Juan Carlos Durán Castro Dirigente Sindical SIFUPCR 16 octubre 2022
Las señales que analizábamos previo al proceso de elecciones nacionales, tanto en la primera, como en la segunda ronda se han venido confirmando y estamos viendo un estilo de autoritarismo, de populismo y de manejo del escenario mediático y de redes muy atinado por parte del Presidente Rodrigo Chaves Robles, manejo que más allá de este calificativo no por lo cual deviene el mismo en sano para la democracia nacional.
Ese estilo que aun goza de una mirada de aceptación de la gente y que se refleja en las encuestas, sin duda representa (para decirlo en términos coloquiales), un buen tanque de oxígeno, que al menos en ciertos escenarios ya empezó a agotarse y está generando una variedad de procesos sociales muy interesantes.
Dicho esto, así grosso modo, nos parece que está en desarrollo un fenómeno social de unidad coyuntural al cual debemos ponerle atención y potenciarlo para que tenga una brújula adecuada, mismo que posiblemente parece rescatar o por lo menos debemos por mandato político impregnarle todos los ingredientes para imprimirle una mayor estructuralidad, soñando hacer florecer un sentimiento altamente patriótico que emule el abanico colorido del NO AL TLC.
En tal orientación es una tarea política de primer orden aspirar a tener como eje central la defensa de la institucionalidad y el restablecimiento con enfoque democrático y humanístico del Estado Social de derecho heredado de la Constitución Política establecida a partir de 1949, cuyos postulados esenciales han venido siendo dinamitados desde la alborada de neoliberal iniciada desde el primer plan de ajuste estructural en el Gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986).
Sin duda alguna ese enfoque ideológico de demonizar lo público y ensalzar lo privado ha provocado momentos clímax en las luchas desarrolladas desde los distintos movimientos de corte más progresistas y solo para ubicarlos, vale la pena solo citarlos, en su orden histórico, tenemos entonces: ALCOA, Combo ICE, No al
TLC y más recientemente la huelga contra el denominado combo fiscal en el Gobierno de Carlos Alvarado Quesada.
Esos puntos de inflexión supra cuyos efectos e impactos se inscriben en la lógica política del proyecto conservador tienen el objetivo de vaciar de contenido la Constitución Política de 1949 y en esa hoja de ruta los sectores de la derecha nacional más rancia se inscribe la ley 9635 denominada de «fortalecimiento de las finanzas públicas», que incluye curiosamente dos títulos novedosos en tratándose de un cuerpo normativo de corte fiscal, uno capítulo referido al empleo público y otro sobre la conocida regla fiscal.
Así las cosas, después de haber ganado la batalla de la ley 9635, aprovechando los yerros tácticos y estratégicos de los movimientos sociales en general y en particular los del movimiento sindical del sector público, los sectores más conservadores del país logran consolidar la ley 9808 y la ley marco de empleo público, ley 10.159, que forman parte del proyecto de debilitamiento de la carta política superior, lo cual es a nuestro juicio el riesgo superior en debate en este momento.
Esta seguidilla de involuciones sociales y laborales que solamente citamos, son el reflejo a nuestro juicio de cómo está realmente el panorama y en tal sentido como hemos dicho las señales en pleno desarrollo que tienen como protagonista estrella al Presidente de la Republica están produciendo acoplamientos interesantes que a nuestro entender colocan nuevamente a los movimientos sociales, sindicales y socio productivos de distinto tipo ante un nuevo predicado histórico nacional.
De ahí que los eventos ya convocados por los sectores representados en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC), en conjunto con el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (UNA), para el 05 de noviembre 2022, con cuatro ejes de diálogo social: Educación, Seguridad Social, ambiente y energía y economía agroindustrial y agropecuaria en el contexto de la Alianza Pacífico.
Y la convocatoria realizada desde la Rectoría de la Universidad de Costa, por parte de su Rector Gustavo Gutiérrez Espeleta (oficio R-6882-2022, fechado 13 de octubre de los corrientes), dirigido a los distintos movimientos sociales y que denota una preocupación central, actual y válida, sobre los riesgos en desarrollo que presenta el pais en tres ejes específicos de la vida política nacional, como lo son: la democracia, la institucionalidad y el Estado Social de Derecho, devienen en una alerta sin precedentes en la historia reciente.
Riesgos que a la luz de nuestra lectura del momento compartimos plenamente y sin duda requieren del concurso urgente de los movimientos sociales, todo con la mirada puesta en el impulso de un urgente movimiento patriótico que aspire a descarrilar el tren neoliberal y coloque al país en la verdadera ruta de la inclusión social, el desarrollo nacional y la reactivación económica.
En tal sentido estos dos eventos convocados desde tan importantes casas de estudio nacional, resultan ser dos enormes oportunidades, dos luces que tintinean al final del túnel y que deben ser aprovechadas al máximo por los liderazgos actuales, es decir, este nuevo punto de encuentro de los movimientos sociales que parece estar en desarrollo tiene particularidades históricas que reducen casi a cero los márgenes de error de los líderes y lideresas que pensamos van a estar al frente de los acontecimientos que van tener lugar en el corto plazo.
En tal sentido las decisiones que se vayan a tomar próximamente requieren ser articulados y dirigidos con sentido estratégico y patriótico, actitud inclusiva y con un alto componente democratizador que incorpore la realidad de la gente (hombres y mujeres de los distintos sectores), que conocen su realidad y lideran en los territorios y en las estructuras.
De igual forma, a nuestro modesto modo de ver las cosas, el reto esencial del sindicalismo del sector público es descorporativizarse, desfetichizarce y convertirse en un actor político que potencie las condiciones de un proceso informativo – educativo de amplio espectro que permita apuntar a ganar la batalla informativa en las redes, en los sectores y en los territorios, dicho en sencillo, acabar con el deslumbramiento que tiene la gente sobre el Presidente, desnudándolo y sin victimizarlo.
En esencia debe convertirse el movimiento sindical en un articulador democrático que auspicie un nuevo gran movimiento patriótico nacional, esto resulta ser así, pues está en desarrollo un nuevo punto de inflexión y de cómo se conduzca este, las decisiones que se tomen y el desenlace que resulte, dependerá el futuro del país para los próximos 50 años, de eso estamos hablando.
El rechazo por parte de la Sala IV del recurso de “inconstitucionalidad por omisión” que las universidades públicas presentaron en 2019 contra los artículos 5, 6, 11, 14, 17, 19 y 26 del Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no sólo socava la autonomía universitaria si no que debilita a toda la institucionalidad nacional.
El rechazo del Recurso se da en un contexto de concreción de las amenazas. Dos ejemplos son la intromisión del Ejecutivo en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la destitución de su presidente ejecutivo y la descalificación de su autonomía, a raíz de la disputa por la posible ejecución del aumento de salario de 7.500 a la base, debidamente aprobado pero pospuesto por la pandemia. El otro ejemplo es el “leñazo” dado con la imposición del presupuesto a las universidades en la inexistente negociación del Fondo especial para la educación superior (FEES) del 2022, a lo que se suma el proyecto de ley para fijarles parámetros y condiciones para ejecutar su presupuesto.
Este debilitamiento de la institucionalidad ya estaba claramente expuesto en expediente legislativo 22.266, que desde el 2020 intenta modificar el artículo 176 de la Constitución Política. Según ese texto, en adelante “El principio de equilibrio financiero prevalecerá sobre los principios de las autonomías constitucionalmente garantizadas”. De aprobarse tal propuesta, las universidades, la CCSS, las municipalidades y la totalidad de las entidades descentralizadas, tendrán que subordinar sus presupuestos a los parámetros dictados por el Ministerio de Hacienda y según las restricciones impuestas por la regla fiscal o cualquier otro mecanismo definido de manera centralizada y de aplicación obligatoria. La reforma propuesta indica que “en ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables”.
Para un país que se precia de tener un sistema educativo robusto y que aspira a mejorar la calidad de vida por medio de la educación, es gravísimo que el Presidente considere “exitosa” la última negociación/imposición del FEES, porque “Logramos reducir el monto del FEES en términos reales”. Una reducción acumulada de cerca de 110.000 millones de colones en el FEES, equivale a casi el presupuesto anual conjunto del ITCR y la Universidad Técnica, o a casi el presupuesto total de la Universidad Nacional. Las dimensiones del impacto negativo de la pérdida de financiamiento las resentirá la sociedad desde ya, pero más en el futuro cuando las universidades públicas pierdan las condiciones para brindarle al país especialistas calificados en todos los campos.
La ofensiva del Gobierno incluye además eventuales sanciones a las universidades “en caso de incumplimiento en la adecuada distribución del FEES” entre ellas. El expediente 23.380, presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa el 6 de octubre 2022, constituye una intromisión sin precedentes, pues por décadas las universidades públicas han realizado esa distribución de acuerdo con sus necesidades, y no siguiendo criterios externos y menos impuestos unilateralmente por el Gobierno. Las universidades públicas debemos rechazar contundentemente el supuesto del Presidente de que “Hoy no hay cuentas ni criterios objetivos para repartirlo (el FEES) entre las cinco universidades (…) para que no sea una negociación en un bazar todos los años, sino que haya parámetros”. Las universidades no sólo planifican internamente y entre ellas por medio del Consejo Nacional de Rectores, si no también con el Gobierno, como quedó demostrado durante la pandemia de la Covid19.
El Consejo Nacional de Rectores, en el comunicado del 10 de junio del 2020 “Posición de CONARE ante informe de Comisión Legislativa sobre el FEES”, señaló que “la última Agenda de Cooperación incluyó 18 proyectos priorizados por el gobierno y 111 proyectos innovadores adicionales propuestos por las universidades distribuidos en todo el país, en áreas tan diversas como: recurso hídrico, agricultura, ambiente, salud y recursos marinos”. “La nueva Agenda de Cooperación, en etapa de negociación, se enfocará a atender los 14 Desafíos de la Educación Pública Costarricense planteados en el documento propuesto por CONARE al Gobierno de la República”. Esa tarea no se podría realizar desde un “bazar” universitario. La frase del Señor Presidente contra las universidades públicas no requiere comentarios.
La planificación interuniversitaria de corto, mediano y al menos para cada 5 años, se concreta en el Plan Nacional de Desarrollo de la Educación Superior (PLANES), que siempre ha considerado las necesidades del país y por tanto no es un ejercicio universitario aislado. Más bien, los responsables de que esta planificación y ligamen con las necesidades naciones se debilite, han sido los gobiernos al imponer una negociación anual y no quinquenal del FEES.
Las universidades públicas son instituciones que por mandato constitucional tienen el grado máximo y especial de autonomía con que se cuenta en el país, y eso les otorga, entre otras facultades, la de definir con plena y absoluta independencia, cómo se usan los recursos del FEES. Ningún gobierno o ministerio, ni siquiera el de Educación pública, tiene las condiciones técnicas, la visión y el conocimiento necesarios para definir en qué campos de las ciencias y las humanidades, y en qué regiones del país, se deben invertir los recursos del FEES. Dialogar y consensuar siempre son necesidades oportunas, y eso se ha hecho; pero imponerse, suplantar y desconocer las atribuciones de las universidades, nunca será la vía para mejorar la educación pública. Y eso es lo que precisamente pretende el Gobierno con el proyecto de ley 23.380, que incluye “parámetros” para medir el desempeño de las universidades y una posible “fiscalización” de la Contraloría General de República, lo cual equivaldría a desmoronar su autonomía, lo mismo que la de las demás instituciones autónomas del país como las municipalidades y la CCSS.
Lejos de fortalecer la institucionalidad pública, este Gobierno ha sumado a su poco original agenda, la recuperación (prácticamente en todos los campos) de las peores propuestas y proyectos de ley de administraciones anteriores contra lo que nos queda del Estado social.
Una vez más y de manera sistemática, el Gobierno irrespeta el orden constitucional y el Estado Social de Derecho al condicionar el funcionamiento de las universidades públicas a los intereses de los gobiernos de turno.
El Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES) está garantizado en la Constitución Política:
En los artículos 78 y 85, en cuanto a su monto e indexación.
En el artículo 84 en cuanto a la autonomía e independencia del gobierno universitario que planifica su aplicación y destino.
En el artículo 85 en cuanto a sus fines constitucionales y su asignación institucional.
El FEES tiene como destino constitucional único, atender al financiamiento del quehacer sustantivo de las universidades públicas y sus distintos programas, desarrollados de conformidad con el Plan Nacional para la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES).
El PLANES 2021-2025 define 43 indicadores y 171 desagregaciones de la actividad sustantiva: Docencia, Investigación, Extensión y Acción Social y Gestión; y 41 metas estratégicas que incluyen 90 indicadores para los ejes de Regionalización, Calidad y Pertinencia, Cobertura y Equidad, Internacionalización y Sostenibilidad, tomando como referencia los índices e instrumentos mundialmente reconocidos y utilizados en materia de Educación Superior Universitaria.
El CONARE, en conjunto con representantes del Gobierno que conforman la Comisión de Enlace, definieron, desde hace más de ocho años, una estructura de indicadores homologados del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal para el Seguimiento de los Acuerdos de Financiamiento del FEES, en el cual las universidades estatales han evaluado su gestión con 104 indicadores en 6 ejes y 21 temas relacionados con: aseguramiento de la calidad, equidad, cobertura, la rendición de cuentas, vinculación con sectores productivos y excelencia académica.
Lo anterior demuestra que la correcta aplicación e inversión del FEES está determinada y medida por una gran cantidad de indicadores, asociados con acciones y metas, que permiten evaluar el desempeño de las universidades públicas y también medir la eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto universitario.
Adicionalmente, en la última negociación del financiamiento universitario fueron incorporados en el Anexo del Acuerdo de Financiamiento, índices específicos de desempeño asociados con este financiamiento, derivados del PLANES vigente.
Tal y como lo establecen los artículos 84 y 85 de nuestra Carta Magna, le corresponde al CONARE elaborar el PLANES y definir la distribución del FEES.
Nuestras universidades reiteran su compromiso con el adecuado uso de los fondos públicos que les confieren los artículos 78 y 85 de la Constitución Política y su sistema de transparencia y rendición de cuentas. Sometemos a aprobación de la Contraloría General de la República (CGR), los planes anuales operativos y sus respectivos presupuestos, los informes de ejecución presupuestaria y su liquidación final. Asimismo, hemos cumplido ante la Autoridad Presupuestaria y la propia Contraloría con la Regla Fiscal.
El CONARE rechaza categóricamente el Proyecto de Ley No. 23.380 que pretende la injerencia del Poder Ejecutivo en la gestión de las universidades públicas y reprueba la intención del Gobierno para intervenir en materias constitucionalmente asignadas al gobierno autónomo universitario y llama a todas las autoridades gubernamentales a respetar el orden constitucional y los principios democráticos de nuestra Nación.
Hacemos un llamado de alerta a las comunidades universitarias y a la propia comunidad nacional para manifestarnos en defensa del Estado Social de Derecho.
Confiamos plenamente que la Asamblea Legislativa actuará conforme a la observancia de los principios y normas constitucionales vigentes.
José María Gutiérrez Profesor emérito, Universidad de Costa Rica
Las universidades públicas son instituciones esenciales del estado social de derecho en nuestra América Latina. Las universidades han jugado y juegan papeles fundamentales en la región, como vías de movilidad social generadoras de oportunidades, centros productores de nuevo conocimiento y promotoras de desarrollo inclusivo y democrático mediante múltiples vínculos con la sociedad. Además, constituyen centros de reflexión crítica permanente, aportando a los debates sobre el devenir de nuestros pueblos y atisbando nuevas avenidas solidarias por las que transiten nuestras comunidades.
Pese a su importancia y significado, las universidades públicas de América Latina sufren un acoso sin precedentes por parte de los sectores políticos y económicos hegemónicos, acoso que se refleja en una creciente reducción de sus presupuestos, en el cuestionamiento de su carácter público y en los continuos embates contra su autonomía. La reciente negociación de los presupuestos de las universidades públicas en Costa Rica es un claro reflejo de estas tendencias, al violentarse preceptos constitucionales básicos, en el contexto de una política abiertamente hostil por parte de autoridades de gobierno.
El escenario actual de las universidades públicas latinoamericanas plantea enormes retos para estas instituciones. Por un lado, se requiere defender y fortalecer la autonomía y el carácter público de las mismas, renovando los principios de excelencia académica y procura del bien común como ejes centrales. Por otra parte, las universidades deben efectuar las transformaciones que los tiempos demandan, para depurar su funcionamiento, incrementar su trabajo académico y social y atender las urgentes necesidades de los más amplios sectores sociales de nuestros países.
Esta tesitura debe servir para desarrollar procesos de análisis y reflexión crítica y autocrítica en el seno de las universidades y mediante diálogos permanentes con diversos sectores de la sociedad. La revista UNIVERSIDADES, de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), ha publicado un número especial sobre el futuro de las universidades públicas en la región. En dicha publicación se incluye el artículo que se adjunta, que ofrece reflexiones sobre estos temas, centrados en la experiencia de Costa Rica.
Movimiento ciudadano diverso de todo el país llama a defender la Autonomía de la CCSS mediante carta pública
Luego de la destitución de quien fue reciente del expresidente ejecutivo de la CCSS, el Sr. Álvaro Ramos, más de 43 organizaciones e instituciones representadas entre el funcionariado de la CCSS, MEP, UCR, UNA, UNED, ICE así como organizaciones sociales y privadas en ámbitos como; derechos humanos, comunicación, defensa del ambiente, campesinado, asociaciones de desarrollo, juntas de salud, organizaciones sindicales, organizaciones de mujeres, organizaciones estudiantiles y partidos políticos han difundido carta pública en defensa de la autonomía de la CCSS.
¿La Caja en quiebra… o buscan quebrar la confianza ciudadana en la Caja? es la carta pública que representa al movimiento y busca en síntesis posicionar el valor de la institución para beneficio de toda la ciudadanía, así como contrarrestar las falsas declaraciones sobre la sostenibilidad financiera de la CCSS, logrado suscribir al día 27 de septiembre, más de 484 personas, ciudadanas independientes y organizaciones de todo el país.
Las y los firmantes, son un movimiento de personas ciudadanas diversas, defensoras del modelo social, universal y solidario de la Caja Costarricense del Seguro Social, quienes han reunido más de 484 suscripciones de personas ciudadanas independientes en todo el país.
Elementos más destacados en la carta ante la opinión pública son los siguientes:
Desafortunadas declaraciones y acciones del Sr. presidente Rodrigo Chaves que se da en un contexto de lucha sindical por la aplicación del reajuste salarial en institciones públicas que no significa para las personas funionarias de la CCSS ni 250 colones diarios, así como el desacato a la aprobación de este reajuste salarial via decreto en el 2019, lo que ha generado gran desprestigio a la institucionalidad y la autonomía de la Caja, mediante acciones como la destitución de la Junta Directiva de la CCSS, el Sr. Álvaro Ramos.
La Caja no está quebrada, aunque sus desafíos actuales y futuros son enormes, como ocurre en cualquier otro país del mundo.
Algunos son de resorte directo de la institución y otros no lo son. Entre los primeros están sus ingentes inversiones y la eficiencia y calidad del gasto, las acuciantes listas de espera, la escasez de especialistas en áreas críticas. Y entre los segundos, la subdeclaración salarial, el elevado empleo informal, el no pago de la deuda del Estado, la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento y los nuevos retos ante el envejecimiento poblacional, entre otros.
La Caja no está quebrada. Una muestra contundente de la solidez financiera y de la extraordinaria fortaleza humana de sus funcionarios la vimos en su capacidad de respuesta a la reciente crisis de la Covid-19, dando un ejemplo mundial de robustez económica e institucional. En 2020, el peor año de la pandemia, y pese al enorme desafío sanitario afrontado por el país, el excedente del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) alcanzó los 772.7 miles de millones de colones. El excedente subió a 1 billón de colones en 2021, y se proyecta que a final de 2022 rondará los 1,1 billones de colones. A abril 2022, las reservas financieras del SEM alcanzaron 1.5 billones de colones.
Holgura financiera de la CCSS le permitió no solo salir bien librada de la crisis del Covid-19, incluso recibiendo menos ingresos, sino también cuidar los recursos que permitirán implementar un ambicioso portafolio de inversiones que incluye 227 proyectos para construir 1.25 millones de metros cuadrados de infraestructura entre 2022 y 2031. Lo anterior sin contar la apertura de 340 nuevos EBAIS, la reclasificación de 107 centros de salud y el fortalecimiento de los servicios de geriatría a escala nacional; proyectos que se acompañan con una contratación proyectada de 12,522 plazas de personal en salud para atender la demanda creciente de servicios entre el 2022 y el 2031.
Pese a la gigantesca deuda que el Estado costarricense le mantiene a la CCSS, la cual alcanza niveles alarmantes y vergonzosos, pues pasó de 1,064 billones de colones en 2015 a 2,669 billones en 2022. Aun así, la CCSS no está quebrada, por lo que la afirmación del señor presidente pone necesariamente en alerta al escudarse en el manual de la privatización, buscando desprestigiar la Institución más querida por el pueblo costarricense y generar desconfianza entre los actuales y futuros cotizantes.
Ante lo anterior que se describe a detalle en la carta pública, el Movimiento hace un llamado a defender la institucionalidad y la autonomía de la Caja, así como aportar soluciones para lograr su fortalecimiento y enfrentar los desafíos de la institución benemérita.
Vocerías
Augusto Guerrero: Federación de Estudiantes Universitarios Universidad Nacional (FEUNA). Vivian Rodríguez: Dirigente sindical sector educación SEC. Lenin Hernández: Secretario General Sindicato Nacional de Enfermería y AFINES (SINAE AFINES). Henry Mora: Economista, investigador y académico UNA. Juliana Martínez: Catedrática UCR, Premio Forster Fundación Humboldt. Oscar Cruz Morales: Sindicato de Funcionarios Públicos de Costa Rica (SIFUPCR)
El señor presidente, don Rodrigo Chaves, ha optado por el camino fácil. Nos extraña de alguien que habla de tener capacidad y voluntad para comprarse las broncas, que por definición son difíciles. Su argumento, al parecer, más contundente es que el Banco de Costa Rica ya no cumple la función social de una banca de desarrollo, sino que opera como un banco privado o peor. Entonces, ¿por qué opta por el camino fácil de venderlo en lugar de reconvertirlo en un verdadero banco de desarrollo al servicio de la pequeña y mediana empresa?
El camino difícil es comprarse la bronca de hacer del sistema bancario nacional una institución financiera competitiva y eficiente para contribuir a la reactivación económica y social del país. Y esa es una tarea del gobierno, poner en cintura al sistema bancario nacional para que cumpla su función fundamental como banca de desarrollo. Los poderes Ejecutivo y Legislativo son quienes fijan la política de la institucionalidad financiera pública. Entonces, si el banco no está cumpliendo esa función, la responsabilidad recae sobre esos dos poderes, así como sobre la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), y no solo sobre el banco. El banco no se manda solo. Entonces, ¿quién manda en este país?
El camino fácil de la privatización es el que ha llevado a la profundización de la pobreza y la desigualdad a los países de Suramérica, con Chile a la cabeza. Ahora, están de vuelta y, en ese país, a pesar del voto negativo al reciente proyecto de reforma de la Constitución, sigue habiendo consenso, entre tirios y troyanos, de que hay que revertir la privatización que quebró el sistema de pensiones y encareció los servicios públicos privatizados.
No hay explicación razonable para persistir en la chilenización, al estilo de Pinochet, de uno de los países, como Costa Rica, que ha sabido cultivar lo mejor de su patrimonio natural, humano y social levantando en alto la bandera -con algunos traspiés propiciados por quienes piensan más en su patrimonio que en el de la patria- de un Estado Social de Derecho, único frente de resistencia al neoliberalismo frívolo, injusto e inhumano.
Se replican hoy los intentos privatizadores de los gobiernos de don Oscar Arias y don Miguel Ángel Rodríguez. Don Oscar, en su primera administración, buscó privatizar las telecomunicaciones autorizando la operación ilegal de la empresa MILLICOM, algo que logró legitimar con la firma del TLC con Estados Unidos en su segunda administración. Asimismo, con la creación de una “Empresa Costarricense de Telecomunicaciones (ECOTEL)” para la venta de acciones y privatizar parcialmente al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), como se pretende ahora con el Instituto Nacional de Seguros (INS). Es decir, en este caso, estamos ante un mismo modelo. Por su parte, Don Miguel Ángel, buscó privatizar infructuosamente el ICE con el famoso paquete energético “Combo ICE”, lo que le costó la casi desaparición de su Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), algo parecido le ha sucedido a don Carlos Alvarado con el Partido Acción Ciudadana.
Los vientos virulentos de la privatización se pueden convertir, por efecto bumerang, en tempestades para los mismos partidos que los impulsan. Pareciera que viejos y nuevos partidos no han puesto en la balanza el comportamiento de una ciudadanía que todavía arrastra una cultura política afincada sobre los valores imperecederos de un Estado Social de Derecho. Hay una arrogancia globalista modernizante que busca tirar al tarro de la basura las conquistas sociales del pasado, incluso a quienes las promueven los tratan de “ningunear” con el mote de “nostálgicos”, pero resulta que esa herencia se resiste a morir, no por capricho de esos “cabezas calientes” o “anacrónicos”, sino por la misma fuerza de su vigencia para atender a las calamidades sociales de este tiempo “pandémico”, donde los más vulnerables continúan siendo las víctimas.
No estamos ante la venta de un “Rolex”, una mercancía de lujo. Se trata de una institución pública, socialmente rentable, porque sus dividendos sí contribuyen a paliar las necesidades de la “señora de Purral”, y funcionando como debe ser, ella podría emprender un negocio propio para no seguir viviendo del asistencialismo social. Pero, ahora, el señor presidente opta por el camino fácil, para no comerse la bronca con la reconversión del sistema bancario público nacional y con el FMI. Y, además, con esa venta no tener que comprarse la bronca de impulsar una verdadera reforma tributaria y parar, de una vez por todas, la evasión y la elusión fiscal. De seguir por este camino fácil, pobrecita la “señora de Purral”.
Costa Rica atraviesa una crisis política, social e institucional sin precedentes, que tiene la democracia al borde del precipicio.
No obstante, que el señor Álvaro Ramos Chaves no fue un funcionario sospechoso de ser amigo de trabajadores o sindicatos, tenemos que reconocerle que fue respetuoso del Estado de Derecho; pero su compromiso con el principio de legalidad constitucional, lo llevó a tener controversias por los comportamientos autoritarios del Gobierno de Rodrigo Chaves, la última, por su posición respetuosa de la legalidad del ajuste salarial adeudado a las personas trabajadoras de la CCSS.
La dignidad de don Álvaro y apego a los principios democráticos y científicos, demostró que estuvo muy por encima de la conducta sumisa que esperaba su implacable verdugo, y en definitiva, le costaron que el Presidente de la República y su obediente Consejo de Gobierno, cuyos salarios se incrementaron en más de un millón de colones, ordenaran su destitución inmediata.
El ajuste salarial acordado por la Junta Directiva de la CCSS estuvo sustentado en criterios técnicos, jurídicos y constitucionales, en el Código de Trabajo, la autonomía constitucionalmente atribuida a esa institución y pronunciamientos de MIDEPLAN.
Este ajuste salarial se aprobó e hizo efectivo en una gran cantidad de instituciones: Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo de Elecciones, Registro Nacional, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Junta de Protección Social, Poder Judicial y varias municipalidades, entre otros.
Es más, tenemos, que destacar que la misma Contraloría General de la República, órgano constitucional que le corresponde la fiscalización superior de la Hacienda Pública, desde el año pasado, mediante resolución suscrita por la señora Marta Acosta, Contralora General, hizo efectivo ese ajuste salarial.
Advertimos a los y las trabajadoras de la benemérita CCSS, emblemática del Estado Social y Democrático, garante de la salud de la población, que nuestra querida institución está en un gravísimo riesgo, por una parte, por la exorbitante intervención política del Gobierno, y por otra parte, por los espurios intereses mercantilistas y privatizadores.
UNDECA llama a todos y todas las trabajadoras de la CCSS a pronunciarse y salir a defender enérgicamente la autonomía institucional y demanda el pago inmediato del ajuste salarial.
¡Detengamos la hostilidad política contra las personas que laboran en la CCSS, que más que merecido tienen este ajuste! La CCSS no está quebrada, el gobierno le debe más de 3 billones de colones y tampoco le paga.
El Bloque Sindical de Salud: UNDECA, UMN, SIPROCIMECA, ANPE, SINASSASS Y SINAME, informa que nos estaremos reuniendo a primera hora el próximo martes.
Juan Carlos Durán Castro Dirigente Sindical SIFUPCR
No tenemos la menor duda de que se avecina una semana histórica para el país y su institucionalidad, hecho que coloca a una de las instituciones más emblemáticas en el centro de un proceso que definirá la ruta de lo que conocemos como Estado Social de derecho.
Decimos lo anterior pues la parte visible del tema de la deuda salarial en la CCSS esconde un escenario paralelo altamente riesgoso para el país en su conjunto.
Es decir, más allá del tema salarial, lo cierto es que el presidente a nuestro juicio, ya ejecuto un primer acto dictatorial al destituir al respetable Don Álvaro Ramos Chaves.
Decimos esto porque la familia laboral de la Caja y el país en su conjunto tienen derecho saber y a entender que el tema de la deuda salarial en la Caja, aparte de ser legal, no implica un nuevo gasto y que además en términos reales esa deuda talvez alcance a ser posiblemente de un 1%, mientras la inflación ha llegado arriba del 11 %.
Esto sin dejar de decir, que el poder adquisitivo real de los trabajadores y trabajadoras de la Caja, tuvo una pérdida en los dos últimos años del 12% para el sector no profesional, mientras que el sector profesional arribo a una pérdida del 37%. (Esto último aunado a la reforma del régimen del IVM, según datos oficiales, ha generado el retiro de al menos 200 profesionales de la CCSS y se espera un mayor boom de deserción).
Así las cosas, hay que tener claridad meridiana que el verdadero problema de fondo para el Gobierno en ejercicio y los partidos políticos que aspiran llegar al Ejecutivo radica en la fisura que genera el acuerdo de pago en la Caja a la lógica fundamentalista de la ley 9635 y su cuadrada regla fiscal, cuadratura que hasta el mismo presidente desea cambiar, al punto de haber presentado un proyecto de ley para modificarla, claro con la excepción hecha del tema salarial.
En esa línea el caso de la Caja acarrea un riesgo de efecto domino en una buena cantidad de instituciones, lo cual dinamitaría aún más la ley 9635 y su regla fiscal en el tema de los salarios y eso no puede, ni debe suceder.
Es por estas y posiblemente otras razones, que parece estar en desarrollo un acoplamiento político ideológico de Eli Feinzaig, Rodrigo Arias Sánchez y otras fracciones legislativas cristianas y evangélicas, para chantajear a Rodrigo Chaves Robles, que ocupa platica para gastar y mantener su populismo en la cima, aunque los cambios estructurales que le urgen al país no caminen nada y se siga acumulando un estallido social.
En esta lógica cobra sentido mayúsculo frenar a toda costa y revertir el acuerdo de la Junta Directiva de la Caja para pagar la deuda salarial a cambio de dar los votos para los eurobonos que necesita el presidente, ya sea en un solo monto o a poquitos.
Es así como el presidente podría entrar en una lógica que lo conduzca a valorar las rutas políticas y «legales» que posiblemente contengan las características de un segundo acto Presidencial con rasgos dictatoriales.
A nuestro entender los escenarios que indicaremos al final pueden ayudar a visualizar esas rutas y dependiendo de cómo avancen los acontecimientos la próxima semana, los riesgos para el país son enormes, pues la fisonomía dictatorial que está en desarrollo cuenta con arquitectos e ingenieros, que la están construyendo a partir de posibles argucias legales, conjuntadas claro está, con una narrativa mediática y de redes para asestar un golpe furibundo a la institucionalidad, que sin duda va más allá del tema salarial de la Caja.
Así, las cosas nuestro sindicato informa para que la gran familia de la CCSS, tenga claridad de que lo que está por definirse a partir del próximo Martes 20 de setiembre 2022 tiene una parte visible en lo del pago denla deuda, pero que en caso de tener que desarrollar un movimiento de lucha, al menos es menester dejar claro previamente que esta pelea de la Caja tiene repercusiones gigantescas para el país en su conjunto, es decir, estamos a las puertas de una huelga política por la defensa de la institucionalidad denla Patria, que además rompe con la lógica dogmática de la ley 9635 ( » ley de fortalecimiento de las finanzas públicas» y su regla fiscal).
Tenemos entonces que el desarrollo de los acontecimientos para la próxima semana podría estar consolidando un segundo acto de características dictatoriales por parte del presidente Rodrigo Chaves Robles y en ese sentido la familia laboral de la Caja y la población en general debe ser bien informada de los riesgos país que encierra la parte visible del tema de la deuda salarial al personal de la Caja.
Escenarios:
1.- La ex- ministra de trabajo llega con un mandato claro Rodrigo Chaves Robles de imponer la tesis de gobierno de forma radical. (Fuente: Información filtrada de una opinión vertida por un colaborador cercano a la ministra de Trabajo), ahora presidenta ejecutiva de la CCSS).
Este escenario implicaría un acuerdo de Junta que tiene dos posibilidades:
A- Revocar el acuerdo de pago de deuda salarial de 2020, con criterios jurídicos sacados de la manga.
B- O buscar un acuerdo de la Directiva de la CCSS, en la línea de suspender el acuerdo de pago del aumento o bien suspender indefinidamente los aumentos de salarios en la CCSS.
Ahora bien, si la Junta no la acuerpa, el gobierno posiblemente (Entiéndase Rodrigo Chaves Robles), tomará medidas radicales para «LIMPIAR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CCSS».
En esa línea se hemos consultado a varios juristas para entender las posibilidades que tiene el gobierno de intervenir la CCSS y hay tres opciones.
A.- Inventar un debido proceso con una Medida cautelar de separación de directores.
B. Pedir la renuncia de uno miembro del estado y dejar la CCSS, acéfala sin Junta directiva por falta de Quorum estructural (sin un miembro la Junta no puede legalmente sesionar), y hacer y deshacer como quieran.
C- Promover la intervención alegando que estamos incumpliendo con la ley de presupuesto y el tope del 60% de endeudamiento. Cosa sin fundamento, pero todo se puede esperar.
MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval Académico Universitario, Ex Integrante Comisión de Vinculación con los Sectores Productivos y, Comisión de Trabajos Finales de Graduación COEX, AA Sede Central UTN www.utn.ac.cr Secretaría de Organización y Conflictos, Seccional Sindical Nacional ANEP UTN Ex Funcionario Banco Mundial IFC Sede Ecuador y, América Latina, Escritor, Científico Social
I
¡Estos son TIEMPOS LÍQUIDOS!… Hemos pasado de una sociedad solidificada a una líquida. Las formas se descomponen y se derriten. Eduardo Galeano, pensador latinoamericano, se preguntaba muchas veces a lo largo de su existencia: ¿Qué sería hoy del mundo sin la utopía?¿Para qué nos sirve la utopía? “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”, señaló Galeano el autor del famoso libro Las Venas Abiertas de América Latina. La utopía es “la representación de una idea o sociedad en su forma perfecta, ideal y sin fallos”. Requiere rebeldía para construirla… esa rebeldía que nos explicó Albert Camus.
De los extractos de El Derecho al Delirio, del mismo Galeano, retomo unas partes: “¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar sino los que quieran cumplirlo. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La comida no será una mercancía ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia, hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Pero en este mundo, en este mundo chambón y jodido seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última.”
Zygmunt Bauman, es de lo que quiero reflexionar en este articulo quien hoy al igual que ayer es una luz en la oscuridad posmoderna y lectura obligatoria. Bauman, nos hace pensar al igual que Galeano que la utopía aún es posible y necesaria. Y, que esta utopía debe ser la misma del Guardabosques y del Jardinero… Pero no la del Cazador.
II
La vida líquida moderna tiene sus miedos. La humanidad está en constante movimiento. El Estado y, la democracia hace la gestión de los miedos. Estamos separados pero juntos. La utopía sigue vigente en la época de la incertidumbre. Todo está interrelacionado. Hemos pasado de una sociedad solidificada a una líquida. Las formas se descomponen y se derriten.Las estrategias a largo plazo se caen y se sustituyen por el aquí y ahora. Hay una separación entre poder y política. Estamos frente a la ausencia del control político. Se debilita el Estado – nación y surge la externalidad y la subsidiariedad. Todo queda a las fuerzas del mercado. Hoy comunidad es un concepto que suena vacío. Los seguros públicos y la solidaridad se derriten. La red de seguridad se vuelve frágil y provisional.
III
Los caprichos del mercado laboral premian la competitividad, productividad, la eficiencia, la eficacia, la efectividad, pero no la colaboración, cooperación y el trabajo en equipo. Colapsa el pensamiento y la planificación a largo plazo y da paso a los proyectos de corto plazo y los episodios. La vida se fragmenta. Se olvida por completo todo pasado. Circunstancias insoportablemente volátiles y cambiantes van en la espalda de los ciudadanos. ¿Cómo modifica todo ello a hombres y mujeres?
IV
Todo el planeta está atravesado por autopistas de información. El sufrimiento humano producto de la Guerra en Ucrania, el Cambio Climático y sus efectos irreversibles, el conclave de la Iglesia Católica para definir su futuro, las 2.051 pruebas nucleares en todo el mundo 500 veces más fuertes que la primera bomba atómica, la búsqueda de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, la lucha por el presupuesto para educación superior universitaria, el papel del Consejo Universitario y la Democracia Participativa con Voto Directo en la Universidad Técnica Nacional, todo “ingresa a nuestros hogares” a través de redes sociales. La justicia deviene en una utopía. Y afuera un planeta abierto a la circulación de capitales y mercancías. La globalización arrasa todo. Nadie controla ni entiende lo que está sucediendo. La élite gobierna y va por el destino imaginario. Los pobres ponen la delincuencia y caos. El G-7 liderado por un imperio en decadencia Estados Unidos decide el destino manifiesto en alianza con el BM, FMI, OMC y la OTAN. El mercado sin fronteras una receta perfecta para la injusticia y el desorden mundial. Inter arma silent leges. (Las leyes se quedan mudas ante las armas)
V
La profecía se ha cumplido: las instituciones tienen las tendencias a socavar los derechos civiles y políticos. El miedo se desarrolla… y el caos emerge. Se perpetúa y refuerza. Y los golpes del destino donde los seres humanos son incapaces de predecirlos. La sociedad distópica y fatalista tiene sus características (propaganda, se restringe la información, hay una imagen o persona suprema, vigilancia, miedo al mundo exterior, condiciones infrahumanas, lo diferente es percibido como una amenaza y la sociedad es una ilusión de utopía). El progreso, es una pesadilla de quedar rezagado, perder el tren, caer de una ventanilla de un vehículo a alta velocidad… Nos centramos en aquello que podemos influir. Y todos hacemos sexo sin protección y aumenta más la población mundial. Las inseguridades y el temor explotan los miedos… Surge el capital del miedo donde los ciudadanos – ovejas son protegidos de los delincuentes lobos por policías-perros pastores. Y el Estado Social se derrite…
El mercado es un pedófilo puesto en libertad, un asesino en serie, un envenenador, un terrorista. Las grandes ideas han perdido credibilidad y el miedo es lo único que queda. El Estado social se sustituye por el Estado Penal. La solidaridad social se cambia por la responsabilidad individual. El veneno del miedo corre…La lucha es por el desempleo y la inflación. La ley y orden aumentan la popularidad del terrorista y surgen las víctimas y los daños colaterales. Estamos en guerra. La guerra contra el terrorismo ha fracasado y solo sirve para fomentar el complejo militar industrial de venta de armamentos. Y ello por el ODIO que no ha muerto. Vivimos un mundo donde nadie o casi nadie cree que cambiar la vida de los otros sea importante para la propia vida. La solidaridad es difícil de practicar. Gobernar desde el Estado es hacer gestión de crisis ante las distintas emergencias para seguir en el gobierno. El Estado deviene en un Estado de Seguridad Personal. Hay que reunir la política y el poder para garantizar la seguridad social. Y esto debe ser a escala planetaria. Los problemas locales solo se solucionan globalmente. DEMOCRACIA Y LIBERTAD están amenazadas. El miedo es un demonio que habita en nuestra sociedad. Inseguridad, incertidumbre e impotencia perdimos el poder como individuos, grupo y colectividad. El demonio del miedo no podrá ser exorcizado. El capitalismo devoró todo a su paso y su energía vital está en la liquidación de activos públicos. La TIERRA es adicta a los fertilizantes y los pesticidas. El agua está contaminada. El ser humano es superfluo en el capitalismo global o desperdicio humano. La plenitud del planeta está en función que los mercados globales (laborales, financiero, de bienes de consumo) funcionen y en la búsqueda de los seres humanos superfluos. Un ejército de reserva de la mano de obra. La globalización genera víctimas, apátridas y sin techo… La vida líquida es permanentemente transitoriamente. La élite global se mueve fuera del alcance del control humano. Es demasiado poderosa para enfrentarse a ella y retarla…
VI
Las fronteras ahora son NOSOTROS Y ELLOS. El Estado, la democracia y la gestión de miedos. El núcleo central del Estado Social era la protección y no redistribución de la riqueza. Uno no puede estar seguro de sus derechos personales a menos que pueda hacer valer sus derechos políticos. Hoy hay quienes quieren limitar el derecho al voto directo y limitar el sufragio a unos cuantos privilegiados. Erigiéndose en patrones y señores feudales. Hoy se oponen con uñas y dientes a ampliar el sufragio universal a cualquiera que no forme parte de los que lo tenían y siguen teniéndolo en un pequeño grupo…
Un ejemplo de NOSOTROS Y ELLOS. En la UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL en pleno Siglo XXI donde afuera votan cada cuatro años con solo tener la edad de 18 años y cedula de identidad, adentro de la UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL, el voto solo lo ejerce un grupo que tiene propiedad (una minoría insignificante). Ampliar el sufragio para ELLOS (las actuales autoridades universitarias) es una agresión contra la democracia. En la UTN la democracia sigue siendo una aventura selectiva y rigurosamente limitada. El DEMOS Y CRATOS está restringido a UNOS POCOS PRIVILEGIADOS Y CON ELLO SE EXCLUYE Y DISCRIMINA. ¡La democracia representativa es una gran farsa! En nuestra alma mater a trece años de su creación NO EXISTE la igualdad de derechos político electorales para hombres y mujeres y ni siquiera el derecho al voto directo para los interinos, a plazo fijo o plazo indefinido. Los Interventores y los de Confianza guiados por el amiguismo ejercen el derecho a voto. Los derechos políticos son y deben ser para todos y todas. Muchos de los Docentes Interinos de nuestra universidad no son admitidos en el exclusivo CLUB DE LOS ELECTORES UTN quienes ejercen el veto de la admisión. En la UTN hay un rótulo en la puerta de entrada: “Nos reservamos el derecho de admisión al CLUB DE ELECTORES” La democracia participativa en la UTN devino hacia un régimen feudal esencialmente elitista. Restringir el sufragio solo abre el camino a la revolución para garantizar el VOTO DIRECTO PARA TODOS Y TODAS. ¡TODAS las elecciones se han realizado en la UTN sin la concurrencia adecuada y sin una verdadera legitimidad democrática! ¡No ha habido en 13 años padrón válido ni candidatos legitimados! Sin derechos políticos no hay derechos personales. Y, por tanto, el REGLAMENTO PARA PROCESOS ELECTORALES TEUTN como el CÓDIGO DE DEBERES ÉTICOS Y PROFESIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL (Aprobado por el Consejo Universitario según acuerdo No. 07-17-2015, Acta No.17- 2015, de la Sesión Ordinaria No. 17-2015, celebrada el 13 de agosto de 2015) se convierte en una gran farsa, un sofisma, un sepulcro blanqueado, un mercader en el templo y una mentira institucional. Los DOCENTES INTERINOS no son sujetos de derechos político electorales en la UTN. Y las autoridades universitarias todos en general pero específicamente los Sres. Decanos de Sedes están gestionando el miedo para no ir hacia el VOTO DIRECTO. Esta exclusión y este callejón sin salida ya pronto encontrara su grieta… ¿QUO VADIS UTN?
VII
Separados, pero juntos nos dice Zygmunt Bauman. Hay una desconexión social entre espacios. Espacios y personas socialmente cercanas son social y económicamente distantes. NOSOTROS Y ELLOS. Orden y tierra salvaje. Paz y guerra. La ciudad es peligro a los de afuera. En la ciudad se vive la civilización y la barbarie. Y se apuesta por la seguridad privada. Amigos, enemigos y extraños se mezclan en las calles de la ciudad. La guerra contra la inseguridad. Trincheras armadas, búnkeres fortificados. Habitantes urbanos adictos a la seguridad, pero inseguros de ella. Vigilancia permanente. Guetos urbanos voluntarios e involuntarios. Tolerancia cero entre los guetos y los barrios de las élites. La pesadilla de las élites. Dos categorías de ciudadanos. Dos mundos separados y aislados. Las élites urbanas no están interesadas en asuntos de la ciudad. Los habitantes del nivel inferior siguen siendo locales y en lucha por la supervivencia cotidiana. El alejamiento y lejanía es la esencia de la ciudad. La élite urbana vive de la seguridad, vallas y muros, guardias jurados. Que separan los de adentro de los de afuera. El gueto de los ricos y poderosos esta adentro y afuera el gueto de los excluidos y marginados. Pero las ciudades son peligro no seguridad. Es la vida en el mundo de la modernidad líquida…La Arquitectura construye pequeñas fortalezas compactas para la élite global supraterritorial situados en algún lugar de ninguna parte. Ellos tienen la posibilidad de mudarse a cualquier lado, pero los de afuera no. Las ciudades contemporáneas son el escenario y campo de batalla donde los poderes globales y los sentidos e identidades chocan y luchan y buscan acuerdos. Las ciudades se han convertido en el vertedero de problemas engendrados y gestados globalmente. Hemos sido engendrados globalmente. Indefensas ante el torbellino global, las personas se aferran a sí mismas. El espacio de flujos urbanos tiene un peligro la desconexión. Las ciudades son espacios donde los extraños viven y conviven en estrecha proximidad. Desconocidos llenos de incertidumbre, ansiedad, angustia y agresividad. La ubicua mixofobia urbana. Barrios violentos. Calles de mala fama. Escalada de tensiones. Surgen las islas de similitud e igualdad en medio del mar de la diversidad y la diferencia. El entorno urbano es una fuente de temores. La mixofobia y la mixofilia coexisten en todas las ciudades, pero también se hallan en el interior de cada uno de los habitantes. El nacimiento de los miedos es la incertidumbre existencial. Las ciudades son vertederos de problemas producidos globalmente.
VIII
La utopía en la época de la incertidumbre. Los golpes del destino que llegan sin avisar. NADIE ESPERA UN RELÁMPAGO EN UN CIELO SIN NUBES – eso es el Virus COVID – 19- Los reveses, la irregularidad, lo desagradable llega de cualquier parte de forma imprevisible y nos deja indefensos. LA INCERTIDUMBRE QUIERE DECIR MIEDO. El mundo perfecto debe contener alguna medida de imperfección. Y surge la utopía en un mundo donde no se concibe sin utopía. La utopía son liebres mecánicas perseguidas por perros de carrera. Caricaturas de sueños no paraísos soñados. La utopía es el principio de todo progreso y el ensayo de un futuro mejor. Actuar como el GUARDABOSQUES para defender y proteger el equilibrio natural. Los JARDINEROS representan la Utopía al máximo. Pero al CAZADOR le da igual el GUARDABOSQUES y el JARDINERO. ¡HOY TODOS SOMOS CAZADORES! Ese mundo posible de cambiar para vivir mejor no es posible por la inseguridad que ha venido para quedarse suceda lo que suceda. La adicción a las relaciones tóxicas, el alcohol, la nicotina, los psicofármacos, la cafeína, los opiáceos, los esteroides, el cannabis, la pornografía y sexo con o sin protección, el juego a las apuestas deportivas, póker, ruleta, tragaperras, la comida, las nuevas tecnologías, las compras, el trabajo, las adicciones emocionales nos hace huir, escapar para obtener la salvación y la redención hacia una tierra prometida que no existe. Hemos caído en la utopía de los cazadores. La caza se convierte en una obsesión, una compulsión y una adicción. La utopía del cazador es el sueño de un trabajo sin final. Se vive dentro de la utopía. El infierno de los vivos no es algo por venir, ya existe aquí, habita en nosotros o lo aceptamos o le abrimos el espacio. Se vive en una sociedad de cazadores.
Zygmunt Bauman hoy al igual que ayer es una luz en la oscuridad posmoderna y lectura obligatoria para los que no podemos dormir en medio de la pandemia que no se ha ido. Y, en estos TIEMPOS LÍQUIDOS donde las formas se descomponen y derriten nos preguntamos una vez más:
¿QUO VADIS UTN?
Referencias:
Este articulo está basado en el libro Tiempos líquidos (2007) de Zygmunt Bauman (Poznan, 1925 – Leeds, 2017) que es profesor emérito de Sociología en la Universidad de Leeds, ciudad en la que vive hace más de treinta años. Atrás quedó su Polonia natal, de donde huyó con su familia del terror nazi de 1939, rumbo a la Unión Soviética. Tras su paso por el ejército polaco en el frente ruso, regresó a Polonia y fue profesor en la Universidad de Varsovia durante años, pero una feroz campaña antisemita le hizo exiliarse de nuevo en 1968. La Universidad de Tel Aviv fue su destino, tampoco definitivo, porque también ha impartido clases en Estados Unidos y Canadá. Tres años más tarde se instaló en Gran Bretaña, donde sigue viviendo. A lo largo de su carrera, ha intentado desarrollar una sociología crítica y emancipadora. Ha publicado recientemente en España: Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos (FCE, 2005), Europa, una aventura inacabada (Losada, 2006), Ética posmoderna (Siglo XXI, 2006), Tiempos líquidos (Tusquets, 2007), Vida de consumo (FCE, 2007) y Libertad (Losada, 2008). En 2010 recibió junto a Alain Touraine el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.
El señor Sergio Ortiz Pérez, trabajador del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y presidente de la Asociación Costarricense de Telecomunicaciones y Electricidad (ACOTEL), manifestó su preocupación por el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), Radiográfica Costarricense S.A (RACSA) y el Poder Ejecutivo, el pasado 07 de septiembre, para la devolución al Estado de las frecuencias concesionadas al ICE, vía ley, para la explotación de la tecnología 5G.
En su mensaje, el señor Ortíz comenta que implementar esta tecnología conlleva un tiempo prudencial extenso, contrario a lo señalado por los jerarcas interesados en llevar a cabo la instalación de la red en el país, además, el hecho de que Costa Rica cuente con la red 5G implicaría la renovación de los aparatos tecnológicos a unos que puedan acceder a tal tecnología, generando así gastos innecesarios para las personas y el Estado mismo.
Por otra parte, no se ha detallado cuáles son las frecuencias que la institución debería devolver y cuáles se dejaría para su explotación. En tal caso, esto conlleva un problema importante, pues el ICE, como se conoce en la actualidad, podría desaparecer, dado que no cuenta con los recursos suficientes para competir con las grandes empresas de telecomunicaciones.
Finalmente, criticó al señor Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE, por la decisión tomada en torno a la institución y la carencia de seguridad para el mantenimiento del Estado Social de Derecho en el país.
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