En aquellos amargos días de la Guerra Fría, y todavía en vigencia el vergonzoso segundo párrafo del artículo 98 de la Constitución, que de hecho y de derecho proscribía la existencia del partido comunista, endilgar a alguna persona o movimiento el adjetivo de… comunista!! era casi condenarlo al ostracismo, pues imperaba la política del miedo, ser comunista era casi ser hermano del «mismitico» demonio; todo gracias a las heridas dejadas por la guerra civil de 1948 y los acomodos internacionales de la Guerra Fría. Pero hoy todo eso ha pasado, seguir con ese telele de comunista o «zurdo» es trasnochado y anacrónico.
Por eso cuando del ministro de Justicia don Gabriel Aguilar dijo que tenía «identificados a los zurdos de closet que ya tenemos identificados y se reunieron un día de estos», no solo fue una ofensa a la libertad que debe imperar en una democracia, sino una demostración de su conocida inmadurez, ignorancia o prepotencia política, digna de la mejor causa fascista.
Vamos a tratar de explicarle algo, talvez entienda. Después de acabada la Guerra Fría a fines de la década de los años 80, ya no tiene sentido hablar ni ideológica ni históricamente de comunismo; el mundo se dividió entre un capitalismo salvaje (como lo llamó Juan Pablo II, para que no crea que es una calificación comunista) defendido por aquellos que dentro del llamado neoliberalismo y la globalización, querían un mercado libre, un mundo financiero desbocado y totalmente desregulado, sin un Estado que le pusiera límites a sus ambiciones, obviamente ellos agruparon a la vieja derecha. Frente a ellos surgieron movimientos, de muy distinto origen ideológico, opuestos a los planes de entrega de los diferentes países, se organizaron para luchar contra las desregulaciones, la venta de activos del Estado, la entrega de recursos naturales, los favores fiscales a favor de empresas extranjeras y, sobre todo, para evitar la pérdida de muchos logros y leyes sociales que habían costado hasta sangre de miles de trabajadores. En Costa Rica, esas luchas llevaron a que socialistas, socialdemócratas, social cristianos (los de verdad), comunistas, cooperativistas, sindicalistas y diferentes grupos ciudadanos nos uniéramos a luchar por Costa Rica en acontecimientos como el famoso COMBO DEL ICE y luego contra el TLC, sin don Gabriel, todos esos éramos zurdos…y lo seguimos siendo, a mucha honra.
¿Y quiere saber dónde nos reunimos?… ¡En la calle!, el pasado 6 de agosto tomamos la Plaza de la Democracia, la avenida segunda y muchos otros sitios a lo largo y ancho del país; ese día luchadores contra el COMBO y el TLC nos reencontramos, nos volvimos a ver de frente, nos saludamos y abrazamos; ¿pero sabe que fue lo más hermoso?, no solo estábamos aquellos que dimos esas luchas hace 25 años, no, estaban miles de jóvenes que muchos creímos no se interesaban por la Patria y con su presencia nos dijeron: están equivocados, aquí estamos.
Si don Gabriel, doña Laura y Rodrigo Chaves, Costa Rica no está sola, el 70% de costarricenses que no votaron por ustedes ni hemos dejado que su odio hacia la Patria nos contamine, estamos en la lucha porque nosotros si amamos a Costa Rica. No somos de los que aceptamos pactos secretos de escudos militares, o agencias de espionaje, ni acompañamos a quienes encabezan movimientos antidemocráticos y fascistas en América Latina, que hacen peligrar nuestros valores. Por ejemplo, el presidente Trump dijo que la Doctrina Monroe marca la política exterior de Estados Unidos y que por eso el dominio de ese país en el hemisferio occidental no se discute. Pues aquí no vamos a permitir que viejos conceptos ya superados de imperialismo, vengan a arrebatarnos lo que es nuestro y la paz.
Si, hoy a los costarricenses que defendemos la Constitución, las leyes, las instituciones que nos dan el Estado Libre de Derecho, la soberanía nacional y la paz nos pueden llamar zurdos… ¡pero no vendidos!!
Los caminos de la historia han llevado a nuestra Costa Rica a enfrentar una encrucijada, la primera de este siglo, como solamente las ha debido asumir dos veces en cada uno de los dos siglos de nuestra vida republicana, a saber, con nuestros próceres Braulio Carrillo y Juanito Mora en la construcción del Estado Nación en el siglo XIX y luego, en el siglo pasado, al verse obligada a enfrentar a la dictadura de los hermanos Tinoco y posteriormente la Guerra Civil de 1948. Todas estas encrucijadas quedaron registradas en los archivos de nuestra historia con letras de sangre, debido a los enfrentamientos militares que desgarraron a la familia costarricense.
La presente encrucijada que la historia nos ha deparado, tiene sus orígenes fuera de nuestras fronteras, en razón de la situación que atraviesa la humanidad con la decadencia y agonía de la hegemonía de Occidente en el mundo entero; vacío que está siendo llenado por China como emergente potencia mundial. Todo lo cual hace que la potencia que ha asumido el hegemón de Occidente, nuestros vecinos de América del Norte, vea reducido su poderío a Nuestra América, dado que el mundo se encamina hacia hegemonías regionales. Los grandes desafíos que enfrenta y ponen en riesgo su sobrevivencia, hacen que la humanidad tome conciencia de que sólo tiene un destino; pero paradójicamente, lejos de unirse, se fragmenta en regiones que se enfrentan, no sólo por motivos ideológicos sino por múltiples causas de índole cultural y lingüístico, religioso o simplemente geográfico. Este fenómeno explica lo que se da en las fronteras de las regiones geopolíticas, donde emergen nuevos polos hegemónicos al interior mismo de Occidente. Tal es el caso de la guerra en una región que nunca ha estado en paz, como es el Mediterráneo, en especial, el Mediterráneo Oriental. Otro tanto sucede en Nuestra América con el Mar Caribe, porque el que es dueño del Mar Caribe es dueño de todo el Continente, sobre todo, a partir de inicios del siglo pasado, con la construcción del Canal de Panamá, la vía interoceánica más importante del mundo.
Para enfrentar esta situación mundial, el gobierno de Trump ha recurrido de manera explícita y brutal, a la vieja Doctrina Monroe, que siempre ha sido la inspiración y guía de toda la política norteamericana hacia sus vecinos del Continente. Los Estados Unidos siempre han creído ser los sucesores de las potencias colonialistas que se repartieron Nuestra América: Inglaterra, España y Portugal. Es por eso que mantiene 78 bases militares en la región siendo así que no hay enemigos militares que puedan temer. En concreto, para Trump nuestras naciones no tienen derecho a la soberanía, somos tan sólo protectorados de su decadente imperio hoy reducido a una hegemonía regional. Para ello debe enfrentar una creciente oposición de nuestros pueblos.
Esto repercute en forma decisiva en la política doméstica de la pequeña Costa Rica, situada en una zona geopolíticamente de la mayor importancia en la política internacional. Todo lo cual nos permite comprender el porqué de la política que el gobierno actual pretende implementar de entero sometimiento a la hegemonía imperial yanqui. El todo poderoso expresidente y actual ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, antiguo empleado del Banco Mundial, siguiendo instrucciones del Norte, ve al Estado Nación forjado en el siglo XIX, como su mayor enemigo. Su política consiste en destruir, no sólo el concepto de democracia forjado en el siglo XX como Estado Social de Derecho, sino el menor indicio de soberanía nacional. Eso explica el enfrentamiento con las dos familias más poderosas de la oligarquía nacional, como son la familia Arias Sánchez, a cuyo máximo representante, el expresidente y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, se le negó la visa de entrada a los Estados Unidos, lo mismo que a su hermano, Rodrigo, presidente entonces de la Asamblea Legislativa y la familia Jiménez Borbón, dueños de la empresa de comunicación tradicionalmente más influyente en la política nacional por ser el vocero de la oligarquía criolla. Ambas están en la actualidad enfrentadas con el régimen chavista, hegemónico en Zapote y Cuesta de Moras y que cuenta, hasta ahora, con una nada desdeñable base social de apoyo, sobre todo en zonas periféricas a la GAM.
Para enfrentar a la grave crisis que atraviesa el mundo actualmente y cuya repercusión vivimos dramáticamente en nuestro país, sólo cabe una solución y así poder salir airosos de esta encrucijada que nos ha deparado la historia. Esta solución consiste en forjar un frente político en el que se unan todos aquellos que se oponen a que nuestra patria se convierta en un protectorado del Tío Sam y que, por el contrario, sea la heredera de quienes murieron en la Guerra Patria de 1856 para darnos una patria soberana. Para ello se requiere que este frente patriótico se inspire en un programa de gobierno que profundice las conquistas que nos han permitido disfrutar de un régimen democrático definido como Estado Social de Derecho, actualmente tan deteriorado debido a las políticas neoliberales que han implementado los gobiernos en lo que llevamos de este siglo. La época de las divisiones inspiradas en criterios meramente ideológicos ha terminado. Los partidos políticos deben dejar de ser simples empresas que se dedican a hacer “marketing” electoral; pero que sólo existen ante el pueblo durante los meses previos a las elecciones y que durante el resto del tiempo sólo se expresan a través de sus bancadas parlamentarias. La muestra más fehaciente de la voluntad popular se hizo patente en las multitudinarias manifestaciones del jueves 6 de agosto – fecha que pasará a la historia – que se escenificaron en todos los rincones de la geografía nacional. Estas multitudes, cobijadas por la bandera tricolor, entonaron el Himno Nacional y la Patriótica Costarricense.
El protagonismo de ese movimiento patriótico nacional, debe trascender el quehacer de los partidos políticos tradicionales y ser liderado por los movimientos sociales, surgidos en la sociedad civil al calor de las luchas populares. Esto no quiere decir que los partidos políticos deban desaparecer. Al contrario, los partidos políticos deben ser activos todo el tiempo, pues no sólo se trata de enfrentar a la política apátrida del régimen imperante, sino, ante todo, de contribuir a elevar la conciencia cívica del pueblo, a fin de que no se deje seducir por los cantos de sirena de una poderosa maquinaria politiquera que, con los recursos del erario público, pretende seducirlos con espejismos que sólo llevan al abismo y al fin de nuestras libertades democráticas, invaluable patrimonio heredado de nuestros próceres. La nueva y auténtica democracia, más que una “tercera república”, sólo será posible si se nutre de los valores cívicos. Para lograr lo cual los medios de comunicación, tanto de alcance nacional como regional, juegan un papel imprescindible. El diálogo permanente entre la dirigencia y los diputados con todos los ciudadanos y no sólo con quienes los eligieron, es igualmente imprescindible. Hemos vuelto a 1856. La unidad de todos los patriotas formando un frente común, constituye la única vía para hacer realidad aquí y ahora la Patria por la que vivió y murió Juanito Mora.
¿Se han preguntado ustedes cuales fueron los motivos por los cuales Estados Unidos decidió aliarse con la Unión Soviética contra la Alemania nazi en el ll guerra mundial y no con Alemania contra la URSS?
No conozco opiniones al respecto, solo conozco de la brillante diplomacia y política de alianzas de Stalin que lo logró, pero yo tengo algunas opiniones de mi cosecha.
En Estados Unidos había muchas simpatías hacia el régimen nazi, entre otros el afamado piloto Lindenberg que fue el primero en cruzar el Atlántico en solitario y sin escalas con su avión.
Muchas grandes empresas de EEUU eran financistas de la Alemania hitleriana entre otras el mismitico Rockefeller.
No es casualidad que el político búlgaro Jorge Dimítrov definiera el fascismo como “la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, más chovinistas y más imperialistas del capital financiero”.
Los planes expansionistas de las “doctrina Monroe” y el “destino manifiesto” eran anteriores a la ideología nazi y al fascismo de Mussolini.
También el verdadero creador del “miente miente que algo queda” no fue Goebbels, el propagandista de Hitler, sino los gringos Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst con el amarillismo periodístico, muchos años antes.
Bajo ese proyecto de dominación mundial ya EEUU había logrado anexarse excolonias de España como Filipinas, Cuba y Puerto Rico, además de la mitad del territorio mejicano y el reino del archipiélago de Hawái.
USA veía en el proyecto de Hitler un competidor, un rival a sus propios planes expansionistas.
La Unión Soviética desde el punto de vista de clase era tan enemigo de la Alemania nazi como de Estados Unidos, pero USA no avizoraba en ellos en lo inmediato el mismo espíritu expansionista que el que si percibían en la Alemania nazi, que ya lo había hecho evidente con sus conquistas en gran parte de Europa.
Su razonamiento fue el siguiente, acabaremos con la Alemania nazi y después nos encargaremos de la URSS comunista.
A mí no me agrada reconocer esto, me da coraje, pero al final de los tiempos cumplirían su cometido, la destrucción de la Unión Soviética ha sido la mayor derrota política sufrida por la humanidad desde todo punto de vista y no la famosa implosión de que algunos hablan. Hasta el mismo Putin lo ha reconocido así.
Me pueden acusar de otorgarle demasiados méritos a USA, siendo EEUU ahora un imperio en decadencia, pero en esos tiempos era la potencia emergente.
Hoy día Estados Unidos, con el gobierno racista y supremacista de Donald Trump a la cabeza, lleva adelante la reedición de una historia terrible ya vivida por la humanidad, es el neofascismo, el fascismo del S XXl.
El nazi fascismo ha vuelto, regresa motivado por la revancha, nunca perdonó la derrota propinada por la Unión Soviética en la gran Guerra Patria; y está empeñado en apropiarse de cada vez más gobiernos en Europa y también en América Latina, a quien considera su patio trasero.
Utiliza para ello novedosos métodos que les ha dado tan buenos resultados hasta ahora más allá de los golpes de Estado militares y los conocidos como golpe técnico o lawfare: las revoluciones de colores, primaveras; manipulación de elecciones de diversas formas, entre ellas alterando los resultados, sobre todo los votos en el exterior, manipulación de algoritmos y la influencia mediática del presidente Trump.
(*) Profesor pensionado, articulista costarricense y referente de la izquierda en Costa Rica.
Defender la soberanía frente a la amenaza externa es un derecho. Ninguna potencia debe imponer regímenes, sancionar pueblos o militarizar el continente.
El anuncio de Ortega sobre el muro legal electoral contra el golpismo debe interpretarse dentro de una coyuntura en la que la amenaza intervencionista estadounidense ha aumentado objetivamente.
El Corolario Trump a la Doctrina Monroe de 1823, el Escudo para las Américas, la operación militar contra Venezuela, la coerción energética sobre Cuba y la recientemente inaugurada campaña internacional contra el “terrorismo de extrema izquierda” forman una estructura de presión hemisférica real.
Negarla implicaría ignorar documentos oficiales, operaciones militares, sanciones y mecanismos de vigilancia ya puestos en marcha.
¿Se produce así una espiral: Estados Unidos amplía las nociones de terrorismo y amenaza compartida para justificar su primacía regional; el Gobierno nicaragüense amplía las nociones de golpismo y traición para justificar el cierre interno?
¿Cada polo utiliza los excesos del otro como prueba de la necesidad de sus propias medidas excepcionales?
¿Es posible defender inequívocamente la soberanía de Nicaragua frente a sanciones, operaciones encubiertas o agresiones extranjeras y, al mismo tiempo, sostener que la soberanía pertenece a la sociedad en su conjunto, no solamente al Gobierno?
¿Es posible garantizar que las elecciones ninguna potencia extranjera pueda capturarlas y que ningún poder interno pueda cancelarlas?
Juan Carlos Durán Castro Secretario de Prensa FECTSALUD Julio 17, 2026
Dice la Santa Biblia:
… «La verdad, os hará libres»…
Entonces hay que decir las cosas, desde una mirada que aspire a colocar una versión que arroje luz, entre tanta oscuridad.
Lo cierto es que está en desarrollo y se ha acentuado una táctica y una estrategia de corte neofascista en todo el mundo, corriente que presenta sus características en el continente americano, zona del mundo que representa una gigantesca tabla de salvación para el hoy altamente comprometido y riesgoso hegemón del norte en el contexto del desarrollo de la geopolítica actual y los posibles escenarios de desenlace, que ojalá no terminen con una hecatombe nuclear que arrastre al mundo a una crisis mayor a la actual.
Ahora bien, situémonos en nuestro continente, la reunión a la que asistió Rodrigo Chaves Robles, antes de las elecciones 2026, a Mar-a-Lago, residencia del señor Trump, a la cual se hizo acompañar por la hoy presidenta Laura Fernández Delgado, sin duda alguna debió formular como un eje de trabajo la aspiración de impulsar y gestionar localmente en cada país el control de los poderes judiciales o bien profundizarlo en aquellos en los cuales ese tipo de procesos han avanzado.
En esa ruta el desarrollo de la nueva política de seguridad de los EEUU, que es un documento público, retoma y refresca la doctrina Monroe y la eleva a lo que algunos han denominado su versión 2.0.
Así las cosas, tenemos de regreso una versión tecnofascista del antiguo macartismo para todo el continente, el cual se revela en la cumbre convocada por el señor Marco Rubio, este 15 de julio de 2026 en los EEUU, y se refuerza con la narrativa de este mismo personaje, cuando propone hacer implosionar la Corte Penal Internacional (CPI) y refuerza un marco jurídico internacional favorable a los EEUU, que parte de meter en un solo compartimento a todas las fuerzas antihegemónicas bajo dos palabras de comunicación política, tales como terrorismo y comunismo.
Esto sin duda es una alerta/señal de que el derecho internacional debe ser debilitado al máximo y estar sometido a la doctrina de los EEUU, siendo que detrás de esa gestión política se aspira a obtener impunidad internacional ante el genocidio en Gaza, Irán y un largo etcétera, y los evidentes crímenes de guerra documentados por relatores de la ONU, el más reciente para el caso de Gaza.
Siendo esto así, no es entonces casual que, en el plano local/nacional, el oficialismo rechace sin argumentos válidos las nóminas de las suplencias para la Sala Constitucional, ya que es evidente que se aspira a garantizar la posible impunidad de don Rodrigo Chaves Robles y su estructura paralela en las elecciones pasadas del 2022 y, de paso, «cuidar» al menos 16 curules del oficialismo que presentan denuncias en trámite por presuntos actos de corrupción.
Expuesto de manera general lo anterior, vale la pena reiterar tres elementos que hemos venido formulando desde hace algún tiempo:
1- El país entró en una fase de regresión democrática que tuvo un punto de inflexión a partir del año 2018, en la administración Alvarado Quesada.
2- Ese proceso se profundizó evidentemente a partir de los resultados de las elecciones del 2022 y las señales están más que claras, siendo evidente que el continuismo de doña Laura Fernández Delgado aspira a profundizarlas y
3- Resaltar por último, desde nuestro modesto análisis, que el país está inmerso dentro del desarrollo de esa lógica neofascista actual, recargado ese enfoque con el tecnofascismo de redes y la construcción de posverdades incesantes que distorsionan y atrofian la verdad a cada instante.
Razón por la cual las diferentes resistencias patrias deben realizar el mayor esfuerzo humano posible por construir consensos políticos básicos urgentes.
Teniendo claro eso sí, que en el hoy patrio al menos casi todos los actores y sectores que nos decimos demócratas, patriotas, progresistas, ecologistas, defensores de derechos humanos, católicos, evangélicos o cristianos con enfoque de una opción preferencial por los más pobres, sindicalistas, socialdemócratas y socialcristianos verdaderos, líderes estudiantiles, de grupos de mujeres, colectivos LGBTQ+ y hasta grupos empresariales excluidos por el sistema capitalista y un enorme etcétera, nos han metido en el hoy en una habitación común y compartimos la misma suerte en el plano político por tener un pensamiento crítico antihegemónico, y tal condición creemos, con humildad de rigor, debe ser una condición humana que nos debe impulsar a reforzar las tareas de defensa para aspirar a que Tiquicia siga siendo un país inclusivo y solidario.
“Creo que tendré el honor de tomar Cuba”, dijo el presidente Donald Trump, en marzo pasado. “¡Vea el lugar! Se está cayendo a pedazos, es un desastre”. “Podré hacer lo que yo quiera”.
Dos meses después, el pasado 20 de mayo, cuando los cubanos, en Florida, celebran una fiesta de la independencia, el secretario de Estado, Marco Rubio, de ascendencia cubana, difundió en Youtube un mensaje al pueblo cubano. Ofreció cien millones de dólares en alimentos y remedios, distribuidos por la Iglesia Católica u otras organizaciones no gubernamentales, y una nueva relación con Estados Unidos. Lo único que se interponía en ese camino –aseguró– eran “quienes controlan su país”.
El mismo 20 de mayo, el Departamento de Justicia acusaba al expresidente cubano, general Raúl Castro (94), de asesinato y conspiración para asesinar a ciudadanos norteamericanos. Se trata de una vieja historia, de hace 30 años, cuando la fuerza aérea cubana derribó dos avionetas del grupo opositor cubano “Hermanos al Rescate”, que desde hacía meses operaba desde Florida una campaña contra el gobierno.
La medida, similar a la que antecedió el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, contribuyó a reforzar la presión de la administración norteamericana sobre el régimen cubano.
Para el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, no era más que “otra maniobra política, carente de todo fundamento legal”.
Gaesa y los miles de millones
Rubio exhibió ante los cubanos el éxito y la riqueza de algunos estadounidenses de origen cubano en los Estados Unidos, haciéndoles soñar que algo parecido podría ocurrir a todos, con el cambio de gobierno. Habló de una nueva Cuba, donde todos los cubanos –y no solo Gaesa, la empresa del ejército y del gobierno, o el Partido Comunista– tuvieran un banco, una gasolinera, un restaurant, una constructora, una estación de televisión. Un régimen democrático, como en Jamaica, Bahamas o República Dominicana, cuyos ejemplos exhibió ante los cubanos.
Gaesa, la empresa creada por el gobierno para manejar los recursos de una economía sometida a un bloqueo durante más de 60 años fue acusada de manejar miles de millones, mientras el pueblo sufre severa escasez.
“Mienten una y otra vez, sin ningún pudor, con una desfachatez alarmante”, dijo Díaz Canel.
“Elegir a GAESA como enemigo principal es un golpe brillante”, estimó Fernando Ravsberg, periodista de origen uruguayo que hizo de Cuba su lugar de vida. Con eso “ya no hay que enfrentarse a la revolución, ni al gobierno, sino a un misterioso grupo empresarial ‘un estado dentro de otro estado’ que esconde su dinero mientras el pueblo pasa necesidades”.
“El problema es que hoy no se podrá frenar esta campaña mediática sin transparencia”, dijo Ravsberg. “GAESA debería poder brindar información al pueblo sin necesidad de exponer sus operaciones comerciales o sus socios en el extranjero”. “Esta sería una buena forma de desmontar esta campaña de comunicación que pretende enfrentar a cubanos contra cubanos, mientras las tropas de EEUU esperan el momento de entrar como salvadores”, agregó Ravsberg, uno de los más lúcidos periodistas cubanos, al que un par de vividores de la revolución (alguno ya fallecido) logró que le prohibieran el ejercicio del periodismo.
En su opinión, “Rubio necesita desesperadamente que los cubanos residentes en Cuba salgan a las calles de forma violenta, que la policía los reprima, que haya presos, heridos en los hospitales y muchos muertos”. Entonces, todas las opciones, incluyendo una intervención militar, se harían mucho más viables.
Apretando las tuercas o la amenaza de una intervención militar
Resulta difícil imaginar el desenlace de una situación provocada por un bloqueo que priva a Cuba de toda fuente de energía, desatando una presión inimaginable sobre la vida de la gente (como ya se vive hoy), sin que desate eso una rebelión contra el gobierno cubano.
Por ahora, Rubio apuesta por el alzamiento de una población agotada, sometida a una escasez insufrible y a una pobreza generalizada. ¡Por ahora!
Como lo contaba el New York Times el pasado 20 de mayo, “la gente se refería a una búsqueda diaria de alimentos, ya que era imposible mantener el refrigerador funcionando el tiempo suficiente para congelar la carne o conservar los alimentos frescos”. “Compraban comida en pequeñas cantidades diarias, a precios asequibles: cinco huevos un día, medio kilo de cerdo al día siguiente, un kilo y medio de pollo al otro”.
“La basura se acumula en las calles porque no hay combustible para que los camiones la recojan. Según informes, hay personas que están muriendo o en muy malas condiciones debido a que los generadores de los hospitales están fallando”, resume Vivian Salama, periodista norteamericana, en entrevista a The Atlantic.
“La trayectoria actual corre el riesgo de desencadenar un período prolongado de deterioro humanitario y un sufrimiento lento, sin cambios reales para la gente”, dijo María José Espinosa, “experta en política exterior y directora ejecutiva del Centro para el Compromiso y la Incidencia en las Américas (CEDA)” a la periodista de origen cubano, Carla Gloria Colomé, que escribe para el diario El País.
Díaz Canel recordó la reiteración de la orden ejecutiva que declara Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad de los Estados Unidos. Y la aplicación de “aranceles irracionales” a los países que suministren petróleo a Cuba.
Ni Trump ni Rubio mencionan los efectos del bloqueo económico, que se ha aplicado durante décadas, cada vez más radical, produciendo exactamente lo que Trump señala: un desastre.
Si bien una intervención militar parece improbable, una mayor presión parece segura, mientras Washington trata de obligar el régimen a llegar a un acuerdo, decía la página Gzeromedia, el pasado viernes, 22 de mayo.
El artículo especula con la posibilidad de levantar las sanciones económicas a cambio de la apertura de la economía cubana. Y con un acuerdo que podría implicar la permanencia en el poder de muchos de los mismos gobernantes, “en lugar del cambio radical de régimen que las comunidades cubanas en Miami, e incluso el propio Rubio, podrían desear”.
Una opinión compartida por los académicos norteamericanos William LeoGrande y Peter Kornbluh que, en un artículo en la revista Foreign Affairs, afirman que la administración podría aceptar algo menos que un cambio de régimen.
¿Cómo en Venezuela? Es difícil imaginar algo así en Cuba. Encontrar algún sector del gobierno, o del partido, capaz de reemplazar a las autoridades actuales. Del mismo modo, cuesta imaginar cualquier cambio de gobierno sin que tropas norteamericanas ocupen el país. Y eso es otra cosa. Los cubanos afirman que no podría ocurrir sin un baño de sangre. Y con costos políticos difíciles de imaginar, tanto en Estados Unidos como en América Latina y en el resto del mundo.
Un creyente en el futuro de la isla
No es nueva la aspiración del gobierno norteamericano de ocupar Cuba. Es una vieja historia, de más de un siglo, una aspiración permanente de incorporar la isla como otro estado norteamericano, o como un protectorado, sometido a controles políticos y económicos. Como en el siglo pasado.
La estrategia con respeto a Cuba está definida, además, en documentos como los anunciados por Jorge Mas Santos y la Fundación Cubano-Americana, que él preside.
Hijo de Jorge Mas Canosa (ya fallecido), un histórico dirigente opositor al que se atribuye particular empeño en la promoción de leyes que han radicalizado el embargo norteamericano a la isla, como la Helms-Burton, Mas Santos es un poderoso empresario de la construcción en los Estados Unidos. Y un referente de la oposición, muy cercano al secretario de Estado, al que calificó de “uno de los nuestros aquí en Miami”.
Mas concedió una entrevista a El País desde Miami, un día después de que el director de la CIA, John Ratcliffe, visitara La Habana, para presentar un ultimátum a las autoridades de la isla. La entrevista fue publicada el pasado 16 de mayo, por Iker Seisdedos, a quien Santos había hecho llegar dos documentos: una “Hoja de ruta para una Cuba próspera, democrática y de libre mercado” y un “Proyecto de Ley Fundamental para la transición democrática”.
Mas explica que la Carta “es un marco legal pensado para responder al gran interés de muchos inversores extranjeros que quieren ayudar a reconstruir. Son sugerencias para lo económico, pero también de derechos humanos, que permitan una transición hacia unas elecciones libres y una nueva Constitución”.
“Soy un gran creyente en el futuro de la isla”, afirma Mas a un periodista que (como Colomé y como la línea general de El País), está alineado con la oposición cubana.
Las dimensiones del negocio son enormes. La reconstrucción de Cuba yo la veo “superfácil”. “Hay que propiciar un marco en el que se incentive la inversión extranjera”. “Si hacen falta 40, 50, 60, 70 u 80 mil millones, sea la que sea la cifra, no será un problema”, dice Jorge Mas. Ninguna cifra será un problema.
Esa es la dimensión de los negocios que Mas y sus socios vislumbran en Cuba. Pero ni un centavo para los cubanos que hoy viven en condiciones dramáticas, como las descritas por el New York Times, por The Atlantic, o por el mismo El País, gracias al bloqueo a que tienen sometida la economía de la isla.
Mas está esperanzado. Nunca lo ha visto “tan cerca como ahora”. Gracias al liderazgo del presidente Trump y del secretario Rubio. “Todos esperamos que este sea el tramo final”.
Restablecer su dominio sobre América Latina
Colomé recuerda que Trump ha hablado de restablecer su dominio sobre América Latina, “de la necesidad de controlar lo que pasa en el patio trasero”, como afirmó el profesor de la Universidad de Miami, Michael Bustamante.
Este objetivo está contemplado en la Estrategia de Seguridad Nacional, que la administración norteamericana publicó en noviembre pasado. Un documento público de 29 páginas disponible en inglés para cualquier interesado.
En lo que se refiere al hemisferio occidental, el documento afirma que “tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense”. Este “corolario Trump” de la Doctrina Monroe –afirma– “es una potente restauración del poder y las prioridades norteamericanas, consistente con los intereses de seguridad de los Estados Unidos”.
Es evidente el desafío que esa visión representa para América Latina. Enfrentados a la coyuntura actual, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que la región se enfrenta a la amenaza del retorno de una regla colonial. “No es posible que alguien piense que es dueño de otros países. ¿Qué están haciendo ahora con Cuba? ¿Qué hicieron con Venezuela? ¿Acaso eso es democrático?” se preguntó.
La presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, calificó de “injustas” las sanciones norteamericanas a Cuba y defendió el derecho de su país a seguir prestando ayuda humanitaria y a mantener relaciones comerciales con la isla. Qué sentido tiene que se acuse a Castro por un hecho que ocurrió hace 30 años, se preguntó. “Es una visión de que pueden influir en otros países. Nosotros no estamos de acuerdo con esa visión”.
El colombiano Gustavo Petro calificó “la agresión militar a Cuba como una agresión contra América Latina”.
¿Qué América latina?
¿A qué América Latina se refiere Petro? A una América Latina donde la derecha privatizadora de hace muchos años hace eco, desde el sur, del tono prevaleciente en Washington.
En cada país prevalece, con las características locales, una lucha política donde es esa derecha la que tiene la voz más clara, que sabe mejor lo que quiere, mientras el esfuerzo por construir una alternativa aparece todavía enredado en los hilos de un pasado relativamente reciente, que le aniquiló cuadros, pero, sobre todo, desarticuló el discurso alternativo.
Hay un escenario al que deberíamos poner atención: ¿Qué dice la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el ataque a Venezuela y el secuestro de su presidente? ¿Qué dice sobre el bloqueo a Cuba y la amenaza de invasión? ¡Hay que ver lo activa que está frente a la rebelión popular contra las medidas del gobierno de derecha, de Paz en Bolivia! ¿No sería inútil poner a debate el papel de esa institución para América Latina? Yo creo que sí.
El griterío de los Milei, de los Kast, de los Paz, no revela lucidez. Es muestra del desgaste de un argumento, mientras la falta de una respuesta a la altura alimenta una sensación de desconcierto que sobrevuela el escenario político de América Latina. La única región que parece aun ajena a la búsqueda de su lugar en un nuevo escenario multilateral. Un lugar distinto al que nos amenaza la “regla colonial” a la que hace referencia Lula.
En mayo del presente año 2026, la organización estadounidense RAND Corporation publicó un informe que prendió las alarmas en América Latina. El documento, llamado “Multiplicadores de poder en las Américas”, dice que Estados Unidos debe aumentar su presencia militar, política y de inteligencia en la región para frenar el avance de China, Rusia e Irán.
Aunque el texto habla de apoyo a fuerzas de seguridad, lucha contra el narcotráfico y combate a la corrupción, el mensaje de fondo parece otro, Washington quiere recuperar más control e influencia sobre América Latina.
RAND no es cualquier centro de estudios; desde la Guerra Fría ha trabajado muy cerca del Pentágono y de la política exterior de EEUU. Muchas de sus ideas terminan convertidas en decisiones reales del gobierno norteamericano. Por eso, cuando RAND habla de fortalecer operaciones militares, ampliar la cooperación de seguridad y aplicar estrategias de “guerra irregular”, no se siente como simple teoría, suena más bien como una advertencia política.
Además, el informe aparece en un momento delicado; el gobierno de Donald Trump ha endurecido nuevamente su discurso hacia América Latina, retomando ideas muy parecidas a la vieja Doctrina Monroe, América bajo la influencia de Washington.
En discursos recientes, funcionarios estadounidenses han dicho que China representa una amenaza para el continente y que América Latina debería volver a alinearse con EEUU.
Aunque el informe menciona varios países, Cuba y Venezuela aparecen otra vez como objetivos principales, no es casualidad, ambos gobiernos han mantenido relaciones cercanas con Rusia y China, además de buscar mecanismos económicos alternativos al sistema financiero dominado por EEUU.
RAND señala directamente que Rusia mantiene presencia política y militar en Cuba, Nicaragua y Venezuela, mientras China sigue creciendo mediante inversiones, infraestructura y acuerdos estratégicos.
Pero aquí aparece una contradicción clara; mientras Washington acusa a China de expandir su influencia, EEUU lleva décadas teniendo una presencia mucho más grande en la región, bases militares, cooperación militar, presión económica y acuerdos políticos.
En el caso de Cuba, el tema tiene un peso simbólico enorme; desde 1959, la isla ha sido uno de los pocos proyectos políticos latinoamericanos que ha resistido abiertamente la influencia estadounidense. El bloqueo económico ha golpeado fuerte a la población cubana, especialmente en los últimos años, pero aun así Cuba sigue siendo una referencia política para sectores de izquierda en América Latina.
En marzo de 2026, crecieron rumores sobre posibles acciones militares estadounidenses alrededor de la isla, aunque el Comando Sur negó planes de invasión, reconoció que mantiene capacidad militar activa cerca de Cuba y en la base de Guantánamo.
Eso deja claro que, aunque Washington no hable abiertamente de intervención, la presión militar sigue presente.
El caso venezolano es todavía más complicado; durante años, Venezuela fortaleció sus relaciones con China y Rusia en áreas como petróleo, defensa e infraestructura, esto convirtió al país en un punto clave de la disputa global entre Washington y sus rivales.
Medios internacionales reportaron que, después de operaciones estadounidenses realizadas a comienzos de 2026, contra el liderazgo venezolano, aumentó la presión política y militar sobre el país.
El informe de RAND encaja perfectamente en este escenario; el documento dice que hoy las diferencias entre amenazas estatales y grupos criminales son “difusas”, y esta idea preocupa, porque históricamente ese tipo de discurso ha servido para justificar sanciones, operaciones encubiertas e incluso intervenciones militares.
Esto ya pasó antes en América Latina; durante décadas, EEUU utilizó el argumento de la “seguridad nacional” para intervenir directa o indirectamente en países considerados contrarios a sus intereses. Guatemala en 1954, República Dominicana en 1965, Chile en 1973, Panamá en 1989 y las guerras en Centroamérica durante los años 80 son ejemplos claros.
Hoy el lenguaje cambió, ya no se habla tanto de comunismo, sino de narcotráfico, terrorismo, corrupción o influencia china o rusa; pero la lógica política se parece bastante, presentar una amenaza para justificar más control y presencia militar.
Otro de los temas centrales del informe es China; RAND deja claro que para EEUU el problema ya no es solamente el narcotráfico, sino también el crecimiento económico chino en América Latina.
Según declaraciones recientes del Comando Sur, Washington vigila puertos, proyectos espaciales e infraestructuras ligadas a empresas chinas en varios países latinoamericanos.
Estados Unidos dice que muchas de esas inversiones podrían tener uso civil y militar al mismo tiempo; este discurso recuerda bastante al que se utilizaba durante la Guerra Fría contra la Unión Soviética.
Pero para muchos gobiernos latinoamericanos, China representa otra cosa, financiamiento, comercio e inversiones sin las condiciones políticas tradicionales de Washington o del Fondo Monetario Internacional. Países como Brasil, Perú, Argentina, Bolivia y Venezuela han aumentado mucho sus relaciones con Beijing en los últimos años.
Obvio que China busca influencia, recursos y mercados, pero varios gobiernos de la región consideran que tener relaciones con distintas potencias les da más independencia y reduce la dependencia histórica de EEUU.
Aquí aparece otro tema sensible, la desdolarización. El crecimiento de mecanismos comerciales fuera del dólar preocupa mucho a Washington. Los BRICS y otros espacios internacionales impulsan alternativas financieras que podrían reducir el peso mundial de la moneda estadounidense.
Por eso RAND, insiste tanto en que el Pentágono debe responder también frente a la “presión económica” china y rusa. El problema es que esa lógica puede abrir la puerta a justificar acciones políticas o militares por motivos económicos.
Quizás lo más preocupante del informe es su tono; RAND dice que EEUU debe prepararse para actuar en escenarios de competencia, crisis y “guerra irregular”. También propone aumentar el uso de fuerzas especiales, cooperación militar y mecanismos de seguridad regional.
Al mismo tiempo, funcionarios estadounidenses han dicho recientemente que los carteles del narcotráfico solo pueden enfrentarse con fuerza militar.
Este discurso genera preocupación porque América Latina conoce muy bien las consecuencias de la militarización. La llamada “guerra contra las drogas”, impulsada durante décadas, dejó miles de muertos en países como México y Colombia sin resolver realmente el problema del narcotráfico.
Además, usar el crimen organizado como argumento para aumentar presencia militar extranjera puede terminar debilitando la soberanía de los países de la región.
Muchos analistas creen que detrás de todo esto hay una pelea mucho más grande, el control político y estratégico del continente en medio de la competencia mundial entre Estados Unidos y China.
Lo que está pasando se parece cada vez más a una nueva Guerra Fría, ya no entre capitalismo y socialismo, sino entre un mundo dominado por EEUU y otro más multipolar.
En esta disputa, América Latina vuelve a convertirse en una región estratégica; petróleo, minerales, rutas comerciales, telecomunicaciones y mercados hacen que el continente tenga un valor enorme para las grandes potencias.
Cuba y Venezuela aparecen como símbolos de resistencia frente a la influencia estadounidense, mientras China y Rusia aprovechan las tensiones históricas entre Washington y varios gobiernos latinoamericanos para ganar espacio.
La gran pregunta es si América Latina podrá mantener cierta independencia o terminará atrapada otra vez entre potencias mundiales.
El informe de RAND deja claro que sectores del poder estadounidense creen que llegó el momento de recuperar influencia política y estratégica en el continente, pero América Latina ya no es la misma de hace décadas, hoy existen gobiernos, movimientos sociales y alianzas internacionales que buscan más autonomía.
Por eso, cualquier intento de imponer presión extrema o soluciones militares podría aumentar todavía más la tensión y la inestabilidad en la región.
Al final, detrás de términos técnicos como “asistencia de seguridad”, “guerra irregular” o “multiplicadores de poder”, aparece una realidad vieja y conocida, la pelea por el control político y económico de América Latina sigue viva, y Cuba y Venezuela continúan estando en el centro de esa disputa.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, UCR nboeglin@gmail.com
El pasado 4 de mayo, iniciaron en La Haya, en la majestuosa sala de audiencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), las audiencias orales en el marco del procedimiento contencioso iniciado por Guyana contra Venezuela.
Cabe recordar que la demanda sobre esta antigua controversia territorial irresuelta heredada del siglo XIX, fue presentada formalmente por Guyana ante la CIJ en el mes de marzo del 2018.
Estas audiencias orales constituyen la última etapa procesal de ambos Estados antes de escuchar la lectura final del fallo sobre el fondo por parte de la CIJ.
El contexto político del 2017-2018 en breve
Esta controversia territorial, como tuvimos la ocasión de señalarlo en el 2018, tiene un fuerte olor a petróleo y es posiblemente la primera vez en toda la historia de la CIJ que una empresa petrolera norteamericana anuncia públicamente asumir los costos de la defensa legal de un Estado en La Haya (Nota 1), estimados en unos 15 millones de US$ para cada uno de los Estados (Nota 2).
Como elemento adicional para entender mejor la fuerte contienda entre el secretario de Estado de Estados Unidos en el 2017 (Rex Tillerson) y las máximas autoridades de Venezuela, hay que añadir el siguiente hecho: Venezuela logró en marzodel 2017 que un tribunal arbitral de apelación anulara parcialmente los términos de una decisión inicial de un tribunal arbitral del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estados) del 2014. Esta última condenaba a Venezuela a pagar más de 14.000 millones de US$ a Exxon Mobil y a sus asociados en Venezuela por las nacionalizaciones ordenadas a partir del 2007 (véase texto del laudo). El texto completo de esta segunda decisión del CIADI, de marzo del 2017, muy pocamente divulgada, está disponible en este enlace. Revisar un monto indemnizatorio por más de 14.000 millones de US$ para ordenar en su lugar el pago de 188 millones merecía, en nuestra opinión, una mayor difusión en medios de prensa y en algunos círculos especializados en materia de arbitraje de inversión; además de un estudio pormenorizado sobre el estado de ánimo de los directivos de Exxon Mobil, cuyo CEO fue designado Secretario de Estado en Estados Unidos en enero del 2017 (y “agradecido” vía un simple tweet presidencial en marzo del 2018: véase nota de la BBC).
Si nuestros estimables lectores ignoraban que un tribunal de apelación del CIADI le había dado razón a Venezuela en marzo del 2017 revisando sustancialmente el monto de 14.000 millones fijados previamente como indemnización a Exxon Mobil, no deben preocuparse: usualmente las decisiones del CIADI desfavorables para el inversionista extranjero pasan casi desapercibidas.
Lo que está en juego para Venezuela y para Guyana
El fuerte olor a petróleo probablemente no logre ingresar del todo en la sala de audiencias de la CIJ en La Haya, debiendo cada una de las partes limitarse a invocar aspectos históricos y jurídicos ante los quince jueces de la CIJ para determinar quién tiene la titularidad sobre una superficie de unos 159.000 kilómetros cuadrados.
Mientras que Guyana ha solicitado en su demanda a la CIJ confirmar la plena validez de un laudo arbitral que data de 1899 (véase texto de dicho laudo), muy favorable a Inglaterra, Venezuela cuestiona la validez de esta decisión arbitral, luego de descubrirse en 1949 un documento confirmando el contubernio existente entre el presidente de aquel tribunal arbitral (un ruso) con los integrantes ingleses y norteamericanos del mismo (Nota 3), y luego de suscribir Guyana y Venezuela en 1966 un acuerdo en Ginebra (véase texto) para buscar una solución acordada entre ambos Estados a esta controversia territorial, heredada de la época colonial.
Darle plena validez (o no) a un despojo territorial a Venezuela revestido de laudo arbitral, negociado entre Estados Unidos e Inglaterra al final del siglo XIX, es lo que se discute desde el 4 de mayo del 2026 en La Haya.
Desde el punto de vista territorial, esta controversia constituye un caso atípico: a diferencia de las numerosas controversias territoriales que han sido llevadas al conocimiento de la CIJ desde su creación en 1945, en juego está una extensión de territorio que multiplicaría por más de dos la actual extensión territorial de Guyana.
Mapa de la denominada «Guayana Esequiba», tal y como se designa en Venezuela, extraído de esta nota de prensa titulada «Venezuela acusa a Guyana de depredar territorio en disputa y robar petróleo, gas y oro», El Carabobeño, en su edición del 15 de enero del 2025
No está de más indicar el carácter bastante insólito en cuanto a la composición del tribunal que dictaminó el laudo en 1899 entre Inglaterra y Venezuela en la historia del arbitraje inter-estatal: un ruso (presidente), dos ingleses y dos norteamericanos. Usualmente, en materia arbitral, si el árbitro es un órgano colegial, los dos Estados designan cada uno a juristas de su nacionalidad para integrarlo.
Mientras que Guyana intentará hacer ver algunas contradicciones dentro del aparato diplomático de Venezuela a lo largo de la historia, así como algunas inconsistencias más recientes observadas en la misma defensa de Venezuela desde el 2019 ante la CIJ, varios documentos adicionales de archivos históricos aportados por Venezuela buscarán posiblemente demonstrar el sesgo del procedimiento arbitral «negociado» entre Estados Unidos e Inglaterra a finales del siglo XIX. Es muy probable que Venezuela haga también ver en estas audiencias del 2026 que documentos en posesión de Estados Unidos y del Reino Unido que datan de finales del siglo XIX persisten en la actualidad en no ser desclasificados.
Las audiencias orales en breve
La larga lista de asesores internacionales contratados para la ocasión por Guyana así como por Venezuela aparece en las primeras páginas de los verbatim de este 4 de mayo (véase verbatim correspondiente a la sesión de la mañana y verbatim correspondiente a la sesión de la tarde, correspondientes ambas a la exposición hecha por Guyana).
En el segundo día de audiencias fue Venezuela la llamada a comparecer (véase verbatim de la sesión de la mañana y verbatim de la tarde).
Durante las audiencias orales, el Estado demandante (Guyana en este caso) es el que presentó inicialmente sus argumentos, seguido luego de la exposición oral de los contra argumentos presentados por el Estado demandado (Venezuela); para concluir con una segunda ronda de alegatos de cada una de las dos partes.
Como lo indica la práctica del litigio internacional ante la CIJ, las audiencias orales, que son públicas, permiten conocer los mejores argumentos de cada una de las partes, usualmente invocados tan solamente en este momento procesal y no antes, al constituir las audiencias orales la última recta de un procedimiento contencioso: en efecto, al cabo de estas audiencias, la CIJ entrará a deliberar y a elaborar su fallo final sobre el fondo.
Para esta contienda, cada una de las partes designó a un juez ad hoc, Guyana optando por un jurista alemán, y Venezuela por un jurista belga, quien fungió durante muchos años (2000-2019) como secretario de la misma CIJ.
Este 8 de mayo, Guyana presentó sus alegatos finales y sus conclusiones y petitoria final (estas últimas disponibles en las páginas 66-67 del verbatim). Se prevé que Venezuela hará lo mismo el 11 de mayo cerrando de esta manera estas audiencias e iniciando la CIJ el «délibéré«.
El historial de decisiones de la CIJ entre Guyana y Venezuela (en muy breve)
Cabe recordar que Guyana presentó su demanda inicial el 29 de marzo del 2018 (véase texto), optando en aquel momento Venezuela por no comparecer ante la CIJ, en señal de rechazo a esta acción unilateral de Guyana, desafiando a su manera la autoridad de la CIJ.
En las audiencias orales realizadas en junio del 2020, únicamente participó la delegación de Guyana (véase verbatim) en presencia del juez ad hoc de Guyana, Venezuela optando por no hacerse presente ni designar a un juez ad hoc. ¿Qué ganó Venezuela? No mucho: tuvimos la ocasión de advertir en su momento de lo improductivo que resulta el optar por la no comparecencia en La Haya, al privarse el mismo Estado de presentar sus contra argumentos a los jueces de la CIJ desde un inicio (Nota 4). En julio del 2020, Venezuela remitió una carta a la CIJ (véase texto) con argumentos que debió presentar en las audiencias a las que optó por no participar.
Como previsible, el 18 de diciembre del 2020, la CIJ se declaró competente para conocer la demanda de Guyana (véase sentencia, en particular el párrafo final operativo 138), completada por una decisión adicional en el 2023 al haber Venezuela presentado de manera tardía una excepción preliminar (véase sentencia del 6 de abril del 2023, en particular el párrafo final operativo 108). Habíamos tenido la oportunidad de analizar el verdadero giro en la estrategia legal de Venezuela, observado en el 2022: véase al respecto la sub-sección “La estrategia escogida por Venezuela y el giro operado en junio del 2022” de una nota nuestra (Nota 5).
Es de notar, con relación a la decisión del 18 diciembre del 2020, que fueron cuatro los integrantes de la CIJ en sostener que la CIJ no debía declararse competente: al respecto sus declaraciones y sus opiniones individuales merecen lectura. Tal y como tuvimos la ocasión de indicarlo al analizar esta decisión y revisar la advertencia lanzada por estos cuatro jueces,
«Siendo el principio del consentimiento previo de los Estados la piedra angular sobre la que ha reposado desde siempre la justicia internacional, estos cuatro jueces advierten, cada uno a su manera, del riesgo que conlleva para la credibilidad de la CIJ el razonamiento seguido por la mayoría de sus colegas en este fallo» (Nota 6).
En una decisión posterior preliminar (ordenanza), la CIJ respondió afirmativamente a una solicitud de medidas provisionales de carácter urgente, interpuesta por Guyana contra Venezuela, al anunciar Venezuela proceder a una consulta popular dentro del territorio en disputa (véase ordenanza del 1ero de diciembre del 2023, en particular el párrafo operativo final 45).
El plazo que separa una demanda de la lectura de una sentencia de la CIJ sobre el fondo
La indecisión inicial de Venezuela, aunada a la presentación tardía de excepciones preliminares de su parte, explica el extenso tiempo que separa estas audiencias orales sobre el fondo (mayo del 2026) de la demanda inicial interpuesta por Guyana (marzo del 2018).
Usualmente, si no hay incidentes procesales de este tipo (presentación de excepciones preliminares, solicitud de medidas provisionales, …), el plazo entre una demanda contenciosa y la lectura de un sentencia sobre el fondo es de unos cuatro años e incluso menos: fue, por ejemplo, el caso de la demanda interpuesta por Costa Rica contra Nicaragua sobre derechos de navegación en el Río San Juan, interpuesta en noviembre del 2005 y resuelta por la CIJ en el mes de julio del 2009 (véase sentencia), de manera muy desfavorable para Costa Rica (Nota 7). De igual manera, la demanda de Costa Rica contra Nicaragua en materia de delimitación marítima presentada en febrero del 2014 fue resuelta en febrero del 2018 (véase sentencia de la CIJ).
En cambio, cuando el Estado demandado recurre a diversos incidentes procesales y además, solicita la intervención de Estados terceros que acceden a intervenir de manera tardía, el plazo se extiende significativamente: fue el caso de la demanda interpuesta en diciembre del 2001 por Nicaragua contra Colombia con relación al sus derechos en el Mar Caribe, resuelta tan solo en el mes de noviembre del 2012 (véase sentencia). Nótese que a raíz de este fallo, Colombia procedió a hacer algo que nunca ningún Estado había hecho: denunciar un emblemático tratado que lleva el nombre de su capital. Al respecto, tuvimos la ocasión de señalar que:
» Ce retrait de la part de la Colombie du Pacte de Bogota ressemble davantage à un coup de tête et à une manœuvre politique pour répondre à la frustration de l´opinion publique colombienne qu´à un acte juridique raisonné et raisonnable. Il serait d´ailleurs souhaitable de comparer cette attitude à d´autres modalités prises par des Etats « à chaud » suite à une décision de la CIJ considérée comme leur étant défavorable (notamment lorsqu´il s´agit d´un Etat puissant au plan militaire ou économique qui voit ses ambitions limitées para une décision de la CIJ à la demande d´un Etat qui l´est beaucoup moins). Au-delà de cet exercice de politique juridique comparée, il sied de noter qu´avec ce retrait, la Colombie devient probablement le premier Etat au monde à dénoncer un traité international portant le nom de sa capitale » (Nota 8).
A modo de conclusión
Esta recta final de este procedimiento contencioso debería permitir a la CIJ pronunciarse sobre una de las últimas controversias territoriales no resueltas en el continente americano, heredada del siglo XIX entre Venezuela e Inglaterra, con una decisión arbitral bastante cuestionable, dictaminada en 1899 en favor de Inglaterra.
Cabe recordar que es precisamente a raíz de esta mala experiencia vivida en 1899 en materia arbitral, y la sensación de haber sido burlada, que Venezuela históricamente se ha mostrado extremadamente reticente y distante con la justicia internacional de La Haya: esta posición explica que, pese a haber firmado el Pacto de Bogotá en 1948, Venezuela nunca lo haya ratificado (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).
Es de notar que la situación de indeterminación entre Guyana y Venezuela sobre la titularidad de esta extensa zona boscosa desde hace tantos años, ha permitido frenar cualquier megaproyecto de inversión y frenar los apetitos de unos y otros por explotar los recursos naturales existentes, resguardando de esta manera la prodigiosa biodiversidad existente y los paisajes naturales de lo que en Venezuela se denomina la “Guayana Esequiba”.
Foto de las cataratas de Kaieteur en el río Potaro, región que en Venezuela se denomina la «Guayana Esequiba». Imagen extraída de esta nota de prensa titulada «El Esequibo, una joya inundada de petróleo que se disputan Venezuela y Guyana», El Clarín, edición del 29/06/2020. Un video sobre estas majestuosas cataratas está también disponible en este enlace.
Es de notar que el 3 de enero del 2026, Venezuela sufrió una agresión militar y el secuestro de su máxima autoridad por parte de Estados Unidos, en abierta violación a las reglas más elementales del ordenamiento jurídico internacional (Nota 9): a la fecha (mayo del 2026), Venezuela no ha considerado oportuno presentar ninguna acción contra Estados Unidos, ni ha propuesto un solo proyecto de resolución en Naciones Unidas a ser votado en la Asamblea General o a discutirse en el Consejo de Seguridad (de manera a exponer a la delegación de Estados Unidos). Una actitud que contrasta singularmente con la de Ucrania, que luego de la agresión militar que inició Rusia en su contra el 24 de febrero del 2022, ha recurrido a los diversos órganos de Naciones Unidas, así como a la CIJ e incluso a la Corte Penal Internacional (CPI); ello sin olvidar de mencionar, más cerca de nosotros, la ejemplar batalla legal que Nicaragua emprendió en La Haya en los años 80 contra Estados Unidos por adiestrar, financiar y asesorar militarmente a fuerzas contra insurgentes desde Costa Rica y Honduras, logrando obtener a su favor una histórica decisión de la CIJ condenando a Estados Unidos (véase sentencia de junio de 1986).
En sus alegatos ante los jueces de La Haya, Venezuela invocó los efectos negativos de la doctrina Monroe del siglo XIX, que explican la forma expedita y sumamente sospechosa con la que el tribunal arbitral resolvió la controversia entre Inglaterra y Venezuela en 1899. Al ser la Venezuela del 2026 víctima de la denominada doctrina Donroe, la referencia hecha no deja de ser llamativa.
Cabe también señalar que estas audiencias orales de este mes de mayo del 2026 fueron precedidas de unas pocas semanas por el 80 aniversario de la CIJ, una fecha pasada prácticamente desapercibida en América Latina y en otras latitudes del mundo, tal y como tuvimos la ocasión de señalarlo en una nota al respecto (Nota 10).
No está de más precisar que, en el marco de la contienda de Irán contra Estados iniciada en el 2018 para recuperar los activos iraníes congelados en bancos norteamericanos, en el 2023, la CIJ le dio la razón a Irán, y, el 25 de febrero del 2026, la CIJ inició la fase de compensación mediante una ordenanza (véase texto en francés y en inglés): tres días después, Estados Unidos e Israel iniciaron su improvisada acción militar contra Irán.
– – Notas – –
Nota 1: Tuvimos la ocasión de señalar en una nota nuestra que: «es de notar que los costos de Guyana en La Haya serán cubiertos por la empresa norteamericana Exxon Mobil (véase nota de prensa del medio guyanés Oilnow). Es probablemente la primera vez en la historia de la CIJ que una empresa privada hace público su intención de sufragar los gastos de defensa en La Haya de un Estado (y que este último consiente a ello). En este caso, las autoridades guyanesas estiman el costo en La Haya en unos 15 millones de US$ (véase nota de prensa y este artículo en el que se hacen interesantes preguntas sobre el monto y los tiempos con los que fue anunciada la contribución de la empresa petrolera). En esta nota oficial del 28 de abril del 2018 de las autoridades de Guyana, se precisa que «Government had announced that some US$15M of the US$18M signing bonus received from ExxonMobil in 2016 will be used as payment for services relative to the ICJ case»«: véase BOEGLIN N., «.La ordenanza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con relación a la súbita demanda de Guyana contra Venezuela: apuntes», 2 de julio del 2018. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 2: En el 2018, en Chile se estimó a 24 millones de US$ lo gastado para enfrentar la demanda interpuesta por Bolivia ante la CIJ (véase nota de prensa y esta otra publicada en Bolivia). Por su parte, Colombia, al obtener el retiro de la demanda planteada por Ecuador ante la CIJ por aspersiones químicas aéreas interpuesta en el 2008, optó por depositar a Ecuador en el 2013 la suma de 15 millones de US$ (que incluye, entre otros, los gastos de Ecuador en el procedimiento ante la CIJ – ver punto 9 del acuerdo entre Colombia y Ecuador del 9/09/2013)
Nota 3: Ante los jueces de la CIJ, este 6 de mayo, uno de los asesores legales de Venezuela explicó que: «Le fait est que c’est à partir de ce mémorandum que le Venezuela a considéré qu’il disposait d’une première preuve directe de ce qui n’était jusque-là que rumeurs, à savoir que l’arbitrage de 1899 était une sordide farce. La question de la solidité de cette preuve est indifférente à cet égard mais, et j’y reviendrai, le témoignage de Mallet-Prevost est inattaquable quant aux faits qu’il décrit, comme le professeur Tams l’a déjà démontré» (véase verbatim del 6 de mayo, página 62). Indicó además que «81. N’en déplaise au Guyana, le mémorandum Mallet-Prevost a changé le cours des choses en ouvrant la voie vers la mise à jour d’un ensemble de preuves des malversations dont le Venezuela avait été victime. C’est de là qu’apparut au grand jour la monstruosité de ce prétendu arbitrage. La première preuve, largement confirmée par la suite, était apportée, que le défaut de motivation ne cachait pas des motivations non dites, ce à quoi, dans le doute, l’on aurait pu croire ; non, il n’y avait aucune motivation, la sentence était le fruit d’une extorsion pure et simple d’un président de tribunal avide d’une gloire personnelle qu’il plaçait dans l’obtention, à tout prix, et surtout au détriment de tout fondement juridique, d’une décision unanime attribuant les mines d’or aux Anglais» (páginas 69-70).
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Esequibo: Venezuela anuncia que no participará ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 28 de junio del 2018. Texto integral disponible en este enlace. Tuvimos la oportunidad de analizar la no comparecencia posterior, registrada en La Haya: se trata de la no comparecencia de Rusia ante la demanda interpuesta en su contra por Ucrania en febrero del 2022. Véase al respecto BOEGLIN N., «La fuerza del derecho ante el derecho a la fuerza (el caso de Ucrania y Rusia). A propósito de la no comparecencia de Rusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, Portal de la UCR, 23 de marzo del 2022. Texto disponible aquí. Sobre la no comparecencia de Venezuela en el 2018, véase también WENTKER A., «Venezuela’s Non-Participation Before the ICJ in the Dispute over the Essequibo Region«, EJIL-Talk, 28 de junio del 2018. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 5:: Véase BOEGLIN N., “La Corte Internacional de Justicia (CIJ) adoptó una nueva ordenanza sobre el conflicto territorial entre Guyana y Venezuela”, Portal de la UCR, Sección Voz Experta, 4 de julio del 2022. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Guyana / Venezuela: a propósito de la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que se declara competente«, 18 de diciembre del 2020. Texto integral disponible en este enlace. Las conclusiones de un extenso análisis de esta decisión de la CIJ de diciembre del 2020 publicado en Francia no auguran una resolución definitiva de esta larga controversia territorial entre Guyana y Venezuela: véase GRANDAUBERT V., «L’arrêt sur la compétence de la Cour internationale de Justice du 18 décembre 2020 en l’affaire de la Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 : vers un règlement définitif du différend territorial entre le Guyana et le Venezuela » ?«, Annuaire Français de Droit International (AFDI), Volumen 66 (2020), pp. 357-373, p. 373.
Nota 7: Si se revisan las atribuciones reconocidas a Costa Rica en materia de vigilancia y «guarda» del Río San Juan en el tratado Cañas Jerez de 1858, si se revisa lo que Nicaragua aceptó durante buena parte del siglo XIX y XX en cuanto a la práctica y las modalidades de estas funciones policiales costarricenses en este río fronterizo, y en particular en la época reciente, en el acuerdo Cuadra-Lizano de 1998 (véase texto), el hecho que Costa Rica presentara una demanda contenciosa contra Nicaragua en noviembre del 2005 para escuchar por parte de la CIJ lo que dice el párrafo 156, inciso 2, punto h) e i) (tomados ambos por unanimidad) de la sentencia de julio del 2009 (véase texto), prohibiéndole a Costa Rica cualquier uso policial del Río San Juan … resulta todo menos un éxito para la diplomacia de Costa Rica. En un artículo publicado en noviembre del 2005 en La Nación, nos permitimos advertir sobre la gran experiencia de los «Concejales de la Corona» de Nicaragua en la CIJ en el arte del litigio internacional, quienes ridiculizaron a Estados Unidos (1986) y se disponían a poner en su lugar a Honduras y a Colombia en el Mar Caribe, tal y como ocurrió (en sentencias del 2007 y del 2012 respectivamente): al parecer esta advertencia bastante tempranera no causó mayor interés dentro del aparato diplomático costarricense y estos mismos «Concejales de la Corona» de Nicaragua hicieron lo suyo con las pretensiones de Costa Rica en materia policial. Acatada esta sentencia de la CIJ del 13 de julio del 2009 bastante desfavorable para los intereses costarricenses, Costa Rica evidenciaría enormes dificultades logísticas pocos meses después, en el 2010, para vigilar correctamente lo que ocurre en su frontera con Nicaragua.
Nota 8: Véase BOEGLIN N., «Le retrait du Pacte de Bogota par la Colombie«, texto publicado por el OPALC (Sciences Po, Paris), diciembre del 2012. Texto integral disponible en este enlace. En el 2013, el presidente de Colombia arremetió nuevamente contra la sentencia de la CIJ, con una verborrea y una gestual corporal evidenciando su profunda exasperación como jefe de Estado. Véase al respecto BOEGLIN N.,»La décision de la Colombie de déclarer « non applicable » l´arrêt de la CIJ : brèves réflexions«, SFDI, Bulletin Sentinelle, 2013. Texto disponible en este enlace.
Nota 9: Véase BOEGLIN N., «Estados Unidos / Venezuela: las diversas reacciones oficiales registradas en América Latina ante primera la intervención militar norteamericana en América Latina del siglo XXI«, 3 de enero del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 10: Véase BOEGLIN N., «Los 80 años de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya: algunas reflexiones«, 23 de abril del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Cuando la Doctrina Monroe vuelve a hablar: lenguaje, poder y soberanía en el hemisferio. A propósito del discurso del secretario de Guerra de Estados Unidos Pete Hegseth en la Conferencia de las Américas contra los Cárteles del 5 de marzo de 2026.1
1 Este es un ejercicio de lectura crítica sobre el discurso de seguridad hemisférica actual.
1. Introducción: cuando el lenguaje reorganiza la realidad1
El discurso que aquí se analiza fue pronunciado por el secretario de Defensa de Estados Unidos en el marco de una convocatoria impulsada por el presidente Donald Trump en Florida, en la que participaron diversos presidentes y ministros de seguridad de América Latina y el Caribe.
El encuentro tenía como objetivo articular una estrategia regional de seguridad —incluido el denominado “Escudo de las Américas”— orientada a fortalecer la lucha contra los carteles y otras amenazas transnacionales.
El contexto no es menor. Se trata de un momento de reconfiguración geopolítica, en el que se redefinen alianzas, amenazas y marcos de acción en el hemisferio. El emisor habla desde una posición de poder estatal con capacidad de incidir materialmente en la región, mientras que los receptores —autoridades políticas y de seguridad— son potenciales traductores institucionales de ese discurso.
En este punto, una pregunta resulta inevitable: ¿qué sentido tiene realizar un análisis de este tipo?
La interrogante no es menor. A primera vista, podría parecer que se trata de un ejercicio meramente interpretativo, sin consecuencias prácticas inmediatas. Sin embargo, en contextos como el actual, los discursos no son simples declaraciones. Funcionan como dispositivos que orientan decisiones, legitiman políticas y delimitan lo que aparece como posible o necesario.
Analizar un discurso de esta naturaleza no es, por tanto, un ejercicio teórico abstracto. Es una forma de intervenir críticamente en las condiciones mismas en que se toman decisiones públicas.
Para América Latina, esta cuestión adquiere una relevancia particular. Históricamente, la región ha sido escenario de múltiples formas de influencia externa, muchas de ellas justificadas precisamente a través de narrativas que apelan a la seguridad, el orden o la estabilidad. En ese sentido, comprender cómo se construyen esas narrativas permite también reconocer sus implicaciones políticas.
En el caso de Costa Rica, el análisis resulta especialmente significativo. Se trata de un país cuya tradición política se ha construido en torno a la institucionalidad democrática, el derecho internacional y la ausencia de fuerzas armadas. La incorporación acrítica de marcos discursivos que privilegian la lógica de seguridad militarizada no es un movimiento neutro: puede implicar transformaciones profundas en la forma en que se conciben la seguridad, la soberanía y el papel del Estado.
Hay discursos que no necesitan exagerar para ser efectivos. Les basta con organizar cuidadosamente el lenguaje. No se imponen por la fuerza de sus afirmaciones, sino por la forma en que seleccionan, ordenan y silencian. En consecuencia, este trabajo parte de una hipótesis: “la eficacia del discurso analizado no radica en su contenido explícito, sino en su arquitectura semántica”.
Debemos tener claro, entonces, que hay discursos que no solo buscan persuadir: buscan reorganizar el mapa mental desde el cual una sociedad decide qué teme, qué tolera y qué está dispuesta a aceptar en nombre del orden. El discurso de Pete Hegseth pertenece a esa clase de discursos.
Su relevancia no radica únicamente en sus afirmaciones explícitas, sino en algo más profundo: en la forma en que articula una nueva gramática política para el hemisferio. Bajo el lenguaje de la seguridad, la cooperación y la defensa, se perfila una reconfiguración de las relaciones entre Estados que merece ser examinada con cuidado. Es en este sentido, que este trabajo propone una lectura distinta: no centrada en la reacción inmediata, sino en el análisis de las estructuras semánticas y discursivas que sostienen el mensaje.
2. Enfoque metodológico
El análisis se inscribe en el campo del análisis crítico del discurso. No se trata de determinar si el texto es verdadero o falso, sino de identificar: a. los nudos semánticos que organizan su coherencia, b. las operaciones lingüísticas que permiten su funcionamiento, c. los desplazamientos conceptuales que produce, d. y los silencios estructurales que lo hacen posible. En consecuencia, se procedió mediante: a. Identificación de unidades discursivas clave, b. análisis de su textura lingüística, c. reconstrucción de efectos de sentido, d. identificación de ausencias significativas y e. la confrontación con referentes empíricos
3. Nudos semánticos del discurso
Cuadro 1. Síntesis estructural
NUDO
OPERACIÓN
EFECTO
Nativos
Desplazamiento
Identidad sobre ciudadanía
Soberanía
Redefinición
Tutela implícita
Inclusión
Reconfiguración
Jerarquía
Seguridad
Expansión
Militarización
Narco-comunismo
Hibridación
Enemigo total
Víctima
Narrativa
Excepcionalidad
3.1 El sujeto que desaparece
Cuando el texto habla de “nativos de distintos estados actuando juntos por primera vez” (traducción libre del autor), no utiliza términos como “ciudadanos” o “pueblo”. La elección no es menor. La palabra “nativos”, en este contexto, remite más a origen, pertenencia y arraigo que a ciudadanía política moderna. El desplazamiento es claro: del sujeto jurídico al sujeto identitario. La comunidad deja de aparecer como una construcción política deliberativa y pasa a ser un cuerpo orgánico, definido por herencia y destino compartido. En este sentido, el sujeto del discurso no es el ciudadano deliberante, sino la comunidad cohesionada frente a la amenaza.
3.2 La soberanía que se redefine
El discurso afirma que la región debe estar compuesta por “naciones soberanas fuertes” (traducción libre del autor). Sin embargo, esa afirmación convive con la definición del hemisferio como espacio de interés estratégico de Estados Unidos. Aquí no hay una negación explícita de la soberanía. Hay una operación más sutil: Se mantiene como término, pero se redefine en su contenido, de manera que la soberanía se afirma pero dentro de un marco previamente delimitado. No desaparece, pero se condiciona.
3.3 Inclusión y jerarquía
El texto apela a fórmulas como “nuestra nación y las suyas” y a la idea de “poner a América, a los estadounidenses y a las Américas en primer lugar” (traducción libre del autor). Tampoco esta inclusión no es neutral. Los Estados Unidos se presenta simultáneamente como parte del conjunto y como su punto de referencia, ya que habla desde el hemisferio, pero también lo organiza. De esta manera, la inclusión retórica encubre una asimetría estructural.
3.4 La militarización del lenguaje
Expresiones como “paz mediante la fuerza” y la necesidad de restaurar un “ethos del guerrero” (traducción libre del autor) introducen una forma específica de comprender el orden político. Los problemas sociales se traducen en términos bélicos. Y en este desplazamiento ocurre algo decisivo: Desaparece el lenguaje civil del conflicto (salud pública, prevención, institucionalidad o desarrollo social). Si todo es guerra, lo que no es guerra deja de ser visible.
3.5 El enemigo como construcción total
El uso de categorías como “narco-comunismo” (traducción libre del autor) no describe una realidad empírica precisa. Funciona como una hibridación semántica que fusiona: crimen, ideología y amenaza externa que produce un enemigo sin límites claros. Y cuando el enemigo es total, la respuesta tiende a justificarse como igualmente total.
3.6 Victimización y excepcionalidad
El discurso presenta un escenario de asedio: crimen organizado, migración incontrolada, drogas y amenazas externas. Esto permite una operación estructural: la acción se presenta como defensa y la expansión como necesidad donde la posición de víctima habilita la excepcionalidad.
4. Lo que el discurso no dice
Cuadro 2. Lo dicho y lo insinuado
LO DICHO
LO INSINUADO
PREGUNTA
“nativos”
comunidad orgánica
¿dónde está el ciudadano?
“soberanía”
subordinación
¿quién decide?
“cooperación”
asimetría
¿entre iguales?
“seguridad”
guerra
¿qué queda fuera?
El análisis de estas ausencias permite observar que el discurso no solo organiza lo que se dice, sino también lo que queda fuera del campo de lo pensable. Desaparece el ciudadano como sujeto político central. Se diluye la complejidad social de los fenómenos. Se omiten antecedentes históricos relevantes y se reduce el campo de respuestas posibles. En conjunto, estos silencios no constituyen omisiones accidentales. Son condiciones estructurales del discurso.
5. Confrontación con la realidad
Al contrastar el discurso con referentes empíricos, emergen tensiones que permiten matizar sus presupuestos centrales.
En primer lugar, la idea de que la militarización constituye una respuesta eficaz frente a fenómenos como el narcotráfico no encuentra respaldo concluyente en la experiencia regional. Tras décadas de “guerra contra las drogas”, particularmente en países como Colombia, los enfoques centrados en la interdicción, la erradicación forzada y la cooperación militar no han logrado resolver el problema estructural de la producción y tráfico de sustancias ilícitas. Por el contrario, diversos análisis señalan la persistencia —e incluso reconfiguración— de estas economías ilícitas, a pesar de la intensificación de la presencia militar y de seguridad en la región.
En esa misma línea, la instalación de infraestructura y cooperación militar extranjera no ha demostrado efectos sostenidos en la reducción de la violencia o del tráfico de drogas. El caso de la base de Manta en Ecuador, operativa durante una década como parte de la estrategia regional antidrogas, no produjo mejoras significativas en los indicadores de seguridad, lo que ha llevado a cuestionar la eficacia de este tipo de medidas.
En segundo lugar, las categorías empleadas en el discurso —como aquellas que combinan fenómenos distintos bajo denominaciones unificadas— tienden a simplificar realidades complejas. La experiencia histórica muestra que los fenómenos asociados al narcotráfico, la violencia y la conflictividad social responden a dinámicas económicas, políticas y territoriales diversas, que difícilmente pueden ser abordadas mediante enfoques homogéneos.
Finalmente, la idea de una cooperación hemisférica simétrica también encuentra límites en la trayectoria histórica de la región. Diversos episodios evidencian relaciones marcadas por asimetrías estructurales, en las que la política exterior y de seguridad de Estados Unidos ha incidido de manera determinante en los procesos internos de los países latinoamericanos.
El caso del embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba desde 1962 —considerado el más prolongado de la historia contemporánea— constituye un ejemplo paradigmático de relaciones estructuralmente asimétricas, con efectos sostenidos sobre la economía y la vida cotidiana en la isla.
A ello se suma una serie de intervenciones políticas y militares a lo largo del siglo XX que han incidido directamente en los procesos internos de diversos países latinoamericanos. Casos ampliamente documentados, como el derrocamiento del gobierno de Jacobo Árbenz en Guatemala (1954) o el de Salvador Allende en Chile (1973), así como el respaldo a regímenes autoritarios en el Cono Sur durante las décadas de 1960 y 1970, evidencian una constante en la política hemisférica: la disposición a intervenir en contextos considerados estratégicos.
El caso del escándalo Irán-Contra en la década de 1980 —que involucró operaciones encubiertas, financiamiento irregular y vínculos con redes ilícitas— constituye un ejemplo paradigmático de estas dinámicas complejas.
Más recientemente, episodios como la operación militar estadounidense en Venezuela en 2026 —que incluyó bombardeos en Caracas y la captura del presidente Nicolás Maduro— evidencian el grado de conflictividad y unilateralidad que puede alcanzar la política hemisférica. La interpretación de estos hechos, sin embargo, forma parte de una disputa política y jurídica más amplia, lo que refuerza la necesidad de analizarlos críticamente.
Ahora bien, más que agotar el inventario de episodios históricos, lo relevante es advertir la regularidad de ciertas dinámicas. Las intervenciones, directas o indirectas, que han marcado la relación hemisférica no han producido, en términos generales, beneficios sostenidos para las sociedades latinoamericanas, sino que han tendido a favorecer intereses estratégicos externos y a reforzar estructuras de poder preexistentes.
Por otro lado, en un contexto global caracterizado por el desplazamiento progresivo del hegemonismo estadounidense hacia un escenario de mayor dispersión del poder, los intentos por reafirmar su influencia en el continente americano resultan, en términos estratégicos, comprensibles. Sin embargo, la forma en que dicha reafirmación se articula merece una lectura crítica.
En efecto, la apelación a la cooperación regional en materia de seguridad —particularmente en torno a la lucha contra los carteles de la droga— puede funcionar como un dispositivo de legitimación de estrategias que, en la práctica, reproducen relaciones asimétricas. La construcción de amenazas compartidas facilita la alineación política, pero también puede operar como mecanismo de reorganización del poder en el hemisferio.
Esta dinámica se vuelve especialmente problemática cuando se considera una tensión estructural difícil de soslayar: Estados Unidos continúa siendo uno de los principales mercados de consumo de drogas a nivel global. En ese sentido, la persistencia del fenómeno no puede explicarse únicamente desde la oferta, ni resolverse exclusivamente mediante estrategias centradas en la intervención externa.
La ausencia de un abordaje integral que incluya las dinámicas internas de consumo introduce una disonancia que debilita la coherencia del discurso. En este marco, la lucha contra el narcotráfico corre el riesgo de convertirse menos en una solución estructural y más en un eje discursivo que permite articular agendas de seguridad con efectos geopolíticos más amplios.
Esta tensión adquiere una dimensión aún más compleja si se consideran las prioridades en la asignación de recursos. En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha destinado sumas multimillonarias al financiamiento de conflictos internacionales y al sostenimiento de alianzas estratégicas en distintos escenarios geopolíticos.
Al mismo tiempo, persisten en su propio territorio problemáticas sociales de gran magnitud, particularmente asociadas al consumo de opioides y drogas sintéticas, que han sido calificadas como una crisis de salud pública. A ello se suman niveles significativos de población en situación de calle y acceso desigual a servicios de salud y atención social.
Sin necesidad de establecer relaciones causales simplistas, la coexistencia de estas dos dimensiones introduce una pregunta relevante: ¿en qué medida las estrategias de seguridad proyectadas hacia el exterior se articulan con —o se desvinculan de— las problemáticas internas que contribuyen a sostener los fenómenos que se pretende combatir?
Plantear esta cuestión no implica desconocer la complejidad de los escenarios internacionales, sino advertir que la eficacia de cualquier estrategia hemisférica depende también de la coherencia entre sus dimensiones internas y externas.
No reconocer esta trayectoria en el contexto actual implicaría asumir el presente como si se tratara de un punto de partida neutral. Y ese, precisamente, es el riesgo: confundir la novedad del discurso con la ausencia de antecedentes. En ese sentido, el análisis no busca clausurar posibilidades, sino evitar una forma de ingenuidad que, históricamente, ha tenido costos significativos para la región.
6. Objeción: la racionalidad de la cooperación
Una objeción razonable podría formularse así: ¿qué tiene de problemático formar parte de una estructura hemisférica liderada por Estados Unidos, considerando los beneficios en comercio, cooperación, educación e intercambio cultural? La pregunta es válida, y precisamente por eso exige precisión. El problema no radica en la relación en sí misma, sino en su redefinición. Cuando la cooperación se formula en términos de seguridad estratégica, su naturaleza cambia: deja de ser relación entre iguales y adquiere una estructura jerárquica.
7. Conclusión
El riesgo no es la existencia de alianzas ni de cooperación internacional. El riesgo es la transformación silenciosa de esas relaciones en marcos donde ciertas categorías —seguridad, soberanía, cooperación— adquieren significados distintos sin ser discutidos. El desafío, entonces, no es rechazar ni aceptar de manera automática, sino comprender. Porque solo cuando se comprende cómo opera un discurso, se recupera la posibilidad de decidir frente a él.
Para Costa Rica, cuya tradición política se ha construido en torno a la paz, el derecho internacional y la institucionalidad democrática, este tipo de discursos plantea interrogantes relevantes. La adopción acrítica de una gramática de seguridad militarizada no es neutra. Puede implicar transformaciones en la forma en que se entienden la soberanía, la seguridad y el papel del Estado.
1 El planteamiento de que ciertos discursos no requieren exageración para ser efectivos puede sostenerse desde diversas tradiciones del análisis del discurso. Como ha señalado Michel Foucault (1971), el poder discursivo no reside únicamente en lo que se afirma, sino en la capacidad de delimitar el campo de lo decible y lo pensable. En esa misma línea, Teun A. van Dijk (1998), ha mostrado que la influencia del discurso se ejerce a través de la organización de estructuras cognitivas —temas, énfasis y omisiones— que orientan la interpretación del receptor. A ello se suma la noción de poder simbólico de Pierre Bourdieu (1991), según la cual los discursos más eficaces no son los más explícitos, sino aquellos que logran naturalizar sus categorías como evidentes. Finalmente, desde la teoría del framing, George Lakoff (2004), ha demostrado que quien define los marcos lingüísticos condiciona la percepción de la realidad, haciendo innecesaria la exageración. En conjunto, estas perspectivas permiten sostener que la eficacia de un discurso no depende de la intensidad de sus afirmaciones, sino de su capacidad para seleccionar, ordenar y silenciar elementos, configurando así un horizonte de interpretación.
El planteamiento atribuido al presidente Trump de extender conceptualmente “América del Norte” hasta Ecuador no debe leerse como un acto geopolítico en sentido estricto, sino como una operación discursiva que intenta reconfigurar la percepción del espacio más que su realidad material. En ese marco, ninguna declaración unilateral tiene la capacidad de alterar la estructura geográfica ni las identidades históricas que configuran América del Norte, Centroamérica y Sudamérica como regiones diferenciadas.
Sin embargo, reducir este tipo de afirmaciones a mera irrelevancia sería un error político. Lo que sí revelan es la persistencia de una visión estratégica en Estados Unidos que concibe el hemisferio como un espacio prioritario de influencia. Esta lógica remite, a la añeja Doctrina Monroe. La diferencia fundamental es que esa concepción ya no opera en condiciones de hegemonía incontestada.
El sistema internacional actual se caracteriza por una creciente tendencia a la existencia de diversos centros de poder (multipolaridad), en la que actores como Xi Jinping y Vladimir Putin han contribuido a erosionar la capacidad de EEUU para imponer unilateralmente sus definiciones del orden internacional y la geografía.
En este contexto, las esferas de influencia no desaparecen, pero se vuelven más porosas, disputadas y sujetas a negociación. América Latina, por tanto, ya no se encuentra estructuralmente confinada a una única lógica de alineamiento, sino que dispone de márgenes, aunque condicionados, para diversificar sus vínculos y afirmar grados relativos de autonomía y neutralidad.
Las reacciones frente a este tipo de planteamientos suelen caer en dos errores simétricos. Por un lado, cierta izquierda tradicional tiende a sobredimensionar el alcance del discurso, interpretándolo automáticamente como una manifestación de imperialismo efectivo y militarista, sin distinguir entre intención y capacidad real de cambiar algo en lo concreto.
Por otro, algunos actores políticos lo instrumentalizan en clave interna para sacar rédito personal, sin comprender que se trata más de una narrativa de posicionamiento que de una transformación concreta del orden regional. En ambos casos, se pierde de vista el elemento central: la distancia entre el lenguaje del poder y su materialización. Trump es un bravucón.
Una lectura realista y critica obliga a reconocer que las potencias siempre intentan expandir su influencia también en el plano simbólico, pero que dicha expansión solo se consolida si encuentra condiciones estructurales favorables. Aquí si, el gobierno actual y el que viene son el verdadero peligro para el país, no los gringos, ya que son las autoridades locales las que abren o no las puertas a este tipo de interferencias externas.
Por eso este tipo de afirmaciones deben ser entendidas con precisión crítica: son expresiones de una voluntad de influencia que puede ser observada y evaluada, pero no sobredimensionada. Que Estados Unidos bajo liderazgos como el de Trump deliren formulando sus propias concepciones estratégicas entra dentro de su lógica de poder; aceptarlas como descripciones válidas de la realidad, en cambio, es otra cosa. La geopolítica contemporánea no se reconfigura por decretos ni por actos de delirio personales, sino por la interacción efectiva de capacidades, intereses y límites.
Desde una perspectiva soberana, el punto crítico no es reaccionar emocionalmente ante estas narrativas, sino evitar quedar atrapados en ellas. La verdadera trampa no está en lo que se dice desde fuera, sino en cómo eso reordena, o pretende, las discusiones internas. Convertir estas declaraciones en ejes de polarización doméstica implica, en la práctica, concederles una centralidad que no poseen en el plano material.
Por ello, más que aceptar o rechazar discursivamente estos delirios, lo estratégico es desactivarlos como factor de división interna. Ni adhesión acrítica ni oposición reflejo: comprensión fría del contexto y comprensión clara que la realidad regional no se redefine desde un centro externo. En un entorno multipolar, la autonomía no se proclama; se ejerce evitando que agendas ajenas dicten los términos del debate propio. Dejemos a los gringos con su derecho al berreo, nosotros sabemos qué somos y dónde estamos.
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