Costa Rica: de la “guerra contra las drogas” a la gestión inteligente del narcotráfico. Parte III (TIC, Inteligencia artificial, extradición y una nueva estrategia nacional frente al crimen organizado)

La arquitectura tecnológica y el blindaje estatal

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres, Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina
Dirigente sindical ANEP, escritor
Contacto: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

Modelo CR-IA 2035: cronograma de implementación

Se propone una implementación gradual y progresiva estructurada en cuatro fases estratégicas orientadas a consolidar la transición hacia un Estado inteligente:

• Fase I — integración (2026-2027)
  • Elaboración del inventario nacional de datos e identificación de duplicidades institucionales.
  • Establecimiento de estándares nacionales de interoperabilidad y protocolos seguros de intercambio de información.
  • Implementación del marco de ciberseguridad inicial y la política nacional de gobernanza de datos.
  • Adopción del marco ético y principios rectores para el uso responsable de la IA en la administración pública.
  • Homologación de tratados y optimización de expedientes de asistencia jurídica internacional y extradición.
• Fase II — Inteligencia (2027-2029)
  • Despliegue operativo de plataformas analíticas y sistemas de mapas territoriales dinámicos.
  • Activación de los laboratorios de inteligencia artificial especializados en seguridad pública.
  • Implementación de herramientas avanzadas de análisis de redes criminales y de inteligencia financiera integrada.
  • Integración automatizada de sistemas de análisis de riesgo logístico y alertas operativas entre agencias internacionales.
• Fase III — anticipación (2029-2032)
  • Activación de modelos de riesgo predictivo bajo estricta supervisión humana.
  • Despliegue de planes de contención social e intervención policial de precisión post-extradición en los territorios identificados con alta vulnerabilidad.
  • Automatización del procesamiento de indicadores del Índice Nacional de Impacto del Crimen Organizado.
  • Integración analítica avanzada entre todas las instituciones que conforman la red nacional de seguridad.
• Fase IV — Estado inteligente (2032-2035)
  • Consolidación de un ciclo dinámico, sistemático y permanente de gestión pública basado en el flujo de conocimiento:

Detectar⟶Analizar⟶Intervenir⟶Evaluar⟶Aprender

Bajo este esquema consolidado, el Estado costarricense dejaría de considerar la política pública como una secuencia cerrada o un conjunto de programas aislados. Cada intervención produciría información analítica, cada resultado generaría aprendizaje técnico y cada aprendizaje modificaría de forma automatizada e inteligente la siguiente intervención estratégica del Estado.

Presupuesto y financiamiento

La transformación propuesta hacia un modelo inteligente no debe plantearse bajo ninguna circunstancia como una simple expansión inercial del gasto público o un aumento de la burocracia estatal. Debe conceptualizarse como una inversión estratégica en la capacidad soberana del Estado.

La asignación de recursos públicos de la Matriz Presupuestaria de Inversión se organizará en cinco componentes fundamentales: 

Componente	Finalidad e inversión estratégica
Datos e interoperabilidad	Infraestructura tecnológica para la interconexión ágil, interoperable y segura de las bases de datos de las instituciones públicas.
Ciberseguridad estatal	Sistemas avanzados de defensa informática, blindaje de datos sensibles y protección de redes de información de seguridad nacional.
IA y ciencia de datos	Herramientas analíticas avanzadas, software especializado y laboratorios de procesamiento predictivo de los subsistemas criminales.
Formación y alianzas	Financiamiento del Programa Nacional Universitario de Inteligencia y Seguridad Pública para la creación de talento humano especializado.
Evaluación científica	Financiamiento de las auditorías de impacto de las políticas públicas y el desarrollo de los tableros del CR-IA Dashboard.

 

El financiamiento del modelo combinará de forma transparente los recursos presupuestarios existentes en las carteras de seguridad, la cooperación internacional técnica y financiera, fondos específicos destinados por ley a la innovación tecnológica y seguridad nacional, y alianzas estratégicas con la academia pública, sometidos a estrictos mecanismos de control público y rendición de cuentas. Debe prevalecer un principio estratégico fundamental: no comprar tecnología sin construir la capacidad humana institucional para utilizarla.

Indicadores de resultado y el CR-IA dashboard

El modelo de gestión inteligente abandonará definitivamente la dependencia exclusiva de los indicadores tradicionales de actividad u operativos. No basta con contabilizar el volumen físico o el número de acciones (cuántas operaciones policiales se ejecutaron, cuántos agentes se desplegaron o cuántos decomisos aislados ocurrieron). La evaluación del Estado requiere indicadores cualitativos y de impacto que respondan técnicamente a las siguientes variables analíticas:

• Cuánto disminuyó la violencia y los delitos conexos en los cuadrantes intervenidos.
• Cuánto volumen de dinero ilícito fue identificado e interceptado de forma temprana.
• Cuánto patrimonio y activos de origen delictivo fueron recuperados efectivamente por el Estado.
• Qué territorios específicos mejoraron sus indicadores de vulnerabilidad social y exclusión.
• Cuánto disminuyó la tasa de reincidencia criminal en las poblaciones atendidas.
• Qué programas preventivos demostraron efectividad con base en la evidencia.
• Qué recursos institucionales fueron utilizados y qué resultados específicos produjo cada intervención pública.

Para centralizar, procesar y visibilizar esta información de forma analítica, se propone la creación de un tablero nacional digital de control denominado CR-IA DASHBOARD. Esta plataforma operará con dos niveles técnicos de acceso: una interfaz con indicadores públicos agregados para fomentar la transparencia ciudadana y el análisis académico, y módulos reservados con sistemas de acceso cifrado para uso exclusivo de las autoridades e instituciones judiciales autorizadas por ley.

Matriz de evaluación

Para construir una cultura institucional de aprendizaje permanente y mejora continua, cada política de seguridad implementada en el marco nacional deberá responder de forma obligatoria a cinco preguntas fundamentales de control científico:

1. ¿Cuál era el problema estructural o la vulnerabilidad identificada?
2. ¿Qué intervención específica se realizó y bajo qué marco legal?
3. ¿Qué recursos públicos (humanos, tecnológicos, financieros) se utilizaron?
4. ¿Qué resultado medible e impacto real se obtuvo sobre el fenómeno?
5. ¿Qué variables operativas deben modificarse para la siguiente intervención?

Riesgos del modelo

La implementación de una política de alta intensidad tecnológica y analítica conlleva riesgos críticos inherentes que deben ser identificados y mitigados de forma rigurosa desde su origen para evitar distorsiones en el sistema democrático:

• Falsos positivos: alertas erróneas generadas por los modelos predictivos.
• Sesgos algorítmicos: modelos entrenados con datos históricos distorsionados que puedan replicar discriminaciones.
• Filtraciones de información: fugas de datos sensibles de seguridad nacional hacia redes externas.
• Ataques cibernéticos: sabotajes o intrusiones en la infraestructura crítica del Estado.
• Vigilancia excesiva o invasiva: riesgo de rebasar los límites de privacidad de la población.
• Dependencia tecnológica: subordinación del Estado a proveedores o tecnologías extranjeras cerradas.
• Concentración de información: acumulación desproporcionada de bases de datos en pocas manos burocráticas.
• Decisiones automatizadas: emisión de sanciones o actos administrativos sin supervisión humana.

Por tales razones, cada sistema informático o algoritmo de IA integrado en el modelo deberá incorporar obligatoriamente auditorías de código, documentación técnica exhaustiva, evaluaciones periódicas de impacto en derechos humanos, supervisión humana constante, mecanismos ágiles de reclamación ciudadana, trazabilidad total de consultas y procesos de revisión técnica periódica.

La IA y los límites del poder estatal

Existe una diferencia conceptual y constitucional fundamental entre utilizar la inteligencia artificial para detectar patrones complejos y utilizarla para tomar decisiones punitivas sobre las personas. La primera constituye una herramienta analítica legítima; la segunda puede vulnerar de forma directa derechos fundamentales y el debido proceso.

Por ello, el modelo establece una frontera ética y constitucional clara e infranqueable: la IA puede recomendar dónde mirar, pero nunca puede decidir a quién condenar.

La inteligencia artificial tiene permitido:

• Identificar anomalías administrativas, aduaneras y financieras.
• Encontrar relaciones y reconstruir vínculos ocultos en redes complejas.
• Priorizar riesgos logísticos y territoriales para guiar recursos.
• Comparar de forma masiva grandes volúmenes de información dispersa.

La inteligencia artificial tiene estrictamente prohibido:

• Declarar la culpabilidad jurídica de un ciudadano.
• Sustituir el proceso de investigación policial o judicial humana.
• Sustituir la función jurisdiccional y el criterio del juez de la República.
• Producir o emitir de forma automatizada sanciones administrativas o penales.

Seguridad como concepto integral multidimensional

El concepto tradicional y lineal de seguridad nacional enfocado exclusivamente en el control policial clásico resulta insuficiente en el siglo XXI. La seguridad contemporánea debe entenderse como un entramado sistémico y multidimensional que comprende e integra de forma interactiva las siguientes dimensiones críticas:

• Seguridad física: Protección directa de la vida e integridad de los ciudadanos ante la violencia criminal.
• Seguridad financiera: Blindaje del sistema económico formal ante los flujos de legitimación de capitales.
• Seguridad digital y ciberseguridad: Protección de las redes informáticas, infraestructuras y datos del Estado.
• Seguridad territorial: Recuperación integral de los espacios geográficos y exclusión social en las comunidades.
• Seguridad sanitaria: Enfoque de salud pública para la prevención, tratamiento y reducción del daño por consumo.
• Seguridad institucional: Protección de los procesos administrativos públicos frente a los riesgos de corrupción.
• Seguridad informacional: Garantía de la veracidad, custodia, calidad y trazabilidad de los datos públicos.

Dado que el crimen organizado tiene la capacidad de atacar simultáneamente cualquiera de estas dimensiones, la respuesta estratégica del Estado costarricense debe ser igualmente multidimensional e integrada en red.

Costa Rica como Estado inteligente

Un Estado inteligente no es simplemente un Estado digitalizado. Digitalizar las instituciones públicas sin modificar de raíz la estructura y la metodología con la que se toman las decisiones estratégicas únicamente produce un incremento de la burocracia digital.

La verdadera transformación conceptual consiste en utilizar la información para mejorar la calidad y precisión de las decisiones públicas. Un Estado inteligente se define como aquel aparato institucional que cuenta con la capacidad real de transitar de manera científica por un ciclo permanente de aprendizaje estatal:

• Observar⟶Comprender⟶Decidir⟶Intervenir⟶Medir⟶Aprender

Costa Rica cuenta con ventajas particulares para liderar este modelo: estabilidad democrática, un sistema universitario de excelencia, conectividad digital, experiencia en políticas sobre drogas y una estrategia nacional de IA en desarrollo. El reto actual consiste en conectar de forma responsable esas capacidades dispersas para transformar los datos aislados en conocimiento estratégico aplicable al desarrollo nacional.

Continuará…