El CONARE, la rectoría de la Universidad Nacional de Costa Rica, la FEUNA y el SITUN convocan a la comunidad universitaria y nacional a participar el próximo martes 20 de junio a las 9:00 a.m. de la marcha: Pacto Nacional por la Defensa de la Educación Pública y otros sectores, saliendo del Parque de la Merced
Habrá transporte a partir de las 7:00 a.m. saliendo de la Plaza 11 de abril, Campus Omar Dengo.
‘’Hacia un pacto nacional por la educación pública en Costa Rica’’
• Organizaciones en todo el país, convocan a una gran marcha pacífica para solicitar un “Pacto por la Educación Pública” y la defensa del presupuesto por constitución, para la sostenibilidad del sistema educativo en Costa Rica.
• La marcha será el próximo martes 20 de junio a las 9:00 am, saliendo del Parque de la Merced.
• Convocatoria conjunta del Movimiento Estudiantil, Universidades Públicas mediante el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), las organizaciones del Magisterio Nacional y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productiva.
Ante la peor crisis educativa en los últimos 40 años y la ausencia de una hoja de ruta para resolverla, las organizaciones firmantes y presentes nos unimos para convocar a una gran marcha en defensa de la educación pública, como pilar fundamental de nuestro Estado Social de Derecho, a realizarse el martes 20 de junio a las 9:00 am, saliendo de la Iglesia de la Merced con rumbo a la Plaza de la Democracia.
El objetivo es realizar un vehemente llamado democrático para construir un Pacto por la Educación Pública, mismo nos permita salir de la actual crisis educativa, así como una misiva ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, sobre la no aceptación de recortes presupuestarios para la sostenibilidad de la educación pública, por el contrario, la búsqueda del fortalecimiento de esta.
Para evitar generaciones completas afectadas, como sucedió en la década de 1980, es necesario que los diferentes sectores del país unamos esfuerzos para visibilizar la grave situación que atraviesa el país. La actual crisis educativa es histórica y multicausal, pero sus detonantes inmediatos pueden rastrearse en diversos eventos y omisiones a lo largo de al menos los últimos 13 años, pero siempre desde rezagos estructurales.
En síntesis; la crisis educativa se puede dividir en los siguientes ejes de afectación: crisis educativa y pedagógica, la crisis presupuestaria y de prioridad en política educativa, todas entrelazadas generando mayores retos que comprometen el futuro de las familias en este país y sus propias comunidades.
Nos encontramos ante escenarios país y educativos realmente alarmantes, encontramos serias limitaciones en el acceso a transporte, alimentación y una infraestructura adecuada en el sistema educativo público, lo anterior solo la punta del iceberg de la crisis, pues imposibilita a familias completas en el acceso a la movilidad social mediante la alfabetización primaria, secundaria y técnica, así como educación superior. Hoy se enfrentan negociones presupuestarias, que no garantizan crecimiento y fortalecimiento del sistema educativo, así como una clara violación constitucional del 8% del PIB para educación pública que debe garantizarse su distribución ética en TODOS LOS NIVELES. Por tanto, no será de recibo que justifiquen los recortes, para trasladar a otros programas educativos, cuando todos deberían estar garantizados con el presupuesto que le corresponde por constitución.
No es casualidad, que veamos con preocupación las afectaciones directas que empiezan a sufrir los pilares de lo que conocemos como el Estado Social de Derecho, desde las afectaciones al sistema de salud como la CCSS y su autonomía, el rechazo hacia una política de estado por la seguridad y soberanía alimentaria, la amenaza de las garantías laborales y derechos humanos mediante el proyecto de ley ‘’4×3 Jornadas flexibles’’, amenazas al régimen de pensiones del Magisterio Nacional, el terrible recorte de un 8% del presupuesto que le corresponde al Ministerio de Cultura y Juventud, frente a la paradoja de un sistema de seguridad debilitado sin enfoque multisectorial y comunitario, con recursos limitados y con afectaciones graves en las garantías laborales del personal de seguridad en todo el país.
No obstante, desde la aplicación de la regla fiscal, han dejado secuestradas las funciones fundamentales de las instituciones públicas en el país, limitando su presupuesto y agravando a sectores que son motores de la economía en el país, o afectaciones a personas en riesgo social. Hasta ahora, la receta del Poder Ejecutivo, en este contexto país, ha sido el recorte presupuestario, la violación a la libertad de prensa e irrespeto a la institucionalidad, la Constitución Política y los Poderes Democráticos de la República en el país, generando un efecto adverso en las garantías sociales y laborales de las personas trabajadoras y habitantes del país, como parte de una estrategia clara en el debilitamiento del Estado Social de Derecho.
Por todo lo anterior, es urgente la generación de soluciones ante los múltiples retos de la educación pública, si buscamos sostener los pilares de la democracia y el Estado Social de Derecho, entre los que destacan: desigualdad educativa, formación docente, innovación pedagógica, inversión en educación, brecha tecnológica, evaluación de los aprendizajes, infraestructura educativa, fortalecimiento de la educación técnica, participación comunitaria y multisectorial, articulación entre los niveles del sistema educativo, entre otros.
Debemos garantizar una educación inclusiva, creativa, innovadora y crítica. Una educación que genere mayor movilidad social y reduzca las desigualdades estructurales en el mediano y largo plazo. Una educación que sea un “proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos”, como establece la Constitución Política. Una educación que nos permita sentar las bases de un país mejor y no deje a nadie atrás.
Buscamos fortalecer el Estado Social de Derecho mediante la defensa del 8% que por Constitución, que le corresponde a Educación en Costa Rica, para ello, invitamos a todas las organizaciones sociales, productivas, estudiantiles, sindicales, multisectoriales, comunales, académicas, familias y sus comunidades, a sumarse a esta gran marcha por la educación pública.
¡MARCHEMOS A DEFENDER LO NUESTRO!
¡YO CONFÍO Y DEFIENDO LA EDUCACIÒN PÚBLICA!
Las organizaciones, familias y personas interesadas pueden aportar en la organización de la marcha, para ello pueden comunicarse mediante el siguiente correo:mesa.nacionaldedialogo@gmail.com
Imagen ilustrativa Foto: Laura Rodríguez Rodríguez – UCR.
Desde hace algunas décadas, se vienen categorizando a los seres humanos en Generaciones, pero no para fines despectivos o insultantes, sino para que en términos sociológicos se puedan identificar, analizar y relacionar distintos comportamientos de la humanidad actual con sucesos a nivel social, geográficos, religiosos, ideológicos, tecnológicos, gobierno, política y entornos económicos que vivieron o viven las personas durante sus etapas de crecimiento y desarrollo.
Contrario a eso, muchas personas ignorantes, vienen utilizando el término «Generación de Cristal» para llamar de forma despectiva a la Generación Z que son las personas nacidas después del año 2000, y que son nuestro futuro como país y como planeta, sin darse cuenta o sin aceptar, que toda generación tiene una razón de ser y que nace bajo condiciones predefinidas por una generación anterior o anteriores, es decir, que quienes se burlan de la supuesta Generación de Cristal, son responsables de las condiciones que han obligado a esa generación a exigir cambios y ser como son.
Pero no solo por ignorancia existe ese trato despectivo a nuestros jóvenes, sino también para justificar falencias propias y trasladar la responsabilidad de quienes se meten a liderar torpemente un país y encuentran muy fácil justificarse diciendo que «a la generación de cristal no se le puede decir nada».
Que estas palabras vengan de cualquier persona, es entendible desde la ignorancia, pero que vengan de parte de la ministra de Educación Pública de Costa Rica es inaceptable, porque ella está llamada a entender que los niños, niñas y jóvenes de nuestro país cobijados bajo la educación pública, están si acaso, raspando la olla a un sistema educativo debilitado por acciones irresponsables de este y otros gobiernos. Y muchos de los que se burlan de esta generación, sí pudieron disfrutar de un estado solidario que la corrupción e intereses particulares de generaciones anteriores, tiraron a la basura.
El profesional que lidera la cartera de educación de un país, no puede hablar ligeramente de una generación como generación de cristal para dar a entender que es una generación difícil para establecer límites y valores, primero porque «Generación de Cristal» no existe como termino técnico o científico, además porque es peyorativo, alimenta la discriminación adulto centrista, busca minimizar la opinión de la niñez y la adolescencia (que son sujetos de derechos) y también porque deja de lado la responsabilidad de padres, madres, cuidadores, de criar a los niños y jóvenes y prepararlos para la vida, fortalecer su autoestima, brindarles seguridad, potencializar sus habilidades y competencias, y establecer los límites desde el amor y el diálogo.
Una generación que no tolere más la violencia, el acoso sexual, la contaminación ambiental, las humillaciones, la homofobia, el machismo y el racismo, no es una generación de cristal, es una generación de cambios que incomodan a muchos, especialmente a quienes no quieren que se cuestione algo que está por encima de todo y que es el responsable de muchas de las desigualdades y debilitamiento del Estado y su institucionalidad, y es el sistema económico capitalista vigente, basado en el uso irracional de recursos, en la explotación del hombre por el hombre y el consumismo. Jamás podrá ser una generación igual a otra, no es lo mismo haberse criado sin radio y televisión a haberse criado bajo un entorno tecnológico como en el que vivimos, y ese cuento de que antes era mejor es muy relativo.
Sin embargo, siempre se comete el error de que toda generación, tuvo otra anterior que le criticó, y a los de mí generación, que rompimos muchos paradigmas y constructos sociales de nuestra generación anterior (como históricamente pasa), se nos señaló de rebeldes, satánicos o inadaptados, por ello debemos ser empáticos y entender que somos corresponsables de las condiciones actuales que moldean el futuro de nuestros hijos y nietos, y ni que decir de los Gobierno y políticos improvisadores que elegimos, pues en materia de seguridad, narcotráfico, tecnología, calidad de la educación, becas, infraestructura y medio ambiente, dejan mucho que desear y esto sí impacta en negativo directamente a nuestras nuevas generaciones.
Entonces, ¿Generación de cristal? No, lo que existe es irresponsabilidad en quienes se dejan decir eso a la ligera y supuestamente asumieron un puesto para asegurar un mejor futuro a nuestro país, pero no han sido capaces, en un año, de establecer una ruta clara para la educación costarricense.
La Sala Constitucional dio curso a la acción de inconstitucionalidad en contra del presupuesto ordinario de la República del año 2023, presentada por Ana Doris González González, presidente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) el martes 7 de febrero de 2023, para que se declare inconstitucional la omisión del artículo 2, Título 1.1.1.1.210.000-Ministerio de Educación Pública de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República del Ejercicio Económico 2023, n° 10331. por incumplir con el mandato establecido en el artículo 78 de la Constitución Política, que obliga asignar al menos el 8% del Producto Interno Público (PIB) a la educación pública.
El presupuesto del 2023 es porcentualmente el más bajo en los últimos 12 años, para dicho presupuesto se asignó solo el 5,8% al sector educativo, lo que equivale a 40 mil millones de colones en cifras, según datos de la Contraloría General de la República.
De igual forma, se plantea que la norma lesiona el principio de progresividad, ya que el presupuesto asignado es el más bajo del siglo XXI, en virtud de que recortan los recursos asignados para la educación pública, con consecuencias y alteraciones inmediatas al sistema educativo, afectando principalmente a la población costarricense en condiciones de vulnerabilidad.
La legitimidad de dicha acción presentada por parte de la APSE responde al artículo 75, párrafo 2° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto se acude a la defensa del derecho a la educación, como un interés difuso.
La Sala Constitucional confirió audiencia por quince días, con el propósito que se refieran a las objeciones planteadas a la Procuraduría General de la República, a la Ministra de Educación Pública y al Presidente del Directorio de la Asamblea Legislativa.
Anteriormente en el 2016, la APSE había gestionado una acción similar, en la cual la Sala falló a su favor. La APSE comentó que seguirá vigilante al cumplimiento efectivo del mandato constitucional.
Desde ANEP se ha denunciado durante los últimos años, el desmantelamiento y el debilitamiento que ha sufrido la Educación Pública por parte de las autoridades de gobiernos y partidos políticos comprometidos con los sectores conservadores, neoliberales y enemigos del Estado Social.
Por esto, la ANEP se pone al servicio de las y los educadores, y el estudiantado, con aras de generar una verdadera transformación de la Educación Costarricense, mediante el pronunciamiento ante la crisis educativa que se establece en el país.
Los “teóricos” “concepto-funcional-estructuralistas”, parsonianos y mertonianos algunos, apegados a su tradición coopto-populachera, efectista, sofismática, y fantochera, en función de una eficaz gestión de los intereses a los que adscriben, desde hace algún tiempo vienen utilizando dos términos: “Gobernanza”, (no es un concepto teórico), que debe ubicarse en el ámbito del análisis del poder formal y “Estado profundo” (tampoco es un concepto teórico), que debe ubicarse en el ámbito del análisis referido a lo que mejor ilustra lo que otros llamamos, “poder real” y sus expresiones. Ámbitos entrelazados en una relación dialéctica.
Poder formal, poder doméstico
“Derecha achorada”, “izquierda caviar“(Dina Boluarte), “Congreso golpista”, “prensa mermelera y mercenaria” (sirve a ambos poderes), son términos de consumo o análisis local, que se inscriben en el ámbito del poder formal. Acá podemos ubicar todo lo lamentable, que están haciendo los portadores de los poderes “montesquianos”, legislativo, ejecutivo y judicial: represión, matanza, mentira, encubrimiento, populismo, demagogia, entreguismo, ante ese “despertar del pueblo peruano”.
Sin detenerme en análisis previos, a continuación, cito las palabras de varias personas, ante el desenmascarado intento de la congresista Rut Luque Ibarra, en una “olla común”, en la plaza” Túpac Amaru”, de Cusco, haciendo demagogia. Esta congresista, quien votó a favor de la vacancia de Pedro Castillo, prácticamente fue echada y tuvo que “salir huyendo” del lugar:
“…a los provincianos no nos va a convencer con sacos de arroz y fideos…basta ya congresistas y Dina Boluarte, váyanse de una vez”, “…(RLI) ha traicionado la voluntad del pueblo peruano…que no venga a banderearse… yo no soy de izquierda, de derecha, de centro, soy ciudadana…el pueblo se financia…que no venga a aprovecharse… ha recibido sus coimas…” “…(Pedro Castillo) ha sido elegido por la voluntad del pueblo… en honor a la democracia…más de 8 millones votaron por el presidente Pedro Castillo Terrones, que está secuestrado de forma ilegal, por la ultra derecha, por los altos mandos militares, por ese congreso asesino, corrupto, que está vendiendo a nuestro Perú… se le vacó de forma ilegal, sin respetar las normas constitucionales… los repudiamos… el pueblo tiene amor a la patria, que le falta a esos congresistas, que son parte de esta dictadura de ultra derecha, militar… ella es ventrílocua de esos mandos… están persiguiendo a quien piense diferente… dicen que somos terroristas, pero no. Buscamos la democracia el respeto y la vida…los hechos han demostrado que ellos son los terroristas… Dina Boluarte ha superado a Jeanine Añes de Bolivia…”. (“Te cuento todo”).
Es evidente la claridad y decisión de las multitudes de Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Andahuaylas, Juliaca, Ayacucho, Huancabelica, Junín, Lima y demás, frente al poder real y el poder formal, que tiene instalado un remedo de sistema parlamentario y se ha dedicado a ejecutar un recurso ya muy trillado: Criminalizar el descontento, recurriendo a argumentos burdos como el terrorismo y el “narcotráfico”.
Poder real
La realidad y clase de lucha que enfrentamos los latinoamericanos. ¿Neoliberalismo? ¿Soberanía vs. Agenda globalista?
Coincidiendo en algunos aspectos con otras propuestas, El Dr. Máximo Grillo Anunciata, propone que Perú se encuentra en el escenario de una conspiración, un plan racista de la clase dominante, del que se puede decir que está determinado por los planes geopolíticos de las potencias hegemónicas, para exterminar la población.
En octubre de 2019, se llevó a cabo en Estados Unidos el “Evento 201”, financiado por Will Gates, en el que participaron Rockefeller, (algunos judíos sionistas como) Rotchild, Kissinger, Soros, la OMS, el FMI representado por Cristina Lagarde (también judía sionista), el BM. Dijeron que la tierra no estaba en condiciones de darle de comer a toda la población humana, que debe ser reducida al 15%. Eliminar al 85%.
En la reunión de Dabos, en Londres, respaldada por la corona inglesa, se afirmó lo mismo.
Bertrand Rusell, premio nobel, en su libro “La Sociedad Industrial”, ya había dicho lamentar que no se reduzca la población en América Latina y recomienda sembrar virus y bacterias en los ríos y lagunas, para disminuir las poblaciones nativas.
Para el 2,050 habría 11 mil millones de habitantes y los “recursos” no alcanzan para darles de comer. La solución para estos intereses es el exterminio.
En este mismo orden, el gobierno de Fujimori, enmarcado en esta geopolítica, hablaba del “excedente poblacional nocivo”: los provincianos, los serranos, los empobrecidos, población que debía reemplazarse con población japonesa (según planes existentes desde la II guerra mundial).
En el marco de esta situación, la realidad histórica del Perú muestra que están presentes indicadores sociales precarios: Mujeres con anemia crónica que dan a luz niños también con anemia crónica que, desde que nacen están en desventaja permanente. Se trata del 60% de los niños. Además, existen altos índices de tuberculosis, alcoholismo, bajos índices de educación. Todo esto provoca un muy bajo coeficiente de inteligencia.
Esto es causa de ser un país que tiene la salud y la educación pública abandonadas. La alimentación del pueblo está deteriorada.
En Perú, la producción agrícola no está para que los peruanos coman, está para exportar, para que ganen dinero las empresas exportadoras, exonerada de impuestos, y la actual Constitución lo permite. Las mineras no pagan impuestos, y el Estado tiene que reembolsarles sus gastos. También la Constitución lo permite.
Por otro lado, Héctor Béjar, primer canciller del gobierno del presidente Pedro Castillo, quería sacar al Perú del Grupo de Lima, para sacarlo de los planes de invasión a Venezuela. Por eso lo sacaron de la cancillería; habían reconocido a Guaydó y firmado un convenio con la embajadora norteamericana por 321 millones de dólares, para mantener a los inmigrantes venezolanos: aplicación del plan estratégico del Comando Sur de Estados Unidos.
El gran negocio es apoderarse de las enormes reservas del petróleo venezolano y darle un golpe a la economía china (Ya lo hicieron con Japón en la II Guerra mundial, porque los japoneses les habían arrebatado todo el mercado de las costas del Pacífico, impidiendo el desarrollo industrial de la costa oeste de Estados Unidos. Por esa razón, como parte de sus planes geopolíticos, el coronavirus y sus 5 sepas, que está patentado en Estados Unidos, fue transportado a Buján en octubre de 2019, en el marco de las Olimpiadas Militares Internacionales. En esas olimpiadas, el primer puesto lo sacó Rusia, Estados Unidos sacó el puesto 31, porque no mandó un equipo de atletas, sino un equipo de sicarios a sembrar el virus).
La política exterior del Perú, la dirige la embajadora de Estados Unidos, no hay soberanía y así, sabotean los intentos de reforma y mejora para el pueblo. En Perú, hay 14 bases militares norteamericanas: ¿para qué?
Debe haber soberanía. Hay que cambiar la Constitución, debe haber una reforma impositiva: la derecha no quiere pagar nada, no quiere ceder en nada, desprecia al pueblo.
Perú está siendo saqueado de la forma más cruel. Hay reformas, o hay guerra civil.
Estado de cosas en Perú; golpe de Estado en Bolivia; movimientos de desestabilización en Brasil; atentado contra Cristina Fernández; descontento con el presidente Petro; la soberanía y las democracias nacionales en estado de supervivencia; militares formados en Estados Unidos; derechas burdas; argumentos de financiación por el narcotráfico.
Elon Musk: “Daremos un golpe de Estado a quien queramos. Lidien con eso”. (Tremending-público)
“Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias, en nombre de la libertad”. Simón Bolívar, 5 de agosto de 1829.
Los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica)
Los países BRICS, por ahora se plantean como una opción multi polarista, frente al uni polarismo USA/OTAN.
Se ha dado en llamarlos BRICS/plus, debido a las intenciones de otros países, como Argentina e Irán, de participar en esta propuesta.
La lucha por la vida y por la paz
La paz es opción de sensatos e inteligentes; la guerra es recurso de egoístas, cobardes y opresores. Es hora de tener sabiduría y dignidad para emprender con estatura y firmeza, las luchas que deben darse. Queremos vivir en paz, pero lamentable: otros vendrán a hacernos la guerra.
Independientemente de análisis teóricos sobre derechas “achoradas”, “bolsonaristas”, congreso golpista; agenda globalista, geopolítica, soberanismo, líderes e intereses mundiales; chinos, rusos, estadounidenses; demócratas o republicanos. Es imprescindible tener la claridad: El capital no tiene patria, solidaridad, compromiso con la democracia, sino oficinas, centros de operaciones y grupos serviles locales, a los que más les interesa dónde realizan sus intereses egoístas y no tanto velar por el bienestar del país en el que nacieron.
Más allá de las democracias de unos y las libertades de otros; de la mano invisible del mercado, invento pérfido cubierto bajo un guante, para favorecer a unos y maltratar a otros, el momento demanda una posición crítica, propositiva y constructiva, por la vida y por la paz.
La unidad de sectores y poblaciones es urgente. Además, es pertinente evitar los medios de distracción, desinformación y embrutecimiento colectivo, iniciando con modas, noticias, artes y deportes.
Constitución Política Vs. Directrices del Banco Mundial
Una opción irrenunciable, que debe tomarse y ser fortalecida, es defender y aplicar lo que las Constituciones nacionales establecen en todos los órdenes y oponerse con esta base, al Banco Mundial y sus directrices.
Todo oponente, individual o colectivo, se ve invencible, antes de verlo con claridad y tomar la decisión de enfrentarlo.
Es hora de reconocer nuestros poderes y convocarlos.
¿Quo Vadis Costa Rica? ¿A dónde vas Costa Rica? ¿A dónde te han traído? ¿A dónde te están llevando?
Se supone que toda empresa, toda institución y debería de ser así, todo país, debería de mejorar y de avanzar hacia mayores logros, mayor desarrollo y por ende, mejor calidad de vida y mejores condiciones para todos.
Tuvimos un país cuyos índices en desarrollo humano, en salud y en calidad de vida eran los mejores de América Latina e incluso mejores que muchos países de Europa.
Teníamos una educación y una salud publicas extraordinariamente buenas. Teníamos una economía estable y un tipo de cambio que nos permitía un poder adquisitivo que pocos países tenían.
Las instituciones estaban al servicio de la ciudadanía y eran eficientes ven brindar esos servicios.
La seguridad pública nos permitía vivir en paz y caminar sin peligro y a cualquier hora del día.
¿Qué cambió? ¿En qué momento sucedió? ¿Cuándo se acabó aquel Estado benefactor? ¿Por qué dejamos de ser lo que éramos?
Todo comenzó cuando algunos dijeron que el Estado era muy grande y que muchos de los servicios que el Estado brindaba tenían que ser trasladados a empresas privadas. Cuando se le hizo caso al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y el Consenso de Washington comenzó a ejecutarse. Y aquí tanto el Partido Liberación Nacional como la Unidad Social Cristiana abrieron los brazos para que se implementaran los Planes de Ajuste Estructural (PAE). Primero Luis Alberto Monge, luego Calderón Fournier, luego Figueres Olsen y ahí se abrieron todas las compuertas para que el Estado dejara de ser lo que era y el pueblo dejara de obtener los beneficios que teníamos. La salud pública se deterioró porque la salud privada tenía que ser fortalecida y la fortaleció la misma CCSS comprándole sus servicios pagando miles de millones de dólares. La educación pública se deterioró y porque la privada tenía que ser fortalecida. Y han tratado de desmantelar la CCSS y trataron de acabar con el ICE, el pueblo lo impidió entonces decidieron debilitarlo. Precisamente en gobiernos de Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana sucedieron hechos muy lamentables en contra de esas instituciones. Óscar Arias Sánchez, Miguel Ángel Rodríguez y su séquito causaron daños que hasta hoy no han podido repararse en esas instituciones.
Y desde luego que vino la corrupción galopante y vino el narcotráfico y vino la mala educación y vino la pobreza y la pobreza extrema y vino la migración del campo a la ciudad y esos politiqueros fueron los que fomentaron los tugurios para luego ofrecerles “bonos” y ganar votos.
Pero lo que más desgracia nos ha causado y que vino junto con todos esos males y porque todo eso se hacía que llegara y se quedara fue La INDIFERENCIA de la gente. El que no le importara nada de lo que sucedía. Permitimos que nos robaran, nos saquearan y nos despojaran de todo lo que teníamos bueno, incluso hasta de nuestra dignidad, porque nos despojaron de nuestro amor por esta patria.
Ha habido intentos por sacudirnos de esa oprobiosa corrupción política, pero los intentos han sido acabados, con la ayuda de la prensa y la indiferencia nuestra. Rodrigo Carazo, mal entendido, mal enjuiciado y mucho peor tratado, hizo lo posible, pero Liberación Nacional no podía permitir que lograra sus deseos y por ello impidió desde la Asamblea Legislativa que se dieran las cosas como tenían que darse.
Hoy no andamos muy lejos de eso. Y ahora hasta nos quitaron la posibilidad de protestar en las calles.
Dios quiera que no olvidemos la historia y que dejemos de lado la indiferencia y asumamos actitudes y conductas más patrióticas ante tanto filibustero que tenemos hoy en día.
¿Sabía usted -mi estimado y estimada lectora- que…?:
1.- ¿Qué desde 2007, existe una tendencia decreciente, de acuerdo con la variación interanual, de los recursos que se destinan a la educación pública costarricense, incluyendo la educación universitaria?
2.- ¿Sabía que solo para este ejercicio económico (2022) se hurtaron más de 600.000 millones de colones a la educación pública, a contrapelo del artículo 78 de la que en vida fue la Constitución Política de 1949 (qdep)?
3.- Tal vez lo sabe, pero si no, le recuerdo que, en este ejercicio económico, los recursos para la construcción, mejora y equipamiento educativo se disminuyeron en un 63.3%, que significan más de 14.000 millones de colones menos que en el año 2021.
4.- ¿Sabía, no lo dudo, pero por aquello de cualquier cosa, que se redujeron desproporcionadamente los recursos destinados a comedores escolares, transporte estudiantil, becas y otros, profundizándose cada vez más la desigualdad social y un modelo educativo excluyente?
5.- Sabía, mucho menos lo dudo, ¿Qué la educación es un Derecho Fundamental reconocido y tutelado en cualquier cantidad de Declaraciones y Pactos Internacionales de Derechos Humanos (DH)?
6.- ¿Sabía que la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre (1789) estableció que el olvido, la ignorancia y el menosprecio de los DH son la causa de las calamidades públicas y la corrupción de los Gobiernos?
7.- No lo dudo, usted y yo sabíamos lo que todos sabemos, mi estimado lector.
Pero la cuestión es: ¿Qué vamos a hacer para impedir que le pongan candados a las escuelas, los colegios y las universidades públicas?
Publicado en LA VOZ SINDICAL – SINDEU, compartido con SURCOS por el autor.
Luis Paulino Vargas Solís Economista, investigador CICDE-UNED
El artículo 77 de la Constitución es claro: el sistema educativo de Costa Rica está constituido por “sus diversos ciclos, desde la preescolar hasta la universitaria”. No se incluye el INA, los CEN-CINAI, ni esa extraña jungla de 50 instituciones, que, según la ministra Müller, ha de formar parte del presupuesto de la educación. En relación con el sistema educativo, según éste es definido por la Constitución, el artículo 78 es igualmente contundente, cuando ordena lo siguiente: “En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto…” (sic).
Pero, en fin, ¿cuánto es realmente el monto que se destina a la educación? Voy a basarme en datos que aparecen en un reportaje de la periodista Sofía Sánchez, publicado en el Semanario Universidad, cuya fuente es el propio Ministerio de Educación (MEP), y voy a combinar esos datos, con los correspondientes el Producto Interno Bruto (PIB) a precios de mercado (montos nominales). Obtengo así los porcentajes correspondientes a la ratio “presupuesto educación/PIB”, los cuales son como siguen:
Cuatro conclusiones básicas derivan de lo anterior:
Jamás se ha cumplido el mandato constitucional del 8% (un transitorio al artículo 78 de la Constitución ordena que, a partir de 2014, debía darse cumplimiento a esa disposición.
Los porcentajes tienden gradualmente a crecer hasta 2017. De 2018 en adelante vienen en retroceso.
El dato para 2022 nos hace retroceder al menos 10 años.
La Constitución está siendo violentada de modo flagrante.
Pero, consideremos también: ¿cuáles son las cifras que oficialmente se manejan?
Me remito de nuevo al reportaje de Universidad que ya mencioné. Según ahí se indica, y citando fuentes oficiales del MEP, los porcentajes dedicados a educación llegaron al 8,01% en el 2017 y 7,92% en el 2018. Y todavía se habla de 6,9% para 2021 y 6,4% en 2022. Estos datos difieren claramente de los que indiqué.
Si son correctos los datos sobre los presupuestos de la educación, que le fueron suministrados a Universidad por el propio MEP, y si también son correctos los datos sobre el PIB que publica el Banco Central, resulta entonces que los porcentajes que da el MEP son incorrectos.
¿A qué se debe eso? Una razón podría ser que los datos presupuestarios que aportó el MEP a la periodista de Universidad, corresponden estrictamente al sistema educativo, sin incluir las otras instituciones (INA, CEN-CINAI, etc.) que a la brava han metido en educación. Pero el propio reportaje de Universidad descarta esa posibilidad (supongo que lo hace con base en información oficial), al afirmar que el presupuesto reportado incluye las transferencias a las mencionadas instituciones.
En tal caso, el MEP simplemente está reportando porcentajes que son falaces. Y, si no lo son, les corresponde aclararle a la ciudadanía la forma precisa cómo los calcularon.
O sea, no solo se atropella la Constitución, y no solo se está aplicando tijera a lo bestia a la educación, sino que, encima de todo, se aportan datos confusos y contradictorios.
Luis Paulino Vargas Solís
Economista
Investigador CICDE-UNED
Primero: ¿qué dice la Constitución de Costa Rica?
Básicamente interesan los siguientes artículos:
Artículo 77: textualmente indica que la “educación pública” está conformada por “sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la universitaria”. Por ningún lado se admite que el INA, los CEN-CINAI y “alrededor de 50 instituciones” (Müller dixit) sean parte del sistema educativo.
Artículo 78: establece que el presupuesto destinado a la educación será un monto equivalente al 8% del PIB. Siendo que esa reforma constitucional fue aprobada en 2011, se daba tiempo hasta 2014 para cumplir con el mandato. Después de ese año, el presupuesto anual debía ser del 8%. Hoy, sin embargo, está en un 6%.
Artículo 84: entre otras cosas, igualmente importantes, este artículo ordena que: “El Estado las dotará [a las universidades] de patrimonio propio y colaborará en su financiación”.
Artículo 85: es un artículo muy largo, que contiene disposiciones muy importantes, entre las cuales corresponde destacar las siguientes: el Estado “dotará de patrimonio propio” a las universidades; las “rentas” asignadas a las universidades “no podrán ser abolidas ni disminuidas”, excepto si se las sustituye por otras mejores; los presupuestos, asignados según un plan quinquenal (que las universidades SIEMPRE han presentado) se ajustarán “de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda”.
Segundo: lo acordado
Los principales elementos del acuerdo son los siguientes: el presupuesto de la UTN se suma como parte del FEES; se toma como base el presupuesto de 2022 (un poco más de ₡559 mil millones, incluida la UTN); se concede un ajuste del 1% “por inflación”. Presupuesto total acordado para 2023: ₡564.791 millones.
Tercero: evolución del poder adquisitivo real del FEES
Si comparamos el dato para el año 2021, con respecto a 2017, veremos que, en términos de su poder adquisitivo real (descontada la inflación), el monto real del FEES tuvo, durante esos cuatro años, un pequeñísimo incremento de menos del 1% (un 0,95% para ser exacto).
Por su parte, una vez que consideramos la inflación, el FEES para 2022, sufre, de forma inevitable, una considerable contracción, tanto respecto del año 2017, como en relación con el año 2021. Podríamos hacer la estimación de formas diversas: suponiendo que la tendencia de la inflación observada a julio 2022, se mantiene igual para el resto del año, o imaginar diversas hipótesis, más o menos optimistas, que supongan una relativa moderación del ritmo inflacionario. En cualquier caso, la reducción real del FEES de 2022 oscilaría entre -6,3% y -7,9%, al comparar con los años 2017 y 2021.
Igualmente puede hacerse la estimación con respecto al valor adquisitivo real (descotada la inflación) del presupuesto acordado para 2023. El valor que obtengamos varía, dependiendo de los supuestos que asumamos, tanto respecto de la inflación para el resto de este año 2022, como los que establezcamos en relación con la inflación para 2023. Hice un ejercicio, imaginando que la inflación para el próximo año se modera (un 6% de inflación anual). En tal caso, obtengo estimaciones que, al comparar con 2017 y con 2021, muestran reducciones que oscilan entre -12,9% y -15,7%.
Comportamiento del FEES con respecto al PIB
Si comparamos el FEES con el PIB, sin incluir a la UTN (lo que esta agregaría sería aproximadamente un 0,85% del PIB), el porcentaje respectivo disminuye de un 1,39% en 2017 a 1,19% en 2022 (1,27% incluyendo la UTN). Lo acordado para 2023 implica que ese porcentaje disminuye a 1,11% (1,19% incluyendo la UTN), lo anterior con base en el dato del PIB que el Banco Central estima para 2023.
Conclusiones
Claramente ha quedado configurada una ruta que conduce al desmantelamiento de las universidades públicas.
Claramente la Constitución de Costa Rica está siendo convertida en papel higiénico, y sus mandatos están siendo sistemáticamente violentados.
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