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Etiqueta: equidad

Cambios en la regionalización por un verdadero desarrollo territorial

Escrito en . Publicado en Análisis.

Los cambios en la regionalización del país; hacia un reordenamiento o remozamiento del esquema de regionalización o en procura de un verdadero desarrollo territorial equitativo y sostenible.

German Masís Morales

Recientemente hemos conocido la información de que Costa Rica redibujará el mapa de sus regiones, luego de 49 años sin cambios. Se argumenta que el mapa político del país basado en provincias con criterios un tanto desfasados, había sido modificado hace casi medio siglo cuando se emprendió el criterio de las regiones de planificación.

Esa modificación ocurrida en 1975, con la ley de Planificación Nacional, generó un nuevo mapa del país, pero ahora marcado por elementos socioeconómicos con la intención de dar un mejor abordaje de las políticas públicas, con un enfoque más local. Fue así como nacieron las regiones: Central, Chorotega, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Pacífico Central y Brunca

Se afirma que luego de casi medio siglo los criterios que se usaron para esa repartición han cambiado y tocará hacer un remozamiento del esquema de regionalización de Costa Rica. La labor de replanteamiento de las regiones estará a cargo del Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN).

Para evidenciar la incoherencia que existe entre lugares de diferentes provincias del país, las autoridades de MIDEPLAN brindaron algunos ejemplos, como que San Vito de Coto Brus tiene poco en común con las Islas del Golfo de Nicoya, pero ambos pertenecen a la provincia de Puntarenas. Lo mismo ocurre entre la zona de residenciales de La Guácima con los pueblos de Los Chiles que limitan con Nicaragua, tienen poco en común, pero ambos son de Alajuela. Otro ejemplo surge al comparar las áreas más rurales de la Zona de Los Santos con la alta densidad de población de Tibás, nada en común, pero ambos están en San José. (ElObservador.com,29-4-2024)

En una situación similar, se presenta con las diferencias de las áreas urbanas de Heredia, como Belén; San Joaquín y Santo Domingo y las diferencias con las condiciones del cantón de Sarapiquí, aunque ambas pertenecen a la provincia de Heredia.

También existen diferencias importantes entre cantones ubicados en una región y pertenecientes a diferentes provincias, como el caso de Pérez Zeledón que pertenece a San José y los demás cantones de la región Brunca a la provincia de Puntarenas, donde muchas veces sus habitantes han dicho “yo me siento de todo lado menos de San José, o me siento de todo lado menos de la Zona Sur,” explorar esas dinámicas y construir un documento de esquema de regionalización que permita adecuar y actualizar esas nuevas dinámicas que hay en nuestro país que son muy distintas a las de 1975, son los propósitos de MIDEPLAN.

Lo mismo ocurre, como el caso de San Carlos y sus diferencias con los demás cantones de la región Huetar Norte, de Upala, Guatuso y los Chiles o la ubicación del cantón de Río Cuarto en la región Norte, todos pertenecientes a la provincia de Alajuela.

Disparidades regionales, se pueden constatar en la misma región Central, con la coexistencia de cantones de alto desarrollo como Escazú y Santa Ana y su proximidad con cantones rurales y de bajo desarrollo como Mora, Puriscal, Acosta y Turrubares, pertenecientes a lo que se conoce como la región Central Sur.

El Ministerio de Planificación, ha confirmado que la división política del país no va acorde a las verdaderas realidades que enfrentan diferentes lugares, lo que genera la necesidad de focalizar esfuerzos según las necesidades más locales.

Entre los parámetros a revisar estarían las condiciones sociales, las áreas de conservación, las áreas fronterizas, las áreas costeras o los territorios indígenas.

No obstante, la validez de esta iniciativa de MIDEPLAN, en pleno siglo XXI para ajustar o adecuar la conformación de las regiones del país, ésta debe trascender el enfoque de regiones administrativas hacia el enfoque de desarrollo territorial, donde las características de los territorios desde el punto de vista geográfico, histórico, demográfico y socioeconómico sean las que definan la afinidad, interrelación y conformación geosociohistórica de los territorios regionales.

Junto a la incorporación de las características multidimensionales de los territorios, es imperativo proponer una nueva organización territorial dirigida a superar las brechas regionales existentes entre la Gran Área Metropolitana(GAM) y las regiones periféricas rurales, costeras y fronterizas y los desequilibrios al interior de las mismas regiones periféricas, entre sus zonas centrales y ciudades más desarrolladas(como Liberia, San Carlos y Pérez Zeledón) y las zonas rurales y costeras circundantes.

Hemos sostenido en este espacio, que en Costa Rica se ha configurado un desarrollo regional desigual que evidencia que la actividad económica y los frutos del desarrollo económico no se han distribuido equitativamente entre las regiones, situación que no puede postergarse por más tiempo.

Se ha insistido en que la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se ha reproducido por más de 5 décadas en las 4 provincias centrales, limitando la integración de las regiones periféricas y prácticamente excluyéndolas del desarrollo nacional.

Así mismo, varios análisis del desarrollo nacional, han expuesto reiteradamente que este desarrollo desigual e inequitativo es insostenible, el Informe del Estado de la Nación 2020 señala que la red productiva nacional es altamente dependiente de la región Central-GAM y del sector comercio y transporte y que urge atender la desconexión entre ésta y las regiones fuera de aquella región, (así como) fortalecer las interacciones para fomentar la actividad económica en ambos casos.(InformeEstadodelaNación,2020,p.29).

Por su parte, el estudio de actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Costa Rica realizado por Banco Central de Costa Rica en el 2021, había señalado que, en nuestro país, la producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites.

De acuerdo a ese estudio se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM, la primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo, mientras el comercio es predominante en casi todo el país.

La actividad de manufactura está concentrada en los cantones de la GAM, donde Alajuela, San José, Heredia, Cartago son las principales áreas, junto a cantones como Desamparados, Goicoechea, Grecia y la Unión. De las regiones periféricas sólo Puntarenas y San Carlos tienen alguna importancia en esta actividad.

Mientras que las actividades como la agricultura, producción de energía y suministro de aguas y minería se desarrollan primordialmente fuera del Gran Área Metropolitana (GAM).

Específicamente, la agricultura está dominada por San Carlos, Pococí, Matina, Limón, Siquirres, Sarapiquí, Guácimo, con cerca de un 45 % de la producción nacional, todos ellos cantones de las regiones Periféricas y en su mayoría dedicada a los monocultivos del banano, la piña y la ganadería;

Por su parte, el Índice de Competitividad Nacional (ICN, mostró que un total de 48 cantones (59% del total), incluidos todos los ubicados en las provincias costeras (con excepción de Esparza), apenas tienen condiciones que se calificaron como emergentes, limitadas o deficientes del todo.

La medición de ICN evidencia una marcada distinción entre cantones centrales y periféricos del país. “Sigue un patrón de adentro hacia afuera”, al igual que la mayoría de los indicadores de progreso o desarrollo social de Costa Rica, según detalla el informe. (Nación.com,11-11-2021)

Las barreras en materias como el acceso a la tecnología y la educación, así como el deficiente desarrollo en la infraestructura que enfrentan los cantones más alejados de la región central, asfixian sus niveles de competitividad en comparación con los territorios ubicados en el interior.

Diversos índices de desarrollo cantonal han permitido constatar las desigualdades y desequilibrios socioeconómicos existentes, así el Índice de Desarrollo Humano Cantonal 2021 reveló como los cantones costeros, fronterizos y rurales que pertenecen principalmente a las provincias de Limón, Puntarenas, Guanacaste y Alajuela son los que muestran los peores indicadores de desarrollo humano

Así en lo que respeta al Índice de Desarrollo Humano por Desigualdad, los 10 cantones con los indicadores más bajos son Matina, Talamanca, Buenos Aires, León Cortés, La Cruz, Los Chiles, Tarrazú, Hojancha y Dota, de los cuales 3 son costeros, 3 son fronterizos y 4 son rurales.

La presencia de los cantones costeros, fronterizos y rurales, también se confirma en el Índice de Pobreza Multidimensional, en donde los cantones con el índice más alto de pobreza son Los Chiles, Talamanca, Upala, La Cruz, Coto Brus, Buenos Aires, Guatuso, Turrialba, Sarapiquí y Osa, de los cuales 5 son fronterizos, 2 costeros y 3 rurales.

Se incluyen entre los 25 con el índice más alto de IPM, Matina, Golfito, Siquirres, Limón, San Carlos, Corredores, Bagaces, León Cortés, Aguirre, Dota, Pococí, Puntarenas, Nicoya, Nandayure y Parrita, de los que 10 son costeros, 7 fronterizos y 8 rurales. (SurcosDigital.com,2022)

Igualmente, algunos intelectuales han reafirmado la existencia de dos Costa Ricas ya que sigue vigente, “una especie de geografía del desarrollo que parte el país en dos zonas: el centro con mayor desarrollo productivo y una mayor urbanización, frente a la periferia (ubicada en las costas y las zonas fronterizas) que no logra disponer del dinamismo adecuado para generar el empleo y los ingresos suficientes que permitan eliminar la pobreza. (Esquivel, F.,2021, p.222).

De acuerdo con lo anterior, los cambios en la regionalización del país no se deben reducir a un reordenamiento geográfico o a la redefinición de las regiones para que se fortalezca la presencia de las instituciones en cada región y al decir de MIDEPLAN trabajar mejor las políticas públicas y descentralizar los presupuestos para dar los financiamientos más adecuados.

Ya existen acciones favorables a lograr el replanteamiento de la mencionada regionalización, tales como la aprobación de la Ley de Desarrollo Regional del 2021, que tiene como finalidad impulsar el desarrollo regional en Costa Rica, para la mejora de las condiciones y la calidad de vida de toda la población, respetando las particularidades culturales, sociales, económicas, ambientales y el aprovechamiento de las sinergias y potencialidades propias de cada región, en un contexto de participación democrática. Asimismo, reducir progresivamente los desequilibrios regionales mediante el diseño y la implementación de políticas públicas diferenciadas e incluyentes.

Así mismo como la ley para ampliar la operación de las zonas francas en algunas zonas fuera de la GAM, impulsada en los últimos años y que ha dado lugar a la creación de estos centros industriales y de servicios, en lugares como Grecia, Orotina y Esparza.

Estas iniciativas, aducen que se pueden mejorar las condiciones de crecimiento, competitividad e innovación en las diversas regiones del país, para garantizar el cierre de brechas estructurales que afectan negativamente la calidad de vida y el arraigo de sus habitantes.

Sin embargo, su mayor carencia es la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué,J.et al,Rimisp,2015).

La realidad de brechas y desigualdades territoriales demanda una perspectiva de desarrollo autocentrado en las características territoriales, con un carácter endógeno y participativo que permita que los distintos actores sociales, económicos, públicos o privados definan las acciones necesarias para conducir los cambios estructurales que necesita un territorio concreto.

Es imperativo la generación de opciones productivas, empleos de calidad, infraestructura y servicios en territorios periféricos, los cuales han estado concentrados en los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal y la institucionalidad gubernamental.

Ante el escenario de desigualdades regionales, el rezago y marginación social, MIDEPLAN debe avanzar a la definición de una estrategia de desarrollo territorial centrada en los recursos y potencialidades de los territorios y regiones periféricas.

Dicha estrategia supone una nueva ruta para la transformación económica y territorial costarricense basada en la necesidad de dinamizar las actividades productivas y capitalizar las oportunidades inherentes al territorio.

El abordaje de las desigualdades territoriales y el impulso de políticas para revertirlas debe tener como objetivo primario avanzar hacia un desarrollo territorial más sostenible, equitativo e incluyente, como una verdadera política de Estado o un proyecto país de transformación territorial.

Imagen UCR.

Las cooperativas impulsan el progreso social y productivo de la sociedad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Conmemoración de la Semana del Cooperativismo 2024

Vivian Rodríguez Araya
Líder Movimiento Cooperativo

22 abril, 2024

El movimiento cooperativo es un propulsor de oportunidades reales de impacto económico y social, su auténtica contribución en la generación de esenciales beneficios para la productividad y la creación de empleos dignos, son gracias a que las cooperativas son constituidas bajo los más significativos valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, modelo asociativo que sigue siendo hoy honesto, efectivo y garante de resultados visibles hacia la responsabilidad del bien social y productivo.

Es satisfactorio observar el crecimiento que ha tenido la constitución de nuevas cooperativas a lo largo y ancho de Costa Rica, proyectos productivos y servicios de innovación que representan un impacto legítimo de las empresas cooperativas, así como la evolución de insignes cooperativas que hoy son un ejemplo autentico del modelo asociativo cooperativo dentro y fuera del país. El impulso político de leyes que promueven hoy la reducción de personas necesarias para constituir cooperativas viene a estimular el avance progresivo en la creación de más empresas cooperativas, siendo un aliciente para la economía de las personas y la productividad del país.

Uno de los desafíos y retos en la esfera social y económica sigue siendo reducir las brechas de la desigualdad, el desempleo, la pobreza y la discriminación, no obstante, el modelo empresarial cooperativo concibe incrementar la real participación del liderazgo de hombres y mujeres en las que buscan dar respuestas a sus necesidades en las esferas sociales y económicas. Hoy el cooperativismo visibiliza y apoya a las mujeres dentro del movimiento cooperativo, creyendo en el valor de las cooperativas como impulsoras de la equidad.

La posibilidad de independencia económica y de cooperación en el ejercicio colectivo que ofrecen las cooperativas beneficia a las mujeres y a toda la comunidad en general, de modo que estas acciones logran transformar la capacidad colectiva y trascender en las generaciones futuras.

La niñez y la juventud, resurgiendo como agentes de cambio que alimentados de la doctrina cooperativa serán los nuevos líderes encomendados de difundir y fomentar los extraordinarios valores y principios del modelo empresarial cooperativo, para promover el bienestar social y mejoramiento de las condiciones de vida propia, la de sus familias y de la sociedad.

Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica reafirma su compromiso con la ética y la profesionalidad

Escrito en . Publicado en Derechos.

En un reciente comunicado a través de un video titulado «Colper Informa», la presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica (COLPER) Yanancy Noguera Calderón reafirmó el compromiso del gremio con la ética, la democracia, la paz, así como con el pluralismo, la equidad, la diversidad, y la tolerancia. Este mensaje surge en el contexto de la presentación del actualizado código de ética y deontología, una labor atribuida al tribunal de honor del COLPER, que busca ser el norte y propósito de los profesionales en su ejercicio diario.

La declaración se da en un momento crítico, mencionando un incidente ocurrido el pasado lunes 1 de abril, descrito como un capítulo nefasto en la historia reciente contra el ejercicio del poder. En particular, durante una comparecencia en la comisión especial investigadora de las contrataciones del SINART, el COLPER defendió la asignación de publicidad estatal basada en criterios técnicos y profesionales, destacando la importancia de orientarla a una pluralidad de medios con la audiencia y alcance necesarios.

Sin embargo, el discurso de la diputada Pilar Cisneros, quien, según la presidenta de la junta directiva de COLPER, parece desconocer los propósitos del colegio y dicho discurso criticado por utilizar discursos de odio y violencia política, fundamentados en la desinformación y la posverdad. Este hecho resultó particularmente resaltable dado que Cisneros es profesionalmente periodista.

El 3 de abril, el Ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, cuestionó la institucionalidad del COLPER y su liderazgo, uniéndose a las voces críticas que, según la presidenta, buscan deshonrar la organización. Frente a estos ataques, el COLPER se reafirma en su fundamento legal y propósitos claros, comprometiéndose a atender las demandas de la sociedad desde una comunicación ética y justa, posicionándose contra las «nefastas voces de la desinformación y la posverdad».

El mensaje cierra con un llamado al diálogo honesto, abierto a críticas constructivas, enfatizando el papel de la prensa independiente frente a estrategias populistas y descalificaciones que buscan socavar su credibilidad y misión.

Puede acceder al video completo en esta nota.

Compartido con SURCOS por COLPER.

ONGs con disfraces

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mg. José A. Amesty Rivera

El Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sus siglas en inglés (International Institute on Race, Equality and Human Rigths), es una ONG con caretas de Organización Defensora de los Derechos Humanos, que desde hace décadas ha venido apoyando la subversión en Cuba.

Por ejemplo, recientemente este Instituto, el 17 de marzo de 2024, a raíz de las manifestaciones en Santiago de Cuba, reiteró que el gobierno cubano viola de forma sistemática los derechos humanos de quienes residen en la Isla.4

Según un ex representante anónimo de la USAID, Raza, Igualdad y DDHH es financiado por la Usaid y utilizado como pantalla de la CIA.

La USAID es la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID) fue creada en 1961, con la intención de ampliar el “Plan Marshall” a los países estratégicos del mundo, canalizando sus políticas para, impedir que las fuerzas comunistas, (que se fortalecieron al derrotar al fascismo en la Segunda Guerra Mundial), tomasen el poder, y, abrir nuevos mercados a las empresas de EEUU.

A su vez, la USAID facilita a la CIA «plantar sus hombres en las policías de los países estratégicos de todo el mundo», afirma el ex corresponsal de New York Times AJ Langguth. De hecho, el presupuesto de USAID, en parte, es el financiamiento oculto de las agencias de inteligencia de EEUU.

También, la CIA Agencia Central de Inteligencia siglas en inglés, es una entidad independiente del Gobierno de Estados Unidos, encargada de la recopilación, análisis y uso de información y servicios de inteligencia, para asistir al presidente del país y sus asesores, en la toma de decisiones relacionadas con la seguridad nacional. La CIA se creó en 1947, y, por un lado, proporciona información al gobierno estadounidense, y por otro, tiene que subvertir al «enemigo», es decir, a quien el presidente o la CIA definieran como tal, utilizando una amplia gama de medidas: asesinatos, golpes de Estado, organización de disturbios, armamento de insurgentes y otros medios.

En el caso de Cuba, y otros países latinoamericanos Usaid provoca protestas populares contra los gobiernos que repudia, bajo la bandera de «Promoción de la democracia», no en balde ha sido expulsada de Rusia, de los países del ALBA (Bolivia, Cuba, Ecuador, Dominica, Nicaragua y Venezuela) y de Burkina Faso.

Recordemos, por ejemplo, que Usaid, a través de la OTI, La Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica, introdujo en Cuba en 2010, un sistema de mensajería similar a Twitter llamado ZunZuneo. Mientras recopilaba los datos personales de cientos de miles de usuarios a través de sus móviles, pretendía organizar disidencias en la red y también en las calles.

Volviendo a Raza, Igualdad y DDHH, esta se inserta con instituciones reconocidas por el gobierno cubano, así como de países de América Latina. El Instituto tiene trabajo en, Brasil, Colombia, Cuba, Honduras, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana. A su vez, tiene espacios de incidencia en, OEA, ONU, Unión Europea, y en el Programa Regional Latinoamericano, Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos.

En el tema de Cuba, la ONG pretende, por un lado, identificar personas relacionadas con el gobierno cubano, o en cualquier esfera donde incidan organizaciones no gubernamentales reconocidas por el país, con posiciones reformistas o susceptibles a ser influenciados, y en segundo plano, intentan crear relaciones con estas instituciones no gubernamentales, replicando experiencias de golpes suaves en países de Latinoamérica,  influyendo en estas personas, que, según ellos, están al habla con el gobierno cubano.

Recientemente, se ha filtrado que Raza, igualdad y DDHH, pretende utilizar al Ministerio de Cultura y el Archivo General de República Dominicana, para que actúe como Coordinador de los intercambios con contrapartes cubanas, en eventos financiados y dirigidos por Raza y Equidad.

Raza y Equidad, radicada en Washington, en este esquema desarrollará un evento del 11 al 21 de abril de este año, sobre los temas de Equidad y Diversidad en Santo Domingo.

Para ello, las contrapartes cubanas presentes serán: la «Fundación Nicolás Guillen» y el «Centro de Intercambio y Referencia de Iniciativa Comunitaria» CIERIC.

La Fundación Nicolás Guillén es una organización jurídica autónoma, con fines culturales, de carácter particular y utilidad pública, sin ánimo de lucro, con patrimonio y personalidad propios, creada en 1991 bajo los auspicios de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y la familia del poeta.

El CIERIC es un centro de carácter asociativo, sin fines de lucro, fundado el 23 de octubre de 1991. Vinculado a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, autónomo en cuanto al manejo institucional, la gestión económica y la administración de recursos.

El evento, en Santo Domingo, está previsto para desarrollarse en un formato de talleres, con el propósito de debatir sobre discriminación Afro-LGBTQ+.

Los invitados cubanos compartirán sus experiencias y a la vez recibirán capacitación de la representación de Raza e Igualdad en República Dominicana.

Este evento es financiado por el Fondo Suizo para el Desarrollo (COSUDE) con la participación de otras ONG como Diversidad Dominicana y el Observatorio Dominicano para los Derechos Humanos.

El COSUDE es la agencia del gobierno suizo, para la cooperación al desarrollo. Es el mayor donante de Helvetas, otra ONG, y ha sido un socio significativo durante sesenta años. Con su contribución al programa, la COSUDE apoya los proyectos de Helvetas que también requieren ser financiados mediante donaciones.

La ONG Diversidad Dominicana, su objeto es trabajar y promocionar los derechos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (LGBTI) en la República Dominicana; lograr el posicionamiento del tema en la región; e incidir por el respeto de los derechos LGBTI en la República Dominicana y en las Américas.

El Observatorio de Derechos Humanos de Grupos Vulnerabilizados de la República Dominicana, es una plataforma donde personas y organizaciones abocadas a la defensa de los derechos civiles pueden reportar casos de violaciones de derechos humanos de grupos vulnerables o marginados.

Es de resaltar que la ONG Raza, Equidad y DDHH, ha estado presente en Costa Rica, dictando talleres y cursos contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. A su vez, esta ONG ha firmado denuncias sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. En ambos casos, con la misma tónica de inmiscuirse solapadamente en estos países, fomentando y buscando cualquier oportunidad para subvertir el orden en ellos.

Finalmente, la estrategia de la Institución Raza y Equidad, es ocultar las acciones contra Cuba y crear una red de apoyo en el sector Afro-LGBTQ+, que puedan utilizar para presionar un cambio de régimen, siguiendo instrucciones de la USAID o la embajada norteamericana, cuando se tengan las condiciones objetivas y subjetivas en el plan de golpe suave de la administración Biden para Cuba.

También, cursos-talleres similares se han realizado en Trinidad y Tobago utilizando otras temáticas.

Resulta llamativo y abusivo que este Instituto, utilice a instituciones gubernamentales de un país pacífico como República Dominicana, donde existe un amplio mercado del turismo y servicios, para manipular a funcionarios de organizaciones foráneas.

El director ejecutivo de Raza y Equidad, es Carlos Quesada, quien frecuentemente realiza acciones contra Cuba, que van desde montar shows mediáticos en la ONU, hasta financiar mercenarios en la isla.

Obispo. Patriota Bolivariano — 1 abril, 2024. 

Arrancan audiencias para reconocer el derecho al cuidado

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

  • República de Argentina planteó la solicitud de una opinión consultiva sobre el derecho al cuidado el año anterior; otros Estados, entre ellos Costa Rica, se han sumado.

  • Un conversatorio analiza los avances y los pasos a seguir dentro de este proceso que busca alcanzar un nivel de igualdad y equidad en favor de las mujeres, a quienes se les encarga tradicionalmente las tareas de cuido.

UNA Comunica. 13 de marzo de 2024. La labor de cuido ha recaído históricamente en las mujeres y ello ha conllevado a que se normalice una serie de actitudes discriminatorias que generan consecuencias económicas y sociales en su contra. Para atenuar esta situación, la República de Argentina planteó una solicitud, en enero de 2023, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que emita una opinión consultiva que reconozca el derecho al cuidado.

Justamente esta semana, del 12 al 14 de marzo, la Corte IDH, con sede en Costa Rica, recibió en audiencia a los Estados y organizaciones que apoyan esta tesis.

La Universidad Nacional (UNA), por medio del proyecto Trabajo y Crisis de la Escuela de Economía y el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) apoyan y colaboran en esta gestión de la que son parte, además de Costa Rica, Colombia, México, Chile, Paraguay y Uruguay, países que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos.

“Como Universidad, estamos plenamente identificados con aquellas acciones que garanticen la igualdad en las relaciones sociales que han propiciado una brecha importante en los roles entre los hombres y las mujeres. Tradicionalmente se ha encomendado a la mujer, en su papel de madre y de cuidadora del hogar, la responsabilidad de velar por la seguridad de hijos, adultos mayores y personas con discapacidad, cuando esta responsabilidad debería ser compartida y asumida con absoluto apego a la justicia y la equidad”, manifestó Irma Sandoval, investigadora del Idespo.

La Encuesta Nacional del Uso del Tiempo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 2022 reveló que, en Costa Rica, las mujeres incrementaron en un 16,4%, entre el 2017 y el 2022, el tiempo dedicado al trabajo no remunerado. En términos nominales, las mujeres dedican 32:04 horas a la semana a estas labores, mientras que los hombres destinan 16:30 horas. Por ejemplo, el cuidado de personas totalmente dependientes está a cargo de las mujeres en un 77%.

La valoración de estos datos la hizo el Programa Estado de la Nación el pasado 8 de marzo, a propósito del Día Internacional de la Mujer, al señalar que “muchas de las brechas en el mercado laboral se asocian con factores culturales y sociales históricos, al valorar de manera diferenciada los roles de género en los distintos ámbitos de interacción. Un ejemplo es la injusta distribución del trabajo doméstico no remunerado”.

A escala mundial, el panorama no tiende a cambiar. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan que las mujeres dedican 3,2 veces más horas que los varones a los trabajos no remunerados.

El proceso

Fue el 20 de enero del año anterior cuando la República de Argentina dirigió un oficio a Juan Enrique Pérez Manrique, juez de la Corte IDH, solicitando una opinión consultiva sobre el tema del cuidado.

En el escrito, se detalla que “las desigualdades en el ámbito del cuidado anteceden y explican las diferencias entre los géneros en el ejercicio y goce de los derechos humanos: el papel social y tradicional de las mujeres como proveedoras de los cuidados y encargadas del trabajo doméstico, ha limitado su capacidad para incursionar en el mercado laboral formal y coartado su autonomía económica”.

Luego de la presentación de la solicitud por parte de la República de Argentina, la Corte admitió la presentación del pedido y habilitó una instancia para que los distintos actores presentaran la documentación que argumenta la posición de que el cuidado debe considerarse un derecho desde el sistema interamericano.

“Estos documentos se les conoce como amicus curiae que son presentados por las partes solicitantes de una opinión consultiva de parte de la Corte, y donde se aporta información relevante que le va a permitir al Tribunal deliberar e interpretar. Este proceso ya concluyó y ahora empezamos esta semana con las audiencias orales, para que luego se proceda con la parte deliberativa de cara a una decisión final”, detalló Laura Pautassi, experta de referencia internacional de cuidados y académica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, quien está de visita en el país para participar las audiencias.

Conversatorio

En el marco del proceso de audiencias públicas, el próximo 14 de marzo se llevará a cabo el conversatorio El reconocimiento del derecho al cuidado en América Latina y el Caribe, a partir de las 5:30 p.m. en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.

Durante el conversatorio se hará un recuento de las acciones que han conllevado a la presentación de esta solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del estado de situación en los países y de los retos que se avecinan en la lucha para que se avance en el reconocimiento de este derecho.

“Desde la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha considerado que el derecho al cuidado se viene configurando de manera progresiva, que es un derecho cuyo reconocimiento y protección debe fortalecerse. Sobre esa perspectiva, los Estados deben avanzar para que la justicia social y económica garantice una mayor equidad en favor de las mujeres”, agregó Leonela Artavia, economista y coordinadora del proyecto Trabajo y Crisis de la UNA.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Consejo Universitario de la UNA reitera el compromiso de invertir recursos públicos hacia las mujeres

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

UNA Comunica. 8 de marzo de 2024. Al conmemorarse hoy el Día Internacional de la Mujer, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) emite el acuerdo UNA-SCU-ACUE-083-2024 en el cual hace un repaso histórico sobre los grandes hitos que han acompañado la lucha incesante en búsqueda de una efectiva equidad, igualdad y respeto a los derechos de las mujeres, destaca además los retos que deben afrontarse y realza las acciones que desde la UNA se han emprendido. Asimismo, reitera su compromiso para garantizar la inversión de recursos públicos dirigidos a las mujeres.

Pronunciamiento sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer:

CONSIDERANDO:

  1. El Día Internacional de la Mujer nació de las actividades del movimiento sindical a principios del siglo XX en América del Norte y Europa. El primer Día Nacional de la Mujer se celebró en los Estados Unidos el 28 de febrero de 1909, cuando se convocó la huelga de los trabajadores textiles y mujeres del Partido Socialista de los Estados Unidos protestaron también contra las condiciones laborales en Nueva York en 1908; según los datos de la Unesco (2024).
  2. Lo definido en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas realizada en Copenhague en 1910, Clara Zetkin propuso y aprobó la celebración del “Día de la Mujer Trabajadora”, que se comenzó a celebrar al año siguiente: la primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, desde entonces se ha extendido a muchos países.
  3. En 1917, las mujeres en Rusia deciden protestar de nuevo, y luchar por «Pan y Paz» en el último domingo de febrero (8 de marzo en el calendario gregoriano), lo cual llevó eventualmente a la adopción del voto femenino en Rusia.
  4. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 3010, declaró a 1975 el Año Internacional de la Mujer y en 1974 invitó a los Estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. (ONU, 2024).
  5. A partir de estos años, el Día Internacional de la Mujer tomó una nueva dimensión global para las mujeres en los países desarrollados y en desarrollo. El creciente movimiento internacional para las mujeres está ayudando a que la conmemoración sea un elemento unificador y esto fortalece el apoyo a los derechos de las mujeres y su participación en los ámbitos político, social, científico, cultural y económico.

El 8 de marzo, se reivindican los derechos fundamentales de las mujeres, tanto su igualdad en la sociedad como su participación en todos sus ámbitos y se pone de manifiesto la necesidad de eliminar cualquier forma de discriminación de género.

  1. En esta fecha se conmemora una lucha histórica que las mujeres han continuado hasta nuestros días y que, actualmente, sigue en marcha. Algunas de las mujeres que han hecho historia: Elena Lucrezia Cornaro Piscopia (1646-Italia), primera mujer en recibir un diploma universitario; Aletta Henriëtte Jacobs (Holanda-1854), primera mujer en ejercer el voto en el mundo, y Bernarda Vásquez Méndez (1918 -Costa Rica), primera mujer en emitir el voto en Costa Rica. Las científicas Caroline Herschel (1750-Alemania), Ada Lovelace (Inglaterra-1815), Marie Curie (1867-Polonia) Lise Meitner (1878-Suecia), Rosalind Franklin (1920-Inglaterra), Margarita Salas (1938-España), Elizabeth Blackburn (1948-Australia) y Flora de Palo (1952-España).
  2. El sitio web Un Women (http://www.unwomen.org) informa que “al 10 de enero de 2024, hay 26 países donde 28 mujeres se desempeñan como Jefas de Estado y/o de Gobierno. Al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará por otros 130 años”; esto es un aspecto para reflexionar y actuar desde nuestra casa de enseñanza.
  3. Lo establecido en el Objetivo de Desarrollo Sostenible que señala lograr la igualdad de género de aquí a 2030, requiere adoptar medidas urgentes para eliminar las causas profundas de la discriminación que siguen restringiendo los derechos de las mujeres, tanto en la esfera pública como privada.
  4. En el 2024, la ONU Mujeres propone el cambio con el lema de invertir en las mujeres para acelerar el progreso mediante las siguientes acciones:
    1. a) Invertir en las mujeres es un imperativo desde los derechos humanos, para crear sociedades inclusivas.
    2. b) Acabar con la pobreza, desde el 2020 los desastres climáticos y la situación económica ha empujado a 75 millones de personas más a la pobreza severa. Si se sigue esa tendencia para el 2030, tendremos 342 millones de mujeres y niñas viviendo por debajo del umbral de la pobreza.
    3. c) Poner en marcha un financiamiento transformador para la igualdad de género. Según las estimaciones de la ONU, el 75% de los países mantendrán los recortes en el gasto público en el 2025. La austeridad repercute negativamente en las mujeres.
    4. d) Avanzar hacia el desarrollo sostenible y una sociedad del cuidado. El actual sistema económico exacerba la pobreza, la desigualdad y el deterioro medioambiental, lo cual afecta desproporcionadamente a las mujeres.
    5. e) Apoyar los feminismos que impulsan el cambio. Las organizaciones que lideran la lucha contra la pobreza y la desigualdad están trabajando casi sin recursos, pues reciben un escaso 0.13% de la ayuda oficial para el desarrollo, según los datos de la ONU Mujeres (2024).
  1. Lo indicado en la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en Costa Rica 2018-2030, con respecto a los compromisos internacionales sobre derechos humanos y la igualdad efectiva, sustentado en la convencionalidad ratificadas por Costa Rica que protegen los derechos de las mujeres; en particular la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1984) y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención Belem Do Pará, OEA 1994); así como declaraciones, acuerdos, plataformas sobre la materia y objetivos de desarrollo sostenible cuya finalidad es que nadie se quede atrás en el desarrollo (INAMU, 2024).

Lo señalado en el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar como instancia de deliberación, concertación, coordinación y evaluación entre el Instituto Nacional de las Mujeres, los ministerios, las instituciones descentralizadas del Estado y las organizaciones relacionadas con la materia (artículo 1, Ley 8688), (Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), 2024).

  1. La misión histórica de la Universidad Nacional es crear y compartir conocimiento en favor del bienestar humano, mediante acciones que propicien la transformación de la sociedad para llevarla a estadios superiores de convivencia. Honra la libertad, la diversidad, la búsqueda de la verdad y sustentabilidad natural y cultural, en beneficio del conocimiento, la equidad, la justicia y la dignificación de la condición humana.
  2. Lo establecido en la Política para la Igualdad y Equidad de Género de la Universidad Nacional, publicada en la UNA-GACETA º 07-2017, del 29 de mayo de 2017, y en su Plan de Acción.
  3. Las acciones afirmativas que desde la Universidad Nacional se promueven para garantizar el cumplimiento de la Política para la Igualdad y Equidad de Género.

Por tanto, se acuerda:

  1. Reiterar el compromiso de la Universidad Nacional para garantizar la inversión de los recursos públicos en las mujeres para acelerar el progreso y la igualdad de género. Acuerdo firme.
  2. Solicitar a la rectoría que, a más tardar el 14 de junio 2024, un informe sobre el estado de situación relacionado, a indicadores sobre la contribución de la Universidad Nacional en la consecución del ODS 5, la participación de las mujeres en la acción sustantiva, para ser compartido con la comunidad universitaria. Acuerdo firme.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Un retraso de medio siglo del estado en zonas costeras del país

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Bernardo Archer Moore

El Estado costarricense demoró medio Siglo (1974 – 2024) para planificar la administración ordenada de las áreas de Zona Marítima Terrestre ZMT) del país.

Este retraso, agravado por la fragilidad humana de la corrupción en la administración de los asuntos públicos, ha provocado un desorden absoluto en las zonas costeras.

Lo cual ahora los gobernantes de turno pretenden resolver sin afrontar las consecuencias económicas de su propia negligencia; y peor todavía, con un Manual de Ordenamiento carente de EQUIDAD en sus normas de Zonificación.

A quienes con harta soltura señalan a los habitantes costeros como “PRECARIOS” de lo demanial, les diré lo siguiente: «Siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio». (Lucas 6:37-42)

Al abordar este tema es necesario tener presente la importancia de la equidad en las normas de zonificación para garantizar un desarrollo sostenible y justo para todas las comunidades afectadas. La exclusión de comunidades vulnerables del desarrollo turístico sin duda perpetuará desigualdades y marginación.

Tanto el Concejo Municipal del Cantón de Talamanca, como su alcalde de turno y la Comisión del Plan Regulador, les corresponde abogar por políticas que promuevan la inclusión y participación de todas las comunidades en el desarrollo turístico, asegurando que se respeten sus derechos y se aborden las desigualdades existentes. Cosa que no han hecho.

La equidad en las normas de zonificación es fundamental para crear un entorno justo y equitativo para todos los habitantes costeros de nuestro país.

Es fundamental que las políticas de zonificación tengan en cuenta la diversidad de las comunidades locales y promuevan un desarrollo sostenible que beneficie a todos.

La planificación de las áreas costeras debe ser inclusiva y considerar los intereses de las comunidades locales, garantizando su participación en el proceso de toma de decisiones.

Las concesiones municipales pueden ser una herramienta útil, pero es importante que se apliquen de manera justa y equitativa, protegiendo los derechos de las comunidades locales y evitando su desarraigo.

Promover una política de equidad en las normas de zonificación es esencial para garantizar un desarrollo sostenible y justo en las áreas costeras, protegiendo el patrimonio cultural y ambiental de las comunidades locales; elementos ausentes tanto en el actual Proyecto de Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita, Talamanca, como en todas las demás áreas costeras del Caribe costarricense.

Si cree, como yo, que un reinicio o un nuevo comienzo de este Plan Regulador es necesario para evitar daños a las generaciones actuales y futuras, puede que valga la pena explorar formas de abordar estas preocupaciones y trabajar por un futuro más sostenible y positivo.

Entonces, la colaboración, la comunicación y un compromiso compartido para marcar la diferencia pueden ayudar a allanar el camino para un mañana mejor.

Recuerde que cada individuo tiene el poder de marcar la diferencia y, al tomar medidas reflexivas e intencionales, podemos crear un mundo que sea más inclusivo, sostenible y solidario para todos. Trabajemos juntos para construir un futuro mejor para las generaciones venideras.

Publicado en Las Cosas Son Lo Que Son y compartido con SURCOS por el autor.

Aumento en número de alcaldesas electas supone un reto hacia la igualdad

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

  • Se debe analizar a fondo implicaciones de la paridad horizontal que rigió para estos comicios.

  • Debe existir mayor alfabetización digital para disminuir la violencia desde las redes sociales que afectan a las mujeres políticas.

UNA Comunica. 26 de febrero de 2024. Pasar de ocho a 22 alcaldesas electas para el periodo 2024-2028 puede interpretarse como una gran conquista y un logro en la lucha por alcanzar la igualdad y la equidad en los derechos políticos de las mujeres.

Sin embargo, visto desde otro punto de vista, apenas una cuarta parte (26,19%) de las personas elegidas el pasado 4 de febrero son mujeres que encabezarán las municipalidades del país.

Para Ana Soto, académica del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) y coordinadora de la Política para la Igualdad y Equidad de Género de la Universidad Nacional (UNA), los resultados electorales abren una gran interrogante para investigar y detallar acerca de las razones de ese crecimiento y de los retos que se avecinan para evaluar la aplicación de las reglas vigentes en materia de prevención y sanción de la violencia política hacia las mujeres.

“Lamentablemente, lejos de ser la normalidad, ha sido la excepción”, refuerza Soto, al hacer un balance entre lo acontecido tras estas últimas elecciones y la histórica lucha, donde la discriminación ha sido la tónica en la participación política de las mujeres.

Al respecto, mencionó la lucha que, desde más de 100 años, emprendió la Liga Feminista en Costa Rica para garantizar, entre otras cosas, el derecho al sufragio, y luego la inclusión de ese derecho en la Constitución Política de 1949.

“Luego de obtener ese derecho, se abrieron dos frentes paralelos de lucha: por un lado, la posibilidad de decidir, que se consagró a nivel constitucional, y posteriormente, ostentar puestos públicos. Sin embargo, el avance en este último camino ha sido mucho más lento. Ejemplo de ello es que hasta hace muy poco fue que empezamos a tener presidentas en la Asamblea Legislativa o, por primera vez, ahora tenemos a una mujer al frente del Tribunal Supremo de Elecciones”, rememoró Soto.

Una serie de conquistas legales y normativas han permitido el avance en materia de igualdad política. Uno de ellos fue la promulgación de la Ley 10.235 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Política contra las Mujeres, vigente desde el 17 de mayo del 2022. Otro hito fue la resolución de la Sala Constitucional de febrero del año anterior que ordenó la paridad horizontal en puestos de elección popular, lo que abrió la puerta para que los partidos políticos postularon en igual cantidad mujeres y hombres entre la totalidad de cantones en que participaron.

Ambos factores, junto con la imposibilidad de reelección de alcaldes o alcaldesas que ya sumaban dos periodos consecutivos en el puesto, permitieron una mayor participación política de las mujeres. Para la académica Soto, a partir de este momento, se debe abrir un espacio de análisis e investigación para determinar el peso que estas decisiones tuvieron en el resultado final de las elecciones.

“Sin restarle méritos al resultado obtenido, que es muy importante, hay que analizar la efectividad de las normas aplicadas. Existe una deuda histórica hacia las mujeres en este tema. No porque no queremos participar en política o porque no tengamos la capacidad, sino porque hay un conjunto de elementos estructurales que nos han limitado desde el imaginario social”, apuntó.

Retos que se avecinan

De cara al futuro, Ana Soto considera fundamental dar seguimiento a la forma en que durante la gestión de las alcaldesas se extinguen aquellas acciones que representan violencia política. Hechos como el de una excandidata a intendenta en Lepanto a quien se le negaron vacaciones para participar en política o la de un artículo de un asesor del Partido Liberación Nacional en contra de una exaspirante por Puntarenas, utilizando frases sexistas, refuerzan la tendencia de que la violencia sigue presente.

En ello coincide José Andrés Díaz, investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), quien señaló que “debemos ir viendo cómo disminuye la violencia política hacia las mujeres porque no se trata solamente de que hayan sido electas, sino de que puedan gobernar y gestionar con la tranquilidad y las condiciones de igualdad requeridas”.

Es importante, señaló Soto, que se pueda también cambiar la narrativa desde los propios medios de comunicación, para posicionar en la agenda mediática la importancia de un estadio político y social más equitativo. “Debería existir un reconocimiento social a todas esas mujeres que han decidido dar un paso al frente y participar, que se sostuvieron, que se enfrentaron a ese contexto de violencia, para seguir generando no solo acciones afirmativas, sino en general”.

José Andrés Díaz señaló la necesidad de “fomentar la educación y la formación ciudadana. O sea, tenemos que empezar a inculcar una participación cada vez más inclusiva, de personas jóvenes, de mujeres y dejar atrás el discurso de que no se les otorga un privilegio, sino de que como ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho de proponer nuestros nombres”.

Otro punto de atención que recalcó la coordinadora de la Política para la Igualdad y Equidad de Género de la UNA es considerar el crecimiento del uso de lenguaje violento en contra de las mujeres que se da desde las redes sociales. Lograr una alfabetización digital desde los primeros años e incluso desde la escuela y el colegio es fundamental para crear entornos donde exista más tolerancia y respeto.

Finalmente, Soto destacó la importancia de seguir avanzando en normativa legal que acompañe ese esfuerzo por la igualdad. Hizo mención, por ejemplo, al proyecto 23.443 Ley para Fortalecer los Mecanismos de Protección de los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Política. La iniciativa amplía los alcances de la ley 10.235 para que se proteja también a las mujeres lideresas de organizaciones sociales y no solo políticas. El proyecto está asignado en este momento a la Comisión Especial de la Mujer en la Asamblea Legislativa, a la espera de dictamen.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

ANEP: Pronunciamiento  de la seccional de personas con discapacidad ante extensión de la vida útil de autobuses

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La Seccional de Personas con Discapacidad de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha emitido un enérgico pronunciamiento en respuesta a la reciente aprobación en segundo debate de la ley para extender la vida útil de los autobuses. La población con discapacidad, según expresaron en un video, se siente profundamente indignada y considera que se están vulnerando sus derechos.

En el video, los representantes de la Seccional de Personas con Discapacidad manifestaron su repudio ante la aprobación de la ley, destacando que esta medida afecta directamente a la accesibilidad del transporte público para las personas con discapacidad. «Hoy en día, el poder tener transporte público accesible se les está impidiendo a las personas», lamentaron.

Consideran que la extensión de la vida útil de los autobuses viola de manera flagrante los derechos de las personas con discapacidad, quienes ya enfrentan numerosos obstáculos en su día a día. «Violentan los derechos de las personas con discapacidad al privarles de un servicio de transporte público que debería ser inclusivo y accesible para todos», expresaron los representantes de la seccional en el video.

Desde la seccional, expresaron su molestia y urgieron a la población a unirse en solidaridad ante esta situación, ya que consideran que enfrentan un desafío que no pueden abordar solos. «Instamos a la población a ayudarnos en esta lucha, porque nosotros solos no podemos», afirmaron en el video.

Recalcando el lema «Nada sobre nosotros sin nosotros», los representantes de la Seccional de Personas con Discapacidad hicieron un llamado a la reflexión sobre la importancia de incluir a las personas con discapacidad en las decisiones que afectan directamente su calidad de vida. Consideraron «insólito» que esta extensión de la vida útil de los autobuses haya sido aprobada sin tener en cuenta las necesidades y perspectivas de las personas con discapacidad.

La información detallada se encuentra en el video adjunto:

Una reflexión desde las organizaciones de Economía Solidaria ante el proceso electoral municipal 2024

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Costa Rica se prepara para un proceso electoral en febrero de 2024, en el que se definirá el rumbo del país para los próximos años. Ante este escenario, es fundamental que la ciudadanía conozca las propuestas programáticas de los diferentes partidos y candidatos, así como su compromiso con la promoción de espacios de participación ciudadana y la democracia participativa. Una de las formas de fortalecer estos valores es apoyar a las asociaciones de productores que se rigen por los principios de la economía solidaria, es decir, que persiguen el bien común, la cooperación, la autogestión y la sostenibilidad.

La red de economía solidaria somos una plataforma que reúne a diversas entidades que fomentamos e impulsamos prácticas productivas asociativas solidarias, basados en el respeto a los derechos humanos, la equidad y la justicia social. La red brinda formación, asesoría, intercambio de experiencias y articulación con otros actores sociales y políticos. De esta manera, se contribuye a crear una cultura de solidaridad y a construir otra economía posible desde abajo. Nos involucramos en el debate público sobre los problemas y las propuestas que afectan a sus sectores y a la sociedad en general, aportando nuestra visión y sus experiencias.

Las asociaciones de pequeños productores de Costa Rica son un sector clave para la economía y la sociedad del país. Estas entidades, que representan a miles de familias, se enfrentan a múltiples desafíos para mantener su producción y comercialización en un contexto adverso, marcado por 30 años de políticas neoliberales que han generado pobreza y exclusión en los territorios rurales. Los datos sobre la cantidad de asociaciones de pequeños productores en Costa Rica son limitados y dispersos. El último informe del Estado de la Nación ofrece algunas cifras que permiten apreciar su importancia y diversidad. Según este documento, en el año 2020 había 1.234 asociaciones de pequeños productores registradas ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que agrupaban a más de 100.000 personas. Estas asociaciones se dedican a diversos sectores productivos, como café, leche, cacao, miel, frutas, hortalizas, productos procesados, artesanías, servicios, entre otros.

Para finalizar, queremos destacar el papel fundamental que desempeñan las asociaciones de pequeños productores en el ámbito local y nacional, y la necesidad de que cuenten con el reconocimiento y el apoyo de las autoridades y la sociedad civil.

En síntesis, las perspectivas para la economía solidaria son de expectativa y esperamos compromiso político de las nuevas autoridades, para propiciar transformaciones reales y duraderas. La economía solidaria puede contribuir a fortalecer la democracia participativa y la gestión sostenible de los territorios, pero sólo si habrá disposición de enfrentar los retos estructurales que aquejan al país.

Una agenda de apoyo a la asociatividad en los municipios

  • Un gobierno local que se orientan a fomentar el reconocimiento, visibilización, el apoyo y la articulación de las iniciativas de los emprendimientos que existen en el territorio, así como a apoyar estas nuevas formas de organización económica basadas en la asociatividad con mayor impacto social.
  • Crear marcos normativos e institucionales favorables para economías asociativas familiares, que facilite la gestión de las organizaciones, su acceso a recursos públicos, su participación en las políticas públicas y su inserción en las dinámicas económicas locales.
  • Generar espacios de diálogo, concertación y alianza entre los gobiernos locales y los actores de esta economía local asociativa, para construir una visión compartida del desarrollo local y definir estrategias conjuntas para su implementación.
  • Promover la formación y capacitación de estos actores tanto en aspectos técnicos como en valores y principios de economías sustentables, así como fomentar la innovación social en este ámbito.
  • Apoyar el fortalecimiento organizativo y financiero los emprendimientos, mediante la creación de redes, plataformas, fondos apoyo, proyectos, capacitación y servicios de asesoría y acompañamiento.
  • Estimular la demanda social de los bienes y servicios producidos por esta asociatividad , mediante campañas de sensibilización, educación y apoyo a los sistemas económicos locales así como facilitar el funcionamiento de los mercados locales que den participación a esta diversidad de expresiones económicas locales y estimular la producción ecológica de bienes y servicios (con certificación ecológica, de comercio justo y que permita una compra ambientalmente correcta), propiciar el consumo responsable.

Carlos Hernández
Miembro Cokomal – Redess