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Valeria Jiménez

Costa Rica es un país pequeño reconocido internacionalmente por la solidez de sus instituciones democráticas, su tradición pacifista —la cual se remonta a la abolición del ejército en 1948—, sus políticas de conservación ambiental y por albergar cerca del 6,5% de la biodiversidad mundial (PNUD, 2019). Históricamente, ha destacado en la región centroamericana por un desempeño socioeconómico favorable en indicadores clave —tales como el PIB, la mortalidad infantil, la esperanza de vida, los niveles de alfabetización y de pobreza extrema—, así como en el acceso a seguridad social universal, a educación pública gratuita y a servicios básicos como electricidad, agua potable y saneamiento, reflejado en un Índice de Desarrollo Humano consistentemente alto. Desde 2025, fue catalogado por el Banco Mundial como una economía de ingresos altos (Metreu et al, 2025), además de haber alcanzado una de las tasas de crecimiento del PIB más altas entre los miembros de la OCDE desde 2023 (OCDE, 2026).

Sin embargo, detrás de esta prometedora imagen y este desempeño económico, se esconden enormes grietas en la sociedad y la economía costarricense que hoy amenazan con todo aquello que la ha distinguido. Estas grietas se han gestado durante décadas de crecimiento desigual, alimentado por un modelo de crecimiento impuesto por el Norte global con el nombre de diversificación de las exportaciones. Este estilo de desarrollo, basado en el ajuste estructural, se sustenta en una racionalidad opuesta tanto al Estado de bienestar como al del modelo económico basado en la sustitución de importaciones, el cual se sostuvo en el país por décadas y que, a pesar de su evidente desgaste, heredó instituciones que fueron y han sido clave para el desarrollo del país. Por el contrario, los ajustes estructurales, basados principalmente en apertura comercial, apertura de cuenta de capitales, atracción de inversión extranjera directa (IED) y privatización, buscan estabilidad macroeconómica siguiendo una lógica llena de contradicciones. Dichos ajustes, en su intento de cumplir objetivos muchas veces incompatibles, han culminado en la creación de una economía dual, o lo que podríamos llamar, las dos Costa Ricas.

La primera Costa Rica es la gran, mas no invulnerable, ganadora del ajuste estructural. Altamente dependiente de la IED, ha logrado transformar la estructura productiva del país, aumentando el porcentaje de exportación de productos de mediana y alta tecnología, de servicios empresariales y de tecnologías de la información (PROCOMER, 2025a). A través de esta diversificación, los productos tradicionales, que alcanzaban cerca del 60% de las exportaciones a finales de los años ochenta, ahora representan el 8%, mientras que los no tradicionales pasan de cerca del 40% al 91,2% (PROCOMER, 2025b). A través de estos sectores de alta productividad y altos ingresos, se logra una integración virtuosa a las cadenas globales de valor, demostrando el rol fundamental de la IED como motor de crecimiento económico (Govaere, 2019). Dicha inversión se ha impulsado a través del régimen especial de incentivos fiscales, y el alto grado técnico de un porcentaje importante de la fuerza laboral urbana del país.

Es difícil ignorar, sin embargo, que el régimen especial crece a tasas hasta tres veces mayores al régimen definitivo y tiene conexiones débiles con el resto de la economía (PEN, 2025). Además, resulta evidente la dualidad en el dinamismo de los regímenes de producción, pues al eliminar esta de zonas francas, los principales productos de exportación continúan siendo la piña, el café y el banano (Govaere, 2019).

No debería causar sorpresa que, si el sector más dinámico y de mayor crecimiento se encuentra exento de impuestos, en un país que demuestra su alto compromiso con la apertura comercial mediante sus crecientes acuerdos comerciales —lo cual se traduce en una caída significativa de los ingresos tributarios aduaneros— exista y persista un problema de endeudamiento público. Ante este comportamiento, el desequilibrio fiscal no es una anomalía, sino una consecuencia previsible de objetivos incompatibles. Al estar el modelo de desarrollo acompañado de una caída significativa de los ingresos tributarios —los cuales pasaron de un promedio del 20,8% de los ingresos del Estado entre 2000 y 2007, al 8% entre 2010 y 2018¹— se hace muy difícil mantener la estabilidad fiscal. En efecto, se dio un rápido incremento del endeudamiento público, que pasó de un 26% del PIB en 2008, a un 69.7% en 2020 (Jiménez, 2021).

Dicha insostenibilidad fiscal resultó en la reforma fiscal de 2018, que reformó ingresos tributarios y aplicó medidas de contención del gasto (PEN, 2025). Como resultado, el país retornó a un sendero más sostenible de las finanzas públicas, alcanzando recientemente un superávit primario cercano al 1% del PIB (Ministerio de Hacienda, 2025). Sin embargo, dicha estabilidad fiscal tiene un costo muy alto, ya que se logra a costa de un desfinanciamiento público de programas sociales en áreas socioeconómicas y ambientales (Jiménez, 2025).

Lo anterior deja en desamparo principalmente a la segunda Costa Rica; aquella para la cual no hubo ni hay un plan económico y, debido a las crecientes disparidades y a su desfinanciamiento, se ve reflejada en estadísticas alarmantes; desigualdad (Gini cercano al 0,5), desempleo (en promedio 11,1% entre 2014-2024), informalidad (38%), y pobreza estancada (cercana al 20% de la población)². Es una Costa Rica carente de oportunidades y prospectos económicos, reflejados en bajos niveles de escolaridad en la población rural, limitada integración a cadenas de valor, dependencia de monocultivos, y sobre todo, en el incremento inédito de la violencia, que alcanza los 17 homicidios por 100.000 habitantes (PEN, 2025), vinculado principalmente al crimen organizado y narcotráfico.

Así, el lado oscuro del ajuste estructural se ha visto reflejado en el lento pero seguro desgaste del tejido social, visible para quien lo ha querido ver, y que, políticamente, se manifiesta de manera contundente en los resultados de los dos últimos procesos electorales, marcando el inicio de un periodo político disruptivo sin precedentes en el país. La gestación del movimiento político liderado por Rodrigo Chaves (2022-2026), clásico outsider populista, está concatenado al creciente desencanto del electorado. Es innegable que dicho desencanto estuvo ligado a la imposición del ajuste estructural, la cual, junto al aseguramiento de una clase de privilegios separada de la realidad económica del país, generó una pérdida de adhesión ciudadana, una creciente apatía y una pérdida de credibilidad en la clase política.

Así, se abrió camino al chavismo, caracterizado por sus constantes ataques contra distintas instituciones, medios de comunicación y la división de poderes, amenazando directamente las bases de la estabilidad democrática. Este modelo de liderazgo político busca el conflicto permanente, desviando la atención de preocupantes vínculos con el narcotráfico y de otras problemáticas, como el récord de homicidios de los últimos años. Este estilo confrontativo no se agotó con el fin del gobierno de Chaves en mayo de 2026: su sucesora y aliada política, Laura Fernández Delgado, le entregó dos carteras clave —Presidencia y Hacienda—, asegurando así la continuidad de su influencia y del mismo patrón de tensión con los contrapesos institucionales.

La ausencia de una visión país de largo plazo y el desconocimiento de cómo abordar los crecientes retos en el país evidencian, además, la mediocridad de la clase política (Granados, 2026). Dichos retos incluyen la reciente desaceleración de zonas francas, ligado a la agresiva política comercial de EEUU, y a la persistente apreciación del colón, que responde al voluminoso flujo de dólares ingresados por el propio régimen especial, sin ser ajena a los flujos asociados al narcotráfico. Esto genera una apreciación con rasgos característicos de la enfermedad holandesa, erosionando la competitividad de los sectores exportadores tradicionales y del turismo.

A lo anterior, se suman retos en el ámbito ambiental evidenciados en la creciente dependencia de combustibles fósiles y el debilitamiento de las capacidades institucionales para la conservación a través de fuertes recortes y desregulaciones. La pérdida de cobertura forestal, el aumento de desastres climáticos, la vulnerabilidad hídrica, la dependencia de la hidroelectricidad y el aumento en emisiones ligado al deterioro en el transporte público y la alta dependencia de vehículos particulares reflejan una insostenibilidad creciente que amenaza el desarrollo sostenible.

Desde una perspectiva económica, vemos cómo la priorización de la estabilidad macroeconómica sin una visión estratégica ha puesto en riesgo fortalezas históricas, al tiempo que continúa erosionando las posibilidades de un modelo económico que busque aprovecharlas mientras reduce vulnerabilidades y dependencias. Un país reconocido por su sostenibilidad ambiental y por su posición como acreedor climático (Lazaro et al, 2025), no puede desaprovechar las oportunidades que trae el siglo XXI en términos de transición socio-ecológica. Su reconocimiento internacional podría otorgarle el poder estratégico y moral para negociar mejores términos en acuerdos internacionales tales como acceso a financiamiento climático internacional y tecnologías limpias a bajo costo, junto con cooperación técnica, para atraer inversiones interesadas en cadenas de suministro bajas en carbono, o en la producción de hidrógeno verde. Indudablemente esto no será posible bajo el liderazgo político actual, que insiste en debatir sobre la privatización del mercado eléctrico, la venta del Banco de Costa Rica, la minería del oro y mayor reducción en protecciones y regulaciones laborales y ambientales.

A pesar de este panorama poco alentador, en el cual escasean los debates progresistas constructivos, existen en la sociedad costarricense bloques de resistencia debilitados, mas todavía latentes. Entre ellos, el que por décadas ha mostrado resistencia ante el ajuste estructural oponiéndose, en el 2000, a la apertura del mercado eléctrico; a la firma del CAFTA en 2008, y a la reforma fiscal en 2018, así como los que se han levantado en defensa del ambiente y, recientemente, en defensa de la democracia. Recae en estos grupos, las instituciones que los respaldan, el bloque de oposición en el parlamento y en distintos medios de comunicación, lidiar con la actual amenaza a la democracia, así como en repensar el futuro del país, ante un panorama de debilitamiento de las conquistas económicas y sociales que, con sus fortalezas y debilidades, se enfrentan a un mundo en restructuración donde nuestro país continúa navegando en desventaja y bajo la misma subordinación que afecta al resto de América Latina.

Referencias

Granados Chacón, M. (2026). Costa Rica y la Mediocridad de su Clase Política. Revisa Visión CR: Plataforma Informativa de la Actualidad. Disponible en: https://revistavisioncr.com/costa-rica-y-la-mediocridad-de-su-clase-politica/

Govaere Vicarioli, V. (2019). La paradoja de Costa Rica (1984-2018): Éxito exportador y heterogeneidad estructural. Revista Nacional de Administración, 10(1), 87-104. Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica.

Jiménez Fontana, P. (2021). Mejoras en la Gestión de la Deuda son Necesarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas. Programa Estado de la Nación. Disponible en: https://estadonacion.or.cr/mejoras-en-la-gestion-de-la-deuda-son-necesarias-para-la-sostenibilidad-de-las-finanzas-publicas/

Metreu, E., Young, K.E., Eapen, S.G. (2025). Understanding country income: World Bank Group income classifications for FY26 (July 1, 2025–June, 2026). World Bank Blogs. Disponible en: https://blogs.worldbank.org/en/opendata/understanding-country-income–world-bank-group-income-classifica

Ministerio de Hacienda (2015). Resultados Fiscales Al Segundo Trimestre de 2026. Disponible en: https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2026/08/InformeTrimestral_II_Trimestre2026.pdf

OECD Data Explorer (2026). Quarterly real GDP growth – OECD countries. Available at: https://data-explorer.oecd.org

Lazaro, L. L. B., Usuriaga-Najera, O. C., Neto, A. H., Grimoni, J. A. B., & Jacobi, P. R. (2025). Climate commitments and energy transition pledges in Latin America: Where is the region headed? Energy for Sustainable Development, 88, 101779. https://doi.org/10.1016/j.esd.2025.101779

PNUD (2019). Costa Rica presenta avances, desafíos y oportunidades sobre su estado de la biodiversidad. Disponible en: https://www.undp.org/es/costa-rica/comunicados-de-prensa/costa-rica-presenta-avances-desafios-y-oportunidades-sobre-su-estado-de-la-biodiversidad

PROCOMER (2025a). Costa Rica cierra el 2024 con un crecimiento de 9% en las exportaciones de bienes. https://procomer.com/costa-rica-cierra-el-2024-con-un-crecimiento-de-9-en-las-exportaciones-de-bienes/

PROCOMER (2025b). Exportaciones costarricenses: evolución, retos y oportunidades. Disponible en: https://servicios.procomer.go.cr/EstudiosInteligenciaComercial

Programa Estado de la Nación (2025). Informe Estado de la Nación 2025. Disponible en: https://estadonacion.or.cr/?informes=estado-de-la-nacion-2025