Dr. Carlos Araya Leandro, Profesor Catedrático Miembro del Consejo Universitario, UCR
El día 12 de abril fue declarado, institucionalmente, como Día de la Autonomía Universitaria, con motivo de la transgresión a la autonomía consagrada en la Constitución Política que sufrió la Universidad de Costa Rica (UCR) en ese mismo día en 2010. Recordemos que en aquella oportunidad, ante un supuesto delito atribuido a un funcionario de esta institución, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por orden del Ministerio Público, desplegó un operativo técnico-pericial en el campus de la Sede Rodrigo Facio para, en principio, recabar pruebas incriminatorias.
Lamentablemente, este ingreso al campus universitario constituyó un allanamiento ilegal y propició un abuso de autoridad con “[…] decenas de agentes armados del OIJ y de la Fuerza Pública, que ingresaron en la Universidad aún después de haberse cumplido con la detención y el retiro del sospechoso del campus”, según lo señala el acuerdo de Consejo Universitario en sesión extraordinaria número 5435 del 14 de abril de 2010. Lo grave de ese evento no fue el fondo de la acción penal, es decir, la persecución del aparente delito, que en un estado democrático y de derecho, como el nuestro, compete al Ministerio Público en todo el territorio nacional, sino la forma en cómo dicha acción fue llevada a cabo. En primer lugar, la acción se dio irrespetando los mecanismos ordinarios de coordinación para ese tipo de situaciones; en segundo lugar, todo sucedió en ejercicio desproporcionado e infundado del uso de la fuerza contra miembros de la Comunidad Universitaria.
El 12 de setiembre de 2018, la Fuerza Pública intervino contra un grupo de personas que se manifestaba contra la aprobación del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Entonces, oficiales de la Fuerza Pública ingresaron en el campus universitario, en persecución del grupo que protestaba, con el lamentable saldo de un estudiante herido.
Si bien, afortunadamente, no han acaecido otros hechos similares, lo cierto es que sí han predominado decisiones de políticas públicas que han perpetuado un acecho constante hacia las Universidades Públicas. Así, por ejemplo, leyes emitidas en los últimos años como la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas o la Ley Marco de Empleo Público, o bien, proyectos de Ley como el que pretende regular el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y la intención de reformar el artículo 85 de la Constitución Política de la República, expediente legislativo 20 852, archivado en 2020, han pretendido desconocer y, peor aún, socavar la autonomía constitucional de la que gozan las Universidades Públicas. Todo ello, se ha dado bajo la excusa de aplicar una serie de medidas de tipo presupuestario a un vasto sector público, sin detenerse a reflexionar de forma pausada y seria si, con ello, se violenta el Estado Social de Derecho y, por lo tanto, el orden constitucional que garantizan las libertades y promueven un desarrollo equitativo.
Ante estas agresiones solapadas, camufladas por las vías formales, no queda otra opción más que acudir, con sabiduría, al texto constitucional e insistir en su defensa. Allí es en donde la independencia o la autonomía de las Universidades Públicas hallan su punto de anclaje y de salvaguarda superiores.
A la luz de la Constitución Política, es claro que el Constituyente reconoció una extensa e importante autonomía a la Universidad Pública para protegerla de las injerencias del poder político; dicha autonomía es administrativa (funcional, formal y material), de gobierno, político-organizativa, presupuestaria (financiación estatal y hacienda propia) y contractual. En particular, se sobreentiende que la autonomía se trata de una garantía institucional diseñada para permitir una actividad con una misión en el largo plazo; es decir, no se limita a periodos político- electorales, donde los gobiernos nacionales se turnan por periodos efímeros.
Para que una nación próspera como la nuestra mantenga su senda de progreso, es vital una Universidad robusta, refugio del pensamiento libre, que además cuente con recursos suficientes. Gracias a la Universidad Pública, la ciudadanía costarricense cuenta con una autoridad intelectual que se expresa con una voz que no se somete a la voluntad del poder, sino que responde a los valores superiores que trascienden la dominación y los proyectos de moda.
La celebración del Día de la Autonomía Universitaria es un extraordinario momento para reiterar que, como comunidad universitaria y como institución de cultura superior, debemos levantarnos en defensa de la autonomía universitaria.
Para cumplir con este deber, es necesario que concibamos la esencia constitucional real del orden que nos ampara; es decir, comprender cuál es la función y el fin que nos delegó el Constituyente y así mejor defender la autonomía y posicionarla en el contexto nacional. Así, no basta con florecer en autonomía, antes debemos sembrar, irrigar, abonar, pero, sobre todo, proteger lo que se nos ha confiado la sociedad costarricense.
El día de hoy las Centrales Sindicales, Rerum Novarum, CGT, CMTC, CCTD, el BUSSCO y Sindicatos representantes de sectores como educación, salud, ministerios, universidades, municipalidades, Poder Legislativo y otros, atendimos la convocatoria del Gobierno para reformar la Ley Marco de Empleo Público.
En esta convocatoria manifestamos y entregamos un documento que:
1.- Cuestiona los términos de la convocatoria y señala que participaríamos del proceso, si previamente se pactaban, entre las partes, las reglas del diálogo.
2.- En segundo lugar, que el objeto del proceso debe enfocarse a reformar, integral, sustancial y estructuralmente la ley, pero además, el proceso de dialogo incluyera, de manera urgente la modificación del Decreto que reglamentó la Ley Marco de Empleo Público.
3.- De manera inmediata se discutiera la política de congelamiento de salarios y el restablecimiento pleno del derecho a negociación colectiva en la función pública.
Deploramos que en la apertura del proceso el Gobierno anunció “las reglas de oro” imponiendo, unilateralmente, la metodología, y advirtiendo de manera radical que no son negociables la inmensa mayoría de los capítulos de la ley, incluidas las familias de puestos, la escala salarial global, el congelamiento de los salarios, la negociación colectiva y la modificación del decreto. Es decir, el Poder Ejecutivo pone un candado a la discusión de los temas más lesivos de la ley y el Reglamento, que se vuelven finalmente contra el Estado Social y Democrático.
La posición del gobierno evidencia su posición autoritaria y antidemocrática, su rechazo a una salida concertada y democrática a la crisis social, por lo que las organizaciones sindicales no participaremos en ese espurio y pseudo proceso de diálogo.
El movimiento sindical recurrirá a todas las instancias nacionales e internacionales, a las acciones de protesta social y movilización que corresponda en defensa de la institucionalidad y los servicios públicos de salud, educación, las condiciones laborales y salariales de las personas funcionaria públicas y del Estado Social y Democrático.
Alertamos a las fracciones legislativas que ese proceso está totalmente deslegitimado, el proyecto de reforma de Ley de Empleo Público que les presenten será simplemente la propuesta de Casa Presidencial por intermediación de MIDEPLAN.
Ratificamos nuestra oposición a la contrarreforma social y laboral y denunciamos que la posición del gobierno atiza un conflicto social y laboral de grandes proporciones, que en la práctica será inevitable, cuya responsabilidad será exclusivamente del Poder Ejecutivo.
El día de hoy las centrales sindicales, BUSSCO y sindicales representantes de sectores como educación, salud, ministerios, universidades, municipalidades, Poder Legislativo, etc., atendimos la convocatoria del gobierno para reformar la Ley Marco de Empleo Público.
En esta convocatoria manifestamos y entregamos un documento que:
1.- Cuestiona los términos de la convocatoria y señala que participaríamos del proceso, si previamente se pactaban, entre las partes, las reglas del dialogo.
2.- En segundo lugar, que el objeto del proceso debe enfocarse a reformar, integral, sustancial y estructuralmente la ley, pero, además, el proceso de dialogo incluyera, de manera urgente la modificación del Decreto que reglamentó la Ley Marco de Empleo público.
3.- De manera inmediata se discutiera la política de congelamiento de salarios y el restablecimiento pleno del derecho a negociación colectiva en la función pública.
Deploramos que en la apertura del proceso el gobierno anunció “las reglas de oro” imponiendo, unilateralmente, la metodología, y advirtiendo de manera radical que no son negociables la inmensa mayoría de los capítulos de la ley, incluidas las familias de puestos, la escala salarial global, el congelamiento de los salarios y la modificación del decreto. Es decir, el poder ejecutivo pone un candado a la discusión de los temas más lesivos de la ley y el Reglamento, que se vuelven finalmente contra el Estado Social y Democrático.
La posición del gobierno evidencia su posición autoritaria y antidemocrática, su rechazo a una salida concertada y democrática a la crisis social, por lo que las organizaciones sindicales no participaremos en ese espurio y pseudo proceso de diálogo,
El movimiento sindical recurrirá a todas las instancias nacionales e internacionales, a las acciones de protesta social y movilización que corresponda en defensa de la institucionalidad y los servicios públicos de salud, las condiciones laborales y salariales de las personas funcionaria públicas y del Estado Social y Democrático.
Alertamos a las fracciones legislativas de que de ese proceso está totalmente deslegitimado, el proyecto de reforma de Ley de Empleo Público que les presenten será simplemente la propuesta de Casa Presidencial por intermediación de MIDEPLAN.
Ratificamos nuestra oposición a la contrarreforma social y laboral y denunciamos que la posición del gobierno atiza un conflicto social y laboral de grandes proporciones, que en la práctica será inevitable, cuya responsabilidad será exclusivamente del Poder Ejecutivo.
San José, 20 marzo 2023.
Información enviada a SURCOS por Martín Rodríguez Espinoza.
Conmemoramos otro aniversario de la Batalla de Santa Rosa, la primera batalla de la primera derrota de los norteamericanos en toda su historia, la primera batalla de la consolidación de nuestra independencia. Lo digo así porque esa primera derrota norteamericana en el continente se consolidó poco después en la batalla de Rivas del 11 de abril, y en la segunda parte de la guerra en 1857, peleada en el río San Juan y en esta zona sur de Nicaragua, con Rivas como centro más importante. Pero Santa Rosa preparó ese camino de victoria.
Costa Rica era entonces una nación muy pequeña. Teníamos apenas 110.000 habitantes, más o menos la mitad del cantón de San José, más o menos lo mismo que tiene el Cantón de la Unión, que conocemos como Tres Ríos.
Y empezaba su vida nacional. Teníamos 35 años de ser independientes de España y apenas ocho años de ser una república.
Aun así, este pequeño país pudo enfrentarse de manera victoriosa a una invasión extranjera proveniente de la joven potencia del norte, desde aquel entonces era el país más rico y poderoso del continente.
¿Cómo fue posible esa victoria?
Esta proeza de este pequeño pueblo estuvo siempre indisolublemente ligada a una persona, la de Juan Rafael Mora Porras, hoy con el título de Libertador de la Patria, Benemérito y Héroe Nacional. Fue su visión y don de liderazgo lo que pudo unir al país y conducirlo, en medio de sacrificios, a la victoria.
La guerra del 56-57 y sus resultados están ligados a los siguientes factores:
1.— El presidente Mora, primeramente, supo descifrar quién era el enemigo. Él se dio cuenta de que el país se enfrentaba a una situación de vida o muerte, de existir o perecer. Estados Unidos, apenas ocho años antes, había invadido México, había tomado su capital y en presencia de sus tropas había obligado a los mexicanos a entregar la mitad, ¡la mitad!, de su territorio. De ese despojo hecho por la fuerza surgieron los estados de Texas, Colorado, Nuevo México, Arizona, Nevada y California y territorios que están en otros estados. Mora entendió que Walker no venía a una aventura personal y menos pacificadora. Supo que el filibustero estaba ligado a círculos de poder del sur de Estados Unidos, al gobierno de Franklin Pierce, un alcohólico proesclavista que pretendía continuar con la expansión de Estados Unidos, otra vez a costa de México y el Caribe, y que preparó las condiciones para la guerra civil contra Abraham Lincoln, la cual empezó apenas media década después.
El interés de Walker era unir Centroamérica (Five o None, la cinco o ninguna, decía) en un estado esclavista que pudiera inclinar la balanza política en EEUU hacia la perpetuación del esclavismo, una balanza que se perdió con el triunfo de Lincoln en 1860, cuando las fuerzas antiesclavistas lograron poner a la mayoría a su favor y en contra del esclavismo. Eso era lo que Walker quería impedir con su invasión y su anexión de Centroamérica.
Walker ya había invadido Baja California y había creado una llamada República de Sonora.
Una de las grandes ambiciones del filibustero y su gente era el río San Juan, la Vía del Tránsito, es decir, el canal interoceánico. Por aquellos años ni se pensaba en Panamá. Entonces esta ruta tenía un valor continental y hasta universal. Mora y su gobierno tuvieron ayuda, más moral y menos material, de Inglaterra y Francia, y era por eso. Esos países estaban interesados en impedir que esa vía cayera en manos norteamericanas al menos con exclusividad, pues ya para entonces estaba concesionada a una compañía estadounidense.
Pero, además, Mora comprendía que esa falange impía, como él la llamaba, solo podía ser derrotada por las armas, que no había otro camino. Walker le envió a Mora un emisario que fue devuelto desde Puntarenas sin siquiera ser recibido. El Libertador sabía que eso era un engaño. Y que solo la sumisión, una sumisión perruna, podía impedir la guerra. Es decir, que el honor y la soberanía solo se podían defender con las armas. Es una enseñanza fabulosa para nuestros políticos de hoy, acostumbrados a bajar las orejas frente a las nuevas invasiones norteamericanas, a las que me voy a referir más adelante.
Con esa definición del enemigo en su cabeza, se dio a la tarea de preparar a su pueblo ideológica y anímicamente. Ningún pueblo puede triunfar si no tiene claros los objetivos de su lucha, los peligros y el carácter definitorio de su enemigo.
2.— Teniendo esto claro, Mora se dio a la tarea de preparar la guerra. Siempre nos han metido la idea de que nuestro ejército estaba formado por agricultores ignorantes y sin conocimientos militares. Nada más falso. Nuestros soldados eran efectivamente campesinos, pero recibieron un esmerado entrenamiento militar, disciplina y espíritu de combate. Para ello Mora se valió de muy buenos militares. Menciono solamente al general José María Cañas, pero no era el único. Había también un exiliado alemán, Otto van Bülov, que era ingeniero militar y excombatiente de la revolución alemana de aquellos años, la revolución de 1848, quien dio un enorme aporte. Un polaco, posiblemente polaco-alemán, llamado Ferdinand von Salich también colaboró en esta tarea.
Tampoco era un ejército pequeño. Aunque muchos lo cifran en 4.000 hombres, hay documentos que señalan que sumaban 7.200 soldados y que en un momento llegó a tener 11.000. Eso equivaldría hoy en día entre 200.000 y medio millón de soldados.
También se nos confunde con el tipo de armamento. Se habla mucho del fusil de chispa, un arma con que la corría más riesgo el que la usaba y la disparaba. Claro que había muchos fusiles de chispa. Pero Mora se las ingenió para dotar a nuestro ejército de un armamento más avanzado, un parque de fusiles Minié y sus municiones, que había utilizado Inglaterra en la recién concluida guerra de Crimea y que Mora compró a ese país. Ese fusil marcaba una diferencia del cielo a la tierra. Para mencionar solo una diferencia, diré que el fusil de chispa podía dar en un blanco, con suerte, a cien metros; el Minié, casi de seguro, a 500 metros.
Cuando los filibusteros se enfrentaron con nuestro ejército en un día como hoy, quedaron sorprendidos por el poder de fuego costarricense, tanto así que dijeron a sus jefes que aquí en Santa Rosa se habían enfrentado no con costarricenses, sino son soldados franceses.
3.— Había que preparar no solo soldados y armas, sino todo lo demás: medicina, avituallamiento, transporte. No voy a entrar en detalle, pero diré solo que él puso a trabajar a un gran equipo en esas tareas.
Algunos de ellos eran Santiago Hogan Grey, Cruz Alvarado Velasco, Fermín Meza Orellana, Andrés Sáenz Llorente y otros.
He mencionado que había en el país un grupo de alemanes, como Nanne, Rohrmoser, Fisher, Gólcher, Alexander Von Franzius y Carlos Hoffman que se pusieron a las órdenes del presidente Mora. Estos dos últimos fueron fundamentales en la formación de la ciencia natural en el país. Carlos Hoffman fue nombrado por el presidente como el médico jefe del ejército nacional. Por cierto, que el puesto era pretendido por otro médico, José María Montealegre, quien se disgustó tanto con la decisión de Mora que decidió no ir a la guerra y quedarse en casita cuidando sus millones. Años más tarde va a ser el principal culpable del derrocamiento del presidente Mora. Carlos Hoffman es otro de nuestros héroes olvidados. Él estuvo en toda la guerra, se quedó en Rivas durante la epidemia del cólera y luego, llamado por don Juanito, se vino a San José para ponerse al frente en la lucha contra la enfermedad.
Quiero enviar un saludo muy afectuoso a los alemanes de nuestro país, y a los descendientes, hay algunos, de esos alemanes que lucharon con nosotros en 1856. Van Bülov y Hoffman no dejaron descendencia. Hay descendientes de un sobrino de van Bülov, que también peleó en la guerra del 56, pero ellos viven en Estados Unidos.
4.— La otra decisión clave de don Juanito fue decidir que él no iba a esperar al enemigo en la capital. San José en esa época llegaba hasta el Hospital San Juan de Dios, y don Juanito dijo: Yo no voy a pelear esta guerra en La Sabana. La guerra la vamos a pelear en las barbas de William Walker. Esto suponía un esfuerzo inmenso, que era transportar todo un ejército hasta Nicaragua. Hoy eso equivaldría transportar 200.000 hombres. Y se tenía que hacer sin vehículos, a pie, con la sola ayuda de algunos bueyes que se utilizaban para transportar dos pequeños cañones.
Para ello había que trazar una ruta, construir puentes y caminos y asegurar medios de supervivencia, sobre todo alimentos, para los soldados en viaje.
Juanito Mora contaba, como dije, con la ayuda de Otto van Bülov, conocido como el Barón, pues lucía ese título nobiliario. Este ingeniero alemán a quien Juanito Mora había nombrado jefe de caminos, brindó un enorme aporte en este sentido. Todavía quedan algunas de esas construcciones. Él tuvo a su cargo la construcción del puente de La Garita, que estaba unos metros aguas arriba del actual, y de la carretera que sube a Los Ángeles. También fue responsable del primer puente de Damas, en San Mateo. Un pueblito de por allí se llama El Barón, pero nadie sabe por qué. En una ocasión propuse que al menos la escuela, que se llama Escuela El Barón, fuera bautizada por el nombre completo del héroe alemán. Pero como siempre sucede, en este país del olvido nadie quiere hacer memoria. En el país del olvido, el desmemoriado es rey. Digo nada más que Van Bülov peleó en Rivas, cosa que él sabía hacer muy bien. Allí se contagió del cólera, enfermedad de la que murió días después en Liberia.
Entonces, ya listos, con un alto nivel de conciencia y una alta moral de combate, el ejército partió, a pie. Salió de donde hoy es el Mercado Central, caminó hasta San Rafael de Alajuela, llegó a la Garita y a los Ángeles y siguió hasta Barranca. Allí se dividió en dos: una parte se fue a Puntarenas y siguió en botes por el Golfo de Nicoya y el Río Tempisque hasta el pueblo de Bolsón. El resto siguió a pie por potreros y montes por la ruta de Bagaces y lo que hoy sería Cañas, hasta Liberia.
Allí los alcanzó el presidente Mora, que en vez de quedarse en su Palacio Presidencial se fue con la tropa a la primera línea de fuego.
El resto de la historia ya la sabemos. José Joaquín Mora, cuyo suegro había sido dueño de la Hacienda Santa Rosa, marchó hacia el norte y dirigió ese primer combate contra los filibusteros. Fue en aquel 20 de marzo. Allí murieron 20 patriotas y 25 filibusteros. Otros 20 fueron capturados durante su huida, fueron sometidos a juicio y fusilados inmediatamente.
Cabe preguntarse por las enseñanzas que nos dejaron los patriotas de 1856.
La primera es que la patria debe defenderse y no entregarse a los que vienen con falsas promesas. Eso no lo entienden muchos costarricenses y no lo comprenden o no lo quieren comprender nuestros gobernantes.
El país está enfrentado a una nueva ola de filibusteros. Son los que han sido dueños de nuestros principales productos, entre ellos el banano y la piña, y con ellos se llevan nuestra riqueza. Son los que hoy nos estafan con sus eurobonos, sus créditos y sus imposiciones, impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Son los que nos tienen atosigados con la deuda externa, y nos prestan cada vez más para que sigamos endeudados. Son los que nos roban a través del comercio internacional, vendiéndonos caro y comprándonos barato. Son los que se han apoderado de nuestras principales carreteras, puertos y aeropuertos. Son los que se llevan el dinero de nuestras pensiones y lo colocan en la ruleta rusa de las bolsas norteamericanas a costa de grandes pérdidas para nosotros y enormes ganancias para ellos. Son los que nos impulsan a destruir nuestro estado de bienestar social y presionan para que se vendan la Caja, el ICE, los bancos del estado y demás.
Quien no tiene claro que ese enemigo existe y quién es, no es un digno heredero de Juanito Mora y no podrá liderar al país para salir de la injusticia, la pobreza y el subdesarrollo.
La segunda enseñanza es que con ese enemigo no se negocia. Ya no puede hablarse con una guerra verdadera, pero la lucha es similar, y no hay peor pecado que intentar esquivarla con el timo de que debemos ser inteligentes y tolerantes, inteligentes y tolerantes contra un enemigo nada tonto y nada tolerante.
La tercera es que al pueblo hay que prepararlo para la lucha con la verdad, no con vericuetos de lenguaje, no ocultando los hechos para que no nos digan dogmáticos ni trasnochados. Los que eso hacen y así piensan no son legítimos herederos de los héroes del 56.
Ellos, los héroes del 56, consolidaron nuestra independencia y crearon una idiosincrasia, crearon la nación costarricense. Lo hicieron con su pensamiento claro y su sangre.
Con la valentía propia del estadista que defiende la soberanía y la dignidad de su patria, don Rodrigo Carazo, sentó de regreso a los emisarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) en los asientos del mismo avión que los trajo al país. La salud, la educación y la energía públicas no eran negociables bajo ninguna circunstancia; dejar de construir hospitales, escuelas e infraestructura para servicios de agua, luz y telefonía, ¡jamás! Que se lleven sus valijas a otras tiendas, este país no se vende por un plato de lentejas.
Las administraciones que le sucedieron bajaron la bandera de la dignidad de una patria insobornable. Se han venido postrando, como siervos menguados, ante los dictámenes de los poderes fácticos nacionales e internacionales de un capitalismo salvaje, que solo habla en términos autoritarios de sometimiento a su añeja y fracasada política neoliberal, que sigue sumiendo a estos países en la miseria, la pobreza, la desigualdad y, por ende, en la más cruenta e insoportable violencia criminal y delincuencial.
Los últimos gobiernos actúan como fieles emisarios de aquellos organismos financieros y poderes. Hoy no se necesita que vengan al país a dictar políticas, estos las acatan de facto, y si pueden van más allá, como es el caso de la actual Ley de Empleo Público, que se aprobó aprovechando la pandemia del Covid-19, y con la que pretenden, ahora sí, quebrar al Estado Social de Derecho precarizando los salarios de los servidores públicos.
Por consiguiente, no es que el Estado y su institucionalidad social estén siendo conducidos a la quiebra por deficiencias administrativas y gollerías salariales. Sin duda, hay mejoras que introducir en estas materias, y ya se han venido realizando. Pero, la causa fundamental, que no se toca, es la complicidad de estos gobiernos con los grandes intereses económicos empresariales y financieros, a los que se les facilitan las condiciones para seguir amasando capitales; se les premia con exoneraciones y amnistías, haya o no pandemia, como ahora con el perdón de deudas de las empresas con la Caja por morosidad; por favor, ¿cómo no va a estar con problemas financieros la Caja, si también el Estado no paga su deuda billonaria? Pero sobre todo se les continúa tolerando declarar cero ganancias, como es evidente en el listado de casi noventa empresas, recientemente dado a conocer por el Ministerio de Hacienda, a solicitud del diputado Ariel Robles del Frente Amplio. Como dice el pensador estadounidense, Noam Chomsky, estamos ante una modalidad de “Estado niñera” de los ricos: “socialismo para los ricos y capitalismo para los pobres”.
Urge erradicar estas prácticas antipatrióticas de partidos políticos y gobiernos con discursos grandilocuentes pero que no actúan con decisión y valentía cuando se trata de parar, sí, las gollerías de los eternos ganadores en tiempos de pandemia, en tiempos de guerra y en tiempos de paz; en todo tiempo protegidos, y siguiendo la vieja práctica de convertir cada campaña electoral para componendas y compra de favores.
Ya es hora de que quienes administran la cosa pública dejen de comportarse como mercaderes baratos, al servicio de los ganadores de siempre. Urge una nueva generación de mujeres y hombres libres, que antepongan los intereses del pueblo costarricense sobre los de las élites oligárquicas que están conduciendo a nuestro pueblo por los tenebrosos caminos de la violencia, que lo único que nos depara es un futuro con más cárceles y menos escuelas y hospitales.
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)
El surgimiento de la UNA o Universidad Nacional de Costa Rica estuvo marcado por grandes esperanzas y expectativas (en tiempos de crecimiento económico y auge del estado benefactor) de transformación de la sociedad costarricense, cuando los efectos del crecimiento demográfico sostenido desde los primeros años de la posguerra, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, se hacían sentir con demandas crecientes de servicios en el campo de la educación, la salud, las edificaciones y la infraestructura vial, en la medida en que una nueva generación, la del Baby Boom, tocaba las puertas de la educación superior cuando la Universidad de Costa Rica era la única institución de educación superior en el país. Fue entonces cuando se crearon nuevas universidades públicas como la UNA, el TEC y la UNED y se produjo una diversificación parcial del sistema educación superior pública de Costa Rica que nació en esos tempranos años de la década de los setenta. Lo paradójico del caso de la UNA es que no figurara entre sus planes la creación de carreras como derecho y medicina más aun, teniendo en cuenta que con la avalancha de universidades privadas surgidas durante las décadas posteriores, y la conversión de la educación en un mero negocio, esas entidades crearon numerosas escuelas de derecho y medicina, valiéndose de los docentes y la investigación que se realiza en las universidades públicas.
En el año de 1977, cuando el doctor Celedonio Ramírez aspiró a la rectoría de la UNA, frente a la candidatura del doctor Alfio Piva Mesén, quien fuera el segundo rector de la institución, recuerdo muy bien la afirmación de quien posteriormente fuera rector de la UNED, de haber recibido la oferta de asumir el Hospital San Juan de Dios, lo que hubiera sido un insumo importante para que la UNA creara una escuela de Medicina mucho antes de que las universidades privadas lo hicieran. ¿será por ese motivo que algunos estudiantes de entonces se sintieron defraudados con la nueva institución, alegando que la UNA les quedó debiendo?
La conmemoración de los cincuenta años de la nueva institución universitaria, que heredó buena parte de la tradición intelectual e instalaciones de la vieja Escuela Normal, fundada más de medio siglo atrás (1915), corre el riesgo de impregnarse del espíritu o ethos de estos tiempos marcados por el totalitarismo neoliberal, y el acelerado desmantelamiento del estado social de derecho que la acompañó durante la primera etapa de su desenvolvimiento institucional. Algunas de las reacciones. y comentarios de otros protagonistas de la vida institucional de entonces, publicadas en estos días, han sido omisas y acomodaticias hacia el presente neoliberal, soslayando así muchas dimensiones del proceso fundacional y el contexto sociopolítico en que se produjo (Ver al respecto José Eduardo Mora “La universidad “necesaria” del Padre Núñez” Semanario Universidad, edición 2454, 1 al 7 de marzo 2023, página 18, Cultura, en especial en lo referente a las declaraciones de Rodrigo Carreras y Vladimir De La Cruz). Se tiende a obviar la naturaleza específica del proyecto llamado universidad necesaria, especialmente en lo académico, con sus implicaciones en un nuevo tipo de universidad (¿la universidad necesaria acaso?, la que más allá de su mera enunciación implicaba un proyecto académico muy ambicioso) y en cuanto al compromiso político con los sectores populares que planteaba, también en cuanto a la naturaleza del IESTRA y otras unidades académicas e investigativas, que representó una gran oportunidad para incursionar en las múltiples dimensiones del mundo del trabajo (algo que había planteado en una entrega anterior de este artículo), las que iban mucho allá de la docencia dirigida hacia el sindicalismo y el cooperativismo. Siempre estaremos expuestos a la naturaleza acomodaticia de las “verdades oficiales” o mentiras complacientes, motivo por el que sólo la vigilancia y el espíritu crítico, incluso hacia nosotros mismos, pueden librarnos de caer en esas trampas tan peligrosas en este medio siglo transcurrido, desde el nacimiento de la UNA.
En el área de las llamadas Ciencias de la Salud se optó por darle impulso a la Escuela de Medicina Veterinaria, con su hospital veterinario, ambos ubicados en el Campus Benjamín Núñez (Barreal de Heredia), los que han representado toda una revolución en ese campo, dada su enorme proyección hacia el conjunto del sector agropecuario, especialmente en los órdenes de la investigación y extensión.
En medio de la “normalización” y burocratización crecientes, los posgrados representaron una excelente oportunidad para el ensanchamiento de la investigación y la docencia universitaria, si bien la sincronía y la concreción de esas iniciativas no siempre fueron las que se requerían, incluso con urgencia, lo que puede haber dado lugar a una falta de retroalimentación hacia muchas de las propuestas académicas de los fundadores.
La creación de la Maestría en Política Económica, ligada a la Facultad de Ciencias Sociales marcó un punto de inflexión para la docencia y la investigación en la UNA, pues alimentó también los estudios de grado y se proyectó hacia el conjunto de la sociedad costarricense. Posteriormente, los posgrados en otras facultades y especialmente en la Filosofía y Letras, aceleraron el proceso de retroalimentación de la docencia en los estudios de grado. La doctora Magda Zavala jugó un gran papel para la expansión de esos estudios en la mencionada facultad, a pesar de las dificultades de orden institucional que tuvo que afrontar.
Concluyo manifestando que restan muchos temas y situaciones específicas de la vida universitaria, a lo largo de los cincuenta años transcurridos, sobre los que debería haber una discusión constructiva entre quienes fueron sus protagonistas, lo que resulta más urgente en la medida que muchos de ellos van abandonando el escenario histórico, en especial los de la generación del baby boom.
“Las y los ticos son un pueblo anestesiado que camina detrás del cortejo fúnebre de su patria creyendo que es un carnaval”. Tatiana Lobo
Mientras con la política pública costarricense respecto a la Evaluación de Impacto Ambiental se está dando el último paso a su extinción, todo indica que se cumple la sabia sentencia de la gran escritora Doña Tatiana Lobo -q.e.p.d.- en cuanto a que: “Las y los ticos son un pueblo anestesiado que camina detrás del cortejo fúnebre de su patria creyendo que es un carnaval”. En este caso, el carnaval del mercado financiero transnacional que comanda Rodrigo Chaves Robles, un habitante de nuestro Planeta, desarraigado y entrenado durante 27 años para estos y otros trágicos menesteres contra la Patria que lo vio nacer.
Sin embargo, debemos aclarar que, la violencia contra la Naturaleza y obviamente nuestra propia vida, impulsada con dichas políticas, no empezó con este gobierno. Los hechos nos demuestran una tendencia en dicha dirección con casos que, aunque parecieran aislados en ciertos períodos gubernamentales, con el paso de los años no sólo han resultado más frecuentes, sino, también acompañados de acciones contra el sistema normativo. Por ejemplo: Crucitas con sus acciones delictivas antes y después del fallo de los Tribunales de Justicia, la Trocha, el proyecto APMT, libre extensión de monocultivos, Decretos Ejecutivos como el No. 37803-2013, 41815-2019, 41851-2019, las Leyes N° 9610 del 17/10/2018, 9789 del 09/12/2019 y No. 10338 del 21/12/2022 etc.; y otras reformas desregulatorias de actividades impactantes del medio ambiente. Son éstas, únicamente algunas de las decisiones gubernamentales que, abrieron el camino para el golpe de timón en materia ambiental que se apresta a consolidar el gobierno actual. Y probablemente, ocurrirá una vez más a placer de los tres poderes de la República.
Si fuera como parece y se dice, de que en las últimas elecciones nacionales 2022, el electorado costarricense cansado de mentirosos, corruptos y mesiánicos; para conducir el país se decantó por un desconocido, no obstante, su pedigrí de macho y otras virtudes por las que todavía, según encuestas de opinión, ahora inclusive con mayor respaldo lo determina como su salvador. Más debe conocer el mundo que, al menos en asuntos ambientales, el trumpismo en América Latina no desapareció con Bolsonaro u otros. Pues la Costa Rica, protagónica por excelencia en los foros internacionales por su vocación proteccionista y conservadora de la naturaleza, signataria de la Declaración de Río y hasta hace poco promotora del Acuerdo de Escazú; a través de su gobierno Chaves Robles, ha decido honrar la línea de “las políticas ambientales” de Donald Trump y Jair Messias Bolsonaro. Su caballo troyano es “reactivación económica, empleo e inversión extranjera”; es decir, la globalizada estrategia para la concentración de riqueza en unos pocos, y por ende, la gravísima inequidad cuyos elevados costos de la degradación ambiental los paga el resto de la humanidad, presente y futura.
Bajo ese embate, está la sentencia contra la Evaluación de Impacto Ambiental y todo el daño ambiental directo, acumulado y sinérgico que ello acarrea contra los recursos naturales que todavía quedan en este país; sentencia hecha pública durante la conferencia de prensa del pasado ocho de febrero 2023 por medio de una grotesca conferencia de prensa por parte del gobierno. Algunos medios de comunicación como Guanacastealaaltura, Delfino, la Extra y otros; se hicieron eco del anuncio. Por su parte, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental ha publicado al respecto las siguientes noticias:
1.”65% de Proyectos de Bajo Impacto Ambiental que Ingresan a SETENA ya no Requerirán Viabilidad. Fecha: 9/2/23”. (DECI 08-2023, 07 de febrero de 2023).
“Esta transformación histórica de la Setena, se da gracias a la firma de un Decreto suscrito hoy por el Poder Ejecutivo que pretende eliminar la duplicidad de requisitos en tramites a nivel de las instituciones. Además, se elimina el trámite de la Viabilidad Ambiental a los proyectos, de bajo, o muy bajo impacto ambiental, que hoy se solicita a través del formulario D2. “Solo en el año 2022, éstos representaron 1.644 expedientes que requirieron una revisión de SETENA, lo que se traduce en mayores costos para los ciudadanos y la institución.”
“El nuevo Reglamento General de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, fue firmado por el Poder Ejecutivo el 08 de febrero del presente año.
Dicho Reglamento entrará en vigencia a los 4 meses después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Durante este periodo de transición, la Setena estará trabajando en la implementación del mismo en las plataformas digitales. Estaremos informando al respecto por los medios oficiales de la SETENA”.
El nuevo reglamento así informado oficialmente, responde al documento DAJ-D-030-2022, aún sin la numeración correspondiente como Decreto Ejecutivo, entendido esto por cuanto no ha sido todavía publicado en La Gaceta. No obstante, según lo comunica Setena, el mismo efectivamente especifica: Artículo 102. – Vigencia. El presente Reglamento entrará en vigencia a los 4 meses después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Dado en la Presidencia de la República. San José, el veintiuno de diciembre del dos mil veintidós.”
Pero algo más, una tercera noticia publicada por la misma institución aproximadamente cuatro meses antes de las anteriores indica:
Por medio de una revisión de sus procesos internos, contrastándose con la normativa vigente, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía (Setena-MINAE) elimina 41 cuellos de botella a partir de ahora.
Gracias a este análisis, se están impactando 81 trámites, de los cuales 41 serán eliminados y 40 sufrirán mejoras con el objetivo de evitar solicitudes de aclaraciones a los usuarios, sin provocar ningún tipo de regresión ambiental.”
Según expresó el viceministro de Ambiente, Rafael Gutiérrez, la actualización se realiza acatando la Directriz presidencial de eliminar cuellos de botella y procesos burocráticos innecesarios, y la directriz de dejamos trabajar.
Por su parte Ulises Álvarez, secretario general de Setena, destacó que es un hito muy relevante el que “estemos hoy impactando 81 cuellos de botella, en los instrumentos D1+DJCA, PPGA y el EsIA y en especial, eliminando 40 de ellos”.
En un gráfico que incluye esta noticia del 2022, titulado: “Infografía No1. Estadísticas Cuellos Botella Setena”, se describe cómo acerca de los instrumentos de la evaluación de impacto ambiental D1, PPGA y EsIA; entre los análisis hechos para cada uno, se procedió con la eliminación de un número específico de “cuellos de botella” (2, 30 y 9 respectivamente) y consecuentemente como “Acciones de mejora” para cada uno, se establece “eliminar requisitos” y finalmente concluir que, de 81 impactados 41 fueron eliminados y 40 mejorados. Al pie de este gráfico se lee:
“El Formulario D1, deberá ser utilizado para las actividades, obras o proyectos (AOP) de categoría de bajo, moderado y alto IAP (B2, B1 y A), se le recuerda que toda la información ingresada se presenta bajo fe de juramento.”
Y entre tales noticias, conferencia de prensa y otras divulgaciones, de las incongruencias y falsedades con las que supuestamente nos informa el gobierno, es claro por ejemplo que, con el decreto en espera de publicación titulado: “REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL”, no estamos ante una simple reforma de reglamentos y manuales. Sino ante una derogación del “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)” todavía vigente. El propio título es suficientemente revelador de los alcances de esta regresión que, como veremos trasciende la normativa reglamentaria. Al respecto contempla el nuevo decreto (DAJ-D-030-2022): “Artículo 101. – Derogaciones. I. Deróguese los Decretos Ejecutivos números 31849 –MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo del 2004 “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y sus reformas”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 125 del 28 de junio de 2004 …”.
Aunque no sea todo, vale chequear por ejemplo acerca de lo siguiente:
El nuevo reglamento especifica que, fue dado en la presidencia el 21 de diciembre del 2022, mientras Setena, informa que la presidencia lo firmó el 8 de febrero 2023.
Se eliminaron requisitos técnicos de cada uno de los instrumentos de evaluación legalmente consolidados durante años; sin embargo, se aduce que el proceso que han llevado a cabo, no es regresivo.
Que los proyectos de bajo impacto ambiental con tramitación obligatoria del D2, ya no tendrán que tramitar Viabilidad Ambiental ante la Setena; pero esta reforma que eliminó dicho trámite, está en aplicación desde el año 2019.
Que también los proyectos de bajo impacto ambiental, ya no tendrán que presentarse ante la Setena; sin embargo, además de lo que ya se dijo antes, anotan que el formulario D1 deberá ser utilizado para esta categoría de proyectos.
Que para llevar a cabo estas “transformación de mejoramiento y modernización”, se cumplió rigurosamente con los procedimientos de información y participación pública, así como procedimientos técnicos. Sin embargo, dentro de lo que se ha dicho y aportado, además del lenguaje vulgar y ausencia de fundamentación verdaderamente científica y técnica, lo que más sobresale, es el mencionado análisis de decenas de eso que llaman cuellos de botella, una aparente estrategia para no llamar por su nombre a los requisitos técnicos.
Si hubiera consecuencia con esa reiteración de “cuellos de botella”, deberían más bien, reconocer de una vez por todas, los faltantes y deficiencias en la que por años han mantenido a la institución Setena. Pues, cumplir con eficacia y eficiencia su trascendental función técnica separada de la manipulación política y otros poderes fácticos, seguirá siendo hoy más que nunca su gran deuda con la Nación.
La eliminación de requisitos sobre la cual informan que actuaron, y por ende parece que ya está en aplicación, si bien el acento lo ponen sobre proyectos de bajo y muy bajo impacto ambiental, es de anotar que, lo firmado abarca también a los proyectos de mediano y alto impacto. Pues indican que, los primeros ascienden al 65 % de los expedientes que ingresan a la institución, y “Se reduce en un 32,9% los términos de referencia de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), adelgazándolos para que se presenten requisitos que sean solamente competencias de la EIA”.Por lo tanto, con tan fuerte eliminación y adelgazamiento de requisitos técnicos en el funcionamiento básico de Setena: ¿Qué hace o qué hará esta Institución, creada como un Órgano técnico con autonomía suficiente para cumplir cabalmente su función rectora en Evaluación de Impacto Ambiental según su importante estatus de desconcentración máxima; entendamos así un blindaje contra la intervención política y de grupos económicos acostumbrados a la intervención en los asuntos de Estado? Institución que, desde el año 2017 ocupa aproximadamente el 50% de una edificación estatal, de la que, según dicen, después de al menos 10 años de abandono, la remodelaron al costo aproximado de 2000 millones de colones; pero desde la pandemia permanece subutilizada; no obstante, paga cuantiosas sumas de dinero por vigilancia, aseo, mensajería y custodia de documentos (parte de su archivo) por parte de empresas privadas.
En conclusión, a pesar de que la Setena con las intervenciones políticas por parte de los gobiernos de turno y grupos económicamente poderosos (Cámaras empresariales), se volvió experta en “cuellos de botella”; esta nueva especialidad impuesta y autoimpuesta, es evidente que no la usa en favor de las funciones necesarias para cumplir con sus fines; fortaleciendo verdaderamente la democracia ambiental y el Estado de Derecho y Bienestar Social. Por lo tanto, incumple el protagonismo que le corresponde ante las autoridades superiores, en cuanto a las políticas y los proyectos de ley sobre el ambiente; pues retrotraerse 27 años en cuanto a legislación, evidencia hacer lo contrario de lo que le ordena la Ley (No.7554- Artículos 83,84).
Todo parece indicarnos que la suerte para el Ambiente de nuestro país está echada, ya que, junto a los desastres mal llamados naturales, actúan no sólo las prácticas más violentas contra la vida humana, lo cual parece preocupar a los gringos más que a las autoridades ticas, sino contra todas las especies vivientes y los ecosistemas de los cuales dependemos todos. A diario se dan alertas de este antropocentrismo moderno: agrietamientos y deslizamientos de infraestructuras de todo tipo, contaminación de acueductos y escasez de agua potable aún donde debería ser abundante, tráfico de especies animales y forestales, construcción de pozos ilegales, proliferación de vertederos, uso y abuso de agroquímicos, caza y tala ilegales, mutilación de áreas protegidas, aumento alarmante de denuncias ambientales, viabilidades ambientales irregulares, permisos y declaraciones ambientales de obras públicas y privadas que supuestamente no ocupan estudios previos de impacto ambiental, sobrexplotación de pesca, aumento de daños por eventos meteorológicos, etc. Pero no observamos acciones gubernamentales para el “control y seguimiento” efectivo de estos daños que ya afectan y se acumulan.
Por el contrario, se ha legalizado la mutilación de áreas protegidas específicas como reservas biológicas, humedales, áreas de protección de ríos y otras tantas están en la mira; pues la explotación de minerales e hidrocarburos es rentable para magnates que “generan empleos” a siervos de diferente estofa. En igual dirección, se ha resuelto viable la incineración de residuos sólidos, más un acápite especial, merece el archivo por el poder Legislativo del expediente 21.245 sobre el proyecto que, pretendía la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de Costa Rica. No obstante, representar una norma innovadora, la cual, auspiciada por la CEPAL y la ONU, ofrece a los Estados Parte una línea base a partir de la cual, avanzar en el cumplimiento de estándares mínimos en derechos humanos y ambiente. Pero la falaz campaña de desinformación contra dicho Acuerdo, orquestada por los mismos grupos empresariales del poder económico y político, llevaron al país a este indecoroso cambio de rumbo. Paradójicamente, el economista costarricense José Manuel Salazar Xirinachs, a partir del 03 de octubre 2022 es el titular de la Secretaría ejecutiva de la CEPAL, y según el Artículo 17 del Acuerdo de Escazú: “El Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ejercerá las funciones de secretaría del presente Acuerdo”. Y por si hubiera duda, avanza en el mismo poder legislativo la reforma regresiva de la Ley Orgánica del Ambiente que, entre otros asuntos, permitirá cortarle los legales a la Setena. La cual, al pasarla de máxima a mínima desconcentración, más los requisitos técnicos eliminados vía decreto; quizás a lo que dará lugar, es a una pequeña oficina que como está previsto, pasará a la tutela del ministro de turno del MINAE. O algo similar a lo que existió, hace aproximadamente treinta años con nombre de Comisión de estudios de impacto ambiental (CONEIA). Esto es parte del “hito de la transformación histórica de la Setena” a que alude su secretario” y la “genial” iniciativa “Le dejamos trabajar”.
El Movimiento Sindical Unido, convoca a un encuentro sindical y social en favor de la defensa del Estado social y democrático de derecho. La actividad se llevará a cabo en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), a las 8:00 a. m. el día jueves 9 de marzo de 2023.
La Ley Marco de Empleo Público, N° 10.159, estableció una vacatio legis de doce meses, la cual entrará en vigor el próximo 10 de marzo.
A pocos días del banderazo de salida, a pesar del tiempo transcurrido desde que se promulgó, el pronóstico de su esperado estreno no es, para nada, muy alentador.
La cuestión, en buena parte, obedece a que la ley, de significativa complejidad, comprende varios subsistemas de la relación de empleo público (planificación del empleo, organización del trabajo, gestión del empleo, gestión del desarrollo, desempeño, compensación, evaluación de desempeño y otros), que no fueron bien pensados por el legislador, cuya implementación, a partir del próximo mes, no es nada fácil.
Y si no es así, que lo diga MIDEPLAN, que prácticamente se reservó hasta el final consultar el proyecto de reglamento de dicha ley, una consulta de mero trámite, sólo para cumplir un ritualismo legal, que resultó un desafortunado fiasco jurídico.
A lo anterior, se suman deficiencias de redacción y falencias técnicas que contiene la ley, producto del atropellado proceso legislativo que sufrió, que desdeñó los criterios técnicos y expertos, entre ellos el Memorando del Departamento de Normas Internacionales y Gobernanza de OIT.
Como si lo anterior no fuera poco, el proyecto fue objeto de varias inopinadas enmiendas, que reflejan, como dice Montesquieu, “las pasiones y los prejuicios del legislador”, las pasiones contra el Estado Social y Democrático y los prejuicios contra las personas servidoras públicas; la cual finalmente fue remendada, “técnicamente” chapuceada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, engendrando, en definitiva, la impresentable Ley Frankenstein, cuyo cronómetro ya está en cuenta regresiva.
I.- Razones imperiosas que justifican la posposición de la vigencia de la ley
A la vuelta de la esquina de su anunciada vigencia, puede sostenerse, por diferentes y poderosas razones, que resulta inviable, altamente riesgosa e inconveniente su aplicación, a partir de aquella inminente fecha:
1.- En primer lugar, lo menos que podía haber ordenado la desatinada propuesta de reglamento, consultada por el Poder Ejecutivo, fue precisar, delimitar los alcances y aclarar las tantas normas oscuras que abundan en la ley.
Un reglamento ejecutivo es una norma secundaria, subordinada a la ley (secundum legem), cuyo objetivo es desarrollar, delimitar, precisar y aclarar los preceptos de una ley, particularmente los que implican el ejercicio de potestades discrecionales de la Administración, con la finalidad de procurar una aplicación certera y ordenada de la misma.
No obstante, el proyecto consultado fue cuestionado por diferentes instituciones, y no solo por los sindicatos, entre las cuales destacan la Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la República, la Corte Suprema de Justicia, solo por citar algunas entidades públicas.
En términos generales, las opiniones o informes rendidos por estas instituciones, coinciden en que las normas del proyecto de reglamento están viciadas de deficiencias, oscuridades, ambigüedades, desprovistas de la más elemental técnica jurídica.
Además, concuerdan que varias normas se extralimitaron, desbordando el ejercicio de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo.
Amerita destacar que esos informes contienen cuestionamientos muy serios acerca de dos temas muy relevantes: el salario global y el congelamiento de las remuneraciones de las personas servidoras públicas.
No hay duda que el salario global es el producto estrella de la ley. No obstante, el salario global es el producto más oscuro y misterioso de la ley, que se limitó a establecer sus presupuestos y parámetros muy generales, delegando al reglamento su construcción normativa.
Lo mínimamente esperable era que el reglamento desarrollara los presupuestos de ley y precisara la metodología para la construcción de las familias y las escalas salarias globales, que quedarán sometidas a la gobernanza total y totalitaria de MIDEPLAN.
Por contrario, el proyecto de reglamento, deja este asunto, y otros no menos importantes, en el limbo, “a mitad del camino, entre la nada y el olvido”, como dijo el productor de cine Clint Eastwood.
Es insólito, que a tan pocos días que empiece a regir la ley, las nuevas y radicales reglas de juego, que no son poca cosa, particularmente en materia de salario global, estén todavía en las tinieblas.
2.- Varias normas de la ley requieren una plataforma tecnológica que permita su instrumentación. Por ejemplo, la operacionalización de la plataforma integrada de empleo público (artículo 12).
Esta plataforma, a la fecha, ni siquiera está diseñada.
3.- La rectoría de la gestión del empleo público que se le cometió a MIDEPLAN, violentando el principio de separación de poderes y las autonomías constitucionales, por lo visto, le quedó muy grande.
La asunción de la rectoría del empleo público requiere instancias de dirección, coordinación y articulación con las entidades que van a quedar a merced del tutelaje político y normativo de MIDEPLAN.
Los mecanismos de dirección y coordinación interorgánica tampoco han sido implementados, para asegurarse que la entrada de vigencia de la ley vaya a ser ordenada y no produzca un colapso administrativo, que hasta podría significar una alteración en la normalidad y continuidad de la prestación de los servicios públicos.
Estas instancias de dirección, coordinación y planificación están a la deriva.
4.- Por otra parte, dado los cambios institucionales y radicales que produce la ley y las afectaciones que causarán en la relación de empleo de las y los servidores públicos, es absolutamente necesario, por un lado, que las instituciones cuya dirección política asumirá MIDEPLAN, dispongan de las herramientas normativas y técnicas adecuadas para realizar esos ajustes, y por otro lado, que las personas servidoras públicas tengan pleno conocimiento de las implicaciones que en sus condiciones de trabajo y derechos laborales producirá la aplicación de la ley emergente, particularmente tratándose de sus derechos adquiridos, entre ellos, el régimen de sus remuneraciones.
Los trabajadores tienen el inapelable derecho de conocer, literalmente con absoluta certeza y total transparencia estas implicaciones, en el ámbito de cada una de las instituciones en las que se aplicará la ley.
Esas herramientas no están construidas y la información a las personas trabajadoras de los cambios que se aplicarán, a partir de tan pocos días, brillan notablemente por su ausencia.
II.- Desgobierno, caos institucional, inseguridad jurídica y aumento de la conflictividad laboral
Con fundamento en las anteriores consideraciones, se puede sostener que, desde el punto de vista 1) normativo, 2) tecnológico, 3) institucional y 4) administrativo, por decir los más relevantes, la aplicación de la ley, a partir del 10 de marzo, será un ejercicio abortado, una ley fallida, con consecuencias predecibles, que podrían ser catastróficas.
La ley (en sentido material) constituye una manifestación jurídica de la democracia, expresión de la voluntad popular.
En tanto que expresión de la voluntad popular, la ley requiere necesariamente que ostente legitimidad democrática.
La legitimidad democrática de una ley exige que en su proceso de tramitación, aprobación, reglamentación y ejecución, los actores sociales hayan tenido una oportuna y efectiva participación.
Pero la legitimidad democrática no es solo un asunto de procedimiento legislativo, es una cuestión sustantiva, que además, de la publicación de la ley, demanda que la ley sea transparente y los ciudadanos tengan total certeza acerca del contenido y alcance de sus normas.
En el Estado de Derecho la seguridad jurídica es un presupuesto del ordenamiento jurídico, es certeza del Derecho, que garantiza que sus destinarios conozcan, por los medios adecuados y con suficiente antelación, las normas futuras que regularán sus comportamientos sociales y las consecuencias resultantes.
La transparencia de la ley es un presupuesto de la certeza del Derecho.
Por contrario a este principio del Estado de Derecho, la Ley Marco de Empleo Público carece de legitimidad democrática, no solo porque se tramitó de manera acelerada y arbitraria, aguijoneada por la presión de la OCDE y el FMI, que dejó en total interdicción la participación de los actores sociales, principalmente los sindicatos, sino, también, porque, a muy pocos días de su vigencia, su aplicación exuda opacidad, falta de certeza y transparencia, ignorando las personas servidoras públicas, a estas alturas, los alcances de las nuevas reglas y los efectos jurídicos que producirán en el ámbito de su relación de empleo y condiciones laborales.
La seguridad jurídica es un valor y un principio del Estado de Derecho, una garantía democrática de la correcta aplicación de las leyes, que está siendo vulnerada de manera evidente y manifiesta.
Las y los servidores públicos tampoco están obligados a soportar tanto sacrificio.
Además, en este escenario tan incierto, la entrada en vigencia de la ley, será fuente inevitable de conflictos, por una parte, entre las instituciones gobernadas y el supra Ministerio rector, y por otra parte, una fuente de aumento de la conflictividad laboral, que son efectos indeseados, que nadie razonablemente desearía que ocurran.
III.- Una ley inasumible cuya vigencia debe necesariamente posponerse
Así las cosas, la aplicación de dicha ley, a partir del 10 de marzo, sólo producirá caos institucional, desorden administrativo, totalmente inconveniente, en detrimento del interés público, y además, absoluta incertidumbre, en menoscabo del principio de seguridad jurídica.
La Ley Frankenstein es inviable, inasumible, por lo que en estas circunstancias, si todavía queda algún respeto por las reglas del sistema democrático, debería imperar la razonabilidad política y la prudencia legislativa, y en consecuencia, debe posponerse, por un plazo adecuado y razonable, la fecha de su entrada en vigencia, para no dejar el país al borde del precipicio y salvaguardarlo de semejante riesgo político, legal y crisis institucional.
Recordemos la ley de Pudder: lo que mal empieza, mal acaba.
Hace algunos años, la Defensoría de los Habitantes gozaba de una amplia y positiva popularidad. Aparecía entre las instituciones públicas con mayor respaldo y credibilidad ciudadana. En esa época, se decía cuando algún ciudadano era víctima de alguna violación de los derechos, lo voy a acusar a la Defensoría. Aun cuando quizás se sobre-dimensionaba el alcance de su accionar concreto, en el imaginario social se le visualizaba de esta manera.
Sin embargo, poco a poco, la entidad se ha ido erosionando al compás de elecciones de jerarcas marcadas por las componendas politiqueras en la Asamblea Legislativa, y no por el dominio solvente de la temática de los derechos humanos, la probada independencia, los atestados y propuestas programáticas de quienes se postulan a ese cargo.
Podríamos decir que la Defensoría se ha ido debilitando, de manera tristemente paralela, al deterioro progresivo de nuestro Estado Social de Derecho. Una entidad que debía de defender y promover los derechos humanos, particularmente, los derechos sociales de los habitantes, ha dejado de jugar un rol activo en este ámbito. Se ha convertido en una institución con una incidencia marginal en temas cruciales de derechos humanos y ha estado sumergida en una crisis interna perenne, en la cual los funcionarios de la institución se han venido enfrentando a conductas arbitrarias y autoritarias de jerarcas, quienes deberían ser abanderados del derecho, del diálogo y la justicia.
En su creación, la Defensoría se inspiró en el Ombudsman sueco. En Suecia nace como una instancia caracterizada por la independencia ante los poderes políticos y administrativos instituidos. La independencia es entonces un principio clave e imprescindible en la razón de ser de ese Ombudsman. Sin tal independencia la institución pierde su rumbo y sentido.
En el caso nuestro, no por casualidad el artículo 2 de la Ley 7319, mediante la cual de crea la Defensoría de los Habitantes en 1992, está centrado en ese principio. El artículo indica lo siguiente: «La Defensoría de los Habitantes de la República está adscrita al Poder Legislativo y desempeña sus actividades con independencia funcional, administrativa y de criterio.»
Sin esa independencia, su atribución principal de ser «el órgano encargado de proteger los derechos y los intereses de los habitantes» (definida en el artículo 1 de la mencionada ley), se quedará vacío.
En 1991, en París, al finalizar un seminario internacional sobre derechos humanos, las entidades participantes, institucionales y de sociedad civil, aprobaron «los principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos». Tales son lo desde entonces se conocen como «Los Principios de París», que posteriormente fueron reconocidos por la Comisión de Derechos Humanos y por la Asamblea General de la ONU, en 1992 y 1993, respectivamente.
El corazón de los “Principios de París” es la independencia de la que deben gozar instituciones nacionales de derechos humanos, como es la Defensoría. La construcción práctica de esa deseada independencia política, administrativa y funcional, empieza con la elección de la persona que encabeza la institución.
Desafortunadamente, lo que estamos observando en la Asamblea Legislativa en el proceso para elegir a quien lidere la institución en los próximos cuatro años, podría no sentar las bases que aseguren la independencia de la Defensoría. Se han estado impulsando candidaturas que no cumplen con los requisitos de idoneidad, dominio técnico en materia de derechos humanos y, particularmente, en el ámbito de la imprescindible independencia.
Se impulsa a candidatas y candidatos que de ser electos, es muy probable que empujen a la Defensoría a una agenda cada vez más restrictiva en derechos humanos. Malas perspectivas cuando, por la gravedad de la crisis económica y, particularmente, la social, lo que se requiere es un liderazgo que trabaje fuerte en la defensa, protección y promoción de los derechos de los habitantes, especialmente, los que enfrentan más duras condiciones de vida.
Por lo que se ha dado en los últimos tiempos y por el comportamiento de algunos partidos y diputados, que tienen una visión muy limitada de los derechos humanos, pareciera que se quiere llevar a esta institución a un papel tan irrelevante, que termine siendo prescindible.
Ante el grave deterioro de nuestro Estado Social de Derecho, que se traduce en restricciones y violaciones de derechos sociales, nunca ha hecho más falta una Defensoría encabezada por una Defensora o Defensor, que, con la mayor independencia, defienda y promueva los derechos humanos, haga que la entidad recobre credibilidad entre la ciudadanía, labore en estrecha coordinación con las organizaciones sociales y resuelva, en forma constructiva, los conflictos internos que debilitan la acción unitaria de la institución.
(17 de febrero, 2023)
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