termine la crisis.

“Las personas con discapacidad se ven afectadas de manera desproporcionada en situaciones de desastre, emergencia y conflicto debido a que las medidas de evacuación, respuesta (incluidos los refugios, los campamentos y la distribución de alimentos) y recuperación les resultan inaccesibles”. (DESA-ONU).

Muchas personas con discapacidad se consideran particularmente vulnerables ante el coronavirus y, por el hecho de la necesidad de asistencia personal, mayor limitación para la movilidad, acceso limitado a la comunicación, son de alto riesgo de contagio. El Gobierno y demás entidades públicas y privadas, que están atendiendo esta desafiante crisis, deben tomar muy en serio estos justos y acertados llamados a poner atención a la situación particular de este sector poblacional, que suma entre 670 640 personas (Censo, 2011) y más de 900 mil (ENADIS, 2018).

Como bien señala el ente rector en la materia: “esta vulnerabilidad se ve incrementada debido a que el 52.4% de la población total con discapacidad, se ubica en los dos quintiles de menor ingreso (214,370 mujeres y 138,627 hombres)”. Y la pobreza y la exclusión social, como es bien sabido, hacen que las personas sean más afectadas por las distintas crisis y ésta de carácter sanitario, las hace severamente vulnerables.

Esta vulnerabilidad se extiende, inevitablemente, a sus familias ya que muchas personas por su condición de discapacidad, demandan la atención directa y cotidiana de familiares. Como ha advertido el CONAPDIS: “la actual situación de emergencia nacional por el COVID-19 limita el contacto entre familiares y coloca en situación de riesgo, abuso o negligencia a las personas con discapacidad.”.

Con el propósito de asegurar el cumplimiento efectivo del derecho a la salud para este amplio sector de la población nacional, se demandan esas medidas adicionales, subrayando –eso si—que no es por su discapacidad “sino, porque muchas de ellas tienen condiciones de salud de riesgo y se encuentran en una situación sensible.”

Cabe aquí invocar el Artículo 11 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre “Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias” (CDPD, ONU, 2006) que indica lo siguiente: “Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas posibles para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.”

El oportuno llamado del CONAPDIS incluye como interlocutores, en arreglo a la situación y ámbito que se atienda, al Gobierno, al Ministerio de Salud, a la CCSS, al Ministerio de Trabajo, al MEP y sus Centros de Atención Intergral (CAI), al IMAS, Municipalidades (Comités Municipales de Discapacidad), entre otras entidades públicas. Igualmente, el llamado debe llegar a la conciencia y a la acción de las entidades privadas y actores de sociedad civil, que puedan aportar a este esfuerzo inclusivo.

Es necesario pensar que lo necesario y bueno para este sector significativo de la población es bueno y necesario para toda la sociedad costarricense. Todas y todos estamos en la misma barca que enfrenta la tempestad de esta pandemia global. Rememos todas y todos en el mismo y solidario esfuerzo mientras se supera la crisis.

UNA: Jóvenes con discapacidad se empoderan en medio de la pandemia

“Confianza, empoderamiento, más que todo” es lo que encontró Francini Sánchez Pérez, en medio de la pandemia por la covid-19, en el curso “Formación por competencias básicas vinculadas al mundo del empleo (Habilidades blandas) para jóvenes con discapacidad”, impartido por la Maestría en Pedagogía del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (Cide-UNA) y el Consejo de la Persona Joven (CPJ) del Ministerio de Cultura y Juventud.

“Usted quiere estudiar algo y las personas le dicen que mejor lo piense, que le va a costar, solo porque usted tiene discapacidad visual; como que no confían en uno y a la vez lo desaniman”, cuenta esta joven de la comunidad indígena de Quitirrisí de Mora, al referirse a algunas de las limitaciones que ha enfrentado en su vida.

Muy distintas son las palabras y actitudes del equipo de personas facilitadoras de este curso de habilidades blandas, que Francini recibió junto a otros 28 jóvenes de la Gran Área Metropolitana con distintas condiciones de discapacidad, a través de la pantalla de un dispositivo electrónico, en este año de pandemia.

“Ellos me dieron otras herramientas, lo empoderan mucho a uno”, dice Francini, quien valora el aprendizaje en trabajo en equipo, comunicación, interacción con las personas, así como el conocimiento adquirido acerca de la legislación relacionada con discapacidad y de empleo y emprendimientos.

Estudiante de Administración de Servicios de Salud en la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Francini agrega que la pasantía que se realiza como parte del curso la orientó sobre lo que le es más fácil realizar dentro de su carrera, qué puede mejorar y también cómo buscar herramientas para tener acceso a diferentes trabajos. “Aprendí mucho, significa mucho. Lo animan a uno a seguir, a no detenerse, a luchar”, asegura esta joven de 26 años.

Más allá de un título

“El curso fue un punto de inflexión en mi vida. Sí recibimos un título, pero pienso que va más allá. Es algo que me va a ayudar mucho, no solo en un trabajo sino afuera porque me da a entender quién soy y realmente qué es lo que quiero”, expresa Ángel Flores Guardado, de 18 años, quien tiene ceguera y vive en San Antonio de Escazú.

Ángel explica que el último trabajo que se realiza en el curso es un plan de acción, donde cada uno explica qué es lo que quiere concretamente para su vida y cómo quiere conseguir sus metas. “Para eso fue este curso, para darnos las bases para poder llegar a ellas”.

Y, sí, Ángel tiene ahora muy claro qué quiere. Primero, entrar a estudiar a una universidad, ya sea ciencias del movimiento humano para ser profesor de educación física, ingeniería en sistemas o administración de empresas.

También le encanta el deporte, lo que ya le ha dado frutos. Como integrante de la selección de futbol para ciegos ha representado a Costa Rica en un campeonato mundial.

Por su parte, Yuliana Fernández Flores, de 26 años, quien tiene una discapacidad cognitiva, asegura que con el curso ha aprendido a desenvolverse sola.

Ella sacó su educación primaria y secundaria con ayuda de adecuación curricular, y más tarde ingresó a estudiar Educación Preescolar en una universidad privada, pero se le dificultó mucho terminar su carrera.

Tiene los certificados de cursos de cocina y elaboración de queques que ha llevado en la Municipalidad de Escazú, así como de computación e inglés, recibidos en un instituto privado.

Por eso, como parte del curso de habilidades blandas impartido por la UNA y el CPJ, realizó práctica como ayudante de cocina, con muy buen resultado. “Me fue super bien, me desenvolví sola, yo hice todo sola, nadie me ayudó”, subraya Yuli, quien hoy se siente inspirada para tomar decisiones por sí misma y con más autonomía para decir “quiero esto”.

Ventana al encuentro

Aunque recibieron su título en sus propias casas, Francini, Ángel, Yuliana y sus compañeros de curso, se graduaron oficialmente el pasado 14 de octubre en una ceremonia virtual, en la que participó el director del Consejo de la Persona Joven, Luis Antonio González.

El director del CPJ resaltó la importancia de la articulación con la UNA para impartir este curso, con el que –considera- estas personas jóvenes están construyendo una mejor Costa Rica, porque las habilidades blandas son fundamentales en la actual coyuntura.

“Hace falta más diálogo para que el país avance hacia mejores lugares, hacia mejores tomas de decisiones y que haya más bienestar. Con ustedes estamos construyendo mejores ciudadanos y ciudadanas y eso es construir un mejor país porque el país no es un mapa, el país somos nosotros y nosotras”, dijo.

Por su parte, Marjon Belderbos, coordinadora de la Maestría en Pedagogía de la UNA destacó que en la virtualidad, “las pantallas –como alguien en un curso dijo- se han convertido en ventanas al encuentro”.

“Parece que hay mucho interés de participar y de conocer otras personas jóvenes en condición de discapacidad para unirse, para dejarse escuchar, para compartir sueños, para apoyarse con las metas que cada quien se pone”, afirmó.

“Este curso los pone a ustedes en el centro, pero queremos que sigan creyendo en sí mismos y luchando por sus derechos, por su metas, por su convivencia con otras personas jóvenes, para juntos construir esta nueva realidad de la que tanto se ha hablado y que nos toca vivir ahora. Espero que el curso les haya apoyado para hacer de esa situación, una situación en que podemos seguir creciendo”, subrayó.

Del 2013 al 2020, 481 jóvenes se han graduado del curso “Formación por competencias básicas vinculadas al mundo del empleo (Habilidades blandas) para jóvenes con discapacidad”, a lo largo del país.

En el marco de la igualdad de oportunidades y mediante una propuesta pedagógica práctica y participativa, el curso facilita a las personas participantes herramientas para promover sus derechos humanos y su inclusión en el mundo laboral, así como el fortalecimiento de su autonomía e independencia.

El curso es coordinado por la académica María Fernanda Fonseca de la Maestría en Pedagogía, con el apoyo de un equipo facilitador, integrado por docentes y estudiantes asistentes.

***Mayores detalles con periodista Oficina de Comunicación 8334-4150.

4° Festival Internacional de Cine Ambiental y de Derechos Humanos FINCADH Costa Rica 2020 ONLINE

El IV FINCADH Costa Rica 2020 se convierte en el Primer Festival On-Line del país

El Instituto Multimedia DerHumALC (IMD) asociación sin fines de lucro radicada en Argentina, para la defensa y la educación en materia de derechos humanos a través del cine con más de 25 años de experiencia en Festivales de Cine, presenta el IV Festival Internacional de Cine Ambiental y Derechos Humanos, FINCADH Costa Rica On-Line, un festival de cine internacional con enfoque social y comprometido con las problemáticas ambientales y los derechos humanos, que cree en el poder del cine como una herramienta para la sensibilización, la visibilización y la discusión de estas temáticas.

Primer Festival On-Line de Costa Rica

Debido a las circunstancias extraordinarias derivadas de la situación de emergencia en salud pública ocasionadas por el COVID-19 a nivel global, el 4° FINCADH Costa Rica 2020 se realizará online, con lo cual se convierte en el primero en el país desde abril de este año, a través de una plataforma web y de las redes sociales.

Inicialmente, esperábamos realizar la mayoría de las actividades del Festival en julio de este año, pero la Emergencia Nacional dictada por la segunda ola de la pandemia del Covid-19, nos llevó a tomar la decisión de pausarlas hasta ahora, que las retomaremos.

En la plataforma web www.fincadhcostarica.org es posible consultar y visualizar las películas, las actividades especiales (cine-foros, charlas y actividades culturales y recreativas), y disfrutar del intercambio vía streaming con directores y cineastas nacionales e internacionales. La fase final del festival será una semana intensiva de actividades que tendrá lugar en los próximos meses, en una fecha que revelaremos próximamente.

El compromiso ha sido generar un evento accesible tanto para el público que nos acompaña cada año como para las nuevas audiencias que quieren sumarse a vivir la propuesta del Festival a través de distintas plataformas digitales y aplicaciones de uso cotidiano, especialmente ampliando el alcance a un público de toda Costa Rica, dado que en las ediciones anteriores hemos estado centrados en la Gran Área Metropolitana.

El FINCADH Costa Rica es el único festival en Costa Rica que se centra en el cine de denuncia, de protesta, documental y de ficción en torno al Ambiente y los DDHH, y es producido desde hace cuatro años por un equipo local con amplia experiencia, liderado por Jess Márquez Gaspar reconocido activista de DDHH, certificado para dicha tarea por la organización internacional Movies That Matters a través de la Especialización Cinema Without Borders, Producción de Festivales de Cine con Compromiso Social.

Desde abril de este año, se ha destacado además con la realización de sus actividades on-line a través de sus redes sociales y las de sus aliados. En particular, gracias a la producción y apoyo de sus partners locales, las ONGs locales Colective Transcendentes, dedicado a la lucha por los DDHH de las personas LGBTI, migrantes y con discapacidad, desde la interseccionalidad; y Organización Transvida, dedicado a la lucha de los DDHH de la población LGBTI en el país, en particular de las mujeres trans desde hace casi una década.

Adjuntamos el comunicado completo para descargar:

Al Sur de la cuarentena

Boaventura de Sousa Santos

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

Cualquier cuarentena es siempre discriminatoria, más difícil para unos grupos sociales que para otros. Es imposible para un amplio grupo de cuidadores cuya misión es hacer posible la cuarentena al conjunto de la población. En este texto, sin embargo, atiendo a otros grupos para los que la cuarentena es particularmente difícil. Son los grupos que tienen en común una vulnerabilidad especial que precede a la cuarentena y se agrava con ella. Esos grupos conforman lo que llamo el Sur. En mi concepción, el Sur no designa un espacio geográfico. Designa un espacio-tiempo político, social y cultural. Es la metáfora del sufrimiento humano injusto causado por la explotación capitalista, por la discriminación racial y por la discriminación sexual. Me propongo analizar la cuarentena desde la perspectiva de quienes más han sufrido debido a estas formas de dominación. En su conjunto, estos colectivos sociales constituyen la mayoría de la población mundial.

Selecciono unos pocos

Las mujeres. La cuarentena será particularmente difícil para las mujeres y, en algunos casos, incluso puede ser peligrosa. Las mujeres son consideradas “las cuidadoras del mundo”, predominan en el ámbito de la prestación de cuidados dentro y fuera de las familias. Predominan en profesiones como la enfermería o la asistencia social, en la primera línea de batalla de la prestación de cuidados a enfermos y ancianos dentro y fuera de las instituciones. No pueden defenderse en cuarentena para garantizar la cuarentena de los demás. También son ellas las que siguen estando a cargo, exclusiva o mayoritariamente, del cuidado de las familias. Puestas en cuarentena, uno podría imaginar que, con más brazos disponibles en casa, las tareas podrían estar más distribuidas. Sospecho que no será así frente al machismo que impera y tal vez se refuerce en momentos de crisis y de confinamiento familiar. Con los niños y otros miembros de la familia en casa durante las veinticuatro horas, el estrés será mayor y sin duda recaerá más sobre las mujeres. El aumento del número de divorcios en algunas ciudades chinas durante la cuarentena puede ser un indicador de lo que acabo de decir. Por otro lado, es bien sabido que la violencia contra las mujeres tiende a aumentar en tiempos de guerra y de crisis (y ha ido en aumento ahora). Una buena parte de esta violencia se produce en el espacio doméstico. El confinamiento de las familias en espacios pequeños y sin salida puede ofrecer más oportunidades para el ejercicio de la violencia contra las mujeres. Basándose en información del Ministerio del Interior, el periódico francés Le Figaro informaba el 26 de marzo de que la violencia conyugal había aumentado un 36% la semana anterior en París. El Ministro de Policía de Sudáfrica, Bheki Cele, informó el 2 de abril que en la primera semana de cuarentena se registraron 87.000 denuncias por violencia de género.

Los trabajadores precarios e informales, llamados autónomos. Después de cuarenta años de ataques a los derechos de los trabajadores en todo el mundo por parte de las políticas neoliberales, este grupo de trabajadores es globalmente predominante, aunque las diferencias de un país a otro son muy significativas. ¿Qué significa la cuarentena para estos trabajadores, que tienden a ser los más rápidamente despedidos cada vez que hay una crisis económica? El sector servicios, en el que abundan, será una de las áreas más perjudicadas por la cuarentena. El 23 de marzo, la India declaró la cuarentena durante tres semanas, afectando a 1.300 millones de habitantes. Teniendo en cuenta que en la India entre el 65% y el 70% de los trabajadores pertenecen a la economía informal, se estima que 300 millones de indios se quedarán sin ingresos. En América Latina, alrededor del 50% de los trabajadores se emplean en el sector informal. En África, por ejemplo, en Kenia o Mozambique, debido a los programas de ajuste estructural de los años 1980-90, la mayoría de los trabajadores son informales. La indicación de la OMS de trabajar en casa y en aislamiento es impracticable, pues obliga a los trabajadores a elegir entre ganarse el pan diario o quedarse en casa y pasar hambre. Las recomendaciones de la OMS parecen haber sido diseñadas pensando en una clase media que es una fracción muy pequeña de la población mundial. ¿Qué significa la cuarentena para los trabajadores que ganan día a día para vivir día a día? ¿Se arriesgarán a desobedecer la cuarentena para alimentar a su familia? ¿Cómo resolverán el conflicto entre el deber de alimentar a la familia y el deber de proteger su vida y la de ella? Morir de virus o morir de hambre, esa es la opción.

Trabajadores de la calle. Los trabajadores de la calle son un grupo específico de trabajadores precarios. Los vendedores ambulantes, para quienes el «negocio», es decir, la subsistencia, depende exclusivamente de la calle, de quienes transitan en ella y de la decisión, siempre impredecible para el vendedor, de detenerse y comprar algo. Hace mucho tiempo que los vendedores viven en cuarentena, en la calle, pero en la calle con gente. El impedimento de trabajar para quienes venden en los mercados informales de las grandes ciudades significa que potencialmente millones de personas ni siquiera tendrán dinero para acudir a las instalaciones de salud si se enferman o para comprar desinfectante y jabón para manos. Los que tienen hambre no pueden darse el lujo de comprar jabón y agua a precios que están comenzando a sufrir el peso de la especulación. En otros contextos, los uberizados de la economía informal que entregan alimentos y pedidos a domicilio garantizan la cuarentena de muchos, pero por eso no pueden protegerse con ella. Su «negocio» aumentará tanto como su riesgo.

Los sin techo o población de calle. ¿Cómo será la cuarentena para aquellos que no tienen hogar? Personas sin hogar, que pasan las noches en viaductos, estaciones abandonadas de metro o tren, túneles de aguas pluviales o túneles de alcantarillado en tantas ciudades del mundo. En los Estados Unidos los llaman tunnel people. ¿Cómo será la cuarentena en los túneles? ¿No han estado toda su vida en cuarentena? ¿Se sentirán más libres que aquellos que ahora son obligados a vivir en casa? ¿La cuarentena verá una forma de justicia social?

Moradores en las periferias pobres de las ciudades, favelas, barriadas, slums, caniço, etc. Según datos de ONU Hábitat, 1,6 mil millones de personas no tienen una vivienda adecuada y el 25% de la población mundial vive en barrios informales sin infraestructura ni saneamiento básico, sin acceso a servicios públicos, con escasez de agua y electricidad. Viven en espacios pequeños donde se aglomeran familias numerosas. En resumen, habitan en la ciudad sin derecho a la ciudad, ya que, viviendo en espacios desurbanizados, no tienen acceso a las condiciones urbanas presupuestas por el derecho a la ciudad. Dado que muchos habitantes son trabajadores informales, se enfrentan a la cuarentena con las mismas dificultades mencionadas anteriormente. Pero además, dadas las condiciones de vivienda, ¿podrán cumplir con las normas de prevención recomendadas por la OMS? ¿Serán capaces de mantener la distancia interpersonal en los pequeños espacios de vivienda donde la privacidad es casi imposible? ¿Podrán lavarse las manos con frecuencia cuando la poca agua disponible se debe guardar para beber y cocinar? ¿El confinamiento en una vivienda tan pequeña no tiene otros riesgos para la salud tan o más dramáticos que los causados por el virus? Muchos de estos barrios ahora están fuertemente vigilados y, a veces, sitiados por las fuerzas militares con el pretexto de combatir el crimen. ¿No es, después de todo, la cuarentena más dura para estas poblaciones? ¿Los jóvenes de las favelas de Río de Janeiro, a quienes la policía siempre les impidió ir a la playa de Copacabana el domingo para no molestar a los turistas, no sentirán que ya vivían en cuarentena? ¿Cuál es la diferencia entre la nueva cuarentena y la original que siempre ha sido su modo de vida? En Mathare, uno de los suburbios de Nairobi, Kenia, 68.941 personas viven en un kilómetro cuadrado. Como en muchos contextos similares en el mundo, las familias comparten una habitación que también es cocina, dormitorio y sala de estar. ¿Cómo se les puede pedir autoaislamiento? ¿Es posible el autoaislamiento en un contexto de heteroaislamiento permanente impuesto por el Estado?

Cabe señalar que para los habitantes de las periferias pobres del mundo, la actual emergencia sanitaria se une a muchas otras emergencias. Según nos informan los compañeros y compañeras de Garganta Poderosa, uno de los movimientos sociales más notables en los barrios populares de América Latina, además de la emergencia de salud causada por la pandemia, los moradores enfrentan varias otras emergencias. Es el caso de la emergencia sanitaria resultante de otras epidemias aún no resueltas y la falta de atención médica. Este año ya se registraron 1.833 casos de dengue en Buenos Aires. Solo en la Villa 21, uno de los barrios pobres de Buenos Aires, hubo 214 casos. “Por coincidencia”, el 70% de la población en la Villa 21 no tiene agua potable. Este es también el caso de la emergencia alimentaria, porque hay hambre en los vecindarios y los modos comunitarios de superarlo (comedores populares, refrigerios) colapsan ante el dramático aumento de la demanda. Si las escuelas cierran, la comida escolar que garantiza la supervivencia de los niños termina. Finalmente es el caso del surgimiento de la violencia doméstica, que es particularmente grave en los vecindarios, y el surgimiento permanente de la emergencia por la violencia policial y la estigmatización que conlleva.

Los ancianos. Este grupo, que es particularmente numeroso en el Norte global, es generalmente uno de los grupos más vulnerables, pero la vulnerabilidad no es indiscriminada. De hecho, la pandemia requiere que seamos más precisos sobre los conceptos que usamos. Después de todo, ¿quién es anciano? Según Garganta Poderosa, la diferencia en la esperanza de vida entre dos barrios de Buenos Aires (el barrio pobre de Zavaleta y el barrio exclusivo de Recoleta) es de unos veinte años. No es casual que los líderes comunitarios sean considerados de “edad madura” por la comunidad y “jóvenes líderes” por la sociedad en general.

Las condiciones de vida prevalecientes en el Norte global han llevado a que una gran parte de los ancianos se depositen (la palabra es dura, pero es lo que es) en hogares, casas de reposo, asilos. Dependiendo de sus posesiones propias o familiares, estos alojamientos pueden ir desde cajas fuertes de joyería de lujo hasta vertederos de desechos humanos. En tiempos normales, los ancianos comenzaron a vivir en estos alojamientos como espacios que garantizaban su seguridad. En principio, la cuarentena causada por la pandemia no debería afectar en gran medida su vida, dado que ya están en cuarentena permanente. ¿Qué sucederá cuando, debido a la propagación del virus, esta zona de seguridad se convierta en una zona de alto riesgo, como está sucediendo en Portugal y España? ¿Estarían más seguros si pudieran regresar a las casas donde vivieron toda su vida, en el improbable caso de que aún existan? ¿Los familiares que, por su propia conveniencia, los dejaron en asilos, no sentirán remordimiento por someter a sus ancianos a un riesgo que puede ser fatal? ¿Y los ancianos que viven en aislamiento no estarán ahora en mayor riesgo de morir sin que nadie se dé cuenta? Al menos, los ancianos que viven en los barrios más pobres del mundo pueden morir por la pandemia, pero no morirán sin que nadie se dé cuenta. También se debe agregar que, especialmente en el Sur global, las epidemias anteriores han significado que los ancianos tengan que prolongar su vida laboral. Por ejemplo, la epidemia del SIDA ha matado y sigue matando a padres jóvenes, dejando a los abuelos con la responsabilidad del hogar. Si los abuelos mueren, los niños corren un riesgo muy alto de desnutrición, hambre y, en última instancia, de muerte.

Los internados en campos de refugiados, inmigrantes indocumentados o poblaciones desplazadas internamente. Según cifras de la ONU, hay 70 millones. Son poblaciones que, en su mayor parte, viven en cuarentena permanente, y para las cuales la nueva cuarentena significa poco como regla de confinamiento. Pero los peligros que enfrentan si el virus se propaga entre ellos serán fatales e incluso más dramáticos que los que enfrentan las poblaciones de las periferias pobres. Por ejemplo, en Sudán del Sur, donde más de 1,6 millones de personas están desplazadas internamente, lleva horas, si no días, llegar a los centros de salud, y la principal causa de muerte a menudo se puede prevenir, causada por enfermedades que ya tienen remedios: malaria y diarrea. En el caso de los campos de refugiados a las puertas de Europa y de Estados Unidos, la cuarentena causada por el virus impone el deber ético humanitario de abrir las puertas de estos campos de internamiento siempre que no sea posible crear en ellos las condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad exigidas por la pandemia.

Los discapacitados. Han sido víctimas de otra forma de dominación, además del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado: el capacitismo. Se trata de cómo la sociedad los discrimina, no reconoce sus necesidades especiales, no les facilita el acceso a la movilidad ni las condiciones que les permitirían disfrutar de la sociedad como cualquier otra persona. De alguna manera, las limitaciones que la sociedad les impone hacen que se sientan viviendo en cuarentena permanente. ¿Cómo vivirán la nueva cuarentena, especialmente cuando dependen de quien tiene que romper la cuarentena para darles alguna ayuda? Como se han acostumbrado desde hace mucho tiempo a vivir en condiciones de cierto encierro, ¿ahora se sentirán más libres que los «no discapacitados» o más iguales en relación con ellos? ¿Verán tristemente alguna justicia social en la nueva cuarentena?

La lista de los que están al Sur de la cuarentena está lejos de ser exhaustiva. Basta pensar en los prisioneros y en las personas con problemas de salud mental, es decir, depresión. Pero el elenco seleccionado muestra que, al contrario de lo que transmiten los medios y las organizaciones internacionales, la cuarentena no solo hace más visible, sino que refuerza, la injusticia, la discriminación, la exclusión social y el sufrimiento injusto que causan. Resulta que tales asimetrías se vuelven más invisibles frente al pánico que afecta a los que no están acostumbrados al mismo. A la luz de las experiencias de estos grupos sociales durante la cuarentena, se hace particularmente evidente la necesidad de imaginar y concretar alternativas a los modos de vivir, de producir, de consumir y de convivir en estos primeros años del siglo XXI. De hecho, la pandemia y la cuarentena revelan cruelmente que las alternativas son posibles y que las sociedades se adaptan a las nuevas formas de vida cuando esto es necesario y sentido como correspondiente al bien común.

Imagen: http://crisis-economica.blogspot.com/2014/10/trabajo-informal-trabajo-precario-y.html

Compartido con SURCOS por Óscar Jara Holliday, CEAAL.

UCR: La gente cree que las personas sordas no pueden bailar

El documental ‘Baile en silencio’ muestra el proceso de la puesta en escena de una coreografía donde los protagonistas fueron niños con discapacidad auditiva

En este proyecto de la UCR, los niños sordos demostraron la capacidad de expresarse por medio del baile. Foto: María Peña.

Ocho niños sordos del Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell son los bailarines protagonistas de la coreografía El ladrón de diamantes, un muy particular montaje de Danza Universitaria. La obra fue dirigida por Gustavo Hernández y puesta en escena en el 2017 con bailarines profesionales y los niños.

Semanas atrás los niños y sus familias, junto con el director Hernández y otros colaboradores de este proyecto, presentaron en la UCR el documental Baile en silencio. En tal audiovisual, se hace un recorrido por las diferentes etapas desarrolladas para lograr concretar esta obra, la cual muestra de manera inobjetable que las personas con discapacidad auditiva sí son capaces de bailar.

La puesta en escena, El ladrón de diamantes, surgió del taller universitario «Mi cuerpo, mi voz», un proyecto inscrito por Gustavo Hernández en los Fondos Concursables de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, cuyo objetivo fue hacer un aporte al Departamento de Audición y Lenguaje del Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell.

Foto: Semanario Universidad.

Fueron necesarios seis meses en los cuales los niños y el coreógrafo Hernández, junto con los bailarines profesionales de Danza U, trabajaron muy fuerte para construir así una obra llena de sensibilidad y empatía actitudinal para comprender al otro.

Se trabajó, en primera instancia, por medio de talleres solo para los niños y, en un segundo momento, en el montaje con la participación de los ocho niños: Isabella Valverde Fernández, Dalay Sánchez Torres, Dylan Chinchilla Moya, Henry Mendiola Padilla, Sofía García Mora, Norman Domínguez, Pamela Fallas Guzmán, Daniel Silva Méndez.

El arte debe de ser inclusivo

Para el coreógrafo Hernández, este especial montaje es una prueba fiel de que la discapacidad auditiva u otras condiciones de discapacidad no son por sí mismas una limitante para vivir y participar de las diferentes manifestaciones artísticas, las cuales posibilitan a personas con discapacidad satisfacer sus necesidades de expresión.

El coreógrafo y director de la obra, Gustavo Hernández, valoró como una excepcional experiencia el esfuerzo y compromiso mostrado por estos niños sordos. Foto: Semanario Universidad.

Por ello, reafirma Hernández, las prácticas artísticas de este tipo deben incluirse en el sistema de educación formal de la niñez. Además, se debe tener la meta de que el arte sea verdaderamente inclusivo y que transforme a las personas, tal y como esta obra logró una transformación en los niños protagonistas, en sus familias y en el público que asistió a las presentaciones.

Al respecto, afirma Hernández, no es cierto que las personas sordas no pueden bailar. Ellas sienten las vibraciones de la música con todo su cuerpo. En El ladrón de diamantes, estos ocho estudiantes del Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell dan una prueba irrefutable de ello.

Durante la presentación del documental sobre cómo se realizó el montaje de la obra, los niños y sus familias intercambiaron sus vivencias y aprendizajes con el público asistente. Un elemento coincidente en ese intercambio fue el reclamo de que más organizaciones públicas y de la sociedad civil abran espacios para proyectos similares a este de la UCR.

Desde el arte también se puede trabajar y luchar en pro de una sociedad y una convivencia realmente inclusivas, que generen oportunidades de aprendizaje y crecimiento humanista para las personas con discapacidad; así como una oportunidad de entendimiento para quienes no tienen ninguna condición de discapacidad.

 

María Encarnación Peña Bonilla

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR: Cahuita tiene una playa accesible gracias a campaña de tapas plásticas

El Parque Nacional Cahuita se convirtió en el primer parque con una playa accesible gracias al apoyo de miles de personas y más de 250 centros educativos, entidades públicas, empresas y organizaciones que se sumaron a la campaña “Cada tapa cuenta” impulsada por la asociación Pro Parques y su programa Amigos de los Parques Nacionales.

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UNA: Jóvenes con discapacidad se gradúan en habilidades blandas

La Maestría en Pedagogía del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (Cide-UNA) y el Consejo de la Persona Joven del Ministerio de Cultura y Juventud (UNA) invita al acto de clausura del curso: “Habilidades blandas para jóvenes con discapacidad”, que se realizará el próximo lunes 8 de abril a las 9 a.m. en el Centro Cívico para la Paz, La Capri, Desamparados

25 personas con edades entre 18 y 35 años con distintas condiciones de discapacidad –sensorial, física, psicosocial o cognitiva- se gradúan en competencias básicas vinculadas al mundo del trabajo

Jóvenes provienen de comunidades de Desamparados, entre ellas La Capri, San Miguel, El Porvenir, Dos Cercas, Calle Fallas, San Rafael Arriba y San Rafael Abajo

Estudiantes realizaron su pasantía en empresas como Popular Pensiones, Etipress, Municipalidad de Desamparados, el Consejo de la Persona Joven, Plura, Taco Bell, Hogares de Ancianos Ofelia Carvajal y Carlos María Ulloa, Clínica de Tibás, Micitt, entre otras.

Curso fue impartido por profesionales en Educación Especial de la Maestría en Pedagogía de la UNA, gracias a un convenio con el Consejo de la Persona Joven del Ministerio de Cultura y Juventud.

***Mayores detalles con María Fernanda Fonseca, Maestría en Pedagogía 8716-9456 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.universidadescr.com

Enviado por Oficina de Comunicación, UNA.

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Cooperativas como opción de empleo para población con discapacidad

  • Conapdis e Infocoop unen esfuerzos

En la segunda cita de coordinación entre jerarcas y funcionarios del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) y del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), se sentaron las bases para un trabajo conjunto que busca promover el modelo cooperativo entre las personas con discapacidad, como una opción de ingresos y empleo en esa población.

A finales del año anterior se dio un primer acercamiento entre las jerarquías institucionales, ya que una de las metas del sector cooperativo en el Plan Nacional de Desarrollo busca promocionar las cooperativas en nuevos grupos de la sociedad. En cuanto al Conapdis, una de las funciones que señala su ley de creación, es la promoción del empleo.

En este segundo encuentro, Gustavo Fernández Quesada, director ejecutivo A.i., del Infocoop señaló que esa institución puede aportar los insumos de formación y capacitación para la integración de cooperativas como fuente de empleo entre la población con discapacidad en todo el país.

En ese sentido, señaló Fernández, el objetivo es promover el modelo cooperativo de manera conjunta con el Conapdis. Recordó que son 75 años de experiencia en Costa Rica en temas cooperativos y enfatizó que es momento para el respeto al derecho de las personas con discapacidad de formar parte del movimiento cooperativista.

Agregó que ya hay experiencias exitosas en el desarrollo de cooperativas de personas con discapacidad, tales como Coopecivel y Coopesuperación.

Concluyó su intervención señalando que el cooperativismo es una forma de distribución de la riqueza que se genera en el país, tal como se ha probado en comunidades como Pérez Zeledón, San Carlos, Grecia y Dota, por citar sólo unos ejemplos.

Por su parte, Lizbeth Barrantes Arroyo, directora ejecutiva de Conapdis, coincidió con el representante de Infocoop en que el objetivo es innovar y unir esfuerzos para aprovechar los conocimientos del Infocoop en materia cooperativa y del Conapdis sobre la realidad de las personas con discapacidad.

En esta cita, desarrollada en el Centro de Capacitaciones La Catalina, ahora perteneciente a Infocoop, se apersonaron las jefaturas de las sedes regionales de Conapdis, quienes trabajarían el tema en sus respectivas comunidades.

“Es necesario reunirse con las cooperativas grandes para que promuevan la inclusión de personas con discapacidad entre sus asociados. En esas cooperativas vamos a trabajar con las jefaturas de Recursos Humanos, para que también sean inclusivos en la contratación del personal administrativo de la cooperativa. Hay grandes cooperativas que son grandes empleadores”, señaló la jerarca de Conapdis.

También las cooperativas se pueden perfilar como organizaciones que puedan asumir proyectos tales como el de desarrollo de turismo accesible en la región Pacífico Central, concluyó.

Se adjunta audio de la directora ejecutiva de Conapdis, Lizbeth Barrantes Arroyo.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Santiago Blanco Zúñiga.

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