Ir al contenido principal

Etiqueta: Escuela de Sociología UNA

País retrocede hacia una violencia estructural

La confrontación entre órganos de decisión política y poderes de la República, la violencia que se manifiesta en la calles y el abandono de agendas proclives a la defensa de los derechos humanos representan síntomas de que el Estado costarricense avanza hacia un estado de violencia estructural “que se expande por todo el territorio nacional”, de acuerdo con el más reciente informe del programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).

Esta situación facilita que exista un vacío en la generación de acuerdos importantes para el país, mientras que la desigualdad económica y social continúa afectando a la población, lo que es perceptible en áreas como la educación, el medio ambiente, los programas sociales y la infraestructura pública.

Carlos Carranza, académico de la UNA y coordinador del programa, fue crítico al señalar que “a través del análisis de diversos temas clave, se expone una coyuntura marcada por tensiones políticas, desafíos estructurales y una sensación general de incertidumbre”.

Lo que en anteriores informes de este programa se advertía, se convirtió en la constante en el primer cuatrimestre de 2025: un estilo discursivo del presidente Rodrigo Chaves marcado por el enfrentamiento con otros sectores políticos y sociales, como ocurre con la Asamblea Legislativa, y particularmente, con el presidente de este poder, Rodrigo Arias.

Utilizar mensajes con tono confrontativo, dirigirlos por medio de canales fuera de la comunicación formal y atizados por la ausencia de una cabeza en el Ministerio de la Presidencia que sirva como puente, son parte de las relaciones que se han establecido en el periodo de análisis. Sin embargo, ese choque ha ido mucho más allá de la relación Zapote-Cuesta de Moras y se vio amplificado en la marcha contra el fiscal general, en la que participó el propio mandatario y su gabinete.

El uso continuo del veto presidencial ante proyectos de ley que no son de interés del Poder Ejecutivo y el incremento en las tensiones con otras instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) complementan el estilo gubernamental. “Esta actitud ha contribuido a una atmósfera de polarización y debilitamiento del diálogo institucional”, agregó Carranza.

La violencia estructural no solo se alimenta con el discurso confrontativo de parte del Gobierno hacia otras entidades. Se ha convertido en un hecho social recurrente que tiene otras manifestaciones, como sucede los femicidios, que alcanzan la cifra de 17 casos en lo que va del 2025.

El informe destaca que la actual Administración no ha logrado revertir “esta tendencia preocupante” de la violencia estructural y que, más bien, ha dado un giro en su política hacia un enfoque neoconservador en temas de derechos humanos, protección de minorías y atención de la población migrante.

El informe recoge varios elementos al respecto: la aceptación por parte de Costa Rica de personas migrantes expulsadas de Estados Unidos, la posición ambigua que el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André, mantuvo en una presentación ante el plenario de la Asamblea Legislativa y la emisión de un decreto que restringe el financiamiento y el apoyo político a la Agenda 2030 relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). “Estas decisiones debilitan la posición de Costa Rica en el contexto global”, indicó Carlos Carranza.

Rezago en sectores

Como en cascada, la incertidumbre generada por la falta de cohesión política afecta a otros sectores. En el plano social, el informe recoge que, si bien se registra una leve reducción en los índices de pobreza, ésta se ve acompañada de un aumento en la desigualdad, producto de la reducción de financiamiento en programas sociales y de una atención insuficiente a instituciones clave como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El rezago en la infraestructura hospitalaria, que se evidencia en mayor medida con la construcción del nuevo hospital en Cartago, la falta de solución a las listas de espera para intervenciones quirúrgicas y citas, la fuga y renuncia de médicos especialistas y el conflicto generado con la administración de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais), por parte de cooperativas, son el reflejo de la decadencia en la sistema de seguridad social.

En materia ambiental, el programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense cuestiona con inquietud si existe una política clara en este ámbito. Más bien, apunta a las dudas y críticas generadas entre el interés público y el privado, en casos como la tala de árboles en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. “Por ello, cuestionamos la existencia de una estrategia coherente y señalamos la pérdida de rumbo en programas tradicionalmente emblemáticos”, agrega el informe.

En el área de la infraestructura, el análisis matiza entre avances y limitaciones. El académico de la UNA indicó que existe un esfuerzo continuo por mejorar la condición de algunas vías, pero en el proceso ocurren tropiezos, como el caso de la construcción de la carretera a Limón y los problemas suscitados por las rotondas que sustituyeron los pasos a desnivel que originalmente se plantearon en el proyecto.

Lo mismo ocurre con la apertura, este año, del paso elevado en La Lima, de Cartago, que no ha estado exenta de críticas, mientras que la propuesta de un tren eléctrico, la planificación vial y la falta de atención de riesgos en carreteras y puentes que representan un riesgo real para los usuarios, según alertó el Lanamme de la UCR, están entre las tareas que registran un avance muy lento.

El panorama vuelve a tornarse crítico en materia de educación. Ante la falta de una ruta, denuncia el informe, se suma una reducción inédita en la inversión educativa, un modelo organizativo a lo interno del Ministerio de Educación Pública (MEP) discordante con las demandas actuales y la necesidad de mejorar los planes de enseñanza, para fortalecer la competitividad y el talento humano que promuevan la movilidad social.

“Luego de tres años sin tener una ruta clara, el sistema educativo se muestra estacando, con una inversión menguante y una organización desfasada, lo que compromete el futuro ciudadano”, describió Carranza.

Finalmente, el informe denota un escenario de conflictividad en el ámbito del comercio exterior tras la imposición de aranceles a las exportaciones costarricenses por parte del gobierno de Estados Unidos y la necesidad de establecer una estrategia a largo plazo.

El análisis concluye con una expectativa poco halagüeña de cara al segundo semestre del año: “A menos que se realicen esfuerzos deliberados por cambiar el rumbo, todo indica que esta será la tónica que prevalecerá durante el resto del año, especialmente si el presidente continúa reforzando este clima mediante un lenguaje simbólico cargado de tensión”.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

SURCOS comparte la presentación utilizada en la exposición del análisis: descargar aquí.

Discurso presidencial se mueve entre el conflicto y el cálculo electoral

Por un lado, atiza la hoguera del escenario político con calificativos y confrontaciones con otros poderes de la República e instituciones y, por otro, hace manifestaciones sutiles sobre la conformación del Congreso en unas próximas elecciones presidenciales.

Al cierre de este 2024, este es el estilo del presidente de la República, Rodrigo Chaves, desde la perspectiva del Programa de Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).

Al respecto, la conclusión es que el discurso toma dos direcciones: el electoral y el del conflicto. En este último aspecto, el análisis resalta que el mandatario promueve una única verdad sobre los temas que aborda, con poca o nula reflexión político-ideológica. “Podrían existir áreas comunes con distintos sectores, pero en ningún momento el presidente ha dado una carta de buena fe, esto es reforzado también por la oposición asumida por los diputados oficialistas”, indica el informe, presentado esta mañana.

En cuanto al tema electoral, los mensajes han hecho referencia a la necesidad de modificar la estructura actual de la Asamblea Legislativa e incluso muestra la idea de que los votantes apuesten por un partido político distinto en las elecciones del 2026.

Ese nivel de disonancia en la relación del Poder Ejecutivo con otros órganos se ha trasladado también al Congreso. “Durante este periodo, la Asamblea Legislativa ha vivido en un conflicto permanente en los debates tanto en las comisiones especializadas como en las comisiones de primer orden, como la hacendaria”.

La prioridad del Gobierno ha sido impulsar el proyecto de la ley Jaguar, en sus distintas versiones, incluso más allá de los pronunciamientos de la Sala Constitucional, que la declaró ilegal en cuatro artículos, y de los informes del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso.

En medio de ello, el presidente acude al uso de un lenguaje duro para calificar la labor de los legisladores de la oposición, alimentado a su vez por esa misma postura de parte de la fracción oficialista hacia los demás partidos, lo que complica el entorno de negociación de proyectos.

Los choques más recientes han tenido relación con el permiso legislativo para la presencia de un grupo perteneciente a un ejército extranjero en territorio nacional, para la provisión de ayuda a los damnificados por las inundaciones de noviembre; el proyecto de rebaja del impuesto sobre la renta a los trabajadores independientes, así como la consulta de constitucionalidad del proyecto de Presupuesto de la República 2025.

El otro gran protagonista de los choques verbales ha sido el Poder Judicial. “El conflicto coyuntural se ha centrado en la figura del fiscal general de la República, a pesar de que no es la primera vez que quien ocupe ese puesto esté en la mira de quienes cuestionan. Además, varios magistrados y magistradas, por realizar su labor constitucional, también están de manera inédita e infundada bajo señalamientos”.

El análisis califica como “retórica manipuladora” la forma en la que el presidente Chaves señala a la Fiscalía, al decir que ha incurrido en actos de hostigamiento y acoso contra el Gobierno. Sin embargo, la tensión se incrementó luego de que la expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, fuera detenido por el caso Barrenador. De nuevo, tanto el mandatario como la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, enfilaron sus baterías en contra del Ministerio Público.

Otros sectores

El coordinador del Programa, Carlos Carranza, y las investigadoras Laura Brenes y Rebeca Espinoza, también hicieron un análisis del país en materia de educación, seguridad, presupuesto y relaciones exteriores.

En el ámbito educativo, el informe refuerza la tendencia de que se trata de un sector en crisis, carente de una estrategia y una ruta clara y que de manera recurrente ha visto reducida la cantidad de recursos que se le destina, al pasar de un 7.07% del Producto Interno Bruto (PIB), en el 2017, a un 5.41%, en el 2023, de acuerdo con datos de la Contraloría General de la República.

“El recorte en la educación para este 2024 fue el más bajo en los últimos años: sumó un 5.2% del PIB. Esto se manifiesta a través de la falta de infraestructura, la casi nula inversión en nuevos centros educativos o el mantenimiento de los ya existentes, lo que genera condiciones de insalubridad con un total de 881 órdenes sanitarias, de las cuales, al menos 101, son de clausura”, reseña el informe.

En esa línea, no existe una política de estímulos para la formación integral del personal docente que arrastra vacíos en áreas claves como matemáticas, pensamiento lógico, manejo de equipos computarizados y dominio de un segundo idioma.

Una parte del personal docente carece de estabilidad laboral, se le contrata a última hora o es movilizado entre instituciones, no cuentan con la infraestructura tecnológica requerida o se presentan retrasos en sus pagos salariales.

Para los investigadores del Programa existe una conexión entre el desempeño del sistema educativo y el resto de las dinámicas sociales. “No se puede pretender que persista el conflicto en las calles, en los hogares y las actitudes autoritarias, sin que esto se refleje en las dinámicas escolares. Por eso se hacen visibles en nuestros centros educativos prácticas que incitan a la violencia”.

En temas de seguridad, los investigadores llamaron la atención por el cambio en el discurso y el estilo mostrado por el ministro de Seguridad Pública, luego de grabar un video con directores de los distintos cuerpos policiales. “Es normal que un ministro de Seguridad efectúe declaraciones por su rango, pero eso es muy distinto a realizar pronunciamientos de orden que pueden rozar con el orden normativo”.

Ante ello, en el análisis se hace una excitativa a que desde esta cartera se centren en la resolución de temas como la falta de plazas policiales y la mejora logística para la operación de las diferentes dependencias y delegaciones.

Finalmente, en materia de política exterior, se enfatiza en la discrepancia de la posición costarricense, que, por un lado, reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional humanitario y, por otro, se abstuvo de votar ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) una declaración que promovía poner fin a la ocupación israelí en los territorios palestinos.

Otra contradicción se da en la forma en que se refiere a estados que son comandados por dictaduras. “Costa Rica ha condenado a las dictaduras de Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, ha sido más fuerte contra el régimen de Nicolás Maduro, mientras que con Daniel Ortega ha mantenido un perfil más bajo”.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Análisis de Coyuntura: La administración Chaves Robles

La Escuela de Sociología de la Universidad Nacional compartió el análisis de coyuntura de la sociedad costarricense. En un documento detalla los puntos más importantes de la administración actual, retratan la situación y mantienen al día las cuentas del gobierno.

Relatan cómo su estilo político es uno de enfrentamiento, lejano a la negociación, y critica a los Poderes de la República o a partidos y personas con lenguaje fuerte.

La estrategia presidencial se ha enfocado en crear una oposición más sentida de grupos y la interpelación es directa con pocas posibilidades de acuerdos.

Hay también una serie de puntos importantes que trata, y se colocan abajo, del documento que invitamos a nuestros lectores a revisar ya que tiene información puntual e importante sobre la situación coyuntural de esta administración.

  1. Uno de los rasgos más característicos de la administración de Rodrigo Chaves Robles ha sido su persistente búsqueda del desmantelamiento de la institucionalidad pública, destacando particularmente intentos de vender empresas estatales, el cercenamiento del gasto público en sectores claves del país, el desfinanciamiento de instituciones públicas y el incumplimiento de deudas con estas. 
  2. Tanto en la praxis y el discurso: Chaves asume una retórica degradante contra las institucionalidad democrática y pública, intentando posicionarse como un líder popular y antisistema que incluso ha llegado a denominar a Costa Rica como una ‘‘dictadura perfecta’’, declaración que posteriormente fue rechazada públicamente por 8 expresidentes de la República (Campos, 2024, párr. 1). Tal y como señala Murillo (2024, párr. 6), para Chaves ‘‘su gobierno encarna una ‘revolución’ y aferrado a la figura de un ‘jaguar’ como metáfora de valentía en ocasión de un pretendido referendo… Chaves llegó a calificar como falsa la idea de que Costa Rica haya sido una democracia desde la mitad del siglo XX’’.
  3. La educación ha sido un reto para el gobierno Chaves Robles, nos hemos enfrentado a hitos históricos y múltiples ataques y recortes en búsqueda de un desmantelamiento de la Educación Pública tal y como la conocemos. El gobierno no ha planteado una ruta precisa y clara y directa tanto en sustancioso de alta vulnerabilidad reinserción escolar formación de personal académico y en la incorporación de las nuevas tecnologías al proceso educativo.
  4. El enfrentamiento con la Contraloría se ha agravado en los últimos meses ya que en materia de contratación evaluación de órganos públicos y altos administrativos ha tratado de que esta institución salga del ámbito que le corresponde para tratar de limitar sus posibilidades, de hecho comenzó con un encuentro en la Contraloría General de la República para luego ampliar a otros niveles.
  5. El gobierno de Costa Rica ha mantenido como constante el reducir gastos públicos como una medida para lograr mayores equilibrios macroeconómicos con la finalidad de reducir el déficit a niveles aceptables. De hecho, el Ministro Acosta ha logrado reducir sustancialmente el déficit, pero con ausencia de un de una estrategia que permita establecer objetivos que son necesarios para el país de hecho, el sector educativo se ha visto cómo el sector donde la reducción es fuerte en un momento que el modelo educativo es muy endeble y, con una inercia que no le permite responder al requerimiento del país.
  6. Si bien en el plan internacional el gobierno de la república se ha comprometido con la cumbre del milenio y ser un país de vanguardia en esta materia. Las acciones parecieran ir en otro sentido. De hecho, el MINAE no cuenta con una política ambiental como fueron otros gobiernos que avanzaron hacia un país más sustentable por el contrario las mismas afirmaciones del presidente sobre la tala bosques en otro momento sobre explotación petrolera han puesto en duda la situación. De hecho, no se han firmado decretos que ayuden a mejorar, sino que en temas como la tala de bosques hay una omisión grande que ha terminado en un debate sórdido entre las partes lo cual nos indica que no hay élites que plantean acciones que mejoren en el campo ambiental.
  7. La violencia estructural indicada en los últimos tres meses se mantienen femicidios, raptos, violaciones, desaparición de personas jóvenes y el sicariato en su máxima expresión. Se hacen esfuerzos por la dureza pública y otros organismos para fortalecer la vigilancia pero se requiere fortalecer el número de personas, pero con tecnología de punta para poder combatir a la misma, de igual manera el fortalecimiento de la fuerza marina es una necesidad de primer nivel y contar con equipos y grupos especializados en la vida aérea es parte de lo que se requiere en esta área con una legislación más oportuna para combatir al narcotráfico y otras formas similares.
  8. Costa Rica ha vivido un periodo de intensos enfrentamientos entre los poderes del Estado, reflejando un deterioro notable en las relaciones institucionales y un ambiente político cada vez más polarizado. Durante estos meses, la confrontación entre el Poder Ejecutivo, liderado por el presidente Rodrigo Chaves, la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional (Sala IV), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Defensoría de los Habitantes (DH) y la Contraloría General de la República (CGR), ha alcanzado niveles sin precedentes, poniendo en cuestión la estabilidad democrática del país. 
  9. Se reconoce que, a pesar de las críticas hacia la labor de Luis Amador y del Ministro Marcelo Jenkins, ha habido una continuidad en los esfuerzos en esta área. Si bien se han logrado algunos avances, como en el caso de la carretera de circunvalación en Cartago, la ruta 32 con sus puentes y el mantenimiento estratégico, aún se está trabajando en lo que se ha denominado “rezago histórico”. El gobierno debería enfocarse en finalizar estas obras, como la carretera San Carlos, que son necesarias. Además, es fundamental fortalecer acciones en zonas de alta densidad, como los núcleos de zonas económicas y carreteras como Liberia-Nicoya, y dejar el planeamiento de estas iniciativas para los próximos años. 
  10. La inversión social no es un tema central en el gobierno de la república pese a que estamos en una situación en el cual la pobreza y las desigualdades las asimetrías son un factor presente con mayor profundidad para Costa Rica. Esta situación es preocupante porque más grupos se unen a la pobreza donde las oportunidades y por el tipo de formación no tiene posibilidades de desarrollarse. No hay recorrido del sector ni planes de mediano y largo plazo lo que se expresa en un alejamiento de la propuesta del plan nacional de desarrollo y se aleja fuertemente de los acuerdos firmados con la OCDE y la cumbre del 2030.

SURCOS comparte los materiales del análisis.