– Frente Amplio no dará adhesión a ninguna de las candidaturas que contienden para esta segunda ronda
– Ambas candidaturas representan la continuidad de un mismo modelo neoliberal excluyente y diferentes formas de debilitamiento de nuestra democracia
Los resultados de la primera ronda nos obligan como país a sopesar diversos elementos. Por un lado, el elevado abstencionismo como expresión de la pérdida de credibilidad de grandes sectores de la población hacia el ejercicio de la política, ante la exclusión económica, el crecimiento de la desigualdad social, el desempleo, las brechas regionales en oportunidades para el desarrollo, la concentración de la riqueza en pocas manos, sumado a los continuados escándalos de corrupción.
Al mismo tiempo, el paso a la segunda ronda de José María Figueres Olsen del Partido Liberación Nacional y de Rodrigo Chaves Robles del Partido Progreso Social Democrático, representa la continuidad de un mismo modelo neoliberal excluyente y diferentes formas de debilitamiento de nuestra democracia. El primero, con un historial que le vincula a las etapas más oscuras del saqueo bipartidista que significó el cierre de instituciones, el avance de las políticas neoliberales y la germinación de muchos problemas que actualmente padecemos como país. El segundo, un exfuncionario del Banco Mundial (organismo internacional impulsor de la globalización neoliberal), sancionado por conductas de acoso sexual, que ejerció como Ministro de Hacienda en el actual gobierno, promoviendo medidas que lesionaban aún más a las personas trabajadoras y en condición de pobreza.
En el Frente Amplio reafirmamos el compromiso para con las mujeres de Costa Rica en la lucha contra toda forma de violencia y su derecho a vivir en una sociedad libre de acoso sexual. Así mismo, rechazamos el uso de los derechos de las mujeres como moneda de cambio. Mantenemos de igual manera el señalamiento a la corrupción -pasada o presente- como uno de los principales males que corroen a la función pública. De igual manera rechazamos las posiciones autoritarias de quienes amenazan el ejercicio de la libertad de prensa, que ponen en entredicho nuestra institucionalidad democrática, la división de poderes del Estado, y que de manera irresponsable hacen promesas irrealizables que rozan con la legalidad y la Constitución. Ante esto, no es conveniente que se validen y naturalicen las voces del autoritarismo que ponen en riesgo la estabilidad y la democracia. Señalamos además lo improcedente y lo peligroso que resulta ocultar las fuentes de financiamiento, que deberían ser más claras y de carácter público conforme a lo exigido por el TSE.
Por tanto, el Frente Amplio no dará adhesión a ninguna de las candidaturas que contienden para esta segunda ronda. Manifestamos nuestro respeto a la decisión que tomen las y los ciudadanos, en ejercicio de sus libertades y derechos, para acudir a las urnas a votar por alguna de las dos opciones, votar en blanco, anular su voto o bien abstenerse. Al mismo tiempo, en apego a nuestros principios, reiteramos nuestro compromiso con el orden democrático y el respeto a la institucionalidad electoral representada por el Tribunal Supremo de Elecciones.
El Frente Amplio, como fuerza política comprometida con la democracia de nuestro país, expresa su firme voluntad de construcción de acuerdos basados en el diálogo y sobre la base de ejes programáticos, que garanticen avances en derechos humanos y en agendas tendientes a solventar los problemas más apremiantes a nivel económico y social.
Convocamos a la ciudadanía a organizarse y participar de espacios de reflexión y acción en pro de la defensa de nuestros derechos. Llamamos a la organización y al diálogo entre actores sociales y políticos comprometidos con la defensa del Estados Social de Derecho, que nos permitan construir acuerdos mínimos para que Costa Rica retome la ruta del desarrollo con justicia social y la profundización de nuestra democracia.
Las autoridades partidarias han resuelto, atendiendo el sentimiento de sus bases, no apoyar a ninguno de los candidatos que disputan la presidencia de la República y dejar que cada persona tome su decisión a consciencia y pensando en el futuro de nuestro país.
Como partido nos comprometemos a respetar el resultado electoral. Aquellas personas inscritas como fiscales o miembros de mesa por el PAC en la primera ronda, si así lo desean, podrán participar en el resguardo y escrutinio del voto el domingo 3 de abril con la misma identificación emitida por el partido. En caso de no tenerla, se podrá extender nuevamente.
Reiteramos nuestro compromiso de continuar con el fortalecimiento de la democracia, la construcción de una sociedad de mayor bienestar y justicia para todas las personas, así como la promoción de proyectos que garanticen el desarrollo sostenible, la educación como eje, la defensa de los derechos humanos, la igualdad real de las mujeres y de entendimiento internacional que permita la convivencia pacífica y solidaria de la humanidad.
La posición final del Frente Amplio (F. A.) de no apoyar a ninguno de los dos partidos en la segunda ronda es correcta.
Pero aún más correcto y coherente sería que fuese un partido participativo, de apertura al diálogo y a la organización dentro de su propio partido, donde posiblemente miles de personas de seguro esperan esa respuesta.
Diálogo no sólo entre legisladores, debe hacer «puentes» con todas las comunidades organizadas o no, miles de dirigentes sociales y ciudadanos que participan en diferentes organizaciones y movimientos sociales.
Ser líderes de ese pueblo organizado y no organizado, que requiere una mano amiga, transparente, honesta y combativa por los derechos de las mayorías.
Los que le dimos un voto a su papeleta de diputados, de seguro estaremos atentos a su actuación.
En la reciente campaña electoral no hubo un tema que polarizara la contienda, como el del matrimonio igualitario en la del 2018. Esta vez, la agenda temática fue más diversa y abordada de manera más distendida. Incluso, en algunos temas hubo enfoques similares y hasta compartidos. En este contexto, las candidatas y candidatos apelaron al discurso de la anticorrupción, procurando sacarle dividendos político-electorales, pero con un abordaje sesgado.
Existen diferentes tipos de corrupción: la clientelista que reparte favores para ganar votos, la mercantilista que compra políticos para obtener concesiones, la burocrática, pública y privada o corporativa, que legitima las malas prácticas y, quizá, la más pura y dura, la de las políticas neoliberales que favorecen al gran capital empresarial y financiero, generando más pobreza y desigualdad. Pero, quienes enarbolan el discurso de la anticorrupción pocas veces hacen referencia a este último tipo, protegiendo intereses igualmente espurios.
Hoy, nuestro Estado Social de Derecho está en la picota, en buena medida, por este conjunto de prácticas perniciosas. Sin embargo, el abordaje de la corrupción sigue siendo sesgado, al punto de legitimar su institucionalización, debido al apoyo y sometimiento incondicional a esas políticas que se nos imponen desde afuera. Es decir, se continúa hipotecando nuestro futuro y, principalmente, el de las nuevas generaciones, por la entrega de la soberanía económica y política a poderes fácticos foráneos y sus pares nacionales.
De ahí que uno de los desafíos fundamentales, para lograr tanto una reactivación económica como social salvaguardando los intereses nacionales, sea convertir a la ética de la solidaridad en el eje transversal de todas las políticas públicas. De esta manera, asegurarse que estas políticas estén al servicio de la equidad, la inclusión y la justicia social. Asimismo, democratizar más el proceso de su formulación y ejecución, ensanchando el espacio del diálogo ciudadano, que es el medio por excelencia para garantizar una gestión democrática y el antídoto para los autoritarismos.
Si de algo ha venido adoleciendo el proyecto globalizador dominante ha sido, precisamente, de una ética de la solidaridad humana, como lo ha señalado reiteradamente el papa Francisco. Así, por ejemplo, a propósito de la pandemia, en su última encíclica Fratelli Tutti destaca: “Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos engaña se caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced de la náusea y el vacío” (La cursiva es nuestra).
Nuestro país y la humanidad entera están urgidos de ejercitar una ética para la solidaridad y la equidad. Nos estamos jugando la vida. El descalabro planetario producido por el cambio climático y la escandalosa concentración de la riqueza, están marcando el rumbo de la autodestrucción. Y un país, pequeño como Costa Rica, que ha logrado avances importantes tanto en bienestar social como en preservación de la naturaleza, cuenta aún con reservas éticas y humanistas para avanzar en una mejor dirección, y heredar un futuro más promisorio a las nuevas generaciones.
Hay que superar el uso sesgado del discurso de la anticorrupción con fines puramente político-electorales. Proponerse, más bien, construir una mejor sociedad de ciudadanas y ciudadanos dedicados al cultivo de la amistad solidaria. Y, de esta manera, defender y fortalecer, remozando, el Estado Social de Derecho: esa gran conquista de nuestros antepasados, producto de una valiente lucha social que desembocó en una convergencia ética y humanista de líderes tan visionarios como patriotas.
¡Claro que tenemos la responsabilidad histórica de gestar un nuevo pacto social por la solidaridad, la inclusión y la justicia social!
Tiene razón la diputada electa Pilar Cisneros en no haberse equivocado al decir que EXPRESAMENTE no se refirió al Tribunal Supremo de Elecciones, cuando en el mitin que tuvo su Partido Progreso Social Democrático, siendo ella la principal oradora, como lo ha sido en todo el país, afirmó, entre otras cosas, que la segunda vuelta no estaba ganada, y enfatizó que “Tenemos al frente un enemigo poderoso, con una estructura sólida y capaz de hacer chorreo de votos para quitarnos esta elección”. También afirmó que “Lo que nos preocupa es no tener fiscales de mesa en todas las mesas y que se pueda producir un chorreo por parte del partido rival”. También afirmó que esa práctica del chorreo es usual en todos los partidos políticos que realizan convenciones políticas para escoger sus candidatos.
Se refería al Partido Liberación Nacional, a su candidato, y a “la estructura sólida y capaz de hacer el chorreo”, donde IMPLICITAMENTE sí comprometió al Tribunal Supremo de Elecciones, porque esa es la estructura “sólida y poderosa” que es la única que puede facilitar “el chorreo de votos”. Salvo que Pilar Cisneros Gallo hable, o cante más que un gallo, sin conocimiento preciso de lo que afirmó, o lo que es peor, en una diputada, que no ligue el cerebro con la lengua.
Sí COMPREMETIÓ al Tribunal Supremo de Elecciones porque es éste el que prepara la papelería electoral, la imprime y la custodia hasta que, con actas en mano, la distribuye, en las tulas oficiales, a los miembros de mesa autorizados de todos los partidos para su custodia final, hasta el día de las elecciones, donde en ese proceso, de nuevo mediante dos revisiones, de esos miembros, de todo lo que contienen las tulas, se comprueba que toda la papelería electoral enviada es correcta, y que no falta nada.
COMPROMETIO LA INDEPENDENCIA del Tribunal Supremo de Elecciones y la transparencia de cómo trabaja. Lo IMPLICO con su afirmación en una POSIBLE componenda con un partido político en este fraude del “chorreo de votos”.
SI ACUSÓ IMPLICITAMENTE al Tribunal Supremo de Elecciones DE FAVORECER EL FRAUDE, en lo que dijo para la segunda vuelta electoral. Quizá lo pensó, pero no se atrevió a decirlo en la primera ronda porque su partido no estaba destacando como finalmente lo hizo.
Si el Tribunal estaba implícitamente comprometido, como ella aseveró, con su afirmación, tenía que estarlo, en ese compromiso de fraude, en primer lugar con el Partido de Gobierno, el Partido Acción Ciudadana, que de acuerdo a su insinuación, sin casi sacar un voto, en la práctica lo dejaron sin papeletas y sin chorreo, en el supuesto también de que los magistrados electorales le respondieran a ese Partido, así como todo el personal del Registro Electoral y del mismo Tribunal, igualmente, le respondieran a ese Partido en el Gobierno, con lo cual el Tribunal, o desde su entraña, se prestó entonces a facilitar papeletas para los partidos que llegaron a la segunda vuelta, en este caso tanto a Liberación como el Progreso Social Democrático, porque habría que pensar que también salió favorecido de ese supuesto chorreo de votos, porque las encuestas no lo colocaban de finalista.
De otra manera costaría pensar, de acuerdo con la perversa lógica de la diputada peruano costarricense, que los dos partidos finalistas llegaran a la final, y en esta segunda vuelta, con esa misma lógica, le preocupa que “el chorreo de votos” posible que pueda hacerse, ¿de nuevo?, se haga a favor de Liberación Nacional como partido y de su candidato, y ya no de su partido.
No sé cuánto sabrá la diputada peruana costarricense de la Historia Nacional, pero la década que culminó en 1948 se terminó con una guerra civil, que tenía como una de las banderas la lucha por la pureza del sufragio. En el otro bando, el del gobierno aliado a los comunistas y a la Iglesia Católica, los comunistas impulsaron la constitución del Tribunal Nacional Electoral y del Código Electoral, ambos de 1946, con al ánimo de frenar la corrupción electoral que entonces se acusaba contra los gobiernos de turno. Ambas instituciones permanecen, sobrevivieron a la Guerra Civil, a la Junta de Gobierno y a la Asamblea Nacional Constituyente, y hoy son sólidas columnas de la Democracia Electoral Nacional.
El actual Tribunal Supremo de Elecciones lo estableció la Asamblea Constituyente, respetando la propuesta que hizo la Junta de Gobierno encabezada por José Figueres, y el código electoral de 1946, con sus reformas llegó hasta el 2009 cuando se aprobó el actual Código Electoral.
La Asamblea Nacional Constituyente, con el apoyo de la Junta de Gobierno, le dio carácter de poder independiente, al Tribunal Supremo de elecciones, que así lo denominó la Junta de Gobierno, con exclusividad en su función electoral, único organizador, administrador y con capacidad declarativa, sin apelación alguna, de los resultados electorales, lo que ha sido pieza fundamental del desarrollo de la Democracia Costarricense, situación que seguramente en Perú donde la diputada electa inició su primera formación no se conocía, por su historia militar, de golpes de estado, poco democrática, comparada con la costarricense.
El chorreo de votos, como se conoce esta figura del fraude electoral, que usted trajo a cuento, generalmente se hacía en las elecciones oficiales de Costa Rica, antes de 1948, y se podría decir que en todas las elecciones anteriores a esa fecha había distintas formas de hacer fraudes.
En esa época anterior a 1948 el proceso electoral estaba totalmente controlado por el Poder Ejecutivo, y por el partido gobernante. Hasta 1924 el voto de los electores era público con lo cual se podía presionar de muchas maneras, por parte de empleadores, autoridades de gobierno, patronos en general, hacendados, a los electores votantes sabiendo cómo iban a votar. Hasta por la forma cómo se emitía el voto, que podía durar algunos días, era fácil alterar procesos electorales, o por la falta de cedulación, o por una lista abierta de electores donde estaban los fallecidos, por traslados de sitio electoral, por la forma como se leían los telegramas informativos del resultado, o por compra directa de votos etc.
Al controlar el sistema electoral el Poder Ejecutivo ejercía control en la práctica de todo el proceso, desde su organización hasta la elaboración del material electoral y su distribución, además del conteo de votos que prácticamente se hacía en la Casa de Gobierno. La declaración final de los resultados quedaba en manos del Congreso de conformidad al informe que enviaba el Tribunal Electoral de la época.
De esta manera cuando se empleaba el sistema del chorreo de votos se procedía así:
De las papeletas oficiales se sacaban algunas, que no eran impresas como lo hace actualmente el Tribunal Supremo de Elecciones, tantas como se quisieran emplear en distintos lugares, cantones o provincias, para asegurar el triunfo que se deseaba.
Por sacadas las papeletas, lo que era fácil hacer al partido político que estaba en el Gobierno, porque controlaba al Tribunal Electoral, la emisión de toda la papelería electoral, o al Gobernante de turno que complacía en que esas papeletas se sacaran para ese fin, de chorrear votos, esas papeletas se marcaban en la casilla del candidato que se quería favorecer. Marcada la papeleta entonces se acudía a un votante para proponerle que metiera esa papeleta marcada y trajera la que le daban en el recinto electoral, que era otra papeleta oficial. Así se iniciaba la cadena de votos que se provocaba con ese “chorreo”.
El chorreo se hacía con papeletas oficiales, reales, verdaderas, no con copias o falsas papeletas. Ese proceso podía implicar un acto consciente de quien lo hacía porque lo hacía a favor de un partido y un candidato o bien inducido mediante soborno, pago o compra del voto.
Técnicamente desde la organización de las elecciones nacionales, a partir de las elecciones de diputados de 1949 y las nacionales a partir de 1953 esa forma de fraude desapareció.
Los procesos electorales fueron perfeccionándose en su organización, administración, en la educación popular, en la formación ciudadana, y la cultura cívica que desde entonces se ha desarrollado alrededor del sufragio nacional, como proceso electoral y como ejercicio masivo del derecho político a elegir las autoridades supremas de los Gobiernos del país, el nacional, los diputados y los gobiernos locales. Que recuerde nunca ha habido desde la existencia del actual Tribunal Supremo de Elecciones ningún cuestionamiento a su manejo de las elecciones, hasta ahora que la diputada peruana costarricense lo ha hecho.
El Tribunal Supremo de Elecciones fue el cuestionado por la diputada electa. Con ello, con sus aseveraciones, se afectó la imagen pública, y posiblemente internacional del país, de la democracia nacional y del sistema democrático electoral del país. ¿Cabrá acusación penal contra la diputada electa antes de su juramentación, por el daño causado al país, a la imagen de la democracia costarricense?
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
En su trabajo No vuelvas (Almadía, 2018), el periodista argentino Leonardo Tarifeño escudriña la vida de las personas deportadas de Estados Unidos que terminan circulando en las sombras de Tijuana. Al preguntar a Pepe Rojo, escritor mexicano, sobre el rol de la cultura en la atención de los deportados, éste comenta que no es suficiente, pero que el verdadero proyecto cultural de la ciudad “consiste en mantenerse al día”.
Entender un fenómeno así en un espacio de incertidumbre, complejo, paradójico, desigual, implica profundizar en ese concepto sociocultural por el que la ciudad transcurre: prácticamente su horizonte de futuro se ha esfumado, al quedar atrapado en un presente de tránsitos, violencias, devoluciones.
En varias de las reflexiones compartidas en este espacio, hemos trabajado la idea de cierto abandono de un proyecto común para el caso costarricense, una ausencia de orientación, un nosotros difuminado. De igual manera, nos parece que la escenografía del país atiende a esa complejidad y desigualdad a la cual hemos asistido sin descanso ni pausa en los últimos 20 años.
Cuestionarnos ahora por ese proyecto sociocultural costarricense nos devuelve respuestas con algunas evidencias de un proceso que lentamente empieza a derivar hacia la pérdida de sentido comunitario, para dar paso a una matriz conservadora irreversible y hegemónica. Esta matriz, dicho sea de paso, ha sido impulsada no solo desde centros de pensamiento, think thanks de la industria cultural , sino desde las mismas evidencias de un enojo, enconado y cierto, de un buen sector de población costarricense desafecto con su clase política cuando no también con su sistema democrático.
El avance hacia el individualismo como expresión cultural ha quedado en evidencia en estos dos años de pandemia en los que la idea de cuido colectivo ha quedado relegada por la imposibilidad de construir una experiencia común, un lenguaje a partir de cual todos y todas entendernos.
En su lugar, la falta de empatía, el quiebre de los lazos y los tejidos sociales, las rupturas de las posibilidades de integración horizontal, han posibilitado el debilitamiento de una noción que conjunte esto que somos en la actualidad, y hacia el futuro.
Si lo de Tijuana se inscribe en una ausencia absoluta de futuro, lo de Costa Rica como noción de país revela un significado en suspensión, un proyecto sociocultural que se decanta hacia su lado conservador, inmovilizador, excluyente. Está por verse si en el balotaje de abril se profundiza, sin retorno, ese posible escenario. Para la respuesta social que inevitablemente debe venir, también está por verse de que tamaño será su desafío.
Albert Einstein (1879-1955): Si vamos a cuestionar la presencia viva de los Espíritus, empecemos entonces por negar la existencia del átomo, que continúa imperceptible a los ojos humanos desarmados, pero existe.
Rafael Ángel Ugalde Quirós* Especial para SURCOS.
I.- Imaginando un extraterrestre sobrevolando el país el pasado 6 de febrero quizá pensaría que la situación de 25 partidos políticos en la lucha por el sillón presidencial de Zapote alabaría seguramente la “perfección” del “Contrato Social” – obra de Jean Jacques Rousseau en 1762- en la pequeña “hacienda” de 51 mil kilómetros cuadrados y 3.541.908 “ticos” habilitados para sufragar. Nada más alejado de la realidad una vez con los pies sobre la tierra: El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aunque tuvo capacidad para dirigir un debate con 25 aspirantes presidenciales en condiciones de igualdad, no lo hace. No le interesa. Su mayor comodidad es contar votos y jamás profundizar la democracia con participación masiva de los ciudadanos en la “res” pública, como decían los romanos. Le interesa más que sean las dos grandes cadenas nacionales de televisión, con los riesgos, los sesgos e intereses que todos conocen a favor de dos partidos políticos, que sea este tribunal quien impulse el debate de ideas en igualdad de condiciones entre los candidatos presidenciales. Este desinterés del TSE, en gran medida, da así a los procesos electoreros un ambiente carnavalesco, con los grandes bancos y consorcios económicos, financiando y fiscalizando lo que ellos han sintetizado llamando la gran “fiesta democrática”.
Un estudio del semanario Universidad (21/11/2021) reveló, por ejemplo, que los bancos privados BCT y Banco Promerica concentraron el 80% de los bonos de deuda política, o certificados de cesión, liquidados en la campaña electoral del 2018. Eran los únicos dos bancos con créditos formalizados para las elecciones de 2022, según datos de la Tesorería Nacional.
El total cancelado por concepto de deuda política (incluyendo los intereses), asciende a los ¢14.808 millones, de los cuales los bancos BCT y Promerica concentraron ¢12.123 millones. La primera entidad bancaria es presidida por Leonel Baruch, mientras que el presidente de la Junta Directiva de Promerica es Edgar Zurcher.
Los certificados de cesión son un instrumento de financiamiento contemplado por la legislación costarricense en el que los partidos pueden ceder su acceso al financiamiento público a entidades bancarias o particulares. Los bancos en este caso financian de manera anticipada especulando cuánto recibirá de votos cada partido por medio de las encuestas públicas e incluso propias.
“Es un mecanismo especulativo como en la Bolsa de Valores. Tiene una expectativa de retribución de la inversión que hizo al comprar el título, más los intereses ganados por ese financiamiento que le está otorgando, quien recibe esa plata son los bancos. No van a perder ni los bancos, ni los financistas tipo A (los que tienen mayor posibilidad de ser cancelados) que compran estos bonos a varios partidos porque para ellos es un negocio, no hay necesariamente un vínculo partidario”, explicó Rotsay Rosales, coordinador del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
II. Una lectura cursi, con estándares oficiales reduccionistas, nos llevaría a pensar en más de 1.400.000 de votantes desinteresados por las elecciones del 6 de febrero pasado, con niveles de abstencionismo del 40% nunca visto desde 1958 y por lo cual, al TSE le cabe abundante responsabilidad.
Sin embargo, atendiendo otras sintomatologías sociales, infectadas por los grupos de poder desde hace 40 años, no podría cerrarse los ojos frente a la enfermedad que padece la “otra” Costa Rica. La marginada, la ausente de las pantallas de la televisión, a no ser por el proceso de “colombianización”, reducido desde la oficina del tecnócrata a una supuesta “lucha entre bandas” o “actuación de sicarios”, como si esos hechos no fueran cara de una misma moneda. Es el “otro” país, el del campesino quebrado a la fuerza, sin tierra y siervo perene de la banca, pueblos pesqueros que ven como otros se roban la riqueza marina en sus propias barbas, la otra república, la de los cientos y cientos de desempleados, los “informales” perseguidos noche y día, los desnutridos, etc., frente a la buena salud mostrada por miembros de los pequeños grupos beneficiados con la renuncia a la soberanía alimentaria, a la educación pública gratuita y de calidad, a la universalización de la salud, a la entrega de los puertos, las carreteras, las telecomunicaciones y los aeropuertos.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) lo están paralizando para luego, como buitres, caerle encima. El ex gerente de telecomunicaciones, Jaime Palermo, acaba de denunciar (Diario Extra 14/2/2022) que las autoridades actuales están paralizando las operaciones técnicas y comerciales del sector Telecomunicaciones, de modo que ponen en riesgo el futuro de la entidad. El hizo un recuento de las acciones que, según su opinión, han provocado que la entidad, en competencia desde el 2011, perdiera diez puntos del mercado de la telefonía celular y lo cediera a las empresas con las que compite tan solo en 2020.
Para el exfuncionario, la jerarquía del ICE, encabezada por su presidenta ejecutiva Irene Cañas, y su gerente general, Hazel Cepeda, ha priorizado la supuesta recuperación financiera de la institución sacrificando inversiones clave para su desempeño comercial, lo cual le ha generado una caída en la participación del mercado e incluso una baja en la calidad de los servicios móviles expuesta por informes de Sutel. Una vez enfermo y famélico el ICE se vende al mejor postor, o lo convierten en elefante blanco al mejor estilo de RECOPE, el CNP, el INVU.
A los foros mundiales “esta” Costa Rica floreciente asiste como hazmerreír junto con otras comparsas regionales, siendo el mejor ejemplo de ello el rol asignado en el “Grupo de Lima” o en la deteriorada OEA, a raíz del papel jugado en el golpe de estado en Bolivia. “Este” país floreciente habla en los foros mundiales de energías verdes, lucha pro ambiente, cero carbono y no más calentamiento global, pero sus ríos son cloacas a cielo abierto y sus océanos basureros de plásticos.
La “otra” Costa Rica, la que soportó la multimillonaria campaña politiquera, la que sigue resistiendo (La Nación acaba de descubrir que “alza en costo de la vivienda y baja en ingresos truncan sueño de tener casa propia” 14/2/2022), sea rural o urbana sabe perfectamente que el sistema de los partidos políticos es un negocio como es el fútbol, la venta de copos o cualquier otra actividad rentable, pues nuestros “lideres” políticos nos los dan empacados con lazos de colores, no existiendo además, posibilidad alguna de sustitución en caso que salgan mentirosillos o cleptómanos.
III. Un recuento de los votos en blanco y nulos realizados por Universidad (7/2/2022) en esta elección presidencial de 2022 da como resultado un total de 26.676, un número mayor que la cantidad de votos que obtuvieron individualmente 19 de los 25 partidos políticos que estaban en papeleta el domingo 6 de febrero.
Solo los partidos Liberación Nacional (PLN), Progreso Social Democrático (PSD), Nueva República (PNR), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP) y Frente Amplio (FA), superaron esa cantidad de votos inválidos.
A esta lista se puede agregar la agrupación Costa Rica Justa (CRJ) si se tiene en cuenta solo la cantidad de votos nulos, que se situó en 16.565, con lo cual supera a las restantes 18 formaciones partidarias. Igualmente, los votos en blanco, que por el momento son 10.111, ganan a 12 partidos políticos.
Los campesinos subsisten a brincos y saltos y su crisis es evidente.
La Coalición Pueblo Unido, que a última hora superó serios problemas internos y se sobrepuso a los plazos para inscribirse, superó el último lugar en el escrutinio y dejó en la posición 25 al Movimiento Libertario (ML) que pareciera desaparecerá, al menos con su actual dirigencia. Según el análisis de Universidad, el Partido de los Trabajadores (PT) en estas elecciones incluso superó al ML. Años atrás esta organización se mantuvo en la pugna presidencial, siendo una de las fuerzas políticas con más adeptos. Por otra parte, destaca que el PLN y el PSD, los dos partidos que irán a segunda ronda el próximo 3 de abril, obtuvieron juntos el 43,96% de los votos válidos, pero solamente el 22,67% del padrón electoral. Esto quiere decir que las dos principales fuerzas políticas del país no alcanzan juntas ni la cuarta parte de la población votante. Al buen entendedor pocas palabras.
De esta manera, para el ganador de la segunda ronda de las elecciones del 3 de abril, sería ingenuo desconocer ese otro país que, en silencio, resiste la noche más larga y triste de la historia reciente de Costa Rica. Larga porque son 40 años desde que prometieron “desarrollo” con libre competencia; triste por el autoritarismo cada vez más asentado en los últimos gobiernos, con o sin pandemia. El encierro a que fuimos sometidos por la pandemia se tradujo en más de 2 mil millones de colones por multas a la restricción vehicular.
Sin embargo, los resultados de las pasadas elecciones, independientemente que sea electo José María Figueres, asiduo amigo de la ley de empleo público impulsada por Carlos Alvarado y el “gobierno corporativo”, o Rodrigo Chávez, un conocido pupilo del Banco Mundial, sumado a la formación de una asamblea legislativa controlada por la llamada “derecha”, hay una enorme reserva moral y espiritual que representan quienes desatendieron el llamado a votar. Estos espíritus, que no se ven, como diría Einstein, pero allí están atrincherados, pintan una Costa Rica de conflicto, donde las masas exigen un proyecto de sociedad nuevo, con inclusión social, con equidad, independencia y esperanza. Donde no bastaría la promesas de creación de empleo, sino que además implican ingresos blindados contra la inflación. Un país insuficiente si se habla de turismo como actividad para unas pocas empresas hoteleras, dejando a un lado las comunidades y el pequeño y mediano artesano. Un país cuyos espíritus arrinconados ya no quieren “gobiernos corporativos” y paralelos; menos “alianzas estratégicas” para que el Estado entregue sus recursos a pequeños grupos de poder en un nefasto juego de “tigre suelto” contra “burro amarrado”. Pareciera que en esta Costa Rica empeñada en configurarse para el 2026 los llamados partidos de “izquierda” conciliábulos, “light” y al mejor estilo de Boric en Chile o Castillo en Perú, tienen la última oportunidad para no correr la misma suerte del ML o el Acción Ciudadana (PAC). Ello, por cuanto, si aparece una organización que articule las demandas de salario mínimo digno, soberanía alimentaria, política exterior independiente, tierra para quien la produce, el Estado en función de los costarricenses y no protegiendo solo grupos oligárquicos, entre otros, esta masa “invisible” como reserva moral se abrirá paso entre fatales “progresismos” de cafetín o camuflados “patriotas” que dan la vida por los monopolios lácteos, financieros o del azúcar; contra todos los pronósticos exigen “otro” país en que volvamos a vivir todos con alguna dignidad.
Para Juan Carlos Durán de SIFUPCR, ahora no se trata de escoger entre dos malos y dos buenos, sino de escoger entre dos que se cree que son bastante peores. Más allá de la simpleza cosmética de los memes populares, considera que la discusión no se puede reducir a si se quiere que se toque la billetera o “la parte trasera”, sino que lo que se debe hacer es inclinarse a proteger la democracia y la institucionalidad costarricense para que no se siga dinamitando.
Por otro lado, se critica la adhesión de las candidaturas como la de Natalia Díaz, deberían estar inclinadas a proteger al Dios pueblo y no al Dios mercado, pues, según afirma Juan Carlos Duran, hacer el contrario sería darle la espalda a la gran mayoría de pobres, desempleados y jóvenes hombres y mujeres sin trabajo en este país.
En el video que compartimos a continuación, Juan Carlos Durán señaló que muchos de los votos que tuvo el PAC anteriormente, migraron hoy hacia el partido de Rodrigo Chaves, el partido de Eli Feinzaig y otros tantos al Frente Amplio, así como el partido de Fabricio Alvarado. Afirma que “por sus frutos los conoceréis y ahora será importante ver qué sucede con esta Asamblea Legislativa que quedó muy repartida entre varios partidos que normalmente le han dado la espalda a los trabajadores de la Caja”.
Confirma que hubo un aumento del abstencionismo, pero que esto no es nuevo, pues según las encuesta del CIEP de hacía dos años, decían que no se sentían representados por ningún partido y que además un 40% afirmaba que no le gustaban los candidatos. Advierte que se debe tener cuidado como ciudadanía sobre aquellas personas que proponen legislar por referéndum, y que se espera que las fracciones legislativas alcen la voz y le digan a Rodrigo Chaves, quien tiene la tesis de gobernar con referéndum, que se confronte esto, pues es riesgosa la propuesta y la forma en que se está presentando.
En el video que adjuntamos, Juan Carlos Durán manifiesta que el tico está “ahuevado” debido a que tiene que escoger entre un camino o el otro, haciendo referencia a la segunda vuelta entre José María Figueres y Rodrigo Chaves; que habrá que escoger entre dos males, el mal menor. Sostiene que no hay un mal mejor que el otro, sino que hay uno que es peor que el otro. La disyuntiva del país está entre estos dos candidatos que tienen su curriculum y que están ahora en una carrera hasta el 03 de abril.
Para el dirigente del SIFUPCR, es importante dar atención a lo que no se muestra, no solamente de parte de los candidatos, sino también por parte de Repretel y Canal 7, que buscan darle atención a ciertos temas y ciertos candidatos. Afirma que hay una crisis del sistema político y una pérdida de legitimidad del sistema de partidos políticos y que la cantidad de candidatos y partidos políticos no termina en ser sinónimo de que la democracia está mejor que antes.
