La seguridad energética no se negocia: eficiencia, solidaridad y sostenibilidad
Dr. Bernardo Aguilar González
Doctor en Ciencias Naturales para el Desarrollo,
Economista ecológico y abogado ambientalista,
Vicepresidente de la Asociación ARTES-JUSTECO
Costa Rica enfrenta una decisión de fondo sobre su futuro eléctrico. El debate suele presentarse como una elección entre más mercado o más Estado, entre inversión y regulación, entre rapidez y protección ambiental. Esa disyuntiva empobrece la discusión. El criterio decisivo debe ser otro: ¿qué modelo garantiza electricidad confiable, a un costo razonable, accesible para toda la población y compatible con los límites ecológicos del país? La respuesta exige cuatro principios inseparables: seguridad energética, eficiencia, solidaridad y sostenibilidad. No son aspiraciones decorativas; deben convertirse en criterios para planificar, invertir, regular y evaluar resultados.
Seguridad energética: prever antes que improvisar
La seguridad energética no se limita a producir suficientes megavatios. Exige que la electricidad esté disponible donde y cuando se necesita, incluso ante sequías, fenómenos extremos, fallas de infraestructura o variaciones imprevistas de la demanda. Una planta nueva sirve de poco si la red no puede transportar su producción, o si no existe capacidad de respaldo cuando disminuye el aporte de una fuente. La generación, la transmisión, la distribución, el almacenamiento y la gestión de la demanda forman un solo sistema: planificarlos por separado genera vulnerabilidades y costos evitables.
Nuestra matriz eléctrica, de fuerte componente renovable, y la experiencia acumulada por la institucionalidad pública constituyen fortalezas estratégicas. Defenderlas no implica inmovilismo. El cambio climático altera la disponibilidad hídrica y los patrones de consumo; la electrificación del transporte y de procesos productivos presenta nuevas exigencias. Por eso necesitamos escenarios públicos de riesgo, mantenimiento oportuno, inversión en redes, diversificación técnicamente justificada y reservas operativas suficientes. La seguridad energética debe medirse por continuidad, resiliencia y capacidad de respuesta, no por anuncios de capacidad instalada. Es una obligación del Estado que trasciende cualquier administración.
Eficiencia: medir el costo total, no solo el precio
Ser eficientes tampoco significa escoger siempre la oferta aparentemente más barata. La verdadera eficiencia consiste en obtener el mayor valor social de cada inversión, considerando construcción, operación, mantenimiento, redes, respaldo, riesgos climáticos y daños ambientales. Una reducción puntual del precio de compra puede convertirse en una carga mayor para el sistema si obliga a financiar infraestructura adicional o traslada obligaciones a otros usuarios. Es indispensable que las decisiones relevantes se apoyen en estudios transparentes, comparables y sometidos a revisión técnica independiente.
Hay mejoras menos llamativas que inaugurar obras, pero igualmente importantes: reducir pérdidas eléctricas, modernizar equipos, fortalecer la gestión de demanda, estimular el consumo eficiente y coordinar las decisiones de inversión. La electricidad que se ahorra de manera inteligente reduce necesidades futuras de generación y presión sobre las cuencas. La eficiencia exige asimismo instituciones con objetivos claros, rendición de cuentas y controles sobre conflictos de interés. Ni el origen público ni el privado de un actor lo eximen de demostrar resultados. La pregunta correcta es cuánto bienestar colectivo produce cada colón comprometido.
Solidaridad: una obligación visible en la factura
El desarrollo eléctrico costarricense contiene una conquista social que no debe perderse: llevar el servicio a territorios y familias que, por su ubicación o capacidad de pago, podrían quedar excluidos de una lógica estrictamente comercial. La solidaridad debe expresarse en acceso universal, protección de usuarios vulnerables y tarifas construidas con criterios verificables. Hogares, pequeñas empresas y comunidades rurales no deberían absorber costos desproporcionados para conceder ventajas particulares a consumidores con mayor capacidad de negociación.
La generación distribuida y las nuevas tecnologías pueden democratizar oportunidades, siempre que se diseñen mecanismos equitativos. Si únicamente quienes disponen de capital para instalar sistemas propios reciben beneficios, mientras el resto sostiene los costos comunes de la red, se profundiza la desigualdad. Lo mismo ocurre cuando se privatizan beneficios y se socializan riesgos. Antes de introducir cambios estructurales deben publicarse sus efectos tarifarios por tipo de usuario y por territorio. Una política solidaria protege la sostenibilidad financiera del servicio precisamente para que continúe siendo asequible, confiable y universal.
Sostenibilidad: la naturaleza es parte de la infraestructura
La sostenibilidad exige comprender que los ecosistemas no son un elemento externo al sector eléctrico. Las cuencas, los bosques y la estabilidad de los suelos contribuyen a regular el agua y sostener las actividades productivas. Una fuente renovable no es automáticamente inocua: proyectos mal ubicados pueden afectar ríos, biodiversidad y comunidades, o acumular impactos que ningún estudio aislado revela. Las evaluaciones ambientales rigurosas, la prevención de daños y la participación territorial deben influir realmente en la planificación, no incorporarse al final como simples trámites.
La transición energética también debe reducir la dependencia de combustibles fósiles y prepararse para condiciones climáticas más inciertas. Eficiencia, almacenamiento, redes resilientes y fuentes renovables complementarias deben analizarse conjuntamente según su viabilidad y sus efectos. La protección del agua para consumo humano y el derecho a un ambiente sano, recogidos en nuestro ordenamiento constitucional, no pueden subordinarse sin más a la rentabilidad inmediata. Desconocer esos límites termina generando costos sociales, conflictos y riesgos de abastecimiento que una buena política habría podido evitar.
Un pacto nacional con controles democráticos
Costa Rica necesita instituciones públicas competentes, una regulación técnicamente independiente y espacios de participación para cooperativas, empresas municipales, comunidades y sector privado cuando su contribución beneficie al conjunto de la sociedad. La planificación debe ser pública, estable y suficientemente flexible para incorporar nueva evidencia. Las decisiones sobre tarifas, inversiones y condiciones ambientales requieren información accesible y mecanismos efectivos de fiscalización ciudadana. Ningún interés empresarial, burocrático o político puede sustituir el interés general.
Antes de respaldar cualquier transformación conviene formular preguntas sencillas, pero exigentes: ¿aumenta la continuidad del suministro? ¿Disminuye el costo integral del servicio? ¿Evita trasladar cargas injustas? ¿Protege el agua y los ecosistemas? ¿Mejora la capacidad de adaptación climática? ¿Ofrece beneficios comprobables a todos los territorios? Si las respuestas no pueden documentarse, la propuesta necesita revisión, por atractiva que resulte su presentación.
El desafío no es escoger entre desarrollo económico, justicia social y protección ambiental, sino reconocer que se necesitan mutuamente. Un sistema que excluye pierde legitimidad; uno que desperdicia recursos pierde competitividad; uno que deteriora sus ecosistemas compromete su futuro; y uno incapaz de garantizar el suministro frena el bienestar y la producción. El modelo energético que Costa Rica merece debe ser una garantía efectiva de seguridad energética, eficiente en el uso de los recursos, solidario en sus beneficios y sostenible en el tiempo. Las reformas, los contratos y las tecnologías son instrumentos: ese es el fin al que deben servir.
