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Etiqueta: Estado Social de Derecho

Comunicado de las cooperativas agrícolas de Costa Rica

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Familias de las cooperativas agrícolas y acuícolas de nuestro país, desde la Mesa Nacional del Dialogo Social y Productivo les enviamos un cordial saludo.

Señores gobernantes nosotros somos una economía mixta todos tenemos cabida. Nuestra responsabilidad es mantener la paz social.

Nuestro único propósito es defender la producción de alimentos a nivel nacional. Convirtamos al agro en un activo estratégico de Costa Rica

Las amenazas están ahí ya las conocemos. Empezaron a ejecutarse, con la ruta del Arroz. Vienen todos los demás rubros.

Esta situación es más grave que una pandemia. Es más grave que una crisis pasajera.

Las cooperativas estamos en todos los rubros de producción agropecuaria y pesquera y en todo el territorio nacional de nuestro país y tenemos presencia en mercados internacionales

LO QUE NOSOTROS DEFENDEMOS:

I.- Está en riego estructural la existencia de nuestro Estado Social de Derecho, la democratización de la propiedad de la tierra, y nuestro derecho a producir los alimentos que el país necesita y que todos consumimos

1.1.-Señores del Poder Ejecutivo. Señores de la Asamblea Legislativa. Construyamos juntos una auténtica política agroalimentaria y pesquera con todos los actores calificados.

Este es el principal punto de partida que defendemos. No queremos decir al Ejecutivo como dijeron los gladiadores al emperador Claudio “Ave Caesar, morituri te salutant”

II.- El segundo punto tiene que ver con los mercados. Dos situaciones muy graves provocadas por la falta de políticas claras:

Nosotros “SEMBRAMOS COMIDA”, pero priorizando la importación y el contrabando de alimentos nos quitan el derecho a producirlos en nuestras tierras y en nuestros mares.

Pero además han permitido la monopolización y el control abusivo de los mercados nacionales. Estos monopolios a nosotros nos pagan una miseria en el campo y los consumidores en las ciudades, pagan precios de usura por la comida que nosotros producimos.

2.1.- Tenemos alternativas: Fortalezcamos los controles en nuestras fronteras para impedir el contrabando, con la colaboración de aduanas y la policía económica lo podemos lograr; rescatemos la red de frío y el Cenada aquí también hay un gran monopolio Es el cementerio de los productores nacionales.

Establezcan una auditoria forense al monopolio de los mercados dirigida por el MAG con la colaboración de la COOPROCOM, la FAO el IICA y a la cadena de formación de precios bajo la dirección del MEIC y el PIMA.

Si no hacemos esto a corto plazo, seremos cómplices de la destrucción de la agricultura y la acuicultura nacional.

III.- Con todo respeto preguntamos al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa:

  • ¿Se puede desarrollar el agro (ustedes que dicen ser economistas) destinando menos de 4% de crédito público a financiar la producción de comida Y COMPITIENDO CON ECONOMIAS SUBSIDIADAS?
  • ¿Podemos mantener los mercados internacionales que hemos construido a lo largo de estos años si nuestros contenedores salen cargados de drogas desde Costa Rica?

Por todo estos amigas y amigos, familias cooperativas nos unimos al llamado de la Mesa Nacional de Dialogo Social y Productivo convocados por el sector agropecuario costarricense en defensa de la soberanía alimentaria y la institucionalidad de nuestro sector.

Unamos nuestra presencia a nivel NACIONAL en San José y a nivel regional en los puntos indicados.

USEMOS NUESTRO DERECHO A LA MANIFESTACION PACIFICA Y DEMOCRATICA, COMO HEMOS SIDO EJEMPLO, CUANDO NOS MOVILIZAMOS.

Foro de las Cooperativas Agrícolas

Costa Rica 25 de octubre de 2023

Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo insta al gobierno a proteger Estado Social de Derecho y señala áreas críticas

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COMUNICADO

  • Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo insta al Poder Ejecutivo de Costa Rica a priorizar la protección de las conquistas del Estado Social de Derecho

  • Proponen establecer un diálogo entre los tres poderes de la República y la sociedad civil para encontrar soluciones concretar y garantizar el cumplimiento del artículo 50 de la Constitución Política.

Las organizaciones agrupadas en la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, así como el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y firmantes, se dirigieron a Casa Presidencial con una profunda preocupación por la creciente destrucción de los fundamentos del Estado Social de Derecho en nuestro país, y por las consecuencias que esto trae en la supervivencia de distintos sectores de la sociedad costarricense.

El compromiso con los principios fundamentales de la Constitución Política de Costa Rica busca el mayor bienestar para todas y todos los ciudadanos, fortaleciendo el sector productivo nacional y promoviendo una equitativa distribución de la riqueza.

Además, el movimiento aboga por garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el reconocimiento de los derechos humanos, como parte esencial para la convivencia democrática y el progreso de la nación.

El incumplimiento de las responsabilidades constitucionales y sociales de este Gobierno se centra en 12 áreas críticas entre las que se destacan:

  • Protección de la democracia y las autonomías
  • Respeto de los derechos
  • Reforzamiento de la educación pública.
  • Mejoras en los sistemas de la salud pública y la seguridad
  • Soberanía y seguridad
  • Creación de empleo y
  • Justicia económica y
  • Fortalecimiento de la seguridad ciudadana
  • Facilidad de acceso a la
  • Reducción de la pobreza y pobreza
  • Preservación del medio ambiente y la promoción de energías
  • Fortalecimiento de la cultura y el
  • Más y mejores oportunidades de

Por todo lo anterior, los sectores que representan este movimiento hacemos un llamado enérgico al Gobierno de la República y a todos los actores políticos para establecer un diálogo social de alto nivel, que involucre a la sociedad civil organizada y a los tres Poderes de la República, con el objetivo de encontrar soluciones concretas a los desafíos que enfrenta el país.

Esto garantizaría el cumplimiento del artículo 50 de la Constitución Política, que establece el derecho a un ambiente sano y la obligación del Estado de garantizarlo, el cual ha sido desatendido hasta el momento.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo entiende que la solución integral de los problemas del país requiere la participación y el compromiso de todas y todos, incluidos los poderes de la República, sin olvidar que, el artículo 9 de la Constitución Política reconoce que el gobierno también lo ejerce el pueblo.

Carta política enviada por la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo al presidente de la República

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Miércoles 25 de octubre de 2023
San José, Costa Rica

Sr. Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República de Costa Rica

Señor presidente:

De parte de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo reciba un saludo respetuoso, pero a la vez cargado de una profunda preocupación por la destrucción sistemática de las conquistas, como nuestro sistema democrático, en el que se fundamenta nuestro Estado Social de Derecho y que, por ende, afectan la supervivencia de diversos sectores sociales de nuestra amada Patria.

Desde las organizaciones sociales y productivas que agrupamos, así como desde el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y cada suscribiente, hacemos de su conocimiento nuestras posiciones con respecto a distintos ámbitos de la vida nacional.

Nuestra Constitución Política, artículo 50, señala que el Estado costarricense debe procurar el mayor bienestar para todos sus habitantes, para lo cual debe organizar y estimular la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, la Carta Magna reconoce el legítimo derecho de las personas para denunciar los actos que lesionen esos mandatos constitucionales.

En ese entendido, nos dirigimos a usted, ante la observancia de que tanto su Gobierno como sus alianzas en la Asamblea Legislativa, insisten en renunciar a esas responsabilidades constitucionales, sociales y democráticas, con la consecuencia inevitable de un creciente malestar social que se manifiesta de distintas formas a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto ha suscitado diversas manifestaciones de protesta, entre las que se destacan: Marcha en defensa de la Educación Pública, Marcha en defensa del Sector Agro Alimentario, Marcha en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, protestas por el acceso a vivienda, desempleo, inseguridad ciudadana, recortes al presupuesto para Arte y Cultura, demandas ambientales y derechos humanos de las mujeres, así como otras acciones colectivas desarrolladas por distintos sectores sociales y documentadas en los medios de comunicación. Estas manifestaciones evidencian los intentos legítimos de una sociedad movilizada en búsqueda de soluciones a estas problemáticas.

Pero los medios de comunicación, tanto nacionales como regionales, no son los únicos en documentar el malestar y la descomposición social palpable. Estudios serios como el Estado de la Nación, el Estado de la Educación y el Estado de la Justicia del Programa Estado de la Nación, así como observatorios de la realidad nacional, foros de análisis y organismos internacionales especializados, también registran retrocesos que amenazan la democracia costarricense.

A manera de temas prioritarios, que requieren políticas de Estado precisas, señalamos doce grandes ámbitos de incumplimiento sobre los cuales la ciudadanía, aquí representada, espera soluciones:

  • Democracia y autonomías institucionales: La “institucionalidad” no es un invento producto del imaginario costarricense, como tampoco la Constitución Política es un librillo sujeto a todo tipo de sátiras, cuestionamientos e incumplimientos, estableciendo por el contrario las bases para la convivencia democrática, entre ellas la división de poderes. Es necesario que su gobierno y sus alianzas respeten la división de poderes, dejen de violentar las autonomías institucionales y abandonen los intentos de vender activos del Estado que generan bienestar a la población. Mostramos nuestro total desacuerdo con la tercerización de servicios públicos básicos para hacer de ellos un negocio privado de unos pocos, por demás funesto para las finanzas públicas y privativos para las grandes mayorías. Exigimos además el cumplimiento por parte del Gobierno con la asignación del presupuesto del 2% del impuesto sobre la renta para las Asociaciones de Desarrollo Comunal. Demandamos una fuerte televisión pública por lo cual somos del criterio de que el SINART debe ser fortalecido, limpiándole de la intromisión politiquera cuatrienal, entre otras demandas; promover convivencia democrática y la libertad de expresión, y un alto a la violación de las autonomías institucionales, no más tercerización de servicios públicos básicos.
  • Derechos humanos: Exigimos un Gobierno comprometido con los derechos humanos, independientemente de las creencias y valores de quienes gobiernen. El Gobierno no solo está obligado a tolerar el disenso, sino a emitir información veraz y garantizar el acceso a todo tipo de información de interés público. Urge fortalecer la protección y el respecto de las libertades de expresión, tránsito y asociación, derechos de las mujeres, personas jóvenes y con discapacidad; defensa de territorios indígenas y comunidades tribales, garantías sociales e individuales, así como lo relacionado al ámbito sexual y reproductivo, derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de acceso al agua potable; al trabajo digno, decente, al ocio y el descanso, así como a un salario justo, educación de calidad y salud preventiva y curativa universales. Además, es fundamental la ejecución de los mecanismos que habilitan el derecho a la libertad de prensa, asociación y organización para el adecuado desarrollo democrático e institucional. Así como garantizar el derecho a la alimentación para todas las
  • Soberanía y seguridad alimentaria: Urge que Costa Rica oriente su modelo productivo hacia la soberanía alimentaria, a saber, el derecho a definir y controlar su sistema alimentario y de producción de alimentos, tanto a nivel local, en internacional de forma equitativa, soberana y respetuosa con el medio ambiente y con el modelo alimentario de los pueblos indígenas. De esta manera, las instituciones públicas deben garantizar que los instrumentos con que cuentan apoyan una política agraria integral de Estado, entre otros, en: una tenencia de la tierra justa y equitativa para los pequeños y medianos productores y el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos ancestrales; una revisión de la desarancelización del sector agropecuario (abandonando de inmediato la llamada ruta del arroz y revisando de manera exhaustiva decretos que generan desigualdades competitivas con la producción nacional, como lo son, el sector papero, cebollero, aguacatero y frijolero, entre otros); el desarrollo de infraestructura hídrica para riego y drenaje; registro de nuevas moléculas para el sector agroalimentario; fortalecimiento de agro mercados justos; fomento de prácticas agroecológicas; rescate de semilla criolla y acceso a crédito rural; uso generalizado de seguros agropecuarios; etc. La institucionalidad pública del sector agropecuario debe respetarse. Asimismo, se debe descartar de forma definitiva la incorporación del sector agropecuario costarricense al Bloque Alianza del Pacífico. De manera contundente dejamos establecida nuestra firme posición de que la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) debe seguir siendo de propiedad pública. Reiteramos además las consignas de: SÍ a la Comisión Especial Mixta para el sector Agroalimentario, en la Asamblea Legislativa; NO a la Eliminación Selectiva de Aranceles del Agro; SÍ a la Defensa de la Institucionalidad del Sector Agropecuario; NO a la Canasta Básica Importada; Si a la Defensa del PAl, un Mercado Seguro para la Producción Nacional; NO a la monopolización de los mercados agroalimentarios y pesqueros; NO al contrabando de productos agropecuarios Si a la Soberanía y Seguridad Alimentaria.
  • Empleo, creación de oportunidades y reactivación económica: Según la Encuesta Continua de Empleo (junio-agosto 2023) del INEC, 204 mil personas se encuentran desempleadas y 816 mil tienen un empleo informal, con una alta presencia de la población juvenil. Estos datos alarmantes reflejan que los componentes esenciales para el bienestar económico de un país no se concretan con la llegada de unas cuantas empresas transnacionales a suelo costarricense. Tampoco solo quienes cuentan con formación en altas tecnologías y dominan varios idiomas tienen derecho al trabajo. Se requieren estrategias de reactivación económica en los territorios, con perspectivas diferenciadas y en concordancia con las capacidades y oportunidades de las diversas poblaciones, y que se construyan en colectivo, con especial preponderancia de MIPYMES, organizaciones de la economía social solidaria y la llegada de recursos desde Banca para el Desarrollo a todos los territorios del país con facilidades técnicas para la población. La falta de esas estrategias hace que el Producto Interno Bruto (PIB) se concentre en el centro del país. El 77% del PIB se produce en la región Central del territorio nacional, quedando las zonas periféricas sin suficientes oportunidades productivas, a pesar de tener casi el 40% de la población. Además, debe detenerse el congelamiento salarial de los trabajadores públicos. Adicionalmente, deben fomentarse leyes y políticas que fortalezcan la dignificación laboral y garanticen condiciones dignas del trabajo para todas las personas.
  • Justicia económica: Exigimos un alto a la desigualdad, no existe justicia social que se traduzca en dignidad de la persona, solidaridad y valor del trabajo, sin justicia económica. La pobreza en Costa Rica aqueja al 21,8% de los hogares este 2023, y la pobreza extrema, a 6,3%, según la medición por insuficiencia de ingreso o línea de pobreza, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) por medio de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Además, la desagregación de ese promedio revela la situación desigual de la pobreza en las diversas regiones del país. Mientras la pobreza es el 18,1% en la región Central del país, en la región Brunca es el 34% y en la región Huetar Caribe es 33%, por ejemplo, se propone garantizar el fortalecimiento de los programas sociales que asignan recursos a grupos vulnerables, salario digno, reconocimiento social y remuneración del trabajo doméstico y de cuidados, así como el replanteamiento de una estructura tributaria que sea Se impone la necesidad de un nuevo cálculo del salario mínimo en Costa Rica, habida cuenta del alto costo de la vida en nuestro país; amén de decretar el retorno del reajuste salarial del mismo por costo de vida de manera semestral. Es urgente revisar las causas por las cuales viene ocurriendo una brutal concentración del ingreso y la riqueza en Costa Rica, así como las causas del alto costo de la vida que enfrentan las familias costarricenses, producto muchas veces del funcionamiento altamente concentrado de los mercados y del sobreendeudamiento de estas familias a tasas de usura y a menudo en condiciones de extorsión (préstamos “gota a gota”). El ROP exige transformaciones jurídicas urgentes para el acceso total a sus fondos por parte de las personas trabajadoras. Adicionalmente, es menester establecer un ingreso mínimo vital que permita sacar de la pobreza extrema a miles de personas que sufren de esta situación y que podrían tener una vida digna con una adecuada canalización de la inversión social.
  • Justicia tributaria: Mientras algunas grandes empresas siguen gozando de exoneraciones fiscales y otras se amparan en tecnicismos legales para no pagar impuestos, el país no tiene una ruta clara para combatir la evasión y la elusión tributaria, esto sucede al tiempo que los servicios públicos se deterioran y la persona ciudadana común, afronta hoy un salario precarizado, congelado en el tiempo, golpeado por políticas como la Ley de Empleo Público; mientras algunas familias ni siquiera tienen acceso a un ingreso estable. El sistema tributario costarricense debe garantizar que quien gana más,
  • Ambiente y energía: Proyectos extractivistas, como la exploración y explotación petrolera o de gas natural, monocultivos en territorios de vida silvestre, así como la reactivación de pesca de arrastre, entre otros; nos alejan del liderazgo mundial en temas de conservación y medio ambiente frente a la crisis climática mundial. Costa Rica debe propender a la soberanía y seguridad energética, producir en armonía con el ambiente, de manera sostenible, fomentando programas de capacitación y emprendimientos colectivos sobre economía verde, economía circular y bioeconomía. Además, deben fortalecerse las instituciones rectoras en materia administración energética y de transición, los compromisos de Costa Rica en materia de adaptación y mitigación a cambio climático. Deshacer el rechazo al Acuerdo de Escazú, e incorporar con vehemencia los esfuerzos en la materia de organizaciones de pueblos ancestrales y tribales, mujeres rurales, activistas ambientales y expertos en la Alertamos sobre el sistemático debilitamiento del papel de la política pública en el adecuado y necesario papel protector de los parques nacionales y áreas de conservación, pues los intentos por privatizarlos ya se están manifestando. Por lo que solicitamos se genere un estado de emergencia para generar la infraestructura de distribución y almacenamiento de agua para comunidades y un proceso de fortalecimiento de ASADAS en todo el país. Así como oposición a planes reguladores en zonas costeras que afecten la flora y fauna de las comunidades y sus actividades productivas.
  • Arte y cultura: La libre expresión de los pueblos es imperativa para garantizar bienestar y mitigar los malestares sociales. La inversión en cultura debe fortalecerse, realizando intervenciones artísticas en los territorios mediante, entre otras, las organizaciones sociales, culturales, artísticas y comunitarias de cada zona, rescatando espacios para estos fines en los centros educativos, en ambientes limpios y seguros para la libre expresión cultural comunitaria. Además, es menester el fortalecimiento del presupuesto institucional en la materia, pues su gobierno ha continuado con acciones recortistas que impiden fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, así como facilitar la participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica.
  • Educación pública: Es clara la evidencia cualitativa y cuantitativa suministrada por distintos análisis, además del malestar ciudadano y gremial, en cuanto a que la educación pública sigue carente de rumbo estratégico y persiste el desfinanciamiento del sector, con lo cual se termina imponiendo una ruta de precarización del derecho humano a la educación, agudizando la discriminación y violencia diferenciada hacia la más de un millón de personas estudiantes, como recortes en becas, infraestructura deficitaria y cuestionados sistemas nacionales de evaluación. A partir del IX Informe del Estado de la Educación, se puede afirmar la continuada ausencia de voluntad política para avanzar hacia el 8% del PIB constitucional. Consideramos de extrema urgencia el establecimiento del Pacto Nacional por la Educación Pública, propuesto a su gobierno y a la Asamblea Legislativa meses atrás. Además, reiteramos las consignas de: No más recortes presupuestarios a la educación pública; Declarar en estado de emergencia a la educación pública; mejorar las condiciones labores de la clase trabajadora del sector educación; Salario Digno para las trabajadoras y trabajadores del Ministerio Educación Pública; reducción de cargas laborales para los docentes del MEP; Fortalecer y robustecer el régimen de pensiones de los trabajadores de la educación pública; construir una educación pública de calidad para toda la comunidad estudiantil; respeto y fortalecimiento de las convenciones colectivas del trabajo del MEP; fortalecer los programas de educación inclusiva de la enseñanza general básica.
  • Salud pública y seguridad social: Eventos como la pandemia por Covid-19 demostraron la eficacia de la integración de toda la sociedad en estrategias nacionales de salud pública y por supuesto, la importancia vital de contar con una CCSS fortalecida y solidaria. Distintos expertos, actores sociales y organizaciones productivas sostienen con evidencia que la CCSS no está quebrada y que la administración actual refleja impericia y oculta información. El Ministerio de Hacienda sigue adeudando billones de colones a la CCSS. Entonces, una vez más, la ruta definida por su Gobierno es la precarización del servicio. Persisten el ataque a la autonomía institucional, grandes e inhumanas listas de espera, deuda del Estado con la CCSS, faltante y fuga de especialistas, déficit de infraestructura, falta de condiciones laborales y tercerización de los servicios, ofrecida esta última como un paliativo ante la falta de soluciones estructurales reales y efectivas. Esta priorización deriva de un encuentro participativo, en el marco de la “Gran Protesta Nacional contra las políticas que destruyen el Estado Social y Democrático de Derecho”, donde diversas organizaciones suscribientes analizamos la realidad nacional, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Al respecto, adjuntamos una serie documentos a modo de anexos que profundizan diversos aspectos de los ejes arriba mencionados.

Uno de los objetivos más importantes que tiene este movimiento ciudadano, pacífico pero enérgico, es hacer un llamado vehemente a todos los actores políticos del país, y en especial al Gobierno de la República, reconociendo la importancia del diálogo social para enfrentar los flagelos que nos aquejan como sociedad y que afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos.

Pero lastimosamente, y pese a que diversos sectores se han manifestado de múltiples maneras y han comunicado a las instituciones gubernamentales sus demandas, es claro que su gobierno no atiende estas iniciativas legítimas, por lo que proponemos crear mecanismos conjuntos para encontrar soluciones.

Por tanto, solicitamos del Poder Ejecutivo la convocatoria inmediata a un encuentro de alto nivel entre las autoridades del Estado y los sectores suscribientes, así como la sociedad civil organizada que decida sumarse, para hacer real ese diálogo social para la concreción de las soluciones que Costa Rica amerita y el cumplimiento pleno del artículo 50 constitucional:

“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.”

Esperamos su disposición y voluntad para con los liderazgos y las organizaciones, quienes han demostrado una importante participación ciudadana a nivel nacional. Además, este movimiento nacional entiende la importancia de que en este espacio de diálogo de alto nivel participen los otros Poderes de la República (Judicial y Legislativo).

Por lo tanto, una vez constituido este espacio entre el Ejecutivo y las organizaciones, proponemos invitar especialmente a la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, así como la Defensoría de los Habitantes como garante. Lo anterior, puesto que la solución integral de los desafíos del país es resorte de todos los Poderes de la República, sin olvidar que la misma Carta Magna, artículo 9, establece que el gobierno también lo ejerce el PUEBLO.

Quedamos a la espera de su respuesta para las organizaciones abajo firmantes.

Con copia:

Asamblea Legislativa Corte Suprema de Justicia Defensoría de los Habitantes REPÚBLICA DE COSTA RICA

Organizaciones del Parlamento Cívico Ambiental se unen a marcha por la defensa del Estado de Derecho

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Comunicado

ORGANIZACIONES DEL PARLAMENTO CÍVICO AMBIENTAL SE UNEN A MARCHA POR LA DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO ESTE MIERCOLES 25 DE OCTUBRE, EN UN CONTEXTO DE CONSTANTE AMENAZA Y SOCAVAMIENTO A LA INSTITUCIONALIDAD COSTARRICENSE

Se unen al llamado de Organizaciones Sociales y Productivas, sindicatos, organizaciones del Movimiento Estudiantil, Universidades Públicas, Magisterio Nacional y colectivos de la Sociedad Civil agrupadas en la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo

  • Hacen un llamado al Gobierno Nacional para que atienda el descontento ciudadano y cese sus políticas públicas apoyadas por sus alianzas en la Asamblea Legislativa, que amenazan el Estado Social de Derecho del que forma parte esencial la institucionalidad ambiental costarricense.

En San José, Costa Rica, diversas Organizaciones Sociales y Productivas, sindicatos, organizaciones del Movimiento Estudiantil, Universidades Públicas, Magisterio Nacional y colectivos de la Sociedad Civil agrupadas en la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, están haciendo un llamado para participar en la marcha convocada para el día miércoles 25 de octubre a partir de las 9:00 a.m. que saldrá desde la Plaza de la Democracia hacia la Casa Presidencial y desde el Pretil de la UCR

Estas organizaciones exigen que el Gobierno de la República, en respeto del artículo 50 de la Constitución Política, procure el mayor bienestar a todos los habitantes del país organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Asimismo, que garantice el derecho de todas las personas que habitan el país a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Específicamente, las demandas incluyen la soberanía y seguridad agroalimentaria; salud y educación públicas universales y de calidad; protección del ambiente y seguridad energética; respeto a la democracia y autonomías institucionales; observancia de los derechos humanos; justicia económica y tributaria; creación de oportunidades y empleo; financiación y promoción del arte y cultura; facilidades para obtención de vivienda digna y atención urgente e integral de la inseguridad ciudadana.

Las organizaciones firmantes consideramos que la marcha es de vital importancia y nos unimos al llamado de estas organizaciones en resguardo de los objetivos que hemos defendido en el trabajo del Parlamento Cívico Ambiental, mediante nuestros dictámenes a proyectos de ley dentro de la dinámica legislativa, manifiestos y acciones de incidencia, concordantes con las metas de esta marcha.

Por esta razón, entre otras iniciativas legislativas, nos hemos opuesto firmemente al proyecto de ley de Fortalecimiento de Competencias del MINAE que busca centralizar las competencias de este Ministerio menoscabando la desconcentración de las instituciones competentes que han sido creadas a la luz de un proceso histórico de reflexión, asimismo reduciendo la instancias de participación dentro de esas instituciones a entidades simbólicas sin ninguna posibilidad de efecto real en los resultados de la gobernanza. Igualmente, hemos condenado los procesos de decisión que buscan ignorar los criterios que se sustentan en lo mejor de la ciencia y la técnica a los cuales obliga nuestra legislación en asuntos relativos a nuestras áreas protegidas, ecosistemas y especies marinas sustituyéndolos por la discrecionalidad del jerarca a cargo en beneficio de grupos de interés determinados.

No omitimos recordar que nos hemos opuesto activa y firmemente a las iniciativas para permitir la exploración y explotación de hidrocarburos y la minería metálica a cielo abierto impulsadas por determinados sectores de interés y acuerpadas por algunos sectores de gobierno, al tiempo que apoyamos las iniciativas legislativas para lograr su prohibición al mayor rango normativo posible y en resguardo del artículo 50 antes mencionado. Somos organizaciones activas en la creación y apoyo de propuestas de incentivos y oportunidades económicas que permitan la conservación de la biodiversidad terrestre y marina al lado de actividades productivas visionarias y sostenibles en las áreas de servicios ambientales, producción agropecuaria sustentable, pesca responsable, alternativas energéticas verdaderamente verdes que nos ayuden a transformar la realidad del transporte automotor entre otras.

En este sentido, volvemos a llamar a todas las organizaciones del sector ambiental a unirse a este llamado con el fin de garantizar un modelo de desarrollo democrático que tenga como eje esencial el valor de nuestro planeta y de los seres humanos, esa «madre tierra» parte esencial de nuestra Casa Común no sólo como recurso de bienestar económico y social, sino, sobre todo, como proveedora de salud ambiental, recuperadora de nuestros valores y mejores tradiciones.

FIRMAN:

Directorio Parlamento Cívico Ambiental:

Bernardo Aguilar González. Presidente
Yahaira Rojas Jiménez. Vicepresidenta
Jorge Mora Portuguez. Primera Secretaría
Cinthya Hernández Gómez. Segunda Secretaría

En representación de sus organizaciones miembro.

El Parlamento Cívico Ambiental está integrado por las siguientes organizaciones:

Asociación Costarricense de Hidrógeno-ACH2.
Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica-ASOMOVE.
Asociación de Desarrollo Específica para las Juventudes del Distrito de Paquera.
Asociación Defensoría del Pescador y de Promoción de la Prensa Responsable.
Asociación Ecologista Desamparados.
Asociación Ecoturística Corcovado-Bijagua.
Asociación Montaña Verde.
Asociación para el Desarrollo Sostenible San José Rural.
Asociación Plataforma de las Organizaciones de la Sociedad Civil ODS Costa Rica.
Asociación Proyecto Camino Verde.
Asociación PEDAL
Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente. ARCA
Asociación Regional por la Transformación Social y Ecológica (ARTES)-JUSTECO.
Asocuenca-Río Cañas.
Cámara de Turismo San Gabriel Caraigres.
Centro de Acopio Preserva Planet.
Coalición Ambiental Costa Rica.
Cruzando Fronteras.
Escuela Socioambiental de Caraigres.
Federación Costarricense de Pesca.
For the Oceans Foundation & One Ocean World Wild Coalition.
Fundación Confianza Verde.
Fundación Laberinto para el Desarrollo Integral de la Persona Humana.
Fundación One Sea.
Fundación Operation Rich Coast.
Fundación Sombrilla del Bosque.
Fundación Somos Árboles y Vida.
Gestores y Gestoras Culturales y Ambientales de Curridabat.
Green Wolf.
Hidrobag.
Milenio 3 S.A.
Movimiento Ciudadano PYMES CR.
Municipalidad de San Rafael de Heredia.
Observatorio Ciudadano del Agua Río Cañas.
Observatorio Río Cañas Aserrí-Desamparados.
Programa de Gestión Local UNED.
Red Costarricense de Reservas Naturales.
Red de Jóvenes por el Agua Centroamérica. Capítulo Costa Rica.
Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica.
Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación.
Universidad de Costa Rica.
Universidad Nacional.

Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo pide respeto a la protesta social como derecho humano

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • Organizaciones sociales y productivas llaman a la población nacional a protestar pacíficamente este 25 de octubre, a su vez piden respeto al derecho humano a la protesta social y cese a la represión policial.
  • Organizaciones de todo el país reportan intenciones del gobierno en cierres de rutas nacionales, suspensión del abastecimiento de energía y convocatorias a reuniones de juntas directivas de instituciones autónomas como represalias para que ciudadanía no se manifieste este 25 de octubre.

Organizaciones Sociales y Productivas, sindicatos, organizaciones del Movimiento Estudiantil, Universidades Públicas, Magisterio Nacional y colectivos de la Sociedad Civil convocan desde la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo a una gran protesta nacional este 25 de octubre, contra las políticas que destruyen el Estado Social de Derecho, y por la defensa de una Costa Rica Próspera, libre, inclusiva y solidaria.

La protesta tendrá la salida oficial en San José, a partir de las 9:00am, en la Plaza de la Democracia hacia Casa Presidencial, sin embargo, se realizarán acciones colectivas regionales en todo el país.

Las diversas acciones tienen por objetivo expresar el descontento ciudadano ante las políticas públicas del actual Gobierno y sus alianzas en la Asamblea Legislativa, en favor de la defensa del Estado Social de Derecho en un contexto de constante amenaza y socavamiento a la institucionalidad costarricense.

Ante las distintas manifestaciones públicas del Presidente de la República contra la acción de protesta nacional, por ejemplo; contra la rectora del Instituto Tecnológico Costarricense, dirigentes de organizaciones comunales, sindicales y estudiantiles en todo el país, así como el desalojo a muchas familias campesinas manifestándose desde el día 23 de octubre a las afueras de casa presidencial, represalias en instituciones autónomas como las universidades públicas, o reportes de cierres de ruta nacionales, cierre de abastecimiento de electricidad y convocatoria a reuniones de juntas directivas institucionales de último momento, no nos queda más que denunciar y advertir nuestra preocupación ante la criminalización de la protesta social, acoso a liderazgos políticos, personas funcionarias públicas y acciones de represión policial, que la PROTESTA SOCIAL ES UN DERECHO HUMANO, amparado por múltiples convenios internacionales y nuestra propia constitución política.

Por tanto, respaldamos y acuerpamos a las personas que se han visto expuestas y amedrentadas, como es el caso de la respetada rectora del Tecnológico Costarricense. Lo anterior, en el contexto del reciente voto de la Sala Constitucional sobre la represión Estatal en los últimos meses, en el que se ordena al gobierno indica no violentar los derechos humanos asociados a la protesta social.

Finalmente, el llamado de la protesta ha sido claro en los distintos mensajes de comunicación, conferencia de prensa, entre otros, en donde se propone un DIÁLOGO SOCIAL DE ALTO NIVEL, con los tres poderes de la República, para atender los problemas estructurales más apremiantes para el país. Solicitamos al Poder Ejecutivo atender con voluntad política la participación en un diálogo nacional de alto nivel y cesar con las acciones de represalia, desprestigio y criminalización a quienes se han unido de manera democrática haciendo uso del derecho humano a la protesta social.

¡Instamos a otras organizaciones, sectores y a la sociedad civil en general a unirse a esta gran movilización por la defensa de una Costa Rica Próspera, libre, inclusiva y solidaria!

Frente Nacional de Lucha convoca a participar en la gran manifestación nacional en protesta de la gestión neoliberal del actual gobierno

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¡Las devastadoras políticas neoliberales se derrotan en las calles!

El Frente Nacional de Lucha (FNL) desea hacer del conocimiento de la ciudadanía y del pueblo costarricense que este próximo miércoles 25 de octubre se sumará a la gran manifestación nacional de protesta contra la gestión neoliberal del actual gobierno.

Al mismo tiempo, en tanto alianza de organizaciones de todos los sectores nacionales, el FNL extiende una invitación amplia a toda la ciudadanía para que se sume a esta gran movilización, con el fin de que, en nombre de la democracia real, demos cuenta ante el gobierno del gran descontento nacional existente debido a sus políticas neoliberales antisociales, con las que ha seguido beneficiando solamente al gran capital y a las grandes corporaciones, en detrimento abierto del pueblo y de la institucionalidad pública solidaria.

El Frente Nacional de Lucha (FNL) es una plataforma organizativa pluralista que integra a más de 60 organizaciones nacionales de todos los sectores sociales, la cual se conformó con el objetivo de encauzar, de manera organizada y planificada, y con base en el estudio y análisis riguroso, el enorme malestar presente en la sociedad costarricense ante las políticas neoliberales del actual gobierno, las cuales constituyen una continuación de las antisociales y antidemocráticas políticas y gestiones de los gobiernos del PLN, del PUSC y del PAC.

Con dichas políticas, y con base en un manejo irrespetuoso e irresponsable de la información y de la gestión institucional, el actual gobierno de Rodrigo Chaves está atentando contra la existencia de instituciones clave del desarrollo solidario del país, que han brindado por décadas bienestar, desarrollo y condiciones de convivencia pacífica a las familias costarricenses. Destacamos los sistemáticos ataques a instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, el sistema de educación pública y el sistema de becas, el INA y el BANHVI, además de que se afecta de manera directa al campesinado, así como al pequeño y mediano productor del agro y de la industria nacional.

Desde el FNL hacemos un llamado al pueblo costarricense para que rechace y para que proteste contra estas políticas neoliberales del actual gobierno de Rodrigo Chaves, quien, demostrando su carencia de independencia respecto a los intereses de las élites vinculadas al gran capital transnacional, así como su desinterés en gobernar para el pueblo, se ha subordinado a las directrices del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y se ha abocado a aplicar recortes irracionales a las instituciones públicas que, durante décadas, han establecido las condiciones básicas de la paz social que ha caracterizado al país.

Como parte de las motivaciones para participar en esta gran marcha del próximo 25 de octubre, el FNL desea manifestar su profunda preocupación, así como presentar la respectiva denuncia a la opinión pública nacional, ante los siguientes (entre otros) hechos relacionados con la gestión del actual gobierno:

  1. El empobrecimiento sistemático de la clase trabajadora y de los pequeños comerciantes y productores nacionales ante la ausencia de políticas económicas coherentes, lo cual se suma a la injusta y absurda política de salarios congelados.
  2. Los recortes en recursos para la vivienda de la case más empobrecida, así como los recortes en educación, comedores escolares y becas estudiantiles; recortes en cultura, en el presupuesto de las pensiones del régimen no contributivo y en programas de ayudas sociales para los más necesitados.
  3. Las intromisiones sistemáticas del gobierno en la administración de la CCSS para promover de manera subterránea su privatización, la incapacidad para resolver las listas de espera y la permanente negativa de cumplir las obligaciones legales de pago a la deuda de la Caja.
  4. El permanente irrespeto a la institucionalidad democrática, que se comete de manera permanente con la violación constante de la independencia de poderes y de las instituciones autónomas, así como de las obligaciones constitucionales.
  5. Las acciones irresponsables orientadas a promover, mediante varios proyectos de ley y mediante políticas públicas, la destrucción del modelo eléctrico solidario, que ha permitido al país ofrecer bienestar a través de una cobertura eléctrica superior al 99% de la población.
  6. Las miopes, reduccionistas y cortoplacistas políticas de atención al aumento exponencial de los índices de inseguridad y criminalidad asociados a las acciones de las mafias del narcotráfico, consistentes en priorizar recortes presupuestarios a las instituciones policiales, así como a instituciones públicas relacionadas con la oferta social solidaria de oportunidades, a pesar de que son las únicas que pueden potenciar el ascenso social, la mejora de condiciones salariales y la creación de alternativas laborales para las clases más empobrecidas, las cuales constituyen el sustrato de la actividad criminal en el país.
  7. El sistemático abandono de los agricultores y campesinos
  8. La ausencia total de políticas y acciones concretas de protección al ambiente, en general, y en particular en lo que respecta a la crisis climática, la situación del agua y el uso sistemático de agroquímicos tóxicos.
  9. El incumplimiento de la promesa de ataque al fraude fiscal, ante lo cual se sigue facilitando, normalizando y, de alguna manera, promoviendo la evasión y el fraude fiscal.

Ante este caótico escenario hacemos un llamado a toda la población para que salgamos este 25 de octubre a manifestar nuestro repudio a estas políticas neoliberales capitalistas radicales y demostremos a quienes gobiernan que el Pueblo va a dar pelea. Que esta movilización del 25 de octubre sea la demostración inequívoca de la unidad popular en defensa de las garantías sociales y las instituciones públicas que están al servicio de las mayo- rías y de los sectores populares.

No más pugnas de poder entre élites económicas sin conciencia cívica y sin amor patrio.
¡Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro!
¡Abajo las políticas privatizadoras y antipopulares!
¡Arriba los sectores populares que se organizan para luchar por sus derechos!

Frente Nacional de Lucha, 23 de octubre 2023.

Mensaje para personas luchadoras sociales de la Zona Sur

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Comunicado

De: Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP).

INVITACIÓN A LA MANIFESTACIÓN DEL 25 DE OCTUBRE 2023.

HORA: 10 am.

El Frente Nacional de Lucha (FNL) les INVITA a la MARCHA por la DEFENSA del Estado Social de Derecho el próximo miércoles 25 de octubre del 2023, a partir de las 10 am en Palmar Sur.

Salgamos a MANIFESTARNOS en defensa de toda la institucionalidad pública hoy GRAVEMENTE amenazada por las políticas que desarrolla el actual gobierno NEOLIBERAL del presidente Rodrigo Chaves Robles.

Salgamos a defender el sector AGROPECUARIO seriamente amenazado de DESAPARICIÓN salgamos en conjunto con el movimiento social costarricense a defendernos del IRRESPETO de este gobierno nefasto a las organizaciones sociales y a sus representantes.

Salgamos a expresar nuestras demandas y a exigir soluciones a nuestras necesidades en una mesa de trabajo donde se elabore un PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL para la ZONA SUR.

Para efectos de COORDINACION con: Renier Canales Medina al teléfono 8454-2315 (WhatsApp).

Firma responsable: Renier Canales Medina.

Zona Sur 23/10/2023.

Imagen Zona Sur de Costa Rica. Foto SURCOS.

Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo convoca a protesta nacional

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  • Organizaciones diversas sociales y productivas, llaman a la población nacional a protestar pacíficamente este 25 de octubre.

  • La protesta se sustenta en importantes componentes de demanda nacional de los sectores que conforman la mesa nacional de diálogo social y productivo, así como organizaciones a fin en la defensa del Estado Social de Derecho y la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Diversas Organizaciones Sociales y Productivas, sindicatos, organizaciones del Movimiento Estudiantil, Universidades Públicas, Magisterio Nacional y colectivos de la Sociedad Civil convocan desde la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo a una gran protesta nacional, este 25 de octubre, contra las políticas que destruyen el Estado Social de Derecho, y por la defensa de una Costa Rica próspera, libre, inclusiva y solidaria.

Exigimos el respeto al Estado Social de Derecho enmarcado dentro del mandato constitucional establecido en el Artículo 50 que indica: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”

La protesta saldrá oficialmente en San José, a partir de las 9:00 a.m, en la Plaza de la Democracia donde será la concentración de la gran Área Metropolitana, sin embargo, se realizarán manifestaciones regionales en diferentes puntos del país a partir de 8: am hasta 2:00 pm: en regiones como: Limón centro, Caribe Sur, Caribe Norte, Guanacaste, Puntarenas, Pérez Zeledón y Zona norte del país.

Las diversas movilizaciones tienen por objetivo expresar el descontento ciudadano ante las políticas públicas del actual Gobierno y sus alianzas en la Asamblea Legislativa, en favor de la defensa del Estado Social de Derecho en un contexto de constante amenaza y socavamiento a la institucionalidad costarricense.

Entre las demandas nacionales que mueven a los diferentes sectores a alzar la voz, se encuentran:

  • La soberanía y seguridad agroalimentaria:
  • Salud y Educación Públicas universales y de calidad,
  • La protección del ambiente y nuestra seguridad energética;
  • Respeto a la democracia y autonomías institucionales;
  • Cumplimiento de los derechos humanos;
  • Justicia económica y tributaria;
  • Creación de oportunidades y empleo;
  • Financiación y promoción del arte y cultura;
  • Facilidades para obtención de vivienda digna,
  • Atención urgente e integral de la inseguridad ciudadana

Como Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo instamos a que se promueva una articulación multisectorial de unidad nacional, mediante la protesta social para la incidencia política/estratégica en defensa del Estado Social de Derecho. Hacemos un llamado vehemente a todos los sectores políticos del país y, en especial, al Gobierno de la República, a reconocer la importancia del diálogo social efectivo en la solución de los diversos problemas que aquejan al país y afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos.

¡Instamos a otras organizaciones, sectores y a la sociedad civil en general a unirse a esta gran movilización por la defensa de una Costa Rica Próspera, libre, inclusiva y solidaria!

Compartimos el enlace a la conferencia de prensa: https://fb.watch/nKoxFSL1tG/?mibextid=Nif5oz