Etiqueta: Estado inteligente

Gobernanza, sostenibilidad y los límites de la IA

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA administrador de empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres, Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y América Latina
Dirigente sindical ANEP, escritor
Contacto: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

Principios del modelo CR-IA 2035

El modelo nacional se sustenta firmemente sobre diez principios rectores e institucionales que guían su implementación de manera transversal:

• Legalidad: Sometimiento absoluto a la Constitución Política y al ordenamiento jurídico vigente.
• Protección de derechos fundamentales: Blindaje de las garantías individuales y la privacidad ciudadana.
• Evidencia: Diseño de políticas basadas en datos empíricos verificables y no en percepciones políticas.
• Interoperabilidad: Capacidad técnica de intercambio seguro y fluido de información entre entidades.
• Prevención: Priorización de intervenciones tempranas sobre las causas estructurales antes de la reacción.
• Coordinación institucional: Trabajo articulado en red superando los compartimentos estancos de la burocracia.
• Inteligencia financiera: Persecución sistemática del flujo económico como motor del delito.
• Innovación tecnológica: Incorporación responsable de herramientas avanzadas de ciencia de datos y TIC.
• Evaluación permanente: Medición científica de resultados mediante indicadores rigurosos de impacto.
• Supervisión humana: Control, gobernanza y responsabilidad humana ineludible sobre todo sistema automatizado.

Resultados esperados

Si el modelo propuesto se implementa de manera progresiva y gradual conforme a la hoja de ruta establecida, los resultados estratégicos esperados para el Estado costarricense abarcarían:

• Una optimización sustancial en la utilización de la información pública disponible.
• Un fortalecimiento real de la coordinación interinstitucional en todos los niveles operativos.
• La capacidad de detección temprana de riesgos, anomalías logísticas y amenazas de seguridad emergentes.
• Un robustecimiento de las investigaciones financieras y la tasa de recuperación de activos ilícitos.
• Una mejor focalización territorial y distribución eficiente de los recursos públicos de prevención social.
• El establecimiento de procesos sistemáticos de auditoría y evaluación científica de las políticas de seguridad.
• El incremento de las capacidades preventivas estatales y el blindaje de la ciberseguridad nacional.
• La generación de conocimiento científico nacional y transferencia tecnológica mediante el sistema universitario.
• Un aprovechamiento ético, eficiente y responsable de las ventajas que ofrece la inteligencia artificial.

Estos resultados esperados en ninguna circunstancia deben entenderse como promesas o garantías automáticas. La tecnología y los algoritmos no eliminan el crimen organizado por sí mismos; lo que realizan es potenciar las capacidades analíticas e institucionales del Estado para comprender el fenómeno y responder a él de forma estratégica y eficiente.

Discusión

La principal innovación conceptual que plantea esta propuesta consiste en modificar de raíz la unidad de análisis de la política pública de seguridad. La pregunta tradicional y lineal que ha guiado las estrategias estatales ha sido de carácter reactivo: ¿Cómo capturamos al criminal aislado? Por el contrario, la pregunta sistémica y contemporánea que introduce este modelo plantea un giro estratégico: ¿Cómo funciona el ecosistema complejo que permite que el crimen organizado continúe reproduciéndose de forma constante?

Ambas preguntas representan interrogantes legítimas dentro del diseño de una política criminal, pero la segunda opción cuenta con la ventaja estratégica de permitir al Estado intervenir simultáneamente sobre un número significativamente mayor de variables críticas.

Una organización criminal puede perder integrantes mediante detenciones y reemplazarlos en poco tiempo; puede sufrir la pérdida de un cargamento o ruta y absorber el evento como un simple costo operativo reemplazable, y puede experimentar el desplazamiento o fragmentación de sus liderazgos locales.

Sin embargo, si el aparato estatal logra afectar de forma simultánea, coordinada y basada en datos las condiciones económicas, financieras, logísticas, territoriales, institucionales y sociales que sostienen el negocio clandestino, aumenta exponencialmente su capacidad soberana para desmantelar la estructura y reducir la capacidad de reproducción del fenómeno sistémico.

Una nueva métrica de éxito multidimensional

El éxito de una política nacional contra el narcotráfico y el crimen organizado no puede seguir dependiendo de un indicador único, aislado o de carácter mediático. El modelo CR-IA 2035 propone trasladar y evaluar la efectividad estatal a través de cinco dimensiones de forma simultánea, integrada y complementaria:

• Dimensión de seguridad ciudadana: Medición de la reducción real y verificable de los índices de homicidios, sicariato, lesiones y extorsiones, controlando de manera científica las fluctuaciones y picos de violencia que suelen ocurrir en los territorios tras la remoción o extradición de líderes criminales.
• Dimensión de economía criminal: Evaluación del volumen total de flujos financieros ilícitos detectados, cantidad de cuentas bancarias inmovilizadas, desarticulación de empresas fachada y porcentaje de patrimonio delictivo recuperado formalmente por el Estado.
• Dimensión de estabilidad territorial: Medición de la disminución de los factores de vulnerabilidad social, incremento de la permanencia educativa de los jóvenes en zonas de riesgo y recuperación efectiva de espacios públicos por parte de las comunidades y gobiernos locales.
• Dimensión social y humana: Evaluación de la cobertura, calidad y efectividad real de los programas preventivos de salud mental, tratamiento de adicciones, oportunidades económicas de reinserción y reducción comprobada de la tasa de reincidencia delictiva.
• Dimensión de fortalecimiento institucional: Medición del incremento en los niveles de transparencia administrativa, reducción verificable de casos de corrupción interna, optimización de tiempos en procesos de contratación pública y eficiencia en los tiempos de respuesta en materia de asistencia jurídica internacional y procesos de extradición.

La política pública debe analizar y auditar las cinco dimensiones simultáneamente mediante el uso del CR-IA Dashboard para asegurar un equilibrio estratégico permanente.

Conclusión

Costa Rica no se encuentra ante la obligación de elegir entre la aplicación de los mecanismos tradicionales de la justicia y la adopción de innovaciones tecnológicas modernas. Ambas dimensiones no son excluyentes; por el contrario, se complementan y potencian de manera estratégica e indispensable. La fuerza pública, los investigadores judiciales, los fiscales, los tribunales de la República y los tratados internacionales de extradición continuarán siendo piezas fundamentales e insustituibles para el sostenimiento del orden democrático. Sin embargo, la efectividad real de todo este aparato institucional se multiplica cuando sus acciones son guiadas por un Estado inteligente capaz de integrar sus bases de datos, procesarlas éticamente mediante modelos de inteligencia artificial y evaluar con rigor científico los resultados obtenidos.

La transformación propuesta se resume en un principio estratégico de control: no se trata de administrar a las organizaciones criminales o carteles, sino de administrar de forma inteligente las condiciones económicas, financieras, logísticas, territoriales y sociales que hacen posible su existencia. Eso significa administrar técnicamente la información, los mercados, la violencia, el dinero, el territorio, la demanda, la logística, los riesgos de corrupción y los resultados medibles del Estado.

La inteligencia artificial no constituye una solución mágica o definitiva frente al narcotráfico; representa una herramienta tecnológica de análisis aumentado. La solución real y de largo plazo continuará dependiendo de la fortaleza de instituciones capaces, la coordinación interinstitucional en red, la inteligencia humana, la investigación profesional, la justicia garantista, el control financiero estricto y el despliegue de políticas sociales eficaces e inclusivas.

Costa Rica ya posee los cimientos y gran parte de las instituciones y políticas públicas necesarias. El ICD cuenta con un nuevo horizonte estratégico nacional trazado en su Plan 2026-2035 en materia de drogas y legitimación de capitales, mientras que el MICITT dispone de las líneas de acción para el desarrollo responsable de la IA. El desafío crítico del presente consiste en conectar de forma operativa esas capacidades para que la información se transforme en inteligencia, la inteligencia guíe la intervención de precisión y los resultados alimenten las nuevas decisiones públicas.

El propósito final del modelo CR-IA 2035 no es edificar un aparato para incrementar la vigilancia invasiva sobre los ciudadanos, sino construir un Estado que comprenda mejor las amenazas que acechan a su población. No se trata de sustituir el juicio humano por algoritmos automatizados, sino de dotar a las personas responsables de proteger a la sociedad de las herramientas necesarias para tomar decisiones estratégicas mejor informadas. No se trata simplemente de ganar una batalla aislada contra una banda específica, sino de heredar al país una capacidad institucional permanente para que, cuando el escenario criminal mute o se adapte, el Estado ya se encuentre técnicamente preparado para comprenderlo, anticiparlo y desactivarlo en defensa de su paz democrática.

Epílogo

La verdadera transformación histórica de la seguridad pública no ocurre cuando una institución adquiere de forma aislada una nueva herramienta tecnológica. Ocurre cuando se modifica de raíz la manera en la que el Estado utiliza y gestiona el conocimiento para la toma de decisiones públicas. Costa Rica se encuentra ante la oportunidad histórica de transitar de una política criminal predominantemente reactiva hacia un modelo de gestión inteligente capaz de observar el fenómeno, comprender sus lógicas sistémicas, anticipar riesgos específicos, intervenir con precisión y evaluar de forma rigurosa sus propios resultados.

La diferencia operativa puede parecer sutil, pero sus implicaciones estratégicas son profundas. Un Estado inteligente que aprende sistemáticamente de cada una de sus intervenciones territoriales y financieras deja de comenzar desde cero ante cada crisis. Cada decomiso aduanero, cada investigación judicial, cada operación financiera sospechosa, cada homicidio violento, cada territorio vulnerable intervenido y cada programa de prevención social implementado genera datos analíticos de gran valor. La cuestión decisiva para la soberanía del país radica en qué hace el Estado con esa información:

• Si los datos permanecen archivados y separados en burocracias aisladas, únicamente tenemos información estática.
• Si los datos se integran de forma interoperable y se analizan con rigor científico, obtenemos conocimiento dinámico.
• Si ese conocimiento se transforma en metodologías aplicables a la toma de decisiones estratégicas, generamos inteligencia operativa.
• Y si esa inteligencia se despliega con estricto apego a la ley, respeto absoluto a los derechos humanos, transparencia pública y evaluación científica constante, podemos comenzar a hablar formalmente de un Estado inteligente.

Ese es el verdadero e ineludible desafío estructural que enfrenta la República de Costa Rica frente al fenómeno del narcotráfico y el crimen organizado transnacional del siglo XXI.

Bibliografía y fuentes institucionales

• Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Política y Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva 2026-2035.
• Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Información institucional y funciones establecidas en el marco de la Ley N.º 8204.
• Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Cumplimiento y estructura del Plan Nacional sobre Drogas.
• Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Normativa nacional sobre recuperación, incautación y comiso de activos ilícitos.
• Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Evaluación Nacional de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, actualización correspondiente al año 2026.
• Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Costa Rica 2024-2027: políticas, principios y líneas de acción para el uso responsable de la IA.
• Poder Judicial de la República de Costa Rica. Tratados Internacionales de Extradición, Códigos Procesales y Normativa de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Penal.

Nota editorial:
Puede leer las partes I, II y III mediante los siguientes enlaces:

Parte I

Parte II

Parte III