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Etiqueta: El Coco

Contraloría no autoriza contratación relacionada con Acueducto Sardinal – El Coco – Ocotal

Confraternidad Guanacasteca envió a SURCOS un documento de la Contraloría General de la República con fecha de 24 de mayo del 2017 en el cual “Se deniega autorización para realizar contratación directa concursada y por urgencia para la ampliación y mejoramiento del Acueducto Sardinal – El Coco – Ocotal (Fase 2), por un monto de ₵1.500.000.000,00”.

La resolución expone una serie de consideraciones relacionadas con la disponibilidad del inmueble a utilizar, el contenido presupuestario, una situación de «precio incierto» y otras consideraciones.

Compartimos el documento:

DCA-1057 CGR Se deniega autorización…

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de http://tlc-no.blogspot.com/

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FECON denuncia el mayor retroceso en participación ciudadana de Costa Rica

Es la Sala Constitucional la que tiene como fin, entre otros, garantizar la supremacía de los derechos y libertades fundamentales, consagrados en la Constitución Política o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica. Pero de la Sala IV ¿quién nos ampara?

Recientemente la Sala IV rechazó un recurso de amparo que interpuso el Comité de Defensa del Agua de Sardinal por la falta de fiscalización social en los estudios técnicos para viabilidad socio ambiental del proyecto de Acueducto El Coco – Ocotal. Con este fallo de la Sala IV, Voto 1163 del pasado 27 de enero de 2017, se produjo el más peligroso retroceso de jurisprudencia socio ambiental al degradar al nivel constitucional el estatus de derecho humano a la participación en asuntos ambientales.

El coordinador de la maestría en derecho ambiental de la UCR, Mario Peña Chacón, considera que “probablemente sea la primera vez que la Sala Constitucional elimina el estatus de derecho fundamental a un derecho previamente reconocido y ampliamente desarrollado».

Álvaro Sagot, profesor de derecho ambiental y ecologista, considera que este voto es “una regresión ambiental, evidente y manifiesta, del derecho humano a la participación en asuntos ambientales. Con este reciente y peligroso Voto Constitucional, los magistrados eliminan la relevancia de rango de derecho fundamental al derecho de participación, y para mí en banda el de información también, rompiendo con la línea jurisprudencial que tenía desde hace 15 años y con lo dispuesto en declaraciones internacionales como Río 92 entre otras”.

Para FECON este voto es el peor retroceso de la Sala IV en materia socio ambiental desde su creación, pues convierte las declaraciones internacionales en la práctica en “letra muerta” al considerar el tema de la participación como un tema de legalidad y no de constitucionalidad. La principal consecuencia del fallo es que la participación ya no sería más objeto de tutela desde la jurisdicción constitucional, debiendo acudirse a partir de ahora directamente a la jurisdicción ordinaria (en este caso la contenciosa administrativa) para hacer valer este derecho de rango «legal».

Para FECON es inaceptable pues hay que tomar en cuenta que la jurisdicción contenciosa administrativa, a diferencia de la constitucional, implica para la ciudadanía altos costos monetarios entre otros, requiere de patrocinio letrado mediante la participación de un abogado durante todo el proceso y además, existe la posibilidad de condena en costas personales procesales para la parte perdedora. Esto lo que haría en la práctica es dejar cientos de casos de disputas ambientales en las vías de hecho aumentando la conflictividad socio ambiental en el país.

El presidente de FECON Mauricio Álvarez se preguntó: “¿Quién nos ampara de la sala? ¿Quién nos ampara de las injusticas de la justicia cuando estamos en presencia de una resolución totalmente política y no técnica? La Sala acomoda la constitución y los convenios internacionales a un modelo económico e ideológico y no lo contrario, como lo hizo con la reelección presidencial, el TLC, etc”.

Los ecologistas valoran acciones a tomar, pues el fallo además contradice ampliamente el artículo 9 de la Constitución que dispone que “el Gobierno de la República sea popular, representativo, participativo, alternativo y responsable”. Además, llama la atención de que la Sala y el Estado cierran las vías constitucionales a muchos de conflictos socio ambientales, que sus mismas acciones, omisiones y políticas crean dejando las vías de hecho como legítimas para cambiar políticas, acciones administrativas y decisiones que afectan al ambiente y limitan la existencia de otras visiones de desarrollo posible para las comunidades, país y el mundo.

Mauricio Álvarez, presidente FECON, 88709165

 

Enviado a SURCOS por FECON.

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Confraternidad Guanacasteca cuestiona declaraciones de presidenta ejecutiva de AyA con respecto al Proyecto Sardinal

El domingo 13 de noviembre, en el periódico La Nación se publicaron declaraciones de Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva de AyA, sobre el proyecto Sardinal.

En criterio de Confraternidad Guanacasteca, la presidenta ejecutiva de AyA debe aclarar si existen vínculos privados en la toma de decisiones con respecto al Proyecto, pues aseguran que el sábado 12 de noviembre sostuvieron una reunión con Astorga para dialogar sobre el tema y la conversación tuvo un rumbo diferente.

Según la agrupación, en el Informe de la Contraloría General de la República – DFOE-ED-22-2008 del 21 de noviembre 2008, se detalla que el AyA no fue quien construía el proyecto de Sardinal, era el grupo COCOWATER, cuyo abogado era el Lic. Pedro Muñoz, hoy presidente del PUSC; por otra parte, desconocen quién financia y pretende la construcción del proyecto de acueducto desde Sardinal para El Coco y Ocotal, temen que es por parte de un fideicomiso privado.

Para Confraternidad Guanacasteca resulta confuso el hecho de que el AyA esté trabajando con recursos públicos, en estudios, viabilidad, diseño y demás aspectos, de un proyecto privado.

Sostienen que Ricardo Sancho entregó en una ocasión, 4.129 pajas de agua a los empresarios de Cocowater, lo cual les genera dudas con respecto a los convenios y arreglos que pudieron haberse concretado entre estos empresarios y la señora Astorga.

Confraternidad Guanacasteca cree necesario que la presidenta de AyA responda las siguientes preguntas:

¿Cuál es la relación de Astorga con el grupo Mapache o Cocowater o GWP o el fideicomiso privado que pretende terminar esa obra?

¿Cuánto dinero público gasta en un proyecto privado?

“Entendemos las necesidades y los problemas creados por la escasez de agua, en la zona costera de Playas del Coco, Ocotal, Playa Hermosa y Playa Panamá.

Lo advertimos antes que nadie y la Sala Constitucional, ordenó al AyA y al MINAE, proteger esos acuíferos costeros (voto 2008 – 014092). ¡No lo hicieron!”, manifestó la agrupación guanacasteca.

Queremos un desarrollo ordenado

Para Confraternidad Guanacasteca se deben esclarecer los siguientes puntos:

  • La Municipalidad está terminando de hacer el Plan Regulador y AyA no lo toma en cuenta
  • No cumplieron lo ordenado por la Sala IV y la culpa y responsabilidad es de AyA y de otras instituciones
  • Causaron la salinización del acuífero de Playa Panamá, mediante la sobreexplotación
  • Hasta hoy en día, AyA opera el acueducto, enviando agua sucia y no potable, lo que viola las leyes vigentes
  • Los pozos están severamente contaminados. Los análisis oficiales dicen: “Las concentraciones de Calcio, Cloruros, Hierro, Dureza Total, Sulfatos y Magnesio, no cumplen con el Reglamento para la Calidad del Agua Potable 38924-S”

“Exigimos que la señora Astorga, cumpla con su promesa de hacer un nuevo estudio, según Reglamento de SENARA y con participación de todos. Cumpla con las leyes vigentes, asuma sus responsabilidades sobre los daños ocasionados, o renuncie a su puesto.

Desarrollo sostenible, planificado y construido, con y para el pueblo. Eso queremos en Guanacaste”, manifestaron.

 

Comité Pro Defensa y Conservación del Agua de Sardinal

Asociación Confraternidad Guanacasteca

 

Contactos

Eunice 6142-3774

Gadi 2672-0238

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Confraternidad Guanacasteca.

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Sala Constitucional acoge a trámite recurso de amparo contra AyA por salinización de aguas en Playa Panamá

  • Expediente 16-16309

 

En la acción se acusa a ese instituto y a su representante de no cumplir con voto 2008 – 14092 de Sala Constitucional, para proteger los mantos acuíferos costeros de Playas Ocotal, El Coco, Hermosa y Panamá, todas del cantón de Carrillo.

Según la Asociación Confraternidad Guanacasteca, se ordenó hacer estudios y tomar medidas “porque los acuíferos costeros son sumamente vulnerables”. Los estudios se hicieron, pero no se respetaron, en clara desobediencia a la Sala Constitucional y en total violación a un ambiente sano y equilibrado.

Por causa de la baja en las lluvias, disminuyó la recarga. Sin embargo, no se tomó ninguna medida de racionamiento.

Esta falta de control, produjo la sobre explotación de este acuífero, se inició un proceso de salinización y envenenamiento, con magnesio, cloruros, calcio, hierro, sodio y sulfatos, en cantidades muy superiores a los máximos establecidos en el decreto que regula la calidad del agua.

“Acueductos y Alcantarillados, lo descubrió, hace muchos meses (antes de octubre 2015), pero hasta el día de no detuvo la explotación de varios pozos que alimentan el acueducto que ellos administran; los siguen explotando, abasteciendo de agua salada y contaminada a los usuarios de ese acueducto.

Creemos que este recurso de amparo, evitará que se repitan los hechos en otras playas y zonas costeras que están en peligro.

Solicitamos se condene a los responsables de la salinización del acuífero, al pago de costas, daños y perjuicios”, manifestó Confraternidad en el correo difundido en días pasados.

*Para más información, copia de documentos, entre otros, escriba al correo electrónico: confraternidad_gte@yahoo.com

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de ecosistemasdecostarica.blogspot.com

Enviado a SURCOS Digital por Asociación Confraternidad Guanacasteca.

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