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Etiqueta: endeudamiento

Ya inició la “Caravana vehicular de relevos”

  • Caravana vehicular de relevos por la defensa de los derechos de los costarricenses

Ya arrancó la “Caravana vehicular de relevos” por la defensa de nuestro país, la cual se realizará del 7 al 11 y 15 de setiembre a partir de las 7 a.m. y que llegará hasta Santa Rosa de Pocosol. Habrá mucha participación en vehículos y público en general. Varias organizaciones del movimiento sindical y social formarán parte de esta actividad para exigir:

  • Un impuesto al patrimonio, rentas y utilidades al 10% más rico del país
  • Eliminación del pago del IVA a la canasta básica, medicinas, servicios de agua y electricidad residencial
  • Defensa y no privatización de la CCSS
  • Defensa del INA
  • No a la agenda legislativa antilaboral
  • No al cese de los contratos laborales del sector público y privado
  • No al endeudamiento con el FMI

“La patria no se vende. La patria se defiende”

 

Compartido con SURCOS por Rafael López Alfaro.

Caravana vehicular de relevos por la defensa de los derechos de los costarricenses

Del 7 al 11 y 15 de setiembre a partir de las 7 a.m. varias organizaciones del movimiento sindical y social invitan a unirse a la “Caravana vehicular de relevos” por la defensa de nuestro país.

Se exigirá:

  • Un impuesto al patrimonio, rentas y utilidades al 10% más rico del país
  • Eliminación del pago del IVA a la canasta básica, medicinas, servicios de agua y electricidad residencial
  • Defensa y no privatización de la CCSS
  • Defensa del INA
  • No a la agenda legislativa antilaboral
  • No al cese de los contratos laborales del sector público y privado
  • No al endeudamiento con el FMI

“La patria no se vende. La patria se defiende”

Impactos ambientales del endeudamiento con el FMI

¡Que la crisis no la pague la naturaleza ni las comunidades!

(FECON, 27-08/2020). El avance del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por $508 millones tramitado en la Asamblea Legislativa significa una serie de consecuencias que debería preocupar a las personas defensoras de la naturaleza y los ecosistemas.

Este empréstito tiene una dimensión ambiental que es ignorada incluso por los mismos diputados y diputadas. Esto gracias a que la estrategia de invisibilizar las externalidades negativas de las transacciones financieras es muy eficiente. Pero la experiencia de otros países endeudados don el FMI nos da un panorama claro de cuál será su impacto, sobre todo si el Poder Ejecutivo está negociando un “Acuerdo de Derecho de Giro” conocido como Stand-By con el mismo FMI.

Una consecuencia conocida de estos procesos de Stand-By ha sido la privatización de las empresas públicas estratégicas, principalmente en sectores relacionados con los recursos naturales, especialmente energéticos y minerales. Además, también se impulsan procesos de liberalización del sector financiero y bancario, recortes de los derechos laborales, sociales y culturales.

De hecho, dentro de las “recomendaciones” (1) del FMI para este primer empréstito está impulsando la apertura en el sector eléctrico por parte de entidades privadas. Lo que llevaría en la práctica a que empresas de hidroelectricidad represen más ríos de manera innecesaria, puesto que la demanda de energía en el país está cubierta e incluso en la actualidad el Instituto Costarricense de Electricidad se ve obligado a comprarle energía a estas empresas aún sin necesitarla debido a leyes escritas a conveniencias de las empresas privadas.

La poca información que ha revelado el gobierno sobre las negociaciones con el FMI hace que no se puedan saber muchas de las consecuencias este tipo de endeudamiento con entidades financieras que han promovido la minería, las represas y el agronegocio al rededor del globo. Pero por esta razón, desde la óptica ambiental el incremento del endeudamiento público hace que Costa Rica pierda soberanía para tomas sus propias decisiones sobre los recursos naturales nacionales y los deja vulnerables.

Notas:

1. Costa Rica: Request for Purchase Under the Rapid Financing Investment-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Costa Rica https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/05/01/Costa-Rica-Request-for-Purchase-Under-the-Rapid-Financing-Investment-Press-Release-Staff-49388

 

Foto: Semanario Universidad

Por una condonación de la deuda pública externa de América Latina

Franz Hinkelammert (Alemania/Costa Rica), Yamandú Acosta (Uruguay), William Hughes (Panamá), Orlando Delgado (México), José De Echave (Perú), Henry Mora Jiménez (Costa Rica), Luis Paulino Vargas Solís (Costa Rica), Jorge Zúñiga (México)

El crecimiento económico como política y el endeudamiento como adicción

La globalización neoliberal encumbró la “sociedad del crecimiento”. El crecimiento se convirtió en la política central que supuestamente sostendría el consumo, la inversión, el empleo y el bienestar social.

El pretendido crecimiento ad infinitum resultó tener “efectos colaterales” (humanos y ecológicos), pero se asumió que el libre mercado y el desarrollo tecnológico lograrían contrarrestarlos. Y si no lograban solucionarlos, entonces no habría solución alguna: el progreso demanda “sacrificios”.

La teoría económica neoliberal dio un viraje de 180 grados: el “ahorro de hoy” dejo de ser la fuente para el consumo y la inversión “de mañana” (tesis keynesiana). El consumo por el consumo (consumismo) se convirtió en el motor del crecimiento, y la inversión productiva perdió el sentido de incrementar la “capacidad productiva” para considerarse casi exclusivamente en términos de su rentabilidad de corto plazo. Entre 1970 y 2007 se impusieron el capitalismo de casino y la financiarización, dominando la economía real. La crisis del 2008 fue interpretada como un tropezón normal en el frenesí de “exuberancia irracional”.

El consumismo desenfrenado y la inversión financiera se apuntalaron fuertemente en el crédito: a los hogares, empresas y Estados; desmantelando, además, las políticas del Estado de bienestar. Se generó una dependencia adictiva entre el crecimiento económico (la acumulación de capital) y el endeudamiento sin límite.

El pago de la deuda como genocidio

El capitalismo se fundamenta en el crecimiento económico, y como ya no puede hacerlo con saltos de productividad, se alimenta de nuevas “acumulaciones originarias” y de un endeudamiento tóxico que conduce a deudas perpetuas e impagables. Después del estallido de la crisis de la deuda en los años ochenta, podría esperarse que la situación de la región mejorara en el mediano plazo, pero se ha agravado. La deuda externa se duplicó hacia 1990, y para 2019 había crecido 10 veces, superando los 2 billones de dólares, con un pago de intereses que sumó un poco más de 1.1 billones de dólares. En realidad, todo el aumento de la deuda hasta 2010 ha sido resultado de pagos de intereses. El ingreso neto por nuevos créditos externos fue nulo hasta 2010. El pago de intereses corresponde a un dinero jamás entregado, se trata de una brutal usura. Hasta 2018, el 60% del aumento de la deuda externa lo constituyó la capitalización de intereses, los que se “pagaron” con nueva deuda, que seguirá exigiendo pago de intereses por recursos financieros que nunca han servido a los países de América Latina.

Esta situación es extensiva a la deuda pública: en los próximos cinco años el 32% del servicio de la deuda correspondería a pagos de intereses, lo que se agrava con la Pandemia de la Covid-19. La deuda externa es una fuente perpetua de extracción de excedentes de las economías de América Latina, sobre la base una deuda impagable. Resolver esto demanda la condonación inmediata de dicha deuda.

Este terrible año hay que pagar la deuda, tanto su capital como los intereses. Este pago en muchas sociedades, en especial las de América Latina, impide atender demandas sociales en salud, educación, protección social, cultura y demás servicios sociales y de protección del ambiente. El pago del capital y los intereses es la primera prioridad del presupuesto nacional, aunque miles o millones de ciudadanos no logren satisfacer sus necesidades básicas. La pandemia de la Covid-19 ha puesto al desnudo este genocidio económico-social.

Las crisis de deuda y su papel como estrategias de sometimiento

El endeudamiento es un gran negocio de los bancos y las empresas transnacionales, especialmente cuando las deudas se vuelven impagables. El país que no pueda pagar tendrá que ceder su soberanía, sus recursos naturales más valiosos y sus empresas públicas. Este pillaje incluso se hace calculadamente para que el país endeudado pueda seguir pagando, y cada tiempo se renegocia la deuda y hasta se permiten condonaciones parciales de intereses.

El endeudamiento externo hizo posible someter a toda América Latina durante la crisis de la deuda de los años 80 del siglo pasado, transformándola en un proceso de expropiación bajo el eufemismo de los “ajustes estructurales”.

El Acuerdo de Londres de 1953

El Tratado de Versalles (1919) fue un ejemplo de la ceguera de la “voluntad de poder”. Los ganadores de la I Guerra Mundial impusieron a Alemania costos de guerra a todas luces impagables. El tratamiento de la deuda alemana y el de otras naciones europeas después de la II Guerra fue muy diferente. Empezaba la guerra fría y las medidas para “salvar el sistema” incluyeron la eliminación de la mayor parte del pago de las deudas alemanas con el resto de Europa occidental y otros países aliados, Grecia incluida, además del Plan Marshall y la concesión de nuevos créditos sin intereses.

Ante los efectos económicos y sociales devastadores a causa de la pandemia de la covid-19, el FMI se niega a discutir una posibilidad semejante, y sólo considera condonaciones parciales o posposición de pagos de intereses para los países más pobres y endeudados. Quieren repetir el Tratado de Versalles, solo que ahora con los “perdedores” (víctimas) de la globalización.

El Fondo Monetario Internacional: la aparente paradoja de la condonación de las deudas. ¿Se debe pagar, aunque no se pueda pagar?

Desde el estallido de la crisis latinoamericana de la deuda en 1982, han sido múltiples los llamados a la condonación total de la deuda. La negativa del FMI y del Banco Mundial se respalda en la “responsabilidad de los deudores”, de gobiernos que irresponsablemente incurrieron en esa deuda. Según este argumento, ni siquiera la incapacidad de pago justifica la condonación de las deudas. El deudor es culpable de su incapacidad y el acreedor es exonerado de no anticipar que el deudor no podía pagar. Pero el argumento se desmorona cuando cualquier auditoria de la deuda muestra el pillaje del acreedor o la corrupción de los gobiernos de turno.

Entonces el FMI y el BM recurren a otro argumento: “la ley y el orden” de los mercados financieros y la continuidad de los préstamos en el futuro. La condonación de la deuda lesionaría la capacidad de las instituciones de crédito de seguir prestando y socavaría la confianza en el sistema financiero. Tal argumento es indefendible, cuando gobiernos y bancos centrales de los países ricos compran billones de dólares en valores o sencillamente emiten billones en monedas duras para salvar de la quiebra a bancos, empresas y mercados de valores, acrecentando la desigualdad y la injusticia.

Por una condonación de la deuda pública externa de América Latina

Cuando las deudas, supuestamente, se pagan con nuevas deudas y, además, los intereses se agregan, la deuda total crece sin más límite que el impuesto por la progresión del interés compuesto. Ha llegado el momento de transformar el sistema.

La crisis en curso ha ratificado que el futuro de la humanidad está en riesgo. Tenemos una oportunidad para corregir situaciones que muestran tendencias catastróficas. Recuperar la solidaridad como un valor global permitirá poner en el centro valores sociales fundamentales que la globalización neoliberal ha relegado o incluso aplastado.

La reconstrucción de las relaciones humanas, en la perspectiva de la vida y el bien común, exige cambios radicales: en nuestro metabolismo social, en las relaciones laborales, en la división sexual del trabajo, en los servicios básicos para toda la población, en los sistemas tributarios, en la propiedad intelectual y la cultura, en el dinero y las finanzas, en los organismos financieros internacionales, en la cooperación entre las Naciones, etc. Una Condonación Mundial de la Deuda Externa Pública sería sólo un primer paso, pero uno que puede cimentar la construcción de un futuro mejor para todas y todos, pero especialmente, para las víctimas del capitalismo neoliberal, colonial y financiarizado.

La vivienda adecuada a partir del COVID-19

Pablo Acuña Quiel, arquitecto

Ahora que se revisa de forma consensuada la importancia de la Caja Costarricense del Seguro Social para nuestro estado social de derecho, es pertinente incluir dos antecedentes que si bien pasarán a fortalecerla, se vuelven vitales para reposicionar las posibilidades de la vivienda en la coyuntura actual.

Se trata de la Junta Nacional de Habitación (Ley No 37 del 23 de diciembre de 1940) y la Cooperativa “Casas Baratas La Familia” (Ley No 190 del 14 de agosto de 1942), las cuales representan dos ejemplos de políticas públicas adelantadas para su época.

La primera leía el contexto y reconocía a la venta y al arrendamiento como las formas de uso de las nuevas viviendas; de forma visionaria iniciaba lo más parecido a un banco de tierras en las ciudades cabeceras de provincia del valle central; el carácter no estático de la vivienda se evidenciaba al atribuirse su estudio por todos los medios; y aunque ya la antecedían muchos años de higienismo, insistía en pronunciarse vinculantemente respecto al combate del hacinamiento a una escala complementaria de la municipal; finalmente establecía que la relación entre el precio de construcción y el de venta solo se incrementaba en un 5%.

Por su parte, el mayor aporte de la Cooperativa fue la fijación del costo máximo de cada vivienda con lote (7000 colones), así como el establecimiento de una relación con el sueldo máximo de la población beneficiaria (250 colones al mes) cuya cuota o amortización debía estar en el rango del 6% y el 12% de su salario (de 15 a 30 colones), esto terminó definiendo períodos de 19 años para la cancelación total y dotó a una generación de la movilidad social que otorga vivir prácticamente en el centro de la ciudad, con el beneficio de todos los equipamientos comunales existentes; como ejemplos de esta cooperativa, la ciudad de Heredia cuenta con dos barrios: al norte del antiguo Hospital San Vicente de Paul y al oeste de la Escuela Cleto González Víquez.

¿Podemos encontrar en la actualidad una oferta de este tipo?

No, y es por eso que constituye un ejemplo valioso por retomar en un contexto donde se nos convoca a quedarnos en casa mientras muchos no tienen acceso al derecho humano a una vivienda, mediante un alquiler o la propiedad.

Como describía arriba, si las cuotas mensuales se asocian de manera semejante a un porcentaje del ingreso de un hogar, puede garantizarse la asequibilidad, la cual es uno de los siete elementos de lo que reconocemos como la Vivienda Adecuada de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas.

¿De cuánto porcentaje estamos hablando?

Según el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, un parámetro aceptable es destinar el 30% a los gastos de vivienda, más allá de ese límite se comprometen las otras necesidades del hogar como sucede actualmente al haberse triplicado el promedio de su costo final en relación al promedio de los ingresos mensuales durante lo que llevamos del siglo XXI, esta tendencia debe revertirse con urgencia, en lugar de generar distracciones como las recientes opciones de financiamiento feriales donde se mantienen los precios elevados y se normaliza el sobre endeudamiento de los futuros propietarios.

El incremento en esta mercantilización de la vivienda se constituye en una forma violenta de expulsión de personas y en un obstáculo para el cumplimiento de las otras características de la Vivienda Adecuada: ubicación, accesibilidad, seguridad de la tenencia, habitabilidad, disponibilidad de servicios y adecuación cultural; también confirma que cuando la institucionalidad nacional se refiere al derecho a la ciudad lo hace en su versión más desteñida.

En la publicación del pasado marzo: “La vivienda se ha convertido en la defensa de primera línea contra el COVID-19″, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Leilani Farha, expresó su preocupación por quienes viven en asentamientos informales, refugios de emergencia y las personas sin hogar, así como quienes están perdiendo empleos por lo que podrían atrasarse en sus hipotecas o ser desalojados.

Suscribo su opinión respecto a una serie de compromisos mínimos que deberían ejecutar los Estados ( y los gobiernos locales) para garantizar la protección de estas personas: “cesar todos los desalojos; proporcionar viviendas de emergencia con servicios para aquellos afectados por el virus y que deben aislarse; asegurar que la aplicación de medidas de contención (por ejemplo: toques de queda) no conduzca al castigo de nadie debido a su status habitacional; proporcionar igualdad de acceso a pruebas y atención médica; y proporcionar una vivienda adecuada que podría requerir la implementación de medidas extraordinarias según corresponda en un estado de emergencia, lo que incluiría el uso de unidades vacantes y abandonadas, así como alquileres disponibles de corto plazo.”

Imagen: https://www.mivah.go.cr/Documentos/precarios/Precario_Tugurio_GAM_Febrero_2005/Asentamientos_en_Precario_y_Tugurio_GAM_Febrero_2005.pdf

OES-UNA: Gobierno debe valorar cuidadosamente impacto de medidas en materia salarial

SURCOS comparte el siguiente comunicado del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la UNA:

M.Sc. Roxana Morales Ramos – M.Sc. Fernando Rodríguez Garro
Dr. Henry Mora Jiménez – M.Sc. Greivin Salazar Álvarez
Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía (UNA)

El efecto esperado de una reducción de salarios en el sector público debe considerar todos los impactos posibles

En los últimos días se ha insistido en promover una reducción de salarios en el sector público o en el Gobierno Central, lo que a nivel mediático se ha planteado como si se tratara de la opinión general de los economistas de este país. Ante la ausencia de una valoración de los posibles efectos de esta medida, el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional quiere llamar la atención sobre varios aspectos.

Por ahora advertimos sobre la dirección de los impactos más que sobre la magnitud de los mismos, ya que ello dependerá del alcance de una eventual propuesta en este sentido (si llegase a presentarse).

1. La reducción de salarios del sector público, o del Gobierno Central, reduciría la base contributiva de la CCSS (tanto en seguro de salud como de pensiones), ya seriamente afectada por los despidos y reducciones de jornada en el sector privado, lo que sumaría más problemas financieros a la entidad. Para evitar un mayor efecto negativo, si se continúa con la idea, se deberá compensar financieramente a la CCSS, lo que reducirá el eventual ahorro esperado de esta propuesta. Adicionalmente, esta posible rebaja de salarios afectaría, aún más, los ingresos del Fondo de Asignaciones Familiares e IMAS.

2. La recaudación del impuesto sobre la renta aplicado a los salarios en el Gobierno Central o en el sector público, también se vería afectada hacia la baja, lo que debe restarse de las cuentas de un eventual ahorro por reducción de salarios. La baja en la recaudación podría ser incluso mayor en términos porcentuales, pues los tramos más altos de salarios están gravados a tasas más altas, e incluso, habría trabajadores y trabajadoras a los que ahora no les aplicaría el impuesto, dada la reducción en su salario por debajo del primer tramo gravable. La pérdida de recaudación debe estimarse para considerar los ahorros netos de una eventual reducción de salarios.

3. Si se da una reducción de salarios en el sector público o en el Gobierno Central, es de suponer que los funcionarios afectados tendrán el mismo derecho que sus pares del sector privado de retirar el Fondo de Capitalización Laboral (FCL), lo que pondría más presión financiera sobre las Operadoras de Pensiones Complementarias. La venta de títulos valores en el mercado para conseguir la liquidez necesaria para pagar los retiros del FCL, podría provocar una caída en el precio de los títulos valores y afectar las carteras de los propios fondos de pensiones y de los fondos de inversión, aumentando los rendimientos de esos títulos y generando una presión al alza sobre las tasas de interés.

4. Entre los funcionarios públicos se encuentran personas con altos niveles de endeudamiento que han autorizado, a ciertas entidades financieras, el rebajo automático del pago de sus créditos. Una rebaja de sus salarios crearía un problema para las entidades financieras que hacen estos rebajos o dejarían más expuestas a las personas que verían reducido su salario líquido más allá de lo razonable en estos casos. Esta situación, además de afectar a las personas asalariadas, podría convertirse en un serio problema financiero para algunas entidades que tienen una cartera muy concentrada en cierto grupo de trabajadores, como por ejemplo los del magisterio nacional.

5. La reducción en el consumo derivada de esta situación pesará más fuertemente en la producción, en el corto plazo, que algún beneficio producto de la reducción del déficit fiscal, que en todo caso tendría un efecto nulo o muy pequeño sobre el costo del financiamiento público y, por ende, en las tasas de interés. Es por esto que, si se llegase a plantear una reducción de salarios como se ha manifestado públicamente por algunos colegas economistas, debe estimarse el impacto que esto tendría en el consumo de las familias y por ende su efecto contractivo en el PIB, a fin de determinar qué tan negativa sería la medida en comparación con las ventajas macroeconómicas de la reducción del déficit, sobre todo en el corto plazo.

6. Creemos que las medidas deben seguir apuntando a buscar recursos para fondear ayudas para personas sin empleo y sin ingresos, incluyendo aquellos cuya actividad se clasifica como informal, para evitar un colapso social. Reiteramos nuestro llamado a una reforma tributaria amplia, altamente progresiva, que también grave otras formas de ingreso e incorpore contribuciones de los sectores ganadores o menos afectados por la crisis. Medidas que contengan los aumentos de salario, como la suspensión del ajuste salarial y la no aplicación de las anualidades en la actual coyuntura, también serán necesarias.

Adicionalmente es muy importante en esta discusión, más allá de si se llega a presentar o no una propuesta relacionada con los salarios del sector público, que el Gobierno de la República estime y haga públicos los ahorros que ya se están generando, particularmente en: horas extras, viáticos (dentro y fuera del país), compra de combustibles, pago de servicios públicos, eliminación de aumentos salariales, etc. El pago de horas extra y el no otorgamiento de aumentos salariales, también generará un ahorro en el pago de aguinaldos en diciembre, que es importante desde ya cuantificar, lo que permitiría hacer las rebajas respectivas del presupuesto gubernamental, para ir creando certeza sobre la evolución financiera del gobierno y sus necesidades de financiamiento.

Lunes 6 de abril del 2020

https://www.facebook.com/ObservatorioESEUNA/
Observatorio Económico y Social

Sitio Web: https://www.economia.una.ac.cr/index.php/es/oes

Enviado a SURCOS por M.Sc. Roxana Morales Ramos.

¿Qué tan endeudados estamos los ticos y cómo nos afecta la situación fiscal del país?

Roxana Morales Ramos*

 

El creciente deterioro de las finanzas públicas amenaza la estabilidad macroeconómica de Costa Rica. Son varios años los que llevamos discutiendo sobre la urgencia de sanear las finanzas del Estado, más, sin embargo, muchas personas, incluidos algunos políticos, no comprenden la gravedad de la situación y las serias consecuencias que tendría para el país la no aprobación de las reformas necesarias en el muy corto plazo.

Los datos que se presentan a continuación describen mejor la situación mencionada.

El gasto del Gobierno Central como porcentaje del PIB pasó del 15,3% en 2008 al 20,7% en 2017, mientras que la carga tributaria (recaudación de impuestos como porcentaje del PIB), se ha mantenido en cerca del 13% del PIB en los últimos diez años, es decir, existe una insuficiencia de recursos propios para cubrir los gastos y como consecuencia, la deuda del Estado se ha incrementado considerablemente. En 2008 la deuda de Gobierno Central fue de 24,1% del PIB, en 2017 alcanzó el 49,1% del PIB, mientras que para 2018 y 2019, el Banco Central de Costa Rica estima, en su programa macroeconómico, que la misma alcanzará el 53,8% y 58,4% del PIB, respectivamente.

Por su parte, en el presupuesto 2019, recién presentado a la Asamblea Legislativa por parte del Ministerio de Hacienda, se estima un gasto del gobierno equivalente al 29,6% del PIB, financiado en un 53,5% con nueva deuda y solo el 46,5% con ingresos propios. Es decir, el déficit estimado es de 7,9% del PIB para el 2019.

Lo anterior denota la gravedad de la situación de las finanzas públicas y la urgencia de tomar decisiones cuanto antes, es decir, se requiere un ajuste inmediato, para evitar una crisis fiscal que tendría graves secuelas para la economía y para el país en su conjunto.

Una de las consecuencias, en caso de no aprobarse las reformas necesarias, es el incremento que podrían experimentar las tasas de interés y, por tanto, el costo de la deuda para el Gobierno Central y para las empresas y familias en el país.

En este sentido, vale la pena mencionar que el creciente endeudamiento del Estado también se replica en el sector privado. Al analizar los datos del BCCR, el crédito otorgado por el sistema financiero al sector privado no financiero, en julio de 2018, alcanzó el 58,2% del PIB, es decir, 20,1 millones de millones de colones (en 2007 representaba el 43,2%, por tanto, en los últimos 10 años, la deuda privada ha crecido en casi 15 puntos porcentuales).

Otra forma de observar el creciente endeudamiento de las familias es a través del aumento de la deuda en tarjetas de crédito: según datos del Ministerio de Economía, de 2010 a 2018, la deuda en este tipo de tarjetas se ha duplicado y alcanzó en abril de este año el 3,5% del PIB (1,2 millones de millones de colones); siendo que las tasas de interés de este tipo de créditos rondan el 40% y 50%.

En resumen, a manera de referencia, si sumamos la deuda del Gobierno Central y la deuda del sector privado no financiero (53,8% y 58,2%, respectivamente), no nos alcanzaría toda la producción de bienes y servicios de consumo final (PIB) de todo un año para pagar el principal (saldo de la deuda) y mucho menos los intereses.

Y si a lo anterior sumamos que, del total de la deuda del sector privado no financiero, el 39% se encuentra denominada en dólares y el 61% en colones, y que, cerca del 71% de las personas endeudadas en dólares ganan en colones, según datos de la propia SUGEF; entonces, ante un incremento en las tasas de interés y en el tipo de cambio (depreciación del colón), como consecuencia de no tomar las medidas a tiempo para sanear las finanzas públicas, muchísimas familias podrían ver comprometida su estabilidad económica y con ello la estabilidad del sistema financiero y de la economía como un todo.

En este sentido, a manera de ejemplo, suponga una familia que contrajo un crédito para vivienda por 50 millones de colones, a una tasa de interés del 9% anual, a un plazo de 30 años; actualmente paga una cuota mensual de 402.311 colones. Ahora suponga que la tasa de interés se incrementa en 3 puntos porcentuales y llega al 12%, esto implica que, con el ajuste en la tasa de interés, deberá pagar mensualmente 514.306 colones, es decir, 111.994 colones más. Esta situación evidencia el impacto que podrían sufrir muchas familias, más considerando que del total de créditos otorgados por el sistema financiero al sector privado, a mayo 2018 -según datos del BCCR- el 28% corresponde a créditos para vivienda, el 33% para consumo, el 13% para servicios, el 11% para comercio, y el restante 15% para otros.

Es por lo anterior, entre otras razones, que urge un acuerdo que permita evitar una crisis económica en el país; sin embargo, ese sentido de urgencia no debe ser una excusa para descuidar aspectos importantes como por ejemplo cuáles sectores son los que soportarán el peso de la reforma fiscal. Todos y todas debemos aportar, pero de acuerdo con nuestras posibilidades (riqueza y nivel de renta), para que el país salga adelante, de lo contrario, las consecuencias serán muy negativas para la economía y para la sociedad.

 

*Observatorio Económico y Social, Escuela de Economía UNA.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por UNA Comunicación.

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Amenazas para la estabilidad de las tasas de interés y del tipo de cambio en Costa Rica

Diego Zárate Montero*

 

La tasa básica pasiva y el tipo de cambio han presentado un comportamiento estable en lo que va del año, sin embargo, esa estabilidad podría verse amenazada en el mediano plazo, principalmente por dos factores: el financiamiento del gobierno central mediante endeudamiento interno y la incertidumbre en la economía internacional.

La tasa básica pasiva (TBP), referente para el resto de tasas de interés en colones, ha seguido la senda trazada por el Banco Central con la implementación de una nueva metodología de cálculo, la cual introdujo un factor de ajuste que la ha dirigido gradualmente hacia la baja, pasando de 6,25% en enero 2016 a 4,35% la segunda semana de diciembre.

Sin embargo, el financiamiento del gobierno central mediante deuda interna constituye una amenaza para la estabilidad de las tasas de interés en colones por el llamado “efecto estrujamiento”, el cual ocurre cuando un gobierno presenta altos niveles de déficit fiscal y se ve obligado a realizar importantes operaciones de deuda en el mercado nacional, con lo cual compite con los agentes privados para conseguir recursos en el mercado financiero, presionando al alza en las tasas de interés.

Mientras que a setiembre 2015 el 54% del déficit fiscal del gobierno central se financió con deuda interna (el restante 46% con deuda externa), en los primeros nueve meses de este año, el financiamiento interno alcanzó el 99%. En este sentido, la limitación que actualmente tiene el Gobierno de endeudarse externamente, podría empezar a ejercer una mayor presión sobre las tasas en colones en los próximos meses.

Con respecto al tipo de cambio, este presentó un comportamiento estable en el primer semestre del año, no obstante, a partir de junio y hasta noviembre, se ha depreciado en cerca de un 3,5%. En otras palabras, en enero se pagaba en promedio 540 por dólar y a inicios de diciembre 558.

Es importante mencionar que no solo el colón costarricense se ha depreciado, sino también muchas otras monedas importantes y en mayor medida; lo cual podría acentuarse si el descenso en la tasa de desempleo de Estados Unidos observado en noviembre de este año, es interpretado por las autoridades de la Reserva Federal como una señal de que la recuperación económica justifica aumentar la tasa de referencia en este diciembre y realizar ajustes paulatinos durante el próximo año.

Un aumento mayor del tipo de cambio en nuestro país, podría afectar el costo del servicio de deuda (mayor presión sobre el déficit fiscal), así como a los agentes privados que han contraído deudas en dólares. En este sentido, los cambios en el entorno internacional motivados por la aparente recuperación de la economía estadounidense y por el cambio de gobierno, podrían afectar el comportamiento del tipo de cambio.

De esta manera, ante un escenario internacional en que existe cierto nivel de incertidumbre, la mejor precaución es controlar los factores internos, que como el financiamiento del gobierno central, pueden desestabilizar los macroprecios, entre ellos las tasas de interés, que inciden directamente en el bolsillo de los costarricenses.

*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de elsoldeoccidente.com

Enviado por Oficina de Comunicación UNA.

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