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Etiqueta: economía informal

Microempresas en Costa Rica: sobreviviendo al límite

Luis Paulino Vargas Solís

Según la encuesta del INEC sobre microempresas (año 2022), en Costa Rica hay cerca de 411 mil empresitas de este tipo. Son emprendimientos minúsculos: en el 75,5% de los casos, solo hay una persona laborando; en un 12,5% adicional, hay dos personas. O sea: el 88% de estas microempresas emplean solamente una o dos personas (incluyendo a la persona dueña).

En total, proveen empleo a poco más de 647 mil personas, lo que nos da un promedio de 1,57 empleos por cada microempresa. Representan aproximadamente el 30% del empleo total en Costa Rica. Eso significa que aportan 5,4 veces el número de empleos que proveen las zonas francas.

Estas últimas, como sabemos, gozan de toda clase de privilegios. Las microempresas, en cambio, deben bregar con condiciones extremadamente adversas y limitantes.

Cierto que cuentan a su favor con una retórica de lo más florida y corronga. Políticos, cámaras empresariales, prensa. Nadie desea contener su exuberancia verbal, si de las microempresas se trata. Pero, en la práctica, su pan de cada día es el abandono y el olvido. Incluso la banca de desarrollo, es, para ellas, solo un cuento de hadas.

Puede que algunas sean exportadoras. Pero, con toda seguridad, la enorme, enorme mayoría, están orientadas hacia el mercado interno. Y ese mercado interno se les vuelve cada día más hostil. Primero, porque está sometido a fuertes presiones restrictivas: el sector público bajo el amarre asfixiante de la regla fiscal, y los salarios que, por todo lado, van en caída libre. Súmele que las importaciones entran cada vez más baratas y gozan de toda clase de graciosas concesiones.

Son, con gran diferencia, empresitas informales (el 98,3% no están inscritas; el 80,5% ni siquiera llevan registros contables; el 99,0% no tienen un salario fijo asignado). Los ricos de Costa Rica dicen que, por ser informales, son “evasoras” de impuestos. Bonita manera de criminalizar a quien lucha cotidianamente para no morirse de hambre. Bonita manera, asimismo, de encubrir sus indecentes y carísimas “ingenierías financieras”, gracias a las cuales se “ahorran” en forma “legal” el pago de muchísimos miles de millones en impuestos.

En las microempresas trabajan básicamente personas con bajo nivel educativo (43,9% solo tiene primaria; un 86,3% jamás hizo estudios universitarios). Recuérdese que Costa Rica es un país donde, desde hace muchos años, y hasta hoy día, se decidió que las personas que no cumplen con los requisitos que solicitan las transnacionales de zona franca, no tienen derecho a trabajar. Pues, vea usted, esas son las personas que están en las microempresas.

En conclusión: las microempresas son el último hilito de esperanza al que se aferran centenares de miles de personas, para no caer en el desempleo. Ni más ni menos. De otra forma, las tasas de desempleo fácilmente se triplicarían, hasta sobrepasar cómodamente el umbral del 30%.

Todo esto nos confirma dos cosas: el ruidoso fracaso del modelo de desarrollo vigente, y la absoluta falsedad de la retórica hueca de los gobiernos.

Los derechos fundamentales en el trabajo pueden contribuir a lograr una mejor reconstrucción después de la COVID-19

Los derechos y principios fundamentales relacionados con el trabajo pueden desempeñar una función primordial a los efectos de recuperación frente a la crisis de la COVID-19, y contribuir a una reconstrucción del mundo del trabajo más adecuada y equitativa, según un nuevo informe de la OIT.

GINEBRA (OIT Noticias) – Los principios y derechos fundamentales en el trabajo pueden desempeñar una función primordial en la adopción de medidas de respuesta eficaces y consensuadas que faciliten la recuperación frente a la crisis de la COVID-19 y contribuyan a una reconstrucción más adecuada y justa del mundo del trabajo, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, en el informe se señala que la crisis ha conllevado un mayor riesgo para las libertades y los derechos laborales, habida cuenta del nivel más elevado de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad que deben afrontar los países.

En el informe Issue paper on COVID-19 and fundamental principles and rights at work  (Documento temático sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo frente a la COVID-19) se proporciona información pormenorizada sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la discriminación, la libertad de asociación y la negociación colectiva. Se aborda la manera de invertir los procesos que propician la informalidad, la pobreza y la explotación, a fin de facilitar una mejor reconstrucción, en beneficio de todos. Se señala que aún no se ha atendido a la acuciante necesidad de dar una respuesta integrada a la pandemia.

En el documento, publicado por el servicio FUNDAMENTALS de la OIT, se abordan los cuatro principios y derechos fundamentales en el trabajo, a fin de hacer frente al trabajo forzoso, al trabajo infantil y a la discriminación, y garantizar la libertad de asociación y la negociación colectiva; por otro lado, se subraya la importancia de aplicar esos principios al adoptar medidas de respuesta frente a la COVID-19, a fin de garantizar la inclusividad de esas medidas.

En los resultados del informe se destaca que las restricciones en materia de libertad de circulación y celebración de reuniones públicas, impuestas en el marco de determinadas medidas de respuesta para luchar contra la pandemia a escala nacional, dificultan «la observancia de los derechos de libertad de asociación y de negociación colectiva, tanto en el plano legislativo como en el de su aplicación, y que ello es a su vez un obstáculo para la formulación de medidas de respuesta frente a la crisis sobre la base de un consenso social». Según se desprende de las conclusiones del informe, se ven afectadas, en particular, 2.000 millones de personas que trabajan en la economía informal, que con frecuencia carecen de voz representativa colectiva.

Las recientes iniciativas encaminadas a identificar y abordar casos de trabajo infantil y trabajo forzoso en cadenas de suministro mundiales  también están en riesgo, «habida cuenta de los esfuerzos desplegados a todos los niveles por las empresas para hacer frente a la crisis y a la enorme reducción de demanda que se ha producido».

Se ha constatado que los efectos económicos de la pandemia, entre otros, exacerban el trabajo infantil, puesto que las familias se ven obligadas a encontrar nuevos medios de subsistencia para sobrevivir. También propician la servidumbre por deudas y una mayor dependencia de organismos y plataformas de contratación informales que dejan a los trabajadores más expuestos a casos de explotación .

Por otro lado, el acceso a una educación de calidad es fundamental para evitar el trabajo infantil. A lo largo de este año, 1.500 millones de niños se han visto afectados por el cierre de escuelas. Un tercio de esos niños no pueden tener acceso a sistemas de enseñanza a distancia, y muchos de ellos dependían de la comida que recibían gratuitamente en centros escolares y de las ayudas económicas que percibían por asistir a la escuela.

En el documento también se destaca la preocupación por el hecho de que, en algunos países, los recursos para brindar apoyo a víctimas y supervivientes de casos de trabajo forzoso se están reasignando a la adopción de medidas de respuesta frente a la pandemia.

La crisis de la COVID-19 también ha puesto de relieve la discriminación de determinados grupos de trabajadores y la arraigada desigualdad de género en los mercados de trabajo y en la prestación de servicios de atención comunitaria no remunerados.

En el documento se propone asimismo un marco de políticas basado en cuatro pilares para hacer frente a la COVID-19, en consonancia con las normas internacionales del trabajo. Éstas abarcan la promoción de la economía y del empleo; el apoyo a las empresas y el fomento del empleo y de los ingresos; la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo; y la eficacia del diálogo social para la búsqueda de soluciones.

«La defensa de la vida humana debe ser nuestra prioridad», señaló Francesco d’Ovidio, funcionario encargado del servicio FUNDAMENTALS. «La protección de los medios de subsistencia facilita nuestra labor al respecto. La eficacia de esos principios fundamentales obedece principalmente a su interrelación y fortalecimiento mutuo. Al formular nuestras políticas con arreglo a dichos principios se sientan las bases de una recuperación inclusiva en los planos social y económico, a tenor de las necesidades de las personas más vulnerables”.

 

Imagen: © KB Mpofu / ILO

Fuente: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_759294/lang–es/index.htm

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Durán Castro.