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Etiqueta: Estado Social de Derecho

Un día de indignación entre las personas con discapacidad de Costa Rica y específicamente para las mujeres y niñas con discapacidad

Comunicado ALAMUD

Un día de indignación entre las personas con discapacidad de Costa Rica y específicamente para las mujeres y niñas con discapacidad

El día 14 de marzo era un día importante, la administración Chaves Robles tuvo el encuentro para establecer un diálogo con el Comité de la Organización de Naciones Unidas, para abordar el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el encuentro se desarrolló en Ginebra Suiza, mismo donde las organizaciones de personas con discapacidad de Costa Rica presentaron sus informes y el encuentro fue una completa decepción. Según las palabras del señor F. Morris, integrante experto de dicho Comité “estamos decepcionados en cuanto a las respuestas que nos han dado (en referencia a las respuestas enviadas por el Estado) y ustedes excelencias han secundado esta decepción”.

Las respuestas de los representantes del Estado en la audiencia fueron evasivas, incorrectas y sin contenido, reflejando la indiferencia con la que el Estado asumió esta participación.

En sus palabras de cierre el embajador de Costa Rica, MR Christian Guillermet Fernández, -a quien le correspondió asumir la representación ante la ausencia de una delegación del Gobierno-, mencionó “…. Esta es una experiencia les voy a ser totalmente franco y sincero, que espero que me llegue la pensión antes de que tenga que repetirla, porque ha sido muy difícil para mí sentarme aquí delante de ustedes y oír la molestia por parte de los miembros del Comité por la falta de respuestas de nuestra parte o según el entendido de que ellas, no han sido lo suficientemente claras”.

Desde ALAMUD denunciamos públicamente la falta de seriedad de las autoridades gubernamentales y la ausencia de interés del Gobierno de turno por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, al punto de no enviar a este encuentro a ninguna persona técnica, ni a ninguna autoridad.

La Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad y mujeres de 6 organizaciones más y activistas independientes presentaron un informe alternativo al del Estado e hicieron enormes esfuerzos para redactar el informe recogiendo la realidad de mujeres con discapacidad de las 7 provincias del país. Lo hicieron sin recursos y para poder presentarlo en la sede de Naciones Unidas debieron buscar los apoyos de otras organizaciones para que se financiara la participación, sin contar con recursos públicos.

Es importante, indicar que las mujeres y niñas con discapacidad de Costa Rica enfrentamos una muy difícil situación en nuestras cotidianidades, caracterizadas por una diversidad étnica, geográfica, etaria, cultural, lingüística, y también vivimos con mayor riesgo de violencia y discriminación en razón de factores como la dependencia económica, el nivel educativo y la negación de la capacidad jurídica, entre otros.

Situación de las Mujeres con Discapacidad en Costa Rica

Somos el 61% de la población con discapacidad y el 17,6% del total de mujeres del país estamos en situación de discapacidad. Un 65,3% de las mujeres con discapacidad ha experimentado al menos una forma de violencia, el 31.1% han sufrido maltrato físico y el 20% han sufrido violencia sexual. Somos el 82.8% de las personas que tienen “mayores dificultades” para el desempeño de actividades de la vida diaria. Por otro lado, el 62.3% de las mujeres con discapacidad señalan que sus condiciones de salud son de regulares a malas.

En materia laboral el desempleo afecta a más del 70% de mujeres con discapacidad y si ya el salario de una persona con discapacidad es un 11% más bajo, disminuye a un 23% más bajo cuando se trata de mujeres en situación de discapacidad.

Ante esta realidad el Gobierno, es indiferente, guarda silencio y desatiende sus obligaciones, debilitando el Estado Social de Derecho y la democracia costarricense.

Compartimos el Informe Alternativo sobre el Cumplimiento de las Disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte del Estado Costarricense, en relación con los Derechos de las Mujeres y las Niñas.

Costa Rica: Un Tren Descarrilado

Álvaro Vega

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Hasta los aciagos años de 1980 el país avanzó, más bien que mal, desde una reforma de corte socialista en los años de 1940, con protagonismo del movimiento campesino-obrero que una década anterior (huelga de trabajadores bananeros de 1934) contribuyó a impugnar el régimen oligárquico de economía de enclave, hasta consolidar una institucionalidad social modernizante de inspiración social demócrata y socialcristiana.

El descarrilamiento que se produjo con la instauración de los Programas de Ajuste Estructural de corte neoliberal, en la década de 1980, ha sido de consecuencias desastrosas, comparable con la “tragedia del Virilla” en 1926 que cobró 385 víctimas y 150 heridos. Por más que se quiera vender la idea de que tales programas eran una necesidad, lo cierto es que fueron el inicio del desmantelamiento del Estado Social de Derecho, el rumbo que nos venía conduciendo a mejores puertos, al punto de convertirnos en el país latinoamericano que punteaba en desarrollo humano.

Hoy estamos punteando también, pero en desigualdad y violencia. Ocupamos los vergonzantes primeros lugares en la región y también entre los diez más desiguales y violentos del mundo. Frente a esta realidad, por una parte, se profundiza el derrotero privatizador más que diezmando el financiamiento a la institucionalidad social (Caja del Seguro Social, educación pública, programas de asistencia social), propiciando la importación de arroz con lo que se favorece a países extranjeros (Brasil, Uruguay y Estados Unidos, principales proveedores) y a los pocos importadores, mientras se produce la quiebra de nuestros productores. Asimismo, para no impulsar una verdadera reforma tributaria que ponga a pagar a los ricos del país, se festina la venta del Banco de Costa Rica: un paliativo más, propio de la vieja estrategia de “patear la bola” que tanto se critica. Por otra parte, se negocian una serie de leyes, más bien de carácter represivo y no preventivo, y se anuncia la creación de más cárceles como la fórmula mágica para contener el avance de la violencia organizada y delincuencial.

No se quiere entender que la mejor política de seguridad para el país es una buena política económica y social, que propicie el empleo digno, el salario justo, la educación de calidad y accesible, la salud preventiva, es decir, una canasta básica y nutritiva al alcance de todos y diagnósticos tempranos de enfermedades crónicas, servicio de transporte público de calidad y ciudades amigables.

De no avanzar hacia un estilo de desarrollo postneoliberal, dando un nuevo impulso al Estado Social de Derecho, el tren seguirá descarrilado y cobrando cada vez más víctimas. El viraje tiene que ser lo antes posible, y solo una coalición de fuerzas sociales y políticas imbuidas de una decidida y valiente voluntad patriótica puede hacerlo.

El derrotero de la denominada “dictadura en democracia” que se inauguró torciendo brazos para impulsar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Costa Rica-República Dominicana, se ha venido profundizando en los dos últimos gobiernos, pero ya hace aguas. El discurso populista y mesiánico de perfil religioso resulta cada vez más vacío, se diluye en un marasmo de falsas promesas que vienen siendo repulsadas por una ciudadanía desencantada.

Las personalidades fuertes por las que apostaba buena parte de la ciudadanía han defraudado. Vendieron una imagen de fortaleza para enderezar la barca y enrumbar al país hacia la decencia en el manejo de la cosa pública y hacia la justicia social, pero una vez en el poder pactaron con los poderosos y abandonaron las banderas de la justicia para el bienestar y la paz social. El tren continuó descarrilado.

Hoy se abre una ventana de oportunidades con el diálogo social emprendido por la academia y la clase trabajadora del país. Este es un país donde ha prevalecido la inteligencia y la cultura sobre el poder y la fuerza. Cuando en el mundo hay una avanzada de regímenes de fuerza que conducen a la guerra por mezquinos intereses económicos y geopolíticos, legitimando el genocidio, se hace necesario levantar las banderas de la inteligencia y la cultura, para construir sociedades que apuesten por la paz y a vida. ¿Por qué no Costa Rica?

Resistencia organizada y defensa de los derechos fundamentales

Comunicado de MUSADE

Socias de La Asociación Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo, reunidas en asamblea el 9 de marzo de 2024 en la ciudad de San Ramón, reafirmamos de forma unánime, nuestro compromiso por la protección de los derechos fundamentales y la defensa de los intereses de nuestra comunidad, con las siguientes causas:

  1. Nos comprometemos a defender la C.C.S.S como pilar indispensable del sistema de seguridad social. Nos oponemos a cualquier intento de privatizar los servicios de salud, así como al proyecto de copago de la Caja Costarricense de Seguro Social.
  2. Ratificamos la importancia de mantener la gestión pública y democrática de los servicios de salud, garantizando el acceso universal y equitativo, por lo que seremos vigilantes de cualquier intento de debilitamiento de los mismos.
  3. Respaldamos el derecho al agua como un recurso vital y esencial para la dignidad humana. Nos comprometemos a proteger y preservar este recurso y la lucha por el acceso equitativo y sostenible para todas las personas.
  4. Expresamos nuestra solidaridad con las familias del asentamiento Los Jardines de San Juan de San Ramón, en su lucha por el reconocimiento y la protección de su derecho legítimo a la tierra y la vivienda digna, demandando soluciones justas y sostenibles.
  5. Nos mantendremos vigilantes en la defensa de los derechos de las mujeres, amenazados por la persistencia de la discriminación, la violencia de género y otras formas de injusticia, así como el deterioro de las políticas públicas con perspectiva de género y la reducción del gasto social, que afecta especialmente a las mujeres de sectores populares.
  6. Reafirmamos nuestra defensa del estado social de derecho como principio fundamental de la democracia y la convivencia pacífica.
  7. Demandamos una auditoria ciudadana para transparentar el manejo de fondos públicos y de pensiones y nos sumamos a los esfuerzos de la alfabetización sobre deuda pública, para garantizar comprensión de la ciudadanía sobre los alcances de esta auditoría.
  8. Ratificamos nuestro compromiso con la alianza de los sectores y movimientos sociales de nuestro cantón, la región y a nivel nacional, como un espacio de unidad y acción colectiva en la defensa de los intereses populares y la justicia social en Costa Rica, manteniendo la resistencia organizada contra el neoliberalismo y el patriarcado.

Enid Cruz Ramírez
Firma responsable

San Ramón, 9 de marzo, 2024

Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel: Necesario y Oportuno

Álvaro Vega

Álvaro Vega Sánchez. Sociólogo

Celebramos la iniciativa de este Diálogo Nacional, que dio inicio el 5 de marzo del año 2024 y se prolongará por 8 meses, emprendida por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), La Mesa de Diálogo Social y Productivo y la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. La consideramos necesaria y oportuna debido a las siguientes razones, entre otras:

  1. El país urge de un nuevo derrotero cultural, económico, social y político para encarar con decisión y voluntad ciudadana los álgidos problemas de la desigualdad, el empobrecimiento y la intensificación de la violencia.
  2. Hay que contrarrestar el ensanchamiento del cerco neoliberal que ha venido socavando las bases de un Estado Social de Derecho, garante de un estilo de desarrollo más equitativo y promotor de derechos fundamentales para el bienestar, la convivencia democrática y la paz social.
  3. Avanzamos aceleradamente a niveles muy peligrosos de polarización social, cultural y política, propios de países sometidos a regímenes autoritarios y antidemocráticos.
  4. Asimismo, proliferan y se intensifican los discursos y narrativas de carácter confrontativo que alimentan la descalificación y el odio. Abonamos el terreno para la confrontación y la violencia en sus diversas formas: simbólica, política, psicológica y física.
  5. Es evidente, la perdida de legitimidad y credibilidad de las ofertas partidarias de diverso signo ideológico y contenido programático. Se muestran así, con profundas limitaciones para asumir una agenda país que contribuya a dar el salto cualitativo hacia una democratización económica y social más sustantiva.
  6. Los avances cualitativos en legislación e institucionalidad social que heredamos de los esfuerzos de diálogo y concertación sociopolítica, con visión ética y humanista, en las décadas de 1940 y 1950, y que permitieron forjar una Costa Rica más próspera y solidaria, requieren ser retomados y actualizados para proyectar la Costa Rica del futuro.
  7. Es fundamental, en esta dirección, y de cara al cambio demográfico, que propiciemos el encuentro intergeneracional, para ampliar los horizontes conjuntando esfuerzos donde se conjuguen de manera proactiva las visiones propias de las viejas y nuevas generaciones.

Auguramos una generosa cosecha de esta iniciativa de diálogo nacional para construir un nuevo pacto social, por el que la ciudadanía ha venido clamando desde hace rato. Las fuerzas sociales, políticas y empresariales habrán de inspirarse en el legado que ofrecieron nuestros más destacados impulsores del diálogo para la concertación social, como fueron el obispo Víctor Manuel Sanabria, el líder comunista Manuel Mora Valverde, el líder socialcristiano Rafael Ángel Calderón Guardia, el líder socialdemócrata José María Figueres Ferrer y los líderes del movimiento popular y sindical Carlos Luis Fallas (Calufa), María Isabel Carvajal (Carmen Lyra) y el presbítero Benjamín Núñez.

Que las palabras del pedagogo Paulo Freire sirvan de guía e inspiración para todos los y las participantes en esta mesa de diálogo: “Nadie educa a nadie, nadie se educa solo, nos educamos en comunión”. Forjemos la Costa Rica amante de la paz y la solidaridad para nuestros hijos y nietos. Nos la merecemos y se la merecen. Que el lema siga siendo el que dejó consignado en nuestro Himno Nacional su compositor, José María Zeledón Brenes (Billo Zeledón), “Vivan siempre el trabajo y la paz”.

¿Crisis político electoral en Costa Rica? La ruptura del bipartidismo y el auge de la derecha

Vladimir de la Cruz

Costa Rica goza de un reconocimiento internacional, entre otras cosas, por su democracia estable, por sus recursos naturales protegidos y su rica diversidad natural, por la abolición del ejército desde hace 76 años; por el ejercicio democrático electoral y cambios de gobierno estables, cada cuatro años, desde 1848, con algunos períodos muy cortos de golpes de estado, dos en el siglo XX, de dos años cada uno; por un régimen de partidos políticos que funciona desde 1889, por un régimen constitucional estable desde 1871, por el ejercicio de libertades y derechos y una amplitud de los Derechos Humanos.

En este escenario, las corrientes políticas, especialmente desde 1931 hasta hoy, han girado con la presencia liberales clásicos decimonónicos, de la izquierda comunista, la socialdemócrata, la social cristiana, como grandes ejes de pensamiento político. En la segunda mitad del siglo XX surgieron variantes de estas corrientes políticas o ideológicas, algunas de ellas con pequeñas estructuras político-partidarias y hasta electorales. Corrientes liberales y neoliberales se han desarrollado como corrientes político-electorales desde finales del siglo XX. Hoy tienen más presencia pública y de gobierno. Tendencialmente se ven como amenazas gubernativas, ahora y para el próximo gobierno 2026-2030.

Tradicionalmente los gobiernos de Costa Rica desde 1953 hasta el 2014 han gravitado con partidos socialdemócratas y socialcristianos gobernantes, alternado entre ellos, los socialdemócratas 9 veces en gobierno, los socialcristianos seis veces. Esto produjo la idea de un bipartidismo gobernante muy sólido, al que se le debe lo bueno y lo malo del país en todo sentido.

Dos de los últimos gobiernos fueron de un nuevo proyecto político electoral, sin una clara definición político-ideológica, que quedó fuera del proceso político, y electoral en la práctica, en las elecciones nacionales del 2022, donde no eligió el partido gobernante, de estos años, ni un solo diputado, y en las elecciones municipales recién realizadas donde también se desdibujó electoralmente.

Parlamentariamente, el bipartidismo histórico dominó el Poder Legislativo, generalmente con mayoría socialdemócrata o compartiendo con los socialcristianos la amplia mayoría legislativa desde 1953 hasta 1998.

Desde 1998 este bipartidismo parlamentario se rompió. Perdieron las mayorías legislativas con la que se imponían nacionalmente. Aparecieron otras fuerzas pequeñas parlamentarias con las que tuvieron que negociar para la mejor toma de decisiones parlamentarias y políticas. En este escenario, desde 1998, surgieron fuerzas políticas electorales y parlamentarias de carácter cristiano no católicas, liberales dentro del neoliberalismo. Hubo una atomización de partidos disputando la presidencia de la República en el 2022 cuando participaron 25 partidos políticos en esa batalla electoral. De estos 25 partidos nacionales solo llegaron ocho a las elecciones municipales del pasado 4 de febrero. El nuevo Congreso Nacional, de 57 diputados, quedó dominado por seis partidos, cinco de ellos ubicados en el centro derecha.

En los últimos ocho años han venido surgiendo corrientes de carácter neoliberal populistas. En el 2022, en las elecciones se impuso como gobernante, con menos de un año de ejercicio político, y de reconocimiento personal político, el actual presidente de la República, que tenía casi 35 años de trabajar en el extranjero, en el Banco Mundial. Totalmente desarraigado, sin raíces políticas importantes, a modo de un típico outsider se impuso, cuestionando todo el pasado político, acusando graves casos de corrupción reales, como un lastre de toda la clase política tradicional, de todos los partidos políticos existentes y de todos los poderes públicos. Señalaba que la situación que se calificaba de ingobernabilidad en que había entrado el país se debía a que no había habido gobernantes que gobernaran, que mandaran, presentándose como el escogido para esa tarea.

Los partidos tradicionales gobernantes desde 1978 habían iniciado el proceso de acabar y debilitar el Estado Social de Derecho que se había venido construyendo desde 1943, y de reducir al máximo posible el Estado asistencialista y benefactor que se había impuesto desde las reformas políticas y sociales de 1943, y como resultado de la Guerra Civil, de 1948, en el marco de la guerra fría que se dio desde 1945 hasta 1991, como barrera de contención a las posibilidades de ascensos de la izquierda y de los comunistas, sobre todo después del triunfo de la Revolución Cubana, en 1959, del triunfo del Salvador Allende, en Chile, en 1970, y de los sandinistas en 1979, como del desarrollo de las insurgencias guerrilleras en Suramérica y Centroamérica en este período, 1980-1989, que se frenaron con los Acuerdos de Esquipulas, iniciando procesos de reconstrucción democrática en la región; democracia que no ha sido fácil establecerla y consolidarla, como se puede apreciar por lo que sucede en Nicaragua, desde el 2006 hasta hoy; en Honduras desde el golpe de Estado al Presidente Zelaya en el 2009; con el gobierno de Bukele en El Salvador, recientemente, cuestionado en muchos aspectos, a pesar de su exitoso enfrentamiento y control de los grupos narco criminales, y con los sucesos electorales hace pocos días, de Guatemala, donde se trata de que el Presidente Bernardo Arévalo no pueda gobernar ni ejercer democráticamente su mandato presidencial.

En este contexto los grupos neoliberales tienen cada vez más presencia en el área y en Costa Rica. El actual gobierno, del presidente Rodrigo Chaves, es su mejor exponente. Sus desplantes autoritarios, despóticos y confrontativos con toda la institucionalidad, pública, que le paraliza acciones por violar la Constitución, las Leyes y por no apegarse con rigurosidad a los trámites administrativos para sus proyectos, y por su constante confrontación con los sectores sociales y políticos del país, lo ha llevado a plantear recientemente la necesidad de acabar con todas las estructuras intermedias de la institucionalidad, para poder ejercer un gobierno más directo, mas autoritario y con capacidad de tomar de decisiones únicas y verticales desde el Poder Ejecutivo. Sin partido político propio, impulsando dos, que no participaron en las elecciones municipales, por impedimentos legales, se le ve como un peligroso continuista político gubernativo. Por la Constitución Política no puede reelegirse, pero nada le impide impulsar su candidato tarea en la que se encuentra.

En las recientes elecciones municipales, el Presidente, y sus amigos, no pudieron participar por no haber acatado las disposiciones legales y electorales de su inscripción. Pero, otros partidos, del centro derecha tuvieron cierto auge, lo que perturba a los dirigentes del partido Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana. En ambas tiendas políticas desde distintos parámetros se ha planteado, después de las elecciones municipales, la posibilidad de impulsar coaliciones políticas contra ese modelo neoliberal del actual presidente Chaves. Lo mejor es que estos dos partidos son los que han impulsado ese modelo neoliberal desde 1978, lo han agudizado, han contribuido a debilitar el Estado Social de Derecho y el asistencialismo social, y se sienten desplazados de esas políticas. La social democracia nacional impulsó reformas importantes a las que ha renunciado. El social cristianismo nacional se dice heredero de las reformas sociales de 1943 que resultaron de una alianza del Partido Comunista, del partido Republicano, que era el del Gobierno y de la Iglesia Católica.

Ambos partidos abandonaron hace bastantes años estos impulsos e identificaciones sociales. Se plegaron a los mandatos internacionales de las políticas neoliberales. Las nuevas corrientes neoliberales han superado a esos partidos, que han sido arrastrados a posiciones cada vez más a la derecha política, lo que les es muy difícil disputar con sus banderas. La izquierda nacional ni siquiera ha podido presentarse, con fuerza, como la defensora de esas reformas sociales, del Estado Social de Derecho, ni como un verdadero movimiento político reformista, que defienda las reformas sociales que han sido debilitadas, de rescate de los derechos sociales de los trabajadores que ya han sido eliminados y de nuevas reformas sociales.

El escenario de las coaliciones no está lejano, aunque en el país no haya una gran experiencia en este tipo de participaciones. Las posibles coaliciones contra el actual gobierno y su posibilidad continuista de reelección gubernativa, se presentan ambas como coaliciones de centro de derecha, disputando contra un gobierno de derecha, que a los efectos produce más confianza, esperanza y sentimientos de renovación contra la derecha histórica que ha desarrollado una masa de pobreza enorme, de excluidos de los beneficios sociales, de marginados sociales, de jóvenes que ni estudian ni trabajan, de debilitamiento de salarios y pensiones, de cercenamiento de subsidios sociales.

Cuando el presidente actual habla a estos grupos sociales les manifiesta su identificación con ellos. Les hace ver que no les puede resolver sus problemas porque no le dejan gobernar; que él necesita fuerza institucional y política para poder resolver sus problemas. Procura crear un estado de violencia política interna, aprovechando la presencia en el país de más de 20 grupos de organizaciones criminales, que se disputan el territorio nacional, por el control de la comercialización de drogas, considerando que Costa Rica se ha convertido en la bodega de almacenaje de drogas, más importante de la región, junto con la de Ecuador en Sur América, para con ese estado de violencia, acudir, si pudiera a la declaración de un Estado de Excepción, que le permitiera gobernar sin ataduras y ojalá con mano fuerte. Ese es su diseño político. Esas son las propuestas electorales, las dos coaliciones desde el centro derecha que proponen elementos de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana.

La izquierda no tiene a la vista posibilidades de presentar un proyecto también de coalición política electoral. La historia de esta izquierda no produce la confianza para un gran frente político de esa naturaleza, al menos por ahora.

El escenario inmediato pareciera avanzar hacia el fortalecimiento de la de derecha en general en el país.

Compartido con SURCOS por el autor.

Costa Rica manchada y en estado de emergencia no oficial

Juan Francisco Campos

En la atmósfera de este país, es natural la formación de cumulonimbus semejantes a grandes manchas oscuras, las cuales, si bien obstaculizan la imaginación hasta la celestial mansión de los bienaventurados; no sucedería igual si su cepa política, tuviera voluntad para visualizar en el horizonte los caminos de atención real y efectiva de problemas nacionales como la violencia e inseguridad. Una prioridad ante la crisis o, mejor dicho, la emergencia nacional del Estado Social de Derecho y Servicio Público en que, está postrada Costa Rica. Situación sin precedentes en los últimos 75 años, pues opera hasta un nuevo tipo de guerra civil -entre pandillas según las autoridades- que, también mantiene en constante vigilia a la mayoría de la población; víctima del flagelo. Consecuentemente, el miedo nos mantiene presos entre muros y rejas de los propios hogares y comunidades, donde hace mucho la garantía real del derecho a la seguridad pública está en abandono. Y como en Gaza, hasta en hospitales públicos irrumpen asesinos.

Acerca de esa situación angustiosa, sin duda convertida en un estado de terror, vale decir que, en algunos momentos, el Estado directamente lo ha utilizado contra la población que, movilizada se ha opuesto a sus políticas; por ejemplo, con el fantasma del desempleo durante la campaña del referéndum del 2007 sobre el Tratado de libre comercio con USA1; vil extorsión desde el gobierno. Pero ahora, parece que también lo utiliza, o si no fuera así, es claro que se beneficia del mismo con la resultante desmovilización y frustración de la ciudadanía; aún frente a las más detestables políticas públicas que no cesan de eliminar o degradar derechos, así como garantías sociales y ambientales. Es conocido que, la violencia representa un negocio para quienes acorde con sus intereses administran el Estado. La industria bélica es boyante a nivel mundial, armas van, vienen y se usan por doquier; son parte de la economía de mercado. ¿Qué dispone nuestra legislación?

Y en esta debacle, el espectro de la corrupción se extendió con virulencia por todos los estamentos públicos y privados, como una metástasis en la Costa Rica “democrática” donde en estos tiempos, las principales noticias son las estadísticas de homicidios en ascenso. Al respecto, los pronósticos de los expertos para el fin de año 2023 se rompieron (907 homicidios), y los repetidos encuentros de jefes de los supremos poderes del Estado para abordar la crisis a su nivel, han generado más desesperanzas que soluciones efectivas. Obsérvese que, producto de estas gestas, lo más relevante hasta ahora, es una “mesa de trabajo” y a partir de ella, un decálogo de leyes con preponderancia punitiva. Por lo tanto, si dicha mesa, muestra ausencias sensibles como por ejemplo expertos en salud pública, de su seno no puede esperarse más que paliativos a la enfermedad.

En diciembre del 2022, hubo especulaciones acerca de que, la llamada “visita sorpresa” y escolta de seguridad ofrecida al presidente salvadoreño, no fue sólo para aquello de “Jale a Soda Tapia”. Pues se trataba de un casi “milagroso” visitante quien, al asumir gobierno en un país de los más violentos del mundo, en muy corto tiempo, con su “Plan Control Territorial” y guerra contra las pandillas, ya era un abanderado mundial de la seguridad ciudadana. Por lo tanto, para el improvisado gobierno costarricense, cualquier plan ensayado aún en contextos externos, tratándose de problemáticas comunes, despertaba interés y posible disposición de replicarlo2. Obviamente que, bajo tales apuros, quizás todavía faltaba y falta hoy espacio para un análisis consistente de la política desarrollada por parte del gobierno de N.A. Bukele, de la cual, el resultado que más reportan, es una significativa reducción a 2,4 hpcmh en la tasa de homicidios al cerrar el año 2023.

Pero sin bien ese dato, tiene una considerable importancia y la ciudadanía en general se lo reconoce, la situación real junto a otros indicadores, no puede ocultar por ejemplo que, la taza de privados de libertad ha crecido hasta situarse también entre las más altas del mundo. Es decir, ese plan desarrollado durante la actual administración del político-empresario Bukele, no ha solucionado el problema; sin embargo, la misma estadística ha sido su principal carta de presentación para continuar en el poder y según dicen, violentando la propia Constitución Política. La construcción de enormes cárceles como el “Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)” y lo que esto representa, nos permite inferir más. Por ejemplo y parafraseando al gran escritor Eduardo Galeano acerca de la “escuela del crimen3, ésta no sólo sigue abierta con todas sus profesoras, sino, reforzada con ese tipo de centros de reclusión. Según expertos, pasos hacia un inminente trabajo forzoso.

Además, si a nivel regional, hasta hace poco tiempo la criminalidad causaba estragos en el llamado Triángulo Norte de Centro América, es evidente que, en nuestro país, no hubo capacidad de prevención; mientras tanto, el chovinismo de pacíficos y más felices del mundo, nos desnudó en caída libre al naufragio de donde ellos actualmente tienden a salir. También, en vísperas de entrar a la segunda mitad de la actual administración, la más cruda realidad quizás no imaginada, nos acaba de demostrar que el barco efectivamente se hundió durante un período en el cual la inseguridad no se detuvo ni milésimas. Por el contrario, el dato frío y que se divulga mundialmente4, indica que, el estado de violencia e inseguridad que está desgarrando a nuestro país, registra una tasa de 17,4 hpcmh (2023), la segunda más alta de las cinco naciones centroamericanas. El llamado Triángulo cambió, pero nos absorbió. En este orden, es innegable que salir de tan compleja situación requiere de muchos recursos, y entre ellos sensibilidad humana ante las calamidades que vive la población, así como conocimiento y sabiduría para transformar la realidad en bien la nación. De igual forma el tiempo, ya que como se observa, caer en el abismo es rápido, pero salir del mimo es incierto. Obviamente que, este gobierno carece casi de todo y el tiempo es su principal enemigo.

Así que, desamparados, con autoridades incompetentes y en medio de una guerra, qué le espera a esta Nación por parte de ellas, si está a la vista que, les preocupa más aumentar el endeudamiento impagable del Estado en beneficio de concesionarios “manchados” que, al menos dotar económicamente de lo necesario al sistema de la Seguridad Pública ante la situación por la cual atraviesa. Así mismo, si en el accionar gubernamental, se muestra prioritario defender a un funcionario ejecutivo ya manchado también, que adecentar la Junta Directiva de una institución como la CCSS; a la cual, en lugar de pagarle las deudas, de diversas formas se le saquea a fin de concretar lo que se han propuesto: quebrarla. Deberían tener presente, aunque en sujetos así es imposible, que, el dinero que unos pocos se llevan, elimina la posibilidad del desarrollo, encarece la vida y hunde en más pobreza a los pueblos.

No habrá duda de que, en lo anterior, se describen mínimos ejemplos de esa otra forma de violencia: la corrupción, tal y como se le califica a esta pandemia que, forma parte de un espectro multicolor; rara vez incorporada en las estadísticas de la violencia e inseguridad. Ese mismo espectro que conduce a la tortura y el maltrato humanos, así planteado desde el propio seno de Naciones Unidas: “La corrupción destruye la ética de las personas. Quien ha sucumbido a sus redes jamás volverá a ser alguien que se respete a sí mismo, tampoco respetará los derechos de los seres vivos, las leyes, la democracia y, en especial, de la sociedad. Los actos de corrupción empobrecen a las personas, destruyen instituciones, pudren a la clase política y generan una forma tóxica de relacionamiento entre lo público y lo privado”5.

Y como para que no faltara, con la devastación ambiental que sufre el país y cuyo principal combustible además del Xileno es la corrupción verde6, la Administración Pública desde los altos mandos, de nuevo quedó exhibida a través de los focos de contaminación del agua de abastecimiento humano con decenas de miles de personas potencialmente expuestas a sustancias peligrosas. Otra emergencia tampoco reconocida en su justa dimensión, la cual, hace años se extendió por los campos de producción a nivel nacional; y donde para muchos casos denunciados, científicamente se han identificado los contaminantes y su procedencia. Pero a pesar de las afectaciones en salud y la quebrantada economía de las comunidades rurales, a través del tiempo no sólo el abastecimiento en calidad y cantidad del agua sigue siendo crítico, sino que, tampoco se ha demandado y castigado a los culpables de nivel privado y público. Es decir, también esta corrupción de color que ha hecho y sigue haciendo estragos en la gente, está impune. Y tratándose de actividades tanto comerciales como productivas, donde la contaminación ambiental del agua se debela también a nivel citadino, vale preguntarnos e interpelar al gobierno acerca de: qué ha sucedido con el deber en la función pública sobre la prevención del impacto y consecuentes daños ambientales en evidencia.

Los habitantes, deben tener presente que, los agroquímicos y derivados de petróleo como los combustibles, son sustancias muy peligrosas en cualquier lugar del mundo, y ninguna actividad, espacio o centro donde se almacenen o utilicen, puede estar exenta de estrictas regulaciones ambientales a través de la Evaluación de sus potenciales impactos, a fin de prevenir y mitigar sus efectos. Materia que, en este país hasta hace meses y por motivos diferentes, se cumplía muy débilmente (por ej.: en el uso de agroquímicos). Sin embargo, hoy día por medio de las más recientes reformas legales, derogación del Reglamento existente y promulgación de uno nuevo (D.E. No. 43898-2023-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), el asunto es más delicado, pues se eliminaron regulaciones de diversas obras y actividades, y las que quedaron fueron desmejoradas. Así se procedió bajo el criterio de altos mandos políticos y empresariales de que, había exceso de “cuellos de botella”. El titular del MEIC, de nula experticia en asuntos ecológicos o ambientales, irrumpió como el principal verdugo de las regulaciones existentes así calificándolas, secundado por el homólogo del MINAE, jerarcas de la SETENA y CEFIA.

Por lo tanto, ante la emergencia en curso debido a la contaminación ambiental del agua en diferentes comunidades del país, y que el trabajo de la ciencia abrió espacio para también investigar sobre actores responsables; respecto al petróleo y el trasiego de combustibles por vías terrestres, debemos señalar que esta actividad no recibe ningún tipo de Evaluación Ambiental por parte de la SETENA. Igual sucede con los centros o actividades de mantenimiento automotriz que se han instalado por todos lados (Ej.: lubricentros y lavanderías de carros); los cuales, entre otros impactos, vierten altos volúmenes de aguas residuales cargadas de aceites y desengrasantes. A éstos, durante varios años, dicha institución paulatinamente los fue relegando de los procesos de la Evaluación Ambiental que a ella corresponde. En el mismo estado se encuentran: la remodelación y cambio de tanques de combustibles, instalaciones y tanques de autoabastecimiento de combustibles, bodegas de almacenamiento y expendio de diferentes sustancias incluyendo el Xileno, escombreras, cierre técnico de vertederos, etc.

En conclusión y no obstante el rechazo oficial y empresarial a nuestro Acuerdo de Escazú, motivados por el derecho superior a la denuncia ambiental, públicamente así planteamos: ante la Comisión Legislativa de Ambiente y ante la Fiscalía Ambiental. Que todos los mandos de la SETENA incluyendo la comisión plenaria y exjerarcas, así como los ministros de Ambiente y Energía y el MEIC, sean llamados a comparecer, por su presunta corresponsabilidad en la contaminación ambiental del agua de consumo humano con hidrocarburos y agroquímicos a nivel nacional; pues es parte de la emergencia que vivimos. Sin embargo, hasta hoy, la diligente destitución ejecutada contra un efímero jerarca aparentemente corresponsable, es la única acción de gobierno conocida contra la Administración deficiente; pero hay más y con antecedentes peores. Así mismo, tenemos presente que, la impunidad nutre la violencia e inseguridad ciudadana y, acciones emprendidas por entidades como la Defensoría de los Habitantes son absolutamente acertadas.

Referencias

1. https://revistas.ucr.ac.cr: HC Vargas: Los cuatro vértices del terror…

2. https://www.france24.com/es/video/20240123-costa-rica-presidente-busca-hacer-frente-a-la-violencia-con-políticas-similares-a-las-de-bukele

3. https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r16967.pdf

4. https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_tasa_de_homicidio_intencional

5. https://dialogodiverso.org/2020/05/24/corrupcion-una-forma-de-violencia/

6.https://www.prevenciondelavado.com/portal/nota_gratuita.aspx?codigo=132710&cd_producto=LYNTO&nm_origen=Home

Desayunos de Radio Universidad: Luchas sociales e instituciones de Costa Rica

En la frecuencia de radio, 96.7 FM (Radio Universidad), se llevó a cabo el programa Desayunos, donde Vilma Leandro y Eva Carazo conversaron sobre luchas sociales e instituciones de Costa Rica.

El programa dio inicio a la conversación adentrándose en el tema, el estado social de derecho, los impactos, pilares y efectos que ha tenido en el desarrollo del país y en la vida de las personas. El programa se desarrolló en función de esto anteriormente mencionado, a partir de aquellas reglas de derecho que el país se ha encargado de cambiar desde hace varias décadas atrás. 

El programa cuenta con la invitación de Vladimir de la Cruz, el cual se convierte en una parte fundamental durante el desarrollo que la conversación va tomando, ya que esclarece, junto a Vilma Leandro y Eva Carazo, una perspectiva muy importante de tomar en cuenta acerca de la situación actual del país en relación a las luchas sociales que se han venido realizando. 

Para observar el programa completo, ingresar al siguiente enlace: https://fb.watch/pWNrgo2EHp/