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Etiqueta: educación pública

UCR Voz experta: En el acuerdo del FEES 2024 se logró mucho más que un presupuesto

Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica.

Por Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica

El acuerdo resguarda la autonomía universitaria. A futuro, el reto como universidad es el tema de la redistribución, en el cual hay una comisión trabajando en el seno de Conare

En el Acta 160 de la Constituyente de 1949, intervino el diputado Rodrigo Facio Brenes indicando lo siguiente:

Pues bien, en el momento de proyectarse el presupuesto nacional, ¿cómo suceden las cosas? Muy sencillo: cada ministro trata de atraer hacia su ministerio y a las oficinas dependientes del mismo, la mayor suma de caudales públicos posible. Cada ministro es el abogado de su ministerio y de sus dependencias”.

“(…) Solo la Universidad, señores diputados, solo la Universidad, ni tiene abogado ante el Fisco, ni produce por sí misma lo necesario para subsistir y progresar”.

“(…) Llegamos a la conclusión de que sólo un abogado puede haber para la Universidad; el propio texto de la Constitución”.

En esta tarde, me dirijo a ustedes al final de un proceso de negociación del FEES histórico, en un contexto desconocido hasta ahora para las universidades públicas y la comunidad nacional. El martes pasado, cerca de la media noche, en la décima sesión de la comisión de enlace y después de 10 horas de trabajo, llegamos a un acuerdo para el financiamiento del año 2024.

Sin embargo, este proceso fue más que una discusión fiscal y presupuestaria. A lo largo de estas semanas y de las 10 sesiones de la comisión de enlace, se colocó en la agenda nacional un debate mucho más amplio sobre la educación pública, la autonomía universitaria, la democracia y el Estado social de derecho que estamos llamados a defender desde la Universidad de Costa Rica.

En esa coyuntura, nos enfrentamos a un relato construido, según el cual las y los funcionarios públicos éramos la causa principal de una crisis presupuestaria, que se pretendió resolver con políticas profundamente severas en materia de austeridad, que iniciaron en el Gobierno anterior.

Teníamos entonces una avanzada de políticas que debilitaban el Estado, por un lado, y un funcionariado universitario golpeado, por el otro. Querían condenarnos a ver, desde la esquina del tablero político, el desmantelamiento del diseño constitucional de nuestro Estado.

Y entonces nos aferramos a lo que yo he denominado un hilo democrático, una reserva de conciencia lúcida que nos ha acompañado durante más de dos siglos y que ha sido tejida en nuestra República.

En ese sentido, nos dispusimos a realizar ajustes a nuestra estrategia y a apoyarnos en la inteligencia, la capacidad de análisis, la organización y la movilización que caracteriza a nuestra institución.

Este extraordinario esfuerzo de la UCR, sumado al trabajo de las demás universidades, nos permitió alcanzar un acuerdo que revierte la tendencia de debilitar el financiamiento de la educación superior pública mediante la pérdida del valor real del FEES.

Concretamente, sobre el acuerdo es posible enumerar los siguientes logros:

1. La primera propuesta del Ejecutivo no solo tenía un monto menor a la inflación estimada, sino que venía con un acuerdo que pretendía lesionar seriamente la autonomía universitaria.

Las pretensiones del Gobierno incluían desplazar los mecanismos constitucionales de financiamiento, organización, planificación y rendición de cuentas de las universidades en favor de los que determinara arbitrariamente el Ejecutivo. Incluso pretendían exigirnos aumentar matrículas e imponer una serie de investigaciones al antojo del Gobierno.

Ante este panorama, CONARE presentó una contrapropuesta que fue acogida prácticamente en su totalidad, asegurando que la autonomía universitaria permanezca intacta.

2. Se logró detener el decrecimiento del FEES en términos de valor real, proceso que se venía dando desde el anterior Gobierno con sus políticas fiscales y que se acentuó con el actual Ejecutivo.

3. Conseguimos un incremento que duplica la oferta inicial del Gobierno y se ajusta al promedio de inflación estimada por el Banco Central.

4. Incorporamos una salvaguarda de inflación novedosa, que obliga al Ejecutivo a un ajuste si la inflación supera lo estimado, no solo a la base del FEES, sino que en tal caso deberá presentar un presupuesto extraordinario para reconocer ese monto. Lograr esta novedad, en el contexto político actual, es algo digno de reconocer. Además, esta medida permite algo de suma importancia que fue discutido con el ministro de Hacienda, y está relacionado con la aplicación del artículo 85 de la Constitución Política. Cuando hablamos de un FEES que no decrece, no hablamos de términos nominales, hablamos de un valor real del FEES, traído a valor presente como dicta la Constitución. La salvaguarda incorporada en este acuerdo nos permitirá avanzar en esa línea.

5. Finalmente, logramos explicitar en el documento del acuerdo nuestro desacuerdo por el 1% pendiente, lo cual nos faculta para solicitar en la Asamblea Legislativa el reconocimiento de ese monto.

«Nos aferramos a lo que yo he denominado un hilo democrático, una reserva de conciencia lúcida que nos ha acompañado durante más de dos siglos y que ha sido tejida en nuestra República».

Como les mencionaba al inicio, este largo proceso significa mucho más que números. El proceso de lucha del FEES logró fortalecer la articulación que impulsa la administración con los movimientos sociales que buscan la defensa de la democracia y el fortalecimiento del Estado social de derecho. Que no les quepa duda de que seguiremos acompañando las manifestaciones en defensa del agro, la educación, la caja y la libertad de prensa, entre otros.

Nos parece indispensable la articulación de múltiples sectores para exigir el cumplimiento del artículo 78 de la Constitución y garantizar un financiamiento para la educación con el 8% del producto interno bruto. La crisis educativa actual exige ponernos metas ambiciosas como esta, que permitan a nuestra sociedad acceder a una educación de calidad y excelencia.

Este ciclo nos ha dejado una serie de aprendizajes que nos permitirán afinar y optimizar las estrategias para futuras negociaciones. Hemos construido mecanismos y dinámicas de trabajo que contribuirán a fortalecer el sistema universitario como un todo. Esto nos faculta para asumir en mejores condiciones la presidencia de CONARE, que estará a cargo de la UCR a partir del 1 de enero de 2024.

Los aportes brindados por el Informe de la Facultad de Derecho, construido a partir de los insumos de docentes constitucionalistas, nos permiten comprender con mayor amplitud los alcances de los artículos 78, 84 y 85 de la Constitución, y así tener un panorama más claro sobre los escenarios en la Comisión de Enlace y la Asamblea Legislativa.

Otro logro al margen del acuerdo, pero no menos importante, es que CONARE, y en particular la UCR, hemos demostrado que no es necesario ser complacientes con el Gobierno para lograr causas que son justas. Precisamente por eso el éxito del FEES es tan significativo, porque la justicia, la razón y la Constitución no pueden ser sometidas al cálculo politiquero y así lo demostramos. Así lo demostró la Universidad y así lo demostró la ciudadanía. Ese hilo democrático del que les hablo y que nos acompaña hace más de dos siglos está ahí, sigue vivo, y no vamos a renunciar a ese legado.

Tenemos un reto como institución que no es parte del acuerdo, y es el tema de la redistribución, en el cual hay una comisión trabajando en el seno de CONARE y donde estamos muy bien representados por don Gabriel Macaya, Karen Marín y Pedro Méndez.

Finalmente, quiero agregar que en la coyuntura regional, en medio del amedrentamiento y la eliminación de universidades centroamericanas por parte de gobiernos totalitarios, las universidades públicas están llamadas a dar la batalla cultural en contra de los fenómenos autocráticos latinoamericanos y de regímenes totalitarios como el de Nicaragua.

Quiero agradecer al equipo negociador, a los equipos técnicos, a las oficinas administrativas vinculadas a este proceso, a las profesoras y los profesores constitucionalistas de nuestra Facultad de Derecho, liderados por la Dra. Marcela Moreno, al Consejo Académico de Áreas, a nuestros profesionales en comunicación, a CONARE, a las fracciones legislativas que nos apoyaron abiertamente y, por supuesto, a toda la comunidad universitaria que se sumó a esta causa. Cada reunión, cada informe técnico, cada marcha, cada foro y participación de ustedes en el debate público fueron fundamentales para alcanzar los logros que hoy celebramos.

Agradezco especialmente a la compañera Karen Marín, presidenta de la FEUCR, que nos acompañó con la autonomía, alegría, entereza, seriedad, y no menos importante, el trabajo ad honorem que ha caracterizado al movimiento estudiantil durante décadas, un actor político fundamental no solo para esta Universidad, sino para este país.

Este proceso ha mejorado nuestro estado de ánimo, el orgullo de sentir que somos parte de la institución mejor valorada del país, de que vamos a cumplir el rol constitucional que nos asignaron las y los gigantes que forjaron nuestra Constitución y nuestra preciada Patria. ¡Que se eleve al máximo el orgullo de ser parte de la Universidad de Costa Rica!

Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector de la Universidad de Costa Rica

Órganos de la FEUCR junto a asociaciones estudiantiles se posicionan en relación con propuesta del gobierno para el FEES

En el documento dirigido a la rectora y rectores integrantes del CONARE, así como a la representación estudiantil ante la Comisión de Enlace se expresa que la propuesta del gobierno perpetúa la insatisfactoria situación financiera de las universidades públicas, y además, socava la autonomía al pretender reemplazar el PLANES 2021-2025, documento realizado desde las propias instituciones estatales de educación superior, por los intereses particulares del gobierno de turno. Se evidencia así el debilitamiento continuo de la educación pública limitando el crecimiento y la inversión en equipamiento e infraestructura universitaria.

SURCOS comparte el documento.

Estudiantes de secundaria presentan acción administrativa ante Consejo Superior de Educación

  • Falta de rigor técnico de las pruebas estandarizadas son principal motivo para presentar la solicitud al CSE.
  • Denuncian el uso de fuerza policial y manipulación jerárquica del gobierno para amedrentar a las personas estudiantes de secundaria en avanzar en la defensa de la educación pública y la solicitud de que se suspendan por el año 2023 las pruebas estandarizadas.
  • Estudiantes hacen llamado a toda la comunidad estudiantil, comunidades del país, a unirse en la lucha y mantener las medidas de presión ante el gobierno.

El jueves 10 de agosto 2023, en el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) del Colegio de Abogados y Abogadas, una delegación importante de estudiantes de secundaria de todo el país, demandan una terrible improvisación con las pruebas estandarizadas presentadas por el MEP, pues las mismas no han sido validadas con el rigor técnico necesario antes de ser aplicadas, y además, no cuentan con la aprobación previa del Consejo Superior de Educación como consta desde que se aprobó su aplicación.

Las personas estudiantes de secundaria mediante una acción administrativa presentada ante el Consejo Superior de Educación el miércoles 09 de agosto, solicitaron la suspensión de las pruebas nacionales estandarizadas hasta tanto los instrumentos de medición y la técnica de evaluación sean sustentados científicamente y validados mediante un pilotaje.

Entre las razones más importantes que justifican la solicitud de suspensión se encuentra:

  • Sobre el derecho a la educación, a un servicio educativo regular y a una evaluación objetiva. El derecho de las personas estudiantes a que se les brinde un servicio educativo de calidad, con sujeción a los principios propios del servicio público que son: continuidad, igualdad, eficiencia, adaptabilidad, gratuidad y universalidad. (Artículos números 1 y 4 de la Ley Fundamental de Educación, 77 y 78 de la Constitución Política, 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 13 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, 26 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, 28 y 29 de la Convención de los derechos del niño; y artículo 13 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales, y culturales [Protocolo de San Salvador], entre otras disposiciones de derecho interno y de la convencionalidad internacional de los derechos humanos).
  • La prueba nacional estandarizada realizada en el primer semestre y prevista originalmente para repetirse en el segundo semestre y la técnica de evaluación utilizada no está sustentada científicamente, ni validada por un peritaje confiable. Según oficio sin número, fechado 7 de febrero 2023, suscrito por 11 asesores y asesoras nacionales del Departamento de Evaluación Académica y Certificación de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP. El oficio N° DVM-AC-DDCDTCED- 030-2023, del 16 de febrero del2023, que contiene el criterio técnico sobre el proceso de macro evaluación 2023, de las asesorías nacionales del Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada de la Dirección de Desarrollo Curricular del MEP. Y Oficio N° CNR-PEN-033-2022 del 22 de febrero del 2023, por medio del cual el Estado de la Educación emplaza al Consejo Superior de Educación y le solicita la información técnica que justifica la nueva macro evaluación.
  • El resultado de la prueba nacional estandarizada aplicada en el primer semestre, carece de validez académica y de utilidad para la mejora educativa.
  • Las modificaciones introducidas en el instrumento y en las técnicas de valoración, rompen la continuidad del proceso de evaluación y constituyen una prueba totalmente nueva y diferente a la aplicada en el primer semestre.
  • Existen errores de planificación y de ejecución en la implementación de la prueba que no se han resuelto.
  • En dichas pruebas, no se respetan los derechos de personas estudiantes con necesidades especiales y personas migrantes, ni las diferencias de oportunidad por la falta de acceso a la conectividad. Por ejemplo; ¿Qué criterios se utilizaron para justificar que se excluyeran de la realización de estas pruebas a personas estudiantes en condición de discapacidad y a personas migrantes?
  • La aplicación de la prueba nacional estandarizada con valor sumativo y efecto en la promoción académica, tendrá efecto discriminatorio y mayor exclusión educativa. Si se mantienen afectará a miles de personas estudiantes, quienes después de reprobar una prueba de esta trascendencia, difícilmente vuelvan a incorporarse al sistema educativo.
  • Estudiantes reconocen la importancia de las pruebas estandarizadas bien diseñadas, científicamente sustentadas y debidamente validadas como herramienta para la mejora continua del sistema educativo nacional.

No obstante, las y los estudiantes en Costa Rica mantiene las medidas de presión y protesta hasta que sean eliminadas las pruebas estandarizadas, insisten en que no cederán ante el uso de la fuerza y la intimidación del gobierno, como así se demostró el día de 07 de agosto, con incidentes violencia y represión policial a estudiantes manifestantes a las afueras de Casa Presidencial.

Así se expone en el documento de descargo el día 08 de agosto por la Confederación Nacional de Estudiantes de Secundaria, quienes denuncian violencia policial, manipulación, desinformación y presión para firmar acuerdo con gobierno. Se cita textualmente parte del descargo circulado en redes sociales y medios de comunicación.

‘’Después de dos horas en que las autoridades nos negaron todas nuestras peticiones, nos presentaron un documento con 8 acuerdos para que los firmáramos. Dado el cansancio y la presión en que nos encontrábamos, aceptamos firmarlo para evidenciar la falta de seriedad de los viceministros al comprometerse a modificar los componentes de la prueba estandarizada para que “cada pregunta tenga menor valor y mayor posibilidad de aceptar y aprobar…” Queda así evidenciado lo que hemos dicho durante todo el año: que en el diseño de esas pruebas no hay ningún rigor técnico y que no son fiables porque no responden a ningún modelo de evaluación reconocido, sino a las improvisaciones de autoridades políticas que no conocen de la materia educativa y que con total irresponsabilidad se comprometen a modificarlas, asumiendo las competencias que son propias del Consejo Superior de Educación’’.

Finalmente hacen un gran llamado a toda la comunidad estudiantil, comunidades del país, docente y administrativo del MEP a unirse en la lucha y mantener las medidas de presión ante el gobierno, no solo para la suspensión de las pruebas que atentan con los derechos educativos de las personas, también a defender el sistema público de educación frente a una gran crisis educativa expresada en necesidades de infraestructura, calidad educativa, transporte y alimentación, así como que se puedan garantizar el 8% para la educación por mandato constitucional.

El Movimiento Estudiantil de Secundaria y la dignidad nacional

Isabel Ducca D.

Según el recuento actualizado el día de ayer, con la renuncia del viceministro de Justicia y Paz, las bajas de esta administración ya suman la cifra de 50 personas. Algunas han renunciado, otras las han obligado a irse por no asumir el papel de sirvientes frente al gran “dios” del ejecutivo o frente a alguna de sus prepotentes y mediocres compañías como la del Ministerio de Educación.

Una de las reivindicaciones fundamentales del MEDSE es la declaración del estado de emergencia para la educación primaria y secundaria. El estado de emergencia se ha ido consolidando desde hace décadas. Sin embargo, ahora el barco hace aguas, ya no hay por donde tapar los agujeros por donde estalla la crisis. Anna Katharina Müller se ha destacado con méritos, dignos de esta administración, por su insolvencia como pedagoga, su irrespeto a los derechos humanos y su afán desmedido de lucro. Veamos unas pequeñas muestras de sus destacadas actuaciones en contra de la educación pública:

  • Afirmó en marzo que “un joven con buena autoestima no se deja afectar por el bullying”. Un verdadero atentado contra la Ley Fundamental de Educación, contra los derechos humanos y una ignorancia supina acerca de la psicología educativa.
  • El 2 de febrero “presentó” una Ruta de la Educación, que estaba en borrador” y después de nueve meses de trabajo. Para las personas especialistas no había tal ruta, pues “ni siquiera puede considerarse como un “plan”, pues no se puede evaluar por indicadores, plazos, asignación de recursos y otros”.
  • En abril, estalló el escándalo de la ruptura del MEP con la fundación Omar Dengo. La prensa destacó: “Diputados denuncian que MEP rompe con FOD para darle negocio a prima de la ministra de Educación”.
  • Ha sido cuestionada por su relación con una red de familiares vinculados con empresas privadas universitarias. Particularmente, con Silvia Castro, rectora de ULACIT, quien, desde el 2015, había planteado que un porcentaje del FEES fuera destinado a las universidades privadas.

Este es el pequeño botón que muestra la prensa. ¡Imaginemos la magnitud del caos y de los intereses en juego!

Esta muchachada de secundaria que ha tomado las calles, nos está dando una lección de dignidad. ¡Admiro su valentía! Nos están señalando un camino por donde recobrar las esperanzas.

Invito a leer sus comunicados en su página de Facebook. Por razones de espacio, me limito a transcribir algunas consignas:

  • “¡Si querían resultados, nos hubieran preparado!”
  • “¡Luchar por mis derechos, no es vagancia!”
  • “¡No estamos en contra de la educación, estamos en contra de un sistema que nos limita y reduce a números!”
  • “La lucha de pocos, vale por el futuro de todos”.
  • “Conocimiento es poder. Resistencia es deber”.

Para finalizar:

“Un docente para 40 alumnos.

Un médico para 300 pacientes.

Y 40 escoltas para un corrupto”.

 1.Ver: Especialistas UNA piden renuncia de ministra del MEP por declaraciones sobre bullying. https://www.unacomunica.una.ac.cr/index.php/marzo-2023/4500-especialistas-una-piden-renuncia-de-ministra-del-mep-por-declaraciones-sobre-bullying

2.Ver: Ruta de la Educación continúa en “borrador” a casi un mes de su presentación. https://semanariouniversidad.com/pais/ruta-de-la-educacion-continua-en-borrador-a-casi-un-mes-de-su-presentacion/

3.Ver: DIPUTADOS DENUNCIAN QUE MEP ROMPE CON FOD PARA DARLE NEGOCIO A PRIMA DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN. https://www.culturacr.net/diputados-denuncian-que-mep-rompe-con-fod-para-darle-negocio-a-prima-de-la-ministra-de-educacion/

4.Ver: U privadas tras FEES. https://www.pressreader.com/

Ministra de Educación rechaza recusación contra sí misma para tomar parte en negociaciones del FEES. https://semanariouniversidad.com/universitarias/ministra-de-educacion-rechaza-recusacion-contra-si-misma-para-tomar-parte-en-negociaciones-del-fees/

Protesta estudiantil en el CTP de Puerto Viejo de Sarapiquí

Información enviada a SURCOS muestra un movimiento estudiantil de protesta en el Colegio Técnico Profesional de Puerto Viejo de Sarapiquí.

El estudiantado reclama soluciones para serios problemas de infraestructura y fuertes limitaciones en materiales de higiene y estudio.

Compartimos imágenes del medio STV SarapiquíTV

Información compartida con SURCOS por Allison Quintanilla Hernández

10 cosas que tal vez usted no sepa de las U Públicas (y le sorprenderá)

César Toruño

Durante las últimas semanas, el Gobierno de la República con su granja de troles han difundido mentiras sobre las universidades públicas en redes sociales. La repetición masiva de la mentira hace que sectores del país y el magisterio puedan asumir como verdad esas mentiras.

Y ante las mentiras y la desinformación, las personas críticas e inteligentes deben responder con datos y con verdad, por eso les comparto estas 10 verdades que el gobierno no quiere que usted sepa.

1. De los colegios públicos. Una de las mentiras más extendidas es que la mayoría de estudiantes de las universidades públicas proviene colegios privados. FALSO.

El 82% de los estudiantes de las universidades públicas proviene de colegios públicos y el 66% provienen de familias donde sus padres no tienen títulos universitarios.

DATO A RECORDAR: 82% de estudiantes de las U Públicas proviene de Colegios Públicos

 2. Las Universidades Públicas han alcanzado, en el 2022, la mayor cantidad. de estudiantes matriculados en la historia del país. 140 600 estudiantes inscritos en 659 ofertas académicas y 1 035 oportunidades de estudio.

DATO A RECORDAR: 140 600 estudiantes

3. Las U Públicas tenían, en 2022, 59 717 estudiantes con beca socioeconómica y 12 000 con otro tipo de becas como excelencia académica, deportiva, etc. En total, 71 717 estudiantes tienen beca en la U.

DATO A RECORDAR: 71 717 estudiantes con beca.

4. El 70% de las becas se otorga en las sedes regionales. Es decir, 7 de cada 10 becas se le otorga a estudiantes matriculados en sedes de las universidades, o lo que es lo mismo, 50 201 estudiantes de las sedes reciben becas.

DATO A RECORDAR: 70% de estudiantes con beca proviene de las sedes.

5. El incremento del FEES para 2023 fue de 5 591 millones de colones (el año en que el gobierno intentó quebrar a las universidades públicas).

DATO A RECORDAR: En 2022 el incremento del FEES fue de 5591 millones.

6. En 2023, las Universidades aumentaron el presupuesto de becas de 59 717 millones a 63 924 millones, es decir, EL PRESUPUESTO DE BECAS CRECIÓ EN 3889 MILLONES.

DATO A RECORDAR: Este año el FEES creció 5 591 millones y las becas crecieron 3889 millones, es decir, un 70% del incremento del FEES se invirtió en becas.

7. En 2022, las universidades invirtieron 71 031 millones en proyectos de investigación. Esas investigaciones han sido claves para el desarrollo del país, desde estudios de población hasta el desarrollo de sueros o estudios de materiales para carreteras.

DATO A RECORDAR: 71 031 millones del FEES se invierte en proyectos de investigación.

8. Desde 2020, se presenta una reducción en la partida de salarios en las universidades públicas. La reducción es casi de 10 mil millones y continuaría su disminución durante los próximos años.

DATO A RECORDAR: Desde 2020, los salarios en las U Públicas vienen disminuyendo su peso en el presupuesto.

9. Las U Públicas rinden cuentas. Cada año, las universidades entregan cuentas de sus inversiones y proyectos a la Contraloría General de la República, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y Contabilidad Nacional.

DATO A RECORDAR: Las Universidades Públicas sí rinden cuentas ante diversas instancias

10. El FEES (como porcentaje del PIB) del 2023 es el más bajo desde 2011. Es decir, en la práctica se está recortando el presupuesto.

DATO A RECORDAR: Estamos con el FEES más pequeño, en relación con el PIB, en 12 años.

** Todos los datos obtenidos de los informes auditados de las Universidades Públicas.

Es importante que la comunidad nacional comprenda estos datos puesto que la manipulación y el engaño del gobierno puede hacer cometer severos errores de apreciación.

Frente a las mentiras del gobierno, los datos nos permiten concluir que: el presupuesto del FEES se ha reducido enormemente y aún así las universidades invierten más en BECAS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA. Así mismo, nos permite comprender la importancia de la defensa del aumento del presupuesto para seguir apostando por una educación pública superior que promueva la igualdad de oportunidades y siga construyendo un fuerte Estado Social de Derecho y Bienestar para todas las personas.

Foto: Karla Richmond.

Aquí no pierden las Universidades Públicas, pierde una vez más la educación pública y, por lo tanto, pierde Costa Rica

Durante los años 2014,2015,2017,2019,2022 y 2023 las calles de nuestro país han sido testigos de diferentes movimientos y marchas en defensa del presupuesto del 8% del PIB para todo el sistema educativo de Costa Rica, tal como lo establece la Constitución Política (Foto Laura Rodríguez, UCR).

Consejo Nacional de Rectores

Este Gobierno sigue sin entender las necesidades de la población estudiantil y los diferentes apoyos que les brindan las universidades estatales.

Ante la negativa del Gobierno de otorgar el 1% que le debe a las universidades públicas del presupuesto de la Educación Superior Pública 2023 (conocido como FEES) y ahora ofrecer un insuficiente 1% para el FEES 2024, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) manifiesta su preocupación ya que “se evidencia, una vez más, grandes contradicciones en materia de gestión de la educación pública costarricense

Según el comunicado de prensa de CONARE la evidencia ratifica que el país enfrenta su peor crisis educativa en los últimos 30 años y prevalece de parte del gobierno la negativa de cumplir con la asignación del 8% del Producto Interno Bruto del país (PIB) establecido por nuestra Constitución Política para la educación pública en todos sus niveles.

Para CONARE si el Gobierno no está en capacidad de invertir poco más de 5 mil millones de colones, aún pregonando importantes logros fiscales y reactivación económica, definitivamente la educación pública costarricense pareciera que no es prioridad. “Primero la excusa fue la Asamblea Legislativa, luego argumentaron que sí hay voluntad política pero que no hay plata. La nueva excusa es que la inflación 2023 es negativa, cuando esto se negoció en el 2022 en correspondencia con la inflación de entonces, cercana al 8%. Finalmente, respecto de nuestras propuestas para que el 1% se gire en tractos en el próximo año 2024, ni siquiera nos exponen las razones de su negativa”.

Durante las semanas de este proceso de negociación CONARE ha consensuado un conjunto de compromisos, todos asociados al Plan Nacional de la Educación Superior. Peticiones del Gobierno vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo, donde se plantean como prioridad la inversión en las regiones y en poblaciones de alta vulnerabilidad. “Sin embargo, el Gobierno no otorga el presupuesto necesario para sacar adelante esta tarea”.

Gracias al presupuesto para la educación superior pública, las universidades públicas también trabajan con muy diferentes grupos sociales y comunidades a lo largo del país, para contribuir al bienestar social, material y espiritual de la Nación tal, como lo establece la Constitución Política. (Foto Laura Rodríguez, UCR)

También, afirma el comunicado de CONARE, en este proceso de negociación se ha instaurado una estrategia de confrontar a los niveles de primaria y secundaria con los universitarios. “Vivimos una negociación donde continuamente se ataca por diferentes medios al Consejo Nacional de Rectores a los rectores y rectora, “personalizando este proceso como si se utilizara para desprestigiar a las universidades estatales a través de sus autoridades. Esta negociación no se trata de personas, se trata de los recursos que necesitan las universidades públicas para continuar formando profesionales de calidad para este país y contribuyendo con el desarrollo de Costa Rica”.

“Los estudiantes deben estar en las aulas pero cuando las condiciones del país lo ameriten deben estar en las calles”. —Rodrigo Facio, ex rector Universidad de Costa Rica. (Foto Laura Rodríguez, UCR)

Y en cuanto al respaldo de las universidades públicas a otros sectores que también han venido manifestando en los espacios públicos sus preocupaciones y necesidades, CONARE destaca que “el apoyo que demos a marchas pacíficas, nuestros pronunciamientos sobre distintos temas no se negocian, las universidades fueron creadas para contribuir al bienestar social, material y espiritual de la Nación tal como lo establece la Constitución Política y la jurisprudencia que nos ampara”.

Texto completo del Comunicado de CONARE, 17 de julio 2023:

https://we.tl/t-2mrV16yQsj

 

María Encarnación Peña Bonilla, UCR

Finanzas públicas: decálogo sobre la demencia

Luis Paulino Vargas Solís

1. Las universidades públicas solicitan al gobierno cumplir con el 1% adicional sobre el presupuesto aprobado el año pasado, según el compromiso asumido en su momento. El gobierno se niega a hacerlo. En total, son aproximadamente ₡5.600 millones.

2. El año pasado, 2022, por concepto de intereses de la deuda pública, el gobierno pagó un total de ₡2.044.143,4 millones. O sea: más de dos millones de millones o, si usted lo prefiere, más de dos billones.

3. Por lo tanto, el monto de los intereses pagados en 2022, equivale a 365 veces lo que las universidades están solicitando.

4. En su informe sobre la liquidación presupuestaria del gobierno, correspondiente a 2022, la Contraloría le advirtió al Ministerio de Hacienda que no solo incumplió con el pago de ₡252 mil millones que, por obligación legal, debía realizar a la Caja Costarricense del Seguro Social, sino que, encima de eso, omitió indicar esa cifra en la mencionada liquidación. O sea: el gobierno no solo no pagó lo que debía, sino que quiso “hacerse el chancho” y ocultar la información correspondiente.

5. Compare la cifra NO pagada en 2022 a la Caja, con la que SI se pagó por intereses: la relación es de 8,11 veces. O sea: se pagó por intereses 8,11 veces lo que debió pagarse, pero no se pagó, a la Caja.

6. ¿Cuánto es la deuda total del gobierno con la Caja? La cifra anda en aproximadamente ₡2,8 billones (millones de millones). Según Rodrigo Chaves y Nogui Acosta, habría que cerrar prácticamente todas las instituciones públicas para satisfacer esa deuda. Ignoraremos tales charlatanerías, y volvamos a comparar con el pago de intereses de la deuda.

7. El monto total de esos intereses, sumado lo correspondiente a 2022 más lo pagado hasta el mes de mayo de 2023 (17 meses en total), suma ₡2.937.389,1 millones, o sea, más de ₡2,9 billones. O sea: una cifra superior al total de la deuda con la Caja.

8. ¿Cómo se explica que no haya problema en pagar ese disparate de dinero en intereses, y, en cambio, resulte “imposible” pagar lo que corresponde a las universidades y a la Caja? Con el agravante de que “tampoco hay dinero” para escuelas, comedores estudiantiles, la policía, albergues infantiles, atención a personas mayores, vivienda popular, etc. etc.

9. Conclusión 1: el manejo de las finanzas públicas, y la forma como se pretende resolver el problema fiscal, es un ejercicio de absoluta irracionalidad, que está causando grandes devastaciones sociales y humanas, y está destruyendo el futuro de Costa Rica.

10. Conclusión 2: urge frenar esta demencia, y abrir un amplio debate democrático que nos permita reorientar las cosas…antes de que sea demasiado tarde.

¿Quién sigue? ¿El rector de la UCR?

Alberto Salom Echeverría

¿Quién sigue? Preguntó el editorial del Diario La Nación, después de haber denunciado presuntas o reales irregularidades en las que habría incurrido la administración Chaves, contra personas físicas o jurídicas vinculadas con tres medios de comunicación, estos son el Grupo Nación, CRHoy y el programa radiofónico “hablando Claro” que se transmite por medio de Radio Columbia. Curiosa y coincidentemente, al menos dos de los tres medios de comunicación son críticos de la administración y el programa “Hablando Claro” también lo ha sido.

En un caso, ya hubo pronunciamiento de la Sala Constitucional, la cual halló en el accionar gubernamental, (acompañado de otras organizaciones) “…un mecanismo indirecto, atropellado e ilegítimo que violenta la libertad de expresión […] Configurándose así, a todas luces, una clara y evidente desviación ilegítima del poder”. En el segundo caso, mediante una conferencia de prensa, el poder ejecutivo denunció un supuesto “megacaso” de evasión por parte del empresario Leonel Baruch, asegurando en esta ocasión el ministro de Hacienda que, existía un informe técnico para acreditarle un fraude fiscal. Dicho informe no apareció nunca, en su lugar afloró otro estudio anterior, de octubre del 2022, cuya autoría es de “Tributación Directa”, en el cual se puntualiza la inexistencia de fraude fiscal y se pide archivar la acusación. Sin embargo, más recientemente el propio presidente Chaves, sin haber prestado atención a que el asunto había quedado aclarado, reincide en la denuncia ya que, preguntó al Ministerio Público en una de las habituales conferencias de prensa, qué había pasado con la “evasión” del empresario Baruch. En el tercer caso, nuevamente el presidente de La República Rodrigo Chaves vincula con alevosía, esta vez a la periodista Vilma Ibarra, con una supuesta y grave actuación: le atribuyó haber recibido la suma, nada menos que de $732.000 (dólares), con el objeto de hacerle propaganda a la construcción de una carretera. Todo ello, sin haber tenido el valor de mencionarla por su nombre, pero trayendo a colación hechos circundantes claramente asociados a ella. A esta hora, aunque la periodista Vilma Ibarra lo enfrentó con gallardía, ni siquiera se ha disculpado. (Cfr. La Nación. Editorial del 17 de junio 2023. Pág. 25).

Como se puede apreciar, no se trata de hechos baladíes o insignificantes, sino de denuncias que, de haber resultado ciertas serían faltas graves en contra de la entidad jurídica o las personas físicas mencionadas, las que, desde luego, se han considerado denigradas u ofendidas por el presidente Chaves. Además, hay otros hechos similares a estos que dan cuenta de una actuación del presidente encaminada a reprimir y silenciar la crítica, rayana en el irrespeto y deslegitimación de otros poderes de la República, intolerante, como se ve, con quien lo critica, ligera y hasta irresponsable a la hora de endilgar epítetos acusativos contra ciudadanos o entidades jurídicas que no están de acuerdo con su proceder ético y político. En pocas palabras, el presidente Chaves ha tenido un comportamiento arrogante, prepotente y despreciativo de la honra ajena; por todo ello, tratándose de un mandatario en una democracia, su proceder es reprochable. Trasluce más bien una actitud típica de un gobernante autoritario que pareciera querer implantar un gobierno sin contrapesos. Su populismo por otro lado, lo conduce a congeniar con aquella parte de la población que solo espera escuchar del presidente promesas, que no necesariamente va a cumplir; pero, algunos de ellos estiman que el mandatario va a satisfacer las apetencias de las personas. Veremos. O sea, tenemos un presidente autoritario y populista, un “cocktail” desaconsejable para una democracia como la nuestra, que tiene problemas muy serios que resolver.

¿Quién sigue? Dejó esta interrogante el editorialista de La Nación al final del artículo. Obviamente, ahora ya sabemos quién seguía, el Rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), el doctor en biología Gustavo Gutiérrez Espeleta.

Se produjo una sucesión de declaraciones públicas que ahora transcribo, con el objeto de que todos poseamos la misma información. El rector de la UCR dijo en una conferencia de prensa, efectuada el 21 de junio, dirigiéndose a Rodrigo Chaves en particular, pero al país en general, con voz pausada, profunda y firme: “Presidente, cuando quiera hablar del tema de fondo, aquí vamos a estar, cuando quiera trabajar propuestas para resolver los problemas de la educación pública del país y buscar soluciones para llegar a cumplir la Constitución Política, aquí vamos a estar, mientras su objetivo sea tergiversar información y polarizar, no cuente con nosotros”.

El rector Gutiérrez dio un mensaje breve, pero de contenido, reafirmando su voluntad de respetar la Constitución de la República, en consecuencia, expresó su afán de trabajar y luchar porque el gobierno cumpla en su integralidad con el artículo 78 de la Constitución vigente que establece la obligación del Estado de otorgar el 8% del gasto público anual respecto al PIB, a la educación pública en su conjunto. (Artículo este concordante con lo que estipulan también los artículos 84 y 85 de la misma Carta Magna).

Una vez más, frente a este llamado coincidente con los otros cuatro rectores de las universidades públicas, el presidente de la República aprovechó una conferencia de prensa, para irrespetar en este caso al rector de la Universidad de Costa Rica y a la Institución como un todo, puesto que el rector la representa. En mi concepto, además, el agravio contra el Dr. Gutiérrez es extensivo a las otras cuatro instituciones de educación superior pública del país.

El señor Chaves olvidando su investidura, fingió ignorar quién era el rector de la Universidad de Costa Rica, cuando se dirigió a sus asesores para que le dijeran el nombre del connotado funcionario público. Como artimaña, solo desmerece al presidente de los costarricenses, al tratar de insinuar que el nombre del rector no vale la pena recordarlo en una conferencia que se supone está convocada para rendir cuentas de sus actos. El respeto a la institucionalidad del país, que el mandatario juró defender exige que trate las diferencias con cualquier ciudadano, con la mayor consideración y decoro, pero particularmente cuando se dirige al representante de una de las instituciones más emblemáticas del país como es la Universidad de Costa Rica, institución designada Benemérita de la Patria por la Asamblea Legislativa. Semejante menosprecio en el trato para con el rector Gutiérrez, luce por lo tanto indecoroso, refleja patanería, altanería y deja ver a un tiempo, la incapacidad del presidente Chaves para afrontar con la seriedad debida, la difícil situación por la que atraviesa nuestro país y especialmente la educación costarricense. Si no hubiese sido una artimaña del presidente Chaves, como la he calificado, sino una ignorancia crasa o un desconocimiento real del nombre propio del rector, peor aún, porque si iba a tocar el tema de las diferencias con las universidades públicas, pues debió prepararse debidamente primero en todo, estaba impelido a saber quiénes son sus interlocutores. Más aún aquel al que pensaba denigrar. Ignorarlos o fingir ignorarlos, da el mismo resultado; en ambos casos proyecta ante la ciudadanía el mismo desdén y desprecio. Da exactamente lo mismo, deja la impresión, una vez más, de un dirigente mal preparado para tan alta investidura para la que fue electo por una mayoría popular.

¿A quién cree el señor presidente que se dirige en las conferencias de prensa, o en cualquier otra actividad donde desee comunicar algo? Si el presidente estima que es a una hinchada acrítica, que le va a aplaudir eufórica cualquier chanza o chapucería, no hace más que reflejar una enorme subvaloración de este pueblo. Habrá un sector quizás, que sigue al presidente con la docilidad propia de quien carece de criterio fundado para entender la complejidad de la administración pública y la gran diversidad que conforma todo el conglomerado social costarricense. Ese sector es, probablemente el único que quiere “pan y circo”. Pero le aseguro al señor presidente, que hasta entre sus partidarios, hay una buena parte de costarricenses, mujeres y hombres que esperan de usted una actitud digna y respetuosa, hasta con aquella persona o grupo de personas que no coinciden con sus postulados.

El mundo político, la sociedad política (que no politiquera), puede que no sea tan grande en Costa Rica, pero es influyente en el entramado social, lo mismo ocurre con lo que podríamos llamar el sector intelectual, artístico y cultural del país. Adicionalmente, hay una clase media alfabetizada grande, con capacidad y discernimiento frente a su accionar. No todos los grupos económicos “altos” a los que usted pretende favorecer, actúan como autómatas; ellos juzgan, valoran, tanto su accionar ético como político. Lo que podemos llamar el sector popular también está dotado de experiencia en la lucha social y política. No se confunda presidente, porque con el tiempo se podría llevar más de una sorpresa. Y los que son sus acólitos o compinches estarán con usted mientras conserven la expectativa de que sus congojas y problemas son afrontados con destreza y se van resolviendo.

Otra cosa, ¿cómo cree usted que se puede enfrentar el rezago educativo que padecemos? No sé cómo o de qué manera lo está pensando hacer, por lo pronto veo en su gobierno mucha conducta errática; sobre todo, me preocupa grandemente adónde dirigirá sus esfuerzos y los de su equipo de trabajo, de cara a sentar bases sólidas para reencausar la educación que, durante mucho tiempo brilló en nuestra sociedad. La educación pública fue, como es bien conocido, un lujo que favoreció inclusive la movilidad social ascendente. ¿Piensa acometer esa tarea, cuando lo alumbre la luz, o se deje asesorar bien, sin el concurso de las universidades públicas? Piénselo presidente, porque hasta en función de encarrilar su propio gobierno, le convendría mantener una actitud de respeto, a pesar de las diferencias.

Dicho todo lo cual, le informo algo que tal vez le ayude: el rector Gutiérrez no vale solo por haber sido escogido en un proceso electoral prístino de votación. Por cierto, debe usted saber que es seguramente, el medio académico cultural más grande del país, y las votaciones constituyen allí un “cónclave” muy concurrido y disputado, con discusiones de verdad, en las que los aspirantes deben estar muy bien informados para salir airosos. Además de ello, el Dr. Gustavo Gutiérrez es un profesional sólido en su campo, el de la biología, donde posee un gran prestigio y se ha desempeñado con gran solvencia, con gran conciencia ambiental. Infórmese y verá cuán cierto es lo que le digo. Finalmente, es un hombre respetuoso de las demás personas, con grandes dotes humanas y amplitud de miras.

Señor presidente Rodrigo Chaves, con respeto le aconsejo, si me lo permite, no trate mal a la gente, ni a la prensa, ni al sector empresarial que no lo apoya, tampoco a cooperativistas, sindicalistas o solidaristas, cuyas opiniones no le favorezcan; deje de mirar “por encima del hombro” a personas periodistas de la talla de Vilma Ibarra, una persona crítica pero consciente de los retos de nuestra sociedad y con gran amor por el terruño.

Una cosa más presidente Chaves, infórmese bien antes de ningunear a un ser humano de las altas calidades del rector Gutiérrez. Y de una vez le adelanto, conozca a todos los rectores, a todos, es gente de calidad; acérquese a ellos como se lo han ofrecido. Ganaría mucho, deje de malbaratar el prestigio acumulado. Ojalá no tengamos que preguntarnos más adelante ¿Y ahora a quien le toca sufrir su escarnio?

La victoria de la Autonomía de la CCSS, es la victoria de la Democracia: «Sic Semper Tyrannis»

Jiddu Rojas Jiménez

  1. El permanente ataque simbólico a la CCSS.

La Caja, nuestra CCSS, no es la «Caja de Pandora». La Caja no será perfecta, pero es perfectible. Y es el momento de volver a salir a defenderla con toda nuestra pasión y razón. 

La Caja, –más allá de la propaganda oficial–, es más que una lista fallida de pacientes en espera.

La Caja es más que esa «historia de terror» en una madrugada en Emergencias del Hospital Calderón, frente a algún burócrata desalmado, y que algunos hemos tenido.

La Caja implica miles, cientos de miles de vidas salvadas. El Suscrito incluido. La Caja es parte fundamental del Estado Social de Derecho.

La Caja y su acceso a la Salud, es la histórica diferencia entre la relativa Paz Social y el Caos, frente a la Anomia social de la Desigualdad creciente y la Polarización ciudadana.

  1. La CCSS y su contexto.

La Caja es una gran conquista obrera y popular. Pero también es un buen negocio a largo y mediano plazo, para el Empresario sensato y patriota, que valore su calidad de vida y su tranquilidad personal y familiar. Compárese sino, cuánto invierte en Seguridad personal un gran empresario en el resto de países hermanos de Centroamérica. La polarización social y el crecimiento exagerado de la desigualdad social y económica, no sólo son inmorales e inhumanas, sino que son desde el punto de vista incluso instrumental, un mal negocio para todos y todas. Incluyendo una mala inversión histórica para las clases dominantes. 

La Caja por dicha, –y eso no es una ocurrencia subjetiva, sino respaldada por números reales–, no es esa institución «quebrada» por decreto de la histeria del discurso Neoliberal del Gobierno de turno, y sus falsos datos de la propaganda oficial.

Ni es jamás, la noble universalización de sus servicios médicos, la que puede ser un obstáculo financiero real para su normal funcionamiento.

Al revés: Sus únicos y verdaderos enemigos son la Evasión y Elusión Fiscal en general, las Deudas de algunos grandes malos empresarios en particular, obviamente la corrupción de algunos aprovechados, ciertamente la parcial incapacidad de gestión burocrática, y recientemente, la decisión política de la Administración Central de no honrar su deuda para con la CCSS. Siendo ésta última doblemente inmoral cuando proviene del Gobierno, que habla de la supuesta quiebra de la institución pública más importante de nuestra República. 

 La CCSS tampoco es solamente la institución saqueada y defraudada por décadas por los políticos de turno. Es mucho más fuerte y sólida que eso, y tiene raíces históricas más profundas. 

La Caja, incluso, es más que parte del folclore romantizado sobre la inclusión social de la Segunda República. Aunque sin lugar a dudas, se fortaleció, creció y floreció con la Segunda República. 

La CCSS, institución Benemérita, fue soñada desde la noble cabeza del Benemérito de la Patria Manuel Mora Valverde, y fue construida desde el corazón y músculo político de sus compañeras y compañeros.

Ciertamente su creación formal fue firmada por el Presidente Calderón Guardia, y fue apoyada incondicionalmente por el Arzobispo de entonces Monseñor Sanabria, constituye junto al Código de Trabajo y la fundación de la Universidad de Costa Rica, pieza clave del Capítulo de la Garantías Sociales de 1943. Pero detrás de esta conquista social republicana, hubo sudor y sangre de los y las trabajadoras. Costó muertos, y merece ser defendida. 

  1. Defensa jurídica de la Autonomía de la CCSS.

Enhorabuena por la nueva Resolución de la Sala Constitucional, que sanciona la evidente ilegalidad del nombramiento de la nueva Junta Directiva, impuesta por el Presidente a la CCSS.

Toda la arquitectura de la institucionalidad jurídica y constitucional de la Segunda República, estaba en juego acá.

Los límites entre Administración Central, facultades del Poder Ejecutivo, Instituciones Autónomas, Descentralización y Desconcentración Administrativas, etc., estaban en jaque acá. 

Como costarricenses debemos estar muy orgullosos y orgullosas, de la eficacia y eficiencia jurídica en el control constitucional y político, de nuestra institucionalidad republicana. Se hizo justicia. 

Hoy (27 de Junio) asistimos a una verdadera victoria jurídica y política de la Democracia como sistema de frenos, pesos y contrapesos, frente al despotismo del Ejecutivo de turno. Es una victoria del sistema republicano como fundamento operativo jurídico-formal del Estado Social de Derecho. 

Defender la Autonomía Constitucional de la CCSS, también implica proteger y blindar nuestra Salud Pública, de los peligrosos manejos políticos del Ejecutivo de turno.

  1. Un urgente llamado unitario a la más amplia articulación de la lucha popular.

Hoy 27 de junio, el Estado de Derecho nos otorgó una justa victoria. Pero la movilización y la articulación de fuerzas sociales y «enjambres» ciudadanos deben ser la garantía real que acuerpe y dé materialidad a la sabia decisión constitucional. 

El Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho costarricenses demostraron hoy, ser baluartes estratégicos en la lucha por la Autonomía Constitucional de la CCSS. Habrá que estar vigilantes en su defensa también. 

Hoy, la Sala Constitucional puso un claro límite jurídico, a la arbitrariedad del Ejecutivo y su espuria Junta Directiva impuesta a dedo a la CCSS.

El Gobierno Populista y Neoconservador, con su agenda económica Ultra-Neoliberal y de privatización, sufrió una derrota táctica enorme, al ver frenado su estilo de Gobernanza, de corte autoritario, frente al Imperio de la Ley.

Una posible reacción irracional del Gobierno actual, sólo acelerará su creciente desprestigio democrático, y profundizará la vía autoritaria del Ejecutivo.

Llamamos a seguir resistiendo al Campo Popular en la defensa y profundización del Estado Social de Derecho como baluarte de nuestras conquistas sociales.

En defensa de la CCSS y de la Salud Pública, de la Educación Pública, de las Universidades Públicas, del Sector Agro, del BCR y de la Banca Pública, del Ambiente y del Planeta, de los Derechos Humanos, de los Derechos Laborales, de la inversión pública en Cultura, del Imperio de la Ley, por la defensa estratégica de nuestra institucionalidad y por el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Estado. Seguiremos resistiendo con creatividad, resiliencia y amor por la Patria. 

  1. Nota y testimonio cívico.

Dedicamos estas palabras peregrinas, sobre la urgente defensa de la CCSS, a los compañeros y compañeras de aquel histórico 

Comité Autónomo de Bases del Hospital San Vicente de Paul en Heredia en los albores de este siglo XXI; que incluía médicos, enfermeras, auxiliares, microbiólogos, administrativos, usuarios, vecinos, y simples asegurados. Así como a los alumnos y alumnas, profesores y profesoras de la UNA, a las fuerzas vivas de la comunidad de Heredia, y a los diversos Sindicatos del Sector Salud, que apoyaron la histórica lucha ciudadana, contra el fallido intento de privatización del Hospital San Vicente de Paul por parte de una extraña y desaparecida Fundación universitaria, y de cuyo nombre no quiero ni acordarme, y que quería «robarse» el nuevo Hospital de Heredia. Estos héroes y heroínas anónimos, –algunos ya no están físicamente con nosotros–, merecen todo nuestro respeto, y un justo reconocimiento histórico y ciudadano. No fue en balde nuestro esfuerzo y justa lucha, y así hoy tienen un moderno Hospital para Heredia y Costa Rica. Más allá de lo que las placas oficiales digan en el cemento, ustedes fueron los discretos y verdaderos héroes. (Y heroínas, porque la mayoría siempre fueron compañeras.)

Para el Gobierno de turno y su deriva Autoritaria, Neocon y Ultra-Neoliberal, pues les recordamos la vocación profundamente democrática de las luchas sociales. Nunca será tarde para reconstruir los «puentes quemados» (sic) del necesario Diálogo Social y Ciudadano. 

La romana sentencia contra el abuso de poder reza sabiamente: «Sic Semper Tyrannis».

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