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El caso de Costa Rica

Freddy Pacheco León*

El contexto

Los socios de los Foros Mundiales del Agua, el Consejo Mundial del Agua y la Asociación Mundial del Agua (GWP), por años han mantenido la estrategia de que existe un consenso internacional para que sean ellos los que se encarguen del control, distribución y conservación del agua en todo el mundo.

El “CARTEL DEL AGUA” incluye a los gigantes franceses Suez y Vivendi, así como al conglomerado RWE-Thames, alemán y británico, con negocios en 130 países, que se disuelven con los intereses de la GWP, fundada por el BANCO MUNDIAL y corporaciones comercializadoras del agua, para que sirva como punta de lanza de los esfuerzos por dominar los proyectos integrados “público-privados”, con los cuales trasladar a entes particulares el manejo de acueductos públicos.

Como parte de esa perversa estrategia privatizadora, que se presenta como un inocente traslado de competencias gubernamentales hacia grupos comunales de fácil formación, dichas corporaciones financian actividades nacionales, regionales, continentales y mundiales, en las que con “su” agua, realizan “lavados de cerebro” con argumentos en los que predomina la acusación de que el Estado es ineficiente y solo sirve para obstaculizar una distribución justa y equitativa del agua.

Especial interés evidencian hacia las fuentes de AGUAS SUBTERRÁNEAS, por su alta potabilidad y grandes reservas, que se pueden extraer con relativa facilidad. Razón por la cual promueven su manejo en ámbitos políticos más fácilmente manejables que los técnicos.

Ante un informe presentado en Japón por Michel Camdessus (“Financiando Agua para Todos”) el exjerarca del Fondo Monetario Internacional provocó fuertes rechazos de parte de los defensores del agua, en calidad y cantidad suficientes, como un DERECHO HUMANO. La distinguida profesional india VANDANA SHIVA, resumió así la paradoja: “La gente no toma dinero, tomamos agua”, mientras otros expresaron su rechazo a la visión comercial del “cartel del agua” con expresiones como “Agua es vida” y “El agua es del pueblo”.

Los reconocidos defensores del agua canadienses, Tony Clark y Maude Barlow, también se unieron a más de 200 organizaciones con la misión de enfrentar la visión de los organizadores de los Foros Mundiales del Agua que considera el agua como un BIEN ECONÓMICO productor de ganancias, más que como un bien social y un derecho humano.

El texto

Es precisamente bajo este contexto que hay que analizar lo que, ¡auspiciado por la GWP!, está sucediendo en Costa Rica a propósito de la derogatoria que se ha planteado hacer de la magnífica LEY DE AGUAS (y sus reformas) que nos legara el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia el 26 de agosto de 1942, Ley, que en conjunto con la promulgación del Código de Trabajo, las Garantías Sociales y la fundación de la Universidad de Costa Rica (entre otros), constituyen el sustento de grandes y preciados logros del pueblo costarricense, en los campos social, cultural y de salud.

Pues amigos, un proyecto promovido por la GWP, no solo plantea enterrar la Ley de Aguas, sino que la sustituye por una nueva normativa que evidencia sus intenciones al declarar que EL AGUA ES UN BIEN ECONÓMICO, al tiempo que le arrebata a Acueductos y Alcantarillados (AyA) la prerrogativa de gobernar las aguas de dominio público. Ello dentro de una estrategia que supuestamente busca “fortalecer” las ASADAS, “liberándolas” de la acción orientadora del AyA, que como ente rector mantiene una trascendental visión conjunta e integral del país. Objetivo que esperan lograr con la aprobación de un proyecto “hermano” que se tramita como parte de lo que han llamado “agenda legislativa del agua”.

Así, las ASADAS, conformadas por particulares pasarían a ser en forma individual y conjunta, las encargadas de tramitar caudales y tarifas según sean los intereses coyunturales de su localidad, en competencia con unas “Sociedades de Usuarios del Agua” de cinco miembros, que, regidas por la Ley de Asociaciones, se encargarían de administrar, en esperables casos, las mismas fuentes de agua, en su caso, para uso agropecuario. “Sociedades” que solo tienen como requisito el que las mismas no sean propietarias de fincas y proyectos del lugar, pero que podrían entrar en competencia con las necesidades de las comunidades atendidas por las ASADAS, o incluso, constituirse en obstáculos difíciles de superar para proyectos agropecuarios que no fueren atractivos para sus miembros.

Además de lo señalado, y en concordancia con la importancia que indudablemente tienen las AGUAS SUBTERRÁNEAS, el nuevo proyecto desconoce la trayectoria y el trabajo profesional y técnico que por tres décadas ha venido forjándose en el marco del SENARA, el “Servicio de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento”. Sus intenciones de poner a disposición del poder político dichos recursos, los materializaron destrozando al ente especializado (¡hasta del nombre quitan la expresión “Aguas Subterráneas”!) para trasladar esa estratégica función a una “dirección” del Minae que no cuenta con los recursos profesionales, técnicos, financieros ni logísticos necesarios para cumplir la función que hoy (por dicha todavía) es parte esencial del SENARA. Con lo cual, de aprobarse este contaminado proyecto, los costarricenses no contaríamos, ¡quién sabe por cuánto tiempo! con un ente especializado capaz de hacer estudios, diagnósticos, indagaciones y, entre otros, responder requerimientos de la Setena como parte de los procesos de evaluación ambiental, creándose un vacío institucional de consecuencias inimaginables para el manejo de los recursos hídricos subterráneos de todo el país.

Pero si lo resumido no bastara para tener una idea de las intenciones que se esconden detrás del centenar de artículos que se están usando para derogar la excelente Ley que nos heredara el Dr. Calderón Guardia, veamos dos puntos más. El primero, fue declarado inconstitucional por la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia, que consideró que el disminuir las áreas de protección de manantiales de 125.600 m2 a 1.256 m2, violentaba el derecho constitucional “a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. Regresión que permitiría pasar a propiedad privada, áreas equivalentes a cerca de 12 hectáreas que hoy tienen carácter de dominio público alrededor de cada manantial, y que fuere aprobado, con el resto de la Ley, en primer debate legislativo el lunes 31 de marzo de este año, ¡sin que se hubiere discutido ninguno de sus artículos! ante la necesidad de cumplir con el plazo fatal que señala la Ley de Iniciativas Populares.

Y el segundo punto, es quizá todavía más esclarecedor de las intenciones de sus promotores. Resulta que en el texto ingresado a la Asamblea Legislativa se lee un principio general que fue el que motivó a unas 150.000 personas a firmar en las hojas que se les ponía a disposición. Dice así: “El acceso al agua EN CALIDAD Y CANTIDAD ADECUADAS y al saneamiento son DERECHOS HUMANOS fundamentales indispensables para satisfacer todas las necesidades básicas”. Algo cercano a lo que se desea incluir como principio constitucional, concordante con lo aprobado en un órgano de la ONU por iniciativa de Bolivia y que contara con el apoyo explícito de Costa Rica.

Pues resulta que la “mano peluda” del cartel del agua borró el alma de ese principio, dejándolo así: “El acceso al agua para consumo humano y al saneamiento es un derecho humano fundamental e indispensable”. Así, la referencia a la “calidad y cantidad adecuadas”, por la que firmaron miles de costarricenses, fue ELIMINADA subrepticiamente en alguna de sesión informal de la comisión que analizó en forma descuidada este proyecto de auspiciado por la GWP. Proyecto que forma parte de una conspiración, que como parte de la misma, sus interesados promotores quieren que se vuelva a votar “a ciegas” como hace seis meses… para seguro presentarse ante la alta jerarquía internacional de la GWP con una sonrisa de “misión cumplida”. ¿Lo permitirían los actuales diputados?

*Doctor en Biología

12/9/14

frepaleon@gmail.com

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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