En el marco del programa Alternativas, realizado recientemente bajo el tema “Más allá de las etiquetas: el lenguaje ideológico que oculta la desigualdad y la acumulación de riqueza en el sistema capitalista”, la socióloga, trabajadora social y presidenta de ACODEHU Ana Cecilia Jiménez Arce presentó una reflexión crítica sobre el uso de etiquetas ideológicas como instrumentos de descalificación política y construcción de discursos de odio.
El texto desarrollado por la autora, titulado “Estereotipos, etiquetas, el macartismo ideológico”, analiza cómo determinados conceptos y símbolos políticos son utilizados desde estructuras de poder mediático, político e ideológico para simplificar, estigmatizar y desacreditar a personas, movimientos sociales y corrientes de pensamiento.
Jiménez parte de una referencia al discurso del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una cumbre de líderes progresistas realizada en Barcelona el 18 de abril de 2026. Allí, Sánchez reivindicó públicamente términos utilizados históricamente de forma peyorativa contra sectores progresistas, feministas, ecologistas o de izquierda.
La autora rescata especialmente la frase:
“Nunca te avergüences de tus ideales… el mundo necesita más gente como tú”.
A partir de ese punto, sostiene que las etiquetas ideológicas funcionan frecuentemente como mecanismos de “desdibujamiento del otro”, orientados a desacreditar adversarios políticos y construir imaginarios de amenaza social.
El documento plantea que expresiones como “zurdo”, “rojo”, “progre”, “verde” o “comunista” adquieren significados específicos dependiendo del contexto histórico y cultural donde son utilizadas. Según Jiménez, estas palabras dejan de ser simples categorías descriptivas y pasan a convertirse en instrumentos de confrontación política y exclusión simbólica.
En su análisis, la autora afirma que la prensa mediática y los sectores de ultraderecha utilizan frecuentemente discursos de odio y estrategias de simplificación ideológica para generar confrontación social y legitimar posiciones autoritarias.
Como ejemplo, menciona declaraciones y discursos políticos recientes en Costa Rica y América Latina, vinculados con la idea de “limpiar de comunistas” determinados espacios sociales o institucionales.
Jiménez sostiene que las etiquetas operan como “mapas simbólicos” cargados de contenido histórico, religioso, cultural e ideológico. Bajo ciertas condiciones políticas, afirma, esas etiquetas son utilizadas para menospreciar, deslegitimar y generar ambientes de agresividad irracional contra personas o colectivos.
El texto también analiza ejemplos históricos relacionados con el color rojo asociado al comunismo, la revolución y la amenaza durante la Guerra Fría, así como el uso del color verde para referirse a movimientos ecologistas, frecuentemente descalificados desde posiciones desarrollistas o extractivistas.
En esa línea, la autora cita al lingüista y analista político Noam Chomsky, señalando que el problema surge cuando las etiquetas “congelan significados” y reducen realidades políticas complejas a categorías simplificadas.
Jiménez concluye que las etiquetas, utilizadas desde grupos de poder en contextos históricos determinados, suelen asociarse a memorias de violencia política y mecanismos de persecución ideológica.
El documento cierra con una reflexión sobre las funciones simbólicas y prácticas de las etiquetas políticas, entre ellas la identificación rápida, la construcción de identidad colectiva, la simplificación mediática y la movilización emocional.
Como anexo, la autora incorpora además un comentario crítico sobre las tensiones entre el expresidente Miguel Ángel Rodríguez y el expresidente Rodrigo Chaves respecto al Poder Judicial, utilizando ambos casos para contrastar actitudes frente a la institucionalidad democrática y la rendición de cuentas.
La participación de Ana Cecilia Jiménez formó parte del espacio de análisis impulsado por Alternativas, dedicado a discutir el lenguaje ideológico y las formas discursivas utilizadas para ocultar desigualdades estructurales y procesos de acumulación de riqueza en el sistema capitalista.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público Facultad de Derecho, UCR) nboeglin@gmail.com
Incitar al odio a través de un discurso, de una narrativa, o mediante declaraciones hechas públicas, cual sea su autor, constituye en muy diversas latitudes, un delito debidamente tipificado en el derecho penal.
No es el caso en Costa Rica, en el que persiste, hasta la fecha, una laguna legal al respecto, al no contar con una tipificación de este delito expresamente prevista en su Código Penal. Un primer proyecto de ley presentado en el 2014 fue rechazado en el 2017 (véase texto del dictamen negativo unánime). Un segundo texto ha sido propuesto, sin alcanzar su adopción: véase el Expediente Legislativo 20.174, cuyo texto no es exento de algunas muy fundadas críticas hechas en su momento (Nota 1). Al haber seriamente decaído la agenda en derechos humanos en materia legislativa en el período 2022-2026, es probable que haya que reiniciar nuevamente un trámite legislativo en el marco de la nueva legislatura 2026-2030 que inició el pasado 1ero de mayo.
En las líneas que siguen intentaremos dar a conocer las herramientas legales con las que ya se cuenta en América Latina y en Europa, así como en un segundo momento, las diversas alertas que una y otra vez ha recibido Costa Rica para frenar la incitación al odio, para luego interesarnos al contenido de un reciente informe sobre las amenazas e intimidaciones que sufren los periodistas en Costa Rica.
Una tipificación ya existente en otras legislaciones penales
Contrario a lo que se observa en Costa Rica, son varias las partes de América Latina y de Europa en las que se registran las diversas penas previstas en la legislación penal en caso de incitación al odio, debidamente tipificada como delito (Nota 2).
La pequeña lista de Estados citados a modo de ejemplos (lista que no pretende ser exhaustiva) no corresponde a Estados en los que se limite la libertad de expresión: se trata de un argumento agitado a veces por algunos sectores cuando se busca legislar en aras de sancionar penalmente la incitación al odio. Cabe señalar que algunos de los asesores legales de estos sectores se identifican plenamente con el debate en Estados Unidos sobre la libertad de expresión. Un artículo sobre la jurisprudencia norteamericana publicado en Francia señala en su conclusión la especificidad del modelo norteamericano, al precisar que:
«Si le droit de la liberté d’expression États-Unien trouve ses racines dans l’histoire européenne, les États-Unis en ont visiblement tiré des conclusions très différentes, conclusions qui viennent nourrir de manière pas toujours très heureuse cet « exceptionnalisme américain [46]», qu’il vaut mieux regarder de loin» (Nota 3).
Esta peculiaridad de Estados Unidos explica la actual arremetida de la administración norteamericana en contra de la Unión Europea (UE), partidaria de establecer reglas mucho más elaboradas sobre el contenido que ofrecen las redes sociales y las plataformas en el mundo digital moderno, protegiendo a los usuarios de la incitación al odio y de la desinformación: estas regulaciones entraron en vigor en el 2023 con el Reglamento Europeo de Servicios Digitales (véanse esta nota oficial informativa de la UE y este artículo de corte académico al respecto publicado por el Real Instituto El Cano en España).
En la materia más específica de la lucha contra la incitación al odio, el continente europeo cuenta desde el 2008 con una decisión marco del Consejo Europeo (véase texto) cuyo artículo I define el alcance la definición de los «Delitos de carácter racista y xenófobo» y refiere a las distintas medidas que deberían de poder trasladar en el ámbito de su legislación penal, los Estados Miembros de la UE.
Este muy detallado artículo del 2026 sobre las desavenencias de una turista argentina en Brasil debido a expresiones racistas que usó, evidencia que en Brasil, las expresiones de carácter racista son penadas de manera mucho más severa que en muchas otras latitudes, en razón del contexto histórico y cultural propio de Brasil.
En este estudio publicado en Chile, se procede a un muy completo análisis de derecho comparado, que permite un mejor entendimiento de las diferencias que pueden existir en materia de legislación nacional y de jurisprudencia al respecto en los Estados de América Latina.
En este otro estudio de legislación comparada de julio del 2017, preparado por el Congreso de Chile, se lee con relación a las penas previstas en la legislación penal que (página uno): «8. Penas aplicables: El rango de pena más alto se da en Alemania: privación de libertad de 3 meses a 5 años; el rango más bajo se da en Alemania y Uruguay, en que la pena tiene un mínimo de 3 meses. Alemania, Brasil y España aplican penas combinadas, de privación de libertad y/o multa«.
Incitar al odio en Costa Rica: alertas y recomendaciones desoídas
Como bien se sabe, la incitación al odio es usualmente seguida de alguna forma de violencia física o de otra índole.
En el caso de Costa Rica, en el mes de febrero del 2018, se pudo constatar un aumento significativo de actos de violencia contra la población costarricense sexualmente diversa, consecuencia de un discurso en su contra (y en particular de sus derechos) por parte de uno de los contendientes durante la campaña electoral en Costa Rica del 2018: véase al respecto este artículo del Semanario Universidad del 28 de febrero del 2018.
Siempre en el año 2018, con ocasión de una inédita marcha en el centro de la capital costarricense convocada por un grupo de ciudadanos costarricenses en contra de la presencia de migrantes venidos masivamente desde Nicaragua, tuvimos la ocasión de señalar los vacíos legales, pese a varias recomendaciones hechas desde Naciones Unidas, con respecto a un discurso xenófobo, y muchas veces denigrante, que sufren en Costa Rica los migrantes en proveniencia de Nicaragua (Nota 4). Dicho sea de paso, nos permitimos reproducir en este 2026 algunas de las interrogantes hechas en el 2018:
“Devolviéndonos un momento a la idea que el desconocimiento del «otro» constituye una raíz muy fértil para la xenofobia, nos podemos preguntar: ¿Qué conocen de la cultura nicaragüense en el 2018 los colegiales costarricenses que desconocían antes del caso Canda del 2005/2007? ¿Qué ha hecho el Estado costarricense desde el 2005/2007 para proporcionar espacios en las aulas de sus colegios en aras de prevenir actitudes xenófobas de sus colegiales mediante el acercamiento a la cultura de estudiantes oriundos de Nicaragua?”.
En el 2023, un informe de Naciones Unidas sobre la incitación del odio hacia los migrantes en Costa Rica generado por las mismas autoridades costarricenses originó esta muy completa nota del programa La Voz de América (VOA), en la que se lee que: «La VOA contactó al gobierno en busca de comentario pero no obtuvo respuesta al cierre de la edición«.
Los recientes actos de violencia observados contra una jueza ejecutora de la pena, con una violencia inducida esta vez por una narrativa oficial cuestionando la imparcialidad de esta jueza y más generalmente la del Poder Judicial (véase al respecto esta nota del Semanario Universidad del 20 de abril del 2026), nos vienen a recordar que en Costa Rica, la incitación al odio como tal no puede derivar en algún tipo de acusación ante los tribunales, al no existir tipificación penal alguna.
La deriva discursiva de algunos sectores contra otros sectores, y, desde la misma narrativa oficial, en contra de los órganos de justicia y más generalmente, en contra de los mecanismos de fiscalización existentes dentro del ordenamiento jurídico costarricense, es relativamente reciente en Costa Rica.
Es una tendencia discursiva que no debe sorprender, al registrarse en otras partes en América Latina y en el mundo, pero que debería llamar a algunos sectores a ponerle un freno de una u otra manera, proponiendo, por ejemplo, una revisión del marco normativo costarricense existente.
Este discurso viene usualmente a acompañar la tendencia actual “anti derecho” a la que asistimos en varias latitudes el planeta. Una ONG de gran trayectoria como Amnistía Internacional no dudó en titular su comunicado oficial del pasado 21 de abril de la siguiente manera (véase texto integral, de lectura recomendada): “Amnistía Internacional pide a los Estados que impidan que el orden depredador antiderechos se imponga en un momento trascendental para la humanidad”. Nuestros estimables lectores podrán por sí mismos revisar cuál ha sido la difusión de esta alerta lanzada en este comunicado por parte de Amnistía Internacional en los grandes medios de prensa internacionales y los medios nacionales en Costa Rica: si encuentran lo mismo que nosotros (nada), posiblemente afloren las mismas dudas e interrogantes sobre las agendas informativas de algunos.
Con relación a la narrativa oficial del Poder Ejecutivo escuchada en los últimos cuatro años en Costa Rica, esta no solamente se ha expresado en contra del Poder Judicial, sino también en contra de muchos otros sectores que por alguna razón, cuestionan algunas decisiones gubernamentales: los periodistas, los sindicatos, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, los universitarios de las universidades públicas, las organizaciones ecologistas, así como algunos jerarcas de entidades fiscalizadoras costarricenses han visto su nombre o su entidad fuertemente cuestionados, a partir de esta misma narrativa oficial.
A modo de ejemplo reciente, la entonces Presidenta electa aún no en funciones, designó como “personas radicalistas” (sic.) en el Golfo de Papagayo (véase nota del Semanario Universidad del 23 de abril del 2026) a organizaciones ecologistas por oponerse a la tala de árboles y por lograr obtener una resolución de la Sala Constitucional suspendiendo dicha tala: ¿debemos entonces entender con esta expresión usada que la defensa del ambiente a partir de las reglas que establece expresamente el mismo ordenamiento jurídico costarricense, … nos convierte a muchos en Costa Rica, en “personas radicalistas”?
Cabe recordar que en agosto del 2022, un congresista costarricense denominó «terroristas» a ecologistas en el Caribe Sur de Costa Rica, causando el asombro de muchas organizaciones sociales costarricenses (véase nota de SURCOS Digital): dejó su cargo el 1ero de mayo del 2026 sin que se sepa si fue objeto (o no) de alguna sanción o reprimenda por parte de la Presidencia de la Asamblea Legislativa o por parte de su fracción. El Caribe Sur de Costa Rica es una zona que vive una extrema tensión: en julio del 2024, se hicieron públicas intimidaciones sufridas por un reconocido luchador y dirigente de la zona (véase nota) y en agosto del 2024, se hicieron públicas amenazas de muerte contra varios grupos ecologistas (véase nota del Semanario Universidad). Esta nota del Semanario Universidad de mayo del 2025 compila varios relatos de defensores del ambiente costarricenses y de lideres de pequeñas comunidades indígenas, y del tipo de amenazas e intimidaciones que reciben por sus denuncias, así como su total desprotección: se trata de una situación que revela la otra cara de la «Costa Rica Verde» que tanto promueve el país en el exterior.
Un discurso presidencial del 2011 en San Carlos, ante una audiencias de empresarios, con una fuerte carga con voz femenina en contra de las organizaciones ecologistas, constituye uno de los hechos más insólitos (y a la fecha inexplicados) en Costa Rica en el período correspondiente a la administración (2010-2014): se puede escuchar un extracto de este discurso en el documental «El Oro de los Tontos«, disponible aquí, a partir del minuto 25:11. A casi 15 años de pronunciada semejante arenga presidencial, una rectificación o aclaración de parte de su autora, no sería de más, así como el hecho de tildar de «malos costarricenses» – también en el 2011 – a reconocidos abogados ecologistas que exigen el respeto a la legislación ambiental vigente (véase nota del programa radial Amelia Rueda).
Estigmatizar e incitar al odio contra las organizaciones ecologistas o sus abogados en Costa Rica es una alerta que fue dada por Naciones Unidas desde el 2013 (Nota 5), y muchas otras se han hecho desde diversos órganos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos al Estado costarricense en aras de proteger y de resguardar a otros sectores o a ciertas poblaciones particularmente vulnerables en Costa Rica: mujeres, personas con discapacidad, personas migrantes, personas indígenas, personas afrodescendientes, población sexualmente diversa, personas privadas de libertad, y/o, en su momento, portadores del VIH-Sida, entre muchas otras. En el caso específico de las luchas ecologistas en Costa Rica, esta obra publicada en el 2020 hace un repaso de los 30 años de amenazas, intimidaciones y de muertes que ha sufrido el movimiento ecologista costarricense. Este video realizado por la UCR sobre el Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente por su parte, entrevista a algunas personas que han sufrido amenazas e intimidaciones en Costa Rica. Dicho sea de paso, el Acuerdo de Escazú ya cuenta con 19 Estados Partes, sin Costa Rica, pese a haber sido de los primeros Estados en firmarlo en septiembre del 2018 (véase estado oficial de firmas y de ratificaciones)
Con relación a las comunidades indígenas, esta reciente tribuna escrita por un reconocido líder brörán en Costa Rica (véase artículo publicado en el Semanario Universidad el 15 de mayo del 2026) pone en evidencia el gran desconocimiento de la problemática indígena en Costa Rica por parte de su clase política.
Una muy completa recopilación hecha por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en el 2024 con ocasión del denominado “Examen Periódico Universal (EPU) de Costa Rica – 2024” (véase enlace) da cuenta de una serie de recomendaciones hechas por diversas instancias de derechos humanos de Naciones Unidas, las cuales, en su gran mayoría, no han dado pie a medidas y/o a modificaciones de las regulaciones internas para su correcta implementación en Costa Rica.
En cambio, este enlace oficial en el Reino Unido remite a las diversas regulaciones adoptadas a partir de las recomendaciones hechas desde diversos órganos de derechos humanos de Naciones Unidas en materia de incitación al odio.
Criminalización de la protesta social en Costa Rica: casos recientes de intentos (bastante burdos)
Nótese que los intentos por criminalizar la protesta social en Costa Rica cuentan con dos nuevos episodios muy recientes (2026), en los que la actuación de las autoridades nacionales merece una mención particular:
– durante el reciente traspaso de mando en Costa Rica, el pasado 8 de mayo, dos estudiantes fueron apresadas y colocadas en celdas una noche por llevar con ellas banderas de Palestina (véase nota de prensa sobre su liberación): tal y como señalado por su abogado, no cometieron delito alguno conocido, ni opusieron resistencia alguna a las fuerzas de seguridad, contrariamente a lo afirmado por las autoridades policiales a la Fiscalía: véase enlace de Spotify a entrevista realizada en Interferencia el 14 de mayo del 2026 en la emisión titulada: «Hay banderas prohibidas en Costa Rica?«. La demanda interpuesta en este caso merece seguimiento al evidenciarse probables instrucciones superiores ilegales con respecto a la garantías que ofrece el ordenamiento jurídico costarricense en materia de libertad de expresión y de manifestación pacífica. Como tuvimos la oportunidad de analizarlo, llegó para este acto de traspaso el presidente de Israel en persona, un hecho singular en la medida en que nunca se observó asistiendo en actos de traspasos recientes en América Latina (Nota 6). En esta nota de ElPais (España) del 16 de mayo del 2026, se detalla la clara alineación de las pasadas y nuevas autoridades Costa Rica con Israel: con en la mira, el próximo traslado de la embajada de Costa Rica de Tel Aviv a Jerusalén, en abierta violación al consenso internacional existente desde 1947 sobre el estatuto particular de Jerusalén;
– en enero del 2026, en la recta final de la campaña electoral en Costa Rica, una reconocida activista en derechos humanos costarricense fue objeto de lo que parece ser un burdo montaje por parte de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), una dependencia de la Casa Presidencial (véase nota sobre las denuncias que presentó del Semanario Universidad y una nota anterior sobre los cargos que se le imputaron). Un dato de interés resulta el hecho que la empresa norteamericana Google suspendió una campaña de recolección de firmas en su favor (véase nota del Semanario Universidad), lo cual no deja de plantear algunas interrogantes muy válidas. Aquí también, las demandas interpuestas ante los tribunales de justicia deberían evidenciar el montaje del que fue víctima esta experimentada y muy reconocida activista costarricense en favor de los derechos humanos.
Foto extraída de artículo del Semanario Universidad del año 2015 (que ya no está disponible en la red) para ilustrar unas reflexiones anteriores nuestras tituladas «Criminalización de la protesta social: el caso de Costa Rica», publicada en el medio digital SURCOS Digital, edición del 11 de junio del 2017, cuyo texto está siempre disponible aquí.
En estos dos casos recientes observados en Costa Rica, la forma de actuar de las autoridades plantea serias interrogantes y será de interés conocer el origen exacto de las instrucciones dadas a las fuerzas policiales: este artículo publicado en Guatemala titulado «Defender a quienes defienden: la criminalización de defensoras y defensores de DDHH como estrategia de miedo» ofrece algunas pautas sobre un ministerio público como el de Guatemala, empecinado desde varios años en usar todo el arsenal de la legislación penal guatemalteca a su disposición para intimidar a líderes sociales y a activistas en derechos humanos.
El informe del IPLEX en Costa Rica
Recientemente, se dio a conocer un informe en Costa Rica elaborado por investigadores del Instituto de Prensa y de Libertad de Expresión (IPLEX) sobre el discurso oficial en contra de periodistas y los efectos observados, con una aumento creciente de actos de violencia contra comunicadores costarricenses.
Este informe está disponible en este enlace y merece una lectura detallada, y no solamente por parte de comunicadores y de profesionales de la información. En efecto, es intimidando a la prensa y controlándola que inician las experiencias de corte autoritario (Nota 7): en Centroamérica, si los periodistas salvadoreños de un medio como El Faro decidieron en el 2023 trasladarse a Costa Rica (véase nota de prensa de Delfino.cr) es en razón del hostigamiento y de las intimidaciones de todo tipo que recibieron para no continuar con sus valiosas investigaciones periodísticas. Dicho sea de paso, estas intimidaciones y el rastreo a su labor como comunicadores se han visto facilitadas por la cercanía con Israel de las actuales autoridades salvadoreñas y la compra de modernos programas israelíes de espionaje informático (véase reportaje de ElFaro del 12 de mayo del 2026 y otro valiosa investigación del 30 de enero del 2023).
Con relación a la incitación al odio, este informe del IPLEX explica la mecánica que opera cuando, desde las más altas esferas nacionales costarricenses, una narrativa reiterada y recurrente designa a un sector de la prensa con adjetivos y expresiones tendientes a desacreditar su labor y a estigmatizar a sus profesionales, con una correlación casi automática con respecto al aumento de la violencia contra periodistas registrado años después. Mientras que al inicio este discurso oficial y esta violencia se circunscribieron al aparato estatal, paulatinamente esta violencia se fue liberando del aparato estatal y logró encontrar ecos fuera del mismo.
El informe indica que:
“En comparación con el primer informe publicado en 2022, se mantiene una preocupante tendencia en la persistencia de vulneraciones a la libertad de prensa, las cuales se manifiestan a través del discurso estigmatizante, el uso abusivo del poder estatal y la restricción al acceso a la información. Estas formas de violencia institucional han ido consolidando un entorno hostil para el ejercicio del periodismo en Costa Rica. No obstante, un aspecto particularmente alarmante es la identificación, en el año 2023, de la primera agresión física documentada en los reportes, lo que representa un punto de inflexión en la evolución de los ataques contra la prensa. Dicha agresión no constituyó un caso aislado, sino que marcó el inicio de un aumento sostenido en la frecuencia y gravedad tanto de agresiones físicas como verbales, fenómeno que se ha intensificado durante el año 2024” (página 9).
Además, el informe señala el verdadero «incentivo» que genera, en algunos sectores de la población costarricense, una narrativa oficial estigmatizante:
“Este escenario se ve exacerbado por la legitimación del discurso presidencial, el cual ha evolucionado progresivamente hacia una narrativa que deslegitima la labor de diversos sectores del periodismo. La constante estigmatización y señalamiento por parte del Ejecutivo no solo ha incentivado agresiones contra medios de comunicación y reporteros, sino que también ha propiciado la extensión de estas agresiones a perfiles tradicionalmente menos expuestos, como editores y productores de contenido. Esta transformación en el discurso oficial ha generado un clima de hostilidad que legitima implícitamente la violencia contra la prensa, facilitando que nuevos actores dentro del ecosistema mediático sean objeto de ataques sin que existan consecuencias claras para los perpetradores” (pp.13-14).
Este análisis del IPLEX es reciente y permite entender mucho mejor cómo la violencia verbal discursiva en Costa Rica se torna con el simple paso del tiempo en violencia física en contra de comunicadores: una violencia cuyos autores se sienten legitimados, precisamente en razón de la recurrencia de la narrativa oficial y la falta de sanción.
Posiblemente existen otros sectores, víctimas de un discurso estigmatizante o denigrante por parte de las autoridades nacionales, que han experimentado en estos últimos años en Costa Rica, actos de violencia en contra de sus integrantes o alguna forma de intimidación o amenazas: estos actos de violencia ameritarían un ejercicio de sistematización y de análisis muy similar, de manera a verificar esta correlación existente entre el verbo y el acto violento inducido por el primero.
Se trata de una nueva alerta a la sociedad costarricense sobre los riesgos de no frenar la incitación al odio, en este caso, proveniente del mismo Poder Ejecutivo.
Esta violencia verbal cuenta con un amplificador desregulado, que fomenta la polarización y la estigmatización, así como el discurso de odio: las redes sociales. A este respecto, una alerta hecha pública desde Naciones Unidas en septiembre del 2026 (véase comunicado oficial) da cuenta del costo a futuro para la sociedad costarricense si permanece sin acciones concretas, haciendo eco a una alerta muy similar hecha en julio del 2024 de Naciones Unidas (véase comunicado).
A modo de conclusión
La agenda en materia de derechos humanos en Costa Rica ha sido descuidada en los últimos años, tal y como tuvimos la ocasión de detallarlo para el 10 de diciembre del 2024: una fecha de conmemoración del día internacional de los derechos humanos, pasada totalmente desapercibida en Costa Rica (Nota 8).
En parte, esta agenda descuidada y el desinterés de distintos sectores en la sociedad costarricense al respecto pueden explicar el hecho de que, pese a reiteradas advertencias hechas desde Naciones Unidas, Costa Rica no cuente aún con herramientas para frenar la incitación al odio.
El riesgo de continuar con una retórica oficial desde el Poder Ejecutivo similar por cuatro años más contra la prensa y contra el Poder Judicial, pero también contra muchos otros sectores o grupos de personas, es el de ir sembrando cada vez más odio y ver aumentar paulatinamente la violencia en contra de distintos sectores de la sociedad costarricense o en contra de sus representantes.
Ello sin hablar del riesgo siguiente: el que esta narrativa de las autoridades sea replicada por algunos sectores para emprenderla ellos mismos contra otros sectores.
Tipificar como delito penal la incitación al odio en Costa Rica puede contribuir a frenar en parte esta peligrosa tendencia: requiere, esto sí, que diversos sectores unan sus esfuerzos en aras de resguardar a Costa Rica de esta creciente violencia verbal que impera en diversos espacios públicos costarricenses.
Esta publicación editada en Costa Rica en el 2022 por el Colegio de Abogados y Naciones Unidas ya concluía, luego de repasar las diversas obligaciones internacionales de Costa Rica, en la imperiosa necesidad de elaborar normas específicas con relación a la incitación al odio.
Notas:
Nota 1: Véase al respecto CHINCHILLA CALDERON R., «Crímenes de odio«, Delfino.cr, edición del 5 de junio del 2019. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 2: En la legislación penal de Uruguay, por ejemplo, se indica que: «ARTÍCULO 149 bis. (Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas).- El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión» (véase texto de Ley 17.677). En la legislación de la prensa en Chile se señala que: “Artículo 31.– El que por cualquier medio de comunicación social, realizare publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado con multa de veinticinco a cien unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se podrá elevar la multa hasta doscientas unidades tributarias mensuales” (véase texto integral de la Ley 19.733 del 2001). Un proyecto de ley del 2017 para modificar el Código Penal chileno señala que: “el que públicamente incitaré al odio o al empleo de violencia contra personas por su raza, etnia o grupo social, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión o creencias, nacionalidad, filiación política o deportiva, o la enfermedad o discapacidad que padezca, será castigado con presidio menor en su grado medio” (véase documento del Instituto Nacional de los Derechos Humanos que lo cita, página 4). En el Código Penal de Ecuador (véase texto), el Articulo 177 se lee como sigue: “Artículo 177.- Actos de odio.- La persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”. La reforma en España del Código Penal ha dado pie a un Artículo 510 que merece una lectura detallada, y que debería de poder interesar a muchos otros legisladores en diversas partes del mudo. El extenso artículo 510 del Código Penal de España está disponible en este enlace, al tiempo que un valioso estudio pormenorizado de cómo se llegó a la necesidad de llegar a su actual redacción en el 2015, se encuentra disponible en este enlace. En el mundo anglosajón, podemos de igual manera referir a la legislación de Canadá sobre el «Hate Speech» (véase disposición de su código penal desde 1985). Este enlace refiere a las diversas legislaciones penales sobre incitación al odio que se encuentran vigentes en algunos Estados miembros de la Unión Europea (UE).
Nota 3: Véase CABON S.-M., «Discours de haine et droit pénal aux États-Unis : de quelques rares limites à la liberté d’expression«, Revue des Droits et Libertés Fondamentaux, 2024, Chronique 28. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «El derecho internacional ante la xenofobia, el racismo, la discriminación y la incitación al odio en Costa Rica«, Sección Voz Experta, Portal de la UCR, edición del 30 de agosto del 20218. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 5: A raíz de su visita en Costa Rica en el 2013, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Ambiente recomendó en su informe A/HRC/25/53/Add.1 (véase texto completo) que: «Punto 67. /…/, en lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el experto independiente recomienda a Costa Rica que intensifique aún más sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a esos problemas. El experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisión o un órgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situación actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica”. En el Punto 68, el experto «recomienda al Gobierno que no trate las protestas sociales contra los proyectos de desarrollo en gran escala como un comportamiento delictivo, sino que las considere como manifestaciones de los derechos humanos a la libertad de expresión y de asociación, de conformidad con las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos». Como ocurre a menudo en Costa Rica, 17 años después de emitidas estas recomendaciones, los activistas ecologistas continúan siendo objeto de intimidaciones sin que el marco legal costarricense haya sido modificado para prevenirlas. En el mes de febrero del 2023, se presentó un repentino proyecto de ley, bastante incompleto e improvisado, y fuertemente cuestionado por diversos especialistas de la UCR (véase informe a la Directora del Consejo Universitario de la UCR de junio del 2023).Tuvimos la ocasión de explicar a qué pudo haber respondido este súbito interés en presentar un proyecto de ley tan pésimamente redactado: véase nuestras conclusiones en BOEGLIN N., “El proyecto de ley «para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos y defensoras del medio ambiente» (expediente 23.588): algunos apuntes”. Texto disponible en este enlace de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR.
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Costa Rica / Israel: ¿Benjamín Netanyahu … asistiendo al próximo acto de traspaso de poderes en Costa Rica?«, 30 de abril del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 7: Es usualmente con un discurso de intimidación en contra de la prensa que se han originado todas las derivas autoritarias observadas en las más diversas latitudes del mundo. Intimidar y controlar primero a quienes informan a la opinión pública son un objetivo prioritario para todos los que comulgan con una forma de gobierno autoritario. Recuerdan como, en su momento, los partidarios de los golpes de Estado militares en América Latina (y en otras partes del mundo) establecían, como primeros operativos, la toma de los edificios de radio y televisión y la captura de los directores de medios de prensa: esta nota de prensa peruana recuerda cómo inició el denominado «autogolpe» en 1992. En la época más contemporánea, una experiencia reciente de corte autoritario en Europa merecería una detallada investigación: en efecto, los medios de prensa y los periodistas en Hungría saben bien que así fue como todo inició a partir del 2010, de una manera más sutil y planificada. Esta nota de prensa del 2024 da cuenta del aparato de propaganda oficial que se instaló en Hungría. Es de esperar que con los resultados de las elecciones del pasado 12 de abril del 2026, se inicien investigaciones de manera a conocer con mayor detalle cómo comenzó esta estrategia, cómo logró plasmarse en una campaña de polarización y de desinformación gracias a las redes sociales, y cómo los efectos fueron paulatinamente surtiendo efectos en Hungría de manera a socavar las bases del Estado de Derecho.
Nota 8: Véase BOEGLIN N., «La deuda que Costa Rica acumula en materia de derechos humanos: siempre más pesada«, 10 de diciembre del 2024. Texto integral disponible en este enlace.
En las últimas horas circuló ampliamente una noticia sobre una manifestación convocada contra la visita oficial del presidente de Israel durante el acto de traspaso de poderes en Costa Rica. Más allá de las posiciones que cada persona pueda tener sobre el conflicto en Gaza, sobre Israel, Palestina o sobre el Frente Amplio, hubo algo que me dejó profundamente preocupado: la enorme cantidad de comentarios que pedían abiertamente represión, violencia, encarcelamientos y agresiones contra quienes participarían en una protesta pública.
Pero incluso antes de leer los comentarios, hay algo más que merece atención: la forma en que la noticia fue presentada. El lenguaje utilizado por algunas páginas y medios no fue neutral. Expresiones como “sombra al acto oficial”, “operativo de seguridad bajo alerta máxima”, “empañar la fiesta patria” o “la izquierda busca hacer retumbar su voz” no solamente describen un hecho: construyen una narrativa donde la protesta aparece asociada al desorden, al peligro o a una amenaza contra la estabilidad nacional.
Y eso importa muchísimo, porque las palabras nunca son inocentes. Antes de que miles de personas comentaran la publicación, ya existía un encuadre emocional previo que presentaba la manifestación no como un ejercicio democrático protegido constitucionalmente, sino como un posible foco de caos o provocación. Cuando la protesta comienza a representarse mediáticamente como amenaza, resulta mucho más fácil que parte de la ciudadanía termine justificando respuestas autoritarias o violentas contra quienes participan en ella.
No se trató únicamente de desacuerdos políticos. Lo que apareció fue algo más profundo y más grave: una parte importante de la ciudadanía comenzó a hablar del adversario político como si no fuera un ciudadano con derechos, sino una amenaza que debe ser eliminada, golpeada, “limpiada”, silenciada o encerrada.
Los comentarios hablaban de “gas”, “garrote”, “agua”, “cárcel”, “basura”, “peste”, “cucarachas”, “escorias” y “lacras”. Muchos incluso celebraban anticipadamente la posibilidad de que hubiese violencia policial contra personas manifestándose. Lo más preocupante no es que existan comentarios extremos —eso siempre ha existido—, sino la naturalidad con la que hoy se expresan.
Y aquí aparece una contradicción enorme: muchas de esas mismas personas aseguraban estar “defendiendo la democracia”.
Pero una democracia no es solamente votar cada cuatro años, celebrar actos patrios o asistir a un traspaso de poderes. Eso es apenas su dimensión ceremonial. Una democracia constitucional también implica tolerar el disenso, aceptar la crítica, proteger las minorías y reconocer el derecho a la protesta pacífica, incluso cuando incomoda o cuando no coincide con nuestras ideas.
Precisamente por eso existen las constituciones políticas y los derechos fundamentales.
En Costa Rica, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la posibilidad de manifestarse pacíficamente forman parte del núcleo básico del Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 28 de la Constitución Política establece que “nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones”, mientras que el artículo 26 reconoce el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea en espacios privados o públicos. Del mismo modo, el artículo 29 protege la libre comunicación del pensamiento por palabra o por escrito.
Esto significa algo muy importante: la protesta pacífica no es una concesión del gobierno de turno ni un privilegio ideológico. Es un derecho constitucional.
Incluso el Código Civil costarricense, en su artículo 18, recuerda que la existencia de la ley obliga independientemente de que las personas la conozcan o no. Sin embargo, el problema actual pareciera ser todavía más profundo: no solamente existe desconocimiento de las normas jurídicas, sino también un debilitamiento progresivo de la cultura democrática que les da sentido.
Y ahí es donde veo uno de los problemas más serios de nuestro tiempo: mucha gente ya no comprende qué significa vivir en una democracia constitucional. Se piensa que si una mayoría ganó elecciones, entonces cualquier crítica posterior es una amenaza al país. Se confunde democracia con unanimidad. Se interpreta la protesta como traición. Se cree que disentir es “odiar Costa Rica”.
Pero una sociedad democrática madura no elimina el conflicto político: aprende a convivir con él sin destruir al otro.
Lo que revelan estos comentarios no es solamente polarización política. Revelan una profunda crisis de cultura democrática.
Y esa crisis no nació de la nada.
Durante décadas, la educación pública fue reduciendo progresivamente los espacios dedicados a la educación cívica, la filosofía, la historia política y el pensamiento crítico. Poco a poco dejamos de formar ciudadanía y comenzamos a formar únicamente individuos funcionales al mercado. Hoy muchas personas desconocen por completo qué dice la Constitución Política, cuáles son sus derechos o por qué existen límites al poder estatal.
El resultado es una ciudadanía que muchas veces reacciona desde el miedo, el enojo o la identidad tribal, pero no desde la reflexión democrática.
Y eso abre una situación peligrosa: cuando la población comienza a percibir los derechos fundamentales como obstáculos y no como garantías civilizatorias, el autoritarismo deja de venir únicamente desde arriba y empieza a surgir desde abajo, desde la propia ciudadanía.
Ese quizá sea el aspecto más inquietante de todo esto.
La crisis democrática no comienza solamente cuando un gobierno restringe derechos. También comienza cuando las personas empiezan a pedir voluntariamente que esos derechos desaparezcan para quienes piensan distinto.
Y eso debería preocuparnos muchísimo más que cualquier manifestación.
La histórica política de Estado costarricense pro derechos humanos y protección del ambiente sustentada en su avanzado marco constitucional y legal, donde sobresalen los artículos 50 de la Constitución y 17 de la Ley 7554; hace aproximadamente 12 años viró hacia un proceso de involución, encubierto por el discurso oficial de paz con la naturaleza y desarrollo sostenible. Gobernanza que, hasta entonces había constituido una bandera efectiva de distinción mundial. Pero a pesar de tratarse de un retroceso con evidencia anticonstitucional, la administración Chaves Robles lo intensificó en un contexto de violencia, donde la herramienta política más visible, ha sido el “discurso de odio” y el presidente de la República su principal protagonista con un lenguaje coloquial e inmoral. Así denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional.
En ese orden, los procedimientos técnicos (regulaciones ambientales) más significativos y vigentes durante décadas para administrar con eficiencia estatal el uso racional de los recursos naturales; fueron etiquetados como “cuellos de botella y obstáculos al desarrollo nacional” con el objetivo de justificar su eliminación. En igual dirección, la Costa Rica así gerenciada por este gobierno y los sectores empresariales afines al neoextractivismo, de principal promotor del Tratado de Derechos Humanos Regional conocido como “Acuerdo de Escazú” auspiciado por la ONU, cambió radicalmente su posicionamiento ecológico para distinguirse entre los detractores que han rechazado su ratificación. Mientras otros países sin protagonismos ni trayectoria socioambiental similar a la costarricense se consolidaron como Estados Parte.
Es decir, la trascendental esperanza en el derecho internacional público de brindar protección efectiva a Defensores de Derechos Humanos en Costa Rica, paradójicamente fue eliminada desde el Poder Ejecutivo y Legislativo; así como un relativo acompañamiento del Poder Judicial. Mientras tanto, la inseguridad estructural del país y la narrativa oficial, han sido cada vez más violentas, los delitos ambientales crecen y los asesinatos de líderes ambientales y comunales siguen impunes. De manera que, hasta la actualidad se han concretado una serie contrarreformas ambientales sin precedentes, cuyas consecuencias más inmediatas, las podemos inferir de los miles de denuncias ambientales que cada año registran las instituciones encargadas (CA-MINAE). Quizás el único o último recurso que, le queda a la ciudadanía para reclamar su derecho constitucional a la vida sana; no obstante, la débil o nula respuesta del Estado y otras acciones específicas del presidente del país como la difamación de funcionarios públicos, calificación de terroristas a los defensores del ambiente y hasta incitación a la “limpiezapolíticahemisférica”. Acciones a las que también suma la selección de “persona non grata” o “desvisado” -llama el presidente-, a cargo del principal aliado extranjero quien parece operar en estrecha coordinación.
Por otra parte, la instrumentalización mayor de la situación descrita, no sólo está en marcha, sino que, también explícita en las políticas públicas que los gobiernos saliente y entrante declaran abiertamente que, son y serán prioritarias para la continuidad de sus obras en tránsito hacia lo que denominan la “tercera República”. La venta y cierre de instituciones públicas, nuevos proyectos de ley, reglamentos y hasta reformas constitucionales del mismo corte regresivo; son acciones que ya están en lista o en los trámites correspondientes. Y sumado a ello, aparece intensificado el discurso de odio, instrumento que, a pesar de la crítica de expertos y advertencias de organismos mundiales, la gravedad de su contenido se ha elevado al umbral de “nivel superior”; lo cual, como establece la ONU para estos casos: “requiere prohibición legal según el derecho internacional a través del derecho penal”.
El caso denominado “Crucitas”, es en estos momentos el mejor ejemplo para describir la grave crisis socioambiental del país y que, si bien la afectación mayor aparentemente se extiende en parte de la Región Norte (entre 3000 y 10000 ha según recientes publicaciones), sus dimensiones reales transcienden el plano regional y nacional. Una situación de crisis extrema, aparentemente, facilitada por los gobiernos de al menos los últimos 20 años; sobre la cual, dan cuenta sentencias judiciales no cumplidas. De acuerdo con las informaciones hasta ahora divulgadas, en el país, no existe antecedente similar de generación y acumulación de tantos daños ambientales (delitos) sobre los ecosistemas y comunidades humanas, incluyendo los trabajadores mineros calificados como artesanales (coligalleros).
Además, lo que parece enigmático de esta “minería ilegal”, es que, mantiene una altísima productividad, pero según informan, la misma es “saqueada y exportada” desde territorio nacional. Se indica que, quienes saquean el mineral son los coligalleros de mayoría migrantes y sin identidad; mientras los exportadores sí están identificados y algunos hasta se les conoce públicamente. Dos clases de trabajadores cumplen órdenes por esta explotación en la zona, los subterráneos sin identidad ni derechos y los superficiales empleados policiales; éstos últimos obviamente bien identificados y equipados, hasta para ejecutar implosiones mediante el uso de dinamita. Así nos dicen las jefaturas de policía que “mitigan los daños ambientales”, no se sabe si asesorados por el ministro de Ambiente y personal de la SETENA; pero más parece que adelantan la minería a cielo abierto.
Diferentes actores incluyendo políticos interesados en legalizar esa explotación, informan que la actividad tiene aproximadamente 10 años de operación y que ha alcanzado una producción aurífera de miles de millones de colones anuales, pero que en su mayor parte es transportada a Nicaragua sin generar ningún beneficio para Costa Rica. Repiten también que, la devastación ambiental y social alcanzó límites de alerta máxima. Podríamos decir que han activado todas las alarmas de una situación de desastre nacional que, indudablemente requiere acciones técnicas de emergencia y recuperación; por ejemplo, ameritaría una declaratoria de emergencia nacional. Sin embargo, para el gobierno y voceros empresariales, la única solución que existe y admiten, es su propuesta de ley en trámite legislativo, a través de la cual, se plantea la concesión privada. En entrevistas públicas, han declarado como posibles concesionarias a viejas empresas con largo historial en la actividad, de fuerte poder económico e interesadas en invertir en el neoextractivismo minero; citan así a empresas activas en República Dominicana.
En este mismo contexto de emergencia no oficial, entre las afectaciones directas de carácter social ejecutadas por el Estado, el pueblo Chorreras de Cutris, fue desalojado del territorio en uso y todas sus edificaciones (públicas y privadas) arrasadas con el empleo de fuerza mecánica y presencia policial, ante la mirada impotente de niños, jóvenes y adultos; algunos llorando su destrucción. No tenemos referencia de alguna demanda de justicia para ellos. Sin duda que, fue una escena más propia de los pueblos actualmente sojuzgados por el poder y la maldad imperial, mismo poder al que, el gobierno ha declarado que le solicitó apoyo para atender esta situación. No obstante, para los sectores empresariales y de gobierno interesados en legalizar y extender la explotación, los responsables del desastre actual son los trabajadores coligalleros; y así procuran por diferentes vías de comunicación, generar el convencimiento de la opinión pública nacional.
Con tales señalamientos de responsabilidad, a las víctimas de esa forma de trabajo de historial esclavizante en el mundo, se les acusa de ser los victimarios del ambiente. Por lo tanto, no sería la excepción que, en Crucitas, la minería ilegal/artesanal (reconocida oficialmente) pero de elevada productividad y rentabilidad que informan, mantenga operaciones de esa detestable práctica; y aunque no esté confirmada, se refieren hechos que dan cuenta sobre muertes tanto en número como causantes desconocidas. Algo característico en territorios así ocupados, donde es conocido que, los factores de riego se multiplican y por ejemplo la falta de seguridad, criminalidad y violencia sobresalen; dando como resultado no sólo muertes por accidente sino también por criminalidad. Nada extraño será a futuro, también la aparición de fosas comunes anónimas en la zona.
De lo expuesto, es claro el afán de continuar con las explotaciones neoextractivistas en el país, como la propuesta en el año 2006 con el proyecto Crucitas por parte de corporaciones extranjeras y el apoyo gubernamental. Pues actualmente el presidente Rodrigo Chaves y sus seguidores, incluyendo la presidenta electa Laura Fernández, se han lanzado con todo y contra toda oposición política y científica a impulsar el proyecto de ley en trámite legislativo No.24717. En forma absoluta y contraria al marco normativo, tratan de legalizar una actividad ya operante de minería metálica a cielo abierto, explotación mundialmente caracterizada por los múltiples y elevados impactos ambientales negativos y permanentes; además de científicamente valorada como no sostenible.
Con este caso, debe contemplarse que, como actividad en operación al menos durante una década y al margen de la legalidad ambiental vigente, nuestro marco legal y constitucional, entre otros principios contempla la precaución; lo cual, permite comprender que, previamente no se establecieron y mucho menos cumplieron las medidas ambientales oficiales que correspondían. Por lo tanto, las impactos generados y acumulados en las áreas de influencia directa e indirecta, constituyen automáticamente daños ambientales que, la legislación nacional establece como delitos imprescriptibles. Vale así preguntarse: ¿Quiénes son los responsables por acción u omisión de la devastación generada hasta hoy día? ¿Si las autoridades nacionales no cumplen su función debe la ciudadanía demandarlo?
Lejos de posibles beneficios y conveniencia nacional según se planteaba en sus inicios, lo que se impondrá mediante el proyecto No. 24717, es la “continuidad” y elevación de la carga ambiental destructiva, indefinida e irreparable del territorio; a cambio de regalías (5%) de las inmensas ganancias potenciales que se generarían. Lo cual, parafraseando a doña Laura Fernández, para la Nación costarricense eso será “perder perder”. Entiéndase así que, con dicho proyecto lo que se pretende en primer lugar y sin más ni menos, es otorgarle condición legal a la misma actividad que durante años ha operado ilegalmente junto al “saqueo” de la Nación. Sin duda alguna, estamos ante toda una farsa, mediante la narrativa de una emergencia socioambiental para la que no existe alternativa diferente al proyecto de ley oficial; dejando con ello evidente la incapacidad política del gobierno y las acciones retroactivas que atentan contra el derecho ambiental.
Conclusiones:
Si bien durante varios gobiernos se ha concretado un proceso de regresividad sobre el bloque de legislación ambiental, enfocado principalmente en materia de Evaluación y donde quizás lo más grave ha sido la derogación del Reglamento General de EIA (Evaluación de Impacto Ambiental); gracias a la Constitución y leyes aún no modificadas con igual objetivo, los principios del derecho ambiental como pro natural, precautorio, participación, irretroactividad; están plenamente vigentes y el pretendido proyecto de ley por parte del gobierno no los supera.
La Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos, obras o actividades mineros, aún con las grandes debilidades establecidas en el actual Reglamento, sigue manteniendo su función preventiva obviamente para proyectos nuevos; lo cual obliga a que toda propuesta de desarrollo de esta naturaleza debe contemplar antes de su inicio desde la fase de instalación, la elaboración y aprobación por parte del Estado de un estudio completo de Evaluación Ambiental. Bajo esta premisa, cualquier obra o actividad, iniciada o ejecutada sin haber cumplido con ese requerimiento, obliga a rechazar el proyecto y denunciar al desarrollador según las leyes.
La Evaluación de todo proyecto, obra, actividad o plan; por parte del Estado según la reglamentación de Evaluación de Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) concordante con cada uno; es insoslayable. Para el caso de la EAE que involucra los Planes de Ordenamiento Territorial y por ende los criticados y quizás poco conocidos Planes Reguladores, al planificar las categorías de uso de suelo, y obviamente, tomar decisiones para áreas con usos cuya condición presente se determina que sobrepasaron los límites ambientalmente sostenibles; no admiten la continuidad del sobreuso. Pues el objetivo superior es el desarrollo sostenible, por lo tanto, lo que demanda es establecer medidas que tiendan a la recuperación. Obsérvese en este sentido que, si la devastación de Crucitas, además de que se originó en una actividad al margen de la legalidad ambiental para la que ya no es legítima la EIA, los daños que presenta, evidencian el sobreuso de suelo a que ha sido sometida la zona; otro indicador de que, tampoco es técnicamente admisible la continuidad de la explotación. Repito, técnica y legalmente, se impone de inmediato la elaboración y ejecución de un plan de cierre técnico, y para ello no existe alternativa.
Ha informado y reconocido el gobierno, la presencia en la zona de Crucitas de un oneroso destacamento de oficiales de policía ante la actividad diaria de cientos de trabajadores indocumentados; sin embargo, los resultados del trabajo oficial (vigilancia y control) no muestran congruencia con esa actividad diaria de cantidad de trabajadores mineros.
Para el escenario que se vislumbra con la minería en esta Región, se debe tener presente que, ante denuncias de la ciudadanía por Viabilidades Ambientales otorgadas a proyectos en los que ha determinado inconsistencias, el órgano encargado de la EIA y EAE (SETENA) es recurrente en justificar la licencia, bajo el argumento de que las obras o actividades se ejecutarán en “áreas ya impactadas ambientalmente”. Por ejemplo, en los proyectos del nuevo hospital y un atracadero en Limón. Es decir, para dichas autoridades el sobreuso del suelo es viable, y que áreas así impactadas carecen de interés para la protección y en consecuencia requieren menos estudios ambientales o hasta no requerirlos. Este, es un criterio que carece de sustento técnico y constituye prueba de posible prevaricación.
A partir del año 2023 con la entrada en vigencia del “Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental” (D.E. 43898) derogatorio del Reglamento General de la EIA, se culminó la eliminación del requisito de Evaluación de Impacto Ambiental para un 65% de los proyectos, obras o actividades que hasta entonces la requerían. Por su parte, como resultado de las derogaciones al 35% restante se le flexibilizó el proceso, la mayoría recibe la viabilidad ambiental sin contemplar la inspección de campo y el control y seguimiento es casi nulo; son parte de los hallazgos de muchas debilidades que presenta el proceso actual de la Evaluación a cargo de la SETENA, según “el informe de auditoría especial DFOE-SOS-IAD-00008-2025” publicado el 30 de octubre de 2025. Con esta benevolencia ambiental se propone el gobierno continuar la senda del desarrollo sostenible abriendo las puertas al neoextractivismo minero metálico a cielo abierto.
En las típicas alocuciones del señor presidente durante lo que ya son los últimos días de su administración, parece que se ufana de haber sido un ausente de las Asambleas Generales de la ONU. Ha expresado a la vez que, este Organismo se convirtió en un “refugio de ideologías”. Dice también que él habla tres cosas: “la verdad, de frente y claro”. Sin embargo, por ejemplo, no se conocen respuestas suyas acerca del “Informe sobre Discursos de Odio y Discriminación 2025” en Costa Rica, dado a conocer por la ONU. Pero sí exhibe en su acostumbrada narrativa, un tono más fuerte con el que arremete hasta contra gobiernos de otras naciones de nuestro hemisferio, mientras aparenta pretender el respaldo internacional para su candidata actual a la Secretaría General del máximo Organismo. Es decir, tanto en política exterior como en política ambiental y de derechos humanos, no se le ha observado ni escuchado la verdad de frente y menos claridad. Al final, la distopía que vino a descubrir y narrar el migrante don Rodrigo Chaves, es la que hereda a la espartana de “mano dura” doña Laura Fernández; quien ha prometido continuar al frente del gobierno con el mismo manual inspirado en el ideario de la extrema derecha internacional, aplicado en lo que fue la “Suiza centroamericana” en transición a un “Singapur occidental”.
La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, en la Alemania nazi y en Austria, el día 11, las tropas de asalto nazi, las SA, instigadas por el gobernante, el Führer Hitler, y por las autoridades alemanas, actuaron contra ciudadanos judíos violentamente, en lo que se consideró el mayor linchamiento multitudinario, o masacre como también llamaron a esos actos, contra los judíos, violencia que se manifestó en el ataque físico, la agresión física personal, contra mujeres, hombres, ancianos, niños, en el asesinato, en la destrucción de los bienes de los judíos, y contra todo lo significara semitismo.
Las autoridades del gobierno no actuaron tratando de evitar esos ataques. Se complacieron con esos actos, los justificaron con sus criterios de superioridad racial, étnica, nacional. Instigaron, promovieron con sus discursos de odio, de racismo, de persecución, de exclusión, de intolerancia.
El más importante instigador de esos crímenes fue el mismo Hitler, primero Canciller, en 1933, luego presidente, en 1934, y después unificó ambos cargos, para convertirse en el caudillo, en el líder del movimiento nazi, en el Führer, como se le conocía desde 1933.
Las actuaciones, como las de esas noches, independientemente de si algunas fueron espontáneas o premeditadas por grupos de alemanes, de grupos de personas, o por actos individuales de fanatizados por el Führer, fueron el salto que dio impulso a la represión y a la eliminación de los contrarios, de los judíos, y de todo aquello que objetara o se opusiera al gobierno fascista, al asesinato y al intento de asesinato de judíos. El resto lo conocemos.
En Costa Rica, lamentablemente, actuamos como testigos, la mayor parte de la población de manera pasiva, y una buena parte, incluidos intelectuales, con terror y temor reverencial, del deterioro que ha venido provocando y causando, intencionada, alevosa y criminalmente contra el sistema democrático, el presidente Rodrigo Chaves.
Igual que en la Alemania nazi, Chaves ha instigado, y sigue alentando cada vez que puede actos contra las instituciones del Estado, contra la Asamblea Legislativa, contra la Contraloría General de la República, contra la Sala IV, donde, incluso, un profesor universitario de la dirigencia de ese piquete, instó a quemar el edificio y a sus magistrados; contra personajes públicos, magistrados, diputados, gestores de opinión, que incluso los han exhibido en vallas públicas como si fueran delincuentes, tratando de generar contra ellos reacciones negativas y hasta eliminatorias. En sus diatribas ya ha incorporado, siguiendo a Trump, un discurso político trasnochado contra los comunistas y socialistas de todo el continente.
Sus ataques a la institucionalidad pública, a las instituciones republicanas y democráticas del Estado de Derecho; a la independencia de los Poderes Públicos, a los organismos e instituciones públicas del control democrático político del quehacer de los gobernantes y las autoridades públicas; de ataque a los partidos políticos, a los políticos, a la Política como un escenario de expresión de la Democracia; a los comunicadores y gestores de opinión pública, y los medios de comunicación, que no se someten al gobierno y al actual gobernante de turno.
La feroz crítica de Hitler contra el gobierno y el Estado, aprovechándose de las malas condiciones socio económicas del pueblo, le permitió crear las condiciones para destacar en las elecciones de 1928 y aumentar su auge en 1930, y ganar las de 1932.
Hitler debilitó la República de Weimar, que surgió en 1919, como resultado de la I Guerra Mundial. Hitler no tenía programa político, tenía carisma que atraía a diversos grupos sociales, unificándolos en su diversidad política, en sus intereses laborales y cristiano religiosos, atrayendo incluso a abstencionistas electorales de esos años. Los partidos conservadores tradicionales perdieron el apoyo de la población, quienes terminaron votando y apoyando a Hitler.
En enero de 1933 empezaron los nazis a realizar celebraciones con antorchas, celebrando su “revolución nacional”, así intentaron quemar el edifico del Parlamento Reichstag. En Costa Rica, solo eso le falta al gobierno y a sus fanáticas huestes irracionales.
La situación de Alemania en ese despertar, desarrollo y auge del nazismo me recuerda constantemente, cómo en Costa Rica estamos en paralelo a 1933, incubando al Hitler de Costa Rica, que embrionariamente, empezó a gestarse en el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, 2018-2022. Desde entonces, se ha ido desarrollando, en términos generales, de la siguiente forma:
Primero, tuvimos un candidato que se lució en las elecciones de 2022 con un desplante que atrajo a esos sectores sociales, marginales, desclasados, pobres, que levantó banderas de decencia nacional contra la corrupción galopante e histórica conocida, que aglutinó provocando un abstencionismo y una baja confianza a quienes le adversaban política y electoralmente.
Luego, el resultado de la elección primaria lo pudo revertir a un primer lugar, en la segunda ronda electoral, imponiéndose como candidato ganador, y presidente de la República, 2022-2026.
Segundo, mediante una acción de publicidad, de gobierno, ha sabido mantener, una imagen poderosa, personal, matona, peleadora de calle, de gritón a todo galillo, contra quienes adversa o exhibe pintándolos como sinvergüenzas, pillos y maleantes públicos o privados, desnaturalizando o mintiendo sobre sus atestados personales, ofendiendo en su dignidad personal y hasta burlándose de sus condiciones físicas, que ha permitido que hasta en la Asamblea Legislativa diputados lo imiten y traten de igualarse con él, criticando ciudadanos y hasta a los mismos diputados, que son agredidos de esa forma.
Pero ya han empezado a actuar, en el escenario público, con violencia, sin respeto alguno. El lenguaje del Presidente Chaves, soez, vulgar, pachuco, de borracho necio que no controla sus palabras, de personaje inculto, de escasos valores de comportamiento social y protocolario, de exhibidor machista desenfrenado, de irrespetuoso de la cordura nacional, imponiendo el miedo, el terror reverencial por la fortaleza institucional que dirige y maneja, por las acciones vengativas que desde la institucionalidad pública realiza y puede influir, que aplica contra sus adversarios de cualquier género que sean, se ha ido imponiendo.
Su tribuna pública de todos los miércoles, sin respuesta opositora, le permitió desarrollarse como una fuerza electoral, como un movimiento político que le dio forma con la figura del jaguar, pero todavía no ha logrado plasmarse en partido político, realmente organizado. Pero, le permitió empujar su candidata presidencial con éxito electoral, como no sucedía desde hace varias décadas, con su apoyo a la candidata y una mayoría legislativa que le da cierta fuerza política, si la sabe usar.
Tercero, impulsando una mentalidad de gobierno autoritarista, de actuaciones despóticas y arbitrarias, con el deseo de gobernar sin controles institucionales, lo que ha asumido a su recién electa presidenta, interesada en mantener en alto al Jaguar mayor, con posibilidades de que vuelva a la Presidencia lo más pronto que institucionalmente se pueda.
En ese afán, ambos, presidente saliente y presidenta entrante, han levantado estandartes planteando las posibilidades de gobernar bajo los efectos de un Estado de excepción, sin controles legislativos, constitucionales ni administrativos, y sin garantías individuales, o suspendiéndolas regionalmente, para de esa forma acostumbrar a la población, poco a poco, por regiones.
Este estado de violencia ha desbordado en estos últimos días, con el ataque criminal que sufrió una alta Jueza de la Republica.
Ambos, Rodrigo Chaves y Laura Fernández, se han complacido con el ataque criminal, con el intento de asesinato, con la agresión física, con el ataque de un perro bravo que le lanzaron a la Magistrada, Jueza de la Ejecución de la Pena, en Heredia el viernes pasado.
El agresor, de un comportamiento reiterado de ataques y amenazas a esa funcionaria de la Corte Suprema de Justicia, siguiendo los mandatos de los discursos y peroratas de los miércoles, y de ocasión presidencial, actuó, contra esta funcionaria, de pleno derecho, sintiéndose amparado por el presidente, por la presidenta electa, y por Instituto Nacional de la Mujer, que no se ha pronunciado en nada sobre esos hechos. Casi nadie, política, institucional y socialmente, de manera pública se ha manifestado críticamente y en contra de ese acto criminal.
Lo sucedido no fue un pleito de barrio, de vecinos, de residencial o de condominio, como lo han querido presentar los defensores del atacante, de quien intentó matar, asesinar, a la funcionaria judicial.
Fue un acto criminal resultado de la instigación oficial que ha venido haciendo el presidente Rodrigo Chaves desde hace tiempo contra funcionarios y funcionarias como ella, enervando los sentimientos de las gentes contra funcionarios de la institucionalidad pública, judicial, legislativa y electoral. En este caso, todo originado en un fallo, en julio del año pasado, de esta jueza que el presidente y su ministro Gerald Campos, cuestionaron, con nombre y apellidos, en uno de esos programas de los miércoles, exhibida también en fotos públicas. También la volvieron a cuestionar y criticar en setiembre pasado, de igual manera.
El agresor ha mantenido constantes manifestaciones, que están grabadas, contra la persona, contra la integridad física y las condiciones morales de la funcionaria judicial, contra la Jueza, contra una Mujer. Además, pasa insultándola, agrediéndola, como acostumbra oralmente el presidente cuando se refiere a algunas personalidades políticas que no son de su agrado.
El agresor realizó una tentativa de homicidio, con alevosía y ensañamiento que había venido preparando, hasta con el perro que le lanzó a la jueza, que tirada en el suelo, además la agarró a patadas, la arrastró provocándole heridas graves en su rostro, que le pueden quedar grabadas de por vida, con el daño moral que eso le puede causar.
También, se le puede añadir en su intención la tentativa de femicidio, que no deviene, en este caso, por una relación de familia, ni matrimonial, sino por la regulación que nacionalmente se ha venido haciendo de manera especial contra los crímenes que se realizan con alevosía, ensañamiento y saña contra mujeres.
No se puede descartar en el tratamiento de esta acción delictiva al instigador principal de esta intención homicida contra la Jueza de la República. Debe tenerse a Rodrigo Chaves Robles como un coimputado.
Al detenido por estos actos debe caerle el mayor peso posible del castigo legal, o de los castigos penales que le puedan corresponder, de manera que sean ejemplarizantes, para quienes pretendan actuar, como impulsa el presidente Chaves con sus diatribas, a la actuación de los ciudadanos.
Los actos realizados contra la jueza no son para sancionarlos con medidas administrativas, municipales, o medidas no penales.
La prisión preventiva que se le ha fijado al agresor y presunto homicida está acorde con los hechos públicamente conocidos y relatados por la prensa.
Tengamos clara una cosa de este ataque a la Jueza. El atacante envió finamente, subliminalmente, un mensaje a todos los funcionarios públicos de lo que les puede pasar, por el ejercicio de los cargos, si no satisfacen al mandatario, al jaguar depredador de la institucionalidad pública.
El mensaje, si se quiere fue más directo para los Jueces, para los Altos Jueces de la República, y especialmente contra los Magistrados, muchos de ellos sujetos de reelección en sus cargos, en el próximo gobierno del Jaguar, que se continúa con el gobierno de Laura Fernández, que tiene suficientes diputados para dificultar sus reelecciones.
Ante estos actos, y estas amenazas subliminales, hay que defender a la Corte Suprema de Justicia, al Poder Judicial y a sus integrantes.
Hay que pedirle a los Magistrados que no se dejen intimidar ni amenazar por ataques como el que ha sufrido la Ciudadana, la Mujer y Jueza de la República, por uno de esos jaguares.
Si esto no se detiene, nos igualamos a aquellos días del 9 al 10 de noviembre de 1938, en la Alemania nazi y en Austria, el día 11, cuando las tropas de asalto nazi ascendían de manera definitiva.
Hay que impedir que en Costa Rica esto sea posible. Recordemos al pastor Martin Niemöller y al poeta Bertold Brecht, con el poema “Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde”, en sus dos versiones, que dice:
«Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Mas tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde.»
“Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista, Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista, Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío, Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar.”
Antes de las elecciones generales de febrero de 2026, un grupo amplio de organizaciones académicas, sociales, medios de comunicación y colectivos ciudadanos impulsó el Acuerdo Nacional contra la Desinformación y los Discursos de Odio, una iniciativa orientada a fortalecer un debate público informado, respetuoso y transparente durante el proceso electoral. Esta plataforma, articulada a través del sitio Ojo con la Desinformación, busca contrarrestar la proliferación de noticias falsas y la polarización que puede debilitar la legitimidad y calidad de la deliberación democrática en tiempos electorales.
El acuerdo, surgido del trabajo colaborativo entre múltiples actores —incluyendo entidades como la Asociación Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta (ACCESA), el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), la Escuela de Ciencias Políticas (ECP-UCR), el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP-UCR), el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI-UCR), así como colectivos como Jóvenes por Costa Rica, Mujeres por Costa Rica y Voces Nuestras— plantea principios básicos para combatir la desinformación e impulsar una cultura de paz en el contexto electoral.
Entre los compromisos asumidos por los firmantes destacan:
el respeto al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como autoridad electoral y garante del proceso democrático;
la verificación responsable de la información antes de compartirla;
la corrección oportuna de errores informativos;
y el rechazo a toda forma de discurso de odio y retórica violenta, incluidas aquellas generadas o amplificadas mediante herramientas tecnológicas o perfiles no verificados .
El Acuerdo también incorpora el compromiso de promover una participación política consciente, libre de manipulaciones informativas y basada en hechos verificados. Para asegurar el cumplimiento, se conformó un Equipo Ciudadano de Seguimiento —integrado por organizaciones como Voces Nuestras, Mujeres por Costa Rica, IDdeco CR, Punto y Aparte y CICOM-UCR— que emitirá informes públicos, impulsará buenas prácticas informativas y fomentará la educación cívica en torno a la verificación de datos y el respeto en el discurso público.
Esta iniciativa representa un esfuerzo colectivo para enfrentar las preocupaciones expresadas por la ciudadanía y diversas instituciones sobre el impacto de la desinformación y la polarización en la calidad del debate electoral, y reafirma que defender la verdad es defender la democracia.
📌 Puede visitar la página de Ojo con la Desinformación para ampliar la información, ver las candidaturas firmantes, acceder al documento completo y conocer cómo apoyar el Acuerdo Nacional:
Rodrigo Chaves Robles, populista y confrontativo, se caracteriza por un discurso disruptivo -diría que de odio-, que polariza la sociedad entre «el pueblo» y lo que él denomina «las élites» o «las castas» que han gobernado históricamente. Su movimiento utiliza el resentimiento legítimo de sectores olvidados por el Estado, para canalizarlo contra las instituciones que protegen el Estado de Derecho, haciéndoles creer que son las culpables de su pobreza.
Chaves piensa en Costa Rica como un «Estado fallido», secuestrado por grupos de interés. Deslegitima las instituciones, calificándolas como obstáculos a la voluntad popular que él dice representar, en una narrativa que divide el espectro político en «nosotros» contra «ellos».
La conferencia de Prensa de los miércoles es una plataforma de «juicio público», donde se señala a opositores, periodistas o funcionarios específicos, a menudo usando apodos o lenguaje sarcástico y hasta vulgar, utiliza las redes sociales y los troles para atacar voces críticas y desgastar las instituciones, criticar sus fallos y erosionar la confianza pública en ellas. Ataca y estigmatiza la «prensa canalla», reduce el presupuesto para la educación y las universidades públicas, y llega al extremo de pretender acallar los medios, tanto escritos, como la Radio y la TV.
La nefasta y absurda «Ley Jaguar» y el Referéndum, fueron sus peticiones a Santa, para eliminar los órganos de control, y ahora busca 40 diputados para las próximas elecciones, que le facilitarían una nueva Constitución, el delirio de todo dictador.
Para todo ello, ha hecho alianza con el capital privado, el fideicomiso «Costa Rica Próspera» supuestamente funcionó como una estructura paralela para pagar gastos de campaña sin reportarlos al TSE, como debió. Jack Loeb y Calixto Chaves, figuras del empresariado tradicional y vinculados históricamente a otros partidos, se convirtieron en sus principales financistas.
Finalmente, ha logrado crear un ecosistema mediático que amplifica el discurso oficialista y ataca a la prensa crítica, para lo cual ha utilizado la pauta y las compras del Estado, como herramientas para premiar a medios que mantienen una línea editorial estrictamente favorable al Gobierno. Tal es el caso del coordinador de finanzas de Partido Pueblo Soberano, Carlos Valenciano Kamer, a cuyas empresas -Datasys Group- se les ha adjudicado millonarias compras del ICE y Racsa, quien a su vez es dueño de un importante canal de TV -OPA, al servicio de Chaves-, además de otras relaciones con financistas como Stephan Brunner y Douglas Altamirano.
Dichosamente hoy vivimos en una democracia que, aunque imperfecta, ningún dictadorzuelo terminará logrando sus objetivos fácilmente, gracias al equilibrio de poderes en nuestra Democracia Republicana. Pero no era así en nuestros primeros años de vida independiente y prácticamente todos los golpistas impusieron su propia Constitución, tal y como lo pretende también Chaves. Sucedió en 1823 y 1847. Y se repitió después de la guerra de 1856-1857, con el país sumido en una crisis económica y diezmado por el cólera, causante del descontento social, pero que fue aprovechado por la oposición para culpar a la administración de Juanito Mora, de la miseria del pueblo.
Similar a lo que sucede hoy, también en 1856 la oposición comenzó una guerra de desgaste, a través del periódico “La Nueva Era”, cuestionando la legitimidad de las decisiones del gobierno, criticando el gasto militar y promoviendo la idea de que Costa Rica necesitaba una «regeneración institucional”, léase “nueva Constitución”.
Alrededor de ese periódico se aglutinó el movimiento opositor a Mora, que también se coaligó con la oligarquía cafetalera y grandes intereses económicos, como, por ejemplo, los traidores Vicente Aguilar, su antiguo socio comercial, José María Montealegre, quien asumió la presidencia tras el golpe, Lorenzo Montúfar y Bruno Carranza.
El movimiento culminó con la ejecución de Mora en 1860, fusilado en Puntarenas, por orden de los líderes del movimiento «La Nueva Era», “uno de los actos más abominables de nuestra historia patria”, así lo califica Tomás F. Arias Castro, Los asesinatos del Presidente Mora Porras y del general Cañas Escamilla, EUNED, 2016. Entonces se redactó -una vez más- una nueva Constitución Política, la de 1859. Igualmente sucedió en 1869, 1871 y 1917. En 1949 de igual forma, aunque gobernó una Junta de Gobierno.
Sin embargo, a partir del totalitarismo hitleriano, que uso métodos populistas, pero sobre después de las redes sociales, el populismo tiene claro el enorme potencial de las mismas para manipular las masas, y que son las emociones más que las razones, las que influyen en ellas. Entonces las poses, las promesas, la grandilocuencia, las charangas y el hombre fuerte, dispuesto a canalizar la frustración del pueblo contra el statu quo, más que los programas de gobierno, son los elementos que cautivan a las masas. Además, tienen claro que ya tampoco es necesario un golpe de Estado, suficiente es prometer lo que la gente quiere, despotricar contra los supuestos responsables -todos los gobernantes anteriores-, descalificarlo todo para justificar rehacerlo bien y declarase el mesías que esperaba el pueblo para corregir tanta injusticia, para que las masas voten por ellos.
Escribiríamos la página más ingenua de nuestra vida democrática si en febrero del 2026, otorgáramos una mayoría legislativa a quienes ya han demostrado durante 4 años, la más absoluta arrogancia e ineptitud para construir, pero la mejor de las habilidades para crispar, dividir, envenenar y enlutar esta sociedad. Es tal la torpeza e incapacidad de su candidata, que ya OPA anunció que “por esta vez” no hará debates. Ingenuidad digo, porque ahora sí conocemos sus verdaderas intenciones: tomar el país, al mejor estilo de Chávez en Venezuela u Ortega en Nicaragua, pero igualmente, no para nada positivo.
Todo lo contrario, sería para garantizar el “continuismo”, como dice su actual eslogan de campaña y lo grita su candidata a los cuatro vientos. Advertidos estamos entonces, nos esperarían: mayores listas de espera en la CCSS, medicinas y arroz más caros, mayor delincuencia y criminalidad, incluido el sicariato -mientras se maten entre ellos-, apertura de fronteras, puertos, aeropuertos y costas, para el libre tránsito de drogas, menos presupuestos para seguridad y educación, un tipo de cambio para arruinar la industria del turismo y las exportaciones, y chorizos como los del recarpeteo de la pista del aeropuerto de Liberia, la adjudicación de los Ebais de la CCSS, las adjudicaciones de la Red de Internet y 5G, del ICE y Racsa, etc.
Y para ser consecuentes: no habría nuevas obras de infraestructura, nada de hospitales ni escuelas, ni inversiones en seguridad, pero en cambio, se seguiría favoreciendo a sus amigos con Rutas como la del arroz y a sus financistas de campaña con las adjudicaciones del ICE, haciendo alianzas con gobiernos amigos para quitar Visas, replicando cárceles en donde se violan los derechos humanos, envenenando y dividiendo esta sociedad, etc.
Hace algunas semanas fue publicado en España el resultado de un año de seguimiento en redes sociales a los discursos racistas que permean sus contornos.
Es cierto. Detrás de una opinión que no es simple, se vierten los contenidos más espurios de ataque a las personas en razón de su nacionalidad, color de piel, identidad.
Le correspondió esta vez al atacante Lamine Yamal recibir calificativos como “moro de mierda” o “Mena”, según el Observatorio contra el racismo y la xenofobia de aquel país europeo. En el último año el jugador barcelonés concentró el 60% de los insultos racistas.
El otro jugador receptor de tales agravios es el brasileño Vinicius JR, contra quien incluso se han proferido insultos que han llegado a detener partidos y expulsar a quienes lanzaron los gritos desde las graderías.
Para que tengamos una dimensión real del significado del racismo hacia Yamal, la palabra “Mena” fue instrumentalizada por la derecha española para hacer referencia a cualquier persona con aspecto magrebí.
Ya su uso empezó a descuadrarse al vincular a los Menores Extranjeros No Acompañados que llegaban a países como España, Francia e Italia con peligro y delincuencia.
Rápidamente, como suelen ser las ideas del radicalismo de derecha, su significado alcanzó connotaciones racistas que pronto abordaron las canchas de fútbol.
Lo que el odio escribe y pregona es la barbarización del otro hasta restarle su humanidad. En tiempos donde justamente la humanidad vive uno de sus períodos más complejos, estos discursos deben ser erradicados y restados en su poder.Empezar por ejemplo a negarlos, eliminarlos como opción para que no vuelvan a tener espacio en ningún lugar con resonancia.
Partido Vanguardia Popular – Costa Rica Fundado – 16 de junio de 1931
Las declaraciones recientes de Rodrigo Chaves Robles, de José Fabio Pizarro y Minor Vargas, son temerarias, irresponsables y forman parte de la narrativa del odio y violencia a que nos tiene acostumbrado el inquilino transitorio de la casa de Zapote.
El llamado a la “guerra civil” por parte del actual mandatario, rebasó todos los límites de la naturaleza del ser costarricense.
Por su parte, las declaraciones del exjefe de policía José Fabio Pizarro, acusado y condenado por narcotráfico y el apoyo, explícito, del excomandante Minor Vargas, se ajustan a tres aspectos que nos debe llamar la atención:
Son caja de resonancia del discurso de odio y violencia de la magistratura actual.
Servir al crimen organizado, le da un plus a Pizarro, para reclutar “policías especializados” y “reservistas”. Ambos van a requerir pagos costosos. ¿quién los va a financiar?
Irrespetan una vez más la institucionalidad, al declarar públicamente que “es necesario apoyar a Chaves después de los operativos judiciales”. Una clara intromisión en el ejercicio de la justicia.
Si se hace un llamado a la vía armada, se da por sentado que se están violentando una serie de principios legales y constitucionales. Se viola la Ley de Armas y Explosivos n.7530, el artículo 88 del Código Penal, el artículo 4 de la Constitución Política y el artículo 301 del Código Penal que establece penas de prisión para aquellas personas que llamen a alzarse en armas. Suficiente material legal para que, desde ya, el OIJ proceda a investigar a Pizarro y Vargas.
Solo dos párrafos o frases para tomar en consideración:
1.- “Podemos hacer una buena presentación ante este señor, uniformados, fatigona, bien bonitos”.
2.- “No somos un grupo militar o paramilitar, ni incitadores ni alborotadores”.
Hoy estamos de cara a una acentuación del discurso del odio, frente a un llamado a la sedición a la Patria, al irrespeto de la institucionalidad, a romper con la tradición democrática de nuestro pueblo y a quebrantar la paz social.
La convocatoria, obviamente, es explícita, va dirigida a exoficiales y reservistas, no a la ciudadanía, no al pueblo. No, es a un amplio sector con formación militar; lo que da por sentado –como diría la señora de PURRAL– que ambos militares (policías especializados) no parten de cero. En algún lado están las armas y los mercenarios. Y detrás de la propuesta, el fantasma del narcotráfico, capaz de apoyar cualquier aventura antidemocrática.
Recordemos, tal y como lo señala la DIS, al indicar que José F. Pizarro es un “hombre que tiene amplia preparación policial operativa” y que, además, para Vargas, el grado de excomandante no se da virtualmente.
Respecto al presidente, su desconocimiento histórico de los hechos políticos sobre la Guerra Civil de 1948, son el fiel reflejo de 35 años de estar desvinculado y ausente del sabor de la idiosincrasia de los ticos y las ticas.
Cuando el pueblo, en su conjunto, ha hecho el esfuerzo de restañar las heridas del Guerra Civil, la lengua suelta de la realidad concreta y su discurso precipitado al odio, incitan desde la primera magistratura a la Guerra fratricida, a la confrontación entre hermanas y hermanos. Que duro enseñar a nuestras generaciones venideras, esta amarga lección de “educación ciudadana”.
Usted, señora, señor, profesores, campesinos, obreros, intelectuales, en fin usted costarricense como yo, tenemos un serio compromiso histórico, defender el estado social y el estado social de derecho. Pero de la misma forma, por nuestro ideario democrático, debemos de luchar contra cualquier engendro de grupos paramilitares, al estilo de la mano blanca, el Movimiento Costa Rica Libre o de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) o de estos nuevos uniformados de fatigona.
La paz, la autodeterminación, la soberanía y la democracia forman parte del legado histórico nacional y de nuestra memoria de clase.
¡Sí a Costa Rica, no al paramilitarismo y el narcotráfico!
Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas,
Tomada de: http://www.encuentromunicipal.com/
Faltan 247 días para que el Tribunal Supremo de Elecciones llame a elecciones al pueblo costarricense y podamos votar para la presidencia de la república y la elección de 57 personas diputadas. Si ha sido importante con el paso de la historia, que como costarricenses nos fijemos muy bien a quienes vamos a elegir como nuestros gobernantes y representantes; la actual coyuntura demanda que hagamos un mayor esfuerzo, pues pocas veces en doscientos años de historia, nuestro futuro enfrenta un panorama desolador. Habrá que escoger entre una ruta que permita que sobreviva nuestro régimen democrático, como lo soñaron y construyeron nuestros abuelos, o ante nuestra indiferencia y pereza dejarlo perder y que sea la mediocridad, la vulgaridad y el fascismo los que sustituyan a las buenas formas del entendimiento y de acometer la búsqueda de soluciones a los graves problemas que nos agobian. No dejemos que la desesperanza ahogue nuestra fe y no seamos capaces de discernir en medio del signo de los tiempos. La violencia en todas sus formas ha venido ganando espacio y ella no ha sido un rasgo distintivo de nuestra sociedad y nuestro estilo de cómo vivimos y hacemos cambios a la democracia.
Vemos a superricos intentar gobernar al mundo e inducirnos a adorar el becerro de oro. Ya no se conforman con lo que tienen; lo quieren absolutamente todo y para ello no han dudado en tomar el poder político también, o colocar ingenuos y ambiciosos títeres que se plieguen a sus intereses.
Me aterra ver las formas de concentración de riqueza que han emergido en los últimos tiempos. Semejantes tan sólo a los inicios de la revolución industrial o de la expoliación de los recursos de América por parte de algunas potencias europeas al inicio de la Era Moderna.
Dentro de este contexto me he encontrado con una gran obra que posiblemente pocas personas han podido leer en Costa Rica. Se denomina Frente al Poder, donde su autor, el extraordinario periodista Martin Baron y ex redactor de Miami Herald, Boston Globe y Washington Post. La obra en español tiene menos de un año de publicada.
En una entrevista televisiva efectuada en 2018, sagazmente la octogenaria y brillante periodista norteamericana Lesley Stahl, le preguntó a Donald Trump, por qué insistía en denigrar a la prensa, respondió_ “¿Sabes por qué lo hago? Lo hago para desacreditarlos y menospreciarlos; así, cuando escriban cosas negativas sobre mí, nadie les va a creer”. Ojo, esta cita que planteo, es clave para entender mucho de lo que está ocurriendo en nuestro país.
Durante la campaña política desde octubre 2021 hasta hoy en día, por parte del presidente Chaves y la diputada Cisneros Gallo, rara vez ha faltado un día donde no se haya desacreditado la prensa o apuntar sus baterías hacia algo o alguien; cualquier estrategia de distracción es justificada con tal de evadir los graves problemas que enfrenta el país y la necesidad imperiosa de abocarnos a la búsqueda de soluciones. El ejercicio del poder político no puede ser reducido a un insultante, vulgar y abominable lloriqueo, “de que no se puede hacer nada porque no me dejan”, “o que tales y tales problemas son culpa de…” esa repugnante y patológica forma de reducir el ejercicio del poder a una eterna y estéril campaña política.
En esa pirotecnia discursiva primero se atacó a la prensa, luego a la Asamblea Legislativa, después a la Contraloría, posteriormente a gobernantes anteriores, a la fiscalía y magistrados, presidentes de los supremos poderes… Aún falta posar su atención dislocada y estrambótica, en el TSE. Cosa que probablemente pronto ocurrirá.
En esa enfermiza y delirante conducta, de conducir al Estado de Derecho y el imperio de la ley al límite; el perseguir y catalogar como enemiga a La Nación, al cerrar el Parque Viva (08-VII-22) y al acusar al banquero Baruch de evasión de impuestos ante Tributación Directa (I-23) rayan con saltarse la institucionalidad con baladíes artimañas, y en el plano de la gobernanza política hacen gala de una incapacidad absoluta de liderar procesos de reforma política, no sólo enviando proyectos de ley defectuosos sino además desaprovechando los periodos de sesiones extraordinarias, donde el Ejecutivo posee la iniciativa de ley que la Constitución Política les concede. Allí también Chaves y sus adláteres han mostrado una asombrosa ineptitud. Pretendieron atacar al Grupo Nación y dañar sus inversiones.
Curiosamente desde la campaña política, antes de mayo de 2022, Cisneros y Chaves atacan a un sector de la prensa llamándoles “prensa canalla”. Observen la gran similitud de tal conducta con lo expuesto por Trump en su primera campaña y mandato en EEUU. La Nación, CRhoy, Teletica, son de lo peor para el chavismo; pero esa misma prensa canalla que atacan hoy y mañana también, es objeto de reconocimiento por parte del presidente Chaves cuando el 1 de diciembre de 2022, día de abolición del ejército, al hacer un homenaje a doña Olga Cozza, dueña de Teletica por su aporte a la democracia costarricense. ¿Entonces??!!. Más grave aún, el 12 de marzo de 2024 ante el recrudecimiento de la persecución de la iglesia en Nicaragua, Chaves se resiste de acusar de dictadura al régimen Ortega-Murillo.
Estos perversos deseos de torcer la verdad, de rodearse de secretismos y faltas a la transparencia, hacen que el lobo del fascismo asome sus puntiagudas orejas. Este es un buen momento para recuperar algunos pasajes del texto De Calderón a Figueres, de Eugenio Rodríguez Vega, donde describe algunas de las conductas más deleznables del Calderonismo, en la década de los cuarenta, sobre persecución política y, violación del marco jurídico vigente y atisbos de una especie de estado totalitario.
Aquí no podemos permitir que la democracia muera en la oscuridad. Esta temeraria conducta de violar las normas y soslayar la democracia, puede irremediablemente propiciar que otros se animen a hacer lo mismo, erosionando las normas más mínimas del respeto y la convivencia pacífica. El aumento de lenguaje violento en diversos espacios, de discursos de odio e intolerancia hacia ciertos grupos, como las mujeres o grupos de orientación sexual diversa, son señales de que vamos por mal camino y evidencia un serio retroceso en aspectos que considerábamos que la sociedad ya había superado. Hoy por hoy, los ticos estamos convencidos que el lenguaje utilizado por Cisneros y Chaves incentiva y genera violencia, cada vez vemos más funcionarios del ejecutivo envalentonados utilizando este tipo de violencia verbal.
Volviendo a Trump y su manera de enfrentar a la prensa, a finales de enero de 2020 en 346 preguntas que le fueron hechas en el contexto del avance de la pandemia ocasionada por el COVID-19 -pandemia que no reconoció sino hasta en forma tardía- en 113 de ellas atacó a alguien en sus respuestas. Ese mismo año antes del 2 de noviembre, los expertos habían comprobado 503 falsedades en sus declaraciones. Se constituía en una persona mitómana; en su primer año de presidencia promediaba 6 mentiras al día, pasó a 16 en 2019 y 39 diarias en 2020. Para muchos periodistas “sus mentiras constituían una amenaza cancerosa a la democracia americana”. En nuestro caso, en la tercera semana del mes de enero de este año, acaba el presidente Chaves de presentar un proyecto de ley para eliminar las denominadas pensiones de privilegio, cuando en honor a la verdad, ya la legislación existente contempla topes a las mismas y establece su extinción. ¿Por qué semejante muestra de cinismo?, pues él era ministro de Hacienda cuando en el gobierno anterior se dieron dichas reformas. ¿A quién pretende engañar? Vaya usted a saberlo.
Hoy, no seremos cómplices ni testigos mudos del aumento desmedido de la violencia. Vemos crisis en la Policía de Control de Fronteras, en Vigilancia Aérea, en el Servicio de Guardacostas. Por la terminal de APM en Moín sigue pasando droga en cantidades industriales hacia Europa, mientras la captura de cocaína ha caído en forma estrepitosa. No en vano medios como El País en España, Le Monde en Francia, New York Times en EEUU y El Universal en México, han publicado sendas notas, destacando penosamente en lo que se ha convertido nuestro país en los últimos años.
La renuencia a saldar deudas del estado con la CCSS y a impulsar un verdadero mejoramiento de servicios en salud desde la benemérita institución, es grave y calamitosa.
Los severos daños al financiamiento de la educación pública y la desprotección del agro en la producción de alimentos, alcanza niveles críticos.
Rara vez hemos visto tanta inutilidad e incompetencia juntas. Pareciera que hay una voluntad manifiesta de Cisneros y de Chaves de conducirnos hacia un estado fallido y generar un retroceso en los importantes logros sociales y económicos que hemos acumulado en los últimos cien años de historia. En ese pasado dudo que haya muchas cosas de las cuales debemos arrepentirnos los costarricenses y que sean causa de sonrojo. Todo lo contrario, nuestros sabios abuelos fueron capaces de heredarnos una patria sustentada en la justicia social, progreso y bienestar, donde el trabajo honrado y la preocupación de unos por otros han sido los pilares fundantes. Claro, en esa ruta ha habido imperfecciones, errores y corrupción. Pero esta administración ha perdido la oportunidad de emprender reformas de calado y ha desperdiciado el tiempo mirándose acaso el ombligo. Nuestro acervo moral nos dará la fuerza para emprender dentro del régimen de derecho, las reformas para retomar el sendero de un país más inclusivo, más solidario y que siga generando oportunidades para su juventud, mujeres, combatir la pobreza y la exclusión de forma más eficiente. Poder soñar y construir un futuro mejor para todos, sobre todo los marginados y excluidos a quienes la institucionalidad no puede fallarles; aunado a ello la existencia de partidos políticos que retomen la senda de la formación, capacitación y la generación de propuestas de largo y mediano plazo.
El matonismo, malacrianza y violencia verbal que son las formas que ha seleccionado esta administración para comunicarse, han de ser contrarrestadas con la verdad, las buenas maneras y la decencia. El anhelo de soñar con un pueblo más culto y educado no son negociables. Infamias como tomar recursos destinados a la formación tecnológica de niños y jóvenes de zonas marginales, para pagar una póliza que proteja a los jerarcas de sus torpezas, mentiras y ocurrencias, no debe tener cabida en un país que se precia de democrático y civilista.
La validación que hoy se hace desde varias partes del Ejecutivo para justificar y practicar violencia, agresiones contra ciudadanos, seguir contrarios políticos y agredir brutalmente a la naturaleza, hordas de troles en redes sociales financiados sabe Dios con qué recursos, alabando a ciertos funcionarios púbicos, elevándolos a condiciones de cuasi dioses; sólo evidencia una ruta fascista de pérdida de libertades y de constreñir el espíritu civilista y democrático que hemos cultivado por décadas, para que ahora una gavilla de advenedizos, liderados por un aspirante a monarca, pretendan borrar de un plumazo todo resabio de civismo y democracia, añorando una Carta Magna hecha a su medida, como ya lo han logrado Ortega y Bukele en El Salvador.
Hoy debemos preguntar a Cisneros, a Chaves y sus acólitos: ¿por qué ese morboso deseo de debilitar los cuerpos de seguridad del país? ¿Por qué sospechosamente debilitar la educación pública que ha sido orgullo mundial hasta hace poco? ¿Por qué debilitar la seguridad social al no proveer de más recursos y una adecuada y sana gestión de la CCSS? ¿Por qué temerariamente destinar cada vez menos recursos al combate de la pobreza y la desigualdad a través de limitar becas para estudiantes y reducir los bonos de vivienda?
Para bufones, arlequines e inútiles ya no hay espacio.
Dentro de 459 días habrá nuevos inquilinos en Zapote. Y es con movilizaciones, ideas y argumentos como podrán ser derrotados esos espurios, infames y sedientos deseos de quienes sueñan con más poder y que con ardid confunden lo púbico con lo privado. No olvidemos que Chaves fue electo con una menor cantidad de votos que Alvarado. Y que Alvarado Quesada fue electo con una menor cantidad de votos que Solís Rivera. La desafectación que siente esta generación por lo político debe conducir a una sacudida nacional que nos saque del conformismo, la indiferencia y de cierta modorra tropical, antes de que seamos despojados de nuestros derechos más elementales.
O tendremos allí sentada un persona lacayo de Cisneros y Chaves absolutamente inoperante e incapaz de reaccionar ante los desafíos que la patria demanda. O alguien capaz de reencontrar y renovar la ruta costarricense dentro de un marco democrático y que con sagacidad sabrá liderar, diseñar, discutir y proponer salidas a los atolladeros que hoy nos abruman.
