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Etiqueta: estado de bienestar

Patria mía, ¿adónde vas?

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Manuel Delgado

1.-

Los resultados electorales de este domingo muestran la profunda crisis política por la que atraviesa el país. En esta elección hemos cosechado el mayor porcentaje de abstencionismo de la historia reciente. En ese resultado influyó, indudablemente, la epidemia de la Covid y sus secuelas. Pero ese no fue el factor principal. El abstencionismo es el rechazo a la oferta electoral. Demuestra que nuestro pueblo no fue convencido por ninguno de los partidos y candidatos.

Esos partidos y esos candidatos, a su vez, son rechazados por muchos motivos, entre los que destacan la corrupción y la ineficiencia de los últimos gobiernos. Pero sobre todo, son repudiados por la política económica aplicada por ellos y apoyada por sus diputados, y que ha llevado hambre, desocupación, sobreexplotación y desesperanza a los hogares. Es, en resumen, un rechazo a la política neoliberal. Esta ha estado conformada por una estrategia de congelamiento de salarios del sector público y una reducción constante de los salarios del sector público; por una reducción de los derechos laborales a largo plazo, desmejorando la cesantía y las condiciones de las jubilaciones; por una persecución a las organizaciones sociales y la criminalización de la protesta social; el aumento sistemático de los impuestos a los bienes y servicios que consumen los sectores populares; a una práctica de reducción en empeoramiento de los servicios públicos; a la práctica de la represión en las huelgas, manifestaciones, luchas de los indígenas y, en general, a toda manifestación de descontento. Y, además, mucha corrupción.

2.-

La principal muestra del rechazo ha sido la vapuleada obtenida por el partido de gobierno, aun cuando este partido pretendió levantar un programa de corte asistencialista, igual al que siempre en teoría ha defendido.

El Partido Acción Ciudadana no solo no elige ningún diputado, cosa que no había ocurrido nunca con el partido de gobierno, sino que recibe una cantidad marginal de votos: apenas el 0,66%. Es muy posible que como resultado de estas elecciones, desaparezca como fuerza activa.

El PAC es, por su extracción social, un partido de la “clase media” (la denominación no me gusta mucho), lo cual incluye a sectores de servidores universitarios, profesionales, empleados públicos, educadores, estudiantes, artistas y otros. Empujado por la oligarquía, en sus dos administraciones, pero sobre todo en la última, este partido se ha dedicado a perseguir y estrujar a esos sectores. Le impuso un plan fiscal que elevó sustancialmente sus impuestos, les redujo la pensión amparados en la consigna de la derecha de acabar con las “pensiones de lujo”, alargó las edades de pensión y les bajó sus montos, rebajó sus prestaciones de retiro, les aplicó impuestos a la transacción de sus inmuebles, les quitó potestades y derechos a sus organizaciones sindicales, redujo las condiciones de trabajo de las universidades. Pero además, los sometió a una constante campaña de persecución y desprestigio, dirigida en especial contra los empleados públicos. Con estos dos gobiernos, los sectores medios han vivido acosados y atemorizados. Todo esto ha estado acompañado de una política de congelamiento de salarios y la amenaza del descenso de los sueldos de los servidores públicos, especialmente a través de la llamada ley de empleo público. Es lógico pensar, entonces, que estos sectores le hayan vuelto la espalda en estas elecciones.

3.-

Otra muestra contundente del rechazo popular al neoliberalismo lo muestran los resultados obtenidos por las agrupaciones abiertamente liberales. Los partidos Libertario, Unión Liberal y Unidos Podemos obtienen el 1,2% de los votos emitidos (el 0,65% del padrón). Por su parte, el Liberal Progresista de Eliécer Feinzaig solo obtiene el 12,3% de los votos válidos (el 6,3% del padrón).

En su conjunto, ellos cosechan el 13,5% de los votos, muy por debajo de lo obtenido por el Partido Libertario en el 2010 (20,9%) y apenas similares a los del 2014. En relación con el número de votantes inscritos, es decir, el padrón electoral, la diferencia es más clara: esta vez esos cuatro partidos obtuvieron el apoyo del 6,9% de los costarricenses, en contraste con los porcentajes reunidos por el Libertario, que fueron del 11,9% del 2010 o el 11,3% del 2014.

4.-

Similar derrota han obtenido los dos partido fundamentalistas religiosos, que en la mayoría de las ocasiones han acuerpado los proyectos neoliberales del gobierno. Restauración Nacional solo ha cosechado el 0,55% de los votos. Mientras tanto, el partido Nueva República de Fabricio Alvarado ha obtenido el 14,8%, muy por debajo del 24,9% obtenido en primera ronda de la elección del 2018.

La desaparición de esos partidos como fuerza determinante es un hecho muy positivo para la lucha popular y para la democracia costarricense. Llama, sí, la atención de que este último partido siga siendo una fuerte alternativa para los sectores más pobres de la población y que haya obtenido altas votaciones en los litorales, es especial en Limón y Puntarenas. Ese apoyo se explica por el rezago social de esas provincias, por el abandono a que han sido sometidas por todos los gobiernos, y por el debilitamiento de los partidos de los trabajadores y señala una gran tarea y una gran responsabilidad para las organizaciones populares.

5.-

Los resultados de los partidos Liberación Nacional, Unidad Socialcristiana y Progreso Social Democrático son también muestra del deterioro del discurso y la práctica neoliberales.

Tanto Liberación Nacional y como la Unidad Socialcristiana (que incluso formaron parte del gobierno) han acuerpado ese programa antipopular del que hablamos, pero sus acciones no las han podido sostener ante la opinión pública a la hora de pedir el voto porque saben que ese programa es de rechazo popular.

Por el contrario, sabían que debían de cambiar el discurso y recurrieron a la vieja triquiñuela de ofrecer el oro y el moro: casas y becas, ayuda asistencial y empleos, todo en el intento de cazar incautos.

Curiosamente la Unidad Socialcristiana no logra convertir ese apoyo parlamentario en votos para su candidata presidencial, que cae al cuarto lugar de las preferencias electorales, con un 12,3% del padrón, muy por debajo del 15,9% cosechado hace cuatro años. Aunque el padrón, como es lógico, ha crecido, el número absoluto de votos recibidos por el PUSC se redujo en 118.625 votos, es decir, costarricenses concretos que decidieron darle su apoyo a otra candidatura.

Una cosa similar es el caso del PLN. Este partido obtiene la mayoría relativa con un 27,2% de los votos, un aumento en relación con las dos elecciones anteriores (nos referimos a los votos en primera ronda), pero su apoyo representa un sector más pequeño de la población. Apenas un 14% de las personas inscritas le dio su voto.

Los dos brazos del bipartidismo, juntos, apenas reúnen en 40% de los votos emitidos y el 20% de los inscritos en el padrón electoral.

6.-

Contrario a todos los pronósticos, Rodrigo Chaves se medirá con el PLN en la segunda vuelta. Esta enigmática figura ha tenido un paso rapidísimo por nuestro país y nuestra política. Proveniente del Banco Mundial en el que laboró largos años, ha mantenido un discurso comedido en lo económico. Aunque es de presumir que profese las mismas ideas que impulsó desde su posición de funcionario de ese organismo financiero internacional, ha tenido el cuidado de distanciarse de un liberalismo expreso, muy posiblemente solo de palabra. Al revés, se presenta como un impulsor del cambio, como una alternativa novedosa, que no se compromete con ninguna de las políticas del gobierno aunque formó parte de él por un breve plazo.

Chaves es otra muestra del rechazo que siente la población por la política y los políticos tradicionales. En cierta medida, los votantes lo han apoyado como muestra de protesta frente a una política tradicional corrupta e ineficiente. Su imagen de un tecnócrata sin compromisos con la política, aunque también sin compromisos con un programa clase, atrae a muchos sectores

Hay que llamar al pueblo a no dejarse engañar por esos nuevos espejismos. Tanto él, nuevo en nuestra política, como Figueres, viejo dirigente, serán en última instancia instrumentos de la misma política: esa que impulsa el FMI, brazo gemelo del Banco Mundial, y que tiene como norte acabar con nuestro maltrecho estado de bienestar y terminar de liberalizar nuestra economía.

7.-

Con especial cuidado debemos hablar del Frente Amplio. Este partido ha obtenido una nutrida cantidad de votos: 158.991 personas han votado por él, lo que corresponde a un 8,9% de los votos válidos emitidos. Supera así el amargo bache de la elección pasada cuando solo acumuló el 0.78%, pero queda muy lejos del 17,25% obtenido en las elecciones de 2014.

Después de 2014 y durante las dos administraciones consecutivas, el Frente Amplio se mantuvo como aliado y a veces defensor expreso del partido de gobierno y de sus dos presidentes. Esa política colaboracionista lo llevó incluso, como se sabe, a convertirse en parte del gabinete de Carlos Alvarado. Ese apoyo abierto o soterrado fue muy negativo para el movimiento popular y para el electorado costarricense, pues ayudó a consolidar el apoyo de amplios sectores progresistas al gobierno y fortaleció la imagen de “izquierdista” con el que muchos sectores, incluso desde la derecha, pretendieron clasificar al PAC y su gobierno. Esa colaboración le pasó una alta factura al Frente Amplio, que, sobre todo en la elección del 2018, apechugó con buena parte del desprestigio del PAC, lo que lo llevó a obtener una votación de pesadilla.

El buen resultado de este 2022 se debe a dos factores: primero, que logró atraer a una porción importante de los seguidores del Partido Acción Ciudadana, especialmente el sector más de izquierda de este partido, los cuales, hastiados del giro a la derecha del gobierno, pretenden encontrar en el Frente Amplio el tipo de agrupación política que ellos ayudaron a forjar a comienzos del siglo, aquel joven partido que era percibido como de centro-izquierda, inspirado en las luchas populares, en especial la lucha contra el TLC, desligado de los partidos del bloque oligárquico, alzado en la consigna de defender y ampliar el estado de bienestar y el sistema de seguridad social y que decía luchar contra la corrupción y por la protección de los trabajadores asalariados y los pequeños y medianos empresarios.

Todas ellas son consignas que se amoldan como anillo al dedo al discurso actual del Frente Amplio. Pareciera que el Frente Amplio ha logrado la meta que se proponía: colocarse en el sitio que dejó libre el PAC. De hecho, su líder, presionado por la prensa, se definió a sí mismo como político “de centro”. Un exceso, me parece, para un partido que a lo sumo llega a “centro-izquierda”.

“Panta rei”, decían los griegos: “Todo discurre, todo se mueve”. Y el Frente Amplio no es la excepción. Para crecer hasta convertirse en opción de poder, este partido debe moverse, y tiene dos y solo dos cauces posibles. O vuelve los ojos a la calle y al movimiento popular y se pone al frente de su lucha contra la arremetida neoliberal, es decir, o asume un papel de izquierda, o se posiciona ahora sí en el centro, haciendo nuevas concesiones a los de arriba. Yo espero que discurra por el primero, aunque temo que él más bien va a optar por el segundo.

8.-

Y a nosotros, ¿qué nos queda? Una segunda vuelta entre un malo y otro no peor, sino igual. Porque lo peor es votar por el “menos malo”, lo peor es que uno de los dos logre posicionarse en el imaginario del electorado como “el progre” o “el agente del cambio”. Ya Figueres anda buscando lo primero, el apoyo del electorado progresista, para obligarnos a repetir la pesadilla de hace cuatro años, la pesadilla de votar por una de las dos cabezas de la hidra, decisión que nos trajo tan malos resultados.

Desigualdad social y pobreza en Costa Rica: Las cosas están mal pero se pueden poner peor

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Varios indicadores económicos y sociales nos están diciendo fuerte (o quizás gritando) que las cosas en Costa Rica, están mal pero pueden ponerse peores de cara al futuro, para amplios sectores de la población nacional. Cada vez con más frecuencia emergen números rojos en distintos indicadores económicos y sociales.

En el siglo anterior, el país asumió un liderazgo en el contexto latinoamericano y caribeño como resultado del impulso y desarrollo de un Estado de Bienestar, que aunque la redistribución de la riqueza no era la óptima, si permitió avances en materia de salud, educación, empleo, seguridad social, acceso a agua potable, electricidad y telefonía, entre otros rubros.

Producto del esfuerzo mancomunado de Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora Valverde y Monseñor Víctor Manuel Sanabria, se establecieron las bases de un Estado Social de Derecho (ESD), que José Figueres Ferrer en vez de hacerlo retroceder como líder triunfador de la guerra civil del 48, lo profundizó en algunos aspectos. Con zigzagueos, subidas y bajadas, ese ESD avanzó, pese a la férrea oposición de sectores oligárquicos.

Así las cosas cuando ese ESD llegó a su apogeo, entre los años ochenta y noventa del siglo XX, se pensaba con algún optimismo que el país iba a seguir avanzando y que los índices de pobreza y desigualdad social iban a mejorar progresivamente. Pero no. El impulso de ese Estado de Bienestar emergió como una respuesta al avance del socialismo que cuestionaba las bases del capitalismo y en Costa Rica, adquirió características destacadas, que proyectaron a un país con cierto grado de desarrollo que lo posicionó como una nación de ingreso medio.

Se cumplía en parte la idea de Don Pepe (y su apuesta socialdemócrata) de avanzar hacia un país de «clases medias». Ese país se ha venido desvaneciendo, en forma dolorosamente sostenida. Hoy se ha transformado en el país controlado por una plutocracia de avaricia ilimitada, grandes mayorías que se debaten entre una creciente pobreza y miseria, y unas capas medias cada vez más reducidas y en proceso acelerado de pauperización y, por tanto, de extinción.

Esa época, que tiene como punto destacado de quiebre la década de los años ochenta del siglo pasado, hoy se ha vuelto cada vez más lejana por el sostenido avance de la polarización económica y social, en la que cada vez hay menos que concentran mucho y muchos con cada vez más poco.

Hoy, esas cifras en rojo se manifiestan en áreas como las siguientes:

  • Costa Rica se sitúa como octavo en el triste «ranking» de desigualdad social en el mundo.
  • El país es el más desigual de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
  • Las finanzas de la CCSS están en crisis creciente como lo demostró la comisión legislativa que investigó sus finanzas mientras los partidos que han gobernado al país en las últimas tres décadas (PLN, PUSC y PAC) y otros aliados en el Parlamento, recetan acetaminofén y curitas cuando lo urge es una cirugía mayor, un tratamiento de choque. De esta manera, se pone a la salud pública en perspectivas sombrías.
  • El desempleo alcanza alrededor del 17 % mientras la llamada «informalidad» rompe records.
  • Los productores agrícolas, pecuarios y pesqueros, desde hace tiempo, superviven en situaciones precarias sin el apoyo significativo del Estado.
  • La brecha digital se ha mostrado en todo su esplendor cuando el país más necesitaba una conectividad digital cada vez más democrática, que alcanzara toda la geografía nacional.
  • La educación –que venía mal antes de la pandemia– entró en una zona de desastre que marca un enorme retroceso para el país en este campo.

Estos números en rojo no son generados por la coyuntura marcada por la pandemia. La pandemia es un factor multi agravante de problemas que vienen de atrás. Empero algunos la han colocado como pretexto de sus grandes fallas y vacíos. La crisis multidimensional obedece a problemas estructurales del sistema neo-liberal que le cayó como matapalo al árbol del Estado Social de Derecho, que el país hizo crecer entre los años cuarenta y ochenta del siglo anterior. Y ese árbol que era mediano hoy es poco más que un bonsai.

El desastre social que ya padece el país si no se adoptan soluciones y correcciones, tan dramáticas como impostergables, será peor en los años venideros. En este contexto, lo más preocupante es que este tema que debería definir la campaña electoral del 2022, no es el importante para la gran mayoría de los partidos que forman parte de la cargada oferta electoral.

El hecho de que este tema que no sea prioridad en la agenda electoral del presente para la mayoría de los partidos, obedece –a mi modo de ver– a tres causas asociadas:

(1) Los orienta la doctrina neo-liberal, que convirtieron en su creo aunque pregonen otra cosa,

(2) Han gobernado al país desde Zapote en los últimos lustros y forman parte del desastre social; no de las soluciones inclusivas y solidarias, y

(3) Desde la Asamblea Legislativa, a partir de omisiones y acciones, han empujado al país a esta situación de grave crisis multidimensional.

O para decirlo más resumidamente: Son partidos y líderes que son parte del gravísimo problema económico y social que enfrenta el país; no de la solución que debe emerger con genuino patriotismo, cuando entramos en una emergencia marcada por el desastre de pronóstico reservado.

(21 de octubre, 2021)

Privatización de electricidad y Estado Social de Derecho

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Han pasado 135 años. Eran las seis y cuarto del 9 de agosto de 1884, cuando muchos habitantes de San José y de poblados aledaños, se concentraron en algunas calles de la metrópoli costarricense, para ser testigos de un acontecimiento histórico: La inauguración del alumbrado público.

La luz llegó e iluminó a algunas calzadas para regocijo de quienes presenciaron el acontecimiento y, en general, para los habitantes del país. Y por supuesto, se trató de un acontecimiento histórico ya que San José fue la tercera ciudad del planeta en contar con ese primigenio servicio, codeándose con Nueva York y París, y convirtiéndose en la primera ciudad latinoamericana en contar con ese tipo de alumbrado.

Pero las cosas no se quedaron ahí: Unas décadas después, el país siguió marcando la historia al crear en 1941 la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y ocho años después, con la nacionalización del servicio de electricidad y, luego, con la fundación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) mediante la Ley N° 449. En el artículo uno de la ley de creación del ICE se indica que “la responsabilidad fundamental del Instituto, ante los costarricenses será encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar del pueblo de Costa Rica.”

Esta impronta progresista, que buscó que el país contara con energía eléctrica propia para impulsar el desarrollo económico y social, se enmarcó dentro del vigoroso impulso de un Estado Social de Derecho (ESD), que tuvo en la década de los cuarenta del siglo pasado, un periodo estelar.

Desde su fundación, hemos sido testigos de que el ICE, ha buscado avanzar en un derrotero de matriz diversa y sostenible que tiene como fuentes de la producción de energía eléctrica, la hídrica, la geotérmica, la eólica, la solar y la biomásica, a la par de una parte pequeña de generación térmica. Se trata de una matriz muy exitosa que ha permitido una cobertura eléctrica de 99,4% de los hogares costarricenses. Es, asimismo, un modelo único en el mundo; el cual en los último años, ha tenido un significativo reconocimiento internacional.

Sin embargo, lo que ha sido exitoso para Costa Rica y la mayoría de sus habitantes, ha sido visto con mucha avaricia e incomodidad por quienes en el país y fuera de él, ven a los servicios prestado por el Estado como un obstáculo y desafío para sus intereses privados y sus negocios.

A estos grupos, representantes del gran capital transnacional o de aquí, les ha incomodado el ICE y por eso, desde siempre, han buscado desprestigiarlo de mil maneras, para apoderarse de la producción eléctrica y convertirla en otro de sus rentables negocios. Así las cosas, en el año 1990 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 7200 mediante la cual se autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela. Este va a constituirse en el primer ñangazo al pastel de la venta de electricidad, por parte del sector privado.

Estos avariciosos grupos privados –fuertemente ligados a las cúpulas políticas que han controlado al Estado costarricense–, han impulsado leyes como éstas (la 7200) en su sueño de privatizar el campo de la producción y venta de la electricidad. Lo han logrado hasta el presente, en forma limitada, gracias a la lucha y la resistencia social pero nunca han cejado en sus afanes privatizadores.

El “combo” del ICE, impulsado por el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, formó parte del plan privatizador, pero fue derrotado por un pueblo con ADN progresista, en las calles y otros escenarios de la lucha social y política, en el año 2000. No obstante la derrota infligida, esos grupos plutocráticos han seguido sus antidemocráticos empeños y a través de diputados de distintos períodos legislativos, han buscado ampliar su dominio privado en la electricidad, al mismo tiempo reducir el tamaño y alcance del ICE.

En el presente, con un gobierno de corte neoliberal como el de Carlos Alvarado y una Asamblea Legislativa con muchos diputados y diputadas, que convirtieron esa doctrina en catecismo, el esfuerzo privatizador da un gran salto a través del impulso de una reforma a la citada Ley 7200, en su artículo 3, que aparece en el expediente legislativo N° 22.601.

Esta mala iniciativa forma parte del proyecto neoliberal de destruir lo que queda, en instituciones y servicios públicos que emergieron con el desarrollo del Estado de Bienestar, que el pueblo y algunos líderes impulsaron desde la década de los cuarenta del siglo anterior y que los agoreros con su consigna: “Más mercado y menos Estado”, quieren borrar de la faz de la sociedad costarricense.

Forman parte sustancial de ese genuino Estado Social de Derecho, la salud pública universal prestada a través de la Caja, la educación pública impulsora de movilidad social, algunos avances en materia laboral, los planes de vivienda, algunos programas de seguridad social que han beneficiado a grupos sociales específicos (entre otros), así como los servicios de electricidad que ofrece el ICE, a partir de principios de solidaridad y subsidiariedad.

Se trata de derechos sociales y económicos que están presentes en la Constitución Política, y en normas nacionales e internacionales (tratados de derechos humanos ratificados por el país), que hoy, con esta voraz arremetida, la administración Alvarado Quesada y algunos diputados, pretenden socavar. Desde la década de los ochenta del siglo anterior, el Estado Social de Derecho ha venido siendo atacado en distintos flancos, con el fin de beneficiar a grupos económicos poderosos del país y a transnacionales, a quienes no les importa en absoluto el bienestar del pueblo sino sus negocios y las ganancias que puedan obtener a partir de ellos.

Este gobierno y muchos de los diputados que apoyan estas nefastas propuestas, no se han percatado de lo que ha venido sucediendo con el neoliberalismo en América Latina, que al fracasar –estrepitosamente– como doctrina económica y social, está retrocediendo paso a paso en distintos países de la región.

Un ejemplo concreto del fracaso de la propuesta de reformas energéticas fracasadas, que se han dado a la luz de esta doctrina, destructora de la justicia social, se ha dado en México. En el Gobierno anterior, presidido por Enrique Peña Nieto fue aprobada una reforma completamente entreguista para el sector privado (mexicano y transnacional), que alcanzó una votación mayoritaria, con sobornos a legisladores de la empresa brasileña Odebrecht. El entreguismo y la corrupción le ganó, en esa ocasión, la partida a la soberanía energética de la nación azteca.

Sin embargo, esta negativa reforma centrada en un recurso fundamental para su propio desarrollo económico y social, como es la electricidad, el actual gobierno que preside, Andrés Manuel López Obrador la ha empezado a desmontar con el amplio apoyo del pueblo mexicano que lo que vio con la citada reforma, es corrupción transnacional y en algunos miembros de sus élites, y, por supuesto, aumento del costo de la electricidad.

Ya algunos de los impulsores de esta reforma energética que jamás traería beneficios para las mayorías de Costa Rica, se amparan en que siendo ahora miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tal es camino que debemos seguir como país. Falso, completamente falso. México que es un connotado miembro de OCDE está siguiendo el camino contrario, marcado por la dignidad y la independencia.

De la misma manera, que al pueblo costarricense le costó mucho construir su Estado Social de Derecho también le costó avanzar en su proceso de soberanía energética; entendiendo a ésta como la capacidad que tiene un país de gestionar la producción de la energía que consume.

En este presente pandémico, ambos procesos –arraigados en las mejores tradiciones progresistas del pueblo costarricense–, están seriamente amenazados. La responsabilidad histórica de quienes queremos a este hermoso país nos dicta que debemos luchar por frenar la arremetida.

Cuando rindamos cuentas a nuestros hijos y a nuestros nietos, y a las futuras generaciones, debemos decir que, en el Bicentenario de la Patria, hicimos lo que nos correspondía y no permitimos que el país se vendiera al mejor postor, para el beneficio exclusivo de unos pocos mercaderes que debemos echar del templo de la inclusión y la justicia social.

Juan Domingo Perón: defensor de las causas justas y de Argentina

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gabe Abrahams

Juan Domingo Perón (1895-1974) fue un militar y político argentino que fundó el peronismo o justicialismo y consiguió hasta en tres ocasiones ser presidente de la República Argentina (1946, 1951, 1973). En todos los casos, alcanzó la presidencia mediante elecciones democráticas.

Siendo un joven oficial del ejército argentino, Perón ocupó diversos destinos dentro del país. En esas fechas, escribió varios trabajos como Higiene militar (1924), Moral militar (1925), Campaña del Alto Perú (1925), El frente oriental en la guerra mundial de 1914. Estudios estratégicos (1928), entre otros.

En 1930, Perón ya formaba parte del Estado Mayor del ejército argentino y era profesor de historia militar en la Escuela Superior de Guerra.

En 1936, con el grado de Mayor del Ejército, fue nombrado agregado militar de la embajada argentina en la República de Chile, cargo al que pocos meses después se sumó el cargo de agregado aeronáutico.

En 1939, Perón se marchó a Europa en una misión del ejército argentino, residiendo en Italia y recorriendo Francia, Alemania, España, Yugoslavia, Albania y la Unión Soviética. Esos viajes fueron claves en la maduración de su pensamiento.

El 4 de junio de 1943, se produjo un Golpe de Estado en Argentina que derrocó al gobierno del presidente conservador Ramón Antonio Castillo, vinculado al nazi-fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. En ese mismo año, Perón inició su carrera política como secretario del Departamento Nacional del Trabajo dentro del nuevo gobierno argentino. Desde ese cargo, desarrolló un programa social que atraería a sus filas a una parte de los trabajadores argentinos. La vertiginosa actividad del Departamento Nacional del Trabajo de Perón también ocasionó el creciente apoyo a su gestión por parte de dirigentes sindicales pertenecientes a las principales ramas de la izquierda (socialismo, comunismo, etc.).

Perón incorporó a la acción de su Departamento, entre otros, a los sindicalistas y socialistas José Domenech (ferroviarios), David Diskin (empleados de comercio), Alcides Montiel (cerveceros) y Lucio Bonilla (textil); a los sindicalistas y comunistas René Stordeur (gráficos), Aurelio Hernández (sanidad) y Ángel Perelman (metalúrgicos); y a sindicalistas revolucionarios como Luis Gay (telefónicos).

En 1945, la política argentina se radicalizó, existiendo un enfrentamiento entre el peronismo y el antiperonismo. Es decir, entre los partidarios de Perón, principalmente de clase obrera, y sus detractores, mayoritariamente los poseedores de la riqueza y el capital.

Juan Domingo Perón ganó las elecciones presidenciales argentinas de 1946, apoyado por su esposa María Eva Duarte, más conocida como Eva Perón. Desde esa fecha, Perón desarrolló un extenso Estado de Bienestar, centrándose en la creación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en la nacionalización de los sectores básicos de la economía, en la redistribución de la riqueza a favor de los desfavorecidos, en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y en una política exterior de alianzas sudamericanas.

Perón volvió a ganar las elecciones en 1951 liderando el Partido Peronista e inició un nuevo mandato, pero acabó siendo derribado por el Golpe de Estado militar del 16 de septiembre de 1955. El Golpe de Estado fue el ataque final y violento contra Perón por parte del antiperonismo que había tomado forma en 1945.

Perón se marchó al exilio y vivió durante casi dos décadas en Paraguay, Panamá, Santo Domingo y España. En ese exilio, no perdió su afán por la política, sino que intentó perfeccionar el socialismo patriótico que había fundado en Argentina y que ya era mundialmente conocido como peronismo. Hay escritos e incluso intervenciones suyas de esos años hablando del socialismo y del peronismo que demuestran su constante esfuerzo intelectual en esa dirección.

Juan Domingo Perón regresó a la República Argentina en 1973, cuando alcanzó la presidencia con el 62 por ciento de los votos. En su nueva aventura política, fue apoyado por su nueva esposa, María Estela Martínez, conocida como Isabel Perón o Isabelita.

Durante su gobierno, Perón propició la instauración de un pacto social entre las organizaciones de trabajadores, los empresarios y el Estado y concretó el ingreso del país en la Organización de Países no Alineados. Mantuvo una cierta fidelidad a su pensamiento original, tal y como él lo había concebido en los años cuarenta y desarrollado desde que fue nombrado en 1943 secretario del Departamento Nacional del Trabajo del gobierno argentino.

Juan Domingo Perón murió el 1 de julio de 1974. Tras su fallecimiento, fue suplido en el cargo de presidente de la República Argentina por su esposa Isabel Perón. El mandato de Isabelita terminó con el Golpe de Estado militar del 24 de marzo 1976, una especie de segunda parte del Golpe que envío al exilio a Perón en 1955.

Aún con la muerte de Perón y el final violento de su mandato, el peronismo o justicialismo sobrevivió a la posterior dictadura militar argentina (1976-1983) y regresó con la democracia. En las últimas décadas, no pocos presidentes y cargos políticos de la República Argentina han salido de sus filas, a la vez que estas siguen activas con un extraordinario vigor y confianza en el pensamiento de Juan Domingo Perón, convirtiendo al peronismo en un fenómeno político único en el mundo.

Dos datos dejan poco margen para la duda sobre esta última afirmación. En el año 2020, el Partido Justicialista (peronismo) era el partido argentino con una mayor cantidad de afiliados, contando con una cifra de 3.314.970. Hoy, el actual presidente de la República Argentina es Alberto Fernández, peronista convencido y presidente del Partido Justicialista.

Algo sobre las próximas elecciones

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Óscar Madrigal

En estos días conversaba o simplemente “peloteaba” con algunos amigos sobre las próximas elecciones. Reúno de manera esquemática mis opiniones:

1-. A Figueres con los votos obtenidos en la convención del PLN no le alcanza para ganar en primer vuelta. El resultado que obtuvo fue inferior al de Álvarez Desanti hace cuatro años y con ello no logró llegar ni siquiera a segunda ronda. La salida de Rolando Araya debilita aún más su candidatura.

La gente visible que rodea a Figueres, o son los mismos de siempre que no están en capacidad de producir ningún cambio, o igual o peores de neoliberales que el actual equipo económico gubernamental.

2-. La derecha ortodoxa o más ultra se muestra muy fragmentada por intereses personales y usufructo del erario público. Están Linet, Piza, Chávez, Eli, movimiento libertario, el grupo de Natalia Díaz y algunos más. A menos que una fuerza externa los obligue a unirse irán sin fuerza determinante a las elecciones.

3-. Los neopentecostales se encuentran divididos lo que los irá a neutralizar. Si bien Avendaño y su grupo manejarán la deuda política, Fabricio cuenta con el apoyo del poder mediático y financiero de las iglesias internacionales que son muy poderosas. La división les restará toda posibilidad.

4-. La influencia del PAC dependerá de quién sea el candidato o candidata. Si es la preferida del presidente Alvarado, Carolina Hidalgo, se hundirá; si eligen a Welmer podrían tratar de recomponerse con algún sector del llamado progresismo. Sin embargo, el desgaste del PAC por un gobierno entregado al PUSC y PNL, por su traición a los sectores sociales y los escándalos de corrupción, lo ponen en una situación electoral con poco futuro.

5-. Las fuerzas sociales populares deben llenar el vacío que quedará en el centro izquierda del espectro político electoral. La disputa principal será por llenar ese hueco.

José María Villalta es el candidato mejor posicionado en las encuestas que representa la alternativa popular. Villalta es como candidato mucho más que el Frente Amplio y así debería ser; tal vez una de sus debilidades sea el partido, pero su candidatura debería trascenderlo. Para ello debe lanzar casi que de inmediato su candidatura y presentarla junto a muchas otras fuerzas y movimientos populares.

La izquierda debe entender que para estas elecciones sus intereses se unen en la candidatura presidencial del candidato que esté mejor posicionado electoralmente y que, además, reúna condiciones de honestidad, valentía y compromiso y cambio verdadero. La unidad de la izquierda no se limita a ella; eso sería miope políticamente. La unidad de la izquierda tiene sentido si aglutina a su alrededor a las fuerzas populares de amplios sectores que deseen una transformación del injusto sistema tributario y defensa del Estado de Bienestar, en primer lugar, a los trabajadores y trabajadoras y pequeños y medianos productores del campo y la ciudad.

Hasta el momento quien puede reunir esas condiciones y características es el diputado Villalta. Su candidatura debería ser la del pueblo contra los grandes poderes económicos, financieros y mediáticos del país.

6-. Todo parece indicar que habrá segunda vuelta para elegir el presidente. En estas circunstancias los candidatos que pasen a una segunda ronda podrían hacerlo obteniendo alrededor de un 20% de los votos. Con un gran trabajo, inteligente y tesonero, la candidatura del polo popular podría colarse a la segunda vuelta y disputar por primera vez la presidencia de la república.

Las condiciones pueden estar dadas.

El proyecto de empleo público

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Óscar Madrigal

El proyecto de Empleo Público obedece a una concepción ideológica absolutamente neoliberal que se orienta no solo directamente contra los empleados públicos, sino contra el Estado de Bienestar. Es en consecuencia un proyecto ideológico impulsado especialmente por el Partido Liberación Nacional, el PUSC, el PAC, los ramashekos en sus dos variantes y algunos independientes. Según el presidente Alvarado, hay que vacunar a los diputados para que continúen su trabajo, sea de desmantelamiento de nuestro Estado de Bienestar.

Lo primero que se debe aclarar es que su fin no es fiscalista, no busca resolver el problema de las finanzas nacionales porque, como lo ha dicho hasta Rocío Aguilar, los empleados públicos no son el problema del déficit. Además, el ahorro que dicen las autoridades de Hacienda que producirá el proyecto, no se debe principalmente a establecer un salario único o global, sino al congelamiento de los salarios de los funcionarios públicos por 12 años. El salario único en la administración va a producir de arranque un aumento de los gastos en salarios, por la sencilla razón que un trabajador que empieza a trabajar va a devengar un salario muy superior a otro que empezaría con salario base más pluses. Será hasta dentro de 15 años que un salario base con pluses se igualaría al salario único. Pero en ese entonces, el gasto de las finanzas ya habrá tenido que haberse equilibrado. El ahorro que se producirá proviene de la congelación salarial impuesta por más de una década a los trabajadores, pero no por el cambio del sistema de pago. Congelar salarios, lógicamente, si producirá el ahorro planteado.

El proyecto crea trabajadores con salarios más altos que otros con funciones iguales. Más de 25.000 trabajadores con salario compuesto, recibirán un salario bastante menor que los trabajadores con salario único, haciendo las mismas funciones. Algunos tendrían un salario de ¢200.000 menos por mes. Este asunto no solo refleja la injusticia del proyecto sino lo que cualquiera entiende, que con el salario único en los primeros 10 o 15 años el gasto salarial del Estado será mayor.

Por otra parte, el proyecto propone eliminar las convenciones colectivas en la práctica, porque solo las limitarán a asuntos menores, dejando de lado la reivindicación principal de todo trabajador, la negociación salarial.

El proyecto propone eliminar el consejo salarial del sector público con participación sindical que se encarga de negociar los aumentos salariales por costo de vida, para dejarlo en manos de grupos indefinidos.

Además, se propone que se pueda hacer una reorganización de una institución, sea la posibilidad de disminución de personal o el cierre de departamentos o secciones con menos requisitos y sin los estímulos que actualmente se exigen para llevarla a cabo. Por esta vía se cierran partes importantes de instituciones.

También se propone introducir un sistema de dirección del personal de toda la administración pública, dirigida por el Servicio Civil, cuyo jerarca será nombrado por la Asamblea Legislativa. De esta manera regresamos al estado anterior a la actual Constitución que garantiza que los puestos públicos no son un botín político.

El proyecto de empleo público está enmarcado dentro de las políticas de reforma fiscal, pero va más allá. Es una regresión en derecho democráticos y facilita el desmantelamiento de instituciones del Estado. Por ello este proyecto no solo afecta a los empleados públicos sino a todos sectores sociales.

Y el ataque continúa.

Por una condonación de la deuda pública externa de América Latina

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Franz Hinkelammert (Alemania/Costa Rica), Yamandú Acosta (Uruguay), William Hughes (Panamá), Orlando Delgado (México), José De Echave (Perú), Henry Mora Jiménez (Costa Rica), Luis Paulino Vargas Solís (Costa Rica), Jorge Zúñiga (México)

El crecimiento económico como política y el endeudamiento como adicción

La globalización neoliberal encumbró la “sociedad del crecimiento”. El crecimiento se convirtió en la política central que supuestamente sostendría el consumo, la inversión, el empleo y el bienestar social.

El pretendido crecimiento ad infinitum resultó tener “efectos colaterales” (humanos y ecológicos), pero se asumió que el libre mercado y el desarrollo tecnológico lograrían contrarrestarlos. Y si no lograban solucionarlos, entonces no habría solución alguna: el progreso demanda “sacrificios”.

La teoría económica neoliberal dio un viraje de 180 grados: el “ahorro de hoy” dejo de ser la fuente para el consumo y la inversión “de mañana” (tesis keynesiana). El consumo por el consumo (consumismo) se convirtió en el motor del crecimiento, y la inversión productiva perdió el sentido de incrementar la “capacidad productiva” para considerarse casi exclusivamente en términos de su rentabilidad de corto plazo. Entre 1970 y 2007 se impusieron el capitalismo de casino y la financiarización, dominando la economía real. La crisis del 2008 fue interpretada como un tropezón normal en el frenesí de “exuberancia irracional”.

El consumismo desenfrenado y la inversión financiera se apuntalaron fuertemente en el crédito: a los hogares, empresas y Estados; desmantelando, además, las políticas del Estado de bienestar. Se generó una dependencia adictiva entre el crecimiento económico (la acumulación de capital) y el endeudamiento sin límite.

El pago de la deuda como genocidio

El capitalismo se fundamenta en el crecimiento económico, y como ya no puede hacerlo con saltos de productividad, se alimenta de nuevas “acumulaciones originarias” y de un endeudamiento tóxico que conduce a deudas perpetuas e impagables. Después del estallido de la crisis de la deuda en los años ochenta, podría esperarse que la situación de la región mejorara en el mediano plazo, pero se ha agravado. La deuda externa se duplicó hacia 1990, y para 2019 había crecido 10 veces, superando los 2 billones de dólares, con un pago de intereses que sumó un poco más de 1.1 billones de dólares. En realidad, todo el aumento de la deuda hasta 2010 ha sido resultado de pagos de intereses. El ingreso neto por nuevos créditos externos fue nulo hasta 2010. El pago de intereses corresponde a un dinero jamás entregado, se trata de una brutal usura. Hasta 2018, el 60% del aumento de la deuda externa lo constituyó la capitalización de intereses, los que se “pagaron” con nueva deuda, que seguirá exigiendo pago de intereses por recursos financieros que nunca han servido a los países de América Latina.

Esta situación es extensiva a la deuda pública: en los próximos cinco años el 32% del servicio de la deuda correspondería a pagos de intereses, lo que se agrava con la Pandemia de la Covid-19. La deuda externa es una fuente perpetua de extracción de excedentes de las economías de América Latina, sobre la base una deuda impagable. Resolver esto demanda la condonación inmediata de dicha deuda.

Este terrible año hay que pagar la deuda, tanto su capital como los intereses. Este pago en muchas sociedades, en especial las de América Latina, impide atender demandas sociales en salud, educación, protección social, cultura y demás servicios sociales y de protección del ambiente. El pago del capital y los intereses es la primera prioridad del presupuesto nacional, aunque miles o millones de ciudadanos no logren satisfacer sus necesidades básicas. La pandemia de la Covid-19 ha puesto al desnudo este genocidio económico-social.

Las crisis de deuda y su papel como estrategias de sometimiento

El endeudamiento es un gran negocio de los bancos y las empresas transnacionales, especialmente cuando las deudas se vuelven impagables. El país que no pueda pagar tendrá que ceder su soberanía, sus recursos naturales más valiosos y sus empresas públicas. Este pillaje incluso se hace calculadamente para que el país endeudado pueda seguir pagando, y cada tiempo se renegocia la deuda y hasta se permiten condonaciones parciales de intereses.

El endeudamiento externo hizo posible someter a toda América Latina durante la crisis de la deuda de los años 80 del siglo pasado, transformándola en un proceso de expropiación bajo el eufemismo de los “ajustes estructurales”.

El Acuerdo de Londres de 1953

El Tratado de Versalles (1919) fue un ejemplo de la ceguera de la “voluntad de poder”. Los ganadores de la I Guerra Mundial impusieron a Alemania costos de guerra a todas luces impagables. El tratamiento de la deuda alemana y el de otras naciones europeas después de la II Guerra fue muy diferente. Empezaba la guerra fría y las medidas para “salvar el sistema” incluyeron la eliminación de la mayor parte del pago de las deudas alemanas con el resto de Europa occidental y otros países aliados, Grecia incluida, además del Plan Marshall y la concesión de nuevos créditos sin intereses.

Ante los efectos económicos y sociales devastadores a causa de la pandemia de la covid-19, el FMI se niega a discutir una posibilidad semejante, y sólo considera condonaciones parciales o posposición de pagos de intereses para los países más pobres y endeudados. Quieren repetir el Tratado de Versalles, solo que ahora con los “perdedores” (víctimas) de la globalización.

El Fondo Monetario Internacional: la aparente paradoja de la condonación de las deudas. ¿Se debe pagar, aunque no se pueda pagar?

Desde el estallido de la crisis latinoamericana de la deuda en 1982, han sido múltiples los llamados a la condonación total de la deuda. La negativa del FMI y del Banco Mundial se respalda en la “responsabilidad de los deudores”, de gobiernos que irresponsablemente incurrieron en esa deuda. Según este argumento, ni siquiera la incapacidad de pago justifica la condonación de las deudas. El deudor es culpable de su incapacidad y el acreedor es exonerado de no anticipar que el deudor no podía pagar. Pero el argumento se desmorona cuando cualquier auditoria de la deuda muestra el pillaje del acreedor o la corrupción de los gobiernos de turno.

Entonces el FMI y el BM recurren a otro argumento: “la ley y el orden” de los mercados financieros y la continuidad de los préstamos en el futuro. La condonación de la deuda lesionaría la capacidad de las instituciones de crédito de seguir prestando y socavaría la confianza en el sistema financiero. Tal argumento es indefendible, cuando gobiernos y bancos centrales de los países ricos compran billones de dólares en valores o sencillamente emiten billones en monedas duras para salvar de la quiebra a bancos, empresas y mercados de valores, acrecentando la desigualdad y la injusticia.

Por una condonación de la deuda pública externa de América Latina

Cuando las deudas, supuestamente, se pagan con nuevas deudas y, además, los intereses se agregan, la deuda total crece sin más límite que el impuesto por la progresión del interés compuesto. Ha llegado el momento de transformar el sistema.

La crisis en curso ha ratificado que el futuro de la humanidad está en riesgo. Tenemos una oportunidad para corregir situaciones que muestran tendencias catastróficas. Recuperar la solidaridad como un valor global permitirá poner en el centro valores sociales fundamentales que la globalización neoliberal ha relegado o incluso aplastado.

La reconstrucción de las relaciones humanas, en la perspectiva de la vida y el bien común, exige cambios radicales: en nuestro metabolismo social, en las relaciones laborales, en la división sexual del trabajo, en los servicios básicos para toda la población, en los sistemas tributarios, en la propiedad intelectual y la cultura, en el dinero y las finanzas, en los organismos financieros internacionales, en la cooperación entre las Naciones, etc. Una Condonación Mundial de la Deuda Externa Pública sería sólo un primer paso, pero uno que puede cimentar la construcción de un futuro mejor para todas y todos, pero especialmente, para las víctimas del capitalismo neoliberal, colonial y financiarizado.

¿Será capaz nuestra juventud?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Desde un adulto mayor…

Marlin Óscar Ávila Henríquez

Nuestra juventud (18-30 años de edad) nació después de la caída del muro de Berlín y la destrucción de la Unión Soviética.

Nació en la primera fase de iniciarse la consolidación del capitalismo salvaje y la globalización del sistema de libre mercado, con la fuerza ideológica del neoliberalismo, como evolución del liberalismo clásico de los siglos XVIII y XIX, promovido y financiado por los organismos multilaterales regionales y universales.

Aunque las primeras prácticas neoliberales se facilitaron con la dictadura pinochetista, de Chile, a partir de 1974, se inició su instalación ya como sistema, en los ochentas del siglo pasado, 10 años antes de nacer el primer joven, quien ahora, el año del Covid-19, está cumpliendo 30.

Cuando se inició el desmontaje de todo pensamiento sobre estado de bienestar para sustituirlo por la supremacía del individualismo y de reducción del estado, el predominio del individuo sobre lo comunitario y lo colectivo. Estas nuevas generaciones no vivieron y muchos no se enteraron, incluidos quienes ahora están en los 40s, ni por lectura, que sus padres y abuelos habían logrado un buen nivel de vida, con educación, salud, vivienda y, demás servicios públicos de calidad, gracias al Estado de Bienestar que, como sistema predominó después de la segunda guerra mundial, promovido desde Washington.

En nuestra latinoamericana, fue en Costa Rica donde más desarrollo hubo con don José Figueres Ferrer (don Pepe) a la cabeza, en la segunda mitad del decenio de los cuarenta, hasta 1974, pero sostenido hasta inicios del presente siglo, con fuertes luchas del pueblo contra la oligarquía criolla sustentada por las grandes corporaciones y bancos internacionales, que buscan siempre la acumulación de capitales en pocas familias, dejando una secuela de pobreza y miseria en las grandes mayorías.

Las teorías y las prácticas exitosas de más de 50 años después de la segunda Guerra mundial, eventualmente, sufrieron una campaña atroz de desprestigio montado a través de los medios en poder de las corporaciones y oligarquías internacionales, endemoniándolas, hasta hacer que las nuevas generaciones crean en tales propagandas, sin siquiera saber diferenciar científicamente sus aciertos y desaciertos.

Es lamentable escuchar a jóvenes (algunos con poco más de 40) con educación superior condenando, de primas a primera, cualquier propuesta de políticas sociales en beneficio colectivo y mucho menos, aceptar una expresión de organización de trabajadores y sus derechos de participación en su propio destino. Su mismo bienestar y seguridad (de esta juventud) ahora con la pandemia, se debe en gran parte, a las políticas social demócratas impuestas en el pasado.

Pero su orgullo gratuito juvenil se infla utilizando palabras «modernas», después de haber sacado de su léxico otras expresiones que les enseñaron que son condenables, entre ellas está cooperativismo, solidaridad, reivindicación, sindicalismo, compañerismo, comunidad y comunitario, intervención del Estado, y otras. En cambio, repiten sin cesar: “emprendedurismo”, privatización, cogestión, austeridad, libre mercado, flexibilización y otros términos propios del neoliberalismo, aunque muchas veces no saben de adonde se originan.

Este cambio de paradigma institucionalizado en toda nuestra sociedad está introducido en los tres poderes del Estado, pero más en los empresarios. Nuestr@s legislador@s salen constantemente a lucir sus «nuevos» conocimientos sobre política del Estado, expresando, como el viernes 29, su preocupación porque un nuevo jerarca del Ejecutivo no se dirija por los dictados neoliberales, y se reúse a reducir el tamaño del Estado, incluso, vendiendo parte de los bienes públicos. Jóvenes, con la cabeza caliente, desarrollados en un ambiente conquistado con la lucha de la clase trabajadora, jóvenes con estudios y salubridad construida por las generaciones pasadas, que su mezquindad y soberbia, no les permite reconocer, ni siquiera agradecer, puesto que son las conquistas del pasado, los sacrificios de sus padres y abuelos, y el sistema predominante les enseñó a no ver el pasado. Sin embargo, están list@s a «vender» al exterior la buena imagen de democracia existente, pero que esta generación novata, podría destruir en una sola legislación, tal como lo ha venido haciendo con leyes antidemocráticas.

Desde luego, comprendemos que estas últimas generaciones han sido presas del sistema neoliberal. Ese sistema actualmente en crisis económica, desde hace varios años y ahora, con un quebrantamiento sanitario global sin precedentes.

Después de la segunda guerra mundial hubo que encontrar un nuevo paradigma al liberalismo clásico. Ahora, nos preguntamos, sí nuestra juventud, particularmente la gobernante, tiene capacidad para encontrar un nuevo paradigma, o piensa seguir en ese mundo ya obsoleto, fracasado y dañino para nuestra ciudadanía y nación, como lo es el neoliberalismo.

Será mucho más desastroso saber que formamos y construimos un mundo, destruido posteriormente por nuestros propios hijos e hijas, porque no les transmitimos lo esencial de la vida, muy lejos del individualismo y del mercado materialista, como es el calor humano, la equidad y solidaridad social. Para qué vamos a querer conquistar el espacio de las estrellas, si no logramos construir un hogar de hermandad, paz y fraternidad en nuestra tierra.

Lo que más nos satisficiera es, que nuestra juventud en cargos pasajeros de poder, nos demostrara lo equivocado que pudiéramos estar con estas ideas y creer que nuestros nietos podrían gozar de seguridad social, equidad y bienestar social, como esa actual juventud que pronto dejará de serlo.

Virus de la corona-virus de la avaricia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Tragicomedia en cinco actos, con un preludio

Walter Antillón

Preludio

Cuando en los Siglos XVIII y XIX la burguesía europea pugnaba por derrocar las Monarquías del Antiguo Régimen, proclamaba la instauración del Estado Constitucional de Derecho, con un gobierno democrático que estaría al servicio de la mayoría del Pueblo, tal como lo sintetizara Lincoln en la forma: “Gobierno del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo” La lógica del Capitalismo que desde entonces constituyó el modo de producción dominante en el Planeta, ha impedido sistemáticamente la consecución de aquella meta, y hoy, en el año 2020, la burguesía neoliberal ha logrado los siguientes records: que algo más de dos mil modestos millonarios posean más riqueza que el 60% de la población mundial (que son cerca de cinco mil millones de personas); y que, de ellos, mil trescientos millones sean multidimensionalmente pobres ¿Es esto gobernar para el Pueblo?

(La acción transcurre en tierras de Costa Rica, entre los años 1948 y 2020)

Acto Primero

La persecución sindical e ideológico-política desatada en el sector privado a partir de 1948, con su secuela de despidos y represalias laborales, impidió (salvo en las zonas bananeras) que los obreros, los empleados y los campesinos de dicho sector, dispersos, atemorizados y desprovistos de sus sindicatos, dialogarán paritariamente con sus patronos y consiguieran participar gradual y equitativamente en la distribución de la riqueza nacional. La desunión, la vulnerabilidad y el consiguiente estancamiento económico-social de aquel conglomerado humano (la mayoría de la fuerza laboral del País), prolongados durante más de cuarenta años, se revelan dramáticamente en la oprobiosa concentración de la riqueza y en el progresivo ensanchamiento de la brecha económica que ponen a Costa Rica entre los países más desiguales del Mundo. ¿Cuántos miles de millones de colones (para mencionar solamente el aspecto dinerario) dejó de percibir la clase trabajadora del sector privado costarricense durante ese lapso de tiempo de casi medio siglo?

Emulando al Papa, todos los gobernantes en Costa Rica deberían iniciar su gestión pidiendo públicamente perdón a las víctimas de semejante atropello: a las cinco generaciones de trabajadores costarricenses del sector privado que desde 1949 han sufrido ese crónico despojo patrimonial; y desde sus gobiernos deberían propiciar la formación de sindicatos que velen por los intereses de esas personas en el inicuo presente y en el futuro ominoso.

Acto Segundo

La persecución sindical e ideológico-política desatada a partir de 1948 retardó, mas no impidió el crecimiento del sindicalismo en el sector público, al no contar allí con el arma del despido fulminante. De modo que durante aquellos más de cuarenta años los trabajadores agrupados en sus sindicatos públicos, haciendo uso de la huelga y de la convención colectiva, consiguieron una mejora sostenida de sus salarios, mayores vacaciones y licencias, mejoras en los regímenes de preaviso, cesantía y pensiones de retiro y muchos otros beneficios laborales; así como brillantes hazañas en jornadas cívicas memorables, para la conservación de los institutos y las empresas del Estado Costarricense y el orden constitucional: el Combo, la expulsión de Millicom, el TLC.

Acto Tercero

La simbiosis entre los intereses de la oligarquía y las políticas elaboradas por sus propios miembros y los serviles que estuvieron al mando de los sucesivos gobiernos, dieron como resultado el acoso sistemático a las instituciones del Estado de Bienestar, e impidieron desde hace varios decenios el establecimiento y desarrollo de un robusto sistema impositivo de impronta progresiva, que garantizara la justicia tributaria en beneficio de los más pobres y a la vez proveyera sostenidamente al Estado de fondos limpios para sufragar el gasto público. En su defecto, los gobiernos echaron mano del recurso –a la larga ruinoso- del endeudamiento y del pordioserismo internacional, y propiciaron irresponsablemente un déficit creciente de las finanzas al estilo de ¡Après moi, le Deluge!

Acto Cuarto

    Escena Primera: La acometida neoliberal desatada a partir del colapso de la Unión Soviética y sus satélites, a la recherche du temps perdu (cuya traducción infiel pero exacta es: ‘en busca del tiempo y las ganancias perdidas’), se ceba en los restos del Estado de Bienestar y le pone el ojo a los fondos de la seguridad social y a las conquistas laborales de los trabajadores del sector público.

    Escena Segunda: Pretextando una grave crisis fiscal –que no era nueva, y que había sido provocada por la inercia cómplice de los regímenes anteriores en materia hacendaria y tributaria- el Gobierno actual, con el apoyo delirante de la prensa burguesa, convoca a los restantes Poderes jurídicos y fácticos a una Santa Cruzada contra los únicos culpables: los empleados públicos de Costa Rica, para despojarlos de los beneficios económicos y sociales conquistados durante muchos años; y también, como de pasada, de sus armas de lucha: el sindicato, la huelga.

    Escena Tercera: Durante el tiempo en el que los tres Poderes del Estado sirvieron de correa de transmisión de los más bastardos intereses neoliberales para neutralizar y finalmente desembarazarse del sindicalismo público, último bastión en la defensa de los derechos del Pueblo Costarricense, el sector laboral privado, gran perdedor en el escenario costarricense del último medio siglo transcurrido, consumaba su suicidio político-laboral haciendo de comparsa a favor de la cruzada oligárquica que condujo a la promulgación de la Ley que ostenta el sarcástico nombre de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y a las leyes complementarias. En vez de tomar conciencia del robo del que ha sido víctima por medio siglo, y de la exacta identidad de sus victimarios, el trabajador del sector privado se deleita con el espectáculo del acoso al que se está sometiendo al empleado público por parte de la camarilla tripartita de los Poderes del Estado: su sueño no es elevarse a la altura y dignidad alcanzadas por el empleado público mediante años de organización y lucha, sino que éste sea derribado y reducido al nivel de subsistencia y de libertades mínimas en el que yace su propio sector laboral, en razón de su prolongado estado de inconsciencia político-laboral, de su impotencia y su aislamiento.

Acto Quinto

El horrendo flagelo del Coronavirus, como el gran nivelador, nos ha permitido, entre otras cosas, apreciar la mezquindad y la miopía de las estrategias que venían decretadas para el Mundo por los mandarines de la política neoliberal. En palabras de Reagan, tristemente célebres, el Estado, es decir, la Res-Pública, el Sector Público “ES EL PROBLEMA”; mayormente si se trata del Estado Benefactor que toma la iniciativa de garantizar universalmente la salud, la educación, el empleo, las mínimas condiciones para que todas las personas vivan con dignidad. Y entonces la solución era imponer a los Estados deudores, vulnerables a las presiones del BM y el FMI, un ajuste en sus estructuras (PAE) que consistía en devastar la fronda de las instituciones y las empresas públicas, rama por rama, hasta no dejar prácticamente nada: incluso el orden y la seguridad públicas, incluso la justicia (los minima minimorum del ‘Estado Gendarme’) podían ser sustituidos por la seguridad privada y por los arbitrajes nacionales e internacionales. De modo que la fiesta neoliberal había llegado lejos: la privatización de la seguridad social, la salud, la educación, las relaciones laborales, los servicios bancarios, los seguros, para que todo fuera asumido por la empresa privada, ha sido el espectáculo más común en las últimas décadas y en muchas partes del Planeta.

Y en eso se aparece el Coronavirus con su rasante virulencia: no respeta persona ni país, y en pocos meses se ha extendido por todas partes en grado de Pandemia, poniendo en riesgo la vida de millones, y con resultados económicos más ruinosos que los de las peores catástrofes financieras. Cierre general de los negocios; desempleo y desabastecimiento masivos; ruptura de encadenamientos económicos esenciales: ipso facto, el hambre hace acto de presencia en los sectores más carenciados: los que ganan en la mañana apenas para medio almorzar; y no cenan si la tarde no produjo. Los gobiernos se encuentran con que hay que resolver cada día todos estos problemas a la vez: la capacidad de los hospitales, el acceso inmediato a los medicamentos y equipos apropiados; el auxilio financiero a las empresas; la asistencia alimentaria masiva y la distribución de un subsidio mínimo general en los sectores más vulnerables, etc.

Entonces fue cuando los gobiernos comprobaron asombrados el tamaño de su impotencia frente a la crisis: cero capacidad instalada, porque por años habían desfinanciado sus programas de salud y habían desmantelado sus hospitales públicos: carecían, en general, de capacidad de servicio social masivo, porque habían abandonado alegremente todo programa social; pero además no tenían dinero, porque el dinero no había sido tributado; se había desvanecido en incentivos o en amnistías fiscales; y se había ido acumulando en uno de los lados de la brecha económica, y ahora estaba en los Paraísos Fiscales, o en Suiza, en cuentas cifradas, etc. ¿Tendremos que llenar diariamente millones de bocas hambrientas, o bien aplicar masivamente el cínico lema: “Contribuya a aliviar la crisis económica: cómase un pobre”?

Y entonces ¡Eureka! Aparece, entre otras, la gran solución: un impuesto sobre los salarios de los empleados públicos. Toda una Ideota que las Cámaras retoman gallardamente, ofreciendo además organizar Teletones para estimular la natural generosidad del Pueblo. Y aparece también la iniciativa de gravar las Pensiones de Lujo, la cual merece el apoyo –con y sin Pandemia- de toda persona consecuente, siempre y cuando el gravamen pueda ser graduado según sea que el monto se origine en un abusivo compadrazgo, o en el exacto resultado actuarial de una cotización legal sostenida durante treinta años.

Si me equivoco, me van a perdonar. Pero hasta donde sé, no existe de parte del Poder Ejecutivo, ni de la Asamblea Legislativa (excepto el Proyecto presentado por el Frente Amplio), ninguna iniciativa para que los ricos contribuyan sustancialmente, sacrificando parte de su riqueza en el sostenimiento del País durante la Pandemia.

Los ricos son avaros porque su gran amor es su dinero: el que ya tienen y el que sueñan con seguir atesorando. ¡Y claro! cuando las oligarquías dominan a los gobiernos, como ha ocurrido casi siempre en América Latina, los impuestos a las ganancias y a los grandes patrimonios no aparecen, o son simbólicos, y los gobiernos son impotentes (salvo para masacrar a sus propios ciudadanos). Eso es lo que le cuesta entender a Angela Merkel, aliada tradicional de los empresarios alemanes, según lo expresó en su reunión con el Presidente argentino Alberto Fernández, cuando dijo: Nunca entendí por qué en la Argentina los ricos no pagan más impuestos (Revista Página 12, el 8 de abril pasado).

En esa misma noticia nos enteramos de que el Presidente Fernández se prepara a cruzar el Rubicón para establecer un impuesto extraordinario al capital en Argentina (¡Cuidado, Presidente! por menos que eso tumbaron en Costa Rica a don Alfredo González Flores, hace algo más de cien años). En buena teoría hacendaria los impuestos extraordinarios no tienen razón de ser …salvo en situaciones extraordinarias. Porque en situaciones extraordinarias de ruina económica con emergencia alimentaria para las mayorías, no debe regir el principio tributario de no confiscación, sino el principio universal de solidaridad: hay que confiscar una porción razonable de la riqueza privada acumulada, esté donde esté, para impedir la muerte masiva por inanición de los grupos más carenciados.

La real diferencia entre los países civilizados y los países de América Latina está en la Justicia Social: Justicia Laboral, Justicia Tributaria, etc. Mientras que en Alemania el impuesto a las ganancias alcanza el 45%, en Costa Rica, con tasas comparativamente irrisorias para el Impuesto sobre la Renta, la cifra de la evasión fiscal ¡ha superado al Déficit Fiscal del País! Y de la Justicia Laboral ya hablamos: más de 50 años de depauperación por estancamiento de los derechos del sector laboral privado

La UCCAEP dice: la empresa privada no soporta más cargas. Pero veamos: ¿quiénes están detrás de esas empresas? ¿Y todo ese montón de gente que aparece exportando capitales en los ‘Papeles de Panamá’ (y ¿en cuántos otros ‘papeles’ que no han salido a la luz pública?)? ¿todos los que construyen y mantienen las grandes mansiones y los super-lujosos condominios? ¿y los dueños de los ‘4 por 4’ super-lujosos y del último año que se agolpan en los estacionamientos de los grandes centros comerciales? ¿y los dueños de los helicópteros y yates y aviones privados, tampoco muestran signos inequívocos de gran riqueza? Todos esos señores no son imaginarios ¿no son ellos, precisamente, los mismos costarricenses, el 10% de la población, que posee más del 70% de la riqueza del País, según lo muestra la Cepal y muchas otras fuentes?

Tienen la palabra el señor Presidente y los Padres de la infortunada Patria.