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Etiqueta: educación pública

Marcha Nacional en Defensa de la Democracia Costarricense

Comunicado

Las universidades públicas, organizaciones sociales, sindicales, agropecuarias, comunales, ambientales, estudiantiles, laborales, de mujeres y de la sociedad civil de todo el país convocan al pueblo de Costa Rica a participar masivamente en la Gran Marcha Nacional por la Democracia Costarricense, este martes 11 de noviembre de 2025, bajo el lema: “Sí a la democracia, no a la dictadura.”

La marcha saldrá a las 8:00 a.m. desde el Parque Central de San José y concluirá en la Casa Presidencial, Zapote.

El 11 de noviembre de 1949 marcó el retorno de la vida constitucional en Costa Rica con el nacimiento de la Segunda República, cuando la Junta Fundadora entregó el poder a Otilio Ulate. Setenta y seis años después, en esa misma fecha simbólica, el pueblo se moviliza nuevamente para defender la democracia y rechazar tendencias autoritarias que amenazan las libertades.

El rumbo de nuestro contrato social se ha visto amenazado por la confrontación, la concentración del poder y el desprecio hacia las instituciones democráticas y la prensa libre desde el Poder Ejecutivo. Ante ese avance autoritario, las organizaciones sociales reafirman su compromiso con la defensa del Estado social de derecho, las libertades y los derechos que sustentan nuestra democracia.

Las organizaciones firmantes hacen un llamado vehemente y urgente por políticas públicas integrales que fortalezcan los pilares de nuestra convivencia democrática y el desarrollo nacional: el agro, la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la energía y el empleo digno.

La defensa de la producción nacional debe protegerse, no sacrificarse. Hoy más que nunca se exige un rescate integral del campo, que garantice no solo mejores políticas públicas, sino un compromiso real frente al abandono, el endeudamiento y la competencia desleal de la importación, como lo han sufrido los paperos y cebolleros, colocando la producción hortícola en jaque mate.

Además, el Gobierno avanza sin escuchar al sector agropecuario al suscribir el Tratado Comercial Transpacífico, que afectará productos como café, lácteos, avícola, porcino, bovino, frijol, flores y follajes, oleaginosas, pesca y arroz. Asimismo, la ejecución del Decreto Ejecutivo N.º 44.336-MAG-S-SP-MOPT, sobre la trazabilidad y areteo del ganado bovino, afectará a pequeñas y medianas producciones, empeorando la situación del sector agropecuario y constituyendo una amenaza directa a la seguridad alimentaria, la soberanía y la economía rural.

La educación pública, pilar del Estado social de derecho, debe fortalecerse con el cumplimiento del mandato constitucional del 8% del PIB, la dignificación del magisterio nacional y la defensa del régimen de pensiones del Magisterio. La educación debe seguir siendo el principal instrumento de movilidad social y equidad.

La salud pública es un derecho humano fundamental. Se exige el resguardo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), patrimonio del pueblo y símbolo de solidaridad nacional. Ante los intentos de debilitamiento y privatización, se demanda financiamiento justo, respeto al personal profesional y gestión transparente que garantice la seguridad y protección social de toda la población.

Se exige también atención integral a la seguridad ante la creciente violencia que amenaza la paz y convivencia. La inseguridad y violencia, que golpea especialmente a las mujeres, las juventudes y las comunidades más vulnerables, requiere acción inmediata del Estado y políticas integrales de prevención y justicia social.

Ante la polarización y fragmentación que vive el país, las organizaciones convocantes hacen un llamado a la unidad patriótica, democrática y comunal, para defender los derechos constitucionales, las libertades públicas y las instituciones que han garantizado la paz y la convivencia democrática de Costa Rica.

Sí a la democracia, no a la dictadura.”
¡La lucha en las calles es la lucha de todo un pueblo!

Contacto: mesa.nacioaldedialogo@gmail.com

La educación pública costarricense en crisis: una mirada desde las aulas

“¿En qué momento dejamos de cuidar lo más valioso que construimos como sociedad?”
Esa fue la pregunta que abrió el nuevo episodio del programa La Vara Está Así de la FEUNA presentado por Alejandro Barrantes, en el que se abrió un espacio de denuncia al deterioro de la educación pública en Costa Rica. Con tono reflexivo, el episodio reunió voces de distintas generaciones para conversar sobre la situación actual del sistema educativo y los retos que enfrentan estudiantes y centros en todo el país.

El programa recordó la caída de inversión en educación al 4.9% del PIB, lejos del 8% que establece la Constitución Política, además de que, según datos oficiales del Ministerio de Educación Pública (MEP), en 2024 849 centros educativos se encuentran cerrados por razones sanitarias o técnicas, cifra alarmante que evidencia cómo los recortes presupuestarios han llevado a una crisis educativa que se ha gestado por décadas.

Para conocer de cerca la realidad de los centros educativos, el episodio contó con la participación de Isaac, estudiante de quinto año de escuela, y Josué Membreño, estudiante de secundaria y presidente del Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEPSE), quienes compartieron testimonios sobre los desafíos que enfrentan en sus instituciones, el primero desde una escuela de la GAM y el segundo desde un colegio rural.

Isaac relató que su escuela anterior tuvo que cerrar por fallas estructurales, mientras que Josué expuso cómo la reducción presupuestaria ha afectado los servicios básicos de su colegio, desde el mantenimiento hasta la compra de materiales. Los dos jóvenes coincidieron en la importancia de que la comunidad estudiantil se organice y levante la voz, subrayando la necesidad de recuperar el espíritu de participación y defensa de la educación pública que ha caracterizado históricamente al país.

El episodio cerró con una advertencia clara: si la falta de inversión continúa, la educación —que alguna vez fue el motor del desarrollo y el ascensor social de Costa Rica— podría convertirse en una de sus mayores deudas nacionales.

Puede acceder al episodio completo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=31P5gXVhPxk

UNA convoca al Diálogo por la Educación: voces diversas, un mismo país

La Facultad de Ciencias Sociales (FCS) y el Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la Universidad Nacional (UNA) convocan al Diálogo por la Educación: voces diversas, un mismo país, un espacio de encuentro que se realizará el martes 21 de octubre de 2025, a las 8:30 a. m., en el Auditorio Clodomiro Picado Twight, campus Omar Dengo.

La actividad contará con la participación del investigador Dagoberto Murillo Delgado, del Programa Estado de la Educación, como invitado especial.

Hacia un trabajo conjunto entre la FCS y el CIDE

El encuentro marca el inicio del proceso de conformación de las Mesas Temáticas de Trabajo Conjuntas (MTT) entre la Facultad de Ciencias Sociales y el CIDE, concebidas como espacios de reflexión interdisciplinaria, análisis crítico y construcción colectiva frente a los principales desafíos educativos y sociales del país.

El documento de convocatoria destaca que el Décimo Informe del Estado de la Educación (2025) evidencia rezagos estructurales en los aprendizajes fundamentales, desigualdades territoriales y fragilidad docente, además de limitaciones en la gobernanza educativa y en el sector cultural.
Ante este panorama, la UNA busca articular esfuerzos entre la mirada pedagógica del CIDE y la perspectiva crítica de las ciencias sociales.

Ejes de trabajo y objetivos

Las mesas temáticas estarán organizadas en seis ejes principales:

  1. Aprendizajes para el futuro.

  2. Pedagogías transformadoras.

  3. Educación y democracia en territorios diversos.

  4. Trabajo docente y su futuro.

  5. Políticas educativas y gobernanza.

  6. Educación, diversidad y derechos humanos.

Cada eje abordará los retos educativos desde una perspectiva inclusiva, democrática y de derechos humanos, promoviendo la participación de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Los objetivos generales del proceso incluyen:

  • Impulsar la reflexión académica interdisciplinaria sobre los retos educativos nacionales.

  • Generar propuestas innovadoras y críticas para políticas públicas y estrategias pedagógicas.

  • Visibilizar el aporte del CIDE y la FCS en la transformación educativa y social del país.

Resultados esperados

Entre los resultados previstos de estas mesas temáticas destacan:

  • Comunicados y pronunciamientos ante coyunturas educativas.

  • Foros, congresos y jornadas de diálogo.

  • Propuestas de política pública en temas clave.

  • Publicaciones conjuntas y proyectos estudiantiles interdisciplinarios.

La convocatoria es abierta a la comunidad universitaria y a personas interesadas en contribuir al análisis y la acción en torno a la crisis educativa nacional. Quienes no puedan asistir a la sesión inicial se pueden inscribir en las mesas y luego se les convocará.

Más información: vicecide@una.cr, alejandro.cordoba.madriz@una.ac.cr, teléfono 2277-3363.

Inscríbase aquí: Formulario de inscripción – Diálogo por la Educación

SIUNED: En respaldo a la lucha del magisterio panameño

Comunicado

El Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED) manifiesta su solidaridad con las y los docentes panameños, quienes sostienen una lucha legítima en defensa de la educación pública, los derechos laborales, los derechos ambientales y la seguridad social.

La resistencia a la Ley 462, que pretende desmantelar el sistema solidario de pensiones en Panamá, es no sólo una defensa sectorial: es una respuesta organizada contra el avance del modelo neoliberal, que busca convertir derechos en mercancías y debilitar las conquistas sociales de los pueblos. Es una oposición con presencia del magisterio y de otros sectores.

Pero la oposición no se limita al ámbito de la seguridad social. El magisterio panameño ha denunciado con claridad el abandono estatal, el deterioro de la infraestructura educativa, la precarización laboral y el aumento del costo de vida. Su movilización pone en el centro la dignidad docente y el derecho del pueblo a una educación pública y de calidad. En todo ese contexto de resistencia, las personas trabajadoras del magisterio panameño han sufrido represión.

Desde el SIUNED repudiamos la criminalización de la protesta social. El uso de mecanismos judiciales y administrativos para castigar la organización sindical, así como la retención arbitraria de salarios, todas prácticas autoritarias que buscan desmovilizar y fragmentar la resistencia popular. Exigimos el cese inmediato de estas medidas antidemocráticas contra las personas trabajadoras del magisterio panameño y otros sectores.

A pesar de las medidas del gobierno de Panamá, reconocemos la fortaleza, unidad y conciencia del magisterio panameño, que ha sostenido esta lucha por meses, lo que representa un ejemplo para todas las organizaciones sindicales y sociales de América Latina.

La exigencia de derogar la Ley 462, de defender el sistema solidario, de mejorar las condiciones laborales y salariales, es muy similar a nuestra realidad. Las problemáticas que enfrentan las personas trabajadoras panameñas —precarización, represión, deterioro de servicios públicos— son las mismas que vivimos en Costa Rica.

Por eso afirmamos con claridad: la lucha del magisterio panameño es una lucha latinoamericana por la justicia social, la educación pública y la dignidad del trabajo. Una línea en el mapa nos separa como países, pero las injusticias que enfrentamos cruzan todas las fronteras con las políticas que empobrecen y reprimen, y que constituyen problemas compartidos por los pueblos trabajadores de la región.

SIUNED: ¡Unidad y Lucha!

Red SEPA manifiesta solidaridad con el pueblo ecuatoriano y rechaza la represión y militarización

La Red Social para la Educación Pública en América (Red SEPA), alianza continental de organizaciones sociales y magisteriales que luchan por la educación, manifestó su solidaridad con el pueblo ecuatoriano y su rechazo a las acciones represivas y a la militarización impulsadas por el gobierno de Daniel Noboa.

En un comunicado fechado el 15 de octubre de 2025 desde Vancouver, Canadá, la Red expresó su preocupación ante la represión ejercida contra las personas y comunidades que se han movilizado en todo el país frente al aumento de los precios de productos básicos, los despidos laborales y la crisis del sector educativo y social en Ecuador.

Apoyo a comunidades, docentes y estudiantes

El texto rechaza la violencia estatal, la detención de decenas de personas de distintos sectores y provincias y la persecución de luchadores sociales, docentes, estudiantes e integrantes de comunidades indígenas.

Asimismo, la Red SEPA manifestó su solidaridad con las comunidades de Imbabura y con el gremio magisterial ecuatoriano, en particular con Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

“Sus voces son nuestras voces, y abrazamos a la distancia la lucha que hoy impulsan por la vida, la defensa del territorio, del trabajo, la salud y la educación. Porque somos una América, nos mantendremos atentas y atentos a los llamados de solidaridad internacional que convoquen”, señala el comunicado.

El documento está firmado por Steve Stewart, secretario técnico de la Red SEPA, quien reafirma el compromiso de la organización con los principios de justicia social, democracia y defensa del derecho a la educación pública en todo el continente.

El sindicalismo ayer y hoy: claves y retos para el futuro – Alternativas 10 oct 6 pm

El programa alternativas, elaborado por el colectivo reflexión-acción, presentará este jueves 10 de octubre de 2025 un nuevo panel bajo el título “El sindicalismo ayer y hoy: claves y retos para el futuro”.

El encuentro se transmitirá en vivo a las 18:00 horas (hora Costa Rica) por Facebook Live, YouTube y Spotify, con la participación de un panel de destacados invitados que analizarán el papel del movimiento sindical costarricense en el contexto actual, sus transformaciones y los desafíos que enfrenta ante las condiciones económicas, sociales y políticas del país.

El panel invitado estará conformado por:

  • Pablo Contreras, profesor de inglés en el Liceo Sonafluca, La Fortuna de San Carlos, con 15 años de afiliación a APSE, vocal de la directiva regional 12 APSE (2022-2023).
  • Adrián Sánchez Godínez, profesor de matemáticas del Liceo Regional de Flores, San Joaquín de Flores, Heredia, con 24 años de afiliación a APSE. Dirigente regional 17 APSE, Heredia.
  • José Casasola Castro, MSc. Profesor jubilado de matemáticas en el CTP de Hojancha, Guanacaste, con 33 años de afiliación a APSE. Dirigente regional 21 APSE y miembro de la Comisión de Educación Técnica.
  • Mauricio Castro, abogado especialista en derecho laboral.
  • Maricela Pleités, educadora, psicóloga en formación y escritora.

El programa se transmitirá con el apoyo de las emisoras amigas Radio Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución y 506 Ondas Alajuelita Radio.

Alternativas es un espacio de reflexión crítica que busca promover el pensamiento libre y la construcción colectiva de un país más justo e integralmente mejor.

Sindicatos de Educación rechazan actos de proselitismo por medios de comunicación oficiales del MΕΡ

Comunicado

Los sindicatos del sector educativo, ANDE, APSE, SEC y Sitracome, manifiestan su rechazo ante la utilización de las redes sociales institucionales del Ministerio de Educación Pública (MEP) para actos de proselitismo, en el marco de la campaña electoral.

Estas organizaciones magisteriales, caracterizadas por promover el diálogo, la escucha y el entendimiento, lamentan que las autoridades de educación se presten para este tipo de acciones.

La prioridad del MEP debe ser atender las necesidades de inversión, aprendizajes y dignificación de la labor docente y de los trabajadores de educación, así como otras problemáticas.

Consideramos inadmisible que se destinen esfuerzos institucionales a fines proselitistas en lugar de encauzarlos hacia soluciones reales y urgentes para la educación pública.

Exigimos a las autoridades competentes detener este tipo de prácticas con fines proselitistas, en los canales oficiales de comunicación del ΜΕΡ.

SIUNED expone su posición en torno a la redistribución del FEES

El SIUNED expone su posición en torno a la redistribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y la defensa del financiamiento de la educación pública en todos sus niveles.

El sindicato universitario, hace un llamado a la unidad de todas las universidades públicas y sus actores -Rectorías, Consejos Universitarios, movimiento estudiantil y organizaciones sindicales- para ejercer, de manera decidida, la defensa de la educación pública en general y del FEES en específico. Esto frente a las políticas neoliberales que, durante los últimos años, han afectado al sistema educativo costarricense. 

Se cree firmemente en que las iniciativas de articulación entre las universidades públicas y otros actores del sistema educativo, como los sindicatos del Magisterio y JUPEMA, son esenciales para exigir el cumplimiento del mandato constitucional del 8% del PIB para la educación. La lucha por la educación pública costarricense es unitaria y no puede fragmentarse en la defensa de los intereses de un único sector.

Además, el sindicato está convencido de que la unidad del sector educativo es el camino para alcanzar estos objetivos. No se defiende a la educación pública con fracturas ni ataques entre universidades hermanas, sino con cohesión y lucha compartida, tal y como lo ha señalado la Federación de Estudiantes de la UNA mediante su presidenta, Raquel Loría.

En este marco, el SIUNED respalda la redistribución del FEES. Se considera que esta es una medida necesaria para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas con menores ingresos, su estabilidad institucional, fomentar la permanencia estudiantil y el reconocimiento de mejores condiciones laborales y salariales de las personas trabajadoras. 

Los mismos argumentos dados desde la UCR para rechazar los alcances de la redistribución, son los que llevan a el SIUNED a apoyarla, pues en la UNED hay condiciones históricas de desventaja que deben corregirse, tanto en el financiamiento de sus funciones operativas, como en la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras.

La redistribución es, además, la vía para materializar el artículo 40 del Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal, que compromete a las universidades públicas a contar con bases salariales, procedimientos de evaluación e incentivos similares en sus regímenes de salarios.

Las desigualdades salariales entre universidades públicas son notorias desde las mismas bases salariales y han afectado especialmente a la UNED, la cual mantiene rezagos históricos en comparación con las demás casas de estudio. 

Otras instituciones también tienen graves problemas, por ejemplo, la Universidad Técnica Nacional (UTN), perdió recursos en el segundo acuerdo de redistribución, y donde aún, a sus personas trabajadoras, ni siquiera se les ha reconocido el costo de vida del año 2020, algo que refleja las brechas persistentes entre las universidades. Sí, una universidad pública miembro de CONARE, es la única institución pública donde aún no se ha reconocido el costo de vida 2020, algo que debería preocupar al CONARE en su conjunto, al ser -por decir lo menos- una situación bochornosa.

Asimismo, de parte de la Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES), no existe ningún acuerdo ni comunicado firmado en contra de la redistribución del FEES. 

Como FESITRAES, las únicas solicitudes presentadas ante el CONARE han sido:

  1. La inclusión de los sindicatos universitarios en la Comisión de Enlace del FEES, en donde en ningún momento se aludió el asunto de la redistribución. Esto se logró parcialmente, al incorporarse a representantes sindicales en el grupo de apoyo para la negociación del FEES 2026.
  2. El diseño de una campaña de sensibilización nacional que visibilice los aportes de las universidades públicas al país.

Se les invita a cada sindicato a expresar su postura sobre los temas aquí abordados.

Por otra parte, el SIUNED se lamenta que ante las discrepancias entre las rectorías respecto del asunto de la redistribución se dieran alusiones dirigidas a cuestionar los Fondos del Sistema, acuerdo de antigua data y que ha beneficiado al sistema universitario público en su conjunto. 

Se cuestiona que, como parte de la estrategia de comunicación desde la UCR, se hiciera mención al monto absoluto aportado por la UCR durante los últimos 10 años a este fondo, con la finalidad de generar una imagen amplificada de este aporte.

Se aclara acerca de las manifestaciones equivocadas expresadas en el Consejo Universitario de la UCR durante la Sesión ordinaria N.° 6931 de la semana anterior (hora 1, minuto 57), en donde, entre otras críticas a la UNED y su rectoría, se aludió a que en la UNED se han dado problemas porque se han aumentado los salarios, algo que es incorrecto, dado que lo único que se reconoció a partir de este 2025, fue el costo de vida del año 2020, que aún estaba pendiente de pago por la Administración y que se logró tras una intensa lucha de la clase trabajadora. 

Es más, por la restricción de recursos con que cuenta la UNED, el pago retroactivo de dicho reconocimiento tuvo que acordarse en tractos: hasta 2028 se terminará de pagar el último retroactivo del costo de vida 2020, mientras, en una parte de las otras universidades, este reconocimiento se hizo desde el mismo 2020.

Se reitera que la defensa del financiamiento de la educación pública exige firmeza y coherencia.

Para garantizar el 8% constitucional, superar las negociaciones anuales del FEES y fortalecer al sistema universitario, es indispensable avanzar en una agenda unitaria de lucha que enfrente con decisión las políticas de recorte, en lo cual las Rectorías y Consejos Universitarios están llamados a mostrar su liderazgo y determinación durante las negociaciones y, en general, en la relación con los actores de los gobiernos de turno. 

Como Sindicato, se comprende las dificultades que pueden presentarse en las negociaciones del FEES, pero también se considera que faltó mayor capacidad de articulación durante las negociaciones, así como la convocatoria a la discusión y movilización de las comunidades universitarias por parte de las Rectorías y el CONARE. 

Por esto mismo, en diferentes espacios, se ha manifestado que no había nada que celebrar cuando se llegó al acuerdo del FEES para el 2026, un acuerdo que podría valorarse como ruinoso para las universidades públicas, porque ni siquiera reconoce la banda baja de la meta inflacionaria señalada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) para el próximo año y, donde, en alguna medida, se cedió a condicionamientos impuestos por el gobierno.

También, y habida cuenta de los resultados de las negociaciones del FEES en los últimos años, es claro el balance negativo para las universidades. Asimismo, que se ha impuesto la voluntad de un gobierno recortista, que prefiere garantizar el pago de la deuda con los organismos financieros internacionales, antes de financiar adecuadamente la educación pública, la salud y la inversión social. Un gobierno que se ha configurado en el verdadero enemigo de las universidades públicas, las comunidades estudiantiles y de la clase trabajadora.

Aun así, CONARE sigue confiando en las estrategias legales para hacer frente a las acciones del gobierno, por ejemplo, en cuanto al depósito a las universidades de los montos del FEES para este 2025, sin ningún llamado a la discusión y movilización de las comunidades universitarias.

Junto con la defensa del FEES, las universidades deberían colocar en la agenda pública la problemática de la evasión y la elusión fiscal, pues estas constituyen las principales causas de la falta de recursos en el presupuesto nacional. Mientras no se atienda con seriedad este flagelo, se seguirán trasladando, injustamente, sus consecuencias negativas a la inversión social, a la inversión en educación, a la inversión en salud y a las personas trabajadoras, todo lo cual debilita a las universidades públicas.

Por último, como sindicato de clase, y de conformidad con sus principios, se manifiesta que defienden la libertad sindical y denunciarán por los medios que sean necesarios, cualquier acción de las patronales contra las organizaciones sindicales y sus personas afiliadas.

Crisis de gestión y proceso electoral entre el conflicto y la inseguridad

El Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense de la Universidad Nacional, coordinado por el máster Carlos Carranza Villalobos junto a un equipo de investigadoras y asistentes, presentó su informe del trimestre de setiembre de 2025 y la conferencia de prensa titulada Crisis de gestión y proceso electoral: entre el conflicto y la inseguridad. Ambos materiales ofrecen un panorama crítico de la realidad nacional, en un momento marcado por la fragilidad institucional, el deterioro de la gestión gubernamental y la intensificación de la inseguridad en la antesala de las elecciones de 2026.

El informe señala que el estilo de gobierno actual, encabezado por el presidente Rodrigo Chaves Robles, se ha caracterizado por un discurso confrontativo y por acciones orientadas a debilitar los contrapesos democráticos. Se evidencian intentos de limitar el control político, cuestionamientos al poder judicial y a la Contraloría, así como tensiones con la Defensoría de los Habitantes en temas de política carcelaria y migratoria. El documento advierte que esta estrategia se acerca a lo que la literatura politológica denomina “populismo delegativo”, en el que el mandatario se presenta como representante del “pueblo” para justificar cambios en las instituciones a su conveniencia.

En la relación con la Asamblea Legislativa, el análisis identifica un clima de confrontación marcado por discursos beligerantes, aunque con menos uso de vetos formales en el último trimestre. Las tensiones entre el presidente y el presidente legislativo Rodrigo Arias se intensificaron en torno a la renuncia del vicepresidente Stephan Brunner y las discusiones sobre el fuero presidencial, lo que refleja un escenario inédito en la política costarricense reciente.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) también es protagonista en este periodo. El organismo advirtió al presidente por manifestaciones que afectan la equidad del proceso electoral y le prohibió usar símbolos vinculados a partidos políticos en actividades oficiales. Al mismo tiempo, la coalición que agrupa a fuerzas oficialistas muestra fracturas internas, mientras alcaldes y alcaldesas de distintos partidos han decidido sumarse al rodriguismo, generando un reacomodo del mapa político hacia 2026.

En materia de política exterior y derechos humanos, el informe subraya la creciente subordinación a la política estadounidense, evidenciada en la aceptación de personas deportadas desde Estados Unidos en condiciones precarias y en el alineamiento con las políticas punitivas de seguridad y migración promovidas por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. En este marco, se solicitó un presupuesto cercano a los 8 000 millones de colones para la construcción de un nuevo centro penitenciario, lo cual implicaría recortes a instituciones sociales como FODESAF.

La política hacendaria ocupa un lugar central en el análisis. Se destaca la pérdida de más de ₡2 billones anuales por exoneraciones tributarias que benefician principalmente a sectores de mayores ingresos, lo que acentúa la inequidad fiscal. Además, la modernización de Hacienda Digital presenta atrasos y deficiencias de gestión, mientras que la transferencia del 1 % adicional del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) fue condicionada a la aprobación de eurobonos, situación criticada por las universidades públicas.

El ámbito educativo sigue marcado por el rezago acumulado desde la pandemia. Más de un millón de estudiantes regresaron a clases con brechas significativas, mientras persisten problemas de infraestructura y carencias en materiales. Aunque el Ministerio de Educación Pública anunció una nueva ruta de recuperación y programas de capacitación docente, la falta de resultados inmediatos genera desconfianza social. La negociación del FEES 2026 concluyó con un aumento del 1 %, lo cual se percibe como un congelamiento en un contexto de creciente demanda y necesidades del sector.

En lo ambiental, se advierte un retroceso institucional con la decisión del gobierno de retirar el apoyo a la Agenda 2030 antes de la Cumbre de los Océanos, debilitamiento de órganos como el MINAE y el SINAC, y una política orientada a la flexibilización normativa. Se registraron incrementos en la tala ilegal y se autorizaron exportaciones de aletas de tiburón martillo, mientras se mantienen recortes presupuestarios al sector ambiental. Estos hechos ponen en tensión la histórica imagen de Costa Rica como país líder en sostenibilidad.

El informe también subraya los retos en competitividad e innovación. Si bien el gobierno impulsa la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial y la red 5G, los procesos enfrentan retrasos y conflictos políticos, además de una dependencia creciente de la cooperación y los intereses de Estados Unidos. Esta orientación plantea interrogantes sobre la verdadera soberanía tecnológica y sobre quién se beneficiará del acceso a las nuevas tecnologías.

En el campo de género y derechos humanos, se identifican patrones de reclasificación, reconfiguración y retroceso en las políticas públicas, que se tornan más restrictivas y vulnerables a la improvisación. La sociedad civil, aunque fragmentada, busca recomponerse frente al debilitamiento de derechos y al incremento de la violencia, en un contexto donde la inseguridad se consolida como el principal desafío para la democracia costarricense.

El capítulo sobre comercio exterior resalta la necesidad de diversificar mercados y superar la dependencia histórica de los Estados Unidos. A pesar de los intentos por abrirse a Asia y otras regiones, el país enfrenta nuevas barreras arancelarias que afectan sectores estratégicos como la agricultura y los dispositivos médicos.

Finalmente, el informe enfatiza que la seguridad pública atraviesa un momento crítico. El crimen organizado supera las capacidades institucionales actuales y la ausencia de un plan integral limita la respuesta estatal. El llamado es a articular políticas coordinadas y con financiamiento suficiente, que garanticen condiciones adecuadas de vida y convivencia social.

Relato de yerros y aciertos del gobierno de Rodrigo Chaves Robles

Alberto Salom Echeverría 

Introducción: Entre la expectativa y la decepción

El ascenso de Rodrigo Chaves Robles a la presidencia de la República se dio en un contexto marcado por el desencanto hacia los partidos tradicionales y el deseo de ruptura con las élites políticas que, durante décadas, ejercieron el poder en Costa Rica. Para muchos ciudadanos, su elección representó una oportunidad para “sacudir el tablero”, para oxigenar la política y enderezar rumbos torcidos por la corrupción y la ineficiencia estatal. Sin embargo, a más de la mitad del mandato, la evaluación de su gobierno arroja un balance mixto en donde, aunque hay algunos logros formales, prevalecen las señales de alarma en lo político, económico, institucional y social.

Aciertos

  1. Cierta estabilidad macroeconómica

Uno de los argumentos que esgrime el gobierno como su mayor logro es la estabilidad de algunos indicadores macroeconómicos. El crecimiento proyectado del 4% del PIB para 2025 y una inflación relativamente controlada se destacan como señales de buena salud económica. Para sectores empresariales y organismos internacionales, esto representa una señal positiva.

No obstante, este crecimiento está concentrado en sectores altamente privilegiados como las zonas francas, que operan al margen de las cargas tributarias nacionales y no generan encadenamientos significativos con la economía interna. Por tanto, aunque hay una “ilusión de bonanza”, esta no se traduce en una mejora real para la mayoría de los ciudadanos.

  1. Comunicación directa con sectores populares

Chaves ha sabido conectarse con ciertos segmentos sociales, particularmente con sectores de bajo nivel educativo y con un fuerte resentimiento hacia la clase política tradicional. Su estilo confrontativo y su discurso “antipolítico” han tenido impacto, construyendo una base de apoyo que, aunque menguante, sigue vigente.

Yerros

  1. Precarización del empleo

Aunque el gobierno celebra una reducción histórica en las cifras de desempleo, el detalle fino de los datos revela una realidad más sombría: la mayoría de los nuevos empleos se ubican en el sector informal (138.000 de ellos en 2024), mientras que solo 12.000 se generaron en el sector formal, según datos de la CCSS. Esto implica que muchos trabajadores no tienen acceso a seguridad social, crédito ni estabilidad laboral.

El gobierno ha optado por presentar estas cifras sin el necesario análisis cualitativo, desfigurando la realidad y promoviendo una narrativa de éxito sustentada en datos mal interpretados o manipulados.

  1. Deriva autoritaria y desprecio por la institucionalidad

Una de las acusaciones más graves contra el gobierno de Chaves es su permanente tensión con los otros poderes del Estado y organismos autónomos: Poder Legislativo, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Fiscalía General, e incluso la prensa libre.

El irrespeto por la división de poderes y los reiterados intentos de concentrar funciones en el Ejecutivo, han sembrado dudas sobre su apego a los principios democráticos. Muchos advierten señales de autoritarismo en su gestión, lo que genera un ambiente político polarizado y beligerante.

  1. Crisis de seguridad e impacto del narcotráfico

En un contexto de creciente desigualdad y abandono social, el narcotráfico ha logrado penetrar comunidades vulnerables, particularmente en zonas rurales y urbanas marginadas. Jóvenes fuera del sistema educativo se convierten en presa fácil del crimen organizado, generando un aumento sostenido de la violencia y el debilitamiento del tejido social.

A pesar de la gravedad del fenómeno, el gobierno ha fallado en presentar estrategias eficaces, integrales y sostenidas para enfrentar esta amenaza estructural.

  1. Intento de regresión ambiental

El intento del gobierno de autorizar la exploración y eventual explotación petrolera y gasífera representa un retroceso peligroso para un país que ha construido su imagen internacional sobre una marca verde. Costa Rica ha sido un referente mundial en sostenibilidad, y alejarse de ese camino por intereses de corto plazo y dudosa rentabilidad económica, podría significar un daño irreparable a su reputación y ecosistemas.

  1. Asfixia presupuestaria a la educación y la cultura

El debilitamiento del sistema educativo público se presenta como uno de los más graves síntomas del deterioro institucional. El gobierno ha incumplido con la asignación constitucional del 8% del PIB a la educación y ha promovido recortes presupuestarios a la cultura, reduciendo su asignación del 0.86% al 0.3%.

Esto no solo limita el acceso y la calidad de la educación, sino que erosiona las capacidades del país para formar ciudadanos críticos, informados y creativos. La subejecución presupuestaria, además, parece ser consecuencia de una gestión ineficiente dentro del propio Ejecutivo.

  1. Desinformación desde el poder

El estilo comunicacional del presidente, centrado en conferencias de prensa semanales de corte farandulero y en mensajes populistas, ha creado un clima enrarecido donde la desinformación y la manipulación de datos se convierten en política de Estado. Esto mina la confianza ciudadana en las estadísticas oficiales y atenta contra la transparencia democrática.

Epílogo: ¿Hacia dónde vamos?

Rodrigo Chaves llegó al poder enarbolando una bandera de cambio, pero sus acciones han estado marcadas más por la confrontación que por la construcción. La falta de visión estratégica, el uso electoralista de los datos, el debilitamiento institucional y el desinterés por el impacto social de sus políticas dibujan un cuadro preocupante.

Si bien aún conserva algún respaldo, su capital político se desgasta aceleradamente. Costa Rica, país de larga tradición democrática, enfrenta hoy el desafío de preservar sus instituciones frente a los impulsos autoritarios, y de reconstruir un pacto social basado en la equidad, el conocimiento, la transparencia y el respeto al Estado de Derecho.