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Etiqueta: educación pública

Un llamado a las personas indecisas: valorar la paz, la institucionalidad y salir a votar

A pocos días de las elecciones nacionales, el historiador y analista de la realidad nacional Óscar Aguilar Bulgarelli dirigió un mensaje especialmente a las personas indecisas, en particular a quienes tienen entre 18 y 40 años, invitándoles a reflexionar sobre el valor histórico, social e institucional de Costa Rica y la responsabilidad que implica el ejercicio del voto.

Aguilar Bulgarelli parte del reconocimiento de la indecisión como una señal de duda legítima frente a los discursos que han predominado en los últimos años. Desde su experiencia vital —como integrante de la generación que vivió la posguerra y la aprobación de la Constitución de 1949— plantea que a esa generación se le ha acusado injustamente de haber “robado el país”, cuando en realidad fue la que construyó las principales bases del Estado social costarricense.

En su recorrido histórico, recuerda que esa generación heredó instituciones fundamentales como la Caja Costarricense de Seguro Social, el sistema público de educación gratuita, las universidades públicas, el Código de Trabajo, el aguinaldo, el salario escolar, el Instituto Costarricense de Electricidad, los acueductos y alcantarillados, el sistema solidarista, el IMAS, las becas Avancemos, los comedores escolares y las redes de cuido, pilares que han garantizado derechos, movilidad social y calidad de vida a amplios sectores de la población.

El historiador subraya que estos logros no se alcanzaron mediante el odio, la confrontación o la agresión, sino a través del diálogo, la negociación y la convivencia democrática, incluso después de una guerra civil. Esa capacidad de sentarse a hablar y construir acuerdos permitió forjar un país que durante décadas se distinguió por la paz social, la convivencia y la seguridad cotidiana.

Desde esa perspectiva, Aguilar Bulgarelli invita a valorar cuánto cuesta la paz y a no dejarse arrastrar por discursos que siembran resentimiento y división. Llama a recuperar un espíritu de respeto, decencia y convivencia, y a acudir a las urnas con serenidad y responsabilidad cívica.

Finalmente, aclara que su llamado no es a votar por una candidatura específica, sino a votar por Costa Rica, entendiendo el sufragio como un acto de defensa de la democracia, de las instituciones y del proyecto histórico que permitió construir un país con derechos y oportunidades. El mensaje concluye con una invitación a votar en paz, pensando en el bien común y en el futuro colectivo.

¿Por qué el enojo, cómo evaluar al gobierno y por qué sí votar?

Carlos Sandoval García

A pocos días de las elecciones presidenciales y legislativas, el profesor universitario, comunicador y especialista en estudios culturales Carlos Sandoval García compartió una reflexión organizada en torno a tres preguntas clave para comprender el momento político actual: ¿por qué hay tanto enojo en la sociedad?, ¿qué balance puede hacerse del gobierno de Rodrigo Chaves? y ¿vale la pena votar?

El enojo social: razones legítimas

Sandoval parte de reconocer que el enojo presente en amplios sectores de la sociedad es válido, legítimo y justificado. Señala que existen múltiples causas concretas que alimentan ese malestar: la ausencia de oportunidades, particularmente para las personas jóvenes; los retrocesos y estancamientos en educación; las persistentes listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social; el aumento de la violencia criminal; y las horas perdidas diariamente en presas.

A estos factores estructurales suma experiencias cotidianas que reflejan el deterioro de los servicios públicos, como la falta de respuesta ante una fuga de agua reportada a Acueductos y Alcantarillados. Para Sandoval, estas vivencias confirman que el enojo no surge de la nada, sino que tiene razones de fondo relacionadas con el funcionamiento del Estado y la calidad de vida.

Balance de la administración Chaves

En su segunda pregunta, el académico plantea que la administración de Rodrigo Chaves no ha dado respuesta a los problemas fundamentales del país. En materia educativa, advierte que el presupuesto actual es comparable al de hace 25 años, lo que implica la pérdida de un cuarto de siglo sin una ruta clara para el sistema educativo.

En el ámbito de la seguridad social, subraya que la deuda del Estado con la CCSS continúa creciendo, con consecuencias directas tanto en las pensiones como en los servicios de salud. La violencia, lejos de disminuir, sigue manifestándose con fuerza, incluso en incautaciones de droga provenientes del país en puertos europeos. En transporte, las presas y el deterioro del servicio público persisten, mientras proyectos como el tren siguen sin materializarse.

Sandoval también cuestiona decisiones administrativas que, a su juicio, reflejan prioridades equivocadas, como la compra de vehículos de lujo en instituciones que requieren inversión en capacitación y tecnología. En síntesis, afirma que la “medicina” aplicada por este gobierno ha sido peor que la enfermedad, pues no resuelve los problemas y genera nuevos riesgos.

¿Vale la pena votar?

La tercera pregunta recibe una respuesta contundente: sí vale la pena votar. Aunque reconoce que el sistema electoral es perfectible, Sandoval destaca que posee más fortalezas que debilidades, especialmente en el contexto latinoamericano. Por ello, considera fundamental la participación ciudadana.

Recupera además una reflexión escuchada en la Feria del Agricultor: antes de decidir por quién votar, es clave preguntarse por quién no votar, descartando la continuidad, para luego evaluar opciones y tomar una decisión informada.

Como cierre, Sandoval invita a no perder de vista las fortalezas del país, entre ellas un sistema de salud que ha demostrado su capacidad de salvar vidas. Desde una experiencia personal, recuerda cómo hospitales públicos permitieron que sus hijos, nacidos prematuramente, salieran adelante. Para él, ese tipo de logros deben ser defendidos y perfeccionados mediante la participación democrática.

La reflexión concluye con un llamado claro: salir a votar, pensar críticamente el momento histórico y defender las capacidades colectivas construidas como sociedad.

Le invitamos a escuchar el video completo con la exposición de Carlos Sandoval García.

Pacto por la Educación Pública suma compromiso de siete candidaturas presidenciales

En el marco del Primer Congreso Nacional por la Educación Pública, realizado el 20 de enero de 2026 en Santo Domingo de Heredia, fue presentada oficialmente la Declaratoria del Pacto Nacional por la Educación Pública de Costa Rica, como resultado de un proceso amplio de diálogo social iniciado en 2022, orientado a construir acuerdos nacionales frente a la profunda crisis que atraviesa el sistema educativo.

La actividad reunió a cerca de 500 personas provenientes de organizaciones sociales, sectores educativos, comunidades territoriales, universidades públicas, movimientos estudiantiles, sindicatos, partidos políticos, diputaciones y ciudadanía diversa, en un espacio plural que buscó colocar la educación pública como prioridad nacional, más allá de diferencias políticas o sectoriales.

Uno de los momentos más simbólicos del Congreso fue la lectura pública de la Declaratoria en la voz de un niño de quinto grado, gesto que subrayó el carácter intergeneracional del Pacto y reafirmó a la niñez como sujeto central de derechos, así como la responsabilidad colectiva de proteger el futuro educativo del país.

Durante la jornada se dio a conocer el Pacto Nacional de Compromisos con la Educación Pública, firmado por siete candidaturas presidenciales: Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Ana Virginia Calzada (Centro Democrático y Social), Ariel Robles (Frente Amplio), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Claudio Alpízar (Esperanza Nacional), Jorge Borbón (PIN – en representación del candidato), Ronny Castillo (Aquí Costa Rica Manda).

El Pacto permanece abierto para la eventual adhesión de otras fuerzas políticas y actores sociales, pero establece desde ya un marco público de compromisos verificables ante la ciudadanía.

La educación pública como derecho humano y deber indeclinable del Estado

El Pacto parte del reconocimiento de la educación pública como bien público, derecho humano fundamental y deber indeclinable del Estado, base del desarrollo humano, la democracia, la movilidad social y la soberanía nacional. En ese sentido, se plantea que la educación no puede ser tratada como una mercancía ni como un gasto prescindible, sino como una inversión estratégica para el país.

Entre los compromisos centrales destaca el avance progresivo hacia el 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública, conforme al mandato constitucional, garantizando la no regresividad presupuestaria y priorizando áreas clave como la infraestructura educativa, la formación y dignificación docente, la permanencia estudiantil, los programas de equidad, la actualización pedagógica y la reducción de brechas territoriales y sociales.

Asimismo, el Pacto propone liberar la inversión educativa de los límites de la regla fiscal, reconociendo que la crisis del sistema educativo requiere medidas extraordinarias y sostenidas en el tiempo.

Calidad educativa, equidad y enfoque territorial

El documento plantea la construcción de una política educativa nacional como política pública de Estado, orientada al aprendizaje significativo, el pensamiento crítico, la alfabetización científica, tecnológica y digital, la formación para la ciudadanía democrática y el trabajo digno.

Se enfatiza la necesidad de un enfoque territorial, que reconozca las realidades culturales, sociales, económicas y geográficas de las distintas regiones del país, incluyendo zonas rurales, fronterizas, costeras e indígenas. En ese marco, se impulsa el fortalecimiento de la infraestructura física y la conectividad digital efectiva en todos los centros educativos públicos, así como el desarrollo de una Red Nacional de Conectividad Educativa como política estratégica.

El Pacto también establece compromisos específicos en materia de equidad y no discriminación, con el objetivo de erradicar cualquier forma de exclusión educativa por razones de pobreza, discapacidad, origen territorial, género, condición migratoria u otras circunstancias sociales.

Participación social, entornos seguros y rendición de cuentas

Otro eje central es la participación social como condición esencial para el fortalecimiento de la educación pública. El Pacto promueve estructuras permanentes de participación de estudiantes, personal docente y administrativo, familias, comunidades, universidades públicas y otros actores, tanto en el diseño como en el seguimiento y evaluación de las políticas educativas.

Se incorporan además compromisos para garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y libres de violencia, con un enfoque preventivo, integral y de derechos humanos, en respuesta al contexto nacional de inseguridad y a las múltiples formas de violencia que afectan a la niñez y la adolescencia.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, el Pacto establece la obligación de someter la gestión de los recursos públicos destinados a educación a sistemas de información abiertos, auditorías técnicas y financieras, y mecanismos de fiscalización social y ciudadana.

Prioridad nacional y compromiso político verificable

El documento propone que, durante el primer año del próximo gobierno, se impulse la suscripción de un Pacto Nacional por la Educación Pública con la participación de fuerzas políticas, sociales, académicas, económicas y territoriales, y que la educación pública sea declarada prioridad nacional en situación de crisis dentro de los primeros cien días de gobierno.

El compromiso asumido tiene carácter de obligación política pública ante la ciudadanía, debe ser verificable mediante indicadores, presupuestos y resultados, y se plantea como criterio de evaluación democrática del ejercicio gubernamental, vinculando directamente a la persona que asuma el Ministerio de Educación Pública a partir de mayo de 2026.

Las organizaciones convocantes señalaron que el Pacto se sustenta en evidencia reciente sobre el deterioro del sistema educativo, documentado en informes nacionales, y constituye una hoja de ruta colectiva para revertir la peor crisis educativa de las últimas décadas y fortalecer la educación pública como pilar de la democracia costarricense.

📄 El texto completo del Pacto por la Educación Pública con firmas puede descargarse desde SURCOS en el siguiente enlace:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/01/PACTO.pdf

Candidaturas presidenciales y sectores sociales firmarán pacto por la educación pública

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo convoca a las candidaturas presidenciales y a diversos sectores sociales a un acto público de alto contenido político y ciudadano: la firma del Pacto por la Educación Pública, en el marco del I Congreso Nacional por la Educación Pública.

Bajo el llamado “Que la educación vuelva a ser nuestro orgullo”, la actividad plantea una pregunta central para el proceso electoral:
¿Tu candidatura se comprometerá con la educación pública y la democracia?

El encuentro parte de una premisa clara: sin educación pública no hay igualdad, desarrollo ni democracia. Por ello, se propone como un espacio clave para que las personas aspirantes a la Presidencia de la República expresen y formalicen su compromiso con la defensa de la educación pública como derecho fundamental y bien común.

La firma del pacto reunirá a candidaturas presidenciales y sectores sociales en un acto que busca reafirmar compromisos políticos y sociales frente a los desafíos que enfrenta la educación pública en Costa Rica, así como su papel central en la construcción de una sociedad más justa, democrática e inclusiva.

Detalles de la actividad

  • Fecha: martes 20 de enero de 2026

  • Hora: 10:00 a.m.

  • Lugar: Auditorio F5 – Bomberos de Costa Rica, Santo Domingo de Heredia

Inscripción

La participación es presencial y requiere inscripción previa en el siguiente enlace:
👉 https://forms.gle/trSPXwGLS2TP61pe9

Ante las elecciones defendamos el futuro de Costa Rica

Vladimir de la Cruz

Notas para un improvisado e hipotético discurso electoral, de última hora.

Ciudadanos,
Compatriotas,
Costarricenses,

Gracias por asistir a esta Convocatoria política, a este balance de cuentas de estos cuatro años que han transcurrido desde febrero del 2022, momento que se escogió al actual presidente del país.

Gracias por presentarse a las urnas electorales el próximo 1 de febrero, después de trabajar la tierra, de ordeñar temprano las vacas y las cabras.

Gracias por manejar horas para llegar a un Ebais.

Gracias por estirar el colón hasta donde ya no da más.

En este momento no estamos aquí para discursos finos.

Estamos para ir a los centros de votación, para presentarnos a las urnas electorales, para emitir el voto.

Estamos para darle rumbo al país, que no lo ha tenido, en esta elección.

Estamos aquí para hablar claro, como se habla en el campo, como se habla con los compañeros de trabajo, como se habla con los amigos, como se habla en la Familia.

Cuando el futuro se pone cuesta arriba no se debe hablar con excusas.

El futuro de Costa Rica no se arregla con excusas. No se arregla con promesas que no se cumplen y menos con las que se ofrecieron y no cumplieron. Y mucho menos con las que se ofrecen para continuar las que no se cumplieron.

¡Aquí nadie está confundido!

Los problemas se sienten todos los días.

No es necesario que alguien explique qué es una crisis.

La crisis se siente y se vive cuando:

  • ⁠ ⁠Los salarios, las pensiones y los ingresos de los trabajadores no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas, para tener una vida estable, digna, decente, decorosa.
  • ⁠ ⁠Los salarios se mantienen congelados desde hace cinco años, proyectada su congelación por otros cinco años.
  • ⁠ ⁠Los salarios mínimos Pilar Cisneros, en la Asamblea Legislativa, los quiere reducir en casi un 40% para equipararlos con los salarios más bajos de América Latina.
  • ⁠La jornada de 8 horas diarias quieren cambiarla por jornada de trabajo de 12 horas diarias, al estilo de las jornadas esclavistas del siglo XIX.
  • ⁠ ⁠Los precios de los productos básicos de subsistencia y de alimentación en general, de la canasta básica, los llevan en ascensor y los salarios los mantienen en escalera.

⁠•⁠ Los hijos no tienen por qué dejar el colegio, y perder las oportunidades de vida que la educación ofrece.

  • ⁠ ⁠La deserción escolar y colegial aumenta, y con ello los ninis, los que NI trabajan NI estudian.
  • ⁠ ⁠La Caja Costarricense del Seguro Social no resuelve el problema de las citas y posterga cirugías que son de inmediata necesidad.
  • ⁠ ⁠El sistema de transporte público no satisface las necesidades de las personas y se hace cada vez más caro.
  • ⁠ El régimen y sistema de trabajo se hace cada vez más largo, más duro y peor pagado.
  • ⁠ ⁠El crédito público no se orienta a proteger y estimular al pequeño productor, a la clase media, cada vez más empobrecida.
  • ⁠ ⁠Aumenta la pobreza y la pobreza extrema.
  • ⁠ ⁠Cuando las instituciones sociales consumen más del 65% de sus ingresos en aspectos administrativos.

Pero, ante esto, díganme ustedes: ¿Quién primero dividió social y económicamente este país?

¿Los agricultores que trabajan de sol a sol, muchos de ellos hoy por míseros salarios o salarios inferiores al salario mínimo, como sucede con trabajadores de las plantaciones agrícolas, especialmente de productos de exportación?

¿Los trabajadores que son expulsados de los trabajos formales?

¿La inmensa masa de trabajadores, casi el 60%, de trabajadores informales?

¿Los trabajadores de las fábricas y de las empresas?

¿Los pequeños propietarios obligados a vender sus parcelas?

¿O los que toman decisiones desde oficinas donde nunca falta nada?

En Costa Rica no hay pelea social inventada. La lucha de clases existe, con conciencia o sin conciencia de ella.

Aquí hay un modelo económico y político que aprieta al que produce, a los micro, pequeños y medianos propietarios, a los productores, a los asalariados.

En Costa Rica no hay un centro político, cuando el grueso de la población paga los ajustes económicos que imponen los gobiernos. ¿En cuál extremo social usted se ubica?

Se le pide a las personas no quejarse, no polarizar, no confrontar y no señalar lo que les molesta.

Se han restringido los derechos sociales y laborales de la organización sindical, la huelga y la convención colectiva de trabajo.

Decir lo anterior no es populismo. Si eso es populismo, ¡qué nos digan populistas!

⁠Decir lo anterior es la verdad, ¡qué molesta!, ¡Molesta!

Escuchen bien, ciudadanos:

No es populismo decir que:

  • ⁠ ⁠No es normal trabajar más horas por menos plata.
  • ⁠ ⁠No es normal cerrar colegios nocturnos donde estudiaban trabajadores.
  • ⁠ ⁠No es normal quitar becas en zonas rurales.
  • ⁠ ⁠No es normal quitar los subsidios a los comedores escolares.
  • ⁠ ⁠No es normal cerrar los colegios nocturnos.
  • ⁠ ⁠No es normal descuidar la infraestructura escolar y cerrar más de 100 escuelas y colegios.
  • ⁠ ⁠No es normal pedir sacrificios siempre a los mismos, solo a los trabajadores.

El pueblo costarricense no es ignorante.

Aquí el pueblo sabe exactamente qué está pasando.

Al pueblo y a los trabajadores hay que consultarlos.

En la campaña electoral se debe prometer cosas que sea realmente posible de cumplir en el corto y mediano plazo. No se debe ofrecer sueños de opio, ni cantos de sirenas.

El país no puede funcionar sin los trabajadores, o con trabajadores enfermos, mal pagados, inconformes, resentidos, explotados social, económica y políticamente.

Los políticos tradicionales solo se excusan y dicen: “NO ME HAN DEJADO GOBERNAR”

Repiten una y otra vez: “No me han dejado gobernar.”

Repiten: “Es culpa de la institucionalidad tica.”

Repiten: “Las instituciones no dejan hacer cambios.”

Afirman: “Que no pueden gobernar porque tienen que someterse a las leyes y a la Constitución Política”, “Que las leyes les establecen controles y límites de actuación”.

Los políticos tradicionales piden: “Gobernar sin controles políticos”, “sin Contraloría General de la República”, sin “Sala Constitucional”, “sin prensa libre e independiente”.

Esto lo hemos escuchado todos.

Pero aquí va la verdad que nadie dice:

Las instituciones no se traban solas.

Si el Estado o la Administración no funciona es por sus funcionarios…

Se traba cuando conviene.

Funcionan rápido cuando hay intereses e interesados grandes.

Y se vuelven lentas cuando se trata del campo, de la salud, de la educación, de los servicios e instituciones públicas.

Se traban, no funcionan, o funcionan deficientemente, cuando hay interés de privatizarlas o de tercerizar su trabajo.

Nos dicen: “No se puede.”

Pero, SI se puede:

  • ⁠ congelar salarios.
  • ⁠ ⁠quitar ayudas y subsidios.
  • ⁠ ⁠Cerrar el crédito para adultos mayores, pensionados
  • ⁠ ⁠Para extender jornadas de trabajo.
  • ⁠ ⁠Para recortar servicios.
  • ⁠ ⁠Para eliminar beneficios y derechos sociales

Entonces, el problema no es que no los dejan gobernar.

El problema es ¿para quién están gobernando?

La institucionalidad no es una excusa: es una responsabilidad.

La tarea en estas elecciones es votar para:

  • ⁠ ⁠defender el futuro de Costa Rica,
  • ⁠ ⁠defender el futuro de los trabajadores del campo y de la ciudad,
  • ⁠ ⁠defender el futuro de los estudiantes
  • ⁠ ⁠defender a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos y pensionados
  • ⁠ ⁠defender la vida en Costa Rica, ¡la Pura Vida!

Defender el futuro de Costa Rica no es una idea bonita. No es una idea abstracta.

Defender el futuro de Costa Rica es algo concreto.

Defender el futuro es permitir vivir con dignidad, decoro, decencia, con posibilidades y oportunidades

Defender el futuro es posibilitar y garantizar el estudio.

Defender el futuro es asegurar que la atención de salud llegue a tiempo, no cuando ya es tarde.

Defender el futuro es hacer valer el tiempo de la gente. Garantizar el ocio, el tiempo libre para el enriquecimiento cultural, deportivo o simplemente de descanso. Y, si se quiere también… como dijo Paul Lafargue: ¡el derecho a la pereza!

No estamos en estas elecciones para pedir favores.

Estamos en estas elecciones para exigir respeto.

Estamos en estas elecciones porque el país no se sostiene solo desde arriba. Se sostiene desde el trabajo de la fuerza asalariada costarricense, casi el 50% de la población.

El futuro de Costa Rica no se administra desde un escritorio.

El futuro de Costa Rica se defiende y se construye colectivamente, desde las comunidades.

El futuro de Costa Rica se defiende diciendo la verdad.

Aunque incomode.

Aunque moleste.

Aunque intenten callarla.

Costarricenses, Ciudadanos, Patriotas:

¡Defendamos el futuro!

¡Defendámoslo juntos!

¡A votar por el Progreso Social!

¡A votar por el Progreso Democrático

¡A votar por Más Democracia, no por menos Democracia!

Compartido con SURCOS por el autor.

Óscar Aguilar Bulgarelli sostiene que el actual proyecto político busca destruir la institucionalidad

El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli señaló que, en la campaña política anterior, Rodrigo Chaves ya había anunciado su intención de destruir las instituciones del país, citando expresiones como “somos un tsunami que vamos a destruirlo todo” y una declaración realizada en Peñas Blancas, en julio de 2014, donde —según indicó— afirmó que querían “destruir este sistema”.

Aguilar Bulgarelli afirmó que Chaves justificó esa intención al sostener que sus adversarios se habían atrincherado en las instituciones, y vinculó esa postura con declaraciones posteriores de Laura Fernández, a quien calificó como cercana a Chaves. Según expuso, tras no aprobarse un proyecto impulsado por ella, Fernández atribuyó el problema al Estado de derecho, al que señaló como un obstáculo para que las instituciones actúen fuera de lo que establece la ley.

En su intervención, Aguilar Bulgarelli contrastó estas posiciones con manifestaciones públicas de Pilar Cisneros, quien —según indicó— afirmó odiar las instituciones. A partir de ello, cuestionó qué es lo que se rechaza cuando se habla de destruir la institucionalidad, recordando que esas mismas instituciones han sostenido durante décadas el desarrollo del país.

El analista mencionó ejemplos como la Caja Costarricense de Seguro Social, señalando que gran parte de la población joven nació, se atendió y continúa atendiéndose en ella; así como las universidades públicas —la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia— y el sistema educativo público, que permitió la formación de amplios sectores de la población. También aludió a los servicios públicos esenciales, como el acceso al agua potable y la seguridad, que —según expresó— fueron garantizados por esa institucionalidad.

Aguilar Bulgarelli afirmó que, si bien han existido errores y casos de corrupción en distintos momentos, sostuvo que ningún gobierno había mostrado un nivel de corrupción comparable al actual, señalando acusaciones y procesos en curso contra figuras del Ejecutivo. Según dijo, el presidente cumplió lo que había anunciado, comparando su accionar con una “inversa del rey Midas”, al afirmar que todo lo que este gobierno ha tocado lo ha destruido.

Finalmente, sostuvo que el llamado a la continuidad política implicaría, según su exposición, seguir un proyecto orientado a destruir las instituciones y proteger a personas involucradas en hechos de corrupción, afectando la base institucional que —afirmó— ha permitido la construcción del país.

De advenedizos y otros figurones

José Manuel Arroyo Gutiérrez

El señor Nogui Acosta, ex ministro de Hacienda y candidato a diputado por el continuismo chavista en el primer lugar por San José, en legítimo ejercicio de sus derechos, se ha beneficiado familiar y personalmente del sistema público de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S). Sabe a la perfección lo que significa enfrentar la tragedia de una enfermedad grave, con riesgo de muerte en un ser querido, y sin embargo, poder acceder a un servicio médico de calidad, cuyos altísimos costos es imposible sufragar por cuenta propia. Le consta también a don Nogui que es necesario e indispensable un régimen solidario en el que, con la contribución económica de todos, se pueda rescatar a quien ha caído en desgracia.

Por eso resulta incomprensible –por decir lo menos- que una persona que haya pasado por semejante experiencia vital, cuando ha ejercido el poder público suficiente para financiar y fortalecer ese sistema de salud que lo ha salvado, se comporte como enemigo declarado del mismo. Acosta ha recortado presupuestos en materia de salud, ha catapultado la deuda del Estado para con la Caja y hasta ha boicoteado los recursos extraordinarios aprobados por la Asamblea Legislativa para aliviar esa deuda.

Es el mismo esquema moral de Pilar Cisneros, en su momento flamante becaria de la Universidad de Costa Rica, que se da el tupé de descalificar a otros que han accedido a las mismas oportunidades que ella y su familia disfrutaron con dineros públicos, es decir, con recursos de los contribuyentes que pagamos impuestos para provecho de quienes lo requieren. De igual manera se ha comportado como conspicua enemiga de la educación pública abogando por recortes salvajes y cuestionando la sagrada misión de instituciones beneméritas como la UCR. Se ha tratado, ni más ni menos, de morder la mano de quien le ha dado de comer. Ese es el nivel.

Pero el panorama insufrible es todavía peor. El ramillete que nos propone Pueblo Soberano incluye otros figurones por el estilo: el primer lugar por Alajuela, entre otros atestados, es un deudor de cientos de millones de colones a la misma –pobre- Caja y se deshace en maniobras para asegurarse que sus obligaciones se vuelvan incobrables; en el primer puesto por Heredia otra joyita que pasó por la C.C.S. S. como tormenta devastadora adjudicando licitaciones a dedo bajo el esquema de supuesta contribución público-privada, en los que ya se sabe que sólo sirven para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Todo lo anterior para no mencionar a la tica que quiso, mediante fraude, ser mejicana, o el caso del papá de todos los tomates, otro tico que volvió después de 30 años con ínfulas de mesías salvador y que en mayo próximo –si Trump quiere- entregará el mando del país en las peores condiciones de su historia reciente.

Como diría don Juanito Mora, una gavilla de advenedizos, escoria de todos los pueblos nos amenaza con perpetuarse en el poder. Confío en que lo más puro, digno, auténtico, valiente y democrático que aún anida en el corazón del pueblo costarricense, pueda impedirlo.

Rechazo a la invasión imperialista del gobierno de Estados Unidos a Venezuela

Desde la Red Social para la Educación Pública en América (Red SEPA), alianza continental de organizaciones sociales, estudiantiles y sindicatos magisteriales, condenamos la agresión militar que en la madrugada de hoy perpetró el gobierno de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela. Esto representa un atentado contra la región, buscando desestabilizar y abrir un nuevo periodo de intervencionismo en nuestro continente.

El ataque militar contra el pueblo venezolano no solo viola los tratados internacionales, sino que también representa una amenaza para el continente. Por lo cual, nos sumamos a la condena internacional e impulsaremos conjuntamente la defensa de la paz. Desde la Red SEPA nos pronunciamos por la libre soberanía de los pueblos, el respeto de sus recursos y el restablecimiento de la paz.

¡Nuestra solidaridad con las hermanas y hermanos venezolanos!
¡Viva América Latina, libre y soberana!
Red Social para la Educación Pública en las Américas

Guanacasteca asume Presidencia Suplente del Consejo Universitario de la UNA

Por Dra. Ana Yury Navarrete
Académica
Universidad Nacional

La Doctora Sylvia Arredondo Guevara, destacada académica oriunda de Guanacaste, comunicadora, investigadora y defensora de la educación pública, asumió oficialmente este 11 de diciembre la Presidencia Suplente del Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA), uno de los máximos órganos de gobernanza institucional encargados de orientar las decisiones estratégicas de la universidad.

Su nombramiento constituye un hito para Guanacaste y para el país, al visibilizar el liderazgo femenino en la academia, el empoderamiento de las mujeres en la investigación y la extensión universitaria, y el compromiso institucional con las cero tolerancias hacia la violencia de género: “ El nuevo Estatuto Orgánico de la UNA en proceso de construcción, debe también reforzar un enfoque de derechos, inclusión y equidad, asegurando que todas las personas tengan acceso real y justo a la educación superior, y que la UNA sea un espacio seguro, respetuoso y libre de toda forma de violencia o discriminación”.

La trayectoria de la Dra. Arredondo se ha caracterizado por impulsar espacios seguros, inclusivos y equitativos para las mujeres dentro y fuera de la universidad. Para Arredondo, desde la Presidencia del Consejo Universitario se estará ejerciendo con mayor rigor un papel vigilante y responsable sobre la gestión institucional, una vigilancia que busca fortalecer los procesos académicos, administrativos y estudiantiles, que impacte la acción sustantiva, siempre orientados al mejoramiento continuo y a la excelencia.: “Vigilamos para construir, no para dividir; para orientar, no para obstaculizar”.

Durante la sesión de designación, la acompañaron representantes de la Federación de Estudiantes de la UNA (FEUNA), quienes destacaron su capacidad de diálogo, su visión humanista y su firme defensa de los derechos estudiantiles: “ La UNA debe ampliar y diversificar las formas en que estudiantes, académicos y personal administrativo influyen en las decisiones institucionales, mediante consultas informadas, procesos digitales y espacios permanentes de diálogo, indicó Doña Sylvia: “Nuestro Estatuto debe impulsar la excelencia académica, mediante la actualización de políticas de docencia, investigación, extensión, producción y acreditación interna. La UNA del siglo XXI requiere programas flexibles, interdisciplinarios y socialmente pertinentes”

Su presencia refuerza el compromiso absoluto con la defensa de la autonomía universitaria: “La autonomía no es un privilegio sectorial: es un pilar constitucional que garantiza la libertad académica, la producción de conocimiento independiente y la capacidad de la universidad para servir al país con rigor y pensamiento crítico. Defenderla requiere coherencia, firmeza y transparencia. La autonomía es un pilar que desde la UNA seguiremos defendiendo”, señaló Arredondo, quien destacó la importancia de una gobernanza participativa, moderna, eficiente y transparente, donde el estudiantado se reconoce como aliado fundamental en la transformación universitaria: “Es momento de revisar estructuras, clarificar competencias y eliminar duplicidades para asegurar una toma de decisiones ágil, participativa y con rendición de cuentas efectiva”.

Para la presidenta suplente del Consejo Universitario otro aspecto indispensable y pertinente de darle prioridad en la UNA es la transformación digital institucional, definir y poner en funcionamiento un marco normativo para la educación multimodal, la protección de datos, la infraestructura tecnológica y el uso ético de herramientas como la Inteligencia Artificial

La Dra. Arredondo asume este cargo con una agenda orientada a la excelencia académica, el fortalecimiento de la investigación regional, la extensión crítica con impacto social y la construcción de una Universidad Nacional libre de discriminación, prejuicios, inclusiva y comprometida con el bienestar integral de las comunidades: “Pero junto con estos compromisos internos, es imprescindible reconocer que es nuestra responsabilidad la defensa de los valores democráticos que sostienen la existencia misma de la universidad pública. Es nuestra obligación garantizar nuestro compromiso para que Costa Rica sea ejemplo de estabilidad, paz y educación pública de calidad”.

En tiempos recientes, el país presencia tensiones, discursos polarizantes y dinámicas políticas que, desde distintos espacios públicos, pueden erosionar la convivencia, incentivar el desprecio hacia las instituciones y abrir puertas a la violencia y al odio, en este contexto, según Arredondo, el Consejo Universitario de la UNA tiene el deber constitucional, histórico y moral de alzar la voz: “ Cuando estas señales aparecen, incluso si proceden de autoridades del propio Gobierno, el Consejo Universitario de la UNA no puede guardar silencio, porque no hablamos desde la confrontación política. Hablamos desde la responsabilidad histórica”.

Doña Sylvia en su calidad de autoridad universitaria expresó que, la universidad pública debe ser un contrapeso ético y un espacio de luz ante toda forma de intolerancia, desinformación o ataque a la institucionalidad: “Nuestro deber es denunciar riesgos, defender la pluralidad, proteger la libertad de pensamiento y promover una cultura donde el debate se sostenga con argumentos, no con agresiones; con respeto, no con violencia; con veracidad, no con manipulación. La democracia costarricense no se debilita de un día para otro: se erosiona cuando se normaliza el irrespeto, la polarización, la mentira o la violencia simbólica”.

Arredondo, reiteró que desde la Presidencia del Consejo Universitario de la UNA se reafirma toda la disposición a trabajar con apertura, con diálogo constructivo y con un profundo sentido de servicio público: “La universidad es y debe seguir siendo un referente de libertad, pensamiento crítico, convivencia democrática y compromiso social”, indicó Arredondo.

El Rector de la UNA Dr. Jorge Herrera Murillo, señaló el desempeño de la doctora Sylvia Arredondo y sus capacidades para ayudar estratégicamente al Consejo Universitario en la necesaria comunicación, tanto, a lo interno como a lo externo de la UNA: “ Agradezco a Sylvia porque siempre ha sido garante de estar posicionando temas a nivel político, tanto, en la Asamblea Legislativa como en otras instancias, así como a nivel internacional, de forma que su gestión y experiencia será muy valiosa para este órgano como para la Universidad Nacional”. Asimismo, el Rector de la UNA expresó tanto al Máster Braulio Sánchez Ureña, presidente titular y a la Dra. Sylvia Arredondo Guevara, presidente suplente, la disposición y apertura de la Rectoría de la UNA, para generar los espacios necesarios en aras de construir Universidad”.

Enlace:

Docentes cuestionan falta de transparencia en la Prueba de Idoneidad y advierten riesgos para la seguridad jurídica del proceso

Un grupo de docentes expresó a SURCOS su preocupación por el proceso de aplicación y apelación de la Prueba de Idoneidad del Ministerio de Educación Pública (MEP), cuyo propósito es permitir el paso de personal interino —muchos con más de una década de servicio— a una plaza en propiedad. Según datos comunicados por el MEP, más del 30 % de las personas aspirantes no logró superar la prueba, lo que profundizó el malestar en el sector educativo.

Las personas docentes señalan que la notificación de resultados se realizó mediante un correo masivo dirigido únicamente a quienes reprobaron, informando la no aprobación y otorgando un plazo de apenas tres días (8 al 10 de diciembre) para solicitar una cita de apelación. Según explican, el único canal habilitado fue un correo electrónico, sin alternativas presenciales o digitales adicionales.

Uno de los aspectos que más inquieta al sector es que el MEP catalogó la prueba como de carácter “cautivo”, lo que impide a las personas postulantes acceder al instrumento de evaluación. Esta decisión —afirman— les impide conocer en qué fallaron, qué criterios se aplicaron y si hubo posibles errores de calificación, lo que consideran una afectación al derecho constitucional a la defensa, al debido proceso y al acceso a información pública.

A la falta de acceso al examen se suma otro problema: la plataforma establecida para solicitar la cita de apelación no permite generar la solicitud, lo que las personas docentes describen como “una burla más que un error administrativo”. La situación, indican, genera inseguridad, incertidumbre laboral y una percepción de indefensión frente a un procedimiento que debería garantizar objetividad, transparencia y criterios técnicos verificables.

El grupo docente afirma que la decisión de restringir el acceso al instrumento de evaluación no está contemplada en ninguna normativa vigente, ni en la Constitución Política, ni en la Ley Marco de Empleo Público, ni en su Reglamento, ni en los lineamientos que rigen la Prueba de Idoneidad. A juicio de quienes envían la información, esta medida contradice los artículos 9 y 11 de la Constitución, que establecen la sujeción de la administración pública a la ley, al control y a la transparencia.

Desde su experiencia profesional, las personas docentes recuerdan que toda evaluación de esta naturaleza debe sustentarse en principios claros de objetividad, criterios técnicos, acceso a la información y derecho de apelación debidamente garantizado. Asimismo, señalan que una prueba que excluye a más del 30 % de aspirantes, según cifras oficiales, debe ser revisada en su diseño, su aplicación y su metodología de evaluación.

Ante este panorama, llaman al MEP a:

  • Revisar el procedimiento utilizado para la notificación y las apelaciones.
  • Ampliar los plazos para presentar recursos.
  • Permitir el acceso al instrumento de evaluación para garantizar el derecho a la defensa.
  • Habilitar un canal de apelación que funcione correctamente y asegure transparencia.

Mientras esperan una respuesta institucional precisa, indican que continuarán organizándose de manera responsable —tal como protege la Constitución Política— para exigir un proceso justo que no comprometa el futuro laboral de cientos de docentes que han sostenido la educación pública durante años.