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Etiqueta: doctrina Monroe

El honor de “tomar Cuba” y el dilema de América Latina

Gilberto Lopes
San José, 24 de mayo de 2026

“Creo que tendré el honor de tomar Cuba”, dijo el presidente Donald Trump, en marzo pasado. “¡Vea el lugar! Se está cayendo a pedazos, es un desastre”. “Podré hacer lo que yo quiera”.

Dos meses después, el pasado 20 de mayo, cuando los cubanos, en Florida, celebran una fiesta de la independencia, el secretario de Estado, Marco Rubio, de ascendencia cubana, difundió en Youtube un mensaje al pueblo cubano. Ofreció cien millones de dólares en alimentos y remedios, distribuidos por la Iglesia Católica u otras organizaciones no gubernamentales, y una nueva relación con Estados Unidos. Lo único que se interponía en ese camino –aseguró– eran “quienes controlan su país”.

El mismo 20 de mayo, el Departamento de Justicia acusaba al expresidente cubano, general Raúl Castro (94), de asesinato y conspiración para asesinar a ciudadanos norteamericanos. Se trata de una vieja historia, de hace 30 años, cuando la fuerza aérea cubana derribó dos avionetas del grupo opositor cubano “Hermanos al Rescate”, que desde hacía meses operaba desde Florida una campaña contra el gobierno.

La medida, similar a la que antecedió el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, contribuyó a reforzar la presión de la administración norteamericana sobre el régimen cubano.

Para el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, no era más que “otra maniobra política, carente de todo fundamento legal”.

Gaesa y los miles de millones

Rubio exhibió ante los cubanos el éxito y la riqueza de algunos estadounidenses de origen cubano en los Estados Unidos, haciéndoles soñar que algo parecido podría ocurrir a todos, con el cambio de gobierno. Habló de una nueva Cuba, donde todos los cubanos –y no solo Gaesa, la empresa del ejército y del gobierno, o el Partido Comunista– tuvieran un banco, una gasolinera, un restaurant, una constructora, una estación de televisión. Un régimen democrático, como en Jamaica, Bahamas o República Dominicana, cuyos ejemplos exhibió ante los cubanos.

Gaesa, la empresa creada por el gobierno para manejar los recursos de una economía sometida a un bloqueo durante más de 60 años fue acusada de manejar miles de millones, mientras el pueblo sufre severa escasez.

“Mienten una y otra vez, sin ningún pudor, con una desfachatez alarmante”, dijo Díaz Canel.

“Elegir a GAESA como enemigo principal es un golpe brillante”, estimó Fernando Ravsberg, periodista de origen uruguayo que hizo de Cuba su lugar de vida. Con eso “ya no hay que enfrentarse a la revolución, ni al gobierno, sino a un misterioso grupo empresarial ‘un estado dentro de otro estado’ que esconde su dinero mientras el pueblo pasa necesidades”.

“El problema es que hoy no se podrá frenar esta campaña mediática sin transparencia”, dijo Ravsberg. “GAESA debería poder brindar información al pueblo sin necesidad de exponer sus operaciones comerciales o sus socios en el extranjero”. “Esta sería una buena forma de desmontar esta campaña de comunicación que pretende enfrentar a cubanos contra cubanos, mientras las tropas de EEUU esperan el momento de entrar como salvadores”, agregó Ravsberg, uno de los más lúcidos periodistas cubanos, al que un par de vividores de la revolución (alguno ya fallecido) logró que le prohibieran el ejercicio del periodismo.

En su opinión, “Rubio necesita desesperadamente que los cubanos residentes en Cuba salgan a las calles de forma violenta, que la policía los reprima, que haya presos, heridos en los hospitales y muchos muertos”. Entonces, todas las opciones, incluyendo una intervención militar, se harían mucho más viables.

Apretando las tuercas o la amenaza de una intervención militar

Resulta difícil imaginar el desenlace de una situación provocada por un bloqueo que priva a Cuba de toda fuente de energía, desatando una presión inimaginable sobre la vida de la gente (como ya se vive hoy), sin que desate eso una rebelión contra el gobierno cubano.

Por ahora, Rubio apuesta por el alzamiento de una población agotada, sometida a una escasez insufrible y a una pobreza generalizada. ¡Por ahora!

Como lo contaba el New York Times el pasado 20 de mayo, “la gente se refería a una búsqueda diaria de alimentos, ya que era imposible mantener el refrigerador funcionando el tiempo suficiente para congelar la carne o conservar los alimentos frescos”. “Compraban comida en pequeñas cantidades diarias, a precios asequibles: cinco huevos un día, medio kilo de cerdo al día siguiente, un kilo y medio de pollo al otro”.

La basura se acumula en las calles porque no hay combustible para que los camiones la recojan. Según informes, hay personas que están muriendo o en muy malas condiciones debido a que los generadores de los hospitales están fallando”, resume Vivian Salama, periodista norteamericana, en entrevista a The Atlantic.

“La trayectoria actual corre el riesgo de desencadenar un período prolongado de deterioro humanitario y un sufrimiento lento, sin cambios reales para la gente”, dijo María José Espinosa, “experta en política exterior y directora ejecutiva del Centro para el Compromiso y la Incidencia en las Américas (CEDA)” a la periodista de origen cubano, Carla Gloria Colomé, que escribe para el diario El País.

Díaz Canel recordó la reiteración de la orden ejecutiva que declara Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad de los Estados Unidos. Y la aplicación de “aranceles irracionales” a los países que suministren petróleo a Cuba.

Ni Trump ni Rubio mencionan los efectos del bloqueo económico, que se ha aplicado durante décadas, cada vez más radical, produciendo exactamente lo que Trump señala: un desastre.

Si bien una intervención militar parece improbable, una mayor presión parece segura, mientras Washington trata de obligar el régimen a llegar a un acuerdo, decía la página Gzeromedia, el pasado viernes, 22 de mayo.

El artículo especula con la posibilidad de levantar las sanciones económicas a cambio de la apertura de la economía cubana. Y con un acuerdo que podría implicar la permanencia en el poder de muchos de los mismos gobernantes, “en lugar del cambio radical de régimen que las comunidades cubanas en Miami, e incluso el propio Rubio, podrían desear”.

Una opinión compartida por los académicos norteamericanos William LeoGrande y Peter Kornbluh que, en un artículo en la revista Foreign Affairs, afirman que la administración podría aceptar algo menos que un cambio de régimen.

¿Cómo en Venezuela? Es difícil imaginar algo así en Cuba. Encontrar algún sector del gobierno, o del partido, capaz de reemplazar a las autoridades actuales. Del mismo modo, cuesta imaginar cualquier cambio de gobierno sin que tropas norteamericanas ocupen el país. Y eso es otra cosa. Los cubanos afirman que no podría ocurrir sin un baño de sangre. Y con costos políticos difíciles de imaginar, tanto en Estados Unidos como en América Latina y en el resto del mundo.

Un creyente en el futuro de la isla

No es nueva la aspiración del gobierno norteamericano de ocupar Cuba. Es una vieja historia, de más de un siglo, una aspiración permanente de incorporar la isla como otro estado norteamericano, o como un protectorado, sometido a controles políticos y económicos. Como en el siglo pasado.

La estrategia con respeto a Cuba está definida, además, en documentos como los anunciados por Jorge Mas Santos y la Fundación Cubano-Americana, que él preside.

Hijo de Jorge Mas Canosa (ya fallecido), un histórico dirigente opositor al que se atribuye particular empeño en la promoción de leyes que han radicalizado el embargo norteamericano a la isla, como la Helms-Burton, Mas Santos es un poderoso empresario de la construcción en los Estados Unidos. Y un referente de la oposición, muy cercano al secretario de Estado, al que calificó de “uno de los nuestros aquí en Miami”.

Mas concedió una entrevista a El País desde Miami, un día después de que el director de la CIA, John Ratcliffe, visitara La Habana, para presentar un ultimátum a las autoridades de la isla. La entrevista fue publicada el pasado 16 de mayo, por Iker Seisdedos, a quien Santos había hecho llegar dos documentos: una “Hoja de ruta para una Cuba próspera, democrática y de libre mercado” y un “Proyecto de Ley Fundamental para la transición democrática”.

Mas explica que la Carta “es un marco legal pensado para responder al gran interés de muchos inversores extranjeros que quieren ayudar a reconstruir. Son sugerencias para lo económico, pero también de derechos humanos, que permitan una transición hacia unas elecciones libres y una nueva Constitución”.

“Soy un gran creyente en el futuro de la isla”, afirma Mas a un periodista que (como Colomé y como la línea general de El País), está alineado con la oposición cubana.

Las dimensiones del negocio son enormes. La reconstrucción de Cuba yo la veo “superfácil”. “Hay que propiciar un marco en el que se incentive la inversión extranjera”. “Si hacen falta 40, 50, 60, 70 u 80 mil millones, sea la que sea la cifra, no será un problema”, dice Jorge Mas. Ninguna cifra será un problema.

Esa es la dimensión de los negocios que Mas y sus socios vislumbran en Cuba. Pero ni un centavo para los cubanos que hoy viven en condiciones dramáticas, como las descritas por el New York Times, por The Atlantic, o por el mismo El País, gracias al bloqueo a que tienen sometida la economía de la isla.

Mas está esperanzado. Nunca lo ha visto “tan cerca como ahora”. Gracias al liderazgo del presidente Trump y del secretario Rubio. “Todos esperamos que este sea el tramo final”.

Restablecer su dominio sobre América Latina

Colomé recuerda que Trump ha hablado de restablecer su dominio sobre América Latina, “de la necesidad de controlar lo que pasa en el patio trasero”, como afirmó el profesor de la Universidad de Miami, Michael Bustamante.

Este objetivo está contemplado en la Estrategia de Seguridad Nacional, que la administración norteamericana publicó en noviembre pasado. Un documento público de 29 páginas disponible en inglés para cualquier interesado.

En lo que se refiere al hemisferio occidental, el documento afirma que “tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense”. Este “corolario Trump” de la Doctrina Monroe –afirma– “es una potente restauración del poder y las prioridades norteamericanas, consistente con los intereses de seguridad de los Estados Unidos”.

Es evidente el desafío que esa visión representa para América Latina. Enfrentados a la coyuntura actual, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que la región se enfrenta a la amenaza del retorno de una regla colonial. “No es posible que alguien piense que es dueño de otros países. ¿Qué están haciendo ahora con Cuba? ¿Qué hicieron con Venezuela? ¿Acaso eso es democrático?” se preguntó.

La presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, calificó de “injustas” las sanciones norteamericanas a Cuba y defendió el derecho de su país a seguir prestando ayuda humanitaria y a mantener relaciones comerciales con la isla. Qué sentido tiene que se acuse a Castro por un hecho que ocurrió hace 30 años, se preguntó. “Es una visión de que pueden influir en otros países. Nosotros no estamos de acuerdo con esa visión”.

El colombiano Gustavo Petro calificó “la agresión militar a Cuba como una agresión contra América Latina”.

¿Qué América latina?

¿A qué América Latina se refiere Petro? A una América Latina donde la derecha privatizadora de hace muchos años hace eco, desde el sur, del tono prevaleciente en Washington.

En cada país prevalece, con las características locales, una lucha política donde es esa derecha la que tiene la voz más clara, que sabe mejor lo que quiere, mientras el esfuerzo por construir una alternativa aparece todavía enredado en los hilos de un pasado relativamente reciente, que le aniquiló cuadros, pero, sobre todo, desarticuló el discurso alternativo.

Hay un escenario al que deberíamos poner atención: ¿Qué dice la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el ataque a Venezuela y el secuestro de su presidente? ¿Qué dice sobre el bloqueo a Cuba y la amenaza de invasión? ¡Hay que ver lo activa que está frente a la rebelión popular contra las medidas del gobierno de derecha, de Paz en Bolivia! ¿No sería inútil poner a debate el papel de esa institución para América Latina? Yo creo que sí.

El griterío de los Milei, de los Kast, de los Paz, no revela lucidez. Es muestra del desgaste de un argumento, mientras la falta de una respuesta a la altura alimenta una sensación de desconcierto que sobrevuela el escenario político de América Latina. La única región que parece aun ajena a la búsqueda de su lugar en un nuevo escenario multilateral. Un lugar distinto al que nos amenaza la “regla colonial” a la que hace referencia Lula.

FIN

Halcones de RAND: Cuba y Venezuela como objetivos

José A. Amesty Rivera

En mayo del presente año 2026, la organización estadounidense RAND Corporation publicó un informe que prendió las alarmas en América Latina. El documento, llamado “Multiplicadores de poder en las Américas”, dice que Estados Unidos debe aumentar su presencia militar, política y de inteligencia en la región para frenar el avance de China, Rusia e Irán.

Aunque el texto habla de apoyo a fuerzas de seguridad, lucha contra el narcotráfico y combate a la corrupción, el mensaje de fondo parece otro, Washington quiere recuperar más control e influencia sobre América Latina.

RAND no es cualquier centro de estudios; desde la Guerra Fría ha trabajado muy cerca del Pentágono y de la política exterior de EEUU. Muchas de sus ideas terminan convertidas en decisiones reales del gobierno norteamericano. Por eso, cuando RAND habla de fortalecer operaciones militares, ampliar la cooperación de seguridad y aplicar estrategias de “guerra irregular”, no se siente como simple teoría, suena más bien como una advertencia política.

Además, el informe aparece en un momento delicado; el gobierno de Donald Trump ha endurecido nuevamente su discurso hacia América Latina, retomando ideas muy parecidas a la vieja Doctrina Monroe, América bajo la influencia de Washington.

En discursos recientes, funcionarios estadounidenses han dicho que China representa una amenaza para el continente y que América Latina debería volver a alinearse con EEUU.

Aunque el informe menciona varios países, Cuba y Venezuela aparecen otra vez como objetivos principales, no es casualidad, ambos gobiernos han mantenido relaciones cercanas con Rusia y China, además de buscar mecanismos económicos alternativos al sistema financiero dominado por EEUU.

RAND señala directamente que Rusia mantiene presencia política y militar en Cuba, Nicaragua y Venezuela, mientras China sigue creciendo mediante inversiones, infraestructura y acuerdos estratégicos.

Pero aquí aparece una contradicción clara; mientras Washington acusa a China de expandir su influencia, EEUU lleva décadas teniendo una presencia mucho más grande en la región, bases militares, cooperación militar, presión económica y acuerdos políticos.

En el caso de Cuba, el tema tiene un peso simbólico enorme; desde 1959, la isla ha sido uno de los pocos proyectos políticos latinoamericanos que ha resistido abiertamente la influencia estadounidense. El bloqueo económico ha golpeado fuerte a la población cubana, especialmente en los últimos años, pero aun así Cuba sigue siendo una referencia política para sectores de izquierda en América Latina.

En marzo de 2026, crecieron rumores sobre posibles acciones militares estadounidenses alrededor de la isla, aunque el Comando Sur negó planes de invasión, reconoció que mantiene capacidad militar activa cerca de Cuba y en la base de Guantánamo.

Eso deja claro que, aunque Washington no hable abiertamente de intervención, la presión militar sigue presente.

El caso venezolano es todavía más complicado; durante años, Venezuela fortaleció sus relaciones con China y Rusia en áreas como petróleo, defensa e infraestructura, esto convirtió al país en un punto clave de la disputa global entre Washington y sus rivales.

Medios internacionales reportaron que, después de operaciones estadounidenses realizadas a comienzos de 2026, contra el liderazgo venezolano, aumentó la presión política y militar sobre el país.

El informe de RAND encaja perfectamente en este escenario; el documento dice que hoy las diferencias entre amenazas estatales y grupos criminales son “difusas”, y esta idea preocupa, porque históricamente ese tipo de discurso ha servido para justificar sanciones, operaciones encubiertas e incluso intervenciones militares.

Esto ya pasó antes en América Latina; durante décadas, EEUU utilizó el argumento de la “seguridad nacional” para intervenir directa o indirectamente en países considerados contrarios a sus intereses. Guatemala en 1954, República Dominicana en 1965, Chile en 1973, Panamá en 1989 y las guerras en Centroamérica durante los años 80 son ejemplos claros.

Hoy el lenguaje cambió, ya no se habla tanto de comunismo, sino de narcotráfico, terrorismo, corrupción o influencia china o rusa; pero la lógica política se parece bastante, presentar una amenaza para justificar más control y presencia militar.

Otro de los temas centrales del informe es China; RAND deja claro que para EEUU el problema ya no es solamente el narcotráfico, sino también el crecimiento económico chino en América Latina.

Según declaraciones recientes del Comando Sur, Washington vigila puertos, proyectos espaciales e infraestructuras ligadas a empresas chinas en varios países latinoamericanos.

Estados Unidos dice que muchas de esas inversiones podrían tener uso civil y militar al mismo tiempo; este discurso recuerda bastante al que se utilizaba durante la Guerra Fría contra la Unión Soviética.

Pero para muchos gobiernos latinoamericanos, China representa otra cosa, financiamiento, comercio e inversiones sin las condiciones políticas tradicionales de Washington o del Fondo Monetario Internacional. Países como Brasil, Perú, Argentina, Bolivia y Venezuela han aumentado mucho sus relaciones con Beijing en los últimos años.

Obvio que China busca influencia, recursos y mercados, pero varios gobiernos de la región consideran que tener relaciones con distintas potencias les da más independencia y reduce la dependencia histórica de EEUU.

Aquí aparece otro tema sensible, la desdolarización. El crecimiento de mecanismos comerciales fuera del dólar preocupa mucho a Washington. Los BRICS y otros espacios internacionales impulsan alternativas financieras que podrían reducir el peso mundial de la moneda estadounidense.

Por eso RAND, insiste tanto en que el Pentágono debe responder también frente a la “presión económica” china y rusa. El problema es que esa lógica puede abrir la puerta a justificar acciones políticas o militares por motivos económicos.

Quizás lo más preocupante del informe es su tono; RAND dice que EEUU debe prepararse para actuar en escenarios de competencia, crisis y “guerra irregular”. También propone aumentar el uso de fuerzas especiales, cooperación militar y mecanismos de seguridad regional.

Al mismo tiempo, funcionarios estadounidenses han dicho recientemente que los carteles del narcotráfico solo pueden enfrentarse con fuerza militar.

Este discurso genera preocupación porque América Latina conoce muy bien las consecuencias de la militarización. La llamada “guerra contra las drogas”, impulsada durante décadas, dejó miles de muertos en países como México y Colombia sin resolver realmente el problema del narcotráfico.

Además, usar el crimen organizado como argumento para aumentar presencia militar extranjera puede terminar debilitando la soberanía de los países de la región.

Muchos analistas creen que detrás de todo esto hay una pelea mucho más grande, el control político y estratégico del continente en medio de la competencia mundial entre Estados Unidos y China.

Lo que está pasando se parece cada vez más a una nueva Guerra Fría, ya no entre capitalismo y socialismo, sino entre un mundo dominado por EEUU y otro más multipolar.

En esta disputa, América Latina vuelve a convertirse en una región estratégica; petróleo, minerales, rutas comerciales, telecomunicaciones y mercados hacen que el continente tenga un valor enorme para las grandes potencias.

Cuba y Venezuela aparecen como símbolos de resistencia frente a la influencia estadounidense, mientras China y Rusia aprovechan las tensiones históricas entre Washington y varios gobiernos latinoamericanos para ganar espacio.

La gran pregunta es si América Latina podrá mantener cierta independencia o terminará atrapada otra vez entre potencias mundiales.

El informe de RAND deja claro que sectores del poder estadounidense creen que llegó el momento de recuperar influencia política y estratégica en el continente, pero América Latina ya no es la misma de hace décadas, hoy existen gobiernos, movimientos sociales y alianzas internacionales que buscan más autonomía.

Por eso, cualquier intento de imponer presión extrema o soluciones militares podría aumentar todavía más la tensión y la inestabilidad en la región.

Al final, detrás de términos técnicos como “asistencia de seguridad”, “guerra irregular” o “multiplicadores de poder”, aparece una realidad vieja y conocida, la pelea por el control político y económico de América Latina sigue viva, y Cuba y Venezuela continúan estando en el centro de esa disputa.

Guyana vs. Venezuela: iniciaron audiencias orales en la Corte Internacional de Justicia

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, UCR
nboeglin@gmail.com

El pasado 4 de mayo, iniciaron en La Haya, en la majestuosa sala de audiencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), las audiencias orales en el marco del procedimiento contencioso iniciado por Guyana contra Venezuela.

Cabe recordar que la demanda sobre esta antigua controversia territorial irresuelta heredada del siglo XIX, fue presentada formalmente por Guyana ante la CIJ en el mes de marzo del 2018.

Estas audiencias orales constituyen la última etapa procesal de ambos Estados antes de escuchar la lectura final del fallo sobre el fondo por parte de la CIJ.

El contexto político del 2017-2018 en breve

Esta controversia territorial, como tuvimos la ocasión de señalarlo en el 2018, tiene un fuerte olor a petróleo y es posiblemente la primera vez en toda la historia de la CIJ que una empresa petrolera norteamericana anuncia públicamente asumir los costos de la defensa legal de un Estado en La Haya (Nota 1), estimados en unos 15 millones de US$ para cada uno de los Estados (Nota 2).

Como elemento adicional para entender mejor la fuerte contienda entre el secretario de Estado de Estados Unidos en el 2017 (Rex Tillerson) y las máximas autoridades de Venezuela, hay que añadir el siguiente hecho: Venezuela logró en marzo del 2017 que un tribunal arbitral de apelación anulara parcialmente los términos de una decisión inicial de un tribunal arbitral del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estados) del 2014. Esta última condenaba a Venezuela a pagar más de 14.000 millones de US$ a Exxon Mobil y a sus asociados en Venezuela por las nacionalizaciones ordenadas a partir del 2007 (véase texto del laudo). El texto completo de esta segunda decisión del CIADI, de marzo del 2017, muy pocamente divulgada, está disponible en este enlace. Revisar un monto indemnizatorio por más de 14.000 millones de US$ para ordenar en su lugar el pago de 188 millones merecía, en nuestra opinión, una mayor difusión en medios de prensa y en algunos círculos especializados en materia de arbitraje de inversión; además de un estudio pormenorizado sobre el estado de ánimo de los directivos de Exxon Mobil, cuyo CEO fue designado Secretario de Estado en Estados Unidos en enero del 2017 (y “agradecido” vía un simple tweet presidencial en marzo del 2018: véase nota de la BBC).

Si nuestros estimables lectores ignoraban que un tribunal de apelación del CIADI le había dado razón a Venezuela en marzo del 2017 revisando sustancialmente el monto de 14.000 millones fijados previamente como indemnización a Exxon Mobil, no deben preocuparse: usualmente las decisiones del CIADI desfavorables para el inversionista extranjero pasan casi desapercibidas.

Lo que está en juego para Venezuela y para Guyana

El fuerte olor a petróleo probablemente no logre ingresar del todo en la sala de audiencias de la CIJ en La Haya, debiendo cada una de las partes limitarse a invocar aspectos históricos y jurídicos ante los quince jueces de la CIJ para determinar quién tiene la titularidad sobre una superficie de unos 159.000 kilómetros cuadrados.

Mientras que Guyana ha solicitado en su demanda a la CIJ confirmar la plena validez de un laudo arbitral que data de 1899 (véase texto de dicho laudo), muy favorable a Inglaterra, Venezuela cuestiona la validez de esta decisión arbitral, luego de descubrirse en 1949 un documento confirmando el contubernio existente entre el presidente de aquel tribunal arbitral (un ruso) con los integrantes ingleses y norteamericanos del mismo (Nota 3), y luego de suscribir Guyana y Venezuela en 1966 un acuerdo en Ginebra (véase texto) para buscar una solución acordada entre ambos Estados a esta controversia territorial, heredada de la época colonial.

Darle plena validez (o no) a un despojo territorial a Venezuela revestido de laudo arbitral, negociado entre Estados Unidos e Inglaterra al final del siglo XIX, es lo que se discute desde el 4 de mayo del 2026 en La Haya.

Desde el punto de vista territorial, esta controversia constituye un caso atípico: a diferencia de las numerosas controversias territoriales que han sido llevadas al conocimiento de la CIJ desde su creación en 1945, en juego está una extensión de territorio que multiplicaría por más de dos la actual extensión territorial de Guyana.

Mapa de la denominada «Guayana Esequiba», tal y como se designa en Venezuela, extraído de esta nota de prensa titulada «Venezuela acusa a Guyana de depredar territorio en disputa y robar petróleo, gas y oro», El Carabobeño, en su edición del 15 de enero del 2025

No está de más indicar el carácter bastante insólito en cuanto a la composición del tribunal que dictaminó el laudo en 1899 entre Inglaterra y Venezuela en la historia del arbitraje inter-estatal: un ruso (presidente), dos ingleses y dos norteamericanos. Usualmente, en materia arbitral, si el árbitro es un órgano colegial, los dos Estados designan cada uno a juristas de su nacionalidad para integrarlo.

Mientras que Guyana intentará hacer ver algunas contradicciones dentro del aparato diplomático de Venezuela a lo largo de la historia, así como algunas inconsistencias más recientes observadas en la misma defensa de Venezuela desde el 2019 ante la CIJ, varios documentos adicionales de archivos históricos aportados por Venezuela buscarán posiblemente demonstrar el sesgo del procedimiento arbitral «negociado» entre Estados Unidos e Inglaterra a finales del siglo XIX. Es muy probable que Venezuela haga también ver en estas audiencias del 2026 que documentos en posesión de Estados Unidos y del Reino Unido que datan de finales del siglo XIX persisten en la actualidad en no ser desclasificados.

Las audiencias orales en breve

La larga lista de asesores internacionales contratados para la ocasión por Guyana así como por Venezuela aparece en las primeras páginas de los verbatim de este 4 de mayo (véase verbatim correspondiente a la sesión de la mañana y verbatim correspondiente a la sesión de la tarde, correspondientes ambas a la exposición hecha por Guyana).

En el segundo día de audiencias fue Venezuela la llamada a comparecer (véase verbatim de la sesión de la mañana y verbatim de la tarde).

Durante las audiencias orales, el Estado demandante (Guyana en este caso) es el que presentó inicialmente sus argumentos, seguido luego de la exposición oral de los contra argumentos presentados por el Estado demandado (Venezuela); para concluir con una segunda ronda de alegatos de cada una de las dos partes.

Como lo indica la práctica del litigio internacional ante la CIJ, las audiencias orales, que son públicas, permiten conocer los mejores argumentos de cada una de las partes, usualmente invocados tan solamente en este momento procesal y no antes, al constituir las audiencias orales la última recta de un procedimiento contencioso: en efecto, al cabo de estas audiencias, la CIJ entrará a deliberar y a elaborar su fallo final sobre el fondo.

Para esta contienda, cada una de las partes designó a un juez ad hoc, Guyana optando por un jurista alemán, y Venezuela por un jurista belga, quien fungió durante muchos años (2000-2019) como secretario de la misma CIJ.

Este 8 de mayo, Guyana presentó sus alegatos finales y sus conclusiones y petitoria final (estas últimas disponibles en las páginas 66-67 del verbatim). Se prevé que Venezuela hará lo mismo el 11 de mayo cerrando de esta manera estas audiencias e iniciando la CIJ el «délibéré«.

El historial de decisiones de la CIJ entre Guyana y Venezuela (en muy breve)

Cabe recordar que Guyana presentó su demanda inicial el 29 de marzo del 2018 (véase texto), optando en aquel momento Venezuela por no comparecer ante la CIJ, en señal de rechazo a esta acción unilateral de Guyana, desafiando a su manera la autoridad de la CIJ.

En las audiencias orales realizadas en junio del 2020, únicamente participó la delegación de Guyana (véase verbatim) en presencia del juez ad hoc de Guyana, Venezuela optando por no hacerse presente ni designar a un juez ad hoc. ¿Qué ganó Venezuela? No mucho: tuvimos la ocasión de advertir en su momento de lo improductivo que resulta el optar por la no comparecencia en La Haya, al privarse el mismo Estado de presentar sus contra argumentos a los jueces de la CIJ desde un inicio (Nota 4). En julio del 2020, Venezuela remitió una carta a la CIJ (véase texto) con argumentos que debió presentar en las audiencias a las que optó por no participar.

Como previsible, el 18 de diciembre del 2020, la CIJ se declaró competente para conocer la demanda de Guyana (véase sentencia, en particular el párrafo final operativo 138), completada por una decisión adicional en el 2023 al haber Venezuela presentado de manera tardía una excepción preliminar (véase sentencia del 6 de abril del 2023, en particular el párrafo final operativo 108). Habíamos tenido la oportunidad de analizar el verdadero giro en la estrategia legal de Venezuela, observado en el 2022: véase al respecto la sub-sección “La estrategia escogida por Venezuela y el giro operado en junio del 2022” de una nota nuestra (Nota 5).

Es de notar, con relación a la decisión del 18 diciembre del 2020, que fueron cuatro los integrantes de la CIJ en sostener que la CIJ no debía declararse competente: al respecto sus declaraciones y sus opiniones individuales merecen lectura. Tal y como tuvimos la ocasión de indicarlo al analizar esta decisión y revisar la advertencia lanzada por estos cuatro jueces,

«Siendo el principio del consentimiento previo de los Estados la piedra angular sobre la que ha reposado desde siempre la justicia internacional, estos cuatro jueces advierten, cada uno a su manera, del riesgo que conlleva para la credibilidad de la CIJ el razonamiento seguido por la mayoría de sus colegas en este fallo» (Nota 6).

En una decisión posterior preliminar (ordenanza), la CIJ respondió afirmativamente a una solicitud de medidas provisionales de carácter urgente, interpuesta por Guyana contra Venezuela, al anunciar Venezuela proceder a una consulta popular dentro del territorio en disputa (véase ordenanza del 1ero de diciembre del 2023, en particular el párrafo operativo final 45).

El plazo que separa una demanda de la lectura de una sentencia de la CIJ sobre el fondo

La indecisión inicial de Venezuela, aunada a la presentación tardía de excepciones preliminares de su parte, explica el extenso tiempo que separa estas audiencias orales sobre el fondo (mayo del 2026) de la demanda inicial interpuesta por Guyana (marzo del 2018).

Usualmente, si no hay incidentes procesales de este tipo (presentación de excepciones preliminares, solicitud de medidas provisionales, …), el plazo entre una demanda contenciosa y la lectura de un sentencia sobre el fondo es de unos cuatro años e incluso menos: fue, por ejemplo, el caso de la demanda interpuesta por Costa Rica contra Nicaragua sobre derechos de navegación en el Río San Juan, interpuesta en noviembre del 2005 y resuelta por la CIJ en el mes de julio del 2009 (véase sentencia), de manera muy desfavorable para Costa Rica (Nota 7). De igual manera, la demanda de Costa Rica contra Nicaragua en materia de delimitación marítima presentada en febrero del 2014 fue resuelta en febrero del 2018 (véase sentencia de la CIJ).

En cambio, cuando el Estado demandado recurre a diversos incidentes procesales y además, solicita la intervención de Estados terceros que acceden a intervenir de manera tardía, el plazo se extiende significativamente: fue el caso de la demanda interpuesta en diciembre del 2001 por Nicaragua contra Colombia con relación al sus derechos en el Mar Caribe, resuelta tan solo en el mes de noviembre del 2012 (véase sentencia). Nótese que a raíz de este fallo, Colombia procedió a hacer algo que nunca ningún Estado había hecho: denunciar un emblemático tratado que lleva el nombre de su capital. Al respecto, tuvimos la ocasión de señalar que:

» Ce retrait de la part de la Colombie du Pacte de Bogota ressemble davantage à un coup de tête et à une manœuvre politique pour répondre à la frustration de l´opinion publique colombienne qu´à un acte juridique raisonné et raisonnable. Il serait d´ailleurs souhaitable de comparer cette attitude à d´autres modalités prises par des Etats « à chaud » suite à une décision de la CIJ considérée comme leur étant défavorable (notamment lorsqu´il s´agit d´un Etat puissant au plan militaire ou économique qui voit ses ambitions limitées para une décision de la CIJ à la demande d´un Etat qui l´est beaucoup moins). Au-delà de cet exercice de politique juridique comparée, il sied de noter qu´avec ce retrait, la Colombie devient probablement le premier Etat au monde à dénoncer un traité international portant le nom de sa capitale » (Nota 8).

A modo de conclusión

Esta recta final de este procedimiento contencioso debería permitir a la CIJ pronunciarse sobre una de las últimas controversias territoriales no resueltas en el continente americano, heredada del siglo XIX entre Venezuela e Inglaterra, con una decisión arbitral bastante cuestionable, dictaminada en 1899 en favor de Inglaterra.

Cabe recordar que es precisamente a raíz de esta mala experiencia vivida en 1899 en materia arbitral, y la sensación de haber sido burlada, que Venezuela históricamente se ha mostrado extremadamente reticente y distante con la justicia internacional de La Haya: esta posición explica que, pese a haber firmado el Pacto de Bogotá en 1948, Venezuela nunca lo haya ratificado (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).

Es de notar que la situación de indeterminación entre Guyana y Venezuela sobre la titularidad de esta extensa zona boscosa desde hace tantos años, ha permitido frenar cualquier megaproyecto de inversión y frenar los apetitos de unos y otros por explotar los recursos naturales existentes, resguardando de esta manera la prodigiosa biodiversidad existente y los paisajes naturales de lo que en Venezuela se denomina la “Guayana Esequiba”.

Foto de las cataratas de Kaieteur en el río Potaro, región que en Venezuela se denomina la «Guayana Esequiba». Imagen extraída de esta nota de prensa titulada «El Esequibo, una joya inundada de petróleo que se disputan Venezuela y Guyana», El Clarín, edición del 29/06/2020. Un video sobre estas majestuosas cataratas está también disponible en este enlace.

Es de notar que el 3 de enero del 2026, Venezuela sufrió una agresión militar y el secuestro de su máxima autoridad por parte de Estados Unidos, en abierta violación a las reglas más elementales del ordenamiento jurídico internacional (Nota 9): a la fecha (mayo del 2026), Venezuela no ha considerado oportuno presentar ninguna acción contra Estados Unidos, ni ha propuesto un solo proyecto de resolución en Naciones Unidas a ser votado en la Asamblea General o a discutirse en el Consejo de Seguridad (de manera a exponer a la delegación de Estados Unidos). Una actitud que contrasta singularmente con la de Ucrania, que luego de la agresión militar que inició Rusia en su contra el 24 de febrero del 2022, ha recurrido a los diversos órganos de Naciones Unidas, así como a la CIJ e incluso a la Corte Penal Internacional (CPI); ello sin olvidar de mencionar, más cerca de nosotros, la ejemplar batalla legal que Nicaragua emprendió en La Haya en los años 80 contra Estados Unidos por adiestrar, financiar y asesorar militarmente a fuerzas contra insurgentes desde Costa Rica y Honduras, logrando obtener a su favor una histórica decisión de la CIJ condenando a Estados Unidos (véase sentencia de junio de 1986).

En sus alegatos ante los jueces de La Haya, Venezuela invocó los efectos negativos de la doctrina Monroe del siglo XIX, que explican la forma expedita y sumamente sospechosa con la que el tribunal arbitral resolvió la controversia entre Inglaterra y Venezuela en 1899. Al ser la Venezuela del 2026 víctima de la denominada doctrina Donroe, la referencia hecha no deja de ser llamativa.

Cabe también señalar que estas audiencias orales de este mes de mayo del 2026 fueron precedidas de unas pocas semanas por el 80 aniversario de la CIJ, una fecha pasada prácticamente desapercibida en América Latina y en otras latitudes del mundo, tal y como tuvimos la ocasión de señalarlo en una nota al respecto (Nota 10).

No está de más precisar que, en el marco de la contienda de Irán contra Estados iniciada en el 2018 para recuperar los activos iraníes congelados en bancos norteamericanos, en el 2023, la CIJ le dio la razón a Irán, y, el 25 de febrero del 2026, la CIJ inició la fase de compensación mediante una ordenanza (véase texto en francés y en inglés): tres días después, Estados Unidos e Israel iniciaron su improvisada acción militar contra Irán.

– – Notas – –

Nota 1: Tuvimos la ocasión de señalar en una nota nuestra que: «es de notar que los costos de Guyana en La Haya serán cubiertos por la empresa norteamericana Exxon Mobil (véase nota de prensa del medio guyanés Oilnow). Es probablemente la primera vez en la historia de la CIJ que una empresa privada hace público su intención de sufragar los gastos de defensa en La Haya de un Estado (y que este último consiente a ello). En este caso, las autoridades guyanesas estiman el costo en La Haya en unos 15 millones de US$ (véase nota de prensa y este artículo en el que se hacen interesantes preguntas sobre el monto y los tiempos con los que fue anunciada la contribución de la empresa petrolera). En esta nota oficial del 28 de abril del 2018 de las autoridades de Guyana, se precisa que «Government had announced that some US$15M of the US$18M signing bonus received from ExxonMobil in 2016 will be used as payment for services relative to the ICJ case»«: véase BOEGLIN N., «.La ordenanza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con relación a la súbita demanda de Guyana contra Venezuela: apuntes», 2 de julio del 2018. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 2: En el 2018, en Chile se estimó a 24 millones de US$ lo gastado para enfrentar la demanda interpuesta por Bolivia ante la CIJ (véase nota de prensa y esta otra publicada en Bolivia). Por su parte, Colombia, al obtener el retiro de la demanda planteada por Ecuador ante la CIJ por aspersiones químicas aéreas interpuesta en el 2008, optó por depositar a Ecuador en el 2013 la suma de 15 millones de US$ (que incluye, entre otros, los gastos de Ecuador en el procedimiento ante la CIJ – ver punto 9 del acuerdo entre Colombia y Ecuador del 9/09/2013)

Nota 3: Ante los jueces de la CIJ, este 6 de mayo, uno de los asesores legales de Venezuela explicó que: «Le fait est que c’est à partir de ce mémorandum que le Venezuela a considéré qu’il disposait d’une première preuve directe de ce qui n’était jusque-là que rumeurs, à savoir que l’arbitrage de 1899 était une sordide farce. La question de la solidité de cette preuve est indifférente à cet égard mais, et j’y reviendrai, le témoignage de Mallet-Prevost est inattaquable quant aux faits qu’il décrit, comme le professeur Tams l’a déjà démontré» (véase verbatim del 6 de mayo, página 62). Indicó además que «81. N’en déplaise au Guyana, le mémorandum Mallet-Prevost a changé le cours des choses en ouvrant la voie vers la mise à jour d’un ensemble de preuves des malversations dont le Venezuela avait été victime. C’est de là qu’apparut au grand jour la monstruosité de ce prétendu arbitrage. La première preuve, largement confirmée par la suite, était apportée, que le défaut de motivation ne cachait pas des motivations non dites, ce à quoi, dans le doute, l’on aurait pu croire ; non, il n’y avait aucune motivation, la sentence était le fruit d’une extorsion pure et simple d’un président de tribunal avide d’une gloire personnelle qu’il plaçait dans l’obtention, à tout prix, et surtout au détriment de tout fondement juridique, d’une décision unanime attribuant les mines d’or aux Anglais» (páginas 69-70).

Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Esequibo: Venezuela anuncia que no participará ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 28 de junio del 2018. Texto integral disponible en este enlace. Tuvimos la oportunidad de analizar la no comparecencia posterior, registrada en La Haya: se trata de la no comparecencia de Rusia ante la demanda interpuesta en su contra por Ucrania en febrero del 2022. Véase al respecto BOEGLIN N., «La fuerza del derecho ante el derecho a la fuerza (el caso de Ucrania y Rusia). A propósito de la no comparecencia de Rusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, Portal de la UCR, 23 de marzo del 2022. Texto disponible aquí. Sobre la no comparecencia de Venezuela en el 2018, véase también WENTKER A., «Venezuela’s Non-Participation Before the ICJ in the Dispute over the Essequibo Region«, EJIL-Talk, 28 de junio del 2018. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 5:: Véase BOEGLIN N., “La Corte Internacional de Justicia (CIJ) adoptó una nueva ordenanza sobre el conflicto territorial entre Guyana y Venezuela”, Portal de la UCR, Sección Voz Experta, 4 de julio del 2022. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Guyana / Venezuela: a propósito de la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que se declara competente«, 18 de diciembre del 2020. Texto integral disponible en este enlace. Las conclusiones de un extenso análisis de esta decisión de la CIJ de diciembre del 2020 publicado en Francia no auguran una resolución definitiva de esta larga controversia territorial entre Guyana y Venezuela: véase GRANDAUBERT V., «L’arrêt sur la compétence de la Cour internationale de Justice du 18 décembre 2020 en l’affaire de la Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 : vers un règlement définitif du différend territorial entre le Guyana et le Venezuela » ?«, Annuaire Français de Droit International (AFDI), Volumen 66 (2020), pp. 357-373, p. 373.

Nota 7: Si se revisan las atribuciones reconocidas a Costa Rica en materia de vigilancia y «guarda» del Río San Juan en el tratado Cañas Jerez de 1858, si se revisa lo que Nicaragua aceptó durante buena parte del siglo XIX y XX en cuanto a la práctica y las modalidades de estas funciones policiales costarricenses en este río fronterizo, y en particular en la época reciente, en el acuerdo Cuadra-Lizano de 1998 (véase texto), el hecho que Costa Rica presentara una demanda contenciosa contra Nicaragua en noviembre del 2005 para escuchar por parte de la CIJ lo que dice el párrafo 156, inciso 2, punto h) e i) (tomados ambos por unanimidad) de la sentencia de julio del 2009 (véase texto), prohibiéndole a Costa Rica cualquier uso policial del Río San Juan … resulta todo menos un éxito para la diplomacia de Costa Rica. En un artículo publicado en noviembre del 2005 en La Nación, nos permitimos advertir sobre la gran experiencia de los «Concejales de la Corona» de Nicaragua en la CIJ en el arte del litigio internacional, quienes ridiculizaron a Estados Unidos (1986) y se disponían a poner en su lugar a Honduras y a Colombia en el Mar Caribe, tal y como ocurrió (en sentencias del 2007 y del 2012 respectivamente): al parecer esta advertencia bastante tempranera no causó mayor interés dentro del aparato diplomático costarricense y estos mismos «Concejales de la Corona» de Nicaragua hicieron lo suyo con las pretensiones de Costa Rica en materia policial. Acatada esta sentencia de la CIJ del 13 de julio del 2009 bastante desfavorable para los intereses costarricenses, Costa Rica evidenciaría enormes dificultades logísticas pocos meses después, en el 2010, para vigilar correctamente lo que ocurre en su frontera con Nicaragua.

Nota 8: Véase BOEGLIN N., «Le retrait du Pacte de Bogota par la Colombie«, texto publicado por el OPALC (Sciences Po, Paris), diciembre del 2012. Texto integral disponible en este enlace. En el 2013, el presidente de Colombia arremetió nuevamente contra la sentencia de la CIJ, con una verborrea y una gestual corporal evidenciando su profunda exasperación como jefe de Estado. Véase al respecto BOEGLIN N.La décision de la Colombie de déclarer « non applicable » l´arrêt de la CIJ : brèves réflexions«, SFDI, Bulletin Sentinelle, 2013. Texto disponible en este enlace.

Nota 9: Véase BOEGLIN N., «Estados Unidos / Venezuela: las diversas reacciones oficiales registradas en América Latina ante primera la intervención militar norteamericana en América Latina del siglo XXI«, 3 de enero del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 10: Véase BOEGLIN N., «Los 80 años de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya: algunas reflexiones«, 23 de abril del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Cuando la Doctrina Monroe vuelve a hablar…

Rodrigo Campos Hernández

Cuando la Doctrina Monroe vuelve a hablar: lenguaje, poder y soberanía en el hemisferio. A propósito del discurso del secretario de Guerra de Estados Unidos Pete Hegseth en la Conferencia de las Américas contra los Cárteles del 5 de marzo de 2026.1

1 Este es un ejercicio de lectura crítica sobre el discurso de seguridad hemisférica actual.

1. Introducción: cuando el lenguaje reorganiza la realidad1

El discurso que aquí se analiza fue pronunciado por el secretario de Defensa de Estados Unidos en el marco de una convocatoria impulsada por el presidente Donald Trump en Florida, en la que participaron diversos presidentes y ministros de seguridad de América Latina y el Caribe.

El encuentro tenía como objetivo articular una estrategia regional de seguridad —incluido el denominado “Escudo de las Américas”— orientada a fortalecer la lucha contra los carteles y otras amenazas transnacionales.

El contexto no es menor. Se trata de un momento de reconfiguración geopolítica, en el que se redefinen alianzas, amenazas y marcos de acción en el hemisferio. El emisor habla desde una posición de poder estatal con capacidad de incidir materialmente en la región, mientras que los receptores —autoridades políticas y de seguridad— son potenciales traductores institucionales de ese discurso.

En este punto, una pregunta resulta inevitable: ¿qué sentido tiene realizar un análisis de este tipo?

La interrogante no es menor. A primera vista, podría parecer que se trata de un ejercicio meramente interpretativo, sin consecuencias prácticas inmediatas. Sin embargo, en contextos como el actual, los discursos no son simples declaraciones. Funcionan como dispositivos que orientan decisiones, legitiman políticas y delimitan lo que aparece como posible o necesario.

Analizar un discurso de esta naturaleza no es, por tanto, un ejercicio teórico abstracto. Es una forma de intervenir críticamente en las condiciones mismas en que se toman decisiones públicas.

Para América Latina, esta cuestión adquiere una relevancia particular. Históricamente, la región ha sido escenario de múltiples formas de influencia externa, muchas de ellas justificadas precisamente a través de narrativas que apelan a la seguridad, el orden o la estabilidad. En ese sentido, comprender cómo se construyen esas narrativas permite también reconocer sus implicaciones políticas.

En el caso de Costa Rica, el análisis resulta especialmente significativo. Se trata de un país cuya tradición política se ha construido en torno a la institucionalidad democrática, el derecho internacional y la ausencia de fuerzas armadas. La incorporación acrítica de marcos discursivos que privilegian la lógica de seguridad militarizada no es un movimiento neutro: puede implicar transformaciones profundas en la forma en que se conciben la seguridad, la soberanía y el papel del Estado.

Hay discursos que no necesitan exagerar para ser efectivos. Les basta con organizar cuidadosamente el lenguaje. No se imponen por la fuerza de sus afirmaciones, sino por la forma en que seleccionan, ordenan y silencian. En consecuencia, este trabajo parte de una hipótesis: la eficacia del discurso analizado no radica en su contenido explícito, sino en su arquitectura semántica”.

Debemos tener claro, entonces, que hay discursos que no solo buscan persuadir: buscan reorganizar el mapa mental desde el cual una sociedad decide qué teme, qué tolera y qué está dispuesta a aceptar en nombre del orden. El discurso de Pete Hegseth pertenece a esa clase de discursos.

Su relevancia no radica únicamente en sus afirmaciones explícitas, sino en algo más profundo: en la forma en que articula una nueva gramática política para el hemisferio. Bajo el lenguaje de la seguridad, la cooperación y la defensa, se perfila una reconfiguración de las relaciones entre Estados que merece ser examinada con cuidado. Es en este sentido, que este trabajo propone una lectura distinta: no centrada en la reacción inmediata, sino en el análisis de las estructuras semánticas y discursivas que sostienen el mensaje.

2. Enfoque metodológico

El análisis se inscribe en el campo del análisis crítico del discurso. No se trata de determinar si el texto es verdadero o falso, sino de identificar: a. los nudos semánticos que organizan su coherencia, b. las operaciones lingüísticas que permiten su funcionamiento, c. los desplazamientos conceptuales que produce, d. y los silencios estructurales que lo hacen posible. En consecuencia, se procedió mediante: a. Identificación de unidades discursivas clave, b. análisis de su textura lingüística, c. reconstrucción de efectos de sentido, d. identificación de ausencias significativas y e. la confrontación con referentes empíricos

3. Nudos semánticos del discurso

Cuadro 1. Síntesis estructural

NUDO

OPERACIÓN

EFECTO

Nativos

Desplazamiento

Identidad sobre ciudadanía

Soberanía

Redefinición

Tutela implícita

Inclusión

Reconfiguración

Jerarquía

Seguridad

Expansión

Militarización

Narco-comunismo

Hibridación

Enemigo total

Víctima

Narrativa

Excepcionalidad

3.1 El sujeto que desaparece

Cuando el texto habla de “nativos de distintos estados actuando juntos por primera vez” (traducción libre del autor), no utiliza términos como “ciudadanos” o “pueblo”. La elección no es menor. La palabra “nativos”, en este contexto, remite más a origen, pertenencia y arraigo que a ciudadanía política moderna. El desplazamiento es claro: del sujeto jurídico al sujeto identitario. La comunidad deja de aparecer como una construcción política deliberativa y pasa a ser un cuerpo orgánico, definido por herencia y destino compartido. En este sentido, el sujeto del discurso no es el ciudadano deliberante, sino la comunidad cohesionada frente a la amenaza.

3.2 La soberanía que se redefine

El discurso afirma que la región debe estar compuesta por “naciones soberanas fuertes” (traducción libre del autor). Sin embargo, esa afirmación convive con la definición del hemisferio como espacio de interés estratégico de Estados Unidos. Aquí no hay una negación explícita de la soberanía. Hay una operación más sutil: Se mantiene como término, pero se redefine en su contenido, de manera que la soberanía se afirma pero dentro de un marco previamente delimitado. No desaparece, pero se condiciona.

3.3 Inclusión y jerarquía

El texto apela a fórmulas como “nuestra nación y las suyas” y a la idea de “poner a América, a los estadounidenses y a las Américas en primer lugar” (traducción libre del autor). Tampoco esta inclusión no es neutral. Los Estados Unidos se presenta simultáneamente como parte del conjunto y como su punto de referencia, ya que habla desde el hemisferio, pero también lo organiza. De esta manera, la inclusión retórica encubre una asimetría estructural.

3.4 La militarización del lenguaje

Expresiones como “paz mediante la fuerza” y la necesidad de restaurar un “ethos del guerrero” (traducción libre del autor) introducen una forma específica de comprender el orden político. Los problemas sociales se traducen en términos bélicos. Y en este desplazamiento ocurre algo decisivo: Desaparece el lenguaje civil del conflicto (salud pública, prevención, institucionalidad o desarrollo social). Si todo es guerra, lo que no es guerra deja de ser visible.

3.5 El enemigo como construcción total

El uso de categorías como “narco-comunismo” (traducción libre del autor) no describe una realidad empírica precisa. Funciona como una hibridación semántica que fusiona: crimen, ideología y amenaza externa que produce un enemigo sin límites claros. Y cuando el enemigo es total, la respuesta tiende a justificarse como igualmente total.

3.6 Victimización y excepcionalidad

El discurso presenta un escenario de asedio: crimen organizado, migración incontrolada, drogas y amenazas externas. Esto permite una operación estructural: la acción se presenta como defensa y la expansión como necesidad donde la posición de víctima habilita la excepcionalidad.

4. Lo que el discurso no dice

Cuadro 2. Lo dicho y lo insinuado

LO DICHO

LO INSINUADO

PREGUNTA

nativos”

comunidad orgánica

¿dónde está el ciudadano?

soberanía”

subordinación

¿quién decide?

cooperación”

asimetría

¿entre iguales?

seguridad”

guerra

¿qué queda fuera?

El análisis de estas ausencias permite observar que el discurso no solo organiza lo que se dice, sino también lo que queda fuera del campo de lo pensable. Desaparece el ciudadano como sujeto político central. Se diluye la complejidad social de los fenómenos. Se omiten antecedentes históricos relevantes y se reduce el campo de respuestas posibles. En conjunto, estos silencios no constituyen omisiones accidentales. Son condiciones estructurales del discurso.

5. Confrontación con la realidad

Al contrastar el discurso con referentes empíricos, emergen tensiones que permiten matizar sus presupuestos centrales.

En primer lugar, la idea de que la militarización constituye una respuesta eficaz frente a fenómenos como el narcotráfico no encuentra respaldo concluyente en la experiencia regional. Tras décadas de “guerra contra las drogas”, particularmente en países como Colombia, los enfoques centrados en la interdicción, la erradicación forzada y la cooperación militar no han logrado resolver el problema estructural de la producción y tráfico de sustancias ilícitas. Por el contrario, diversos análisis señalan la persistencia —e incluso reconfiguración— de estas economías ilícitas, a pesar de la intensificación de la presencia militar y de seguridad en la región.

En esa misma línea, la instalación de infraestructura y cooperación militar extranjera no ha demostrado efectos sostenidos en la reducción de la violencia o del tráfico de drogas. El caso de la base de Manta en Ecuador, operativa durante una década como parte de la estrategia regional antidrogas, no produjo mejoras significativas en los indicadores de seguridad, lo que ha llevado a cuestionar la eficacia de este tipo de medidas.

En segundo lugar, las categorías empleadas en el discurso —como aquellas que combinan fenómenos distintos bajo denominaciones unificadas— tienden a simplificar realidades complejas. La experiencia histórica muestra que los fenómenos asociados al narcotráfico, la violencia y la conflictividad social responden a dinámicas económicas, políticas y territoriales diversas, que difícilmente pueden ser abordadas mediante enfoques homogéneos.

Finalmente, la idea de una cooperación hemisférica simétrica también encuentra límites en la trayectoria histórica de la región. Diversos episodios evidencian relaciones marcadas por asimetrías estructurales, en las que la política exterior y de seguridad de Estados Unidos ha incidido de manera determinante en los procesos internos de los países latinoamericanos.

El caso del embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba desde 1962 —considerado el más prolongado de la historia contemporánea— constituye un ejemplo paradigmático de relaciones estructuralmente asimétricas, con efectos sostenidos sobre la economía y la vida cotidiana en la isla.

A ello se suma una serie de intervenciones políticas y militares a lo largo del siglo XX que han incidido directamente en los procesos internos de diversos países latinoamericanos. Casos ampliamente documentados, como el derrocamiento del gobierno de Jacobo Árbenz en Guatemala (1954) o el de Salvador Allende en Chile (1973), así como el respaldo a regímenes autoritarios en el Cono Sur durante las décadas de 1960 y 1970, evidencian una constante en la política hemisférica: la disposición a intervenir en contextos considerados estratégicos.

El caso del escándalo Irán-Contra en la década de 1980 —que involucró operaciones encubiertas, financiamiento irregular y vínculos con redes ilícitas— constituye un ejemplo paradigmático de estas dinámicas complejas.

Más recientemente, episodios como la operación militar estadounidense en Venezuela en 2026 —que incluyó bombardeos en Caracas y la captura del presidente Nicolás Maduro— evidencian el grado de conflictividad y unilateralidad que puede alcanzar la política hemisférica. La interpretación de estos hechos, sin embargo, forma parte de una disputa política y jurídica más amplia, lo que refuerza la necesidad de analizarlos críticamente.

Ahora bien, más que agotar el inventario de episodios históricos, lo relevante es advertir la regularidad de ciertas dinámicas. Las intervenciones, directas o indirectas, que han marcado la relación hemisférica no han producido, en términos generales, beneficios sostenidos para las sociedades latinoamericanas, sino que han tendido a favorecer intereses estratégicos externos y a reforzar estructuras de poder preexistentes.

Por otro lado, en un contexto global caracterizado por el desplazamiento progresivo del hegemonismo estadounidense hacia un escenario de mayor dispersión del poder, los intentos por reafirmar su influencia en el continente americano resultan, en términos estratégicos, comprensibles. Sin embargo, la forma en que dicha reafirmación se articula merece una lectura crítica.

En efecto, la apelación a la cooperación regional en materia de seguridad —particularmente en torno a la lucha contra los carteles de la droga— puede funcionar como un dispositivo de legitimación de estrategias que, en la práctica, reproducen relaciones asimétricas. La construcción de amenazas compartidas facilita la alineación política, pero también puede operar como mecanismo de reorganización del poder en el hemisferio.

Esta dinámica se vuelve especialmente problemática cuando se considera una tensión estructural difícil de soslayar: Estados Unidos continúa siendo uno de los principales mercados de consumo de drogas a nivel global. En ese sentido, la persistencia del fenómeno no puede explicarse únicamente desde la oferta, ni resolverse exclusivamente mediante estrategias centradas en la intervención externa.

La ausencia de un abordaje integral que incluya las dinámicas internas de consumo introduce una disonancia que debilita la coherencia del discurso. En este marco, la lucha contra el narcotráfico corre el riesgo de convertirse menos en una solución estructural y más en un eje discursivo que permite articular agendas de seguridad con efectos geopolíticos más amplios.

Esta tensión adquiere una dimensión aún más compleja si se consideran las prioridades en la asignación de recursos. En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha destinado sumas multimillonarias al financiamiento de conflictos internacionales y al sostenimiento de alianzas estratégicas en distintos escenarios geopolíticos.

Al mismo tiempo, persisten en su propio territorio problemáticas sociales de gran magnitud, particularmente asociadas al consumo de opioides y drogas sintéticas, que han sido calificadas como una crisis de salud pública. A ello se suman niveles significativos de población en situación de calle y acceso desigual a servicios de salud y atención social.

Sin necesidad de establecer relaciones causales simplistas, la coexistencia de estas dos dimensiones introduce una pregunta relevante: ¿en qué medida las estrategias de seguridad proyectadas hacia el exterior se articulan con —o se desvinculan de— las problemáticas internas que contribuyen a sostener los fenómenos que se pretende combatir?

Plantear esta cuestión no implica desconocer la complejidad de los escenarios internacionales, sino advertir que la eficacia de cualquier estrategia hemisférica depende también de la coherencia entre sus dimensiones internas y externas.

No reconocer esta trayectoria en el contexto actual implicaría asumir el presente como si se tratara de un punto de partida neutral. Y ese, precisamente, es el riesgo: confundir la novedad del discurso con la ausencia de antecedentes. En ese sentido, el análisis no busca clausurar posibilidades, sino evitar una forma de ingenuidad que, históricamente, ha tenido costos significativos para la región.

6. Objeción: la racionalidad de la cooperación

Una objeción razonable podría formularse así: ¿qué tiene de problemático formar parte de una estructura hemisférica liderada por Estados Unidos, considerando los beneficios en comercio, cooperación, educación e intercambio cultural? La pregunta es válida, y precisamente por eso exige precisión. El problema no radica en la relación en sí misma, sino en su redefinición. Cuando la cooperación se formula en términos de seguridad estratégica, su naturaleza cambia: deja de ser relación entre iguales y adquiere una estructura jerárquica.

7. Conclusión

El riesgo no es la existencia de alianzas ni de cooperación internacional. El riesgo es la transformación silenciosa de esas relaciones en marcos donde ciertas categorías —seguridad, soberanía, cooperación— adquieren significados distintos sin ser discutidos. El desafío, entonces, no es rechazar ni aceptar de manera automática, sino comprender. Porque solo cuando se comprende cómo opera un discurso, se recupera la posibilidad de decidir frente a él.

Para Costa Rica, cuya tradición política se ha construido en torno a la paz, el derecho internacional y la institucionalidad democrática, este tipo de discursos plantea interrogantes relevantes. La adopción acrítica de una gramática de seguridad militarizada no es neutra. Puede implicar transformaciones en la forma en que se entienden la soberanía, la seguridad y el papel del Estado.

1 El planteamiento de que ciertos discursos no requieren exageración para ser efectivos puede sostenerse desde diversas tradiciones del análisis del discurso. Como ha señalado Michel Foucault (1971), el poder discursivo no reside únicamente en lo que se afirma, sino en la capacidad de delimitar el campo de lo decible y lo pensable. En esa misma línea, Teun A. van Dijk (1998), ha mostrado que la influencia del discurso se ejerce a través de la organización de estructuras cognitivas —temas, énfasis y omisiones— que orientan la interpretación del receptor. A ello se suma la noción de poder simbólico de Pierre Bourdieu (1991), según la cual los discursos más eficaces no son los más explícitos, sino aquellos que logran naturalizar sus categorías como evidentes. Finalmente, desde la teoría del framing, George Lakoff (2004), ha demostrado que quien define los marcos lingüísticos condiciona la percepción de la realidad, haciendo innecesaria la exageración. En conjunto, estas perspectivas permiten sostener que la eficacia de un discurso no depende de la intensidad de sus afirmaciones, sino de su capacidad para seleccionar, ordenar y silenciar elementos, configurando así un horizonte de interpretación.

El delirio del gran “América del norte”

Mauricio Ramírez Núñez

El planteamiento atribuido al presidente Trump de extender conceptualmente “América del Norte” hasta Ecuador no debe leerse como un acto geopolítico en sentido estricto, sino como una operación discursiva que intenta reconfigurar la percepción del espacio más que su realidad material. En ese marco, ninguna declaración unilateral tiene la capacidad de alterar la estructura geográfica ni las identidades históricas que configuran América del Norte, Centroamérica y Sudamérica como regiones diferenciadas.

Sin embargo, reducir este tipo de afirmaciones a mera irrelevancia sería un error político. Lo que sí revelan es la persistencia de una visión estratégica en Estados Unidos que concibe el hemisferio como un espacio prioritario de influencia. Esta lógica remite, a la añeja Doctrina Monroe. La diferencia fundamental es que esa concepción ya no opera en condiciones de hegemonía incontestada.

El sistema internacional actual se caracteriza por una creciente tendencia a la existencia de diversos centros de poder (multipolaridad), en la que actores como Xi Jinping y Vladimir Putin han contribuido a erosionar la capacidad de EEUU para imponer unilateralmente sus definiciones del orden internacional y la geografía.

En este contexto, las esferas de influencia no desaparecen, pero se vuelven más porosas, disputadas y sujetas a negociación. América Latina, por tanto, ya no se encuentra estructuralmente confinada a una única lógica de alineamiento, sino que dispone de márgenes, aunque condicionados, para diversificar sus vínculos y afirmar grados relativos de autonomía y neutralidad.

Las reacciones frente a este tipo de planteamientos suelen caer en dos errores simétricos. Por un lado, cierta izquierda tradicional tiende a sobredimensionar el alcance del discurso, interpretándolo automáticamente como una manifestación de imperialismo efectivo y militarista, sin distinguir entre intención y capacidad real de cambiar algo en lo concreto.

Por otro, algunos actores políticos lo instrumentalizan en clave interna para sacar rédito personal, sin comprender que se trata más de una narrativa de posicionamiento que de una transformación concreta del orden regional. En ambos casos, se pierde de vista el elemento central: la distancia entre el lenguaje del poder y su materialización. Trump es un bravucón.

Una lectura realista y critica obliga a reconocer que las potencias siempre intentan expandir su influencia también en el plano simbólico, pero que dicha expansión solo se consolida si encuentra condiciones estructurales favorables. Aquí si, el gobierno actual y el que viene son el verdadero peligro para el país, no los gringos, ya que son las autoridades locales las que abren o no las puertas a este tipo de interferencias externas.

Por eso este tipo de afirmaciones deben ser entendidas con precisión crítica: son expresiones de una voluntad de influencia que puede ser observada y evaluada, pero no sobredimensionada. Que Estados Unidos bajo liderazgos como el de Trump deliren formulando sus propias concepciones estratégicas entra dentro de su lógica de poder; aceptarlas como descripciones válidas de la realidad, en cambio, es otra cosa. La geopolítica contemporánea no se reconfigura por decretos ni por actos de delirio personales, sino por la interacción efectiva de capacidades, intereses y límites.

Desde una perspectiva soberana, el punto crítico no es reaccionar emocionalmente ante estas narrativas, sino evitar quedar atrapados en ellas. La verdadera trampa no está en lo que se dice desde fuera, sino en cómo eso reordena, o pretende, las discusiones internas. Convertir estas declaraciones en ejes de polarización doméstica implica, en la práctica, concederles una centralidad que no poseen en el plano material.

Por ello, más que aceptar o rechazar discursivamente estos delirios, lo estratégico es desactivarlos como factor de división interna. Ni adhesión acrítica ni oposición reflejo: comprensión fría del contexto y comprensión clara que la realidad regional no se redefine desde un centro externo. En un entorno multipolar, la autonomía no se proclama; se ejerce evitando que agendas ajenas dicten los términos del debate propio. Dejemos a los gringos con su derecho al berreo, nosotros sabemos qué somos y dónde estamos.

¿Cumbre de las Américas, de Alto o de Bajo Nivel?

La nueva arquitectura política y militar que Trump intenta imponer en el continente

Vladimir de la Cruz

Hace pocos días, el 7 de marzo, el presidente de los Estados Unidos se reunió, con varios presidentes de América Latina y el Caribe, en lo que denominó “una cumbre de alto nivel” para tratar con ellos asuntos de “seguridad regional”, “enfrentar bandas narcocriminales” en el continente, “reducir la migración ilegal” y, especialmente, imponer límites a la “influencia de China en América Latina”. También se trataron temas de “inversión”, “promoción de los intereses estadounidenses”

Doce presidentes del continente asistieron a su convocatoria. Ellos fueron los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de El Salvador, Nayib Bukele; de Ecuador, Daniel Noboa; de Honduras, Nasry Asfura, de Paraguay, Santiago Peña; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Panamá, José Raúl Mulino; de Guyana, Irfaan Ali; de República Dominicana, Luis Abinader; el presidente electo de Chile, José Antonio Kast; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. A esta reunión Trump no invitó a la presidenta recién electa de Costa Rica, Laura Fernández, aunque sí la recibió aparte con el presidente costarricense, Rodrigo Chaves.

La reunión de la llamada “Cumbre de alto nivel” no fue en Washington, en la Casa Blanca o en el Departamento de Estado. Fue sencillamente en el Club y campo de golf, en el Trump National Doral Hotel, en Miami, quizá con una visita obligada a Mar-a-Lago, a su sitio de placer y descanso, en el Estado de Florida, en lo que pudo ser una reunión de placer con la sesión de “trabajo” para oír al Presidente Trump imponiéndoles su agenda, diciendo tonterías, expresando amenazas contra países, y sometiéndolos en su ruta geopolítica, aparte de recibirlos escupiéndoles en la cara, indicándoles que no les hablaría en “su maldito idioma español”, lo que generó risueñas manifestaciones gestuales en los rostros de los invitados. Solo les faltó aplaudir.

Entre las tonterías que dijo Trump fue que “entre las cosas buenas que le está pasando a Venezuela es que podría llegar a ser el Estado 51 de la Unión Americana”, después de la intervención militar que realizó el 3 de enero y del Protectorado que ha impuesto en ese país. Después de esa introducción todos empezaron a hablar en inglés.

El jefe de la diplomacia estadounidense, como un gesto de buena voluntad y quizá para igualar los ánimos expresados en los gestos, Marco Rubio, nacido en Estados Unidos, de padres cubanos emigrados antes de la Revolución Cubana, antes de 1960, se dirigió al presidente Trump, “pidiéndole permiso” para hablar en “español” ante los latinoamericanos que había convocado. Trump por su parte enfatizó que a él le traducían si fuera necesario.

Mínimo decoro, mínima decencia, mínima dignidad, y mínimo sentido patriótico y nacional, hubiera sido que todos los invitados a ese “week end florideño”, donde quizá les mostraron, en ese mismo lugar, las andanzas de Jeffrey Epstein, con el mismo Trump, con su corte de jóvenes adolescentes, muchas se dice, menores de edad, situación escandalosa y parlamentaria en Estados Unidos, que trata de ocultar con su criminal guerra en Irán y en el Medio Oriente, donde no le está yendo tan bien.

Evidentemente, ese sentimiento y orgullo patriótico latinoamericano no apareció por ningún lado. Todos ellos, como agentes vendedores de las riquezas naturales de sus países, vendedores de las soberanías nacionales, y como representantes de los intereses extranjeros estadounidenses en sus países, se alinearon con los elementos geoestratégicos y geopolíticos de Trump hacia el continente, para ver quien sacaba más, en medio de las posiblemente “ricas atenciones” que disfrutaron en los sitios de reunión donde los tenían concentrados.

Doce países de 34 que tiene oficialmente la Organización de Estados Americanos, es lo que llamaron “Cumbre de Alto Nivel”. Doce países que no representan ni el 25% de la población de toda Latinoamérica y el Caribe.

No fueron invitados, ni tomados en cuenta los países pequeños del Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Haití, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. Tampoco invitaron a Surinam, ni a Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Uruguay, así como tampoco a Venezuela, Nicaragua, Canadá, ni a Cuba, que para todos los efectos ya forma parte como país membro de la OEA, aunque Cuba desista en participar de ese organismo continental.

¿Cómo puede entenderse una “Cumbre de Alto Nivel” de América Latina si no están allí, al menos, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Uruguay? Se puede comprender que Venezuela, Nicaragua y Cuba no hubieran sido tomados en cuenta.

Los que llevaron a Miami eran sencillamente los fieles representantes de los países felpudos de la política exterior de los Estados Unidos en el continente. Esa fue una “Cumbre del más Bajo Nivel” de los países seleccionados para decir “yes man”…ante las acciones agresivas, injerencistas e intervencionistas que pueda realizar Trump em Cuba, Nicaragua, Colombia o cualquier otro país que se le ocurra calificarlo de narco Estado, narco Fallido, para indicar la necesidad de decir y reclamar por un “Estado ocupado” …

Es natural la reunión con los convocados porque Trump todavía abriga los deseos intervencionistas en Groenlandia; en Canadá, de quien ha planteado que pueda ser parte de la Unión Americana; en México de intervenir en toda la frontera común con su ejército para enfrentar las bandas narcodelincuentes que allí existen; en Panamá, donde ya plantó nuevamente su bota opresora en el control del Canal transístmico; em Colombia donde trató de vincular al presidente Petro con la narcodelincuencia y el narcoterrorismo, en Nicaragua y Cuba donde ha señalado que deben constituirse gobiernos, como el de Venezuela, después del secuestro del presidente Maduro, totalmente alineados a los intereses económicos y geopolíticos de los Estados Unidos, especialmente en lo referente a la presencia continental de Rusia, la República Popular China e Irán, y de agudizar el bloqueo a Cuba, procurando con él un levantamiento de la población contra su gobierno acusándolo de ser el culpable de la mala situación social y económica que viven los cubanos.

Si en Cuba hay mala situación no es por el gobierno, es por el criminal e infame bloqueo de más de 60 años.

En el caso cubano Trump está yendo más lejos. Amenaza con una intervención militar directa, para la cual hasta ha hecho el anuncio de un posible Gobierno que ya tiene formado con cubanos de Miami, y hasta con el mismo Marco Rubio. Pero, cuidado, Cuba no es Venezuela ni La Habana es Caracas. Cuba asemeja un portavión gigante a pocas millas de Estados Unidos. Con lo que vemos de la guerra contra Irán, y su capacidad defensiva, podemos entender por qué Trump no quiere que Cuba socialista exista a 90 millas de sus costas.

Con la celebración de esa “Cumbre de Bajo Nivel”, Trump ha dado un golpe a la Organización de Estados Americanos. Ha propuesto de hecho un nuevo escenario de relación continental de los Estados Unidos con Latinoamérica.

La Organización de Estados Americanos es hoy un organismo político continental debilitado. Ni siquiera opera ya como el clásico organismo de colonias que tenía Estados Unidos en su política continental.

La nueva relación establecida por Trump está bajo el diseño de un nuevo concepto actualizado de la vieja Doctrina Monroe, de 1823. En sus relaciones con América Latina definieron, desde aquella época, la política de que el continente americano debía estar al margen de las expansión imperialista y neocolonial que impulsaban países europeos como Inglaterra y Francia, presentándose los Estados Unidos como el país guardián, ante esas amenazas, y como el país que respetaba la Independencia, la Soberanía y la Libertad de los países que acababan de romper con el yugo colonial español.

Estados Unidos impulsó en el continente, desde 1811, la Política del Principio de No Transferencia que pretendía detener que los territorios americanos pasaran a manos de las potencias europeas como lo pretendía Inglaterra en el Cono Sur, en esos años

Los años siguientes, en el continente, Estados Unidos desarrolló la Doctrina Monroe. El 2 de diciembre de 1823, en su sétimo discurso al Congreso sobre el Estado de la Unión, el presidente Monroe declaró que los Estados Unidos tenían el “carácter elegido”, la “idea americana” de la “defensa” de las Américas, considerando que los esfuerzos ingleses de controlar o influir, particularmente, en Suramérica debían considerarse una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Luego siguieron con la doctrina del Destino Manifiesto, en la segunda mitad del siglo XIX, que permitió la expansión de los Estados Unidos con la usurpación de los territorios de México. En 1846 Estados Unidos impuso a Colombia el Tratado Mallarino-Bidlack, con el cual se aseguró el derecho de tránsito por el Istmo de Panamá a cambio de garantizar la soberanía colombiana sobre el territorio. Poco tiempo después, con los filibusteros en Centroamérica, intentaron adueñarse, en 1856-1857, de todos los países centroamericanos. También la expansión con la compra de los territorios de la Luisiana francesa, la Florida española, en 1819, el Alaska ruso, en 1867, y la usurpación de las tierras indígenas de la América estadounidense en su proyección hacia el oeste, con motivo de la extracción minera de California, así como con la Guerra Hispano Estadounidense, a finales del siglo XIX, que proyectó a Estados Unidos en Cuba, Puerto Rico, Filipinas. De esa guerra se quedó con la región de Guantánamo en Cuba, estableciendo en Cuba durante 1901-1902, la llamada República Plattista, resultante de la Enmienda Platt que le fue incorporada, por imposición, a la Constitución cubana de esos días. Igual fue su participación intervencionista para la segregación de Panamá, de Colombia, con la intención de quedarse con el dominio de la construcción del canal interoceánico.

A finales del siglo XIX, los Estados Unidos impulsaron la Doctrina Monroe bajo el concepto del Gran Hermano, tratando de unir a los países del continente alrededor de su mercado y de sus políticas comerciales, y proyectándose como mediador de conflictos fronterizos, como lo fue el de Esequibo que enfrentó a Venezuela con Inglaterra, que se sigue manteniendo entre Venezuela y la Guyana, hoy disputando franjas petroleras y mineras, o el conflicto fronterizo de Nicaragua y Costa Rica. Así fue la intervención militar en 1902-1903 en Maracaibo, Venezuela.

A principios del siglo XIX impulsaron la política del Gran Garrote, que les permitía y justificaba intervenir en países, especialmente del Caribe. La Doctrina del Gran Garrote garantizaba que los países cumplieran con sus obligaciones con los acreedores internacionales y no violaran los derechos de Estados Unidos, ni invitaran a una «agresión extranjera en detrimento de todo el conjunto de las naciones americanas». Igualmente ejercían control de aduanas. Con ello también buscaban restablecer estabilidades internas en las regiones o países que intervenían. Los mismos argumentos que hoy emplea Trump.

Roosevelt, como lo hace Trump, declaró que Estados Unidos podría “ejercer poder policial internacional en “casos flagrantes de tal irregularidad o impotencia”. De esa manera intervino en Cuba, Nicaragua, Haití, República Dominicana.

Roosevelt afirmó: «No garantizamos a ningún estado contra el castigo si se comporta mal», nada alejado de las frases y expresiones que Trump acostumbra a manifestar como amenaza a quien no se le someta, asegurando de esa forma el derecho de Estados Unidos a intervenir en Latinoamérica en casos de «faltas flagrantes y crónicas por parte de una nación latinoamericana» para evitar la intervención de los acreedores europeos.

También se impuso la llamada Diplomacia del Dólar: lo que no podían hacer a la fuerza lo harían mediante las intervenciones e inversiones económicas, facilitando que las corporaciones que se beneficiaban colaboraran de esa manera con la seguridad nacional estadounidense, evitando la presencia financiera y económica de países europeos.

Trump está reinterpretando en tiempo actual la Doctrina Monroe, actuando directamente, por la fuerza allí donde lo considere necesario, en su visión global, en cualquier parte del mundo. Para eso tienen más de 800 bases y emplazamientos militares en más de 100 países.

En el ambiente de la II Guerra Mundial desarrollaron la política de Buena Vecindad. Pero, al terminar la II Guerra Mundial, junto con Inglaterra, Estados Unidos impulsó la Guerra Fría y de nuevo políticas agresivas. El mundo fue dividido en los países que estaban detrás de la llamada Cortina de Hierro, en Europa, y detrás de la llamada Cortina de Bambú, en el Asia, con motivo del surgimiento de nuevos países socialistas. Al interior de los Estados Unidos durante la década de 1950-1960 las políticas macartistas definieron las políticas internas represivas, y a nivel continental desde finales de la década de 1940, se impulsaron las doctrinas económicas de Plan Clayton y de las doctrinas militares del presidente Truman. Con estas se fortalecieron regiones agrícolas para evitar guerrillas campesinas. Con la doctrina Truman se le dio impulso a las bases militares en el Canal de Panamá para preparar los ejércitos de los países latinoamericanos en su lucha anticomunista y de contrainsurgencia guerrillera.

A nivel de América y de Centroamérica, con motivo del triunfo de la Revolución Cubana se impulsó el Plan de la Alianza para el Progreso, y a nivel militar el Consejo de Defensa Centroamericano, CONDECA, que unía a los ejércitos de Centroamérica.

De esta Doctrina de Truman surgió el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, con la intención de crear una Fuerza Interamericana de Paz, un ejército continental en capacidad de enfrentar cualquier expansión soviética al continente, o cualquier amenaza extracontinental a cualquier país latinoamericano, obligando a su segura defensa hemisférica, lo que no sucedió en la Guerra de las Malvinas, ni con las intervenciones de los Estados Unidos en 1965, cuando invadió República Dominicana, resultado un gobierno militar 13 años, o cuando el gobierno democrático del Estado Socialista de la isla Granada, en el Caribe, que dirigieron en sus dos gobiernos, Maurice Bishop y Bearnard Coard, quien fue derrocado por una intervención militar estadounidense en 1983.

Con la doctrina Truman se impulsaron dictaduras, tiranías, satrapías, gobiernos autoritarios y despóticos, persecuciones y represiones anticomunistas en el continente.

Con el gobierno de Trump, en este segundo período, se proyecta su doctrina política y militar de modo más agresivo. Haciendo guerras, interviniendo países, secuestrando presidentes y amenazando con hacerlo si es necesario a sus intereses de seguridad nacional. Los objetivos de la acción militar Trump los podemos ver así, como ha sucedido con Venezuela:

Primero: control de las relaciones internacionales de Venezuela en el contexto mundial, considerando esa proyección dentro de esas relaciones de Estados Unidos. Debilitar y quebrar las relaciones con Rusia, con la República Popular China, con Irán, con Cuba principalmente.

Segundo: ejercer control de la producción petrolera venezolana, considerada una de las reservas mundiales más importantes. Las primeras acciones después de la intervención militar y de las relaciones que han establecido con las autoridades a cargo del gobierno venezolano así lo demuestran. Control de otros minerales que consideren importantes, oro y las llamadas tierras raras.

Tercero: informar al mundo que Estados Unidos no acepta países latinoamericanos disidentes de su esquema de política exterior, en el contexto mundial de países que surgen como rectores hegemónicos mundiales, como son Rusia y China particularmente. De manera especial China que se proyecta como la principal economía del mundo a partir del 2030.

Cuarto, establecer bien claro el Meridiano que separa al continente de Europa.

A la par de la llamada “Cumbre de Alto Nivel” Trump también hizo una Mini Cumbre de Ejércitos del continente. La llamó “Conferencia de las Américas contra los Carteles. Declaración conjunta de Seguridad”. Tiene más de aspectos políticos, económicos que militares. Trump, en ese diseño geopolítico, ha impulsado la llamada Junta de la Paz, casi sustitutiva de la ONU.

En el continente, el presidente Donald Trump reunió el pasado 4 y 5 de febrero, antes de la reunión con los presidentes felpudos, también en Miami, en su club familiar de Mar-a-Lago, a representantes de los Ministerios de Defensa y de los Ejércitos de 17 de los 34 países de América Latina, con el propósito, de poder actuar con el Ejército de los Estados Unidos allí donde al presidente Trump se le ocurra y justifique en su lucha contra las drogas, o en su lucha contra la presencia de Irán, Rusia, China y Cuba en el continente.

A esa mini reunión de representantes de mini ejércitos, en las cabezas de los ministros de Defensa, fueron invitados Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, la Republica Cooperativa de la Guyana, Jamaica, la República de Trinidad y Tobago, Las Bahamas, Belice y Costa Rica, que no tiene ejército por prohibición constitucional.

No invitaron a participar a los grandes países de América Latina, México, Colombia y Brasil, que solos ellos constituyen casi el 70 % de toda la población de América Latina, además de ser países conocidos por vivir situaciones de narcotráfico, narco delincuencias, narco producción y de organizaciones altamente desarrolladas en esos negocios. Sencillamente no lo invitaron a participar, porque a Trump no le interesa esa lucha con ellos presentes, en ese organismo que ha creado, donde él gobierna y manda, y los ministros, y presidentes, de esas pequeñas naciones obedecen.

La DEA, la CIA y otras dependencias militares actúan en todos los países de América Latina, donde hay casi 30 bases militares, que no llevan a cabo luchas de ninguna clase contra ese crimen organizado.

Sencillamente, Trump ha creado un círculo de pequeños países alrededor de Cuba, Nicaragua, México, Colombia donde quiere actuar como lo hizo con Venezuela. Por eso no invitaron a Venezuela, qué la tienen intervenida como si fuera un Protectorado neocolonial, a Nicaragua que la tienen marcada y especialmente a Cuba, que le llevan ganas. México le acaba de dar una lección de control de la lucha contra las drogas a Trump.

Esa Junta de Trump, de militarotes de los ministros de Defensa, reunidos y jefeados por el secretario de Guerra, como ahora se llama el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Óigase y léase bien: Departamento de Guerra, para hacer guerras, no para negociar la paz ni buscar la paz. El negocio es la guerra y el control de territorios de materias primas que esas guerras produzcan.

Esta iniciativa militar “liquida” al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, y al Consejo de Defensa Centroamericano, CONDECA. Impulsa un grupillo de países con poca capacidad militar para justificar, bajo la jefatura del Ministerio de Guerra de los Estados Unidos acciones militares en el continente, cuando así lo decidan y declaren de conformidad a lo acordando el 4 y 5 de marzo en Doral, Miami, frente a las amenazas que enfrenta el Hemisferio Occidental, para combatir el narcoterrorismo, fortalecer la seguridad hemisférica y las esferas que se determinen mutuamente, para “promover la paz a través de la fortaleza”, quedando al frente de esta alianza militar Pete Hegseth, Secretario de Guerra de los Estados Unidos.

La dignidad no ocupa visa: De William Walker a Donald Trump

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

A propósito del retiro de la visa gringa a expresidentes, funcionarios del Poder Judicial, diputados y ciudadanos costarricenses:

Desde 1973 hasta 2016 viajé a los Estados Unidos, con visa múltiple indefinida (que ya no existe), por estudio, trabajo, negocios o turismo.

A partir de ese momento en que el convicto Trump fue electo presidente por primera vez, «nada se me ha perdido» en ese país. Al contrario, ni siquiera he intentado renovar la visa.

Por dignidad, y porque soy un tico orgulloso y ciudadano del mundo libre, decidí que no tenía nada que hacer en una potencia que, sistemáticamente antes y descaradamente ahora, viola el derecho internacional, los tratados comerciales y la soberanía, ya no solo de países enemigos, sino de sus propios aliados. Es el país que incluso ahora, con el presidente naranja, no solo reprime, sino que hasta asesina a sus propios ciudadanos por discrepar con el gobierno; detiene y deporta inmigrantes, legales o ilegales por igual, separa familias… arresta a niños de 6 años…

Es la potencia imperialista más violenta, cuya política exterior desde el siglo antepasado se basa en autoproclamarse dueña de todo el continente americano con su Doctrina Monroe de «América para los americanos», creyendo que los únicos americanos son ellos.

No… no me voy a someter a la censura de mis valores y convicciones de paz, aunque me duela en el alma la traición del actual gobierno, dirigido por siervos menguados y traidores a la Patria que pisotean el orgullo y legado de Juanito Mora, y la memoria de los Juan Santamaría que ofrendaron su vida para echar al filibustero imperialista William Walker, hoy reencarnado en Donald Trump.

Y le voy a facilitar el trabajo a los cónsules y funcionarios gringos, para que no se tengan que esforzar mucho:

From 1973 to 2016, I traveled to the United States with an indefinite multiple-entry visa (which no longer exists) for study, work, business, or tourism.

From the moment that the convicted felon Donald J. Trump was elected president for the first time, I felt I had “no business being” in that country. In fact, I haven’t even tried to renew my visa.

Out of dignity, and because I am a proud Costa Rican (tico) and a citizen of the free world, I decided I had no business in a nation that—systematically in the past and blatantly now—violates international law, trade agreements, and the sovereignty not only of enemy countries but of its own allies. It is the country that even now, under the orange president, not only represses but even murders its own citizens for disagreeing with the government; it detains and deports immigrants, legal or illegal alike, separates families… arrests six-year-old children.

It is the most violent imperialist power, whose foreign policy since the century before last has been based on proclaiming itself the owner of the entire American continent with its Monroe Doctrine of “America for Americans,” believing that they are the only Americans.

No… I will not submit to having my values and convictions of peace censored, even though my soul aches at the betrayal of the current government, led by diminished public servants and traitors to the Homeland who trample on the pride and legacy of Juanito Mora, and the memory of the Juan Santamarías who sacrificed their lives to kick out the imperialist filibuster William Walker, reincarnated today in Donald Trump.

El Escudo de las Américas, la lucha contra las drogas y la entronización del militarismo en Costa Rica

Vladimir de la Cruz

Queda cada vez más claro el camino militarista, autoritario, despótico que impulsa el gobierno de Rodrigo Chaves Robles. Preguntado el presidente por un periodista mexicano sobre su deseo de volver a ser presidente, contestó de manera directa que no tenía interés de ser presidente, pero sí tenía interés de ser Gobernante.

Tal vez parezca que no hay diferencia en los conceptos presidente y Gobernante, porque usualmente se usan como sinónimos de la persona que ejerce la presidencia del Poder Ejecutivo.

Un presidente es un funcionario público, que en la tradición política y democrática costarricense es electo por un período de cuatro años.

El presidente tiene la máxima autoridad del Estado y del gobierno nacional. En términos generales representa la unidad nacional. Es en cierta forma un símbolo nacional. Preside las sesiones o reuniones del Consejo de Gobierno, que se integra con todos los ministros del gobierno escogidos por el presidente, una función que es única y propia de él.

El presidente cumple las funciones constitucionales, legales, administrativas y políticas, que le están señaladas para el desarrollo de sus funciones y para la toma de decisiones estratégicas sobre el desarrollo nacional. El presidente es el dirigente político nacional de mayor relevancia en el país.

En la Costa Rica de la Segunda República, 1948-2026, el presidente puede reelegirse dejando pasar ocho años después de que ha ejercido ese alto cargo político.

El actual presidente desearía poder reelegirse indefinidamente, o al menos dejando pasar un plazo de cuatro años. Es decir, aspira volver a ser presidente en el 2030, para lo cual tendría que modificarse la Constitución Política, para poder reelegirse a los cuatro años de haber dejado la presidencia, y no a los ocho años. Esto lo intentará en el gobierno de Laura Fernández, que inicia el 8 de mayo, con la nueva Asamblea Legislativa, que le da una mayoría holgada de 31 diputados, que le facilita, con las alianzas y acuerdos legislativos adecuados, las posibilidades de reformar la Constitución Política en este sentido.

Un Gobernante es quien manda con su autoridad. Manda quien ordena, quien delega, quien dispone y dirige de conformidad a su real entender y saber. Manda quien considera súbditos a los receptores de sus órdenes. Manda quien impone con su autoridad su voluntad. Manda quien domina y quien es obedecido, quien impone sus normas, órdenes, directrices, indicaciones obligando a la sumisión y disciplina de acatamiento de lo dictado, como sucedió cuando la Ministra de Ciencia y Tecnología, frente al Presidente, manifestó que respetaba un fallo judicial, y el presidente la interrumpió e increpó de inmediato, en vivo, a todo color, frente a las cámaras de televisión, diciéndole que él no respetaba a la Corte, ni los fallos judiciales, aunque tuviera que acatarlos. Además, le dijo a la ministra que ella tenía que proceder igual que él…y la ministra quedó ni chus ni mus, sin decir palabra o, ni oste ni moste, es decir callada en todo…popularmente, calladita más bonita, mejor en silencio que dar una opinión que nadie le pidió.

Al gobernante se le considera el líder o la máxima autoridad o cabeza de un Estado, que de manera soberana ejerce las funciones de representación del Estado y del Gobierno. El gobernante es el jefe, es quien gobierna de manera tiránica, con poder absoluto. Esto fue lo que quiso decir el presidente Rodrigo Chaves al periodista mexicano. Que le interesaba gobernar con poder absoluto, no sometido a límites y controles establecidos por la Constitución Política o por las Leyes nacionales que controlan y limitan el ejercicio administrativo del gobierno y de las acciones públicas. La presidenta Laura Fernández también se ha quejado de que tiene que acatar lo que la legislación nacional le permite hacer, enfatizando que ese es el problema para gobernar, señalando que quisiera gobernar sin esas limitaciones.

Es claro que la próxima presidenta, Laura Fernández, quien asumirá el 8 de mayo la Jefatura del Poder Ejecutivo, está totalmente identificada, por lo menos hasta ahora, con los deseos y aspiraciones del Presidente Rodrigo Chaves, y que procurará impulsar las reformas de ley para facilitar la reelección de Chaves en el 2030, lo que podría alterarse si la reforma constitucional llegare a aprobarse, facilitando la reelección consecutiva, donde la misma Laura podría verse ella misma en la posibilidad de reelegirse en el 2030.

Por ahora este tema es como apretar un jabón, nadie sabe para dónde sale. Son arenas movedizas las que se están tratando de caminar.

El gobierno autoritario, despótico, tiránico, requiere, necesita un aparato de seguridad militar fuerte, tenebroso, temible, como decía Maquiavelo, “mejor temido que amado”. Por ello el actual gobierno ha venido en estos cuatro años preparando toda la estructura institucional es esa dirección. Ha impuesto, desde su tribuna de los miércoles, el terror reverencial del presidente. Ha hecho cambios importantes en los mandos de la Seguridad Pública, fortaleciendo las lealtades hacia el presidente Rodrigo Chaves, ha creado unidades policial militares, que solo le reportan a él.

El ministro de Seguridad y su viceministro más importante han desarrollado unidades militares especiales en este sentido, como los cuerpos de la SS y SA que tenía Hitler, en este caso para la investigación y control ciudadano. Fortalecen la actuación militarista de la policía, lo que se observa en el trato público que tiene ese cuerpo institucional al abordar huelgas o protestas, al actuar contra ciudadanos, y al desarrollar prácticas de maltratos y quizá torturas que se dan con detenidos, como se han hecho públicos algunos sucesos de este tipo, que pareciera que son para ir acostumbrando a la población a ese tipo de detenciones y actuaciones.

Igualmente, han debilitado las instancias militares y policiales existentes en el país encargadas de la persecución del narco tráfico y sus redes organizativas, aunque tengan un discurso de fortalecimiento y de persecución del narco tráfico. Han debilitado los controles administrativos del Estado encargados de vigilar el tráfico de drogas, su negocio y sus actividades comerciales en general. Costa Rica se ha convertido en la bodega más importante de receptación y movimiento de drogas del Caribe. De aquí se envían constantemente, sin importantes controles nacionales, las drogas a los principales puertos de Europa, de Medio Oriente, sin descuidar otras regiones o países receptores de estos envíos. En Europa, y esos países, constantemente las policías especializadas en esas aduanas de esos países capturan, y dan testimonio de los envíos que les llegan de Costa Rica.

No casualmente al Estado costarricense se le considera un narco estado. Esto significa que las instituciones públicas legítimas, el gobierno, la policía o la Fuerza Pública, en sus diversos componentes, el sistema judicial están influidos, y en algunas situaciones contralados por narco organizaciones, lo que permite actuar a sus actores con bastante impunidad, convirtiéndose de esta manera el Estado, en su órgano más importante, el Gobierno, en facilitador del narcotráfico, como sucede en el país con el narco comercio y narco tráfico internacional y nacional.

El narco estado también se da cuando el tráfico de drogas influye para determinar funciones del propio estado, para alimentar los mecanismos de alta corrupción en la administración pública y la violencia en la vida ciudadana, el control de regiones urbanas y rurales por parte de pandillas, grupos o clanes narco delincuentes y grupos criminales, que imponen controles de coerción y de violencia sobre las personas, cobros de peajes en calles de barrios, la violencia generada por préstamos gota a gota que amenaza la seguridad ciudadana.

El narco estado se manifiesta en la flexibilidad o facilidad para el lavado de dinero y la inversión de dineros movidos por la narco actividad en áreas importantes de las de la vida económica nacional, así como en el tráfico de armas. En algunos países el narco estado produce la inestabilidad política, lo que todavía no se da en Costa Rica.

Costa Rica se ha convertido en el país que, en términos absolutos de gasto al consumidor, es el de mayor nivel de consumo de los hogares de toda Centroamérica, que fue de $56 millones en el año 2024 y que ronda los $60 millones de dólares en el año 2025.

Estados Unidos se lleva el récord mundial de país consumidor, de uso y abuso de drogas, de mayor mortalidad por estas drogas. Es el país con el mayor tráfico de cocaína y marihuana o cannabis, así como de la sustancia sintética conocida como fentanilo o metanfetaminas.

Las drogas sintéticas son hoy más baratas, más potentes, con mayor efecto devastador. En Estados Unidos muchos Estados de la Unión América permiten el cultivo de la marihuana, además de que se ha establecido una autorización para su uso personal recreativo. En Costa Rica hace tiempo se dispuso ese uso y la cantidad de droga que puede portar un ciudadano si es para su uso personal, como es el caso de la marihuana, que no cae del cielo como si fuera maná.

El narcotráfico ha sido utilizado por países, como Estados Unidos para financiar grupos armados organizados, por sus agencias policiales y militares, como la CIA o la DEA, de acuerdo a sus intereses geopolíticos o estratégicos, para desestabilizar, ofrecer resistencia y lucha militar a Estados y Gobiernos legítimamente constituidos, que Estados Unidos rechaza especialmente por su definición política o ideológica o por sus vínculos internacionales.

Actualmente así actúa y presiona contra aquellos países de América Latina que tienen relaciones políticas fuertes o comerciales con Rusia, China, Irán y Cuba, dentro de su perspectiva hegemónica de control mundial que impulsa el presidente Donald Trump. En Costa Rica el actual gobierno y el presidente se han comportado como felpudos de estas políticas y decisiones que le han sido impuestas por Estados Unidos de manera directa, clara y pública, especialmente en lo que corresponde a las relaciones con la República Popular China.

En la década de 1980 fue pública, notoria y escandalosa la actividad en este sentido, en aquellos años, con el llamado escándalo Irán Contras, con el cual Estados Unidos suministraba droga a los grupos contra revolucionarios de Nicaragua y en Centroamérica para que la comercializaran, y con ello, financiaran sus actividades contra el gobierno sandinista de aquellos años.

En 1985 Embajador estadounidense se reunió, por separado, con los candidatos presidenciales más importantes del momento, Oscar Arias y Rafael Ángel Calderón para negociar el mantenimiento de las bases militares que tenían funcionando de hecho en la región fronteriza con Nicaragua, asociadas a las luchas contra revolucionarias y del tráfico de drogas. Oscar Arias fue contundente. Le manifestó que si él ganaba las elecciones de febrero de 1986, como resultó ganador, el 8 de mayo esas bases debían estar fuera de Costa Rica, como también sucedió. El presidente Arias, hay que reconocérselo se le plantó a Ronald Reagan con altivez, decoro y dignidad nacional. No casualmente pudo impulsar su plan y negociaciones para poner fin a las guerras en Centroamérica, que merecidamente, como el mismo Fidel Castro se lo reconoció, por ello le dieron el Premio Nobel.

La lucha contra las drogas, hoy, le ha permitido a Estados Unidos elaborar una narrativa contra gobiernos que no son de su simpatía, en una perspectiva de replanteamiento de su vieja Doctrina Monroe, de 1823, puesta en el escenario actual como un control total de los países que se identifiquen o identifican con la política exterior de los Estados Unidos. Esa narrativa es la de calificar a los grupos narcotraficantes y narco productores como organizaciones terroristas, y como tal objeto de lucha del Ejército de los Estados Unidos, dándose la libertad de actuar unilateralmente. Contra gobiernos, presidentes y gobernantes que así también los califique y actuar contra ellos, como hizo contra el presidente Nicolás Maduro el 3 de enero pasado, desatando una acción militar, una pequeña guerra, contra ese país y secuestrando al presidente Maduro, pocos días después de estar haciendo prácticas de tiro al blanco, con misiles, y ajusticiamientos y ejecuciones contra pescadores, sin que hubiera podido demostrar públicamente que en sus lanchas traficaban drogas. Sencillamente los eliminaban, no los detenían para capturarles la droga e imponer, de esa manera, el terror de sus actuaciones.

En este sentido los Estados Unidos impulsa alianzas estratégicas y tácticas de actuación en el plano internacional, como la Junta de la Paz, o en el continente, como lo ha hecho el pasado 4 y 5 de febrero, el presidente Donald Trump con las reuniones, de esos días, en Miami, de los Ejércitos de 17 de los 34 países de América Latina, con este propósito, de poder actuar con el Ejército de los Estados Unidos allí donde al presidente Trump se le ocurra y justifique en su lucha contra las drogas, o en su lucha contra la presencia de Irán, Rusia, China y Cuba en el continente.

Curiosamente a esa mini reunión de representantes de mini ejércitos, en las cabezas de los ministros de Defensa, no invitaron a participar a los grandes países de América Latina, México, Colombia y Brasil, que ellos solos constituyen casi el 70 % de toda la población de América Latina, además de ser países conocidos por vivir situaciones de narcotráfico, narco delincuencias, narco producción y de organizaciones altamente desarrolladas en esos negocios. Sencillamente no lo invitaron a participar, porque a Trump no le interesa esa lucha con ellos presentes en ese organismo que ha creado, donde el gobierna y manda, y los ministros y presidentes de esas pequeñas naciones obedecen. La DEA, la CIA y otras dependencias militares actúan en todos los países de América Latina, donde hay casi 30 bases militares, que no llevan a cabo luchas de ninguna clase contra ese crimen organizado.

Sencillamente Trump ha creado círculo de pequeños países alrededor de Cuba, Nicaragua, México, Colombia donde quiere actuar como lo hizo con Venezuela. Por eso no invitaron a Venezuela, qué la tienen intervenida como si fuera un Protectorado neocolonial, a Nicaragua que la tienen marcada y especialmente a Cuba, que le llevan ganas. Pero, Cuba no es Venezuela, ni La Habana es Caracas. México le acaba de dar una lección de control de la lucha contra las drogas a Trump. Y, Costa Rica representada en esa Junta de Trump, de militarotes de los ministros de Defensa, reunidos y jefeados por el secretario de Guerra, como ahora se llama el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Óigase y léase bien: Departamento de Guerra, para hacer guerras, no para negociar la paz ni buscar la paz. El negocio es la guerra y el control de territorios que esas guerras produzcan.

Desde hace muchos años los Estados Unidos ha firmado pactos y tratados, incluso con Costa Rida, para el patrullaje marítimo de ambas costas, para el control de drogas. El control marítimo de Costa Rida se hace con el de Centroamérica. En la práctica no ha servido casi para nada en ese propósito.

La reunión de los militarotes en Miami, entre ellos el flamante ministro de Seguridad de Costa Rica, con Trump, fue solo la pantalla. Por la Declaración firmada por todos esos representantes militares, pareciera que la reunión fue pura lámpara. Las firmas no se recogieron en la sesión final, sino que hicieron en días separados, como si ya estuvieran cocinadas. Así, unas son firmadas el 4-3 (suponemos el 4 de marzo), otras el 3-4 (podría ser 3 de abril).

Pero, la que destaca más es la del ministro de Seguridad de Costa Rica, que con mucha seguridad estampó su firma el “4-6-26” (queda claro que es el 4 de junio del 2026, no podría interpretarse que es el 6 de abril del 2026, ni podría ser pieza testimonial de que los días 4 y 5 de marzo estaba atendido por Trump, en Mar a Lago y no en Doral, ¿o es lo mismo?

En la interpretación extrema de ambas fechas no calza con la realización de la reunión de Miami los días 4 y 5 de marzo. ¿Dónde estaba volando Mario Zamora? ¿Estaba en su sano juicio, proyectado, volado, extasiado en el 6 de junio, como si Laura Fernández lo hubiese nombrado ministro y en esa fecha hubiera rubricado ese documentazo para “Promover la Paz a través de la Fortaleza, para hacer frente a futuras amenazas a nuestros intereses mutuos” y “unirnos a una coalición para combatir el narco terrorismo y otras amenazas compartidas que enfrenta el hemisferio occidental”?

Como el emblemático ministro de Seguridad firmó el 6 de junio, es claro que esa firma no tiene ningún valor real, formal, institucional. Si acaso tendrá valor sentimental. Oficial ninguna. No tiene validez. No puede comprometernos como país. Sería horroroso que le alteren la fecha, para hacerla calzar con la reunión del 4 y 5 de marzo, o que lo lleven a pasear de nuevo a Doral, Mar a Lago o al Pentágono para que refirme el documento o le ponga un “otro sí”.

Está claro, por lo demás, que Costa Rica por su disposición constitucional, Artículo 12, abolió el ejército no puede participar activamente en organismos militares, constituidos por ejércitos para por la “Fuerza” “promover la Paz”.

De la Declaración firmada por esos militares pareciera que enterraron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que tiene la Fuerza Interamericana de Paz, que es el organismo político militar de la Organización de Estados Americanos, que usó 42000 soldados estadounidenses y 25 guardias civiles de Costa Rica en la invasión de República Dominicana en 1965, que no se puso del lado de Argentina en la Guerra de las Malvinas, en 1982, cuando los Estados Unidos se prestó de aliado con Inglaterra para la ocupación inglesa de esas islas, ni hizo nada contra Estados Unidos cuando invadió la pequeña isla de Granada en el Caribe sur, en 1983

La Declaración del Escudo de las Américas, como también se le llama a esa coalición militar, también deja sin efecto al Consejo de Defensa Centroamericano, CONDECA, que ya es un organismo bastante inoperante, del que Costa Rica es miembro observador.

Lo que no se puede tirar por la borda el flamante ministro, de Inseguridad Nacional, es la Sentencia de la Sala IV del 2004 cuando obligó al presidente Abel Pacheco a retirar la firma que había puesto de apoyo y solidaridad con Estados Unidos para la guerra que desarrolló en Irak. Fue clara la Sala IV al manifestar que Costa Rica por haber abolido el ejército de manera permanente no podemos participar en organismos ni coaliciones de carácter militar, que participen en guerras.

Para ello, Trump ha desarrollado un nuevo concepto de hacer guerras justificadas por razones políticas y geopolíticas guardando sus intereses. Ha modificado su lucha contra el narcotráfico bajo la perspectiva de la lucha contra las organizaciones narcoterroristas como las llama, y las coloca en la órbita de la lucha militar, de los ejércitos sin fronteras. La lucha contra las drogas para él es una tarea del ejército. En ninguna parte del mundo esa es una tarea militar, del ejército de los países. Esa es una tarea encomendada a cuerpos policiales altamente especializados.

La incorporación de Costa Rica en la Coalición militar de Trump, en la perspectiva de hacer guerras por doquier, con el impulso que trata de darle a su nueva Organización Mundial, sustitutiva de la ONU, nos lleva a la militarización del país, a la ocupación militar de Costa Rica, a la posibilidad de entregar el territorio nacional para construir emplazamientos militares y bases militares que no contribuirán en nada al desarrollo económico, social, político y democrático del país. Solo facilitará el desarrollo de tendencias militaristas en el país, la posibilidad de desarrollar de nuevo el ejército y de disminuir más los gastos públicos en educación, salud, vivienda, cultura, ciencia y tecnología.

La “firmita” del ministro Zamora es un compromiso de muerte para el país, para la democracia nacional y para la paz social que se ha construido y vivido en Costa Rica, prácticamente desde el siglo XIX, desde 1869 cuando empezó a fortalecerse más la educación y la salud pública.

La firmita del ministro Zamora, de ahora o de junio, es el camino al autoritarismo, al militarismo y al gorilismo rampante en el país.

La Coalición militar anti-carteles de las Américas de Donald Trump

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

1. Propósito oficial (lo que declara Washington)

El siguiente fue el objetivo oficial anunciado públicamente: “Combatir militarmente a los carteles del narcotráfico en América Latina.

Los puntos centrales de la iniciativa son:

-Coordinación militar entre 17 países del hemisferio (más o menos)

-Compartir inteligencia. Vigilancia y operaciones.

-Permitir que los Estados Unidos apoye operaciones contra carteles en distintos países.

-Posibilidad de usar fuerza militar directa contra organizaciones criminales.

Debe tenerse presente que Trump ha declarado que los carteles son organizaciones terroristas y que la coalición busca destruirlas con fuerza letal”.

Expresemos sumariamente todo lo anteriormente escrito en un lenguaje sencillo: Lo que se ha pactado es la reedición de una especie de OTAN regional contra el narcotráfico.

2. Propósito estratégico de seguridad de EE. UU

Una buena cantidad de analistas han comentado que el verdadero objetivo va más allá del narcotráfico, ya que la iniciativa permite a los Estados Unidos obtener un alcance estratégico de mayor magnitud. En realidad, la nueva política de intervención de Trump pretende:

A. Militarizar la lucha contra el narcotráfico. Esto implica, cambiar el enfoque tradicional de carácter policial por otro militar y de guerra irregular.

Lo dicho abre la puerta a varios cometidos, tales como: ataques selectivos, operaciones especiales, despliegue de fuerzas estadounidenses en la región. Esto no es otra cosa para los países latinoamericanos aliados de los EE. UU que ceder o dar la autorización al imperio del norte para que pueda violar la soberanía de los países signatarios. En el caso costarricense la firma estampada por parte del ministro de seguridad, Mario Zamora, que implica la entrada en violenta contradicción con la Constitución Política costarricense en varios de sus articulados.

B. Justificar operaciones extraterritoriales

Si los carteles se declaran organizaciones terroristas, quedaría inmediatamente habilitado Estados Unidos para aplicar la misma doctrina que contra Al-Qaeda o ISIS. Es decir, ataques contra cualquier país donde se encuentren los carteles, inclusive sin que exista una guerra formalmente declarada.

C. Reafirmar el liderazgo geopolítico en América Latina

De modo que la coalición viene a reforzar la influencia militar de Washington en el hemisferio, así como refuerza en el más amplio sentido de la palabra, la coordinación con gobiernos aliados. Algunos analistas han interpretado que eso significa la reconstrucción del sistema de seguridad hemisférica, pero, esta vez, bajo el liderazgo estadounidense.

D. Contener influencias externas

La presencia extraterritorial más incómoda para los Estados Unidos en el continente americano es a todas luces la de la República Popular China. No es únicamente por razones ideológicas, porque China cuenta hoy con un mercado donde se compran y venden bienes y servicios, productos industriales, en una proporción que, se lo deseara cualquier país capitalista. Por lo que Los Estados Unidos teme a China es por el grado de desarrollo que ha experimentado en las últimas tres décadas, que le permite competir idóneamente con cualquiera de los países capitalistas desarrollados. En muchos campos de la actividad mercantil o industrial ha comenzado a competir con ventaja. Entre los socios comerciales clave con los que China tiene actividad mercantil citamos a Brasil, Colombia, Chile, México y Perú. Todos estos países juntos concentran cerca del 90% de la totalidad del intercambio comercial de todo el subcontinente.

Por lo demás, la República Popular de China tiene relaciones comerciales casi con la totalidad de las naciones de América Latina y del Caribe; se ha convertido en un socio comercial que ha llegado a desplazar a los Estados Unidos en casi todos estos mercados a los que nos hemos referido. Además de los citados tiene relaciones importantes con Costa Rica, Cuba, Panamá, República Dominicana, Argentina y ahora de nuevo, Venezuela. Gran parte de la motivación del señor Trump para estar promoviendo la “Coalición militar anti-carteles de las Américas” radica en esta preocupación de tener que encontrarse con el gigante asiático en su colindancia trasera en mayor medida que lo que desea.

La otra gran influencia objeto de la inquietud de los Estados Unidos son las redes criminales y los carteles de la droga que, de acuerdo con sus interesadas investigaciones y la información obtenida, las supone vinculadas con actores políticos en el Irán. Claro que, la potencia neocolonial, ni siquiera menciona la presencia de los carteles de la droga y las poderosas redes del crimen que operan dentro del mismo territorio estadounidense.

De esta manera, desde la óptica geopolítica, la coalición tiene cuatro objetivos cruciales que son concomitantes y simultáneos entre sí, a saber: reorganizar la seguridad hemisférica bajo el liderazgo de los Estados Unidos; aumentar la capacidad de intervención militar en la región; combatir las redes criminales y ampliar sus intereses comerciales y mercantiles en las Américas.

3. Otras Doctrinas expansionistas de los Estados Unidos que provienen del pasado

En realidad, la actual doctrina de Trump está enlazada con viejas pretensiones de otros presidentes estadounidenses que fueron esbozadas tiempo atrás.

3.1. Vale la pena mencionar primero a la muy famosa Doctrina Monroe, la cual fue proclamada por el presidente James Monroe en 1823. Se hizo célebre mediante la frase “América para los americanos”, un juego de palabras muy a conveniencia del naciente imperio del norte, mediante el que Los Estados Unidos pasaron de ser un país más que acababa de alcanzar su independencia de la Gran Bretaña unos cincuenta años atrás, a considerarse a sí mismos los dueños del continente y por ello se apodaron de la expresión “somos los americanos” convirtiendo el gentilicio que se usa para denominar a cualquier habitante de todo el continente, en una metonimia o sinécdoque, mediante lo cual se emplea el nombre del país (EE. UU), para referirse todo el continente. De ahí que cuando Donald Trump lanza su “slogan” de campaña “Let´s make America Great again”, se está refiriendo exclusivamente al territorio de los Estados Unidos.

Políticamente, la sinécdoque que convierte por arte de “birlibirloque” en sinónimos a una parte con el todo, busca consolidar el pretendido derecho de Estados Unidos a intervenir en el hemisferio para “preservar su orden como único”, es decir para impedir nuevas colonizaciones europeas en el continente y pretender proteger así a los nuevos estados latinoamericanos. Esa lógica, buscaba fallidamente, darle un halo de legitimidad a numerosas intervenciones de USA en América Latina.

3.2. Luego, entre 1900-1930, bajo el liderazgo del presidente Theodore Roosevelt se esbozó el llamado corolario Roosevelt que, se agregó a la Doctrina Monroe.

El corolario decía que los Estados Unidos podía intervenir en cualquiera de los países latinoamericanos que tuviera una de estas dos condiciones: 1. Que tuviese inestabilidad política. 2. Que no pagase sus deudas externas.

Mediante esos mandatos auto otorgados fue que intervinieron en: Cuba, Nicaragua, Haití y República Dominicana. Era una lógica policial y militar sobre todo el hemisferio.

3.3. Pero, al sobrevenir la Segunda Guerra Mundial, contando además y con el inicio de la guerra fría, cambió el objetivo, ya no se trataba de detener las intervenciones europeas, pues quedaban pocas posibilidades para que se produjeran; ahora de lo que se trataba era de detener el comunismo.

Para cumplimentar este nuevo objetivo se creó un sistema de seguridad hemisférica: 1.la Organización de Estados Americanos, que pronto excluyó a Cuba. 2. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). No obstante, la historia continuó registrando intervenciones directas o indirectas de parte de Estados Unidos: *Invasión de Bahía de Cochinos en Cuba (1961), *Golpe de Estado en Chile 1973, *Invasión de Panamá en 1989, entre las más connotadas. Se trataba de impedir la emergencia de gobiernos hostiles a Washington.

3.4. Desde los años 80, surge un nuevo énfasis por parte del gobierno de los Estados Unidos, “la Guerra contra las drogas”. Una nueva doctrina para combatir el narcotráfico como amenaza a la seguridad nacional.

Bajo el influjo de esta nueva doctrina, se produjeron: 1. El Plan Colombia y 2. La Iniciativa de Mérida en México.

Estas políticas implicaban:

-cooperación militar

-entrenamiento de fuerzas locales por parte del ejército estadounidense

-inteligencia compartida

-presencia de asesores estadounidenses

4. Conclusión

La nueva propuesta impulsada por Donald Trump.

Esta propuesta contine nuevos elementos:

4,1. Los Carteles de la droga como terrorismo. Como fue expresado supra, Si los carteles eran considerados terroristas, entonces EE. UU podría aplicar la misma doctrina utilizada contra Al Qaeda y El Estado Islámico.

Todo lo cual ha implicado, merced a la nueva tecnología: *ataques con drones, *operaciones especiales, *acciones extraterritoriales.

4.2. Una coalición militar hemisférica

Esta coalición ha implicado, en lugar de acuerdos bilaterales (como lo fue el caso del Plan Colombia), acuerdos multilaterales o una alianza regional de carácter permanente, como la que se ha propuesto. O sea, algo así como una OTAN hemisférica informal contra el crimen organizado.

Hipotéticamente, afirmo que se trata de Estados Unidos reconstruyendo una doctrina de seguridad hemisférica en pleno siglo XXI.

Trump en definitiva está buscando un renacer del imperialismo, apropiándose sobre todo del espacio en América Latina y desde ahí desplegar las alas del águila imperial por todo el orbe, para volver a consolidarse como una única potencia hegemónica política, militar, y económica.

Los datos incluidos en este texto fueron tomados de Wikipedia.

¿Daño colateral o el negocio de Wall Street? Nosotros ponemos los muertos, ellos lavan el dinero

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

Hagámonos una pregunta incómoda, de esas que la mayoría prefiere evadir: ¿Qué va a pasar cuando un familiar suyo se tenga que enlistar en una fuerza armada? Peor aún, ¿qué hará cuando alguien que usted ama se convierta en el “daño colateral” de una de sus operaciones militares? ¿Empezará por fin a oponerse y a alzar la voz, o seguirá guardando el mismo silencio de ahora?

El oficialismo fue a Mar-a-Lago, el Club Privado de Trump que, junto a su propietario, aparece mencionado no una, ni dos, sino cientos de veces, en los “Archivos de Epstein”; para firmar un acuerdo, supuestamente “Anti Carteles” de la droga, junto a otros 11 países latinoamericanos más, que tienen en común el tener en el poder a grupos y presidentes Populistas y vasallos de extrema derecha neo conservadora, pero que en realidad fue otra cesión más de la soberanía a la decadente potencia del Norte, como una extensión más de su Doctrina Monroe.

Hoy nos quieren vender la idea de que la militarización es la varita mágica contra el narcotráfico. Nos piden que cedamos nuestra paz a cambio de una supuesta seguridad. Pero seamos racionales y veamos a nuestro alrededor. Colombia y México tienen ejércitos inmensos, equipados hasta los dientes. Honduras tiene una base militar de los Estados Unidos instalada en su propio territorio. ¿Qué diferencia real ha hecho todo esto para evitar el narcotráfico? Ninguna. La sangre se sigue derramando en las calles latinoamericanas mientras el negocio sigue intacto.

La cruda realidad es que, mientras los Estados Unidos no dejen de financiar este mercado y de enviar ríos de armas a los carteles de la droga, la guerra está perdida. No hacemos absolutamente nada con discursos de “amarnos” y con permitir absurdos como que lancen misiles a nuestro territorio soberano, si no se ataca la raíz del problema.

Y esa raíz tiene código postal. ¿Cuándo hemos visto grandes operativos de la DEA y el FBI en su propio país? ¿Cuándo hemos visto que tumben las puertas en los suburbios ricos donde se distribuye la droga? Y lo más crítico: ¿Cuándo hemos visto políticas reales, persecución y sanciones a los enormes capitales ensangrentados que se lavan, a plena luz del día, en Wall Street?

En esta región nosotros ponemos los muertos, el “daño colateral” y las lágrimas, pero el dinero se cuenta en el norte. No nos engañemos más: el problema del narcotráfico nace, crece y se fortalece en Estados Unidos, el país que tiene la mayor demanda de drogas ilegales del mundo.

Ya es hora de dejar de comprar recetas fracasadas y de exigir que quienes consumen y lavan el dinero, asuman su verdadera responsabilidad.