Etiqueta: discurso de odio

Presidencias extreman violencia de su narrativa socioambiental

Escrito en 24/04/2026. Publicado en Madre Tierra.

Juan Francisco Campos
Abril 24 del 2026

La histórica política de Estado costarricense pro derechos humanos y protección del ambiente sustentada en su avanzado marco constitucional y legal, donde sobresalen los artículos 50 de la Constitución y 17 de la Ley 7554; hace aproximadamente 12 años viró hacia un proceso de involución, encubierto por el discurso oficial de paz con la naturaleza y desarrollo sostenible. Gobernanza que, hasta entonces había constituido una bandera efectiva de distinción mundial. Pero a pesar de tratarse de un retroceso con evidencia anticonstitucional, la administración Chaves Robles lo intensificó en un contexto de violencia, donde la herramienta política más visible, ha sido el “discurso de odio” y el presidente de la República su principal protagonista con un lenguaje coloquial e inmoral. Así denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional.

En ese orden, los procedimientos técnicos (regulaciones ambientales) más significativos y vigentes durante décadas para administrar con eficiencia estatal el uso racional de los recursos naturales; fueron etiquetados como “cuellos de botella y obstáculos al desarrollo nacional” con el objetivo de justificar su eliminación. En igual dirección, la Costa Rica así gerenciada por este gobierno y los sectores empresariales afines al neoextractivismo, de principal promotor del Tratado de Derechos Humanos Regional conocido como “Acuerdo de Escazú” auspiciado por la ONU, cambió radicalmente su posicionamiento ecológico para distinguirse entre los detractores que han rechazado su ratificación. Mientras otros países sin protagonismos ni trayectoria socioambiental similar a la costarricense se consolidaron como Estados Parte.

Es decir, la trascendental esperanza en el derecho internacional público de brindar protección efectiva a Defensores de Derechos Humanos en Costa Rica, paradójicamente fue eliminada desde el Poder Ejecutivo y Legislativo; así como un relativo acompañamiento del Poder Judicial. Mientras tanto, la inseguridad estructural del país y la narrativa oficial, han sido cada vez más violentas, los delitos ambientales crecen y los asesinatos de líderes ambientales y comunales siguen impunes. De manera que, hasta la actualidad se han concretado una serie contrarreformas ambientales sin precedentes, cuyas consecuencias más inmediatas, las podemos inferir de los miles de denuncias ambientales que cada año registran las instituciones encargadas (CA-MINAE). Quizás el único o último recurso que, le queda a la ciudadanía para reclamar su derecho constitucional a la vida sana; no obstante, la débil o nula respuesta del Estado y otras acciones específicas del presidente del país como la difamación de funcionarios públicos, calificación de terroristas a los defensores del ambiente y hasta incitación a la “limpieza política hemisférica”. Acciones a las que también suma la selección de “persona non grata” o “desvisado” -llama el presidente-, a cargo del principal aliado extranjero quien parece operar en estrecha coordinación.

Por otra parte, la instrumentalización mayor de la situación descrita, no sólo está en marcha, sino que, también explícita en las políticas públicas que los gobiernos saliente y entrante declaran abiertamente que, son y serán prioritarias para la continuidad de sus obras en tránsito hacia lo que denominan la “tercera República”. La venta y cierre de instituciones públicas, nuevos proyectos de ley, reglamentos y hasta reformas constitucionales del mismo corte regresivo; son acciones que ya están en lista o en los trámites correspondientes. Y sumado a ello, aparece intensificado el discurso de odio, instrumento que, a pesar de la crítica de expertos y advertencias de organismos mundiales, la gravedad de su contenido se ha elevado al umbral de “nivel superior”; lo cual, como establece la ONU para estos casos: “requiere prohibición legal según el derecho internacional a través del derecho penal”.

El caso denominado “Crucitas”, es en estos momentos el mejor ejemplo para describir la grave crisis socioambiental del país y que, si bien la afectación mayor aparentemente se extiende en parte de la Región Norte (entre 3000 y 10000 ha según recientes publicaciones), sus dimensiones reales transcienden el plano regional y nacional. Una situación de crisis extrema, aparentemente, facilitada por los gobiernos de al menos los últimos 20 años; sobre la cual, dan cuenta sentencias judiciales no cumplidas. De acuerdo con las informaciones hasta ahora divulgadas, en el país, no existe antecedente similar de generación y acumulación de tantos daños ambientales (delitos) sobre los ecosistemas y comunidades humanas, incluyendo los trabajadores mineros calificados como artesanales (coligalleros).

Además, lo que parece enigmático de esta “minería ilegal”, es que, mantiene una altísima productividad, pero según informan, la misma es “saqueada y exportada” desde territorio nacional. Se indica que, quienes saquean el mineral son los coligalleros de mayoría migrantes y sin identidad; mientras los exportadores sí están identificados y algunos hasta se les conoce públicamente. Dos clases de trabajadores cumplen órdenes por esta explotación en la zona, los subterráneos sin identidad ni derechos y los superficiales empleados policiales; éstos últimos obviamente bien identificados y equipados, hasta para ejecutar implosiones mediante el uso de dinamita. Así nos dicen las jefaturas de policía que “mitigan los daños ambientales”, no se sabe si asesorados por el ministro de Ambiente y personal de la SETENA; pero más parece que adelantan la minería a cielo abierto.

Diferentes actores incluyendo políticos interesados en legalizar esa explotación, informan que la actividad tiene aproximadamente 10 años de operación y que ha alcanzado una producción aurífera de miles de millones de colones anuales, pero que en su mayor parte es transportada a Nicaragua sin generar ningún beneficio para Costa Rica. Repiten también que, la devastación ambiental y social alcanzó límites de alerta máxima. Podríamos decir que han activado todas las alarmas de una situación de desastre nacional que, indudablemente requiere acciones técnicas de emergencia y recuperación; por ejemplo, ameritaría una declaratoria de emergencia nacional. Sin embargo, para el gobierno y voceros empresariales, la única solución que existe y admiten, es su propuesta de ley en trámite legislativo, a través de la cual, se plantea la concesión privada. En entrevistas públicas, han declarado como posibles concesionarias a viejas empresas con largo historial en la actividad, de fuerte poder económico e interesadas en invertir en el neoextractivismo minero; citan así a empresas activas en República Dominicana.

En este mismo contexto de emergencia no oficial, entre las afectaciones directas de carácter social ejecutadas por el Estado, el pueblo Chorreras de Cutris, fue desalojado del territorio en uso y todas sus edificaciones (públicas y privadas) arrasadas con el empleo de fuerza mecánica y presencia policial, ante la mirada impotente de niños, jóvenes y adultos; algunos llorando su destrucción. No tenemos referencia de alguna demanda de justicia para ellos. Sin duda que, fue una escena más propia de los pueblos actualmente sojuzgados por el poder y la maldad imperial, mismo poder al que, el gobierno ha declarado que le solicitó apoyo para atender esta situación. No obstante, para los sectores empresariales y de gobierno interesados en legalizar y extender la explotación, los responsables del desastre actual son los trabajadores coligalleros; y así procuran por diferentes vías de comunicación, generar el convencimiento de la opinión pública nacional.

Con tales señalamientos de responsabilidad, a las víctimas de esa forma de trabajo de historial esclavizante en el mundo, se les acusa de ser los victimarios del ambiente. Por lo tanto, no sería la excepción que, en Crucitas, la minería ilegal/artesanal (reconocida oficialmente) pero de elevada productividad y rentabilidad que informan, mantenga operaciones de esa detestable práctica; y aunque no esté confirmada, se refieren hechos que dan cuenta sobre muertes tanto en número como causantes desconocidas. Algo característico en territorios así ocupados, donde es conocido que, los factores de riego se multiplican y por ejemplo la falta de seguridad, criminalidad y violencia sobresalen; dando como resultado no sólo muertes por accidente sino también por criminalidad. Nada extraño será a futuro, también la aparición de fosas comunes anónimas en la zona.

De lo expuesto, es claro el afán de continuar con las explotaciones neoextractivistas en el país, como la propuesta en el año 2006 con el proyecto Crucitas por parte de corporaciones extranjeras y el apoyo gubernamental. Pues actualmente el presidente Rodrigo Chaves y sus seguidores, incluyendo la presidenta electa Laura Fernández, se han lanzado con todo y contra toda oposición política y científica a impulsar el proyecto de ley en trámite legislativo No.24717. En forma absoluta y contraria al marco normativo, tratan de legalizar una actividad ya operante de minería metálica a cielo abierto, explotación mundialmente caracterizada por los múltiples y elevados impactos ambientales negativos y permanentes; además de científicamente valorada como no sostenible.

Con este caso, debe contemplarse que, como actividad en operación al menos durante una década y al margen de la legalidad ambiental vigente, nuestro marco legal y constitucional, entre otros principios contempla la precaución; lo cual, permite comprender que, previamente no se establecieron y mucho menos cumplieron las medidas ambientales oficiales que correspondían. Por lo tanto, las impactos generados y acumulados en las áreas de influencia directa e indirecta, constituyen automáticamente daños ambientales que, la legislación nacional establece como delitos imprescriptibles. Vale así preguntarse: ¿Quiénes son los responsables por acción u omisión de la devastación generada hasta hoy día? ¿Si las autoridades nacionales no cumplen su función debe la ciudadanía demandarlo?

Lejos de posibles beneficios y conveniencia nacional según se planteaba en sus inicios, lo que se impondrá mediante el proyecto No. 24717, es la “continuidad” y elevación de la carga ambiental destructiva, indefinida e irreparable del territorio; a cambio de regalías (5%) de las inmensas ganancias potenciales que se generarían. Lo cual, parafraseando a doña Laura Fernández, para la Nación costarricense eso será “perder perder”. Entiéndase así que, con dicho proyecto lo que se pretende en primer lugar y sin más ni menos, es otorgarle condición legal a la misma actividad que durante años ha operado ilegalmente junto al “saqueo” de la Nación. Sin duda alguna, estamos ante toda una farsa, mediante la narrativa de una emergencia socioambiental para la que no existe alternativa diferente al proyecto de ley oficial; dejando con ello evidente la incapacidad política del gobierno y las acciones retroactivas que atentan contra el derecho ambiental.

Conclusiones:

Si bien durante varios gobiernos se ha concretado un proceso de regresividad sobre el bloque de legislación ambiental, enfocado principalmente en materia de Evaluación y donde quizás lo más grave ha sido la derogación del Reglamento General de EIA (Evaluación de Impacto Ambiental); gracias a la Constitución y leyes aún no modificadas con igual objetivo, los principios del derecho ambiental como pro natural, precautorio, participación, irretroactividad; están plenamente vigentes y el pretendido proyecto de ley por parte del gobierno no los supera.
La Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos, obras o actividades mineros, aún con las grandes debilidades establecidas en el actual Reglamento, sigue manteniendo su función preventiva obviamente para proyectos nuevos; lo cual obliga a que toda propuesta de desarrollo de esta naturaleza debe contemplar antes de su inicio desde la fase de instalación, la elaboración y aprobación por parte del Estado de un estudio completo de Evaluación Ambiental. Bajo esta premisa, cualquier obra o actividad, iniciada o ejecutada sin haber cumplido con ese requerimiento, obliga a rechazar el proyecto y denunciar al desarrollador según las leyes.
La Evaluación de todo proyecto, obra, actividad o plan; por parte del Estado según la reglamentación de Evaluación de Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) concordante con cada uno; es insoslayable. Para el caso de la EAE que involucra los Planes de Ordenamiento Territorial y por ende los criticados y quizás poco conocidos Planes Reguladores, al planificar las categorías de uso de suelo, y obviamente, tomar decisiones para áreas con usos cuya condición presente se determina que sobrepasaron los límites ambientalmente sostenibles; no admiten la continuidad del sobreuso. Pues el objetivo superior es el desarrollo sostenible, por lo tanto, lo que demanda es establecer medidas que tiendan a la recuperación. Obsérvese en este sentido que, si la devastación de Crucitas, además de que se originó en una actividad al margen de la legalidad ambiental para la que ya no es legítima la EIA, los daños que presenta, evidencian el sobreuso de suelo a que ha sido sometida la zona; otro indicador de que, tampoco es técnicamente admisible la continuidad de la explotación. Repito, técnica y legalmente, se impone de inmediato la elaboración y ejecución de un plan de cierre técnico, y para ello no existe alternativa.
Ha informado y reconocido el gobierno, la presencia en la zona de Crucitas de un oneroso destacamento de oficiales de policía ante la actividad diaria de cientos de trabajadores indocumentados; sin embargo, los resultados del trabajo oficial (vigilancia y control) no muestran congruencia con esa actividad diaria de cantidad de trabajadores mineros.
Para el escenario que se vislumbra con la minería en esta Región, se debe tener presente que, ante denuncias de la ciudadanía por Viabilidades Ambientales otorgadas a proyectos en los que ha determinado inconsistencias, el órgano encargado de la EIA y EAE (SETENA) es recurrente en justificar la licencia, bajo el argumento de que las obras o actividades se ejecutarán en “áreas ya impactadas ambientalmente”. Por ejemplo, en los proyectos del nuevo hospital y un atracadero en Limón. Es decir, para dichas autoridades el sobreuso del suelo es viable, y que áreas así impactadas carecen de interés para la protección y en consecuencia requieren menos estudios ambientales o hasta no requerirlos. Este, es un criterio que carece de sustento técnico y constituye prueba de posible prevaricación.
A partir del año 2023 con la entrada en vigencia del “Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental” (D.E. 43898) derogatorio del Reglamento General de la EIA, se culminó la eliminación del requisito de Evaluación de Impacto Ambiental para un 65% de los proyectos, obras o actividades que hasta entonces la requerían. Por su parte, como resultado de las derogaciones al 35% restante se le flexibilizó el proceso, la mayoría recibe la viabilidad ambiental sin contemplar la inspección de campo y el control y seguimiento es casi nulo; son parte de los hallazgos de muchas debilidades que presenta el proceso actual de la Evaluación a cargo de la SETENA, según “el informe de auditoría especial DFOE-SOS-IAD-00008-2025” publicado el 30 de octubre de 2025. Con esta benevolencia ambiental se propone el gobierno continuar la senda del desarrollo sostenible abriendo las puertas al neoextractivismo minero metálico a cielo abierto.
En las típicas alocuciones del señor presidente durante lo que ya son los últimos días de su administración, parece que se ufana de haber sido un ausente de las Asambleas Generales de la ONU. Ha expresado a la vez que, este Organismo se convirtió en un “refugio de ideologías”. Dice también que él habla tres cosas: “la verdad, de frente y claro”. Sin embargo, por ejemplo, no se conocen respuestas suyas acerca del “Informe sobre Discursos de Odio y Discriminación 2025” en Costa Rica, dado a conocer por la ONU. Pero sí exhibe en su acostumbrada narrativa, un tono más fuerte con el que arremete hasta contra gobiernos de otras naciones de nuestro hemisferio, mientras aparenta pretender el respaldo internacional para su candidata actual a la Secretaría General del máximo Organismo. Es decir, tanto en política exterior como en política ambiental y de derechos humanos, no se le ha observado ni escuchado la verdad de frente y menos claridad. Al final, la distopía que vino a descubrir y narrar el migrante don Rodrigo Chaves, es la que hereda a la espartana de “mano dura” doña Laura Fernández; quien ha prometido continuar al frente del gobierno con el mismo manual inspirado en el ideario de la extrema derecha internacional, aplicado en lo que fue la “Suiza centroamericana” en transición a un “Singapur occidental”.

De Hitler a Rodrigo Chaves… así se desató el fascismo… con actos como el realizado contra la Jueza de la República

Escrito en 22/04/2026. Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, en la Alemania nazi y en Austria, el día 11, las tropas de asalto nazi, las SA, instigadas por el gobernante, el Führer Hitler, y por las autoridades alemanas, actuaron contra ciudadanos judíos violentamente, en lo que se consideró el mayor linchamiento multitudinario, o masacre como también llamaron a esos actos, contra los judíos, violencia que se manifestó en el ataque físico, la agresión física personal, contra mujeres, hombres, ancianos, niños, en el asesinato, en la destrucción de los bienes de los judíos, y contra todo lo significara semitismo.

Las autoridades del gobierno no actuaron tratando de evitar esos ataques. Se complacieron con esos actos, los justificaron con sus criterios de superioridad racial, étnica, nacional. Instigaron, promovieron con sus discursos de odio, de racismo, de persecución, de exclusión, de intolerancia.

El más importante instigador de esos crímenes fue el mismo Hitler, primero Canciller, en 1933, luego presidente, en 1934, y después unificó ambos cargos, para convertirse en el caudillo, en el líder del movimiento nazi, en el Führer, como se le conocía desde 1933.

Las actuaciones, como las de esas noches, independientemente de si algunas fueron espontáneas o premeditadas por grupos de alemanes, de grupos de personas, o por actos individuales de fanatizados por el Führer, fueron el salto que dio impulso a la represión y a la eliminación de los contrarios, de los judíos, y de todo aquello que objetara o se opusiera al gobierno fascista, al asesinato y al intento de asesinato de judíos. El resto lo conocemos.

En Costa Rica, lamentablemente, actuamos como testigos, la mayor parte de la población de manera pasiva, y una buena parte, incluidos intelectuales, con terror y temor reverencial, del deterioro que ha venido provocando y causando, intencionada, alevosa y criminalmente contra el sistema democrático, el presidente Rodrigo Chaves.

Igual que en la Alemania nazi, Chaves ha instigado, y sigue alentando cada vez que puede actos contra las instituciones del Estado, contra la Asamblea Legislativa, contra la Contraloría General de la República, contra la Sala IV, donde, incluso, un profesor universitario de la dirigencia de ese piquete, instó a quemar el edificio y a sus magistrados; contra personajes públicos, magistrados, diputados, gestores de opinión, que incluso los han exhibido en vallas públicas como si fueran delincuentes, tratando de generar contra ellos reacciones negativas y hasta eliminatorias. En sus diatribas ya ha incorporado, siguiendo a Trump, un discurso político trasnochado contra los comunistas y socialistas de todo el continente.

Sus ataques a la institucionalidad pública, a las instituciones republicanas y democráticas del Estado de Derecho; a la independencia de los Poderes Públicos, a los organismos e instituciones públicas del control democrático político del quehacer de los gobernantes y las autoridades públicas; de ataque a los partidos políticos, a los políticos, a la Política como un escenario de expresión de la Democracia; a los comunicadores y gestores de opinión pública, y los medios de comunicación, que no se someten al gobierno y al actual gobernante de turno.

La feroz crítica de Hitler contra el gobierno y el Estado, aprovechándose de las malas condiciones socio económicas del pueblo, le permitió crear las condiciones para destacar en las elecciones de 1928 y aumentar su auge en 1930, y ganar las de 1932.

Hitler debilitó la República de Weimar, que surgió en 1919, como resultado de la I Guerra Mundial. Hitler no tenía programa político, tenía carisma que atraía a diversos grupos sociales, unificándolos en su diversidad política, en sus intereses laborales y cristiano religiosos, atrayendo incluso a abstencionistas electorales de esos años. Los partidos conservadores tradicionales perdieron el apoyo de la población, quienes terminaron votando y apoyando a Hitler.

En enero de 1933 empezaron los nazis a realizar celebraciones con antorchas, celebrando su “revolución nacional”, así intentaron quemar el edifico del Parlamento Reichstag. En Costa Rica, solo eso le falta al gobierno y a sus fanáticas huestes irracionales.

La situación de Alemania en ese despertar, desarrollo y auge del nazismo me recuerda constantemente, cómo en Costa Rica estamos en paralelo a 1933, incubando al Hitler de Costa Rica, que embrionariamente, empezó a gestarse en el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, 2018-2022. Desde entonces, se ha ido desarrollando, en términos generales, de la siguiente forma:

Primero, tuvimos un candidato que se lució en las elecciones de 2022 con un desplante que atrajo a esos sectores sociales, marginales, desclasados, pobres, que levantó banderas de decencia nacional contra la corrupción galopante e histórica conocida, que aglutinó provocando un abstencionismo y una baja confianza a quienes le adversaban política y electoralmente.

Luego, el resultado de la elección primaria lo pudo revertir a un primer lugar, en la segunda ronda electoral, imponiéndose como candidato ganador, y presidente de la República, 2022-2026.

Segundo, mediante una acción de publicidad, de gobierno, ha sabido mantener, una imagen poderosa, personal, matona, peleadora de calle, de gritón a todo galillo, contra quienes adversa o exhibe pintándolos como sinvergüenzas, pillos y maleantes públicos o privados, desnaturalizando o mintiendo sobre sus atestados personales, ofendiendo en su dignidad personal y hasta burlándose de sus condiciones físicas, que ha permitido que hasta en la Asamblea Legislativa diputados lo imiten y traten de igualarse con él, criticando ciudadanos y hasta a los mismos diputados, que son agredidos de esa forma.

Pero ya han empezado a actuar, en el escenario público, con violencia, sin respeto alguno. El lenguaje del Presidente Chaves, soez, vulgar, pachuco, de borracho necio que no controla sus palabras, de personaje inculto, de escasos valores de comportamiento social y protocolario, de exhibidor machista desenfrenado, de irrespetuoso de la cordura nacional, imponiendo el miedo, el terror reverencial por la fortaleza institucional que dirige y maneja, por las acciones vengativas que desde la institucionalidad pública realiza y puede influir, que aplica contra sus adversarios de cualquier género que sean, se ha ido imponiendo.

Su tribuna pública de todos los miércoles, sin respuesta opositora, le permitió desarrollarse como una fuerza electoral, como un movimiento político que le dio forma con la figura del jaguar, pero todavía no ha logrado plasmarse en partido político, realmente organizado. Pero, le permitió empujar su candidata presidencial con éxito electoral, como no sucedía desde hace varias décadas, con su apoyo a la candidata y una mayoría legislativa que le da cierta fuerza política, si la sabe usar.

Tercero, impulsando una mentalidad de gobierno autoritarista, de actuaciones despóticas y arbitrarias, con el deseo de gobernar sin controles institucionales, lo que ha asumido a su recién electa presidenta, interesada en mantener en alto al Jaguar mayor, con posibilidades de que vuelva a la Presidencia lo más pronto que institucionalmente se pueda.

En ese afán, ambos, presidente saliente y presidenta entrante, han levantado estandartes planteando las posibilidades de gobernar bajo los efectos de un Estado de excepción, sin controles legislativos, constitucionales ni administrativos, y sin garantías individuales, o suspendiéndolas regionalmente, para de esa forma acostumbrar a la población, poco a poco, por regiones.

Este estado de violencia ha desbordado en estos últimos días, con el ataque criminal que sufrió una alta Jueza de la Republica.

Ambos, Rodrigo Chaves y Laura Fernández, se han complacido con el ataque criminal, con el intento de asesinato, con la agresión física, con el ataque de un perro bravo que le lanzaron a la Magistrada, Jueza de la Ejecución de la Pena, en Heredia el viernes pasado.

El agresor, de un comportamiento reiterado de ataques y amenazas a esa funcionaria de la Corte Suprema de Justicia, siguiendo los mandatos de los discursos y peroratas de los miércoles, y de ocasión presidencial, actuó, contra esta funcionaria, de pleno derecho, sintiéndose amparado por el presidente, por la presidenta electa, y por Instituto Nacional de la Mujer, que no se ha pronunciado en nada sobre esos hechos. Casi nadie, política, institucional y socialmente, de manera pública se ha manifestado críticamente y en contra de ese acto criminal.

Lo sucedido no fue un pleito de barrio, de vecinos, de residencial o de condominio, como lo han querido presentar los defensores del atacante, de quien intentó matar, asesinar, a la funcionaria judicial.

Fue un acto criminal resultado de la instigación oficial que ha venido haciendo el presidente Rodrigo Chaves desde hace tiempo contra funcionarios y funcionarias como ella, enervando los sentimientos de las gentes contra funcionarios de la institucionalidad pública, judicial, legislativa y electoral. En este caso, todo originado en un fallo, en julio del año pasado, de esta jueza que el presidente y su ministro Gerald Campos, cuestionaron, con nombre y apellidos, en uno de esos programas de los miércoles, exhibida también en fotos públicas. También la volvieron a cuestionar y criticar en setiembre pasado, de igual manera.

El agresor ha mantenido constantes manifestaciones, que están grabadas, contra la persona, contra la integridad física y las condiciones morales de la funcionaria judicial, contra la Jueza, contra una Mujer. Además, pasa insultándola, agrediéndola, como acostumbra oralmente el presidente cuando se refiere a algunas personalidades políticas que no son de su agrado.

El agresor realizó una tentativa de homicidio, con alevosía y ensañamiento que había venido preparando, hasta con el perro que le lanzó a la jueza, que tirada en el suelo, además la agarró a patadas, la arrastró provocándole heridas graves en su rostro, que le pueden quedar grabadas de por vida, con el daño moral que eso le puede causar.

También, se le puede añadir en su intención la tentativa de femicidio, que no deviene, en este caso, por una relación de familia, ni matrimonial, sino por la regulación que nacionalmente se ha venido haciendo de manera especial contra los crímenes que se realizan con alevosía, ensañamiento y saña contra mujeres.

No se puede descartar en el tratamiento de esta acción delictiva al instigador principal de esta intención homicida contra la Jueza de la República. Debe tenerse a Rodrigo Chaves Robles como un coimputado.

Al detenido por estos actos debe caerle el mayor peso posible del castigo legal, o de los castigos penales que le puedan corresponder, de manera que sean ejemplarizantes, para quienes pretendan actuar, como impulsa el presidente Chaves con sus diatribas, a la actuación de los ciudadanos.

Los actos realizados contra la jueza no son para sancionarlos con medidas administrativas, municipales, o medidas no penales.

La prisión preventiva que se le ha fijado al agresor y presunto homicida está acorde con los hechos públicamente conocidos y relatados por la prensa.

Tengamos clara una cosa de este ataque a la Jueza. El atacante envió finamente, subliminalmente, un mensaje a todos los funcionarios públicos de lo que les puede pasar, por el ejercicio de los cargos, si no satisfacen al mandatario, al jaguar depredador de la institucionalidad pública.

El mensaje, si se quiere fue más directo para los Jueces, para los Altos Jueces de la República, y especialmente contra los Magistrados, muchos de ellos sujetos de reelección en sus cargos, en el próximo gobierno del Jaguar, que se continúa con el gobierno de Laura Fernández, que tiene suficientes diputados para dificultar sus reelecciones.

Ante estos actos, y estas amenazas subliminales, hay que defender a la Corte Suprema de Justicia, al Poder Judicial y a sus integrantes.

Hay que pedirle a los Magistrados que no se dejen intimidar ni amenazar por ataques como el que ha sufrido la Ciudadana, la Mujer y Jueza de la República, por uno de esos jaguares.

Si esto no se detiene, nos igualamos a aquellos días del 9 al 10 de noviembre de 1938, en la Alemania nazi y en Austria, el día 11, cuando las tropas de asalto nazi ascendían de manera definitiva.

Hay que impedir que en Costa Rica esto sea posible. Recordemos al pastor Martin Niemöller y al poeta Bertold Brecht, con el poema “Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde”, en sus dos versiones, que dice:

«Primero se llevaron a los judíos,
pero como yo no era judío, no me importó.
Después se llevaron a los comunistas,
pero como yo no era comunista, tampoco me importó.
Luego se llevaron a los obreros,
pero como yo no era obrero, tampoco me importó.
Mas tarde se llevaron a los intelectuales,
pero como yo no era intelectual, tampoco me importó.
Después siguieron con los curas,
pero como yo no era cura, tampoco me importó.
Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde.»

“Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista,
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista,
Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío,
Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar.”

Candidaturas y ciudadanía firman Acuerdo Nacional contra la desinformación y los discursos de odio en el marco electoral

Escrito en 28/01/2026. Publicado en Elecciones.

Antes de las elecciones generales de febrero de 2026, un grupo amplio de organizaciones académicas, sociales, medios de comunicación y colectivos ciudadanos impulsó el Acuerdo Nacional contra la Desinformación y los Discursos de Odio, una iniciativa orientada a fortalecer un debate público informado, respetuoso y transparente durante el proceso electoral. Esta plataforma, articulada a través del sitio Ojo con la Desinformación, busca contrarrestar la proliferación de noticias falsas y la polarización que puede debilitar la legitimidad y calidad de la deliberación democrática en tiempos electorales.

El acuerdo, surgido del trabajo colaborativo entre múltiples actores —incluyendo entidades como la Asociación Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta (ACCESA), el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), la Escuela de Ciencias Políticas (ECP-UCR), el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP-UCR), el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI-UCR), así como colectivos como Jóvenes por Costa Rica, Mujeres por Costa Rica y Voces Nuestras— plantea principios básicos para combatir la desinformación e impulsar una cultura de paz en el contexto electoral.

Entre los compromisos asumidos por los firmantes destacan:

el respeto al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como autoridad electoral y garante del proceso democrático;
la verificación responsable de la información antes de compartirla;
la corrección oportuna de errores informativos;
y el rechazo a toda forma de discurso de odio y retórica violenta, incluidas aquellas generadas o amplificadas mediante herramientas tecnológicas o perfiles no verificados .

El Acuerdo también incorpora el compromiso de promover una participación política consciente, libre de manipulaciones informativas y basada en hechos verificados. Para asegurar el cumplimiento, se conformó un Equipo Ciudadano de Seguimiento —integrado por organizaciones como Voces Nuestras, Mujeres por Costa Rica, IDdeco CR, Punto y Aparte y CICOM-UCR— que emitirá informes públicos, impulsará buenas prácticas informativas y fomentará la educación cívica en torno a la verificación de datos y el respeto en el discurso público.

Esta iniciativa representa un esfuerzo colectivo para enfrentar las preocupaciones expresadas por la ciudadanía y diversas instituciones sobre el impacto de la desinformación y la polarización en la calidad del debate electoral, y reafirma que defender la verdad es defender la democracia.

📌 Puede visitar la página de Ojo con la Desinformación para ampliar la información, ver las candidaturas firmantes, acceder al documento completo y conocer cómo apoyar el Acuerdo Nacional:

https://ojoconladesinformacion.org/2026/01/28/comunicado/

Chaves y las nuevas formas de hacerse con el poder

Escrito en 25/01/2026. Publicado en Elecciones.

Gerardo Fumero Paniagua

Rodrigo Chaves Robles, populista y confrontativo, se caracteriza por un discurso disruptivo -diría que de odio-, que polariza la sociedad entre «el pueblo» y lo que él denomina «las élites» o «las castas» que han gobernado históricamente. Su movimiento utiliza el resentimiento legítimo de sectores olvidados por el Estado, para canalizarlo contra las instituciones que protegen el Estado de Derecho, haciéndoles creer que son las culpables de su pobreza.

Chaves piensa en Costa Rica como un «Estado fallido», secuestrado por grupos de interés. Deslegitima las instituciones, calificándolas como obstáculos a la voluntad popular que él dice representar, en una narrativa que divide el espectro político en «nosotros» contra «ellos».

La conferencia de Prensa de los miércoles es una plataforma de «juicio público», donde se señala a opositores, periodistas o funcionarios específicos, a menudo usando apodos o lenguaje sarcástico y hasta vulgar, utiliza las redes sociales y los troles para atacar voces críticas y desgastar las instituciones, criticar sus fallos y erosionar la confianza pública en ellas. Ataca y estigmatiza la «prensa canalla», reduce el presupuesto para la educación y las universidades públicas, y llega al extremo de pretender acallar los medios, tanto escritos, como la Radio y la TV.

La nefasta y absurda «Ley Jaguar» y el Referéndum, fueron sus peticiones a Santa, para eliminar los órganos de control, y ahora busca 40 diputados para las próximas elecciones, que le facilitarían una nueva Constitución, el delirio de todo dictador.

Para todo ello, ha hecho alianza con el capital privado, el fideicomiso «Costa Rica Próspera» supuestamente funcionó como una estructura paralela para pagar gastos de campaña sin reportarlos al TSE, como debió. Jack Loeb y Calixto Chaves, figuras del empresariado tradicional y vinculados históricamente a otros partidos, se convirtieron en sus principales financistas.

Finalmente, ha logrado crear un ecosistema mediático que amplifica el discurso oficialista y ataca a la prensa crítica, para lo cual ha utilizado la pauta y las compras del Estado, como herramientas para premiar a medios que mantienen una línea editorial estrictamente favorable al Gobierno. Tal es el caso del coordinador de finanzas de Partido Pueblo Soberano, Carlos Valenciano Kamer, a cuyas empresas -Datasys Group- se les ha adjudicado millonarias compras del ICE y Racsa, quien a su vez es dueño de un importante canal de TV -OPA, al servicio de Chaves-, además de otras relaciones con financistas como Stephan Brunner y Douglas Altamirano.

Dichosamente hoy vivimos en una democracia que, aunque imperfecta, ningún dictadorzuelo terminará logrando sus objetivos fácilmente, gracias al equilibrio de poderes en nuestra Democracia Republicana. Pero no era así en nuestros primeros años de vida independiente y prácticamente todos los golpistas impusieron su propia Constitución, tal y como lo pretende también Chaves. Sucedió en 1823 y 1847. Y se repitió después de la guerra de 1856-1857, con el país sumido en una crisis económica y diezmado por el cólera, causante del descontento social, pero que fue aprovechado por la oposición para culpar a la administración de Juanito Mora, de la miseria del pueblo.

Similar a lo que sucede hoy, también en 1856 la oposición comenzó una guerra de desgaste, a través del periódico “La Nueva Era”, cuestionando la legitimidad de las decisiones del gobierno, criticando el gasto militar y promoviendo la idea de que Costa Rica necesitaba una «regeneración institucional”, léase “nueva Constitución”.

Alrededor de ese periódico se aglutinó el movimiento opositor a Mora, que también se coaligó con la oligarquía cafetalera y grandes intereses económicos, como, por ejemplo, los traidores Vicente Aguilar, su antiguo socio comercial, José María Montealegre, quien asumió la presidencia tras el golpe, Lorenzo Montúfar y Bruno Carranza.

El movimiento culminó con la ejecución de Mora en 1860, fusilado en Puntarenas, por orden de los líderes del movimiento «La Nueva Era», “uno de los actos más abominables de nuestra historia patria”, así lo califica Tomás F. Arias Castro, Los asesinatos del Presidente Mora Porras y del general Cañas Escamilla, EUNED, 2016. Entonces se redactó -una vez más- una nueva Constitución Política, la de 1859. Igualmente sucedió en 1869, 1871 y 1917. En 1949 de igual forma, aunque gobernó una Junta de Gobierno.

Sin embargo, a partir del totalitarismo hitleriano, que uso métodos populistas, pero sobre después de las redes sociales, el populismo tiene claro el enorme potencial de las mismas para manipular las masas, y que son las emociones más que las razones, las que influyen en ellas. Entonces las poses, las promesas, la grandilocuencia, las charangas y el hombre fuerte, dispuesto a canalizar la frustración del pueblo contra el statu quo, más que los programas de gobierno, son los elementos que cautivan a las masas. Además, tienen claro que ya tampoco es necesario un golpe de Estado, suficiente es prometer lo que la gente quiere, despotricar contra los supuestos responsables -todos los gobernantes anteriores-, descalificarlo todo para justificar rehacerlo bien y declarase el mesías que esperaba el pueblo para corregir tanta injusticia, para que las masas voten por ellos.

Escribiríamos la página más ingenua de nuestra vida democrática si en febrero del 2026, otorgáramos una mayoría legislativa a quienes ya han demostrado durante 4 años, la más absoluta arrogancia e ineptitud para construir, pero la mejor de las habilidades para crispar, dividir, envenenar y enlutar esta sociedad. Es tal la torpeza e incapacidad de su candidata, que ya OPA anunció que “por esta vez” no hará debates. Ingenuidad digo, porque ahora sí conocemos sus verdaderas intenciones: tomar el país, al mejor estilo de Chávez en Venezuela u Ortega en Nicaragua, pero igualmente, no para nada positivo.

Todo lo contrario, sería para garantizar el “continuismo”, como dice su actual eslogan de campaña y lo grita su candidata a los cuatro vientos. Advertidos estamos entonces, nos esperarían: mayores listas de espera en la CCSS, medicinas y arroz más caros, mayor delincuencia y criminalidad, incluido el sicariato -mientras se maten entre ellos-, apertura de fronteras, puertos, aeropuertos y costas, para el libre tránsito de drogas, menos presupuestos para seguridad y educación, un tipo de cambio para arruinar la industria del turismo y las exportaciones, y chorizos como los del recarpeteo de la pista del aeropuerto de Liberia, la adjudicación de los Ebais de la CCSS, las adjudicaciones de la Red de Internet y 5G, del ICE y Racsa, etc.

Y para ser consecuentes: no habría nuevas obras de infraestructura, nada de hospitales ni escuelas, ni inversiones en seguridad, pero en cambio, se seguiría favoreciendo a sus amigos con Rutas como la del arroz y a sus financistas de campaña con las adjudicaciones del ICE, haciendo alianzas con gobiernos amigos para quitar Visas, replicando cárceles en donde se violan los derechos humanos, envenenando y dividiendo esta sociedad, etc.

Lo que escribe el odio

Escrito en 23/11/2025. Publicado en Lucha Cultural.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Hace algunas semanas fue publicado en España el resultado de un año de seguimiento en redes sociales a los discursos racistas que permean sus contornos.

Es cierto. Detrás de una opinión que no es simple, se vierten los contenidos más espurios de ataque a las personas en razón de su nacionalidad, color de piel, identidad.

Le correspondió esta vez al atacante Lamine Yamal recibir calificativos como “moro de mierda” o “Mena”, según el Observatorio contra el racismo y la xenofobia de aquel país europeo. En el último año el jugador barcelonés concentró el 60% de los insultos racistas.

El otro jugador receptor de tales agravios es el brasileño Vinicius JR, contra quien incluso se han proferido insultos que han llegado a detener partidos y expulsar a quienes lanzaron los gritos desde las graderías.

Para que tengamos una dimensión real del significado del racismo hacia Yamal, la palabra “Mena” fue instrumentalizada por la derecha española para hacer referencia a cualquier persona con aspecto magrebí.

Ya su uso empezó a descuadrarse al vincular a los Menores Extranjeros No Acompañados que llegaban a países como España, Francia e Italia con peligro y delincuencia.

Rápidamente, como suelen ser las ideas del radicalismo de derecha, su significado alcanzó connotaciones racistas que pronto abordaron las canchas de fútbol.

Lo que el odio escribe y pregona es la barbarización del otro hasta restarle su humanidad. En tiempos donde justamente la humanidad vive uno de sus períodos más complejos, estos discursos deben ser erradicados y restados en su poder. Empezar por ejemplo a negarlos, eliminarlos como opción para que no vuelvan a tener espacio en ningún lugar con resonancia.

Esa es la tarea.

Narcotráfico, sedición a la Patria y discurso de odio y violencia

Escrito en 16/05/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

A la opinión nacional e internacional

Partido Vanguardia Popular – Costa Rica
Fundado – 16 de junio de 1931

Las declaraciones recientes de Rodrigo Chaves Robles, de José Fabio Pizarro y Minor Vargas, son temerarias, irresponsables y forman parte de la narrativa del odio y violencia a que nos tiene acostumbrado el inquilino transitorio de la casa de Zapote.

El llamado a la “guerra civil” por parte del actual mandatario, rebasó todos los límites de la naturaleza del ser costarricense.

Por su parte, las declaraciones del exjefe de policía José Fabio Pizarro, acusado y condenado por narcotráfico y el apoyo, explícito, del excomandante Minor Vargas, se ajustan a tres aspectos que nos debe llamar la atención:

Son caja de resonancia del discurso de odio y violencia de la magistratura actual.
Servir al crimen organizado, le da un plus a Pizarro, para reclutar “policías especializados” y “reservistas”. Ambos van a requerir pagos costosos. ¿quién los va a financiar?
Irrespetan una vez más la institucionalidad, al declarar públicamente que “es necesario apoyar a Chaves después de los operativos judiciales”. Una clara intromisión en el ejercicio de la justicia.

Si se hace un llamado a la vía armada, se da por sentado que se están violentando una serie de principios legales y constitucionales. Se viola la Ley de Armas y Explosivos n.7530, el artículo 88 del Código Penal, el artículo 4 de la Constitución Política y el artículo 301 del Código Penal que establece penas de prisión para aquellas personas que llamen a alzarse en armas. Suficiente material legal para que, desde ya, el OIJ proceda a investigar a Pizarro y Vargas.

Solo dos párrafos o frases para tomar en consideración:

1.- “Podemos hacer una buena presentación ante este señor, uniformados, fatigona, bien bonitos”.

2.- “No somos un grupo militar o paramilitar, ni incitadores ni alborotadores”.

Hoy estamos de cara a una acentuación del discurso del odio, frente a un llamado a la sedición a la Patria, al irrespeto de la institucionalidad, a romper con la tradición democrática de nuestro pueblo y a quebrantar la paz social.

La convocatoria, obviamente, es explícita, va dirigida a exoficiales y reservistas, no a la ciudadanía, no al pueblo. No, es a un amplio sector con formación militar; lo que da por sentado –como diría la señora de PURRAL– que ambos militares (policías especializados) no parten de cero. En algún lado están las armas y los mercenarios. Y detrás de la propuesta, el fantasma del narcotráfico, capaz de apoyar cualquier aventura antidemocrática.

Recordemos, tal y como lo señala la DIS, al indicar que José F. Pizarro es un “hombre que tiene amplia preparación policial operativa” y que, además, para Vargas, el grado de excomandante no se da virtualmente.

Respecto al presidente, su desconocimiento histórico de los hechos políticos sobre la Guerra Civil de 1948, son el fiel reflejo de 35 años de estar desvinculado y ausente del sabor de la idiosincrasia de los ticos y las ticas.

Cuando el pueblo, en su conjunto, ha hecho el esfuerzo de restañar las heridas del Guerra Civil, la lengua suelta de la realidad concreta y su discurso precipitado al odio, incitan desde la primera magistratura a la Guerra fratricida, a la confrontación entre hermanas y hermanos. Que duro enseñar a nuestras generaciones venideras, esta amarga lección de “educación ciudadana”.

Usted, señora, señor, profesores, campesinos, obreros, intelectuales, en fin usted costarricense como yo, tenemos un serio compromiso histórico, defender el estado social y el estado social de derecho. Pero de la misma forma, por nuestro ideario democrático, debemos de luchar contra cualquier engendro de grupos paramilitares, al estilo de la mano blanca, el Movimiento Costa Rica Libre o de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) o de estos nuevos uniformados de fatigona.

La paz, la autodeterminación, la soberanía y la democracia forman parte del legado histórico nacional y de nuestra memoria de clase.

¡Sí a Costa Rica, no al paramilitarismo y el narcotráfico!

De aprendices y absolutistas

Escrito en 27/01/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. Javier Fco Cambronero Arguedas

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas, Tomada de: http://www.encuentromunicipal.com/

Faltan 247 días para que el Tribunal Supremo de Elecciones llame a elecciones al pueblo costarricense y podamos votar para la presidencia de la república y la elección de 57 personas diputadas. Si ha sido importante con el paso de la historia, que como costarricenses nos fijemos muy bien a quienes vamos a elegir como nuestros gobernantes y representantes; la actual coyuntura demanda que hagamos un mayor esfuerzo, pues pocas veces en doscientos años de historia, nuestro futuro enfrenta un panorama desolador. Habrá que escoger entre una ruta que permita que sobreviva nuestro régimen democrático, como lo soñaron y construyeron nuestros abuelos, o ante nuestra indiferencia y pereza dejarlo perder y que sea la mediocridad, la vulgaridad y el fascismo los que sustituyan a las buenas formas del entendimiento y de acometer la búsqueda de soluciones a los graves problemas que nos agobian. No dejemos que la desesperanza ahogue nuestra fe y no seamos capaces de discernir en medio del signo de los tiempos. La violencia en todas sus formas ha venido ganando espacio y ella no ha sido un rasgo distintivo de nuestra sociedad y nuestro estilo de cómo vivimos y hacemos cambios a la democracia.

Vemos a superricos intentar gobernar al mundo e inducirnos a adorar el becerro de oro. Ya no se conforman con lo que tienen; lo quieren absolutamente todo y para ello no han dudado en tomar el poder político también, o colocar ingenuos y ambiciosos títeres que se plieguen a sus intereses.

Me aterra ver las formas de concentración de riqueza que han emergido en los últimos tiempos. Semejantes tan sólo a los inicios de la revolución industrial o de la expoliación de los recursos de América por parte de algunas potencias europeas al inicio de la Era Moderna.

Dentro de este contexto me he encontrado con una gran obra que posiblemente pocas personas han podido leer en Costa Rica. Se denomina Frente al Poder, donde su autor, el extraordinario periodista Martin Baron y ex redactor de Miami Herald, Boston Globe y Washington Post. La obra en español tiene menos de un año de publicada.

En una entrevista televisiva efectuada en 2018, sagazmente la octogenaria y brillante periodista norteamericana Lesley Stahl, le preguntó a Donald Trump, por qué insistía en denigrar a la prensa, respondió_ “¿Sabes por qué lo hago? Lo hago para desacreditarlos y menospreciarlos; así, cuando escriban cosas negativas sobre mí, nadie les va a creer”. Ojo, esta cita que planteo, es clave para entender mucho de lo que está ocurriendo en nuestro país.

Durante la campaña política desde octubre 2021 hasta hoy en día, por parte del presidente Chaves y la diputada Cisneros Gallo, rara vez ha faltado un día donde no se haya desacreditado la prensa o apuntar sus baterías hacia algo o alguien; cualquier estrategia de distracción es justificada con tal de evadir los graves problemas que enfrenta el país y la necesidad imperiosa de abocarnos a la búsqueda de soluciones. El ejercicio del poder político no puede ser reducido a un insultante, vulgar y abominable lloriqueo, “de que no se puede hacer nada porque no me dejan”, “o que tales y tales problemas son culpa de…” esa repugnante y patológica forma de reducir el ejercicio del poder a una eterna y estéril campaña política.

En esa pirotecnia discursiva primero se atacó a la prensa, luego a la Asamblea Legislativa, después a la Contraloría, posteriormente a gobernantes anteriores, a la fiscalía y magistrados, presidentes de los supremos poderes… Aún falta posar su atención dislocada y estrambótica, en el TSE. Cosa que probablemente pronto ocurrirá.

En esa enfermiza y delirante conducta, de conducir al Estado de Derecho y el imperio de la ley al límite; el perseguir y catalogar como enemiga a La Nación, al cerrar el Parque Viva (08-VII-22) y al acusar al banquero Baruch de evasión de impuestos ante Tributación Directa (I-23) rayan con saltarse la institucionalidad con baladíes artimañas, y en el plano de la gobernanza política hacen gala de una incapacidad absoluta de liderar procesos de reforma política, no sólo enviando proyectos de ley defectuosos sino además desaprovechando los periodos de sesiones extraordinarias, donde el Ejecutivo posee la iniciativa de ley que la Constitución Política les concede. Allí también Chaves y sus adláteres han mostrado una asombrosa ineptitud. Pretendieron atacar al Grupo Nación y dañar sus inversiones.

Curiosamente desde la campaña política, antes de mayo de 2022, Cisneros y Chaves atacan a un sector de la prensa llamándoles “prensa canalla”. Observen la gran similitud de tal conducta con lo expuesto por Trump en su primera campaña y mandato en EEUU. La Nación, CRhoy, Teletica, son de lo peor para el chavismo; pero esa misma prensa canalla que atacan hoy y mañana también, es objeto de reconocimiento por parte del presidente Chaves cuando el 1 de diciembre de 2022, día de abolición del ejército, al hacer un homenaje a doña Olga Cozza, dueña de Teletica por su aporte a la democracia costarricense. ¿Entonces??!!. Más grave aún, el 12 de marzo de 2024 ante el recrudecimiento de la persecución de la iglesia en Nicaragua, Chaves se resiste de acusar de dictadura al régimen Ortega-Murillo.

Estos perversos deseos de torcer la verdad, de rodearse de secretismos y faltas a la transparencia, hacen que el lobo del fascismo asome sus puntiagudas orejas. Este es un buen momento para recuperar algunos pasajes del texto De Calderón a Figueres, de Eugenio Rodríguez Vega, donde describe algunas de las conductas más deleznables del Calderonismo, en la década de los cuarenta, sobre persecución política y, violación del marco jurídico vigente y atisbos de una especie de estado totalitario.

Aquí no podemos permitir que la democracia muera en la oscuridad. Esta temeraria conducta de violar las normas y soslayar la democracia, puede irremediablemente propiciar que otros se animen a hacer lo mismo, erosionando las normas más mínimas del respeto y la convivencia pacífica. El aumento de lenguaje violento en diversos espacios, de discursos de odio e intolerancia hacia ciertos grupos, como las mujeres o grupos de orientación sexual diversa, son señales de que vamos por mal camino y evidencia un serio retroceso en aspectos que considerábamos que la sociedad ya había superado. Hoy por hoy, los ticos estamos convencidos que el lenguaje utilizado por Cisneros y Chaves incentiva y genera violencia, cada vez vemos más funcionarios del ejecutivo envalentonados utilizando este tipo de violencia verbal.

Volviendo a Trump y su manera de enfrentar a la prensa, a finales de enero de 2020 en 346 preguntas que le fueron hechas en el contexto del avance de la pandemia ocasionada por el COVID-19 -pandemia que no reconoció sino hasta en forma tardía- en 113 de ellas atacó a alguien en sus respuestas. Ese mismo año antes del 2 de noviembre, los expertos habían comprobado 503 falsedades en sus declaraciones. Se constituía en una persona mitómana; en su primer año de presidencia promediaba 6 mentiras al día, pasó a 16 en 2019 y 39 diarias en 2020. Para muchos periodistas “sus mentiras constituían una amenaza cancerosa a la democracia americana”. En nuestro caso, en la tercera semana del mes de enero de este año, acaba el presidente Chaves de presentar un proyecto de ley para eliminar las denominadas pensiones de privilegio, cuando en honor a la verdad, ya la legislación existente contempla topes a las mismas y establece su extinción. ¿Por qué semejante muestra de cinismo?, pues él era ministro de Hacienda cuando en el gobierno anterior se dieron dichas reformas. ¿A quién pretende engañar? Vaya usted a saberlo.

Hoy, no seremos cómplices ni testigos mudos del aumento desmedido de la violencia. Vemos crisis en la Policía de Control de Fronteras, en Vigilancia Aérea, en el Servicio de Guardacostas. Por la terminal de APM en Moín sigue pasando droga en cantidades industriales hacia Europa, mientras la captura de cocaína ha caído en forma estrepitosa. No en vano medios como El País en España, Le Monde en Francia, New York Times en EEUU y El Universal en México, han publicado sendas notas, destacando penosamente en lo que se ha convertido nuestro país en los últimos años.

La renuencia a saldar deudas del estado con la CCSS y a impulsar un verdadero mejoramiento de servicios en salud desde la benemérita institución, es grave y calamitosa.

Los severos daños al financiamiento de la educación pública y la desprotección del agro en la producción de alimentos, alcanza niveles críticos.

Rara vez hemos visto tanta inutilidad e incompetencia juntas. Pareciera que hay una voluntad manifiesta de Cisneros y de Chaves de conducirnos hacia un estado fallido y generar un retroceso en los importantes logros sociales y económicos que hemos acumulado en los últimos cien años de historia. En ese pasado dudo que haya muchas cosas de las cuales debemos arrepentirnos los costarricenses y que sean causa de sonrojo. Todo lo contrario, nuestros sabios abuelos fueron capaces de heredarnos una patria sustentada en la justicia social, progreso y bienestar, donde el trabajo honrado y la preocupación de unos por otros han sido los pilares fundantes. Claro, en esa ruta ha habido imperfecciones, errores y corrupción. Pero esta administración ha perdido la oportunidad de emprender reformas de calado y ha desperdiciado el tiempo mirándose acaso el ombligo. Nuestro acervo moral nos dará la fuerza para emprender dentro del régimen de derecho, las reformas para retomar el sendero de un país más inclusivo, más solidario y que siga generando oportunidades para su juventud, mujeres, combatir la pobreza y la exclusión de forma más eficiente. Poder soñar y construir un futuro mejor para todos, sobre todo los marginados y excluidos a quienes la institucionalidad no puede fallarles; aunado a ello la existencia de partidos políticos que retomen la senda de la formación, capacitación y la generación de propuestas de largo y mediano plazo.

El matonismo, malacrianza y violencia verbal que son las formas que ha seleccionado esta administración para comunicarse, han de ser contrarrestadas con la verdad, las buenas maneras y la decencia. El anhelo de soñar con un pueblo más culto y educado no son negociables. Infamias como tomar recursos destinados a la formación tecnológica de niños y jóvenes de zonas marginales, para pagar una póliza que proteja a los jerarcas de sus torpezas, mentiras y ocurrencias, no debe tener cabida en un país que se precia de democrático y civilista.

La validación que hoy se hace desde varias partes del Ejecutivo para justificar y practicar violencia, agresiones contra ciudadanos, seguir contrarios políticos y agredir brutalmente a la naturaleza, hordas de troles en redes sociales financiados sabe Dios con qué recursos, alabando a ciertos funcionarios púbicos, elevándolos a condiciones de cuasi dioses; sólo evidencia una ruta fascista de pérdida de libertades y de constreñir el espíritu civilista y democrático que hemos cultivado por décadas, para que ahora una gavilla de advenedizos, liderados por un aspirante a monarca, pretendan borrar de un plumazo todo resabio de civismo y democracia, añorando una Carta Magna hecha a su medida, como ya lo han logrado Ortega y Bukele en El Salvador.

Hoy debemos preguntar a Cisneros, a Chaves y sus acólitos: ¿por qué ese morboso deseo de debilitar los cuerpos de seguridad del país? ¿Por qué sospechosamente debilitar la educación pública que ha sido orgullo mundial hasta hace poco? ¿Por qué debilitar la seguridad social al no proveer de más recursos y una adecuada y sana gestión de la CCSS? ¿Por qué temerariamente destinar cada vez menos recursos al combate de la pobreza y la desigualdad a través de limitar becas para estudiantes y reducir los bonos de vivienda?

Para bufones, arlequines e inútiles ya no hay espacio.

Dentro de 459 días habrá nuevos inquilinos en Zapote. Y es con movilizaciones, ideas y argumentos como podrán ser derrotados esos espurios, infames y sedientos deseos de quienes sueñan con más poder y que con ardid confunden lo púbico con lo privado. No olvidemos que Chaves fue electo con una menor cantidad de votos que Alvarado. Y que Alvarado Quesada fue electo con una menor cantidad de votos que Solís Rivera. La desafectación que siente esta generación por lo político debe conducir a una sacudida nacional que nos saque del conformismo, la indiferencia y de cierta modorra tropical, antes de que seamos despojados de nuestros derechos más elementales.

O tendremos allí sentada un persona lacayo de Cisneros y Chaves absolutamente inoperante e incapaz de reaccionar ante los desafíos que la patria demanda. O alguien capaz de reencontrar y renovar la ruta costarricense dentro de un marco democrático y que con sagacidad sabrá liderar, diseñar, discutir y proponer salidas a los atolladeros que hoy nos abruman.

26-I-25

Repudio absoluto a amenaza de bomba en Universidad de Costa Rica

Escrito en 30/09/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Jorge Mora Portuguez

Ayer fue la Presidencia de la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General las que recibieron amenazas de muerte.

Hoy fue la Universidad de Costa Rica la que sufrió una amenaza de bomba cargada de tal violencia, que ya por sí sola, constituye una brutal agresión; no solo contra la comunidad universitaria y contra miles de estudiantes cuyo único delito ha sido el intentar forjarse un futuro mejor; sino también contra toda la sociedad costarricense.

Estas expresiones de violencia, que deben ser repudiadas por toda la población; no son aisladas, sino la consecuencia de un discurso de odio que nace desde Casa Presidencial, contra toda la institucionalidad democrática de nuestro país.

¡Ya es suficiente señor Presidente! Ya es hora de que se dedique a gobernar y deje de llamar a la violencia, antes de que sea demasiado tarde.

Toda nuestra solidaridad con la Universidad de Costa Rica, con su población estudiantil, con su personal administrativo y su cuerpo de docentes.

Toda nuestra solidaridad también; con la Contraloría General de la República, con el Fiscal General, con los señores diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, con los magistrados y magistradas del Poder Judicial, con los medios de comunicación independientes; hoy todos bajo ataque del chavismo.

Grupos organizados promueven la violencia contra personas trabajadoras de la prensa

Escrito en 06/12/2023. Publicado en Trabajo.

COLPER

Al menos tres grupos de la sociedad civil promueven de manera continua y sistematizada mensajes de odio contra trabajadores de la prensa. Así lo confirman videos analizados por el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (Colper) los cuáles evidencian cercanía de los protagonistas con diputados del oficialismo.

Estos resultados se obtuvieron luego de que la junta directiva del Colper acordó investigar la agresión que experimentaron el periodista Rodrigo Guevara y el camarógrafo Roberto Chaves, el pasado 18 de setiembre a las 10:58 am en la explanada del edificio de la Asamblea Legislativa, por parte de un grupo de manifestantes.

Las personas que protestaban vieron salir a Guevara y a Chaves del edificio del Congreso, comenzaron a proferir insultos contra ellos y mientras ambos caminaban hacia el vehículo estacionado en la calle, los siguieron y vociferaban contra ambos en razón del ejercicio de su profesión del periodismo, es decir, por ser trabajadores de la prensa.

El Colper emitió ese mismo día un comunicado público titulado Censuramos la intimidacióny, entre otras cosas, solicitó una investigación de parte de las autoridades.

Un día después, se pidió al Ministro de Comunicación y Enlace una investigación; al no recibir respuesta, la carta se remitió nuevamente el día 26 de setiembre pero aún no se contesta.

El 27 de setiembre se envió una nota similar al Ministro de Seguridad Pública pues en las afueras de la Asamblea Legislativa había personal policial que no actuó frente a la situación. El 23 de octubre se recibió respuesta de que el caso se había remitido al Departamento Disciplinario Legal para las gestiones pertinentes.

El Colper gestionó la investigación el 17 de octubre con el fin de suministrar dicha información a las autoridades y contribuir con la investigación necesaria frente a estos hechos de agresión a la prensa. Según respuesta formal de la Asamblea Legislativa, no existe de su parte una investigación sobre esta situación

La información aquí indicada se ha brindado a las autoridades. Tras el análisis realizado se encontraron 39 videos en las redes sociales YouTube, Tik Tok y Facebook de personas de estos grupos y dos videos fueron suministrados por la Asamblea Legislativa.

Estos son los resultados de lo que se encontró:

Resultados investigación agresión a comunicadores NC11 del 18/9/2023
Hallazgo	Evidencia
Los manifestantes que agredieron a los dos comunicadores, en razón del trabajo que desempeñan, participaban en una manifestación convocada por Alexis Salas Garita y Yendry Quirós Conejo, y de la cual también participó como organizador Guillermo Carvajal Alvarado. Salas tiene un canal en Youtube en donde se identifica como líder de un grupo llamado “Generación de Hierro” y hay manifestaciones de discurso de odio^[1]. Salas fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial, luego de que la Fiscalía Adjunta de Heredia dirigiera un allanamiento en San Francisco de Heredia por un video en donde amenazaba a los magistrados de la Sala Constitucional. Salas figura como sospechoso de cometer un delito de instigación pública en la causa 23-001467-0369-PE. En el vídeo (etiquetado como Somos Generación de Hierro) Salas invitó al evento de manifestación. Salas se identifica también como parte del grupo Generación de Hierro en otro vídeo, durante un evento del partido Aquí Costa Rica manda (Aquí Costa Rica Manda, minuto 5:30)	-Video Somos Generación de Hierro -Video Aquí Costa Rica Manda (minuto 5:30)
Yendry Quirós Conejo tiene un canal de YouTube y TikTok en donde se describe como líder patriota y defensora del gobierno de Rodrigo Chaves Robles. En junio pasado rayó la Sala Constitucional y se le abrió una causa penal en el expediente 23-018310-0042-PE. La mujer escribió la palabra Filibusro cuando intentaba decir Filibusteros. Quirós invitó a la manifestación en el video #31. Quirós se muestra en una nota de Elmundo.cr como aspirante a una candidatura de vicealcaldesa por San José con Aquí Costa Rica Manda pero no fue elegida en el proceso interno.	-Video #31
El propio 18 de setiembre, día de la agresión, pasadas las 10:30 am, las diputadas Pilar Cisneros y Paola Nájera, así como el diputado Daniel Vargas se reúnen con los manifestantes (vídeo Paola Nájera y manifestantes, video 5). También tomaron el micrófono principal, dieron su mensaje y las personas le cantaron el cumpleaños al diputado Vargas (vídeos Cumpleaños y posteo Cumpleaños). Minutos antes de las 11 a.m., la diputada Pilar Cisneros, quien estuvo presente, regresa al edificio de la Asamblea Legislativa y el diputado Vargas dio una entrevista (vídeo 11 y vídeo 14) pocos minutos después de la agresión a los comunicadores.	-Video Paola Nájera y manifestantes, -Video #5 -Video Cumpleaños -Posteo Cumpleaños -Video #11 -Video #14

Varias personas del grupo tienen gorras y camisetas del partido Aquí Costa Rica Manda	-Video #6 -Video #8 -Video #9 -Video #12
Según grabaciones se pueden observar unidades policiales que no le brindaron protección a los comunicadores. El vehículo tiene el número de identificación 3451.	-Video Fuerza pública
En el video titulado “Es defensa y no violencia”, Yendry Quirós justificó los hechos señalando que los manifestantes reaccionaron cuando el periodista empezó a grabarlos. En la secuencia cronológica (vídeo 11 y vídeo Agresión) se muestra que el periodista caminaba hacia el vehículo y el camarógrafo mantuvo siempre la cámara bajo su mano sin grabar	-Video “Es defensa y no violencia” -Video #11 -Video Agresión
Guillermo Carvajal Alvarado también se refirió a los hechos en un video (“Informaciones falsas sobre la concentración de ayer”) y afirmó que lo que pasó no era responsabilidad de los organizadores. Carvajal es geógrafo e historiador, jubilado, y también se identificó como organizador del movimiento (vídeo 4, vídeo 7). Él junto a Ricardo Araya mantienen un espacio llamado “Hablemos de Política y algo más” que es afín al Gobierno.	-Video “Informaciones falsas sobre la concentración de ayer” -Video #4 -Video #7
Vídeos evidencian que personas del grupo que agredió a los comunicadores el pasado 18 de setiembre han hecho manifestaciones en los últimos meses a favor del Presidente Chaves en Casa Presidencial, en oposición a la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Elecciones, y en la Caja Costarricense de Seguro Social (a favor de la Presidenta Ejecutiva)	-Videos en carpeta Marcha Casa Presidencial

El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica comparte esta información en aras de que se investigue y profundice lo ocurrido con el fin de evitar nuevas situaciones futuras como estas. Solicitamos acciones de parte del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. La violencia verbal y física alimenta más violencia. Esto se debe detener ya.

^[1] Según Naciones Unidas, los discursos de odio son discursos ofensivos dirigidos a un grupo o individuo, que se basa en características inherentes (como son la raza, la religión o el género), y que puede poner en peligro la paz social. La Estrategia y Plan de Acción de la ONU para la lucha contra el discurso de odio define este discurso como «cualquier tipo de comunicación ya sea oral o escrita, —o también comportamiento— , que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo en función de lo que son, en otras palabras, basándose en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad. Sin embargo, no existe una definición universal de discurso de odio de acuerdo con el derecho internacional en materia de derechos humanos. El concepto todavía se debate ampliamente, sobre todo en relación con la libertad de opinión y expresión, la no discriminación y la igualdad.

Comité de Expertas expresa su preocupación por cifras de femicidios y discursos que fomentan la violencia contra las mujeres en Costa Rica

Escrito en 12/04/2018. Publicado en Derechos.

El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (MESECVI), ha sido informado sobre las preocupantes cifras de femicidios y sobre la proliferación de discursos de odio contra las mujeres en Costa Rica en el marco del pasado proceso electoral.

En este contexto, el Comité expresa su profunda preocupación por el asesinato de 9 mujeres en lo que va del año, de los cuales 7 han ocurrido en el mes de marzo, paralelo al contexto electoral de ese momento. Cabe recordar que en su Declaración sobre el Femicidio, el Comité señala que los altos índices de violencia contra las mujeres, su limitado o nulo acceso a la justicia, la impunidad que prevalece en los casos y la persistencia de patrones socioculturales discriminatorios, entre otras causas, inciden en el aumento de muertes de mujeres.

Paralelamente, el Comité expresa su preocupación por la proliferación de discursos morales y/o religiosos que fomentan la violencia, la discriminación y la inseguridad contra las mujeres. El Comité ha sido enfático en señalar que la discriminación y la violencia contra las mujeres constituyen violaciones a los derechos humanos, por lo que no resultan admisibles justificaciones basadas en creencias o valores religiosos.

Para el Comité, estos discursos confunden a la sociedad, promueven inseguridad y total indefensión a las mujeres víctimas de violencia, justifican las discriminaciones y las prácticas nocivas contra ellas, profundizan el machismo y la misoginia, fomentan una cultura de intolerancia que afecta a la convivencia democrática, refuerzan y perpetúan estereotipos y roles de género discriminatorios, y legitiman la violencia contra las mujeres. Ante esta grave situación que viven miles de mujeres en la región, el Comité ha manifestado su preocupación a través de la Declaración sobe la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres como Bien de la Humanidad.

Al mismo tiempo, el Comité expresa su preocupación por la presentación en la Asamblea Legislativa de un proyecto para transformar el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en un instituto de la familia. El INAMU es el organismo a cargo de la protección de las mujeres y el combate de la violencia y la discriminación contra ellas, y su transformación pone en riesgo el cumplimiento de las responsabilidades asumidas por el Estado al ratificar la Convención de Belém do Pará.

Por lo tanto, el Comité incentiva la profundización y la difusión de conocimientos con perspectiva de género y el fortalecimiento del Estado Laico. Conjuntamente, se insta al Estado a condenar todas las formas de violencia contra las mujeres por todos los medios apropiados y sin dilaciones de ninguna índole y continuar profundizando las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, tal como lo establece el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. Por último, el Comité reitera el llamado a adaptarse a los compromisos emanados por esta Convención, instrumento internacional suscrito y ratificado por Costa Rica.

El Comité de Expertas es el órgano técnico del MESECVI, responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención de Belém do Pará. Está integrado por Expertas independientes, designadas por cada uno de los Estados Parte entre sus nacionales, quienes ejercen sus funciones a título personal.

*Imagen tomada de www.oas.org

Enviado por Luis Alberto Soto.

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