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Etiqueta: distribución del agua

¿Agua para Guanacaste?… O más bien un regalo para unas pocas empresas acaparadoras de agua en la región más seca del país

  • Proyecto endeudaría a Costa Rica con ¢300.000 millones en un contexto de crisis económica para beneficiar supuestos evasores fiscales y empresas contaminantes

  • Embalse atenta contra ecosistema del Jabirú, la cigüeña más grande del continente americano y en peligro de extinción

(FECON 26-7-2022) El “Proyecto Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras” PAACUME por sus siglas, es de sobra conocido por beneficiar a unas pocas grandes empresas de monocultivo y mega turismo. En la misma Declaración de Impacto Ambiental (1) queda claro que el grueso del agua quedara en manos de CATSA, Pelón de la Bajura, Hacienda el Viejo, la Corporación Del Monte y Exporpack S.A. Algunas de estas empresas cuestionadas en casos de Panama Papers (2), desastres ambientales y con fuerte vinculo con el partido Liberación Nacional.
¿Es ecológicamente aceptable regalarle infraestructura tan cara a empresas con muy cuestionables prácticas ambientales? ¿Es justo ofrecer más agua a empresarios como estos que han demostrado moverse bajo esquemas de poca transparencia ? ¿Es justo que todo el país les regalemos una infraestructura tan cara a empresarios que esconden sus ganancias para no pagar impuestos?
El movimiento ecologista ha señalado, en múltiples ocasiones, que este megaproyecto de infraestructura carece de sustento técnico suficiente; tiene errores catastrales importantes y pone en riesgo la biodiversidad de un Área RAMSAR. Por otro lado el PAACUME no cuenta con estudios de costo-beneficio y se prevé que no será rentable para el Estado y necesita la inversión de $458 millones; de los cuales $425 millones (unos 300.000 millones de colones) provendrían del empréstito aún por ratificar en segundo debate por la Asamblea Legislativa.
El Paacume requiere inundar unas 113 hectáreas de un ecosistema en riesgo donde se protejen especies en peligro en extinción como lo es el Jabiru mycteria, conocida como Galán sin Ventura y denominada la mayor cigüeña de América y que se contabilizan tan solo 120 individuos.
Por otro lado, el Registro Nacional en el oficio DIG-0388-2018 dirigido a la Asamblea Legislativa advirtió de los errores que existen en el proyecto que aprobó el plenario mediante la llamada vía rápida conocida también como 208 bis. El Registro Nacional demostró que las nuevas fronteras tienen errores catastrales importantes, pero los diputados lo pasaron por alto.
Sumado a esto tanto SENARA, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería admitieron que no tenían el dinero para adquirir las fincas que supuestamente compensarían las 113 hectáreas y dependen de la modificación del Presupuesto Extraordinario pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa. La Federación Ecologista consultó en 2018 al Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre la fuente de financiamiento de los recursos necesarios para adquirir las tierras supondrían la compensarían la perdida de biodiversidad. El oficio DM-MAG-715-2018, el ahora exministro Renato Alvarado admitió que el Gobierno Central no tiene el dinero para adquirir las tierras al momento de firmar la ley de modificación de los limites de la Reserva Biológica. ¿Entonces no será posible la compensación de las más de cien hectáreas que le quitarán en al Área Protegida?
Por otro lado, en el oficio SENARA-GG-0674 del 13 de setiembre de 2018, la directora del SENARA, Patricia Quirós confirmó sobre la ausencia de estudios técnicos y científicos suficientes, para justificar la decisión de desafectar 113 ha de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, lo cual significa, que no existió el respaldo científico suficiente, para tomar la medida, a pesar de eso fue aprobado en la legislatura pasada con 41 votos a favor.
Tanto el SENARA como el AyA han señalado que el Paacume no considera dentro de sus objetivos el tratamiento y distribución de agua potable de consumo humano. La necesidad de abastecimiento poblacional no es viable en este proyecto según el mismo AyA. Es evidentemente que Paacume sólo tiene como objetivo beneficiar a grandes empresas cañeras, meloneras y arroceras; sumado a esto megaturismo.

Referencias
1.Declaración de Impacto Ambiental PAACUME https://www.bcie.org/fileadmin/bcie/projects/Declaratoria%20de%20Impacto%20Ambiental%20%20PAACUME.pdf
2.Azucarera CATSA allanada por supuesta defraudación con impuestos. https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/azucarera-catsa-allanada-por-supuesta-defraudacion-con-impuestos/J6XLVVN25BBDVOJRB4PLX24QFY/story/
3. Anidación de Jabirú en Ceibas en el Bosque Seco Tropical de Costa Rica https://www.periodicomensaje.com/ambientales/2682-anidacion-de-jabiru-en-ceibas-en-el-bosque-seco-tropical-de-costa-rica
4. MAG oficio DM-MAG-715-2018 https://www.dropbox.com/s/gkvyg5erdcpjvzk/DM-MAG-715-2018%28signed%29.pdf?dl=0
5. Registro Nacional oficio DIG-0388-2018 https://www.dropbox.com/s/bvy61gj9qnsmuvo/Registro%20Nacional%20.pdf?dl=0
6. Oficio SENARA-GG-0674 https://www.dropbox.com/s/6f3dddd4sn28uyf/SENARA%20.pdf?dl=0

Comunidades guanacastecas mejoran gestión del agua gracias a proyecto de UCR

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Foto cortesía ODI-UCR

Expertos del Proyecto de Gestión Integral del Recurso Hídrico de laUCR realizan la medición del caudal del agua en una de las estaciones ubicadas en Abangares.

Los vecinos de Abangares, y próximamente también los de Nandayure, Nicoya y otros sitios de Guanacaste, dispondrán de un mejor manejo del agua gracias al Proyecto de Gestión Integral del Recurso Hídrico, que desarrolla la Universidad de Costa Rica (UCR) para mejorar la administración y el uso de acuíferos.

El objetivo de esta iniciativa es lograr que el uso, la gestión y la distribución del agua sean sostenibles, de forma que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes y generar mayor desarrollo económico en los lugares donde se ejecuta.

Por ahora, el único proyecto en marcha se sitúa en la población de Las Juntas. Ahí, la UCR, en conjunto con la Municipalidad local, realiza mediciones de la cantidad de agua en el río Abangares durante la época lluviosa, con el fin de crear sitios de captación que permitan almacenar el líquido para después distribuirlo en la estación seca. Con esto se pretende reducir el impacto de las sequías producto del fenómeno del Niño en la región con menor precipitación del país.

“La comunidad de Las Juntas se acercó a la Escuela de Ingeniería Civil para que se hiciera una evaluación de su acueducto, porque ellos suponían que estaba trabajando mal. Pero no, trabajaba bien, lo que había era un mal manejo de la cuenca y del recurso”, explicó el director del Centro de Investigación de Desarrollo Sostenible, Rafael Oreamuno.

De acuerdo con Oreamuno, este año la Universidad creó ocho estaciones medidoras de lluvia, dos del caudal del afluente y otras tantas meteorológicas en las cercanías del río Abangares, con el fin de conocer la humedad, temperatura, brillo solar y otros datos que inciden en la cantidad de agua disponible para el uso humano.

La información proporcionada por esos centros de medición permitirá saber cuánta agua hay y cómo sería la manera más óptima de distribuirla, principalmente en la parte baja de la cuenca, la cual presenta problemas de sequía. Parte del proyecto consiste en garantizar el preciado líquido a la industria, al riego agrícola y ganadero e incluso a la recreación (hotelería), los tres sectores económicos que más ingresos generan a la comunidad.

Feria nacional de Ciencia y Tecnologíap
Foto cortesía ODI-UCR

“La otra parte de la investigación es fortalecer la capacidad organizativa con embalses o depósitos de agua administrados por el municipio o las cooperativas, para que apadrinen proyectos de inversión que se utilizarán en las épocas secas. Para ello contamos con la ayuda de la Escuela de Administración Pública de la UCR”, mencionó el ingeniero a cargo del proyecto.

Durante el próximo año, la Facultad de Ciencias Agroalimentarias se estaría sumando a esta iniciativa con capacitaciones que permitan a los agricultores identificar cuáles son los cultivos más factibles de impulsar en la zona y qué mercados explorar. Otra parte del proyecto involucra el emprendimiento para pymes que están vinculadas con el turismo, bajo la premisa de que esta iniciativa reducirá la emigración de los habitantes de la zona, quienes ahora dejan sus hogares en busca de un lugar con mejores posibilidades económicas.

También en el 2015, Oreamuno adelantó que el proyecto capacitará a los encargados de administrar las pajas de agua, las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados (Asada) y otras entidades, con el fin de evitar el desperdicio que generan viejos reservorios, como tanques de metal corroídos, o simplemente el uso inadecuado del líquido. Además, la UCR comenzará la inducción para mejorar el manejo de aguas residuales en esa misma zona.

 

*Fotos: Oficina de Divulgación e Información, UCR.

Información enviada a SURCOS Digital por Lic. Otto Salas Murillo, periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR.

La mafia privatizadora del agua

El caso de Costa Rica

Prohibido pescar camarón

 

Freddy Pacheco León*

El contexto

Los socios de los Foros Mundiales del Agua, el Consejo Mundial del Agua y la Asociación Mundial del Agua (GWP), por años han mantenido la estrategia de que existe un consenso internacional para que sean ellos los que se encarguen del control, distribución y conservación del agua en todo el mundo.

El “CARTEL DEL AGUA” incluye a los gigantes franceses Suez y Vivendi, así como al conglomerado RWE-Thames, alemán y británico, con negocios en 130 países, que se disuelven con los intereses de la GWP, fundada por el BANCO MUNDIAL y corporaciones comercializadoras del agua, para que sirva como punta de lanza de los esfuerzos por dominar los proyectos integrados “público-privados”, con los cuales trasladar a entes particulares el manejo de acueductos públicos.

Como parte de esa perversa estrategia privatizadora, que se presenta como un inocente traslado de competencias gubernamentales hacia grupos comunales de fácil formación, dichas corporaciones financian actividades nacionales, regionales, continentales y mundiales, en las que con “su” agua, realizan “lavados de cerebro” con argumentos en los que predomina la acusación de que el Estado es ineficiente y solo sirve para obstaculizar una distribución justa y equitativa del agua.

Especial interés evidencian hacia las fuentes de AGUAS SUBTERRÁNEAS, por su alta potabilidad y grandes reservas, que se pueden extraer con relativa facilidad. Razón por la cual promueven su manejo en ámbitos políticos más fácilmente manejables que los técnicos.

Ante un informe presentado en Japón por Michel Camdessus (“Financiando Agua para Todos”) el exjerarca del Fondo Monetario Internacional provocó fuertes rechazos de parte de los defensores del agua, en calidad y cantidad suficientes, como un DERECHO HUMANO. La distinguida profesional india VANDANA SHIVA, resumió así la paradoja: “La gente no toma dinero, tomamos agua”, mientras otros expresaron su rechazo a la visión comercial del “cartel del agua” con expresiones como “Agua es vida” y “El agua es del pueblo”.

Los reconocidos defensores del agua canadienses, Tony Clark y Maude Barlow, también se unieron a más de 200 organizaciones con la misión de enfrentar la visión de los organizadores de los Foros Mundiales del Agua que considera el agua como un BIEN ECONÓMICO productor de ganancias, más que como un bien social y un derecho humano.

 

El texto

Es precisamente bajo este contexto que hay que analizar lo que, ¡auspiciado por la GWP!, está sucediendo en Costa Rica a propósito de la derogatoria que se ha planteado hacer de la magnífica LEY DE AGUAS (y sus reformas) que nos legara el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia el 26 de agosto de 1942, Ley, que en conjunto con la promulgación del Código de Trabajo, las Garantías Sociales y la fundación de la Universidad de Costa Rica (entre otros), constituyen el sustento de grandes y preciados logros del pueblo costarricense, en los campos social, cultural y de salud.

Pues amigos, un proyecto promovido por la GWP, no solo plantea enterrar la Ley de Aguas, sino que la sustituye por una nueva normativa que evidencia sus intenciones al declarar que EL AGUA ES UN BIEN ECONÓMICO, al tiempo que le arrebata a Acueductos y Alcantarillados (AyA) la prerrogativa de gobernar las aguas de dominio público. Ello dentro de una estrategia que supuestamente busca “fortalecer” las ASADAS, “liberándolas” de la acción orientadora del AyA, que como ente rector mantiene una trascendental visión conjunta e integral del país. Objetivo que esperan lograr con la aprobación de un proyecto “hermano” que se tramita como parte de lo que han llamado “agenda legislativa del agua”.

Así, las ASADAS, conformadas por particulares pasarían a ser en forma individual y conjunta, las encargadas de tramitar caudales y tarifas según sean los intereses coyunturales de su localidad, en competencia con unas “Sociedades de Usuarios del Agua” de cinco miembros, que, regidas por la Ley de Asociaciones, se encargarían de administrar, en esperables casos, las mismas fuentes de agua, en su caso, para uso agropecuario. “Sociedades” que solo tienen como requisito el que las mismas no sean propietarias de fincas y proyectos del lugar, pero que podrían entrar en competencia con las necesidades de las comunidades atendidas por las ASADAS, o incluso, constituirse en obstáculos difíciles de superar para proyectos agropecuarios que no fueren atractivos para sus miembros.

Además de lo señalado, y en concordancia con la importancia que indudablemente tienen las AGUAS SUBTERRÁNEAS, el nuevo proyecto desconoce la trayectoria y el trabajo profesional y técnico que por tres décadas ha venido forjándose en el marco del SENARA, el “Servicio de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento”. Sus intenciones de poner a disposición del poder político dichos recursos, los materializaron destrozando al ente especializado (¡hasta del nombre quitan la expresión “Aguas Subterráneas”!) para trasladar esa estratégica función a una “dirección” del Minae que no cuenta con los recursos profesionales, técnicos, financieros ni logísticos necesarios para cumplir la función que hoy (por dicha todavía) es parte esencial del SENARA. Con lo cual, de aprobarse este contaminado proyecto, los costarricenses no contaríamos, ¡quién sabe por cuánto tiempo! con un ente especializado capaz de hacer estudios, diagnósticos, indagaciones y, entre otros, responder requerimientos de la Setena como parte de los procesos de evaluación ambiental, creándose un vacío institucional de consecuencias inimaginables para el manejo de los recursos hídricos subterráneos de todo el país.

Pero si lo resumido no bastara para tener una idea de las intenciones que se esconden detrás del centenar de artículos que se están usando para derogar la excelente Ley que nos heredara el Dr. Calderón Guardia, veamos dos puntos más. El primero, fue declarado inconstitucional por la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia, que consideró que el disminuir las áreas de protección de manantiales de 125.600 m2 a 1.256 m2, violentaba el derecho constitucional “a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. Regresión que permitiría pasar a propiedad privada, áreas equivalentes a cerca de 12 hectáreas que hoy tienen carácter de dominio público alrededor de cada manantial, y que fuere aprobado, con el resto de la Ley, en primer debate legislativo el lunes 31 de marzo de este año, ¡sin que se hubiere discutido ninguno de sus artículos! ante la necesidad de cumplir con el plazo fatal que señala la Ley de Iniciativas Populares.

Y el segundo punto, es quizá todavía más esclarecedor de las intenciones de sus promotores. Resulta que en el texto ingresado a la Asamblea Legislativa se lee un principio general que fue el que motivó a unas 150.000 personas a firmar en las hojas que se les ponía a disposición. Dice así: “El acceso al agua EN CALIDAD Y CANTIDAD ADECUADAS y al saneamiento son DERECHOS HUMANOS fundamentales indispensables para satisfacer todas las necesidades básicas”. Algo cercano a lo que se desea incluir como principio constitucional, concordante con lo aprobado en un órgano de la ONU por iniciativa de Bolivia y que contara con el apoyo explícito de Costa Rica.

Pues resulta que la “mano peluda” del cartel del agua borró el alma de ese principio, dejándolo así: “El acceso al agua para consumo humano y al saneamiento es un derecho humano fundamental e indispensable”. Así, la referencia a la “calidad y cantidad adecuadas”, por la que firmaron miles de costarricenses, fue ELIMINADA subrepticiamente en alguna de sesión informal de la comisión que analizó en forma descuidada este proyecto de auspiciado por la GWP. Proyecto que forma parte de una conspiración, que como parte de la misma, sus interesados promotores quieren que se vuelva a votar “a ciegas” como hace seis meses… para seguro presentarse ante la alta jerarquía internacional de la GWP con una sonrisa de “misión cumplida”. ¿Lo permitirían los actuales diputados?

 

*Doctor en Biología

12/9/14

frepaleon@gmail.com

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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