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Etiqueta: escasez

¿Es posible una crisis alimentaria mundial en pleno siglo XXI?

Germán Gorraiz

Germán Gorraiz-Analista

El economista de la FAO Abdolreza Abbassian, en declaraciones a The Associated Press, señaló que para alimentar la población mundial, (que llegará a 9.000 millones de personas en el 2050), se necesitará un incremento de 70% de la producción global de alimentos en los próximos 40 años. Dicha tarea se antoja titánica pues mientras la población mundial crece un 1,55% anual, los rendimientos del trigo (la mayor fuente de proteína en países pobres), habrían sufrido un descenso del 1% al tiempo que, según la FAO, el índice de precios de cereales habría aumentado el 56% en el 2022.

¿Se está gestando una nueva crisis alimentaria mundial?

La carestía de productos agrícolas básicos para la alimentación (trigo, maíz, arroz, sorgo y mijo) y el incremento bestial de dichos productos en los mercados mundiales que tuvo su punta de iceberg en el 2.007, irá presumiblemente «in crescendo» a lo largo de la próxima década hasta alcanzar su cenit en el horizonte del 2.030.

Para llegar a dicha crisis, (cuyos primeros bocetos ya están perfilados y que terminará de dibujarse con toda su crudeza al final del decenio) han contribuido los siguientes elementos:

Desarrollo económico suicida de los países del Tercer Mundo con crecimientos desmesurados de macrourbes y megacomplejos turísticos y la consiguiente reducción de superficie dedicada al cultivo agrícola que habría provocado un preocupante déficit de oferta de cereales, estimado en mil millones de toneladas anuales.

Cambio de patrones de consumo de los países emergentes debido al aumento espectacular de la clases medias y su poder adquisitivo, en especial en países como China e India. Así, la fiebre importadora de China de granos como maíz, soja, cebada y trigo debido al acelerado ritmo de consumo de su población provocó que según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en el 2022 el coloso chino habría acaparado más del 50% de la producción mundial de cereales, lo que se traduce en una peligrosa escasez de oferta de granos para los países netamente importadores de cereales como Colombia y Egipto.

Excesiva dependencia de las importaciones de cereales en los países en desarrollo con incrementos del 9%, crecimiento exponencial que para el 2030 podrían alcanzar los 265 millones de toneladas de cereales, (14% de su consumo), con el lastre añadido de una progresiva depreciación de sus monedas respecto al dólar.

Incremento del uso por los países del primer mundo de tecnologías depredadoras (biocombustibles) que bajo la etiqueta BIO de países respetuosos con el Medio Ambiente no dudarán en fagocitar ingentes cantidades de maíz destinadas en un principio a la alimentación para la producción de biodiesel.

Por otra parte, la escalada de los precios del crudo hasta superar los 100 dólares barril tendrá su reflejo en un salvaje encarecimiento de los fletes de transporte y de los fertilizantes agrícolas lo que aunado con sequías e inundaciones en los tradicionales graneros, el acaparamiento del grano ucraniano por los países europeos y la aplicación de restricciones a la exportación de commodities agrícolas de países como India para asegurar su autoabastecimiento, podría producir el desabastecimiento de los mercados mundiales y el incremento de los precios hasta niveles estratosféricos. Si a ello le sumamos la intervención de los brokers especulativos en el mercado de futuros de las commodities agrícolas, el resultado sería una espiral de aumentos de precios en las materias primas imposibles de asumir por las economías del Primer Mundo que escenificará el finiquito de los Objetivos del Tercer Milenio de reducir el hambre en el mundo.

Así, según la ONU, estaríamos ya en la antesala de una crisis alimentaria mundial que afectará especialmente a las Antillas, México, América Central, Colombia, Venezuela, Egipto, India, China, Bangladesh y Sudeste Asiático, ensañándose con especial virulencia con el África Subsahariana y pudiendo pasar la población atrapada en la inanición de los 800 millones actuales a los 1.500 millones estimados por los analistas.

Retos en la gestión del agua, una preocupación permanente desde las Asadas de territorios costeros

Con una pichinga de agua de 20 litros todos los días se abastecen las familias de Isla Caballo

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Preocupados, por el alto grado de contaminación y escasez del recurso hídrico en las zonas costeras del Golfo de Nicoya, un grupo de representantes de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS) de las comunidades de Lepanto, Montaña Grande- Isla Venado, Pueblo Nuevo, Cabo Blanco e Isla Caballo manifestaron la urgencia de que las autoridades correspondientes intervengan sobre aquellas condiciones ambientales, políticas y económicas que han obstaculizado el acceso a tan preciado líquido:

Hemos crecido y vivido aquí como muchas otras familias, luchando para lograr el bienestar familiar, y comunitario, sobre todo por la escasez y contaminación del agua. Pero, hoy más que nunca queremos que por favor nos escuchen las autoridades correspondientes, para que se tomen prontas acciones justas y legales que, nos permitan combatir esta realidad que estamos viviendo”, expresó Xinia Rodríguez, presidenta de la ASADA de Pueblo Nuevo de Lepanto.

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Estas preocupaciones fueron expuestas durante el Foro “ASADAS del Golfo de Nicoya en la Gestión Integral del Recurso Hídrico: Una reflexión sobre las nuevas políticas de uso”, llevado a cabo el pasado 24 de mayo en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional.

El evento fue organizado por el Programa de Desarrollo Integral de las Comunidades Rurales Costeras del Golfo de Nicoya (PDICRC), con la participación de las expositoras académicas e investigadoras de la Universidad Nacional: Dra. Lindsay Ryan, el MSc. Alvaro Sagot de la Universidad de Costa Rica, la MSc Cecilia Martínez representante de Acueductos y Alcantarillados, Sra. Olga Zárate, presidenta de la Confederación Nacional de Ligas y Uniones de ASADAS (CONAFLU) y de la Unión de ASADAS de la Península (UNAPEN), así como con la participación de las personas representantes de las comunidades de Isla Caballo, Isla Venado, Montaña Grande, Cabo Blanco, Lepanto y Paquera.

La M.Sc. Silvia Rojas, coordinadora del PDICRC en calidad de moderadora del Foro, plantea la importancia que tiene este tipo de espacios académicos para conocer y analizar interdisciplinariamente las diferentes estrategias implementadas por las ASADAS, el AyA y las universidades en los procesos de gestión del recurso hídrico, tomando en consideración las políticas de uso, como también los contextos socioculturales, los conflictos socioambientales y las amenazas en la protección del agua.

La representante del AyA, MSc. Cecilia Martínez, se refirió a las políticas públicas y las acciones que encausa el AyA para los próximos años, destacando el rol de las ASADAS; “En nuestro rol como rector en materia de prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y saneamiento, el 93.9% de la población cuenta con agua potable en el país, con un nivel institucional implementada por los 1.459 ASADAS existentes”.

Martínez agregó que, a través de la gestión institucional se realiza la prestación de servicios de las ASADAS, que la evaluación y fortalecimiento de las mismas no ha sido una tarea fácil, pues existe toda una cultura de resistencia hacia los nuevos cambios dentro de las políticas de uso, a nivel comunal como institucional: “Estamos trabajando en un acercamiento distinto para fortalecer la misión de las ASADAS, así como las iniciativas vinculadas, tanto a nivel social como territorial, esencialmente el tema de la salud, el impacto a nivel social, la administración del agua potable por medio de las ASADAS que son las que ordenan el territorio”.

Por su parte, Olga Zárate ahondó en la urgente necesidad que tiene el tema de la planificación de la gestión hídrica para los próximos años, así como la conservación de las fuentes de agua: “Asimismo, la importancia del monitoreo de la calidad del agua y visibilizar el trabajo que realizan las ASADAS, y no obstaculizar su desarrollo en las comunidades, porque si no se les integran a las ASADAS en las comunidades, no habrá agua”. Indicó que, las tarifas del agua alcanzan solo para la administración de las mismas: “De ahí la necesidad de buscar recursos para poder ayudar a proteger los mantos acuíferos”.

La Dra. Lindsay Ryan explicó que, a través del Programa de Desarrollo Integral de Comunidades Rurales Costeras del Golfo de Nicoya (PDICRC) de la Universidad Nacional se realizan las acciones de capacitación, asesoría y fortalecimiento de las ASADAS de Lepanto, Montaña Grande- Isla Venado, Pueblo Nuevo, Cabo Blanco e Isla Caballo, en el tema de organización comunitaria y gestión del recurso hídrico: “El PDICRC desde su quehacer promueve espacios de reflexión, capacitación, planificación, investigación y trabajo comunitario e interinstitucional sobre alguna problemática local, y desde hace un año trabajamos, entre otras temáticas, la gestión comunitaria del recurso hídrico en el Golfo y Península de Nicoya, dando el apoyo que se requiere a las comunidades y a las Juntas Directivas de ASADAS que se encuentran con ciertos obstáculos como es el acceso al agua potable en calidad y cantidad”.

Johnny Bolivar, representante de la junta directiva de la ASADA de Isla Venado y Montaña Grande explicó que: “los logros que se han alcanzado en las comunidades costeras en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida tiene relación con el esfuerzo comunitario y las asesorías que durante los últimos años les han brindado instituciones como la Universidad Nacional”.

El M.Sc. Álvaro Sagot, amplió su exposición a partir de las luchas y conflictos socioambientales acontecidos en los últimos años en las zonas costeras del país, principalmente relacionados con la cuestionable administración del AyA y la escaza planificación del desarrollo en la zona como de la gestión de permisos de uso hídrico, favoreciendo a la inversión hotelera turística en vez de favorecer el desarrollo de las comunidades, así como el uso de pozos sobrexplotados por la industria hotelera. Al referirse al XIX Informe Estado de la Nación, explica el estado de vulnerabilidad que tienen las comunidades costeras con respecto al uso del recurso hídrico: “Se trata de las situaciones que se vienen dando en el país y de los pronunciamiento de la Sala IV (2009) y (2017-18) con los conflictos suscitados en Sardinal”, por ejemplo.

Lo cierto es que el Foro creó el debate y discusión sobre el poder que poseen las ASADAS para con el desarrollo y el ordenamiento territorial, y que a pesar de sus limitaciones económicas, falta de capacitación y profesionalismo, son un referente para garantizar la existencia de las comunidades, principalmente en aquellos lugares del país donde el AYA no está presente administrando dicho recurso.

Por: Ana Cecilia Espinoza C.

Periodista

 

Ingrese en el siguiente link correspondiente a la página de Facebook del Programa de Desarrollo Integral, Comunidades Rurales Costeras, Golfo de Nicoya, el cual es un programa académico interdisciplinario de la Universidad Nacional que contribuye al fortalecimiento del desarrollo sostenible de las comunidades rurales marino costeras e insulares.

 

 

Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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Universidad de Costa Rica mira con preocupación atrasos en negociación del FEES 2018

Fondo Especial para la Educación Superior

 

La falta de liquidez comunicada por el Poder Ejecutivo coloca a las universidades públicas – y en particular a la Universidad de Costa Rica (UCR) – en una incógnita financiera de cara al presupuesto del próximo año, el cual deberá presentar la Rectoría al Consejo Universitario el próximo 26 de agosto.

Según el gobierno central, como ha trascendido en la prensa nacional, la escasez de recursos puede complicar el cumplimiento del mandato constitucional, el cual establece el 8% del producto interno bruto (PIB) para el sector educación. Esta incertidumbre ha provocado que no exista al día de hoy ningún planteamiento específico sobre el FEES del próximo año, lo cual causa inquietud en el Consejo Nacional de Rectores (Conare), instancia que espera una pronta definición del presupuesto para 2018.

«No tenemos un avance concreto en la negociación del FEES. Estamos en incertidumbre financiera. No contamos aún con una oferta clara por parte del gobierno, por lo que esperamos que se intensifiquen en frecuencia y profundidad las negociaciones en la Comisión de Enlace. El Poder Ejecutivo ha sido transparente al mencionar que se encuentra en una situación de bajos ingresos que dificulta hacer los giros correspondientes», explicó el rector de la UCR, Dr. Henning Jensen.

Estos atrasos en el giro del FEES ya han golpeado las finanzas actuales de las instituciones públicas de educación superior. La UCR reporta una demora tanto de los recursos provenientes del fondo como de otras fuentes de financiamiento procedentes del Ejecutivo, según informó el Vicerrector de Administración, Dr. Carlos Araya.

«De acuerdo con lo establecido en el convenio del FEES, este se gira en treceavos: en el mes de enero se giran dos cuotas y después uno por mes. La costumbre es que los treceavos se giren el día 10 de cada mes. Hacemos el flujo de caja con proyecciones de esa fecha. Hemos tenido pequeños atrasos de un día, pero en julio tuvimos una demora de cuatro días por parte de la Tesorería Nacional, que posteriormente solicitó cuatro días más. Además hemos sufrido atrasos en el depósito de recursos más allá del FEES, como los establecidos por ley para el recinto de Paraíso», expresó el Dr. Araya.

El vicerrector además subrayó que ante estos atrasos, la Tesorería Nacional ha establecido algunas regulaciones a cambio del envío de esos fondos, como la solicitud de información financiera hecha a nuestra institución. Ante esto, la UCR ha respondido que estos recursos deben enviarse de manera paralela y simultánea al FEES, sin requisitos nuevos adicionales.

Una de las instancias universitarias afectadas por esos atrasos de presupuestos fuera del FEES ha sido el Laboratorio de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), el cual lleva varios meses a la espera de la cancelación proveniente del porcentaje que por ley le corresponde del impuesto a los combustibles. A la fecha, el gobierno ha dicho que girará los fondos de manera parcial, de acuerdo con el director del Lanamme, M.Sc. Alejandro Navas.

«Tenemos compromisos adquiridos y estos atrasos complican nuestras obligaciones financieras para el resto del año, aunque esto depende de cuánto se prolongue la demora. Nos han ofrecido girarnos solo el monto de planillas, de esta forma no comprometemos al personal, pero no podríamos seguir ejecutando las tareas que por ley le corresponde al Lanamme (como la fiscalización de las carreteras, ndr*); mientras tanto, el gobierno sí recauda el impuesto a los combustibles con cada vehículo que pasa por una gasolinera. Necesitamos una entrevista con el tesorero nacional para que nos explique cuáles serán las medidas por tomar», comentó el director de Lanamme.

La definición del monto para el FEES 2018 es básica para que el gobierno central defina el proyecto de ley del Presupuesto Ordinario 2018, el cual debe quedar aprobado a más tardar el 29 de noviembre por la Asamblea Legislativa.

 

*Imagen tomada de Semanario Universidad.

Información de Rectoría Informa, UCR.

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