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Etiqueta: Estado Social de Derecho

Callejón sin salida

Escrito en . Publicado en Análisis.

Walter Antillón

Como cabeza de la organización estatal para impartir la justicia en Costa Rica, desde hace varios decenios la Corte Suprema ha venido errando en los fines y en los medios, en una demostración ‘muy humana’ de arrogancia, sometimiento e improvisación.

Hace mucho tiempo nuestro sistema judicial viene dando muestras inequívocas de obsolescencia, pero el grueso de los miembros de la Corte finge no advertirlo, porque sabe que, técnicamente hablando, uno de los cambios requeridos es la desaparición de sus propias potestades de dirección y gobierno del sistema (con el prestigio, los lazos y los anejos privilegios); lo cual para ellos, simplemente, no es negociable.

Costa Rica no está sola en esta deslucida situación: la acompaña todo el resto de Centro América y no pocos países del Sur en, los que hasta ahora el poder político y económico ha sido detentado por oligarquías o tiranos que no quisieron ni querrían vérselas alternando con órganos judiciales independientes y garantistas que, irremediablemente, les pedirían cuentas de sus actos.

A través de sus órganos especializados, como el Consejo y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y varias Relatorías Especiales, la Organización de las Naciones Unidas ha atesorado la mejor doctrina existente en materia de organización judicial. Y Costa Rica ha tenido el privilegio de que la ONU se haya interesado particularmente en los problemas de la justicia que el País está enfrentando, y ha ofrecido su ayuda para superarlos con criterios modernos y bien probados. Pero la Corte Plena le ha cerrado la puerta, y con ello se ha cortado a sí misma la salida, con una muestra inconcebible de ceguera y absurda prepotencia.

El problema para Costa Rica es que, a lo que parece, nuestra organización de justicia se está acercando al final del callejón, donde empieza a aparecer la sumatoria de las consecuencias de las improvisaciones y los palos de ciego, los abusos de poder, las indebidas tolerancias, el crecimiento de las frondas burocráticas, la sumisión al poder político, la maraña de las comisiones sin estrategia; la formación de bandos transversales con lazos politiqueros para ejercer el ‘lobbismo’ interno e interinstitucional: todo menos la simple y serena administración de la justicia, independiente e imparcial. Veamos algunos hechos significativos en orden cronológico:

  1. Año 2002, un hombre con influencias, Oscar Arias Sánchez, negocia con algunos magistrados de la Sala Constitucional una reforma de la Carta que le permitirá aspirar a la reelección presidencial. Esto (y otros hechos anteriores y posteriores) fue posible porque, como es vergonzosamente obvio, el sistema de nombramiento de magistrado coloca a éste a merced de las cúpulas políticas.
  2. Aprobado en 2007 el TLC con Estados Unidos, y sometidas sus leyes complementarias a escrutinio constitucional durante los años siguientes, el Presidente Arias negocia con el Presidente de la Corte para colocar a un asesor suyo como magistrado suplente en la Sala Cuarta, a fin de asegurar con su presencia el rechazo mayoritario de los recursos planteados contra dichas leyes (las correspondientes resoluciones de la Sala ostentan los honorabilísimos votos salvados de Fernando Cruz y Gilbert Armijo).
  3. Durante la década siguiente, profundizando la tendencia de las cúpulas políticas de subordinar la justicia a sus intereses, se suceden en la Asamblea Legislativa nombramientos y reelecciones de magistrados políticamente comprometidos, como fueron los casos de Jesús Ramírez, Luis Fernando Salazar, Carlos Chinchilla, Celso Gamboa y otros.
  4. En fecha 24 de marzo de 2016 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llamó la atención a Costa Rica sobre el tema de independencia judicial interna por procesos disciplinarios seguidos en la Corte Suprema de Justicia a un juez por aplicar criterios de convencionalidad e instó a “asegurar y proteger la independencia e imparcialidad de los jueces y garantizar que la toma de decisiones judiciales esté libre de todo tipo presiones e injerencias”.
  5. En setiembre del mismo año la Asamblea Legislativa cocina el nombramiento de Luis Porfirio Sánchez Rodríguez como magistrado de la Sala Segunda: pero la cosa estuvo consumada a trechos, con fórceps, en condiciones equívocas, quedando derrotadas dos candidatas especialistas con mucho mayor experiencia y preparación. Fue un nombramiento parte de una serie de nombramientos políticamente arreglados que tuvieron lugar en esos años, con el designio tramposo de domar a la Corte, ‘para tranquilidad de todos’. (Estaban recientes las condenas de los expresidentes)
  1. El escándalo del Cementazo, en su vertiente judicial, destapado en 2017, provoca la defenestración de tres magistrados de la Sala Penal (entre ellos, el Presidente de la Corte), y del Fiscal General, y una sanción para el veterano magistrado Ramírez: todos ellos atrapados en componendas con diputados, empresarios y personajes políticos. Este episodio mancha la hasta entonces impoluta imagen de la justicia costarricense; y desencadena la preocupación de los órganos especializados de Naciones Unidas: como se verá, las deficiencias judiciales de nuestro País concentrarán su atención en los años siguientes. Pero en la Corte Plena el asunto no pasa a más: todos miran para otro lado y el resto de los ‘lobbistas’ encaja el golpe y continúa sus actividades.
  1. En 2018 arranca la presidencia de Carlos Alvarado con la Ley de Fortalecimiento Fiscal, aprobada gracias al oportuno blindaje de la Sala Cuarta, y a pesar de una prolongada huelga general del funcionariado público. Es un nuevo capítulo del asedio neoliberal a nuestro Estado Social de Derecho.
  2. Entretanto, la Relatoría Especial de la ONU sobre independencia judicial, pasado un tiempo prudencial sin iniciativas de cambio de parte de la Corte, dirige “al Gobierno de Costa Rica” la nota OL-CRI 3/19 del 12 de julio de 2019, en la que lo insta a “adoptar y aplicar las medidas necesarias para garantizar que el proceso de selección y nombramiento de las altas magistraturas esté basado exclusivamente en criterios objetivos y transparentes y que tengan por objetivo asegurar la integridad, idoneidad y la formación o calificación idónea de las personas seleccionadas. Dicho proceso ha de adecuarse a los estándares y principios internacionales de la independencia judicial.” Para el gobierno de Alvarado y su mayoría parlamentaria la crisis judicial era ‘miel sobre hojuelas’, porque favorecía su estrategia neoliberal; de modo que la instancia del Relator Especial queda en el vacío.
  1. Con el control legislativo, la pasividad del Poder Judicial y la ayuda de la prensa, Alvarado consigue, entre otros golpes, debilitar las pensiones judiciales y las instituciones de la huelga y el sindicato, imponer la Regla Fiscal y tramitar una nueva Ley Marco de Empleo Público.
  2. Entre tanto, a fin de reforzar futuras gestiones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con fecha 23 de julio de 2020, instó “a todos los Gobiernos a cooperar con el Relator Especial y a prestarle asistencia en el desempeño de su cometido, a facilitarle toda la información necesaria que solicite, a responder sin dilaciones indebidas a las comunicaciones que les haga llegar, y a considerar la posibilidad de acceder a sus solicitudes para visitar sus países y de poner en práctica sus recomendaciones”.
  3. Pocos meses después, en la misma línea, la citada Relatoría Especial, mediante la nota OL CRI 3/2020 de 27 de octubre de 2020, aborda de nuevo el problema judicial de Costa Rica, para recomendar: “2. Que se impulsen los esfuerzos necesarios para cesar las amenazas a la independencia judicial causadas por intromisión en la autogestión del poder judicial, la regresividad de derechos sociales y económicos y que se adopten las medidas de derecho interno que sean necesarias para dejar sin efecto, y haciendo cesar, los actos causantes de las violaciones a la independencia judicial aquí establecidas. 3. Exhortar al Estado de Costa Rica a adecuar su legislación a los principios y garantías de la independencia judicial consagrados internacionalmente y resolver lo antes posible las acciones constitucionales que ponen en entredicho ciertas leyes”.
  4. Acogiéndose a una ‘invitación abierta’ de la Cancillería costarricense (Oficio DGPE-838-2019 de 29 de agosto de 2019), la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunció la intervención del Relator Especial Diego García Sayán en la sesión de Corte Plena del 24 de mayo de 2021, la cual fue agendada por la Secretaría de la Corte para las 9 am.; pero inesperadamente varios magistrados cuestionaron la intervención y finalmente votaron rechazándola por mayoría. ¿Cómo pudo pasar esto? Ese grupo mayoritario, con lujo de cinismo y desvergüenza, cometió la atrocidad de rechazar la intervención del Relator Especial que había sido gestionada por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, pisoteando con ello reglas elementales de la. Comitas Gentium y colocándose al margen de la legalidad internacional, a la altura de un Daniel Ortega. Y lo hizo porque sabía que cualquier propuesta racional para modernizar la organización de la justicia, amenaza inexorablemente el poder al que dicho grupo se halla aferrado con uñas y dientes.
  1. Aquí necesito volver atrás: la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1997 creó los ‘letrados’ (abogados asistentes) de los magistrados (artículo 50) y autorizó a la Corte Plena (artículo 66) a formar comisiones permanentes, especiales y temporales; y estas novedosas disposiciones generaron cambios cualitativos insospechados en el paradigma y en el funcionamiento de la Corte misma, y de las Salas que la integran.
  2. Por el III Informe del Estado de la Justicia, correspondiente al año 2018, nos enteramos de que ya entonces las magistradas y los magistrados, junto con gran cantidad de otros funcionarios judiciales y extrajudiciales, y de ciudadanos particulares, presidían o formaban parte de 134 comisiones dedicadas a una gran variedad de propósitos.
  3. A la fecha de hoy, gran número de magistrados ha delegado en sus letrados el estudio de las causas y la redacción de las sentencias, actos que la Constitución y las Leyes les asignaron a ellos como su exclusiva función; y lo hacen para dedicar sus energías a la gestión de asuntos administrativos, parcial o totalmente ajenos a la misma. Y fue precisamente en vista de esas labores gerenciales que los magistrados decidieron, desde el año 2008, incrementar sus ya altos salarios.
  4. En esas circunstancias, era fácil suponer una tendencia difusa a la preterición de las funciones judiciales. De modo que, cuando en enero de 2024 la jueza Silvia Elena Arce Meneses demostró que los magistrados de la Sala II, empezando por su Presidente Porfirio Sánchez, arrastraban una mora de años en la solución de numerosos asuntos de su competencia (aunque cada uno de ellos dispusiera de cuatro letrados a su servicio), lo que hizo fue revelar el cambio perpetrado de paradigma: al margen de la Constitución, un sector de los magistrados de la Corte (que excede los de la Sala II) ha perdido el rumbo, pero se niega a admitirlo: se niega a admitir su extravío. Y al igual que lo ocurrido con la visita del Relator Especial, contra toda razón, incluso contra el parecer de la Dirección Jurídica, contra jurisprudencia inequívoca de la Sala Constitucional, (Sesión 08-2024 de 26 de febrero de 2024), once magistrados se encierran en su negativa, y decretan que la promovente no está legitimada para pedir que se ventile la llaga.
  5. Ahora tenemos que el mismo magistrado de marras, Porfirio Sánchez Rodríguez, sin intentar explicar su inexcusable atraso como juez, viene a pedir a la Asamblea Legislativa que el próximo 28 de agosto en curso lo reelija en su cargo por otros ocho años; y con esta noticia nos percatamos de que, de alguna manera, después de todo lo narrado, con este último caso se está cerrando una especie de círculo infame, porque es evidente que la candidatura del magistrado Sánchez fue decidida políticamente con anterioridad a la votación, y que, por encima de eso, él no se ha molestado siquiera en cumplir sus auténticas obligaciones. Generalmente no resultaba fácil no reelegir a un magistrado, pero las cosas pueden presentarse diferentes ahora que el voto es público y motivado. Son muchas y muy serias las inconsistencias del candidato Porfirio, las denuncias de su inconducta, acumuladas desde tiempos anteriores a su designación: en conjunto nos indican que ésta fue un desacierto, obra de la politiquería. Esto… ¿quién querrá refutarlo en el Plenario?

Si al financiamiento y no a la privatización de la educación superior pública de Costa Rica 2024

Escrito en . Publicado en Educación.

PhD. Álvaro Martín Parada Gómez

El financiamiento de la educación pública de Costa Rica debe ser garantizado por mandato constitucional según artículo 85 de la Constitución de la República de Costa Rica. Este indica: “El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones”. Sin duda, el gobierno actual e incluso gobiernos antecesores han aplicado recortes importantes que han reducido la dotación de los recursos financieros, no cumpliendo la asignación del 8% del Producto Interno Bruto como asignación de financiamiento a la educación y favoreciendo la privatización de la educación.

Las universidades públicas de Costa Rica impactan positivamente el desarrollo social del país. Esto se evidencia en la formación de un recurso humano de alta calidad en disciplinas estratégicas como la medicina, la educación, la biología, la economía, la filosofía, la planificación, la administración, la tecnología entre otras más. Las personas profesionales graduadas en las universidades públicas han asumido puestos estratégicos en lo público, tales rangos son desde ministros, diputados, presidentes ejecutivos, alcaldes, así como en lo privado, tales como gerentes de empresas, bancos, grupos corporativos, entre otros.

El desarrollo socio productivo del país se ha nutrido de los proyectos y programas de la extensión, acción social e investigación, en atención a problematizaciones y demandas sociales de índoles distintas. La universidad pública ha demostrado trabajo articulado con la institucionalidad pública y gobiernos locales, asumiendo con seriedad la búsqueda de soluciones concretas a problematizaciones en los sectores sociales y productivos. Por ejemplo, se ha fortalecido la apicultura, la horticultura, la caficultura, la avicultura, el arte y la cultura, entre otros sectores.

El financiamiento de la educación superior pública ha permitido y permite el ascenso social de las clases medias y bajas que no disponen de los recursos financieros para enviar a estudiar a sus hijos, típicamente, son estudiantes de zonas rurales y zonas urbanas marginales quienes hoy por hoy se mantienen estudiando y sin duda lograrán ser profesionales de alta valía para el país, contribuyendo al proceso productivo, a la cultura y el arte, a los derechos humanos, es decir, al bienestar y desarrollo en general.

Estamos experimentando el debilitamiento de la educación pública como principio y prioridad de la administración Chaves, que nuevamente avanza en una escalada de desfinanciamiento de la inversión social como nunca en la historia del país. En este sentido, consideramos que el gobierno de la república debe rectificar su proceder y proponer una negociación cuyo resultado sea el fortalecimiento de la educación superior pública. No aumentar el financiamiento es condenar a cientos de estudiantes y poblaciones vulnerables a no alcanzar un bienestar social digno e inclusivo. No financiar la educación es abrir las puertas a la privatización de la educación, la cual no todas las familias humildes de este país pueden pagar.

Instamos a la Asamblea Legislativa a garantizar el Estado Social y Democrático de Derecho, actuar con ética, objetividad, solidaridad, justicia social y hacer valer los Derechos Fundamentales, particularmente los derechos económicos, sociales, educativos, culturales y ambientales, que se consagran en la constitución política de nuestro país.

La educación es un derecho indiscutible e inviolable de cualquier sistema democrático, por ello, dado que no se llegó a ningún acuerdo en la Comisión de Enlace sobre el FEES producto de la negativa del Gobierno y que por consiguiente, le corresponderá a la Asamblea Legislativa, según el artículo 85 de la Constitución Política, tomar la decisión de aprobar el monto presupuestario del plan nacional de Educación Superior Estatal, esta es una oportunidad para que la Asamblea Legislativa revierta la ruta del desmantelamiento de toda la educación pública y se proceda con la aprobación del monto presupuestario del plan nacional de Educación Superior Estatal.

Desde la Universidad Nacional, hacemos un llamado respetuoso a las y los señores diputados a garantizar el derecho de acceso a la educación de las actuales y futuras generaciones.

Yamileth González ex-rectora de la UCR llama a fortalecer el Pacto Nacional por la Educación Pública

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

SURCOS comparte el llamamiento de la ex-rectora de la UCR:
Compañeras y compañeros, creo que la crisis que vive el país, provocada, en parte, por el gobierno requiere de nuestra participación. El 7 de agosto, en la mesa del PACTO NACIONAL por la Educación, en un acto de unidad, más de 130 representantes de casi 40 organizaciones, después de un análisis de la crisis educativa por la que atraviesa el país y frente a la ausencia de respuestas del gobierno actual, llegó al consenso de que ya es hora de actuar y salir en defensa de la educación pública, que es el momento de frenar las múltiples agresiones que vive la institucionalidad pública nacional.

Las organizaciones firmantes del acuerdo (sindicatos del magisterio, de la CCSS, del ICE, del sector agrícola, federaciones estudiantiles, rectores de las universidades públicas, estudiantes de secundaria …) están convocando a todas las personas que habitan el territorio nacional, a salir a las calles y participar en una serie de movilizaciones programadas para los días 28 y 29 de agosto. El día 28 se llevará a cabo una movilización nacional en San José y el 29 será regional.

La situación que vive Costa Rica, actualmente, requiere de la participación de todas las personas; hay que sumar fuerzas en defensa de nuestra educación y de toda la institucionalidad pública. Tenemos que hacer de esta movilización, una de las mayores manifestaciones de nuestra historia reciente, que le demuestre al gobierno que, en este país, estamos listos para defender el Estado Social de Derecho, que mucho pensamiento, luchas y sangre costó a quienes nos antecedieron.

La histórica sentencia contra Hacienda y a favor de la igualdad real, la libertad y la eficiencia económica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Greivin Hernández González*

La Sala IV ha rechazado los débiles argumentos brindados por el Ministerio de Hacienda, con el fin de justificar un nuevo recorte a los fondos destinados a los programas sociales en este 2024. Le ordenó “disponer lo necesario, para que, en el plazo de UN MES, contado a partir de la comunicación de esta resolución, se dé cabal cumplimiento a la obligación de girar al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), la totalidad de los recursos correspondientes a la transferencia del Gobierno Central” (Res. Nº 2024021400). Al respecto algunas lecciones que debemos mantener presentes.

La primera, el recorte a los recursos del FODESAF por poco más de ₡62 mil millones ejecutado por el Ministerio de Hacienda en este año, fue justificado por el ministro de Hacienda a.i. en unas cuantas líneas diciendo que “se han encontrado con la simple, dura e incontrovertible realidad de que los recursos económicos con los que actualmente se cuenta son insuficientes para satisfacer todas las demandas y obligaciones que la normativa legal exige.” Así de sencillo, sin brindar datos o mayores explicaciones a la Sala, a pesar de que, con esos recursos, sería posible reducir la pobreza extrema en varios puntos porcentuales (ver Cantú et al, 2024).

Es fácil “entender” el proceder de Hacienda porque ciertamente los datos no los favorecen. Recordemos que la partida presupuestaria que el Estado está obligado brindar al FODESAF fue establecida tomando como base un momento de crisis fiscal, 2019. En aquellos tiempos, la constante era déficit primarios continuados, normativa fiscal con desfase de 25 años, y las calificadoras veían al Estado costarricense como un pagador muy riesgoso. En 2024 el panorama ha cambiado radicalmente, tras varios años de implementación de una reforma fiscal y al empleo público, el Ministerio de Hacienda ha alardeado sendos superávits primarios, y coincide con el Fondo Monetario Internacional en proyectar este comportamiento en el corto plazo. Incluso este año Fitch Ratings y S&P Global Ratings han mejorado la calificación de la deuda Estatal costarricense. Por lo que la excusa de que Hacienda no cuenta con recursos contrasta con la realidad de los hechos.

En segundo lugar, la Sala considera que el incumplimiento de Hacienda no es cosa menor, decidió irrespetar normas legales superiores y especiales; afectando derechos fundamentales de la población más desvalida, como el derecho a la salud, la educación, la alimentación; aspiraciones de nuestra sociedad consagradas en la Constitución Política y convenios internacionales como son la igualdad real, la libertad y la eficiencia económica; y de plano atentar contra el Estado Social de Derecho establecido en la normativa costarricense.

Esto es así porque el FODESAF es un patrimonio de recursos creado con el objetivo de dar sostenibilidad financiera a programas que financian transferencias para que la población en condición de pobreza extrema, niñez y adultos mayores puedan subsistir, y tengan acceso a servicios de salud; programas que se ha demostrado mejoran el desarrollo económico a largo plazo pues aumentan la matrícula estudiantil y la permanencia en el sistema educativo como comedores escolares y becas educativas; otros que mejoran la empleabilidad con tasas de éxito superiores al 90%, como el PRONAE; y los que cubren varios objetivos, brindan protección, aumentan la escolaridad de sus beneficiarios y dinamizan la economía, como los de vivienda social.

Tercera, ahora el Ministerio de Hacienda debe trasladar los recursos faltantes al FODESAF por la vía de un presupuesto extraordinario que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa y de allí trasladados a los distintos programas sociales. Suponiendo que tanto Hacienda como la Asamblea sean diligentes, se requerirá mucha agilidad, eficacia y consciencia por parte de los distintos programas para asegurar la ejecución de los recursos en lo que resta del año. Los programas de transferencias monetarias (RNC, Avancemos, Protección Familiar etc) y algunos de cuido (Conapdis, Conapam), pueden ejecutar fácilmente lo que se les traslade, pues además de tener una amplia población objetivo sin cubrir y beneficiarios precalificados a la espera de presupuesto, el tipo de beneficio o la forma de ejecutarlos (en conjunto con el sector privado) facilita su expansión. En los casos en que esto no suceda, que en la práctica son los menos, se debería apelar a la conciencia de los jerarcas de los programas con dificultad de ejecución para que renuncien a los recursos y puedan ser trasladados a aquellos con mayor probabilidad de ejecución. Esta dinámica se podría adelantar desde la gestión del presupuesto extraordinario en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

Cuarta, el fallo de la Sala hace un recuento de las numerosas ocasiones en que Hacienda ha recortado recursos al FODESAF, al tiempo que la Sala le enmienda la plana ordenando su restitución. Con ello se les da la razón a los recurrentes, en el sentido de que es una práctica histórica y reiterada por parte del Ministerio de Hacienda, el incumplir la normativa nacional y convenios internacionales, recortando el financiamiento de los programas sociales a su discreción. Ante ello, uno esperaría que hubiese una advertencia más vehemente o mecanismos legales más efectivos para desincentivar este comportamiento tan perjudicial y entronizado en las autoridades encargadas del Presupuesto Nacional.

Quinta, en el fallo de la Sala se hace un recuento de la normativa que ha venido reduciendo los aportes del Estado al FODESAF, desde que se había definido como el 20% de lo recaudado por concepto del “impuesto de ventas”; hasta un monto mínimo absoluto de ₡256mil millones con la reforma fiscal de 2018. Lo cual es evidencia de un Estado poco comprometido con el cumplimiento de sus aspiraciones en materia de desarrollo social y económico. Esto además deja como fuente principal de recursos para el FODESAF el 5% que se recauda sobre las planillas, en momentos de alto desempleo estructural, y una fuerte presión empresarial por eliminar este tipo de contribuciones parafiscales.

En momentos en que el Ministerio de Hacienda ha reconocido que la reforma fiscal de 2018 ha tocado techo, cosa normal y esperable pues ya han pasado seis años (los países avanzados hacen reformas fiscales cada otro año), parece un momento oportuno para plantear una reforma fiscal progresiva, eficiente, que ponga a contribuir solidariamente a todos los sectores económicos de nuestro país, sobre todo a los más dinámicos, y de manera que se puedan cumplir las aspiraciones del Estado social de derecho costarricense.

*Exdirector Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf). Exdirector Ejecutivo a.i. del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

Convocan movilización nacional por la crisis educativa y amenazas al sistema de bienestar social costarricense

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Comunicado

  • Organizaciones sociales y productivas agrupadas en la Mesa Nacional de Diálogo y otros sectores, acuerdan reactivar el proceso PACTO NACIONAL POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA que lideró la movilización más grande en defensa de la educación pública en el 2023. 

  • El pasado 06 de agosto más de 130 personas de 36 organizaciones diversas, acordaron convocar a MOVILIZACIÓN NACIONAL el próximo miércoles 28 de agosto del 2024, en el marco de la presentación del presupuesto nacional de la educación en la Asamblea Legislativa. 

Más de 130 personas de diversas organizaciones sociales y productivas, como el AGRO, Universidades Públicas, Organizaciones de Sociedad Civil, Cooperativas Sindicatos y Movimiento Estudiantil, acordaron el pasado martes 06 de agosto en asamblea abierta, una MOVILIZACIÓN NACIONAL el próximo miércoles 28 de agosto, por la educación pública de calidad en Costa Rica. 

Esta iniciativa multisectorial busca fortalecer la calidad de la educación en medio de la crisis educativa más dramática de los últimos 40 años. La expectativa de los diversos sectores es superar la movilización histórica del 2023, reactivar el proceso PACTO NACIONAL POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA, demostrando nuevamente la capacidad de acción y cohesión de las organizaciones participantes.

Aunque la demanda principal es mejorar la calidad de la educación pública en todos sus niveles, también se acordó incorporar una agenda amplia que incluya diversas demandas territoriales y locales, de manera tal que se logre demostrar que la más grande tarea cívico-política de nuestro tiempo es la TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL para atacar de raíz el principal problema de la actualidad: la desigualdad, así como el rechazo a los recortes presupuestarios irresponsables e irracionales que, especialmente, agravan el deterioro de la política social dirigida a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. 

Esta agenda amplia incluye el contexto nacional atravesado por la crisis en los servicios de salud, ejemplificada por las listas de espera, la apertura del modelo eléctrico nacional, la venta de activos del Estado como el BCR, el abandono estatal del sector agroalimentario, la crisis de abastecimiento de agua potable, la violencia e inseguridad ciudadana, la crisis ambiental, la corrupción, los recortes a programas sociales esenciales, la reducción de fondos para cultura y juventud, la censura a medios de comunicación y activistas sociales desde casa presidencial, que se refleja en la transgresión a los derechos humanos, sociales y laborales en todo el país.

La MOVILIZACIÓN NACIONAL está programada para el próximo miércoles 28 de agosto del 2024, coincidiendo con la presentación del presupuesto nacional de educación en la Asamblea Legislativa. Asimismo, se llevarán a cabo acciones regionales en todo el país el jueves 29 de agosto.

Las organizaciones y liderazgos, hacen un llamado a la unidad nacional para enfrentar de manera coherente la crisis educativa y del sistema de bienestar social en Costa Rica, afectando a miles de familias, estudiantes y personas trabajadoras, se requiere una respuesta solidaria y coordinada, capaz de generar un cambio significativo y duradero, con iniciativas concretas en los territorios y comunidades fuera de San José, a su vez acompañada de acciones de incidencia Legislativa, gubernamental, así como acciones en la vía judicial.

Exigimos un nuevo rumbo para Costa Rica, que la Asamblea Legislativa y Poder Ejecutivo accionen coordinadamente mediante el Pacto Nacional por la Educación para fortalecer la educación de calidad, el sistema de bienestar social costarricense y el respeto constitucional del 8% del PIB para la educación.

¡MOVILIZACIÓN NACIONAL: ¡EDUCACIÓN HOY, PAZ MAÑANA!

Reunión política abierta del Pacto Nacional por la Educación Pública acuerda jornada de lucha para 28 y 29 de agosto

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Con este acuerdo se da seguimiento al proceso mediante el cual organizaciones del magisterio, federaciones estudiantiles, universidades públicas y las agrupadas en la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo suscribieron un documento político el 20 de junio del 2023.

La motivación fue la más grave crisis educativa que enfrenta Costa Rica en los últimos 40 años. Esta acción política hizo un llamado a todas las fuerzas vivas del país, a concertar con urgencia un Pacto Nacional por la Educación Pública que garantice la universalidad, pertinencia, gratuidad y calidad de los servicios de educación pública, que son el pilar fundamental de nuestra democracia, garantía de la paz social y de nuestra libertad política, así como herramienta indispensable para la movilidad social ascendente y el desarrollo humano.

Con base en ello, organizaciones del sector educación, estudiantes y otros sectores agrupados se propusieron reactivar este proceso de forma más abierta, con más participación de distintas organizaciones sindicales y movimientos sociales. Para ello se convocó a una reunión política que permita definir acciones articuladas para la defensa de la educación pública nacional que incidan en los distintos espacios de lucha y los de carácter propositivo, como la mesa de trabajo educación del Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel.

Esta reunión política abierta del Pacto Nacional por la Educación Pública se realizó este martes 06 de agosto en las instalaciones la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP).

En la convocatoria se indicó que esa sesión “no será la única, también sabemos que existen más espacios de lucha, el interés de las organizaciones es unir esfuerzos, superar los egos y la dispersión, así como buscar puntos de encuentro mínimos para reactivar este proceso con la mayor diversidad de actores posibles”.

Los temas que se proponen como articuladores de la lucha social son la crisis de la educación pública junto al grave deterioro de la seguridad social, así como de la seguridad alimentaria, todos, elementos claves del Estado Social de Derecho.

SURCOS comparte en este enlace un PDF con un resumen de este proceso del Pacto Nacional por la Educación Pública, además, un video e imágenes de la actividad de este 6 de agosto, en la cual, se llama a la movilización nacional el 28 y a movilizaciones regionales el 29 de agosto.

UCR insta a trabajar de manera colectiva para solucionar los problemas nacionales en educación

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

La UCR reiteró su compromiso con el fortalecimiento del sistema educativo del país y el apoyo a todas las personas que han luchado, luchan y lucharán por una enseñanza de calidad y accesible para toda Costa Rica. Imagen con fines ilustrativos. (Foto: Laura Rodríguez, OCI)

Alejandra Amador Salazar, Periodista

Mediante un pronunciamiento aprobado la mañana de este martes, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) insta a las autoridades gubernamentales a trabajar de manera conjunta con todos los sectores involucrados en el ámbito educativo de forma que se puedan abordar los problemas nacionales, con una visión integral y participativa, gestada desde el dialogo horizontal y respetuoso entre las partes.

Como institución Benemérita de la Cultura y la Educación costarricense esta casa de estudios superiores está sumamente preocupada por la grave crisis que se presenta en los diversos ciclos del sistema educativo público de nuestro país, producto de rezagos históricos, los efectos del denominado “apagón educativo” y la pandemia, lo cual se manifiesta en las debilidades de gestión, disminución del financiamiento, el deterioro en la infraestructura, bajos niveles de conocimiento y los resultados educativos en diversas pruebas nacionales.

La UCR reconoce que la educación pública ha sido uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado Social de Derecho y favorece tanto la movilización social de todos los sectores en especial los más vulnerables, así como el logro de las aspiraciones de desarrollo del país.

Sin embargo, en este momento se muestra inquieta por la ausencia de un documento técnico que marque la ruta para abordar la crisis educativa que afrontamos; y por los cuestionamientos a la gestión de la Ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller, entre ellos el voto de censura que aprobó la Asamblea Legislativa el pasado 17 de julio.

En ese sentido, el Consejo Universitario destacó la enorme responsabilidad que recae sobre los hombros de la persona a cargo del Ministerio de Educación Pública, quien debe velar por el cumplimiento de la Constitución Política de la República de Costa Rica y la Ley Fundamental de Educación, garantes del derecho a una enseñanza pública de calidad, inclusiva y accesible para todas las personas estudiantes.

Para el Órgano Colegiado, es vital promover el diálogo y que la Ministra escuche a las partes para alcanzar un acuerdo nacional sobre el desarrollo del sistema educativo, que logre superar los problemas históricos evidenciados.

Autonomía del Movimiento Estudiantil

De igual manera, el Consejo Universitario reafirmó la importancia de garantizar la autonomía del Movimiento Estudiantil como un principio inviolable que debe ser protegido, y respetar su derecho a la libertad de expresión mediante un diálogo abierto y constructivo.

Asimismo, reconoce que en la historia costarricense los diversos movimientos estudiantiles han sido agentes que contribuyen a la sensibilización frente a los problemas nacionales, promueven el cambio social, el fortalecimiento del sistema democrático y son un pilar fundamental en la defensa de la educación superior pública.

De esta manera, el Órgano Colegiado respeta la voz del movimiento estudiantil, la cual debe enmarcarse dentro de las reglas del respeto mutuo, la escucha atenta y la argumentación rigurosa propia del estudiantado universitario.

CU-UCR-pronunciamiento-educacionDescarga

FEUCR informa sobre lo sucedido después de la IV sesión de la negociación del FEES en CONARE

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Durante la cuarta sesión de la Comisión de Enlace para la  negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), llevada a cabo  en el edificio del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), decenas de estudiantes de las universidades públicas de nuestro país se hicieron presentes con consignas en defensa del presupuesto del FEES.

Este acto de resistencia fue una demostración de la determinación de quienes luchamos por una educación superior pública, gratuita y de calidad.  Al finalizar la sesión, las personas estudiantes recibieron a la Ministra de Educación y al Ministro de Hacienda con una ola de justificada indignación. Estas personas “jerarcas” han demostrado ser instrumentos de una agenda neoliberal y recortista,  que buscan desfinanciar la Educación Superior Pública como parte de la estrategia  de Rodrigo Chaves para desmantelar el Estado Social de Derecho. No es ninguna  casualidad la rapidez que el Gobierno tiene para tacharnos de “agresores” y la intención de silenciar nuestras voces; temen la fuerza del movimiento estudiantil  unido y consciente de nuestros derechos.

En las afueras del edificio de CONARE, fuimos testigos de un acto de violencia  sin precedentes. La Ministra de Educación intentó golpear a una estudiante. Este  hecho, documentado por la prensa, demuestra el grado de desesperación al que el Gobierno ha llegado porque las personas estudiantes no nos doblegamos ante un  Ejecutivo neoliberal. En un acto vergonzoso y cobarde, en las redes sociales del  Ministerio de Educación Pública se difundió un video donde la Ministra se victimiza, con un trapo en la oreja, alegando falsamente que fue golpeada con un megáfono. En el dicho video, ella indica que no volverá a negociar en ningún espacio de CONARE debido a que “los rectores no pueden controlar a los estudiantes”.

Le decimos a la Ministra, y al resto del gobierno de Rodrigo Chaves, que es correcto; quienes ocupan las rectorías de nuestras universidades NO nos controlan. No importa dónde se realicen las negociaciones—en CONARE, MICITT, MEP, o incluso en la casa de la Ministra—las personas estudiantes estaremos ahí, defendiendo nuestro derecho a una Educación Superior Pública y el presupuesto que la sustenta. Nuestra lucha es legítima, y no cederemos ante la represión ni la intimidación. Repudiamos cualquier intento del Gobierno de censurar la voz de la protesta estudiantil. Al Movimiento Estudiantil nadie lo “maneja”, somos un pilar fundamental en la lucha social de Costa Rica. Respétennos.

Ministra, el compromiso que tenemos como estudiantes, es con la verdad y la justicia, y permaneceremos aquí exponiendo sus acciones que buscan debilitar las universidades públicas en beneficio de las universidades privadas vinculadas a su familia. No nos amedrentaremos ni retrocederemos en nuestra lucha. Continuaremos tocando temas personales de su vida, Ministra, porque usted le ha demostrado al país estar más interesada en beneficiar a su familia que a la educación pública. El día miércoles 17 de julio, la Asamblea Legislativa aprobó una moción de censura en su contra. La realidad es que una ministra censurada por la institucionalidad pública carece de la legitimidad moral y la autoridad para negociar algo tan fundamental para el país como el presupuesto del FEES. Su papel en esta negociación es insostenible y refleja el irrespeto que tiene Chaves con el estudiantado costarricense. Su presencia es un insulto a quienes realmente valoramos y defendemos la educación.

Nosotres, el estudiantado, estamos comprometides a seguir luchando por una Educación Superior Pública digna y accesible para todes; no nos detendremos ante las amenazas, las mentiras y las agresiones del Gobierno. La voz del estudiantado es la voz de miles que creen en un futuro mejor, en una Costa Rica que valore y proteja la educación como un derecho fundamental. Permaneceremos firmes, porque la educación es un derecho, no un privilegio, y porque sabemos que en nuestras manos está la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Ministra, sepa que cada intento de silenciarnos solo fortalece nuestra determinación. Estaremos presentes en cada espacio donde se discuta el futuro de nuestra educación. No permitiremos que el gobierno de Chaves destruya lo que con tanto esfuerzo ha construido el Pueblo Costarricense.

Hoy más que nunca, somos estudiantes contra la guerra y contra el capital. Hoy más que nunca somos estudiantes contra el fascismo y el recorte neoliberal.

Valentina Palacio Mora
Presidenta
Directorio de la FEUCR

Las disculpas de Óscar Arias

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Adriano Corrales Arias

Adriano Corrales Arias

He leído en un par de periódicos y en las redes sociales que don Óscar Arias Sánchez ofreció disculpas al movimiento gay-lésbico por la persecución montada a un congreso de lesbianas que iba a celebrarse en nuestro país hace treinta y cuatro años. Me parece oportuno, necesario y sano, aunque lo hiciera presionado por el actual inquilino en Zapote, quien lo llamó “hipócrita” en el marco de la guerra sucia que mantienen las élites económicas del país por nimiedades como las cuotas de poder y las porciones de la posible venta de activos de algunas instituciones estatales.

Sería oportuno y grandioso que el señor Arias Sánchez también ofreciera disculpas al país entero por el daño económico, social, político y moral, causado a nuestro pueblo labriego y sencillo durante los últimos cuarenta años. Enumero algunas de las acciones –y omisiones–que deterioraron ostensiblemente la vida democrática del país, así como el galopante desmantelamiento del Estado Social de Derecho en una auténtica contrarreforma neoliberal iniciada a principios de los años ochenta del siglo pasado. Ustedes pueden agregar más:

  1. El asalto al partido Liberación Nacional para desideologizarlo convirtiéndolo –en un dos por tres– de agrupación socialdemócrata, en consorcio neoliberal.
  2. El “golpe de estado técnico” (bazoocazo constitucionallo llamó su correligionario del PLN y también expresidente, Luis Alberto Monge Álvarez, cuyo gobierno –paradójicamente– fuese el iniciador de la contrarreforma con los tristemente célebres PAES), para reelegirse a contrapelo de la Constitución la cual, todavía, en su artículo 132, lo prohíbe, a pesar del giro lingüístico de la Sala Constitucional.
  3. El desvergonzado e inolvidable “memorándum del miedo” escrito por su vicepresidente y uno de sus primos, a la sazón diputado, y aplicado al pie de la letra para causar temor y terror en la población y así lograr la aprobación del TLC/USA-Centroamérica/Dominicana.
  4. Por el fraude mediático y por mentir públicamente para imponer el anterior tratado, que de libre no tenía nada. (Muchos ciudadanos esperan aún el prometido mercedes benz, sutoyota o su motocicleta). Contrario a lo pregonado en campaña, el tratado ha impactado de forma negativa en la capacidad productiva del país y ha deteriorado las instituciones del Estado y nuestra soberanía, entre otras graves problemáticas.
  5. Nunca respondió a las “acusaciones de nepotismo, uso indebido de fondos para beneficiar a una cofradía política cercana con dineros provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica y la imposición de su sucesora y diputados de la República (…)”, según nos lo refiriera el periodista Eduardo Muñoz (Semanario Universidad, Sección Opinión, 12/02(2019).
  6. Haber expresado abiertamente, en septiembre del 2005, que era creyente de la “tiranía en democracia” con “un mandato claro” para gobernar. Es decir, se trataba de otorgarle poderes cuasi dictatoriales al Presidente. Supongo que, entre otras cosas, a eso se refiere el actual ocupante de la casa principal de Zapote cuando equipara la democracia criolla con “la tiranía perfecta”, acusación y emulación rayanas en la psicopatía.
  7. Propiciar la creación del PAC y apoyar sus dos nefastas administraciones, lo que dio pábulo a la unidad de las cúpulas oligárquicas en un tremebundo Frankenstein político conocido como PLUSCPAC. La “agarrada de chancho” de dichas administraciones –qué duda cabe– abrieron el portillo a la desastrosa administración actual.
  8. Pero, sobre todo, por servir de antecedente propiciatorio al actual desgobierno –el peor de la historia republicana costarricense– con un advenedizo en la silla de Zapote cuyo ego desmedido –con nula experiencia política y administrativa, sin partido ni equipo de gobierno– solamente se ocupa en provocar resquemor, animadversión, revanchismo y mayor fanatismo en las masas intoxicadas, debido a sus falacias, equívocos, acusaciones, tergiversaciones, desconocimientos, falencias operativas y ataques ad hominem, tanto al ordenamiento jurídico del país, como –lo que parece ser su ominosa estrategia– al Estado Social de Derecho.

Tiene la palabra don Óscar.

Reflexiones lluviosas: ¿Quo vadis, Patria? ¿Adónde vas Patria?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Jiddu Rojas Jiménez

Confundir, manipular, distraer y dividir… para reinar. Ésta es la divisa secreta, pero eficiente, de este Gobierno.

1) Para algunos Patria es una «mala palabra». Algo cargado de chovinismo, un pretexto para excluir y odiar. Para el Suscrito, junto a José Martí (1853-1895), «Patria es Humanidad«. Es «Matria«, y no un desfile militar. Un tiempo- espacio fabricado y aceptado, que constituye nexos e identidades construidas, o sea la particularidad de lo universal-concreto de lo humano. Y un refugio necesario, aunque asimétrico, frente al Tsunami de la Globalización inclemente, propia del Estado-Nación (o Plurinacional), al idilio reaccionario y retardatario Neoconservador. Estas categorías políticas habrán de ser «reapropiadas» y «resemantizadas». Habrá que renovarlas desde un nuevo Antimperialismo urgente, desde «Nuestra América» (J. Martí), desde nuestra resistencia posible y democrática, y desde la articulación de nuestras justas luchas populares. Patria socialmente incluyente y cargada racionalmente de Amor al Prójimo, y de Justicia Social. Una Patria cuya construcción se regule por los ideales republicanos de Libertad e Igualdad.

2) Dicho y confesado lo anterior: O sea que no se le debe regalar la categoría política de «Patria», ni de «Pueblo», a la demagogia de la Extrema Derecha Populista, me pregunto: ¿Habrá algo más triste que ver a la gente humilde, a la gente trabajadora, a gente decente y honesta, a gente pobre, a Empleados Públicos incluso, apoyar de forma casi inconsciente a un Gobierno mentiroso, matón, demagogo; evidentemente incapaz, y que sólo quiere tomar partido de la crisis, y destruir nuestras conquistas sociales históricas? A ellos dedico, sin muchas pretensiones y sin querer sonar condescendiente, estas reflexiones tan lluviosas, y este modesto y amoroso reclamo cívico.

3) Después de dos años y medio de gestión improvisada, qué encontramos: ¿Un Gobierno que finalmente, sólo quiere vender nuestro patrimonio público y nacional a precio irrisorio? ¡Un Gobierno autoritario, pero sin brújula, inútil, en plena crisis, y qué sólo quiere finalmente terminar de destruir y privatizar, al Estado Social de Derecho, para pagarle a sus financistas de Campaña! ¿Hay alguna duda racional al respecto? ¿Pero cómo lo logró saliendo impune? ¿Tanta mentira, tanta manipulación, tanto odio, puede ser sembrado y cosechado en tan poco tiempo? ¿Tanto resentimiento dejó el pasado Bipartidismo Neoliberal? ¿O acaso fue la decepción con el último Gobierno PAC (bastante Neoliberal) de Carlos Alvarado? ¿Será la manipulación electoral de los prejuicios contra la población sexualmente diversa? ¿Será lo que algunos llaman con cierta sorna o cierto delirio, «Ingeniería social”?

4) A manera de Excursus:

Ser “Progresista” no sólo es apoyar, nominalmente, los justos Derechos Humanos de la Población Sexualmente Diversa, implica un compromiso económico y político con las clases populares. Al menos se derrotó así, a los Fundamentalistas Protestantes y a la extrema Derecha del momento. Por la misma razón es predecible la próxima alianza electoral entre los Fundamentalistas y los Populistas de Derecha, y los grupos más Ultra- Neoliberales. Así lo han hecho en el resto del Mundo y así quieren hacerlo en Costa Rica.

A contrario sensu: El centro político, el centro-izquierda, las izquierdas democráticas, y los demócratas en general (cómo hizo Francia), deben aprender a construir alianzas programáticas, y agendas de consenso en torno al Estado Social de Derecho. La izquierda electoral costarricense, en particular, deberá hacer también autocrítica y bajar a las bases y comunidades empobrecidas. (El triunfo lectoral arrasador de una alternativa progresista en el Cantón Central de San José en las Elecciones Municipales es muy significativa.)

5) ¿A qué tanta aparente impericia de los viejos sectores hegemónicos en Costa Rica? ¿No hay más oposición real, que no sea la de algunos jóvenes, en la Asamblea Legislativa? ¿O todo este caos social es sólo un dramático efecto patológico colectivo posterior a la Pandemia? Una especie de detonante atómico del Tánatos colectivo, nacional y global. Es como vivir en una pesadilla dentro de un Capítulo de «Psicología de masas del Fascismo», (Editorial Ayuso, 1972), texto clásico de Wilhelm Reich. ¿Acaso dividiéndose más nuestra sociedad, y proyectando nuestros prejuicios, temores y odios, salvaremos al país? ¿Cuál es la base colectiva libidinal del Autoritarismo? (Herbert Marcuse, dixit.)

6) ¿Qué pasará con nuestras empresas públicas estratégicas? ¿Botar al Niño junto al agua sucia? ¿No hemos aprendido nada del fracaso global del modelo económico Neoliberal? ¿Qué clase de Ciudadanía tenemos? ¿Estamos tan envilecidos como sociedad? ¿Hay un punto de no retorno cultural? ¿A qué siniestros intereses sirve esta Subjetividad social monstruosa y caníbal? ¿Hasta dónde el «Capitalismo Salvaje» penetró y destruyó nuestro tejido social? ¿Podemos deshumanizarnos aún más?

7) ¿Qué ha pasado con nuestra reserva moral como República? ¿Qué interpela realmente a nuestros jóvenes sin esperanza, ni futuro, ni certezas? ¿Qué moviliza a nuestro pueblo para que deje su letargo político? ¿Para que salga de su consciencia «cosificada» del «en sí», y sueñe otra vez, con ser proyecto inclusivo, y desarrolle la potencia liberadora de su consciencia «para sí»? ¿Cómo construir y ofrecer «Esperanza Ontológica» (Bloch)? ¿Cómo volver a pensar la «Utopía- Concreta» desde el «Pueblo Político» (H. Gallardo)? ¿Qué hacer además de quejarnos y buscar un diagnóstico común? ¿Cómo pasar de la catarsis a una lúcida Praxis? ¿Qué hacer?

8) ¿No nos basta acaso con ver en las noticias diarias a las decenas de jóvenes asesinados y a la Inseguridad Ciudadana cotidiana? ¿Qué más falta? ¿Qué nos declaren un Narco- Estado fallido? ¿Qué nos invadan y ocupen militarmente? ¿Ése es el plan geopolítico? ¿Darle la razón última a William Walker? ¿Por qué quitarle financiamiento a la lucha policial contra el Narco? Peor aún, ¿por qué el Presidente hace apología pública desde la indolencia, para normalizar la brutal violencia criminal y los asesinatos de jóvenes en las costas y zonas urbanas de alto riesgo social? (Precisamente en los lugares más deprimidos económicamente.)

9) ¿No les basta observar y comprobar la evidente e insultante Desigualdad Social? El Coeficiente Gini no miente. ¿Cómo no va a incrementarse la criminalidad con décadas de abandono social? ¿Qué va a pasar con nuestros Parques Nacionales y con nuestros recursos naturales? ¿Es viable una Democracia así? ¿Por qué parece no ser evidente a todos que el desmantelar más el Estado Social de Derecho, sólo nos hará más pobres a las grandes mayorías? ¿Hasta cuándo tocaremos fondo como sociedad?

10) ¿Por qué no hay una reserva moral ciudadana que se manifieste contra la destrucción autoritaria de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho? ¿Qué pasó con los cientos de miles de ciudadanos que salieron a defendernos contra la Privatización del llamado «Combo» del ICE? ¿Qué pasó con los Comités Patrióticos contra el cipayo TLC? ¿Y los miles que protestaron contra un Plan Fiscal que para muchos era regresivo (incluido el Suscrito) y la Ley Marco de Empelo Público? ¿Dónde están nuestros prometidos carros Mercedes-Benz y nuestros vehículos BMW y su falsa prosperidad? (Luego se quejan de las amenazas contra la democracia, pero no hay democracia con miseria y desigualdad.) ¿Y quién se acuerda de nuestra Soberanía? ¿Le estorba la Democracia a la Gentrificación y a la Privatización?

11) ¿Desencanto democrático? Tal vez nunca fuimos, una «democracia perfecta», porque eso no existe. Somos (aún) una «Democracia Liberal» pero con un techo político clasista: Sin embargo, ¿eso es mucho mejor que la especie de Autocracia de Derecha Neoliberal anunciada o no? ¿Realmente las clases dominantes costarricenses apostarán a esta aventura autoritaria y antidemocrática «Populista»? ¿Qué pasó con las capas medias ilustradas que salían a votar contra el Fundamentalismo Protestante y su agenda intolerante y Neoconservadora? ¿Qué pasó con los Empleados Públicos y con sus vigorosos Sindicatos? ¿Y qué pasó con los Docentes y sus gremios antes tan combativos?

12) Quo vadis, Mater? ¿Adónde vas Madre [Patria]? Costa Rica, ¿qué nos pasó? ¿Cómo terminamos así? No estamos solos en esta tragedia global, el Presidente Petro de Colombia, le llama por su nombre en un discurso público: “El Fascismo está ascendiendo en el Mundo. Y hay que llamarlo como es. Son los Nazis que vuelven al poder, que se vienen a vengar… Claro, en su versión light en Costa Rica, después de Don León Cortés (1882-1946). ¿Ha fallado nuestra democracia? Económicamente en las últimas décadas de gobiernos neoliberales, muy posiblemente. ¿Falta de Legitimidad republicana? (Obvio.) ¿Excesos burocráticos? (Todos hemos vivido nuestra propia pesadilla kafkiana en nuestra Administración Pública. Y los Empresarios ticos no son la excepción.) ¿Sumemos el torrente de abusos y escándalos públicos? ¿La obvia corrupción pública? Claro, esto último es innegable. ¿Los medios? Obviamente esto ha sido explotado por los publicistas e ideólogos baratos del Neoliberalismo económico, y sus medios (los viejos y los nuevos). ¿Es acaso, la temida Posverdad y su moda?

13) Pero ¿qué más corrupto que la anunciada privatización de nuestra institucionalidad pública? ¿Dónde ha existido privatización sin corrupción? Razonemos: ¿Si hay corrupción pública, con controles administrativos y frenos y contrapesos, sin los mismos, sólo no habrá más solamente? ¿Es tan difícil entender esto? ¿Por qué el justo descontento general no se canaliza racionalmente? ¿Por qué algunos juristas costarricenses con cierto prestigio profesional se prestan para esta afrenta contra el básico sistema liberal de “Frenos y Contrapesos” (Check and Balance)?

14) ¿No les basta con la agudización crisis del Apagón Educativo, de la Salud Pública, del Sector Agro, de las PYMES, del Empleo precario, de los bajos salarios, del alto Costo de la Vida? ¿Qué más se necesita? ¿El monopolio privado de Riteve sustituido a dedo por el de Dekra? ¿O la cacareada «Ruta del Arroz«? Que no fue sino el pretexto para la importación de arroz extranjero sin aranceles, quebrando a los productores nacionales, sus encadenamientos productivos, y la destrucción de la posibilidad de una Soberanía Alimentaria ¿La extraviada «Ruta de la Educación«? ¿La destrucción del Sector Cultura? ¿Las amenazas institucionales contra el ICE otra vez? ¿La Deuda de la Administración Central a la CCSS nunca honrada?

15) ¿Por qué grandes masas empobrecidas todavía siguen apoyando a este Gobierno? ¿Por qué apoyarían este aparentemente un ridículo autodenominado «Plan Jaguar«?

Un Plan que sólo debilita los controles de la Contraloría de la República, y promueve las próximas privatizaciones entre otras bellezas. Además, apoyan este proyecto, sin siquiera leerlo, o hacer un mínimo esfuerzo por entenderlo o debatirlo con racionalidad y respeto. ¿Cómo puede funcionar una República así? ¿Qué futuro tiene nuestra imperfecta y necesaria democracia? Avisados estamos.

Gracias, MA. Jiddu Rojas.