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Etiqueta: economía

Movimiento Patriótico por Costa Rica busca coordinación nacional ante la actual coyuntura

«A las organizaciones sociales, laborales, comunales, grupos en general de la sociedad Civil

Situación actual.

1-Política y economía.

En la coyuntura actual sistémica y pandémica, el movimiento social, que agrupa los más diversos sectores, actores y actoras de la sociedad civil, tiene en este momento histórico el deber patriótico de fijar una ruta ante la encrucijada en que se encuentra la sociedad humana a nivel global.

En lo que respecta a nuestro país, entre los lineamientos propios del modelo político internacional denominado neoliberal y su respectivo modelo económico signado por el monetarismo, donde la oferta y demanda rigen los equilibrios del mercado, el crecimiento de un capital financiero es insostenible, generando una creciente brecha social entre un grupo minoritario de multimillonarios y una masa creciente de desocupados, empleos informales, que desemboca en una pobreza extrema y general, preocupante.

La deuda total de nuestro país tiene números preocupantes supera los $38 mil millones, el déficit en números conservadores llega al 10%, la carga deuda-intereses está muy superior al 62% del PIB.

Las sumas evadidas, eludidas, de fraude comercial, la sub y sobre – facturación de los sectores importadores-exportadores, suman cantidades que junto a las exoneraciones nos apunta a un 14% del PIB. (…)»

Lea el documento completo en el siguiente enlace:

SEC: el Gobierno nos mintió

No hay duda que la Pandemia Covid-19 ha provocado una distorsión en la economía nacional que desde el colapso financiero de 1929, no se vivía, hasta este 2020.

El diagnóstico del Gobierno es una verdad que todas y todos conocemos. Lógicamente mermaron las exportaciones a países que son nuestros clientes, de igual manera se desaceleraron las importaciones de bienes y servicios, y aunque esto último puede concebirse como algo positivo, lo cierto es que hay un estancamiento en la economía nacional.

Es cierto y evidente que se ha tenido que invertir en una gran cantidad de insumos a nivel de salud, para hacer frente a la pandemia.

Pero el análisis macro y micro económico, que hace el Gobierno, es demasiado tecnocrático, no es una propuesta producto de una amplia negociación con la mayoría de sectores sociales del país.

El documento oficial del Gobierno refleja la posición de esas esferas económicamente poderosas representadas por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada UCCAEP. Por tanto, es mentira que el sector gubernamental escucha y dialoga, para proponer al Fondo Monetario Internacional, como apunta el documento oficial.

Cuando se estudia el documento, en ningún momento y bajo ninguna perspectiva, se encuentra el mínimo interés de gravar a las grandes empresas del capital nacional y transnacional, quedando absolutamente de lado.

¿Cuáles empresas del sector financiero y agrícola como las grandes piñeras: Dole, Hacienda Taboga, Hacienda Aquiares y muchas más, son gravadas, aunque sea con un 0,0001% de renta? La respuesta es sencilla ¡Ninguna!

¿Acaso alguna de las empresas que declararon cero ganancias en los últimos diez años, (y que son más 90), se les tocaron sus intereses? ¡A ninguna!

Debemos apuntar, que es absolutamente demagógico el discurso del Gobierno, cuando señalan que, “está en la línea de mantener el Estado Social de Derecho”.

La propuesta gubernamental, en lo esencial va encaminada a despedazar aún más a la clase trabajadora y a lo que aún queda de la clase media. Afirmamos esto porque plantean un aumento del Impuesto de la Renta a personas físicas, entre ellos pensionados del Magisterio Nacional y salarios en general.

También se señala en el documento, que para el año 2021, el gran acierto será la recaudación de más de un billón de colones, producto del cobro del Impuesto al Valor Agregado IVA.  ¡Un golpe demoledor a la clase media costarricense!

¿Cómo pretenden fortalecer el Estado Social de Derecho, si se plantea un impuesto a todas las propiedades inmuebles que actualmente recaudan las municipalidades, y que no se eliminará, sino que se sumará a este nuevo cobro del Gobierno de 0,50%? Esto destruirá a la clase media.

No se puede desarrollar el Estado Social de Derecho, si al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF, se le disminuye el presupuesto que pagan los patronos de 26,33% a 21,33%, o sea 5%?, entonces ¿Cómo financiar en adelante el bono proteger?

Otro golpe a la clase trabajadora del sector público es la eliminación de anualidades en los próximos cuatro años ¿Cuál democracia económica?

Sirviendo al Fondo Monetario Internacional, el Gobierno se compromete a que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de Reforma al Empleo Público, algo que se viene gestando con insistencia desde la Administración Solís Rivera.

Manteniendo la óptica de afectar en totalidad los más nobles intereses de la clase trabajadora del sector público, el Gobierno le promete al Fondo Monetario Internacional eliminar los pluses, que desde su vaga perspectiva son los grandes distorsionadores del gasto público.

Es inaudito el entreguismo del Gobierno, al plantear que la economía del país se puede sanear con vender activos del Estado.Tenía razón, el Expresidente de la República, Rodrigo Carazo, cuando dijo: “Vender activos del Estado, es vender las joyas de la abuela”. Entonces ¿Cómo es posible que se pretenda vender una empresa que ha demostrado ser altamente rentable como lo es la Fábrica Nacional de Licores FANAL?

Con todo este retrogrado planteamiento del Gobierno, tiene que estarse revolcando en su tumba el Libertador y Expresidente de la República, Juan Rafael Mora Porras, quien, a mediados del siglo XIX, fue el adalid de crear esta cimera empresa estatal, la cual hoy quiere ser vendida.

Lic. Gilberth Díaz Vázquez,
Presidente del SEC

 

Imagen ilustrativa.

FRENASS: Seguridad Social, Economía y Política

Este martes 22 de setiembre a las 4 p.m. el Frente Nacional por la Seguridad Social llevará a cabo el conversatorio “Seguridad Social, Economía y Política”.

Estará a cargo de Mario Devandas y podrá seguirlo a través de la plataforma Webex y por el Facebook Live de FRENASS.

UCR: Impacto de la pandemia COVID-19 en las familias inmigrantes en Costa Rica

Debido a las restricciones sanitarias emitidas, muchas personas migrantes perdieron su empleo, pues todos los sectores de la economía que les ofrecen trabajo redujeron el personal, la jornada laboral y, en el peor de los casos, cerraron de manera indefinida. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

Históricamente, en Costa Rica las personas migrantes centroamericanas y particularmente las nicaragüenses han ocupado un porcentaje elevado de la fuerza laboral que sostiene importantes sectores de la economía costarricense. Gustavo Gatica, investigador de la UNED, estima que en el 2019 el aporte de esta población sumó el 11,35 % del producto interno bruto, en áreas como:

  1. Agricultura: específicamente en monocultivos como el café, la caña, el melón, el banano y la piña. La mayoría de estas plantaciones se encuentran en zonas relativamente cercanas a las fronteras con Nicaragua y Panamá.
  2. Servicios de alojamiento y alimentación: son indispensables en el sector de turismo, en hoteles, restaurantes, tours, atracciones turísticas, entre otras.
  3. Trabajo doméstico: las mujeres son una alta mayoría en este sector. Es usual que tengan jornadas laborales de horas en varias casas diferentes. Es muy común tanto para quienes tienen un bajo nivel de escolaridad como para profesionales con muchos años de experiencia en su campo.
  4. Servicios comerciales: atención en tiendas, supermercados, restaurantes, mantenimiento, transportes, entre otros.

No obstante, a partir de la emergencia sanitaria que impuso la pandemia del COVID-19, el 17 de marzo del 2020 se emitió un Decreto Ejecutivo que restringe de manera temporal el ingreso al territorio nacional de todas las personas que no fueran costarricenses o residentes, incluyendo (y principalmente) turistas. Posteriormente, el 25 de marzo se les pidió a las personas extranjeras residentes y de las categorías especiales no salir del territorio costarricenses, so pena de que se les imponga un impedimento de entrada.

Este escenario hizo que muchas familias quedaran divididas, pues quienes se encontraban en Nicaragua no podrían regresar y quienes salieran no podrían ingresar al país hasta nuevo aviso, lo cual con la situación actual podría tomar lo que resta del 2020 o más. Sumado a esto, en el caso de las personas nicaragüenses, sus familiares y amigos que estén en Nicaragua se encuentran en un país que no ha tomado medidas de distanciamiento social o cierre de negocios y que, también, ha sido señalada por reportar menos contagios y muertes a causa del COVID-19 de las que realmente son, según los datos aportados por la ONG Observatorio Ciudadano. Además, tal país ha sido fuertemente cuestionado por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud.

Gustavo Gatica, investigador de la UNED, estima que en el 2019 el aporte de esta población en áreas como la agricultura, servicios de alojamiento y alimentación, trabajo doméstico y servicios comerciales, sumó el 11,35 % del producto interno bruto. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

Consecuencias de las restricciones preventivas en la economía de las familias migrantes

Debido a las restricciones sanitarias emitidas, muchas personas migrantes perdieron su empleo, pues todos los sectores de la economía que les ofrecen trabajo redujeron el personal, la jornada laboral y, en el peor de los casos, cerraron de manera indefinida. Adicionalmente, las personas que fueron contagiadas debieron permanecer en cuarentena junto con su familia, en muchos casos esto resultó en una pérdida automática del empleo.

La población inmigrante que se encuentra indocumentada no es elegible para el bono “Proteger”. Por esto, las dificultades económicas que la población sufrió la sociedad de manera generalizada, en el caso de estas personas se sostienen hoy en día y se agravan con el paso del tiempo. Sin embargo, estas familias han tenido que encontrar la forma de acatar la cuarentena, sin contar con un ingreso económico propio ni el subsidio del Estado, quedando a merced de la buena voluntad de sus redes sociales, vecinos, iglesias o las pocas donaciones que las organizaciones de sociedad civil han logrado canalizar, pero que son insostenibles en el largo plazo.

La población inmigrante que se encuentra indocumentada no es elegible para el bono “Proteger”. Por esto, las dificultades económicas que la población sufrió de manera generalizada se mantienen actualmente en el caso de dichas personas y se agravan con el paso del tiempo. Sin embargo, estas familias han tenido que encontrar la forma de acatar la cuarentena, sin contar con un ingreso económico propio ni el subsidio del Estado, de manera que quedan a merced de la buena voluntad de sus redes sociales, vecinos, iglesias o las pocas donaciones que las organizaciones de la sociedad civil han logrado canalizar, pero que son insostenibles en el largo plazo.

A esto se suman las dificultades particulares de las familias binacionales —aquellas que cuentan con miembros tanto costarricenses como de otras nacionalidades—, muy especialmente en las familias cuyos integrantes de otros países tienen un estatus irregular. La potencial amenaza de ser deportados puede representar un hogar más que pierda el único ingreso económico familiar durante un periodo de crisis y con menores de edad que aún no asisten al sistema educativo y que, por tanto, no cuentan con las canastas que el Ministerio de Educación Pública entrega a sus estudiantes.

Muchas mujeres migrantes son jefas de hogar y la amenaza es que sean ellas las que se contagien por tener que salir a trabajar o quedarse sin empleo. Pero en el caso de quienes dependen económicamente de un compañero, la vulnerabilidad aumenta. Si su compañero se enferma o es deportado, estas mujeres deben encontrar una forma de generar ingresos económicos en un escenario absolutamente desfavorable para cualquier persona, independientemente de su nacionalidad. Sin embargo, para las mujeres migrantes, con baja escolaridad, con poca o ninguna experiencia laboral y con varias personas menores de edad a su cargo, el escenario es aún más adverso.

Es urgente la protección estatal inclusiva de estas familias

Es indispensable que las medidas que se tomen para apoyar a las familias, que se han visto afectadas económicamente, sean inclusivas y tomen en cuenta las condiciones y necesidades de los hogares que más lo necesitan, justamente por todos los factores de vulnerabilidad que acumulan. Las mujeres migrantes indocumentadas deben contar con protección de parte del Estado en aras de evitar que se expongan a explotación laboral u otras situaciones de riesgo en el intento de mantener a sus hijos e hijas.

El Estado costarricense debe agilizar los trámites migratorios y flexibilizar sus costos, de manera que las personas migrantes indocumentadas tengan la oportunidad de regularizar su situación y acceder a la protección estatal. EL 16 de junio, el Gobierno publicó el decreto 42406-MAG-MGP, que permite la regularización de migrantes que trabajan en el sector agro. No obstante, los costos de estos trámites ascienden los USD 60, los cuales deben ser cubiertos por la persona migrante, pese a que esta oportunidad se otorga por la demanda de las grandes empresas para contar con la mano de obra necesaria para no perder las cosechas.

Es fundamental dotar a las instituciones de los recursos pertinentes, con el fin de que puedan cumplir con las inspecciones necesarias para asegurar que la vida de las personas no se esté poniendo en riesgo por la producción económica. Además, dotarlas de todas las capacidades normativas e instrumentales necesarias para amonestar y sentar las responsabilidades correspondientes sobre las empresas que sostienen dichas prácticas y no sobre las personas que fueron víctimas de estas.

 

Silvia Azofeifa Ramos
Coordinadora del proyecto “Migrantes como sujetos políticos”

El impacto económico y la reactivación de la economía de Costa Rica ante la pandemia

Este 19 de agosto desde las 10 a.m. hasta las 12 m.d. se estará presentando el seminario virtual “El impacto económico y la reactivación de la economía de Costa Rica ante la pandemia”. Con la participación del Dr. Luis Paulino Vargas Solís, el M.SC Fernando Rodríguez Garro, la M.SC Sofía Guillén Pérez y como moderador el Dr Henry Mora Jiménez.

Si desea participar, en la siguiente imagen encontrará el enlace.

Para más información puede comunicarse al siguiente correo: vinculacion@una.cr

La Estrategia Nacional de Bioeconomía: buenas perspectivas para la Transformación productiva y el Desarrollo territorial

German Masís

El Gobierno de la República dio a conocer hace pocos días, la Estrategia Nacional de Bioeconomía, como un esfuerzo conjunto del Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), y con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y del programa de cooperación con la República Federal de Alemania (Programa CEPAL-BMZ/GIZ).

La Estrategia es un marco para integrar políticas públicas y privadas y articular inversiones públicas e incentivos relacionados con lo productivo y lo ambiental y está prevista para implementarse en tres fases en las que se potenciará el uso de la riqueza biológica y aprovechamiento sostenible de los activos biológicos del país (ElPais.cr, Economía,7-8-2020).

El principal valor de esta estrategia se encuentra en la oportunidad de impulsar una transformación productiva y un desarrollo territorial equitativo e incluyente basados en los recursos de la biodiversidad del país y en la integración de nuestras olvidadas regiones periféricas.

El propósito según el planteamiento es, “hacer de la bioeconomía uno de los pilares de la transformación productiva de Costa Rica, al promover la innovación, la agregación de valor, la diversificación y la sofisticación de su economía, aplicar los principios de la bioeconomía circular y buscar la descarbonización de los procesos de producción y consumo”.

Al respecto hemos afirmado, que debe ser un objetivo del desarrollo nacional impulsar una transformación de la actividad productiva hacia una más sostenible e incluyente, a partir del uso y aprovechamiento de nuestra abundante biodiversidad y de una innovación apropiada y creativa, que garantice la generación de productos biodiversos de alto valor y empleo de calidad para la población local. (Alterdescr.com,2020).

Según el Ministro de Agricultura, “desde el sector agropecuario, vemos esta estrategia como una opción para alcanzar un mayor desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas de forma sostenible. Queremos fomentar la agregación de valor, el uso de biomasa para la producción de energía y la diversificación que hace a las personas productoras más competitivas, ya que se les genera mayores oportunidades de acceso a diversos mercados con nuevos productos y servicios y se crean nuevas fuentes de crecimiento económico y social equitativo” (ElPais.cr,7-8-2020).

Hace más de una década, se mencionaba la importancia del impulso de alternativas productivas que implicaran el uso y conservación de la biodiversidad y el paisaje, la generación de encadenamientos locales y el esfuerzo de las unidades de producción para gestionar oportunidades de comercio y servicios, entre esas actividades se ubicaban el biocomercio, la agricultura orgánica, el agroturismo (Masís, G,2007).

Asimismo, la estrategia señala que “La bioeconomía representa una gran oportunidad para impulsar el desarrollo regional, ya que sirve como complemento de las actividades productivas existentes, diversificándolas, fomentando el valor agregado y haciéndolas más sostenibles, al aprovechar de manera responsable los recursos naturales e incluso los desechos generados localmente”.

En ese sentido, la bioeconomía puede convertirse en la opción de desarrollo frente a la predominancia en las regiones periféricas costarricenses de dinámicas territoriales de poco crecimiento, inclusión social, y sustentabilidad ambiental, resultado de un modelo de desarrollo concentrador de las actividades en la Gran Área Metropolitana (GAM) y de condiciones de acceso a los recursos e inversión inequitativas que se han profundizado en los territorios rurales y costeros.

Se requiere una nueva gobernanza territorial de los recursos naturales y de la biodiversidad, la generación de nuevas oportunidades económicas y la vinculación con mercados dinámicos; que superen las estructuras productivas de enclave o donde predominan unas pocas empresas, muchas veces de origen extraterritorial, que generan poco o mal empleo, con pocos encadenamientos locales, y que finalmente resultan en la extracción del territorio de una enorme proporción de los excedentes y a la creación de relaciones desiguales entre los territorios y las ciudades intermedias (Alterdescr.com,2019).

Igualmente en la actual coyuntura, la Estrategia de Bioeconomía puede convertirse en un marco orientador para promover una recuperación económica sostenible en el período postpandemia, con sistemas productivos que enfrentan un enorme reto frente a una contracción económica mundial, que exigirá producir de forma más eficiente o reinventarse, mantener cadenas de valor que sostengan empleos y medios de vida, mientras se asegura el aprovechamiento sostenible y la rehabilitación de la naturaleza frente al cambio climático.

De acuerdo a lo dicho por el Presidente en la presentación, en este contexto de pandemia debemos acelerar el paso hacía la bioeconomía que busca construir una Costa Rica con producción sostenible de alto valor agregado, basada en el aprovechamiento justo y equitativo de su biodiversidad y lograr una transformación productiva, basada en el conocimiento.

La Estrategia Nacional de Bioeconomía es un paso en la dirección correcta hacia un desarrollo nacional endógeno, auto centrado y sustentable, que incorpore los sistemas agroecológicos, la agroindustria, la bioprospección, y la biotecnología agrícola y médica, ámbitos en los que Costa Rica tiene capacidades y potencial. (Ídem, ElPais.cr).

Carta a amigos en el extranjero

Frei Betto

Queridos amigos:

¡En Brasil hay un genocidio! Al momento de escribir, 16/7, Covid-19, que surgió aquí en febrero de este año, ya ha matado a 76,000 personas. Ya hay casi 2 millones de infectados. Para el domingo 19 de julio, alcanzaremos 80,000 muertes. Es posible que ahora, cuando leas este llamamiento dramático, ya alcances los 100 mil.

Cuando recuerdo que, en la Guerra de Vietnam, durante más de 20 años, se sacrificaron 58,000 vidas del personal militar de EE. UU., tengo el alcance de la seriedad de lo que está sucediendo en mi país. Este horror causa indignación y revuelta. Y todos sabemos que las medidas cautelares y restrictivas, adoptadas en tantos otros países, podrían haber evitado tal número de muertos.

Este genocidio no es el resultado de la indiferencia del gobierno de Bolsonaro. Es intencional. Bolsonaro está satisfecho con la muerte de otros. Cuando un diputado federal, en una entrevista televisiva en 1999, declaró: “¡Al votar no cambiarás nada en este país, nada, absolutamente nada! Desafortunadamente, solo cambiará si un día vamos a una guerra civil aquí, y hacemos el trabajo que el régimen militar no hizo: matar a unos 30 mil”.

Al votar a favor del juicio político del presidente Dilma, ofreció su voto en memoria del torturador más notorio del ejército, el coronel Brilhante Ustra.

Debido a que está tan obsesionado con la muerte, una de sus principales políticas gubernamentales es liberar el comercio de armas y municiones. Cuando se le preguntó en la puerta del palacio presidencial si no le importaban las víctimas de la pandemia, respondió: «No creo en estos números» (27/03, 92 muertes); «Todos moriremos algún día» (29/3, 136 muertes); «¿Y qué? ¿Qué quieres que haga?» (28/4, 5,017 muertes).

¿Por qué esta política necrofílica? Desde el principio, declaró que lo importante no era salvar vidas, sino la economía. De ahí su negativa a declarar un cierre, cumplir con las pautas de la OMS e importar respiradores y equipo de protección personal. La Corte Suprema tuvo que delegar esta responsabilidad a los gobernadores y alcaldes.

Bolsonaro ni siquiera respetó la autoridad de sus propios ministros de salud. Desde febrero, Brasil ha tenido dos, ambos despedidos por negarse a adoptar la misma actitud que el presidente. Ahora, al frente del ministerio, está el general Pazuello, que no entiende nada sobre el tema de la salud; trató de ocultar los datos sobre la evolución del número de víctimas del coronavirus; empleó a 38 militares en funciones clave del ministerio, sin las calificaciones requeridas; y canceló las entrevistas diarias para las cuales la población recibió orientación.

Sería exhaustivo enumerar aquí cuántas medidas para liberar recursos para ayudar a las víctimas y las familias de bajos ingresos (más de 100 millones de brasileños) nunca se han implementado.

Las razones de la intención criminal del gobierno de Bolsonaro son evidentes. Dejar morir a los ancianos para ahorrar recursos de la Seguridad Social. Dejar morir las enfermedades preexistentes para ahorrar recursos del SUS, el sistema nacional de salud. Permitir que los pobres mueran para ahorrar recursos de Bolsa Família y otros programas sociales para los 52.5 millones de brasileños que viven en la pobreza y los 13.5 millones que están en la pobreza extrema. (Datos del gobierno federal).

No satisfecho con tales medidas letales, el presidente ahora vetó, en el proyecto de ley sancionado 3/7, el tramo que requería el uso de máscaras en establecimientos comerciales, templos religiosos e instituciones educativas. También vetó la imposición de multas para quienes infringen las reglas y la obligación del gobierno de distribuir máscaras a los más pobres, principales víctimas de Covid-19, y a los prisioneros (750 mil). Sin embargo, estos vetos no anulan las leyes locales que ya establecen el uso obligatorio de una máscara.

El 7/8, Bolsonaro anuló extractos de la ley aprobada por el Senado que requería que el gobierno proporcionara agua potable y materiales de higiene y limpieza, instalaciones de internet y distribución de canastas básicas, semillas y herramientas agrícolas a las aldeas indígenas. También vetó fondos de emergencia para la salud de los indígenas, y facilitó el acceso de indígenas y quilombolas a ayuda de emergencia de 600 reales (100 euros o 120 dólares) durante tres meses. También vetó la obligación del gobierno de ofrecer más camas de hospital, ventiladores y máquinas de oxigenación de la sangre a los pueblos indígenas y quilombolas.

Los indígenas y los quilombolas han sido diezmados por la creciente devastación socioambiental, especialmente en la Amazonía.

Corra la voz sobre este crimen contra la humanidad tanto como sea posible. Las denuncias de lo que sucede en Brasil deben llegar a los medios de comunicación de su país, las redes digitales, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y la Corte Internacional de La Haya, así como a los bancos y empresas que albergan a esos codiciados inversores por el gobierno de Bolsonaro.

Mucho antes de que lo hiciera el periódico The Economist, en las redes digitales trato al presidente como BolsoNero, mientras Roma arde, él toca la lira y anuncia cloroquina, una droga sin eficacia científica contra el nuevo coronavirus. Sin embargo, sus fabricantes son aliados políticos del presidente…

Le agradezco su amable interés en difundir esta carta. Solo la presión del exterior podrá detener el genocidio que está afectando a nuestro amado y maravilloso Brasil.

Fraternalmente,
Frei Betto
Frei Betto es un fraile dominicano y escritor, asesor de la FAO y los movimientos sociales.

Fuente: https://www.cedefes.org.br/carta-aos-amigos-e-amigas-do-exterior-e-entrevista-ao-jornal-brasil-de-fato-por-frei-betto/

 

Compartido con SURCOS por Alberto Rojas.

Unas cuantas sugerencias

Guillermo E. Zúñiga Chaves

Comparto, con espíritu constructivo, algunas ideas.

1-   EQUIPO DE MANEJO SANITARIO Y ECONÓMICO COORDINADOS. Pueda ser que dentro del Gobierno estén muy coordinados.  Pero lo cierto es que, desde afuera, no dan esa sensación. Más bien, a ratos pareciera que existen tensiones. Aclarar esa imagen cuanto antes es de gran conveniencia nacional.

2-   PRESENTAR PLAN ECONÓMICO DE MEDIANO ALIENTO. Lo más cierto hoy es que el futuro es incierto. No hay conocimiento seguro y claro sobre cómo va a evolucionar la situación, tanto en lo sanitario, como en lo económico. No obstante, en lo sanitario se ha definido una ruta, y cada uno de nosotros sabe a qué atenerse. Quédate en casa, baile y martillo, burbuja social, distanciamiento social, nos lo han explicado permanentemente.

No pasa lo mismo en el campo económico. Los anuncios son parciales. El Gobierno insiste en avanzar en la negociación con el FMI, pero no se ha explicado con claridad si ya hay compromisos y, si los hay, en qué consisten. Parece ser un secreto que no quieren compartir. Se rumora, porque ese es el nivel, que vienen impuestos, mayores recortes de gasto, venta de activos. El exministro Chaves ya hasta hizo un cálculo “personal” (así lo llamó) de lo que valdrían algunos de esos negocios públicos. No llega al 10% de la deuda.

3-   SE DEBEN FORMULAR OTRAS INICIATIVAS MÁS ALLÁ DE LA MACROECONOMÍA. La discusión macroeconómica con facilidad deriva en un pulso por recortar gasto, reducir planilla pública, bajar salarios, las exenciones o a quién poner impuestos.  Si no hay un espacio de negociación real, inclusivo y con propósito, las discusiones serán estériles, los esfuerzos se diluyen y la desesperanza crece.

Por ello, también se tiene que trabajar sobre las necesidades particulares de los sectores productivos. En especial con aquellas actividades que han sido soporte del desarrollo económico y hoy están amenazadas. ¿Cómo acercar capital de trabajo a esas empresas que han demostrado viabilidad a lo largo del tiempo, pero que hoy están sofocadas por la caída de sus ingresos? Mecanismos existen, y se han presentado. Pero no se observa una definición concreta del Gobierno en este campo. Esto se debe abordar con urgencia.

Los bancos tienen plata. Ha habido renegociaciones de las deudas bancarias. Pero no todos son sujetos de crédito. Aquí surge la necesidad de crear un mecanismo especial de garantías para empresas nacionales, que hoy sufren, y que han sido exitosas. Pero este esquema debe también considerar a los emprendimientos no formales, que son muchos y están creciendo. Sería una forma de empezar a formalizar esas iniciativas. El desempleo es mucho, la transformación hacia la informalidad es acelerada, y hay que ir previendo estos impactos para después de la pandemia.

4-   LOS FONDOS PARA EL BONO PROTEGER HAY QUE AUTORIZARLOS RÁPIDO. Es urgente aprobar cuanto antes el uso de los recursos disponibles. Y el Gobierno debe calibrar si va a necesitar más apoyo para estos programas. Es una buena idea no mezclar esta aprobación con otros temas presupuestarios.

5-   EL GOBIERNO DEBE RETOMAR SU INICIATIVA SOBRE MEJORES CONDICIONES EN EL FINANCIAMIENTO en estos días de crisis sanitaria. Y este debe ser un punto central para tratar con los organismos financieros internacionales. Rebeca Gryspan ha complementado esta idea, señalando que los alivios que se dieron a los países más pobres deben extenderse a los de “ingreso medio”, como es Costa Rica. Agrego que, de otra forma, podemos quedar en un “limbo financiero” y expuestos a la codicia del mercado financiero internacional.

CONCLUYO.  Entre más claro se tengan las propuestas, más fácil es llegar a los acuerdos, que posibiliten apoyos amplios. Esta es una condición necesaria para avanzar. La macroeconomía hay que manejarla, pero es igualmente importante tener claridad sobre los programas de apoyo a los sectores productivos y al empresariado nacional. Es la mejor forma de resguardar empleos y mitigar impactos sociales. Siendo que los intereses nos están comiendo las finanzas públicas, trabajar sobre esquemas diferentes de endeudamiento, es urgente.

Texto publicado en el blog http://notasaltema.blogspot.com/ y compartido con SURCOS por el autor.

Activar la economía a costa de fracturar las medidas para la mitigación de la pandemia: mal presagio

Juan Huaylupo Alcázar

El poder estatal y los medios de la opinión privada, callan los peligros para la ciudadanía al debilitar, flexibilizar o eliminar las restricciones sanitarias para el resguardo de la salud pública. Ante el aumento de infectados con el virus pandémico, se culpa a quienes carecen de alternativas de supervivencia y se exime de responsabilidad a los que presionan y deciden la apertura de comercios y negocios. Esto es, inmoralmente se acusa a las víctimas y se oculta a los culpables, que se imaginan héroes y benefactores.

La visión autoritaria y el posicionamiento político de los empresarios, una vez más, imponen sus intereses privados como si fueran intereses de todos, de la sociedad y del Estado. Los que se creen dueños de la sociedad y del destino de las personas, están imponiendo exigencias y sacrificios a todos para beneficios privados. En la actual coyuntura crítica una vieja historia se repite: la necesidad de salarios de quienes históricamente han sido despojados de los recursos para la vida, que no es un apoyo a los empresarios que se enriquecen con su trabajo y consumo, es la imposibilidad de vivir sin vender su trabajo.

La economía es falsamente considerada como el único determinante para definir la condición y calidad de vida de los individuos, poblaciones y sociedades, y a partir de ello se busca reactivar la economía, independientemente de sus implicaciones en la salud y la condición vida de las poblaciones. Reactivar la economía sin cambiar los modos de apropiación de las ganancias generadas colectivamente, que generan pobreza, miseria y hambre en los espacios sociales nacionales, es una contradicción, que no se resuelve con el crecimiento empresarial ni con los dogmas simplistas de modelos macroeconómicos. La concentración y centralización de la riqueza privada tiene su correlato en la pobreza cada vez más profunda y generalizada.

América Latina es el espacio de mayor polaridad social del mundo, la brecha entre ricos y pobres es abismal, como también lo es para Costa Rica, pero no son los trabajadores ni sus salarios los responsables. La economía latinoamericana y costarricense crece e enriquece a empresas mundiales y empresarios nacionales con masivos desempleados y pobres.

Las dramáticas consecuencias del Covid-19 y las desigualdades con que se vive la cuarentena o la enfermedad misma, deja al desnudo la esencia del capitalismo en su devenir histórico. La pandemia ha agudizado las tendencias imperantes en el mundo, han fallecido cerca de medio millón de personas e infectado a siete millones, pero está condenando a la miseria y hambre a cerca cinco mil millones de personas. Las víctimas del virus en su mayoría son producto de las inequitativas relaciones económicas imperantes y por el dominio político-militar, dispuesto a liquidar a toda la humanidad.

Efectivamente el Covid-19 está evidenciado la vulnerabilidad de la economía, pero no es el virus quien la ha paralizado, se ha frenado porque los trabajadores han debido dejar de trabajar y se les ha reducido sus jornadas y salarios, en un contexto desocupación y pobreza, a otros en cambio, como ocurre con trabajadores de la agricultura de exportación (piña, banano, tubérculos), les ha significado el aumento de las jornadas, con míseras compensaciones y en riesgosas condiciones sanitarias para nacionales, indocumentados e informales, sin cobertura de seguridad social. Los trabajadores se han empobrecido y los empresarios han dejado de ganar en este período, que no es lo mismo que perder, sin embargo, esos patronos lo consideran intolerable e inaceptable.

La presión política empresarial para liberalizar las restricciones sanitarias, en colusión gubernamental y legislativa, está propiciando la proliferación de infectados con el coronavirus que, sin medicamentos, vacunas ni alternativas, ponen en riesgo sus vidas y la de otros.

Eliminar las restricciones sanitarias no resuelve la reactivación económica en un contexto que ha empobrecido y desempleado masivamente a trabajadores, que no serán reincorporados ni recuperarán sus montos salariales, menos aún, cuando aumentan los precios de mercancías y servicios que ofrecen las empresas. Esto es, la disminución de la capacidad adquisitiva de gran parte de la población impide satisfacer sus necesidades, como limita a los empresarios a recuperar las inversiones y materializar las ganancias en las mercancías que no se consumirán. Pese a que la ruta tomada para la apertura, reproduciendo e incluso profundizando las condiciones de desigualdad previas a la pandemia, no reactivará la economía. Sin embargo, aumentar la absorción laboral y los salarios, no son alternativas imaginadas por el poder totalitario imperante en nuestro tiempo, aunque fueron una realidad exitosa con el New Deal, que en 1929-1932 reactivó la economía en la mayor crisis conocida en el capitalismo. Asimismo, se olvida los resultados económicos que trajo consigo el esfuerzo y contribución de miles de trabajadores que levantaron las fabricas terminada la Segunda Guerra Mundial, para luego ser entregadas a sus dueños, así como se omite la significación de la solidaridad internacional con el Plan Marshall para la Europa destruida de la postguerra.

Aquí, los propietarios de la UCCAEP muestran su ignorancia al creer que solo su visión de la economía es la única y verdadera, como un dogma divino, reclamando y exigiendo beneficios, subsidios y condonaciones o amnistías tributarias, aunque ello signifique el sacrificio de muchos para pocos.

La reproducción del infame círculo de miseria no se resuelve eliminando las restricciones sanitarias, como tampoco los Estados, pueden ni intentan satisfacer las necesidades básicas, salud y vida de los pobres y desempleados, menos aún en Costa Rica, con un gobierno, legisladores y magistrados que imponen, legislan y consienten la usura, las confiscaciones salariales, los aumentos impositivos a los trabajadores y sectores medios, e incluso absurda y anticonstitucionalmente, se pretende estrangular el presupuesto de las universidades públicas y particularmente de la Universidad de Costa Rica, benemérita institución pública que es orgullo nacional, reconocida internacionalmente por sus aportes científicos, técnicos e investigativos, así como por su contribución a la educación superior y a las esperanza de bienestar, vida digna y democracia para todos.

El terror empresarial de desaparecer agudiza su prepotencia totalitaria al querer apropiarse de los recursos y riquezas de la sociedad, así como, por su desprecio al pueblo, atenta contra sus vidas.

Reactivar la economía sin bienestar, contra los derechos, la educación y la vida, solo trae malos presagios que auguran enfrentamientos inconvenientes, donde todos seremos perdedores. La miopía estatal y empresarial, es tal, que no se percatan que una sociedad próspera, sana, segura y sin miedos conviene a todos, incluso a los dueños del capital.

(*) Juan Huaylupo Alcázar es catedrático en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Costa Rica.

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