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Etiqueta: elecciones 2026

Hay momentos en que la unidad por Costa Rica está por encima de cualquier diferencia ideológica

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Un llamado a los partidos políticos y a las fuerzas democráticas

Desde mi óptica particular, hoy más que en cualquier otro momento de la Segunda República (es decir, después de 1948 hasta esta parte), es urgente que, los partidos democráticos busquen la mayor unidad entre ellos; todos los líderes de los partidos políticos que reconozcan que nuestra institucionalidad democrática está en peligro de debilitarse o sufrir agrietamientos están convocados.

La democracia costarricense ha sido puesta en peligro, por el gobierno que encabeza Rodrigo Chaves y por el partido que nos gobierna, a cuya cabeza se encuentra la candidata Laura Fernández del Partido del Pueblo Soberano. La acusación no es para nada gratuita. Además, hoy la candidata del partido del Pueblo Soberano sigue la ruta de Chaves con férrea docilidad. Pondré ejemplos incuestionables.

¿Por qué Rodrigo Chaves (actual presidente) y Laura Fernández (candidata a la presidencia por el PPSO), amenazan las instituciones democráticas que ameritan la más amplia unidad de los partidos democráticos y progresistas?

Hay una larga lista de actitudes y medidas del gobierno actual, encabezado por Chaves como presidente y entre otros por Laura Fernández, por haber ejercido los ministerios de la presidencia y planificación, que han golpeado las bases de nuestras instituciones democráticas y la credibilidad de muchos conciudadanos en ellas.

Actitudes en contra de principios democráticos y de la cultura democrática de los costarricenses

Juzgo que, el mayor golpe del actual presidente contra nuestros valores, la cultura y los principios democráticos ha quedado patente en cada una de las conferencias de prensa de los miércoles, de las que se han servido él y muchos de sus ministros para agredir en forma verbal y frecuentemente, a los demás poderes del estado y sus miembros; menciono en particular a la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General como representante legal del estado y la Fiscalía General.

No me refiero al derecho que le asiste a cualquier ciudadano, incluido desde luego al presidente, de manifestar su crítica por dura que sea contra los demás poderes del estado, cuando hayan incurrido en alguna equivocación o error. No, la crítica contra cualquier poder del estado es parte inalienable de la democracia. Lo que quiero puntualizar es el vocabulario soez, burlesco, vulgar y procaz al que nos tiene acostumbrados Rodrigo Chaves y la mayoría de sus ministros acólitos; lenguaje que, toca el corazón de la ética democrática. Un presidente puede ser firme, pero no arbitrario, ni prepotente. La democracia no es equivalente al silencio ni menos a la sumisión. Pero quien asume la primera magistratura del estado, no habla a título personal, cada palabra o gesto suyo encarna el peso de la institución que representa. Chaves ridiculiza, apela al sarcasmo o al insulto y la ridiculización humillante, con lo cual pretende socavar la legitimidad de los demás poderes de la República, cada vez que lo hace.

En efecto, Chaves con su lenguaje chabacano y confrontativo, no ha hecho sino alimentar la lógica de “enemigo del pueblo”, fomenta la polarización social y debilita el principio del estado democrático de pesos y contrapesos, que es clave en el Estado de Derecho. El presidente Chaves y con él Laura Fernández en calidad de ministra, y ahora como candidata, no han hecho sino traspasar la barrera que diferencia la crítica sana, el respeto mutuo y el poder de la ley para ofrecer un mensaje peligroso que fomenta el conflicto, el “populismo comunicacional” y la cultura cívica. En suma, un presidente puede ser firme sin ser ofensivo, puede ser crítico sin ser vulgar, y finalmente ser directo sin ser burlón.

Insultos y descalificaciones a legisladores y miembros de otros poderes

En sus discursos ante la Asamblea Legislativa hemos encontrado frases como: “idiotas en el Congreso”, “Corruptos como Carlo Díaz” (fiscal general), o el “matonismo de Carlo Díaz” en forma despectiva; también ha dicho “el TSE está haciendo cosas inauditas” en tono de burla; en otro momento arremetió en forma despectiva para ante la contralora diciendo que “la Contralora está sentada en la galleta”, cuando lo que ha habido son diferencias y llamadas de atención frente al proceder del jefe del poder ejecutivo y ministros suyos; “Me importa un pepino” usó decir en otra ocasión frente a sus críticos.

En su tercer informe de labores afirmó que: “Es absurdo demandar respeto para los demás poderes de la República”, porque según Chaves “…están cosechando lo que sembraron”, o sea, los miembros de los demás poderes no merecen respeto.

En el uso de las redes sociales, Chaves ha admitido que le dio un “me gusta” a publicaciones con insultos tales como: “ratas asquerosas”, “buitres”, “payasos”, “retrasados mentales” en contra de opositores y contrapesos políticos. A veces no ha sido quien escribió los insultos de su propia mano, pero al darles un “me gusta” ha contribuido al tono ofensivo que lo caracteriza para tratar a aquellos que lo adversan y emplear el lenguaje propio de quien quiere normalizar la arenga politiquera y no el respeto desde la presidencia de la República. Algo ha ido aprendiendo Laura Fernández al respecto del lenguaje procaz y vulgar.

El lenguaje empleado para ante la Corte Suprema de Justicia es de antología, al argüir que “La Corte Suprema de Justicia es una vergüenza nacional”. Y, luego agregó que “ni la Corte, ni la fiscalía general buscan justicia”. Todo esto ocurrió a propósito de la petición del desafuero por parte de la Corte para el presidente Chaves.

Medidas o decretos rayanos en la inconstitucionalidad

La Sala Constitucional declaró inconstitucionalidades parciales contra decretos que buscaban por parte del presidente endurecer la política migratoria o de asilados. Ha sido una tradición de Costa Rica el ejercicio de la solidaridad contra asilados, sean asilados políticos o no. Algunas disposiciones de Chaves Robles se orientaron a “prohibir el libre tránsito” y la “libertad de movimiento”, los cuales están reconocidos en nuestra Constitución y en tratados internacionales como La Convención Americana de Derechos Humanos”. Por eso, la Sala Constitucional hubo de enmendarle la plana a decretos de la presidencia de la República. Pero el Estado debió ser sancionado, porque al aplicarlos ocasionó daños y perjuicios contra personas individuales. El Estado fue entonces condenado a pagar daños y perjuicios ante la aplicación de dichas normas. Para mayor abundamiento diré que para aplicar restricciones fundamentales a la libertad de movimiento o al derecho de asilo es requisito que la Asamblea Legislativa apruebe una ley expresa. Pero, aclaro que, tal requisito, el poder ejecutivo dirigido por Chaves se lo saltó.

Por otor lado, el gobierno derogó por decreto la declaratoria de interés cultural de la Marcha del Orgullo y la Diversidad (2024). La Sala consideró que la acción del ejecutivo había sido abrupta, arbitraria y sin fundamento legal ni técnico. Tal derogatoria resultaba a todas luces discriminatoria contra un grupo de personas históricamente discriminado.

Encontramos también más recientemente, la negligencia y el desdén del poder ejecutivo a ejecutar partidas del presupuesto, debidamente aprobadas por la Asamblea Legislativa para instituciones de seguridad ciudadana, tales como el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público. El ejecutivo se negó a girar un monto de nueve mil millones de colones orientados a fortalecer la capacidad del OIJ y del Ministerio Público, específicamente para financiar plazas nuevas de investigadores, fiscales y técnicos necesarios para combatir la criminalidad. Hacienda justificó su renuencia a girar los fondos alegando que se habían destinado al pago de la deuda pública, incurriendo probablemente en el delito de peculado o desvío de fondos públicos aprobados por la AL con un destino específico. El presidente del Poder Judicial advirtió con claridad que tal decisión afecta la capacidad operativa del OIJ y del Ministerio Público para actuar contra la criminalidad, ya que sin esos recursos no se puede contratar el personal, pues no se podrán activar las plazas aprobadas por el Poder Legislativo. Se trató de una decisión arbitraria por parte del ministerio de Hacienda y del propio Poder Ejecutivo. Creo conveniente aclarar antes de proseguir que, ciertamente la Constitución y la ley fiscal de nuestro país permiten que el Ejecutivo decida la ejecución presupuestaria, pero igualmente, señalan que usar esa prerrogativa con fines claramente politiqueros, dejando sin ejecución partidas urgentes aprobadas por la AL, genera una situación de “arbitrariedad institucional que debilita la separación de poderes…” especialmente cuando se trata de servicios esenciales como la seguridad pública.

Me interesa de manera particular, poner en claro cómo fue que el actual gobierno se separó del acuerdo de Escazú, un tratado internacional, cuya aprobación se produjo en Escazú, Costa Rica. Al respecto desde la perspectiva del Derecho Internacional, encontramos que: “Cuando un Estado firma un tratado y luego decide no ratificarlo o entorpece su implementación, puede estar incumpliendo la obligación de buena fe internacional bajo la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que exige que las partes actúen de forma coherente con los compromisos internacionales que han asumido (incluso en procesos de ratificación). Esto puede generar responsabilidad internacional –aunque no tenga efecto inmediato en el derecho interno costarricense mientras el tratado no esté ratificado. – Costa Rica fue sede y uno de los países impulsores de Escazú. El hecho de que hoy no lo ratifique -y que el Ejecutivo comparta esa posición- ha sido interpretado por expertos y por organismos internacionales como un retroceso en materia de transparencia ambiental, acceso a la justicia y participación ciudadana, pilares del tratado. (El Observador. El texto resaltado es del original).

Hay mucho más, pero por ahora espero que lo señalado sea suficiente para probar el autoritarismo, la arbitrariedad y el espíritu anti democrático conforme al cual ha actuado tanto el Presidente Chaves como la candidata Laura Fernández.

Unidad por una Costa Rica que continúe fortaleciendo la institucionalidad democrática

Señalo que fue mi hermano, el sociólogo Roberto Salom uno de los primeros que se pronunció antes de que los partidos políticos hubiesen consolidado sus candidaturas, en favor de trabajar por la consolidación de una alianza democrática y progresista. Los contactos que realizó no fructificaron. Excepción calificada fue la de los partidos Agenda democrática y Acción Ciudadana. Los cuales, por su propia iniciativa, ante el desinterés de los demás en forjar esta unidad amplia, hicieron lo propio creando la “Coalición Agenda Ciudadana” encabezada dignamente por la Arquitecta Claudia Dobles, cuya inteligencia, don de gentes y liderazgo le han permitido desenvolverse en esta campaña con gran éxito. Al poco tiempo se les sumó el “partido Republicano Calderonista”.

En esa misma dirección, diez partidos firmaron un pacto cuya iniciativa fue prohijada por instituciones de la UCR y organizaciones de Sociedad Civil; podría llamarse este pacto, “un acuerdo ético-político por Costa Rica”. Diez partidos políticos dijeron presente en el lanzamiento del “Acuerdo Nacional contra la Desinformación y el Odio” celebrado el 31 de octubre del 2025. El pacto fue firmado por diez organizaciones políticas que son: Aquí Costa Rica Manda, Coalición Agenda Ciudadana, Partido Alianza Costa Rica Primero, Partido Centro Democrático y Social, Partido Esperanza Nacional, Partido Frente Amplio, Partido Liberal Progresista, Partido Liberación Nacional, Partido Nueva Generación y Partido Progreso Social Democrático.

Todavía se pueden promover acuerdos puntuales como es una colaboración entre todos en el conteo de los votos, tanto cuando se cierren las urnas, como después en el conteo de los votos en el TSE que es muy cuidadoso. Se podría establecer un acuerdo de colaboración para movilizar electores de los otros partidos políticos. Y, desde luego, si hubiese segunda ronda un acuerdo para apoyar a aquel partido o coalición que vaya a participar en estas lides. Todo esto y más puede anticipar las condiciones para una agenda común parlamentaria, que no impida a cada partido mantener sus propios puntos, los cuales puede negociar con otros grupos parlamentarios.

Antivoto, conflicto social y salud mental

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por Vilma Leandro Zúñiga
Psicóloga

Como si no estuviéramos en tiempos difíciles ya de por sí, encima hay «eruditos» que salen a decir en qué estado de ánimo hay que ir a votar y con qué lógica: que la razón, que la esperanza, que la alegría, que la fiesta electoral, que el miedo, que no hay que votar en contra sino a favor… y un largo etcétera.

Las recomendaciones no tienen nada de malo, pero los juicios e imposiciones morales estilo «cátedra política» no nos lucen mucho en este escenario tan dramáticamente difícil y peligroso.

Que lo ideal sería ir «feliz de la vida» a votar por la opción decidida, pues sí. Pero hace mucho rato dejamos de estar ahí, y, como en otras elecciones lo he dicho, estamos «padeciendo» el voto.

En psicología sabemos que el conflicto es parte inherente a la naturaleza humana. Y que el primer paso para resolverlo es reconocerlo y tratar de descifrar adonde está el núcleo. También sabemos que se da en todas las esferas: a nivel interno, de pareja, familiar, laboral, comunitario y, por supuesto, social/nacional.

Podríamos decir que en este momento nuestro país está atravesando una alta conflictividad social. Si en el 2007, con el TLC y, en el 2018, con las elecciones de los Alvarados estuvimos “como agua para chocolate”, ahora, me temo, sí es cierto que el país se quebró, sobre todo, porque tenemos casi 4 años de estar vivenciando discursos y acciones en las altas esferas políticas que no solo promueven el odio, la división y el irrespeto, sino que además predican con el ejemplo. Y encima, esa ha sido su estrategia imparable de campaña. De manera que era imposible que no llegáramos a esta parte bastante fracturados.

Hay investigaciones de psicología social y política que indican que, en este tipo de escenarios, las personas suelen sentirse mal, con miedo, con mucho enojo, con tristeza, con cansancio emocional, con sobre pensamiento (tener ideas fijas a cada rato que se vienen a la mente) con angustia que deriva en crisis de ansiedad y todo su correlato con síntomas físicos: dolores de cabeza, insomnio, afectaciones estomacales, incluso con episodios de llanto, etc. En general, se puede generar un gran malestar que hace que la gente no ande bien y no pueda funcionar como siempre, ni en el plano emocional, ni en el del pensamiento.

Digo todo esto porque si se han sentido mal en estos días y, especialmente, cuanto más cerca están las elecciones, pues están reaccionando de la forma más natural y esperada, ya que, como ya dije antes, la situación que enfrentamos es tremendamente delicada.

Se trata de definir qué país queremos en una coyuntura donde tenemos la vida amenazada de muchas formas y como nunca antes: desde la violencia en las calles desatada por el narco, hasta las listas de espera interminables de la Caja ( si alguien se enferma grave sabe que le toca un largo viacrucis), pasando por las «geniales» propuestas recientes de suspender las garantías individuales, lo cual es absolutamente grave y ya colocarnos sin tapujos en el camino de cualquier dictadura promedio de la región.

Yo quiero decirles que si ustedes son de las personas que no desean el continuismo y están abrumados, con estado de ánimo cambiante (de tristeza a miedo, de miedo a esperanza, de esperanza a enojo, etc.) ni están «mal de la cabeza», ni tienen problemas psicológicos, ni nada por el estilo. Son ciudadanía responsable, con un alto compromiso cívico, que aman esta patria, conocen y valoran la historia del país sabiendo cuánto pesa en lo que hemos sido como nación.

También se vale el antivoto, es decir, ir a votar en contra de algo, en contra de un proyecto de país considerado como amenaza a lo deseado. Lo fundamental es ejercer ese sagrado derecho al sufragio. Sería lindísimo que todo el mundo fuera a votar a favor de una candidatura que siente que le representa, pero eso no siempre va a ocurrir. La gente hace sus valoraciones y hay que respetarlas. Todos los votos cuentan: los emitidos con una gran convicción y los que se hacen con la lógica para evitar el mal mayor. Que ahora tiene un rostro prosaico de populismo con altos niveles de autoritarismo y de engaño.

Lo personal es político. Por eso las elecciones nos pueden descolocar, y eso no es necesariamente negativo, habla bien de nosotros, de nuestra humanidad, de que aun somos gente que nos preocupa e interesa el bien común y la reserva democrática que todavía tenemos y que es, ni más ni menos, lo que está en juego.

Costa Rica no se mira desde la ventana

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Glenm Gómez Álvarez
Sacerdote y periodista

Costa Rica se prepara para celebrar elecciones presidenciales en un clima marcado por el cansancio, la desconfianza y la queja que se ha vuelto casi permanente. Se reclama mucho —a veces con razón—, pero cada vez con más frecuencia desde la distancia, como si la democracia fuera un espectáculo ajeno y no una tarea que nos compromete a todos. Nos quejamos del rumbo del país, de la clase política, de las decisiones que se toman, pero al mismo tiempo crece la tentación de desentendernos, de reducir la participación democrática a la crítica o, peor aún, a la indiferencia.

El papa Francisco afirmaba que, aunque la democracia tiene dificultades para asumir el tiempo presente, posee un valor inherente e indudable: el de estar juntos. Y estar juntos no es una emoción pasajera. Estar juntos es participación. Es asumir que los problemas que enfrentamos no son de otros, sino nuestros; que afectan a todos y, por tanto, nos reclaman a todos. No es casual que en la palabra participar encontremos el verdadero sentido de lo que es la democracia.

Nuestra participación democrática, por supuesto, no se agota en el voto, pero tampoco puede prescindir de él. El voto no es un gesto menor ni un trámite burocrático: es la forma concreta de decir “estoy aquí”, “me importa”, “asumo mi parte”. Cuando la queja sustituye al compromiso, la democracia se vacía y el tejido social se desgasta. Por eso el Papa advertía con claridad: “Balconear, quedarse en la ventana ante lo que ocurre a nuestro alrededor no solo es éticamente inaceptable, sino que tampoco es sabio ni conveniente” (Francisco, Trieste, 06-julio-2024).

Balconear es mirar sin implicarse, opinar sin cargar con las consecuencias, exigir sin asumir responsabilidades. Es cómodo, pero profundamente injusto con el país y con las generaciones que vienen. Y no es solo un problema político: es un problema ético.

El Evangelio va todavía más lejos. Jesús insiste en el cuidado del otro, en la responsabilidad compartida, en no pasar de largo frente a la realidad que duele. Ese “preocuparse por los demás” no es una devoción privada ni una actitud piadosa sin consecuencias; es una manera concreta de ser persona y de vivir en sociedad. Desentenderse del destino común no es neutralidad: es abandono.

Por eso, en estas elecciones, ir a votar no es solo un derecho. Es un acto de responsabilidad moral. Es una forma concreta de decir que creemos en el país, que no renunciamos a él, que no lo dejamos en manos de otros mientras nos refugiamos en la queja. No votar es, en el fondo, seguir balconeando. Y Costa Rica no necesita más espectadores. Necesita ciudadanos presentes, conscientes y valientes.

Este domingo, no te quedés en la ventana. Bajá al camino común. Andá a votar.

Compartimos el video con este mensaje.

Óscar Aguilar Bulgarelli anuncia su voto y llama a reconstruir la paz y la concordia

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El historiador y analista de la realidad nacional Óscar Aguilar Bulgarelli compartió públicamente las reflexiones que lo llevaron a definir su voto de cara a las próximas elecciones nacionales, en un mensaje dirigido a la ciudadanía en general y, en particular, a quienes se sienten indecisos.

Aguilar inicia su intervención subrayando que el país necesita recuperar la paz, la concordia y el respeto, advirtiendo que el odio y la confrontación no permiten construir soluciones duraderas. A su juicio, Costa Rica enfrenta el reto de reconstruir la patria, una tarea que exige diálogo, serenidad y un reencuentro con los valores que hicieron del país un referente regional.

Tras señalar que ha revisado los programas de gobierno y las trayectorias de diversas candidaturas, el historiador rechaza la idea de que “no hay por quién votar”. Por el contrario, enumera a varias personas que, desde su perspectiva, cuentan con preparación, trayectoria y compromiso democrático, y afirma que cualquiera de ellas podría merecer el respaldo ciudadano. Sin embargo, plantea que en el contexto actual resulta clave respaldar a quien tenga la capacidad de enfrentar electoralmente al chavismo, al que responsabiliza de una campaña basada en el insulto y la confrontación.

En ese marco, Aguilar Bulgarelli anuncia que ha decidido dar su voto a Álvaro Ramos, a quien describe como una persona con coraje, carácter y solvencia ética para asumir los retos del país. Aclara, no obstante, que su mensaje no busca imponer una decisión, sino invitar a la ciudadanía a votar con libertad y responsabilidad, poniendo por delante el interés nacional.

El historiador dedica también un llamado de atención especial a la elección de diputaciones, exhortando a la población a revisar con cuidado las papeletas legislativas y a evitar que la Asamblea Legislativa se llene de personas cuestionadas judicialmente. En ese sentido, reconoce el trabajo realizado por la fracción del Frente Amplio, a la que atribuye haber postulado personas estudiosas y decentes en sus listas.

Finalmente, Aguilar Bulgarelli reitera que sí hay opciones democráticas y que el principal deber ciudadano es acudir a las urnas, elegir con conciencia y contribuir a un proceso electoral que permita al país salir de la confrontación y recuperar un clima de convivencia democrática.

Los peligros del populismo

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Jairo Isaías Garro Chavarría
Historiador, miembro de la Asociación Costarricense de Profesionales en Historia

Cada periodo electoral supone una invitación particular al análisis y la reflexión. Los cuatro años en los que transcurre una administración política representan la apertura de un escenario en el que se desenvuelven actores y conflictos que van modelando a las fuerzas que luego se disputan la llegada al Ejecutivo.

En 2014, la discusión giraba en torno a la continuidad o no del modelo bipartidista en el que se había inmerso Costa Rica desde aproximadamente 1978. El 2018 abrió espacios para considerar la forma en que aumentaba el peso de grupos religiosos neopentecostales al interno de la política nacional, respondiendo a una dinámica que empezaba a visibilizarse con mayor fuerza a nivel regional. En 2022, podía visualizarse cómo se acentuaba cada vez más el rol de los discursos anti-establishment, caracterizados por ser confrontativos, con la aparición de figuras mesiánicas que asumían un cargo presidencial frente a otras organizaciones o grupos vistos como tradicionales.

Pero, en la previa a las elecciones que tendrán lugar el próximo 1 de febrero, ¿qué rol podría jugar el nuevo auge que han recibido los populismos en los últimos años a nivel no solo local, sino regional? ¿Describe este fenómeno la actual coyuntura electoral?

Primeramente, es necesario conceptualizar qué entendemos cuando hablamos de populismo y algunos aspectos clave para considerar en su discusión. Desde la perspectiva de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, el populismo no es ni una ideología política, ni un régimen específico. Este refiere a una lógica sobre la que se impulsa una forma particular de hacer política, la cual construye una idea relativamente homogénea de «nosotros» (entendido como “el pueblo”) frente a un antagonista o enemigo común que es quien está detrás del status quo.

Su historia, particularmente en América Latina, pasa por tres fases: un periodo inicial, marcado por las administraciones de Lázaro Cárdenas en México, Getulio Vargas en Brasil y Juan Domingo Perón en Argentina; luego otra en la década de los noventa con Fernando Collor de Mello en Brasil nuevamente, Alberto Fujimori en Perú y Carlos Menem para el caso argentino; y, por último, aquellas expresiones que han tenido lugar en el siglo XXI.

En la actualidad, los nuevos populismos mantienen algunos aspectos esenciales, pero también adoptan otros que los distancian de sus predecesores. Por un lado, estos se presentan bajo la forma de los llamados liderazgos de mano dura, que tienden a enfatizar problemáticas como la inseguridad, pero sin profundizar en los mecanismos sociales que la producen. Tienden a reproducir discursos que van en contra de algunas de las instituciones democráticas presentes en nuestras sociedades, señalando la existencia de una “casta política” arraigada en su manejo y gestión, que debilita la capacidad de actuar sobre los conflictos que afloran en el país. Desincentivan la inversión social como medida preventiva y atacan a espacios críticos del poder y la forma en que este se ejerce sobre el pueblo. Promueven la idea de un pasado idílico, carente de conflicto y crispación social, al cual solo se puede llegar a través de su puesta al mando. Cortan las posibilidades de diálogo e interlocución con otras instituciones, intentando reducir la cantidad de contrapesos políticos a los organismos en que se desarrollan.

Mencionados estos aspectos, los mismos pueden servir para advertir algunos de sus peligros en la sociedad actual. Una forma de frenar su avance e instalación, para el caso costarricense, radica en aceptar el diálogo como parte constitutiva de nuestro modelo político; la defensa de las instituciones y del proyecto solidario que debería caracterizar el devenir de la política electoral del país. Si entendemos al voto como un mecanismo de transformación, a través del cual nosotros como conjunto podemos actuar sobre la toma de decisiones, lograremos alcanzar muchas de las tareas aún pendientes en la Costa Rica del siglo XXI.

Frenemos la continuidad de la corrupción y la destrucción ambiental

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Razones ambientales para NO votar por Laura Fernández Delgado

Desde la Federación Ecologista (FECON) nos sumamos al llamado a “Salir A Votar” en contra del continuismo extractivista, contaminante y machista. Este próximo domingo 1ero de febrero salgamos a hacerle frente al autoritarismo, la erosión de la institucionalidad democrática y la depredación ambiental promovida por el oficialismo.

La continuidad que representa Laura Fernández implicaría más retrocesos en materia ambiental como los que ha impulsado el actual gobierno de Rodrigo Chaves. Consideramos que su Partido Pueblo Soberano y sus aliados, representan una seria amenaza a la independencia de los poderes de la República, a los derechos fundamentales de la población costarricense (sobre todo de las mujeres) y a la participación activa y visible de las personas en los movimientos sociales. Todos estos elementos son imprescindibles para la defensa de los territorios, las Áreas Silvestres Protegidas, la Zona Marítimo Terrestre, los ecosistemas frágiles, el derecho al agua, los ríos, las semillas, las comunidades y la vida en general, por lo que es necesario cuidarlos ante la amenaza del continuismo.

Hacemos un recorrido no exhaustivo de la herencia ambiental de Rodrigo Chaves, con algunas de los principales retrocesos en materia socioambiental de su gobierno:

Más residuos de plaguicidas en el agua potable

Uno de los retrocesos más graves promovidos por este gobierno ha sido el aumento de los niveles permitidos de plaguicidas en el agua para consumo humano por medio del Ministerio de Salud (MinSa), lo cual no solo significó la desprotección del agua y los ecosistemas que dependen de ella, sino también de la salud pública en Costa Rica. Es así como en julio del 2024, el MinSa modificó los parámetros de presencia del fungicida Mancozeb en el agua de consumo humano tras el derrame de 17 000 litros de veneno en el río Barranca, que alcanzaron los sistemas de distribución de agua potable del AyA en concentraciones hasta en niveles 60 veces superiores a los permitidos hasta ese momento. A esto se sumó la afectación de miles de personas en Cartago, cuando sus fuentes de agua se vieron contaminadas con metabolitos del fungicida clorotalonil. Ante esta situación, nuevamente el MinSa respondió elevando los límites máximos permitidos de residuos del clorotalonil y varios otros plaguicidas en agua para consumo humano, esta vez modificando el Reglamento para la Calidad del Agua Potable por medio del Decreto Ejecutivo No. 38.924-S.

Restricción de la participación ciudadana en materia ambiental

Otro hecho muy cuestionable y preocupante de este gobierno fue en torno al debilitamiento de la participación social en temas ambientales. En el 2023, a partir del decreto ejecutivo N 44020-MAG, el gobierno de Chaves excluyó sin consulta previa a la Red de Coordinación en Biodiversidad de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), comisión que tramita permisos de liberación de organismos transgénicos en el país. El decreto, además, introdujo a un representante de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) como parte de esa comisión, favoreciendo así los intereses de las grandes transnacionales de agroquímicos y transgénicos y de los empresarios que conforman la CNAA, según denunciaron miembros de la Red de Coordinación en Biodiversidad. Este hecho representa un claro retroceso en materia de participación ciudadana y evidencia el poco interés de este gobierno por el cuidado del ambiente y de las semillas criollas.

Manejo irregular de la institucionalidad ambiental

Así también, es importante tener presente que el fiscal general de la república indicaba para julio del 2025, que el presidente Chaves acumula la alarmante suma de más de 100 causas abiertas en su contra por diversos cargos, entre ellas, el expediente 24-000041-0033-PE investiga su participación y la del ministro de ambiente, Franz Tatenbach, en torno a un posible tráfico de influencias y otras irregularidades en el otorgamiento de permisos para tala de árboles en terrenos que son parte del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo, en una propiedad vinculada al empresario Pacheco Dent. Este último siendo cercano del presidente, quien celebró la fiesta de cierre de campaña presidencial anterior, así como otros dos eventos con funcionarios del gobierno, en una propiedad de la familia del empresario. Así también, existe registro de al menos doce visitas de Dent a Casa Presidencial, incluso una de estas visitas llevándose a cabo tres días antes de la otorgación de permisos de tala irregular por parte del Sinac al empresario.

Destrucción de la naturaleza en el Caribe Sur

También en el Caribe Sur, Rodrigo Chaves impulsó el Plan Regulador Costero, el cual utilizaba un estudio del Sinac del 2017 en vez de uno actualizado del 2021, reduciendo el área de humedales presente en la zona y en cambio destinándolo para construcciones turísticas e inmobiliarias. En una conferencia de prensa del 2023, Chaves indicó que con ese plan regulador se quería lograr “certeza jurídica para las inversiones turísticas que ya hay y de las grandes inversiones que podría haber” y en otra del 2024, indicó que la costa sur de Limón “tampoco se lo vamos a dejar a la fauna” ni a “los monitos”, dejando claro los intereses que defiende y su nulo interés de velar por la protección de las Áreas Silvestres Protegidas, por los humedales protegidos por el convenio internacional Ramsar y toda la diversidad e importancia ecológica que alberga el Caribe Sur del país.

Permisividad con el aleteo de tiburón

El tiburón martillo sigue siendo capturado, comercializado y exportado. Entre 2023 y 2024 Costa Rica exportó más de 12 toneladas de aletas de tiburón martillo, a pesar de que una resolución de la Corte Suprema de Justicia reconoce a los tiburones como vida silvestre, lo que prohíbe su captura con fines comerciales. Aun así, INCOPESCA sigue teniendo un manejo poco transparente y con posibles conflictos de interés respecto a los permisos de pesca.

Proyectos de ley: privatización de la electricidad y minería a cielo abierto

En la Asamblea Legislativa también fue posible observar a la bancada oficialista impulsando proyectos como el 23.414, para una supuesta “armonización” del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el cual incluía un debilitamiento profundo del ICE y el avance de la privatización del SEN. Desde el movimiento ecologista conocemos las experiencias de otros países de la región que han privatizado sus sistemas eléctricos y han centrado el foco de la generación eléctrica en torno al lucro de las empresas y sabemos que esos procesos van de la mano con el aumento de proyectos eléctricos que tienen un fuerte impacto en los ríos, comunidades y territorios. Así también, el gobierno de Chaves impulsó un proyecto de ley que propone autorizar la exploración y explotación de la minería de oro a cielo abierto en el distrito de Cutris, del cantón de San Carlos (Expediente 24.717), actividad que también conocemos por medio de nuestros vecinos de la región que tiene un profundo e irreparable impacto en los territorios.

Incremento de la violencia hacia defensores ambientales y de DDHH

Durante estos cuatro años del gobierno de Chaves han existido múltiples casos de violencia hacia personas defensoras del territorio, incluyendo amenazas de muerte, que se suman a la peligrosidad de desarrollar trabajo ecologista en territorios cada vez más afectados por la presencia del crimen organizado que ha sido totalmente desatendido, y aparentemente promovido, por este gobierno. Al mismo tiempo, el oficialismo se ha negado a aprobar el Acuerdo de Escazú.

También, denunciamos la persecución de este gobierno contra personas vinculadas a los movimientos sociales. Esto se evidencia, por ejemplo, en el uso reciente de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) para amedrentar a la comunicadora social Stella Chinchilla y a otras cuatro personas activistas, mediante un procedimiento irregular y profundamente cuestionable. Asimismo, condenamos el procesamiento judicial de tres personas activistas que fueron reprimidas y detenidas por la fuerza pública mientras participaban en una manifestación contra la brutalidad policial en 2023.

Frente al escenario complejo que vivimos, hacemos un llamado a los movimientos estudiantiles, de mujeres, de la diversidad, indígenas, campesinos y todas las fuerzas vivas de este país, para que independientemente de los resultados electorales, nos mantengamos alertas, organizados y articulados. Hoy más que nunca es necesario fortalecer nuestros espacios y construir propuestas comunes ante los retos nacionales y globales que enfrentamos como sociedad y desde los movimientos sociales.

Eligiendo Patria

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por Arnoldo Mora

Cada cuatro años los costarricenses somos convocados para escoger a quienes dirigirán en el próximo gobierno los destinos de la Patria rigiéndola dentro de las normas constitucionales propias de nuestro sistema democrático. Tradicionalmente nuestro pueblo ha vivido el proceso (“campaña electoral”) que culmina con el traspaso de poderes a quienes ganaron la justa electoral como una fiesta cívica; durante los meses que la antecedieron multitudes expresaron sus opciones políticas mediante desfiles, banderas, vehículos haciendo sonar sus pitonetas, gentes gritando, candidatos dirigiendo encendidos discursos a entusiastas multitudes en los más variados rincones de nuestra geografía. Hoy nada de eso se ve o, más exactamente, tan sólo existe en la memoria de quienes teníamos al menos siete años de edad entonces. Actualmente todo ha sido sustituido por las redes sociales, los debates en la televisión, los anuncios en medios de comunicación promoviendo a quienes se postulan como candidatos; la campaña electoral se ha dividido en dos, ya no se lleva a cabo tan sólo cada cuatro años, sino cada dos años: una para elegir a quienes dirigirán las riendas del país desde el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, y otra para escoger a las autoridades municipales; sin embargo, se le da más importancia a la primera, como se muestra en el hecho de que en las elecciones para elegir munícipes, la asistencia a las urnas suele ser al rededor del30% del padrón electoral. Esta vertiginosa y honda transformación de nuestra cultura política es consecuencia de la profunda e irreversible repercusión en nuestros hábitos de vida, tanto públicos como privados, se debe a la influencia de la revolución científico-tecnológica en los medios de comunicación. Esta revolución ha afectado de manera particular a los medios de comunicación, de cuyo ejercicio depende en buena medida la actividad política, ya que ésta consiste en la predominancia del recurso a la palabra y a la imagen visual (“lenguaje icónico”) como medios de persuasión. Y todo hecho con una impactante eficacia y rapidez, que nos permite tener literalmente el mundo en nuestras manos con sólo mover nuestros dedos en la estrecha pantalla de un teléfono celular dondequiera que estemos. Más aún, me sospecho que no está lejano el momento en que podremos ejercer el democrático derecho de elegir a quienes deseamos que nos gobiernen recurriendo a estos medios que nos ofrece la tecnología…

Pero volvamos al aquí y al ahora… Lo cierto es que ya debemos prepararnos para ir al recinto donde, en la presencia tan sólo de quienes cuidan las urnas, depositemos la papeleta señalando como expresión de nuestra voluntad soberana, a quienes queremos que sean las futuras autoridades. Para conocer a estos personajes, su perfil personal, sus propuestas programáticas y la ideología en que las fundan, la Constitución ha previsto que el Tribunal Supremo de Elecciones organice y promueva la campaña electoral en los meses previos a la elección. Esta cita con el destino de la Patria reviste dos facetas: una exterior que nos concierne en cuanto miembros de la sociedad, y la otra que atañe a la solitaria intimidad de nuestra conciencia ciudadana; ambas se anudan en el preciso momento en que cumplimos nuestro deber cívico, gracias al ejercicio mismo de depositar el voto en una urna que acoge en sus sigilosas entrañas la huella indeleble de nuestra voluntad de ciudadanos libres. En cuanto a la primero faceta, la Constitución ha dispuesto sabiamente que el Tribunal Supremo de Elecciones asuma el mando de las fuerzas policíacas, lo cual garantiza que los ciudadanos ejerzan sus derechos sin coerciones ni temores. De ahí el ambiente festivo que rodea a los recintos – normalmente escuelas y colegios públicos- a donde acuden los ciudadanos a votar. Valga la oportunidad para externar mi efusiva felicitación al Tribunal Supremo de Elecciones, no sólo por cumplir escrupulosamente este deber constitucional, sino también para, aprovechando el tiempo de campaña, incitar a los ciudadanos a cumplir con sus deberes patrios, labor altamente cívica pues ataca a uno de los mayores enemigos de nuestro alabado sistema democrático, como es el masivo y creciente abstencionismo.

Pero más allá del mundo exterior, hay otra dimensión de la vida democrática que concierne al ámbito de nuestra conciencia ciudadana. Cultivar nuestra conciencia ciudadana con los mejores valores cívicos constituye la más sólida base que nos garantiza el poder gozar de una auténtica democracia; de poco sirven la leyes y las instituciones pública, por más buenas que sean, si dentro de nuestra piel no palpita el amor a la Patria que nos lleve a la práctica de las más acrisoladas virtudes que adornan a un hombre de bien. Nuestra conciencia configura el ámbito axiológico, lo cual no es mensurable, pues nos revela lo cualitativo y no lo cuantitativo de la humana existencia, si bien se refleja en las consecuencias verificables de los efectos que nuestra conducta produce en nuestra condición de miembros de la sociedad en cuyo seno vivimos. Ejercer nuestros deberes y derechos ciudadanos es, por ello mismo, un deber para con la Patria, pues, si bien tenemos derecho a nuestra privacidad, somos igualmente miembros de una comunidad, por lo que nuestros actos repercuten, para bien o para mal, en la marcha del todo social en el que estamos insertos; cada uno de nuestros actos define el tipo de sociedad que queremos, el tipo de ser humano que deseamos ser como parte del tejido social; nuestro país es lo que sus habitantes quieren que sea; no esperemos milagros; si nos amamos y nos respetamos a nosotros mismos y soñamos con un futuro halagüeño para nosotros y nuestro país, debemos asumir la responsabilidad que esto implica.

Todo la cual es particularmente importante en las elecciones que tendremos el próximo 1ro. de febrero. Desde 1949, año en que se promulgó la Constitución Política que actualmente nos rige, el Estado de Derecho nunca había sido cuestionado como sistemáticamente se ha venido haciendo durante todo este cuatrienio; el Poder Ejecutivo ha sembrado la duda en torno a las disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones, ha cuestionado a la Corte Suprema de Justicia y a la Sala Constitucional, ha desprestigiado al Primer Poder de la Nación, ha violentado el derecho a la libre expresión de los ciudadanos y, en especial, de los medios de comunicación que lo adversan, ha cultivado un lenguaje agresivo, que propicia la discordia entre los ciudadanos, todo lo cual riñe con lo que solemos entender por democracia.

Este insólito y preocupante fenómeno político se sustenta en una causa: se ha roto el contrato social en que se basaba el orden democrático que ha regido en el país después de la Guerra Civil que ensangrentó y dividió a la familia costarricense en el fatídico verano de 1948. Todo lo cual no es más que el reflejo a nivel local de lo que está pasando en el mundo entero, cuando el esperpéntico jefe del Poder Ejecutivo de la hasta hace poco nación más poderosa del mundo, desafía con histriónicos gestos a todo el orden mundial. Costa Rica o, más exactamente, sus actuales gobernantes, como súbditos obsecuentes de ese decadente imperio, no podía quedarse al margen. Por eso el reto que asumimos las generaciones actuales, es ir dando pasos para la construcción de una Patria que esté a la altura de nuestros próceres y de los sueños de las nuevas generaciones, apoyando con nuestro voto a quienes han demostrado con su trayectoria política que están a la altura de tan nobles ideales. Hoy tenemos una cita con la historia: elegir la Patria que queremos.

Las elecciones no se ganan en encuestas, se ganan en las urnas: no hay que perder la esperanza

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Dra Yamileth González García
Ex- rectora de la UCR
Integrante del Colectivo Mujeres por Costa Rica

Las más recientes encuestas sobre el proceso electoral en Costa Rica dibujan un panorama poco alentador, para quienes tenemos preocupación por el peligroso rumbo del país que ofrece la tendencia política electoral oficial. Los sondeos conceden una amplia ventaja a la candidata oficialista, con una tendencia autoritaria. A primera vista, los números parecen contundentes, sin embargo, asumirlos como una sentencia definitiva sería un error de lectura política y, sobre todo, democrática.

Las encuestas son el reflejo de un momento, no una profecía. Muestran tendencias, estados de ánimo, pero casi nunca determinan el resultado final. En un contexto marcado por altos niveles de indecisión y abstención, esos datos deben interpretarse con cautela. Más que un veredicto cerrado, constituyen una señal incompleta, un mapa con zonas todavía en blanco.

El silencio que hoy parecen expresar amplios sectores del electorado, no equivale necesariamente a adhesión ni a resignación. Muchas veces es omisión, desconfianza o temor a expresar una opinión contraria a lo que perciben como mayoritario y optan por callar. Pero ese silencio no necesariamente pasivo puede transformarse en participación cuando se acerca el momento decisivo. La historia electoral costarricense ofrece varios ejemplos de giros inesperados, de definiciones tardías, de mayorías que emergen cuando la ciudadanía finalmente decide hablar en las urnas.

Conviene recordar una verdad elemental que a menudo se pierde entre titulares y gráficos: las elecciones no se ganan en encuestas, se ganan en las urnas. Y en ese espacio, el voto sigue siendo un acto fundamentalmente individual, muchas veces influido por factores que escapan a cualquier medición previa. La democracia no es lineal ni predecible; es, por naturaleza, abierta y múltiple.

Hay razones para la esperanza, aunque no sean evidentes. La democracia costarricense ha demostrado, una y otra vez, que la ciudadanía sabe sorprender cuando llega el momento de decidir. Ha sabido resistir crisis, tensiones y momentos de profundo desencanto sin renunciar del todo a la participación como mecanismo de corrección hacia el futuro. Esa memoria democrática, aunque hoy parezca debilitada, sigue ahí.

Escuchar el silencio del electorado, con confianza, es clave para comprender el verdadero pulso del país. En ese silencio se dan dudas, pero también posibilidades, de hecho, se está transformarlo en diálogo y en movilización; ese es el desafío central para quienes no nos resignamos a que el resultado esté escrito de antemano.

El desenlace aún no está cerrado. Costa Rica ha demostrado en otros momentos, que incluso en los escenarios más adversos, la democracia puede encontrar caminos inesperados. Creerlo no es ingenuidad; es entender que el futuro político del país sigue, todavía, en manos de quienes seguimos confiando en nuestra democracia.

Proyecto de ley busca impedir candidaturas con deudas con la CCSS

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La iniciativa cuenta con respaldo ciudadano y mantiene abierta la recolección de firmas de apoyo

Un proyecto de ley orientado a fortalecer la ética pública y la defensa de la seguridad social fue presentado este jueves en conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa, en una actividad coordinada por la diputada del Frente Amplio Rocío Alfaro Molina. La iniciativa ingresó oficialmente a la corriente legislativa con el respaldo de catorce diputaciones de distintas fracciones, lo que refleja un apoyo político diverso en torno a la protección de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La propuesta fue elaborada y promovida por el Movimiento en Defensa de la CCSS, organización que entregó el texto a la diputada Alfaro acompañado de 241 firmas de apoyo ciudadano. El proyecto plantea una reforma al Código Electoral, específicamente al artículo 148, con el fin de establecer requisitos mínimos de coherencia y responsabilidad social para quienes aspiren a cargos de elección popular.

La iniciativa parte del reconocimiento de la CCSS como uno de los pilares fundamentales del Estado social de derecho, sustentado en los principios de universalidad, equidad y solidaridad, y como garante del derecho humano a la salud y a la protección social. En ese marco, el proyecto propone que las personas con deudas firmes y exigibles con la CCSS superiores a diez salarios base, y sin un arreglo de pago vigente, no puedan ser postuladas como candidatas a puestos de elección popular.

El texto establece una distinción clara entre morosidades estructurales y significativas y aquellas situaciones de carácter transitorio que afectan a personas trabajadoras independientes, aseguradas voluntarias o personas en condición de desempleo. En estos últimos casos, se reconoce la validez de los arreglos de pago vigentes como mecanismo legítimo de cumplimiento, evitando así sancionar la pobreza, la informalidad o circunstancias económicas adversas.

Desde el Movimiento en Defensa de la CCSS se ha insistido en que la reforma no busca excluir ni castigar a sectores vulnerables, sino impedir que personas con incumplimientos graves y sostenidos con la seguridad social accedan a cargos de representación popular, fortaleciendo así la ética pública, la confianza ciudadana en el sistema democrático y la sostenibilidad del modelo solidario de seguridad social.

La iniciativa se inscribe en un contexto de creciente preocupación social por el debilitamiento de la seguridad social y busca fortalecer la coherencia ética entre quienes aspiran a cargos de representación popular y sus obligaciones con el sistema solidario que sostiene el derecho a la salud y a la protección social. Desde el Movimiento en Defensa de la CCSS se ha reiterado que el proyecto no pretende excluir ni castigar a sectores vulnerables, sino establecer un estándar mínimo de responsabilidad para quienes desean ejercer funciones públicas.

✍️ La ciudadanía interesada puede leer el proyecto y firmar en apoyo a esta iniciativa legislativa en el siguiente formulario, como respaldo a la defensa de la CCSS y al fortalecimiento de la ética pública:
👉 https://forms.gle/FpkLwkFnigjvnohc9

Puede ver la presentación del proyecto en el siguiente video a partir del minuto 17:10

Candidaturas y ciudadanía firman Acuerdo Nacional contra la desinformación y los discursos de odio en el marco electoral

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Antes de las elecciones generales de febrero de 2026, un grupo amplio de organizaciones académicas, sociales, medios de comunicación y colectivos ciudadanos impulsó el Acuerdo Nacional contra la Desinformación y los Discursos de Odio, una iniciativa orientada a fortalecer un debate público informado, respetuoso y transparente durante el proceso electoral. Esta plataforma, articulada a través del sitio Ojo con la Desinformación, busca contrarrestar la proliferación de noticias falsas y la polarización que puede debilitar la legitimidad y calidad de la deliberación democrática en tiempos electorales.

El acuerdo, surgido del trabajo colaborativo entre múltiples actores —incluyendo entidades como la Asociación Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta (ACCESA), el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), la Escuela de Ciencias Políticas (ECP-UCR), el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP-UCR), el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI-UCR), así como colectivos como Jóvenes por Costa Rica, Mujeres por Costa Rica y Voces Nuestras— plantea principios básicos para combatir la desinformación e impulsar una cultura de paz en el contexto electoral.

Entre los compromisos asumidos por los firmantes destacan:

  • el respeto al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como autoridad electoral y garante del proceso democrático;

  • la verificación responsable de la información antes de compartirla;

  • la corrección oportuna de errores informativos;

  • y el rechazo a toda forma de discurso de odio y retórica violenta, incluidas aquellas generadas o amplificadas mediante herramientas tecnológicas o perfiles no verificados .

El Acuerdo también incorpora el compromiso de promover una participación política consciente, libre de manipulaciones informativas y basada en hechos verificados. Para asegurar el cumplimiento, se conformó un Equipo Ciudadano de Seguimiento —integrado por organizaciones como Voces Nuestras, Mujeres por Costa Rica, IDdeco CR, Punto y Aparte y CICOM-UCR— que emitirá informes públicos, impulsará buenas prácticas informativas y fomentará la educación cívica en torno a la verificación de datos y el respeto en el discurso público.

Esta iniciativa representa un esfuerzo colectivo para enfrentar las preocupaciones expresadas por la ciudadanía y diversas instituciones sobre el impacto de la desinformación y la polarización en la calidad del debate electoral, y reafirma que defender la verdad es defender la democracia.

📌 Puede visitar la página de Ojo con la Desinformación para ampliar la información, ver las candidaturas firmantes, acceder al documento completo y conocer cómo apoyar el Acuerdo Nacional:

https://ojoconladesinformacion.org/2026/01/28/comunicado/