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Etiqueta: Estado Social de Derecho

Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel: Necesario y Oportuno

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega

Álvaro Vega Sánchez. Sociólogo

Celebramos la iniciativa de este Diálogo Nacional, que dio inicio el 5 de marzo del año 2024 y se prolongará por 8 meses, emprendida por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), La Mesa de Diálogo Social y Productivo y la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. La consideramos necesaria y oportuna debido a las siguientes razones, entre otras:

  1. El país urge de un nuevo derrotero cultural, económico, social y político para encarar con decisión y voluntad ciudadana los álgidos problemas de la desigualdad, el empobrecimiento y la intensificación de la violencia.
  2. Hay que contrarrestar el ensanchamiento del cerco neoliberal que ha venido socavando las bases de un Estado Social de Derecho, garante de un estilo de desarrollo más equitativo y promotor de derechos fundamentales para el bienestar, la convivencia democrática y la paz social.
  3. Avanzamos aceleradamente a niveles muy peligrosos de polarización social, cultural y política, propios de países sometidos a regímenes autoritarios y antidemocráticos.
  4. Asimismo, proliferan y se intensifican los discursos y narrativas de carácter confrontativo que alimentan la descalificación y el odio. Abonamos el terreno para la confrontación y la violencia en sus diversas formas: simbólica, política, psicológica y física.
  5. Es evidente, la perdida de legitimidad y credibilidad de las ofertas partidarias de diverso signo ideológico y contenido programático. Se muestran así, con profundas limitaciones para asumir una agenda país que contribuya a dar el salto cualitativo hacia una democratización económica y social más sustantiva.
  6. Los avances cualitativos en legislación e institucionalidad social que heredamos de los esfuerzos de diálogo y concertación sociopolítica, con visión ética y humanista, en las décadas de 1940 y 1950, y que permitieron forjar una Costa Rica más próspera y solidaria, requieren ser retomados y actualizados para proyectar la Costa Rica del futuro.
  7. Es fundamental, en esta dirección, y de cara al cambio demográfico, que propiciemos el encuentro intergeneracional, para ampliar los horizontes conjuntando esfuerzos donde se conjuguen de manera proactiva las visiones propias de las viejas y nuevas generaciones.

Auguramos una generosa cosecha de esta iniciativa de diálogo nacional para construir un nuevo pacto social, por el que la ciudadanía ha venido clamando desde hace rato. Las fuerzas sociales, políticas y empresariales habrán de inspirarse en el legado que ofrecieron nuestros más destacados impulsores del diálogo para la concertación social, como fueron el obispo Víctor Manuel Sanabria, el líder comunista Manuel Mora Valverde, el líder socialcristiano Rafael Ángel Calderón Guardia, el líder socialdemócrata José María Figueres Ferrer y los líderes del movimiento popular y sindical Carlos Luis Fallas (Calufa), María Isabel Carvajal (Carmen Lyra) y el presbítero Benjamín Núñez.

Que las palabras del pedagogo Paulo Freire sirvan de guía e inspiración para todos los y las participantes en esta mesa de diálogo: “Nadie educa a nadie, nadie se educa solo, nos educamos en comunión”. Forjemos la Costa Rica amante de la paz y la solidaridad para nuestros hijos y nietos. Nos la merecemos y se la merecen. Que el lema siga siendo el que dejó consignado en nuestro Himno Nacional su compositor, José María Zeledón Brenes (Billo Zeledón), “Vivan siempre el trabajo y la paz”.

¿Crisis político electoral en Costa Rica? La ruptura del bipartidismo y el auge de la derecha

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Costa Rica goza de un reconocimiento internacional, entre otras cosas, por su democracia estable, por sus recursos naturales protegidos y su rica diversidad natural, por la abolición del ejército desde hace 76 años; por el ejercicio democrático electoral y cambios de gobierno estables, cada cuatro años, desde 1848, con algunos períodos muy cortos de golpes de estado, dos en el siglo XX, de dos años cada uno; por un régimen de partidos políticos que funciona desde 1889, por un régimen constitucional estable desde 1871, por el ejercicio de libertades y derechos y una amplitud de los Derechos Humanos.

En este escenario, las corrientes políticas, especialmente desde 1931 hasta hoy, han girado con la presencia liberales clásicos decimonónicos, de la izquierda comunista, la socialdemócrata, la social cristiana, como grandes ejes de pensamiento político. En la segunda mitad del siglo XX surgieron variantes de estas corrientes políticas o ideológicas, algunas de ellas con pequeñas estructuras político-partidarias y hasta electorales. Corrientes liberales y neoliberales se han desarrollado como corrientes político-electorales desde finales del siglo XX. Hoy tienen más presencia pública y de gobierno. Tendencialmente se ven como amenazas gubernativas, ahora y para el próximo gobierno 2026-2030.

Tradicionalmente los gobiernos de Costa Rica desde 1953 hasta el 2014 han gravitado con partidos socialdemócratas y socialcristianos gobernantes, alternado entre ellos, los socialdemócratas 9 veces en gobierno, los socialcristianos seis veces. Esto produjo la idea de un bipartidismo gobernante muy sólido, al que se le debe lo bueno y lo malo del país en todo sentido.

Dos de los últimos gobiernos fueron de un nuevo proyecto político electoral, sin una clara definición político-ideológica, que quedó fuera del proceso político, y electoral en la práctica, en las elecciones nacionales del 2022, donde no eligió el partido gobernante, de estos años, ni un solo diputado, y en las elecciones municipales recién realizadas donde también se desdibujó electoralmente.

Parlamentariamente, el bipartidismo histórico dominó el Poder Legislativo, generalmente con mayoría socialdemócrata o compartiendo con los socialcristianos la amplia mayoría legislativa desde 1953 hasta 1998.

Desde 1998 este bipartidismo parlamentario se rompió. Perdieron las mayorías legislativas con la que se imponían nacionalmente. Aparecieron otras fuerzas pequeñas parlamentarias con las que tuvieron que negociar para la mejor toma de decisiones parlamentarias y políticas. En este escenario, desde 1998, surgieron fuerzas políticas electorales y parlamentarias de carácter cristiano no católicas, liberales dentro del neoliberalismo. Hubo una atomización de partidos disputando la presidencia de la República en el 2022 cuando participaron 25 partidos políticos en esa batalla electoral. De estos 25 partidos nacionales solo llegaron ocho a las elecciones municipales del pasado 4 de febrero. El nuevo Congreso Nacional, de 57 diputados, quedó dominado por seis partidos, cinco de ellos ubicados en el centro derecha.

En los últimos ocho años han venido surgiendo corrientes de carácter neoliberal populistas. En el 2022, en las elecciones se impuso como gobernante, con menos de un año de ejercicio político, y de reconocimiento personal político, el actual presidente de la República, que tenía casi 35 años de trabajar en el extranjero, en el Banco Mundial. Totalmente desarraigado, sin raíces políticas importantes, a modo de un típico outsider se impuso, cuestionando todo el pasado político, acusando graves casos de corrupción reales, como un lastre de toda la clase política tradicional, de todos los partidos políticos existentes y de todos los poderes públicos. Señalaba que la situación que se calificaba de ingobernabilidad en que había entrado el país se debía a que no había habido gobernantes que gobernaran, que mandaran, presentándose como el escogido para esa tarea.

Los partidos tradicionales gobernantes desde 1978 habían iniciado el proceso de acabar y debilitar el Estado Social de Derecho que se había venido construyendo desde 1943, y de reducir al máximo posible el Estado asistencialista y benefactor que se había impuesto desde las reformas políticas y sociales de 1943, y como resultado de la Guerra Civil, de 1948, en el marco de la guerra fría que se dio desde 1945 hasta 1991, como barrera de contención a las posibilidades de ascensos de la izquierda y de los comunistas, sobre todo después del triunfo de la Revolución Cubana, en 1959, del triunfo del Salvador Allende, en Chile, en 1970, y de los sandinistas en 1979, como del desarrollo de las insurgencias guerrilleras en Suramérica y Centroamérica en este período, 1980-1989, que se frenaron con los Acuerdos de Esquipulas, iniciando procesos de reconstrucción democrática en la región; democracia que no ha sido fácil establecerla y consolidarla, como se puede apreciar por lo que sucede en Nicaragua, desde el 2006 hasta hoy; en Honduras desde el golpe de Estado al Presidente Zelaya en el 2009; con el gobierno de Bukele en El Salvador, recientemente, cuestionado en muchos aspectos, a pesar de su exitoso enfrentamiento y control de los grupos narco criminales, y con los sucesos electorales hace pocos días, de Guatemala, donde se trata de que el Presidente Bernardo Arévalo no pueda gobernar ni ejercer democráticamente su mandato presidencial.

En este contexto los grupos neoliberales tienen cada vez más presencia en el área y en Costa Rica. El actual gobierno, del presidente Rodrigo Chaves, es su mejor exponente. Sus desplantes autoritarios, despóticos y confrontativos con toda la institucionalidad, pública, que le paraliza acciones por violar la Constitución, las Leyes y por no apegarse con rigurosidad a los trámites administrativos para sus proyectos, y por su constante confrontación con los sectores sociales y políticos del país, lo ha llevado a plantear recientemente la necesidad de acabar con todas las estructuras intermedias de la institucionalidad, para poder ejercer un gobierno más directo, mas autoritario y con capacidad de tomar de decisiones únicas y verticales desde el Poder Ejecutivo. Sin partido político propio, impulsando dos, que no participaron en las elecciones municipales, por impedimentos legales, se le ve como un peligroso continuista político gubernativo. Por la Constitución Política no puede reelegirse, pero nada le impide impulsar su candidato tarea en la que se encuentra.

En las recientes elecciones municipales, el Presidente, y sus amigos, no pudieron participar por no haber acatado las disposiciones legales y electorales de su inscripción. Pero, otros partidos, del centro derecha tuvieron cierto auge, lo que perturba a los dirigentes del partido Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana. En ambas tiendas políticas desde distintos parámetros se ha planteado, después de las elecciones municipales, la posibilidad de impulsar coaliciones políticas contra ese modelo neoliberal del actual presidente Chaves. Lo mejor es que estos dos partidos son los que han impulsado ese modelo neoliberal desde 1978, lo han agudizado, han contribuido a debilitar el Estado Social de Derecho y el asistencialismo social, y se sienten desplazados de esas políticas. La social democracia nacional impulsó reformas importantes a las que ha renunciado. El social cristianismo nacional se dice heredero de las reformas sociales de 1943 que resultaron de una alianza del Partido Comunista, del partido Republicano, que era el del Gobierno y de la Iglesia Católica.

Ambos partidos abandonaron hace bastantes años estos impulsos e identificaciones sociales. Se plegaron a los mandatos internacionales de las políticas neoliberales. Las nuevas corrientes neoliberales han superado a esos partidos, que han sido arrastrados a posiciones cada vez más a la derecha política, lo que les es muy difícil disputar con sus banderas. La izquierda nacional ni siquiera ha podido presentarse, con fuerza, como la defensora de esas reformas sociales, del Estado Social de Derecho, ni como un verdadero movimiento político reformista, que defienda las reformas sociales que han sido debilitadas, de rescate de los derechos sociales de los trabajadores que ya han sido eliminados y de nuevas reformas sociales.

El escenario de las coaliciones no está lejano, aunque en el país no haya una gran experiencia en este tipo de participaciones. Las posibles coaliciones contra el actual gobierno y su posibilidad continuista de reelección gubernativa, se presentan ambas como coaliciones de centro de derecha, disputando contra un gobierno de derecha, que a los efectos produce más confianza, esperanza y sentimientos de renovación contra la derecha histórica que ha desarrollado una masa de pobreza enorme, de excluidos de los beneficios sociales, de marginados sociales, de jóvenes que ni estudian ni trabajan, de debilitamiento de salarios y pensiones, de cercenamiento de subsidios sociales.

Cuando el presidente actual habla a estos grupos sociales les manifiesta su identificación con ellos. Les hace ver que no les puede resolver sus problemas porque no le dejan gobernar; que él necesita fuerza institucional y política para poder resolver sus problemas. Procura crear un estado de violencia política interna, aprovechando la presencia en el país de más de 20 grupos de organizaciones criminales, que se disputan el territorio nacional, por el control de la comercialización de drogas, considerando que Costa Rica se ha convertido en la bodega de almacenaje de drogas, más importante de la región, junto con la de Ecuador en Sur América, para con ese estado de violencia, acudir, si pudiera a la declaración de un Estado de Excepción, que le permitiera gobernar sin ataduras y ojalá con mano fuerte. Ese es su diseño político. Esas son las propuestas electorales, las dos coaliciones desde el centro derecha que proponen elementos de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana.

La izquierda no tiene a la vista posibilidades de presentar un proyecto también de coalición política electoral. La historia de esta izquierda no produce la confianza para un gran frente político de esa naturaleza, al menos por ahora.

El escenario inmediato pareciera avanzar hacia el fortalecimiento de la de derecha en general en el país.

Compartido con SURCOS por el autor.

Costa Rica manchada y en estado de emergencia no oficial

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Francisco Campos

En la atmósfera de este país, es natural la formación de cumulonimbus semejantes a grandes manchas oscuras, las cuales, si bien obstaculizan la imaginación hasta la celestial mansión de los bienaventurados; no sucedería igual si su cepa política, tuviera voluntad para visualizar en el horizonte los caminos de atención real y efectiva de problemas nacionales como la violencia e inseguridad. Una prioridad ante la crisis o, mejor dicho, la emergencia nacional del Estado Social de Derecho y Servicio Público en que, está postrada Costa Rica. Situación sin precedentes en los últimos 75 años, pues opera hasta un nuevo tipo de guerra civil -entre pandillas según las autoridades- que, también mantiene en constante vigilia a la mayoría de la población; víctima del flagelo. Consecuentemente, el miedo nos mantiene presos entre muros y rejas de los propios hogares y comunidades, donde hace mucho la garantía real del derecho a la seguridad pública está en abandono. Y como en Gaza, hasta en hospitales públicos irrumpen asesinos.

Acerca de esa situación angustiosa, sin duda convertida en un estado de terror, vale decir que, en algunos momentos, el Estado directamente lo ha utilizado contra la población que, movilizada se ha opuesto a sus políticas; por ejemplo, con el fantasma del desempleo durante la campaña del referéndum del 2007 sobre el Tratado de libre comercio con USA1; vil extorsión desde el gobierno. Pero ahora, parece que también lo utiliza, o si no fuera así, es claro que se beneficia del mismo con la resultante desmovilización y frustración de la ciudadanía; aún frente a las más detestables políticas públicas que no cesan de eliminar o degradar derechos, así como garantías sociales y ambientales. Es conocido que, la violencia representa un negocio para quienes acorde con sus intereses administran el Estado. La industria bélica es boyante a nivel mundial, armas van, vienen y se usan por doquier; son parte de la economía de mercado. ¿Qué dispone nuestra legislación?

Y en esta debacle, el espectro de la corrupción se extendió con virulencia por todos los estamentos públicos y privados, como una metástasis en la Costa Rica “democrática” donde en estos tiempos, las principales noticias son las estadísticas de homicidios en ascenso. Al respecto, los pronósticos de los expertos para el fin de año 2023 se rompieron (907 homicidios), y los repetidos encuentros de jefes de los supremos poderes del Estado para abordar la crisis a su nivel, han generado más desesperanzas que soluciones efectivas. Obsérvese que, producto de estas gestas, lo más relevante hasta ahora, es una “mesa de trabajo” y a partir de ella, un decálogo de leyes con preponderancia punitiva. Por lo tanto, si dicha mesa, muestra ausencias sensibles como por ejemplo expertos en salud pública, de su seno no puede esperarse más que paliativos a la enfermedad.

En diciembre del 2022, hubo especulaciones acerca de que, la llamada “visita sorpresa” y escolta de seguridad ofrecida al presidente salvadoreño, no fue sólo para aquello de “Jale a Soda Tapia”. Pues se trataba de un casi “milagroso” visitante quien, al asumir gobierno en un país de los más violentos del mundo, en muy corto tiempo, con su “Plan Control Territorial” y guerra contra las pandillas, ya era un abanderado mundial de la seguridad ciudadana. Por lo tanto, para el improvisado gobierno costarricense, cualquier plan ensayado aún en contextos externos, tratándose de problemáticas comunes, despertaba interés y posible disposición de replicarlo2. Obviamente que, bajo tales apuros, quizás todavía faltaba y falta hoy espacio para un análisis consistente de la política desarrollada por parte del gobierno de N.A. Bukele, de la cual, el resultado que más reportan, es una significativa reducción a 2,4 hpcmh en la tasa de homicidios al cerrar el año 2023.

Pero sin bien ese dato, tiene una considerable importancia y la ciudadanía en general se lo reconoce, la situación real junto a otros indicadores, no puede ocultar por ejemplo que, la taza de privados de libertad ha crecido hasta situarse también entre las más altas del mundo. Es decir, ese plan desarrollado durante la actual administración del político-empresario Bukele, no ha solucionado el problema; sin embargo, la misma estadística ha sido su principal carta de presentación para continuar en el poder y según dicen, violentando la propia Constitución Política. La construcción de enormes cárceles como el “Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)” y lo que esto representa, nos permite inferir más. Por ejemplo y parafraseando al gran escritor Eduardo Galeano acerca de la “escuela del crimen”3, ésta no sólo sigue abierta con todas sus profesoras, sino, reforzada con ese tipo de centros de reclusión. Según expertos, pasos hacia un inminente trabajo forzoso.

Además, si a nivel regional, hasta hace poco tiempo la criminalidad causaba estragos en el llamado Triángulo Norte de Centro América, es evidente que, en nuestro país, no hubo capacidad de prevención; mientras tanto, el chovinismo de pacíficos y más felices del mundo, nos desnudó en caída libre al naufragio de donde ellos actualmente tienden a salir. También, en vísperas de entrar a la segunda mitad de la actual administración, la más cruda realidad quizás no imaginada, nos acaba de demostrar que el barco efectivamente se hundió durante un período en el cual la inseguridad no se detuvo ni milésimas. Por el contrario, el dato frío y que se divulga mundialmente4, indica que, el estado de violencia e inseguridad que está desgarrando a nuestro país, registra una tasa de 17,4 hpcmh (2023), la segunda más alta de las cinco naciones centroamericanas. El llamado Triángulo cambió, pero nos absorbió. En este orden, es innegable que salir de tan compleja situación requiere de muchos recursos, y entre ellos sensibilidad humana ante las calamidades que vive la población, así como conocimiento y sabiduría para transformar la realidad en bien la nación. De igual forma el tiempo, ya que como se observa, caer en el abismo es rápido, pero salir del mimo es incierto. Obviamente que, este gobierno carece casi de todo y el tiempo es su principal enemigo.

Así que, desamparados, con autoridades incompetentes y en medio de una guerra, qué le espera a esta Nación por parte de ellas, si está a la vista que, les preocupa más aumentar el endeudamiento impagable del Estado en beneficio de concesionarios “manchados” que, al menos dotar económicamente de lo necesario al sistema de la Seguridad Pública ante la situación por la cual atraviesa. Así mismo, si en el accionar gubernamental, se muestra prioritario defender a un funcionario ejecutivo ya manchado también, que adecentar la Junta Directiva de una institución como la CCSS; a la cual, en lugar de pagarle las deudas, de diversas formas se le saquea a fin de concretar lo que se han propuesto: quebrarla. Deberían tener presente, aunque en sujetos así es imposible, que, el dinero que unos pocos se llevan, elimina la posibilidad del desarrollo, encarece la vida y hunde en más pobreza a los pueblos.

No habrá duda de que, en lo anterior, se describen mínimos ejemplos de esa otra forma de violencia: la corrupción, tal y como se le califica a esta pandemia que, forma parte de un espectro multicolor; rara vez incorporada en las estadísticas de la violencia e inseguridad. Ese mismo espectro que conduce a la tortura y el maltrato humanos, así planteado desde el propio seno de Naciones Unidas: “La corrupción destruye la ética de las personas. Quien ha sucumbido a sus redes jamás volverá a ser alguien que se respete a sí mismo, tampoco respetará los derechos de los seres vivos, las leyes, la democracia y, en especial, de la sociedad. Los actos de corrupción empobrecen a las personas, destruyen instituciones, pudren a la clase política y generan una forma tóxica de relacionamiento entre lo público y lo privado”5.

Y como para que no faltara, con la devastación ambiental que sufre el país y cuyo principal combustible además del Xileno es la corrupción verde6, la Administración Pública desde los altos mandos, de nuevo quedó exhibida a través de los focos de contaminación del agua de abastecimiento humano con decenas de miles de personas potencialmente expuestas a sustancias peligrosas. Otra emergencia tampoco reconocida en su justa dimensión, la cual, hace años se extendió por los campos de producción a nivel nacional; y donde para muchos casos denunciados, científicamente se han identificado los contaminantes y su procedencia. Pero a pesar de las afectaciones en salud y la quebrantada economía de las comunidades rurales, a través del tiempo no sólo el abastecimiento en calidad y cantidad del agua sigue siendo crítico, sino que, tampoco se ha demandado y castigado a los culpables de nivel privado y público. Es decir, también esta corrupción de color que ha hecho y sigue haciendo estragos en la gente, está impune. Y tratándose de actividades tanto comerciales como productivas, donde la contaminación ambiental del agua se debela también a nivel citadino, vale preguntarnos e interpelar al gobierno acerca de: qué ha sucedido con el deber en la función pública sobre la prevención del impacto y consecuentes daños ambientales en evidencia.

Los habitantes, deben tener presente que, los agroquímicos y derivados de petróleo como los combustibles, son sustancias muy peligrosas en cualquier lugar del mundo, y ninguna actividad, espacio o centro donde se almacenen o utilicen, puede estar exenta de estrictas regulaciones ambientales a través de la Evaluación de sus potenciales impactos, a fin de prevenir y mitigar sus efectos. Materia que, en este país hasta hace meses y por motivos diferentes, se cumplía muy débilmente (por ej.: en el uso de agroquímicos). Sin embargo, hoy día por medio de las más recientes reformas legales, derogación del Reglamento existente y promulgación de uno nuevo (D.E. No. 43898-2023-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), el asunto es más delicado, pues se eliminaron regulaciones de diversas obras y actividades, y las que quedaron fueron desmejoradas. Así se procedió bajo el criterio de altos mandos políticos y empresariales de que, había exceso de “cuellos de botella”. El titular del MEIC, de nula experticia en asuntos ecológicos o ambientales, irrumpió como el principal verdugo de las regulaciones existentes así calificándolas, secundado por el homólogo del MINAE, jerarcas de la SETENA y CEFIA.

Por lo tanto, ante la emergencia en curso debido a la contaminación ambiental del agua en diferentes comunidades del país, y que el trabajo de la ciencia abrió espacio para también investigar sobre actores responsables; respecto al petróleo y el trasiego de combustibles por vías terrestres, debemos señalar que esta actividad no recibe ningún tipo de Evaluación Ambiental por parte de la SETENA. Igual sucede con los centros o actividades de mantenimiento automotriz que se han instalado por todos lados (Ej.: lubricentros y lavanderías de carros); los cuales, entre otros impactos, vierten altos volúmenes de aguas residuales cargadas de aceites y desengrasantes. A éstos, durante varios años, dicha institución paulatinamente los fue relegando de los procesos de la Evaluación Ambiental que a ella corresponde. En el mismo estado se encuentran: la remodelación y cambio de tanques de combustibles, instalaciones y tanques de autoabastecimiento de combustibles, bodegas de almacenamiento y expendio de diferentes sustancias incluyendo el Xileno, escombreras, cierre técnico de vertederos, etc.

En conclusión y no obstante el rechazo oficial y empresarial a nuestro Acuerdo de Escazú, motivados por el derecho superior a la denuncia ambiental, públicamente así planteamos: ante la Comisión Legislativa de Ambiente y ante la Fiscalía Ambiental. Que todos los mandos de la SETENA incluyendo la comisión plenaria y exjerarcas, así como los ministros de Ambiente y Energía y el MEIC, sean llamados a comparecer, por su presunta corresponsabilidad en la contaminación ambiental del agua de consumo humano con hidrocarburos y agroquímicos a nivel nacional; pues es parte de la emergencia que vivimos. Sin embargo, hasta hoy, la diligente destitución ejecutada contra un efímero jerarca aparentemente corresponsable, es la única acción de gobierno conocida contra la Administración deficiente; pero hay más y con antecedentes peores. Así mismo, tenemos presente que, la impunidad nutre la violencia e inseguridad ciudadana y, acciones emprendidas por entidades como la Defensoría de los Habitantes son absolutamente acertadas.

Referencias

1. https://revistas.ucr.ac.cr: HC Vargas: Los cuatro vértices del terror…

2. https://www.france24.com/es/video/20240123-costa-rica-presidente-busca-hacer-frente-a-la-violencia-con-políticas-similares-a-las-de-bukele

3. https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r16967.pdf

4. https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_tasa_de_homicidio_intencional

5. https://dialogodiverso.org/2020/05/24/corrupcion-una-forma-de-violencia/

6.https://www.prevenciondelavado.com/portal/nota_gratuita.aspx?codigo=132710&cd_producto=LYNTO&nm_origen=Home

Desayunos de Radio Universidad: Luchas sociales e instituciones de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

En la frecuencia de radio, 96.7 FM (Radio Universidad), se llevó a cabo el programa Desayunos, donde Vilma Leandro y Eva Carazo conversaron sobre luchas sociales e instituciones de Costa Rica.

El programa dio inicio a la conversación adentrándose en el tema, el estado social de derecho, los impactos, pilares y efectos que ha tenido en el desarrollo del país y en la vida de las personas. El programa se desarrolló en función de esto anteriormente mencionado, a partir de aquellas reglas de derecho que el país se ha encargado de cambiar desde hace varias décadas atrás. 

El programa cuenta con la invitación de Vladimir de la Cruz, el cual se convierte en una parte fundamental durante el desarrollo que la conversación va tomando, ya que esclarece, junto a Vilma Leandro y Eva Carazo, una perspectiva muy importante de tomar en cuenta acerca de la situación actual del país en relación a las luchas sociales que se han venido realizando. 

Para observar el programa completo, ingresar al siguiente enlace: https://fb.watch/pWNrgo2EHp/ 

Nueva confederación sindical UAS apuesta por fortalecer y crear organizaciones en el sector privado y defender el Estado Social de Derecho

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Este sábado 11 se creó la Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical (UAS) con el apoyo de 20 sindicatos. La asamblea constitutiva se realizó en el local de SINAE Afines.

En la Carta de Principios se destaca la frase En Defensa del Estado Social de Derecho.

La nueva organización apuesta por fortalecer y crear organizaciones en el sector privado, así como la defender el Estado Social de Derecho, en especial la CCSS y con ella la institucionalidad pública.

En los documentos recibidos por SURCOS se indica que la UAS representa la alianza del sindicalismo que incluye al sector público y al privado, por ello, el presidente nombrado es del sector público y el vicepresidente del sector privado.

“Es una apuesta para ir a organizar a los trabajadores del sector privado, como una forma de solidaridad, eso queda reflejado en la Carta de Principios de la UAS que fue aprobada”, se indica.

En una publicación en la página de SINAE Afines en Facebook se indica:

“Nos complace ser parte de esta gran agrupación que velará por el respeto de los derechos laborales de todas y todos los trabajadores del sector público y privado, además de la defensa del Estado Social de Derecho”.

Junta Directiva de la Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical (UAS)

Presidencia

Lenin Hernández Navas

SINAE AFINES

Vicepresidencia

Maikol Hernández Arias

FENTRAGH

Secretaria de Actas y Comunicación

Lucía Granados Picado

FETRAFI – SINEBACCR

Secretaria de Asuntos Económicos, Administrativos y Financieros

Jonathan Blanco Lizano

FETRAFI – UNEBANCO

Secretaria de Asuntos Jurídicos, Derechos Humanos y Sindicales

Xiomara Sánchez Rojas

SITECO

Secretaria de Organización y Comunicación

Dania Obando Castillo

FENTRAGH

Vocal

Omar Rodríguez Acevedo

FETRAFI – UNEBANCO

Fiscal

Yeneris Castillo Guadamuz

SITRAMUPL

  • SINAE AFINES: Sindicato Nacional de Enfermería y Afines
  • FENTRAGH: Federación Nacional de trabajadores de la agroindustria, Hotelería y Afines
  • FETRAFI: Federación de trabajadores financieros
  • UNEBANCO: Unión de empleados del Banco de Costa Rica
  • SINEBACCR: Sindicato nacional de empleados del Banco Central de Costa Rica
  • SITECO: Sindicato independiente de trabajadores estatales costarricenses
  • SITRAMUPL: Sindicato de trabajadores municipales de la Provincia de Limón

SURCOS comparte la Carta de principios de la Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical UAS

Esta carta de principios constituye el marco ético y el horizonte estratégico que iluminan y orientan el camino que deberá transitar la Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical (UAS), en su accionar solidario nacional e internacional para la promoción y defensa del trabajo decente y el Estado social de derecho.

1) La representatividad: Nacemos como una organización en la cual están representados sectores estratégicos del mundo del trabajo, tanto del sector público como del sector privado costarricense. Nuestro mayor desafío es seguir creciendo, especialmente en el sector privado. Nuestra estrategia prioriza el crecimiento no por empresa, sino por sector o rama de actividad. De no resolverlo en el primer nivel de organización, promoveremos la creación de federaciones sectoriales o ramales. Somos conscientes, que en Costa Rica históricamente constituir sindicatos en el sector privado ha sido una tarea, sumamente difícil. Sin embargo, la UAS asume ese reto y lo convierte en principio constitutivo para que nunca se nos olvide que la organización de las personas trabajadoras en el sector privado es una prioridad estratégica en la organización. Nunca descansaremos en esa titánica labor. El fin de la representatividad es tener capacidad de movilización y presión en la defensa de los intereses de la clase trabajadora.

2) El diálogo social: Nacemos como una organización con vocación al diálogo social. Elaboramos propuestas y desarrollamos diversos mecanismos de presión con el fin de alcanzar un acuerdo, un pacto o una negociación, a través de las instancias de diálogo social, de negoción colectiva y de negociación sociopolítica.

3) Sindicatos inclusivos: Nos comprometemos a organizar a todas las personas trabajadoras. Nadie debe ser excluido. Todas las personas, sin distinción de raza, credo, sexo, capacidades diferenciadas y rama de actividad, están llamados a organizarse y participar en el sindicato.

4) La transparencia: Nos comprometemos a denunciar y atacar la corrupción en todas sus manifestaciones. El principio de la transparencia no solamente se debe aplicar a la administración pública, sino que también debe ser practicado por las organizaciones sindicales y sociales. Por ello en la UAS se promoverá una cultura de transparencia y anticorrupción. Se deberá informar y comunicar de manera completa, oportuna y permanente, de forma clara y confiable a sus afiliados sobre la situación financiera y contable de sus recursos económicos y activos, sobre la conducta de sus dirigentes, sobre las acciones de la UAS, planes, proyectos y los criterios que la sustentan.

5) Autonomía e independencia: El sindicalismo debe practicar la autonomía e independencia de cualquier partido político, gobierno, sector empresarial, sector religioso e ideologías particulares. Se respeta la afiliación partidaria de las personas que integran sus organizaciones miembros. También es cierto que la UAS, desde su autonomía, en su estrategia de incidencia y a través de su práctica sociopolítica, participa y promueve alianzas con sectores sociales y productivos, de carácter coyuntural, territorial, nacional e internacional, para defender los derechos laborales y el Estado social de derecho.

6) Trascender la conciencia gremial y transitar hacia una conciencia de clase: Todas las personas trabajadoras pertenecemos a la misma clase. Sin embargo, no todas las organizaciones practican en sus acciones la solidaridad de clase trabajadora. Es cierto que en un primer estadio nos afiliamos a un sindicato de empresa, rama o sector. Por tanto, nuestro primer nivel de conciencia es gremial y/o sectorial, es decir, defendemos, participamos y nos identificamos con las luchas de nuestro sindicato en la misma empresa, sector o rama de actividad. En ese sentido, el desafío de la organización es lograr a través de los principios, la formación y la lucha sindical, que la persona trabajadora, trascienda de la conciencia gremial a la conciencia de clase.

7) Avanzar de una democracia formal hacia una democracia participativa: La democracia formal es importante, pero ha demostrado ser insuficiente para asegurar la justicia social y la igualdad de oportunidades en las sociedades.

Por tanto, la UAS luchará por una democracia participativa, a través de incidir en la creación y participación de las personas que fungen como delegadas sindicales y de otras organizaciones sociales, en aquellas instancias e instituciones públicas donde se definen, toman decisiones y se ejecutan programas en material de política social, redistribución de la riqueza y generación de igualdad de oportunidades.

8) La formación sindical: La formación sindical debe responder a un plan estratégico de la organización y se debe desarrollar de manera procesual y con una metodología popular que promueva la interacción y el empoderamiento de las personas trabajadoras. La formación es un espacio y una herramienta para crear nuevos liderazgos y formadores sindicales en todas las estructuras y niveles de la organización. El fin principal de la formación es fortalecer la organización sindical. La formación sindical es indelegable, es decir es una tarea de las propias organizaciones sindicales, donde ellas reflexionan sobre su identidad y sus derechos como clase trabajadora y ciudadanía y en ese proceso construyen su proyecto sociopolítico.

9) Sostenibilidad financiera: La UAS, para su sostenibilidad que le permita cubrir sus gastos administrativos, operativos, organizativos y formativos, creará su estrategia financiera a partir del aporte de la cuota sindical de sus organizaciones afiliadas, colaboración externa de las organizaciones sindicales internacionales, de organismos vinculados al mundo del trabajo y también a través de proyectos de servicios o productivos que se desarrollan de manera conjunta con los gobiernos centrales o poderes locales.

10) Autonomía de los pueblos indígenas: La UAS, defiende la autonomía de los pueblos indígenas, ya que esta constituye la base principal sobre la que se fundamentan sus derechos, costumbres, cultura y su convivencia democrática costarricense. El Estado debe respetar sus estructuras y costumbres en el marco de la transparencia, democracia y respeto de los derechos humanos. Debe garantizar e impulsar la participación indígena, directa y activa, en la elaboración de políticas públicas y en la implementación de los diferentes instrumentos (leyes, tratados, convenios, declaraciones, convenciones, etc…) nacionales e internacionales vigentes, ya que solo así podrán ser elaboradas e implementadas teniendo en cuenta las bases de su cosmovisión y cultura ancestral.

En ese sentido, los espacios indígenas de representación y diálogo, tanto nacionales como internacionales, deben de ser ocupados por representantes auténticos de los pueblos indígenas y sus organizaciones sindicales; por lo cual, la UAS luchará para que esto se aplique.

Reconocemos la importancia de la lucha indígena y la abrazamos, principalmente sobre temas de alta relevancia como la tenencia de tierras, la usurpación de sus territorios, la eliminación de la violencia, el combate a la impunidad, acceso al trabajo decente, así como la promoción y vigencia de su cultura.

En la UAS continuaremos sumando esfuerzos y exigiendo el cumplimento de la Ley Indígena N°6172, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Pueblos Indígenas (ONU), la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como todos instrumentos que resguarden los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica.

11) Alianzas sociales y patrióticas: Conscientes de la necesidad de defender el Estado social de derecho y de los cambios estructurales que se requieren para acabar con la desigualdad social, la UAS se compromete a promover la unidad con otras organizaciones sindicales, a realizar alianzas con otros sectores sociales, socio – productivos e inclusive a forjar alianzas patrióticas (coyunturales) con sectores empresariales.

12) Sindicalismo moderno y el uso eficiente de las TIC: La UAS se propone ser una organización que utiliza las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) como una herramienta en todas sus prácticas y acciones, en todos sus departamentos y áreas de trabajo: lo administrativo, comunicación, legal y en los espacios y programas de formación sindical.

13) Luchar y promoción del trabajo decente: La UAS es consciente que el fin principal de la organización sindical es luchar por mejorar las condiciones laborales y de vida de las personas trabajadoras. Por lo que, aceptamos luchar de manera sostenida y permanente por el trabajo decente, para que siempre se realice respetando los principios fundamentales de la OIT: el respeto a la libertad sindical, la negociación colectiva, acceso al diálogo social, seguridad en el trabajo, protección social, oportunidad de acceder a un empleo productivo, un salario digno, igualdad de oportunidades y un trato igualitario para todas las personas.

La UAS, promulga por la implementación de mecanismos dirigidos a la promoción del trabajo decente en todos los sectores laborales, favoreciendo y proponiendo políticas públicas que permitan el desarrollo de la libertad sindical, la negociación colectiva y la protección social, con principal énfasis en las cadenas de valor de las compañías multinacionales que operan en el país, considerando dentro de todos los espacios, las condiciones de las mujeres, jóvenes, migrantes, indígenas y población LGBTIQ+.

Uno de los principales objetivos de la UAS, será la atención y propuesta para el mejoramiento de los salarios, que durante el tiempo se han venido desmejorando y precarizando.

14) Reducir la informalidad y precariedad en el empleo: Desde la UAS, impulsamos acciones y propuestas dirigidas a la atención de las necesidades adscritas a los trabajadores informales, así como los tercerizados, que enfrentan condiciones de trabajo que les vulnera sus derechos, exponiéndoles a permanentes riesgos en materia de salud, salario, seguridad social y exclusión social.

Todas las personas trabajadoras requieren una atención integral por parte del Estado y sus instituciones, por lo que promovemos en las diferentes instancias que se aplique la normativa e implementen las políticas existentes.

La organización de los sectores laborales informales, deben de contar con organizaciones sindicales que les represente y a la vez promueva acciones para la reivindicación de sus derechos en lo económico, laboral y social, situación que la UAS atenderá con propiedad.

San José – Costa Rica, 11 de noviembre del 2023.

Marcha en defensa del Estado Social de Derecho y por la Educación Pública: una demanda nacional legítima

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  • CONARE rechaza las manifestaciones públicas del presidente de la República contra el Tecnológico de Costa Rica y su rectora

25 de octubre del 2023.  Debido al descontento ciudadano frente a las políticas públicas del actual Gobierno en un contexto de constante amenaza y socavamiento a la institucionalidad costarricense, la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo de la cual forma parte el Consejo Nacional de Rectores y las universidades públicas convocó este 25 de octubre a una marcha nacional pacífica.

Esta manifestación propia de todo sistema democrático representa el ejercicio de las libertades individuales, contempladas en nuestra Constitución Política, tales como el libre tránsito y la libertad de expresión.

CONARE y las universidades públicas en conjunto con los otros sectores que participamos de la marcha respaldamos las siguientes demandas nacionales que hacemos al Gobierno de la República: soberanía y seguridad agroalimentaria, salud y educación pública universales y de calidad, la protección del ambiente y nuestra seguridad energética, respeto a la democracia y autonomías institucionales, cumplimiento de los derechos humanos, justicia económica y tributaria, creación de oportunidades y empleo, financiación y promoción del arte y cultura, facilidades para obtención de vivienda digna, atención urgente e integral de la inseguridad ciudadana.

Además, reiteramos un llamado urgente al fortalecimiento de la educación pública, el cual debe ir más allá de posturas ideológicas.

Estos pilares son el fundamento de nuestro Estado Social de Derecho, hacemos un llamado vehemente a todos los sectores políticos del país y, en especial, al Gobierno de la República, a reconocer la importancia del diálogo social efectivo en la solución de los diversos problemas que aquejan al país y afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos.

En este contexto, el CONARE rechaza las declaraciones públicas del presidente de la República contra la acción de protesta y en particular contra una de nuestras universidades el Tecnológico de Costa Rica y su rectora, que tienen como objetivo el desprestigiar y minimizar la participación multitudinaria en la manifestación.

Desprestigiar los movimientos sociales, acallar las voces y desoír las demandas de conglomerados que somos parte del pueblo soberano es negar la posibilidad al desarrollo de estrategias de acción colectiva para lograr fortalecer el bienestar social.

De tal forma, expresamos el respaldo al Tecnológico al promover activamente la participación en la marcha del 25 de octubre, con un cambio de actividades amparados a las funciones y responsabilidades que brinda nuestra Constitución Política y el Estatuto orgánico, que enmarca el quehacer de la universidad.

Nuestro asocio con otros sectores, el apoyo que demos a marchas pacíficas, nuestros pronunciamientos sobre distintos temas no se negocian, las universidades fueron creadas para contribuir al bienestar social, material y espiritual de la Nación tal como lo establece la Constitución Política y la jurisprudencia que nos ampara.

Nos unimos a las manifestaciones de preocupación sobre el ejercicio de las libertades y la democracia, expresadas por instituciones y grupos iberoamericanos y rechazamos enérgicamente toda manifestación que atente contra la consolidación de la democracia.

Instamos al presidente de la República al respeto de la autonomía y al diálogo abierto como para la elaboración de propuestas, soluciones y acuerdos que tanto requiere el país.

UCR: Movimientos sociales piden políticas públicas de calidad

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Marcha del 25 de octubre, 2023

Gran Marcha Nacional

La marcha denunció el debilitamiento intencional de las instituciones públicas. Sin Estado no hay bienestar  

Manifestantes de más de 40 organizaciones sociales, instituciones públicas y colectivos le pidieron este 25 de octubre políticas públicas de calidad a la Administración Chaves Robles.

La llamada «Gran Marcha Nacional» convocó a una enorme diversidad de sectores y consignas que se enmarcaron bajo la defensa por la Costa Rica del bienestar y el artículo 50 de la Constitución Política que señala: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país organizando y estimulando la producción, y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.

Más de 40 organizaciones sociales marcharon de la Plaza de la Democracia a la Casa Presidencial con el fin de evidenciar el debilitamiento del Estado y exigir al actual Gobierno que atienda las necesidades de todos los sectores que demandan políticas públicas de calidad. El ambiente, el agro, la salud pública y la educación, a juicio de los marchistas, todo se ha debilitado.

Las cinco universidades públicas, agrupadas en el Consejo Nacional de Rectores (Conare) participaron de la actividad. Una columna de la Universidad de Costa Rica salió desde el pretil de la Sede Rodrigo Facio y se unió en la fuente de la Hispanidad con el resto de las instituciones universitarias, el grupo completo alcanzó a unificarse en la ruta hacia Casa Presidencial.

“¡La juventud universitaria dice presente!, ¡La marcha se nutre de las voces y del apoyo de jóvenes en defensa de una Costa Rica inclusiva y respetuosa del Estado de derecho! y «#EsPorCostaRica”, señalaron las consignas del movimiento estudiantil universitario.

Marcha del 25 de octubre, 2023.

La mañana de este de octubre calentó con el testimonio de participantes a la marcha provenientes de los Cen-Cinai, que manifestaron frente a las cámaras del canal Quince-UCR que el personal de las instituciones públicas tiene miedo y es amedrentado.

Los manifestantes de muy diversos sectores sociales denunciaron el debilitamiento intencionado de la institucionalidad, particularmente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). “No, la Caja no está quebrada”, gritaron los representantes sindicales en respuesta a las afirmaciones de las autoridades del Gobierno de Rodrigo Chaves.

«Las medidas de este Gobierno están acabando con el sector agropecuario», expresó uno de los dirigentes de UPA Nacional, la organización que agrupa a cerca de 14 000 afiliados de este sector vital para la seguridad alimentaria nacional.Los productores luchan para mantenerse a flote ante las políticas del actual Gobierno, como es el caso del decreto de la ruta del arroz, que dejó a decenas de productores fuera de esta actividad productiva.

“Que no te convenzan de que ya no hay nada que hacer”, se leía en una manta presente en la protesta. “Es por las artes”, “La cultura importa”, “Por la seguridad y la soberanía alimentaria”, sumaban a las motivaciones de los protestantes.

Testimonio, marcha 25 de octubre, 2023

Unidad Especial Silvestre de Protección y Rescate Animal

El ambiente, es otra de las demandas sentidas. A juicio de la Unidad Especial Silvestre de Protección y Rescate Animal se están girando permisos para las talas de árboles incluso en zonas protegidas.

Empleados públicos de la CSSS, personas del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, sindicalistas del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC), personal de Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), trabajadores de la tierra del Consejo Regional Huetar Norte, la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP), estudiantes del Liceo de Moravia y de la Asociación de Estudiantes de Secundaria, pueblos enteros de la Alianza Campesina del Norte y partidistas del Frente Amplio de Tibás fueron parte la gente que se movilizó con sus reclamos a la Casa Presidencial.

Parte de las demandas tuvieron eco el día de ayer, 24 de octubre, en la Asamblea Legislativa, cuando 44 congresistas (de los 57) aprobaron una moción que exigía al presidente de la República reanudar el diálogo con la agrupación Alianza Campesina del Norte, que fue desalojada de las afueras de la Presidencia la noche del día 23. Desde entonces, cerca de 160 personas de distintos asentamientos en el norte del país se refugian en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica en San Pedro de Montes de Oca.

Testimonio, marcha del 25 de octubre, 2023

UPA Nacional se manifiesta por políticas públicas a favor de la producción nacional

Gran Marcha Nacional, del 25 de octubre, 2023

La marcha se desarrolla en un contexto nacional que visualiza, según la última encuesta nacional del Centro de Estudios Políticos (CIEP), de la UCR, como sus principales preocupaciones la inseguridad y la delincuencia, el desempleo y la corrupción, un escenario desesperanzador pues el 60 % de la población tiene poca o ninguna confianza en que estas problemáticas se van a solucionar.

Las distintas demandas que se realizan para que sean escuchadas por el presidente Rodrigo Chaves Robles, además insisten en la necesidad de diálogo nacional, de escucha y atención a sus demandas.

La gran marcha nacional buscó posicionar un mensaje que alerte a las autoridades y a la ciudadanía costarricense sobre la aspiración común de una Costa Rica de bienestar.

Testimonio marcha 25 de octubre, 2023

Representante de Undeca. La Caja no está quebrada.

Gabriela Mayorga López
Editora digital y periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR