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Etiqueta: Estado Social de Derecho

Libro enseña de forma práctica nuestra constitución política

Comentar y conocer de manera accesible los derechos fundamentales de los costarricenses, fue el objetivo del libro “Una Constitución Política para todas y todos”, presentado el pasado 10 de noviembre en la Sala de Expresidentes de la Corte Suprema de Justicia del libro.

La producción del libro estuvo a cargo de la Sala Constitucional, la Escuela de Planificación y Promoción Social (EPPS-UNA), el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (COLPER), el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, el Frente Nacional de Mujeres de los Partidos Políticos de Costa Rica y el Editorial Progreso.

Este material contiene los artículos comentados de nuestra Constitución Política, que se pone a disposición del público, más allá de una propuesta unilateral de quienes tienen la responsabilidad de la autoría, busca abrir un diálogo plural con los insumos de los diversos contextos donde se ha debatido y reflexionado sobre el Estado Social de Derecho, su desarrollo institucional, la división de poderes y la independencia de la administración de justicia, en que transita y se sostiene nuestra democracia costarricense.

“La Constitución Política es vista por muchas personas como un libro para abogados, algo lejos de su realidad, pero lo cierto es que la Constitución Política es un libro para la población del país, ya que engloba los principios y valores que definen al costarricense”, comentó el máster Luis Ardón, Coordinador de Presidencia de la Sala Constitucional.

Para el director de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA, Dr. Ángel Ortega, participante del libro indicó que “El presente documento cobra importancia al comprender la Constitución Política, que se convierte en una obligación para todas y para todos, por cuanto representa la más alta norma que nos gobierna como país. Ser costarricenses implica tener derechos exigibles, pero también, deberes de mucha trascendencia dentro de los cuales se resalta, el respeto a la norma y a los valores que nos identifican como sociedad, los cuales están consagrados en nuestra Constitución Política”.

“Esta obra se convierte en una acción estratégica necesaria e ineludible, permite impulsar la apropiación de nuestra Carta Magna por toda la población y conocer el marco de referencia, para pensar en una serie de temas que deben verse de manera articulada y no como temas disimiles, asimismo, sacar el máximo provecho y clarificar el marco normativo actual, para diseñar y aplicar una serie de acciones que nos permita anticiparnos al futuro y transformarlo”, destacó el Master Francisco González, Rector de la UNA.

La master Sylvia Arredondo, académica de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA y Coordinadora General Ideario Costa Rica Bicentenaria-Diálogo Nacional, expresó que “comprender con mayor claridad cada uno de los artículos de nuestra Constitución Política es una tarea ineludible, para animar a la sociedad como un todo a exigir transparencia en la gestión de lo público e incentivar un verdadero interés en los asuntos del Estado, entendiendo que todas y todos somos parte de él, y que la falta de transparencia y la opacidad de la gestión pública, también es responsabilidad de toda la ciudadanía”.

El Dr. Fernando Cruz, presidente interino de la Sala Constitucional, señaló que es fundamental que la ciudadanía conozca la Constitución, la línea de derechos y aspiraciones, ya que los derechos son de toda la población y a veces se respetan y a veces se ignoran o se desconocen.

La autoría de esta obra la comparten: Luis Ardón Acuña, Sylvia Arredondo, Ángel Ortega, Daniel Cavallini y Efraín Cavallini., los cuales consideran el contenido del libro como un producto con calidad científica y académica, que se constituye en una acción estratégica necesaria e ineludible, que permite dejar huella, para construir y fortalecer de manera abierta, transparente, inclusiva y desde la diversidad; las expresiones propias de la ciudadanía, en relación con su papel de protagonista en la construcción de los valores, que cimentan el bienestar, la solidaridad, la vida económica, social, educativa, cultural, ambiental, espiritual y política de Costa Rica.

Cabe resaltar que durante el acto se disfrutó de una actividad cultural a cargo del Dúo Tricopilia, con la participación de la soprano Stefany Vega, licenciada en canto de la Universidad Nacional y la pianista Zarhay Arroyo, ganadora del Premio Omar Dengo, el Premio Nacional de Innovación de CONARE, Premio Alborada de la Cámara de Comercio.

La obra se dio en el marco del Ideario Costa Rica Bicentenaria-Diálogo Nacional y de la conmemoración del 73 aniversario de la Constitución Política de Costa Rica. Asimismo, se aprovechó este evento para poner a disposición del público el libro: «Jugando y Aprendiendo con la Constitución Política», que fue una producción realizada en el 2020 en el marco del Ideario Costa Rica Bicentenaria-Diálogo Nacional y se reimprimieron 1000 ejemplares que se entregaron en esta oportunidad.

Puede descargar el libro “Una Constitución Política para todas y todos”, de manera gratuita aquí: https://www.epps.una.ac.cr/index.php/servicios/libros

Enlace a la presentación en VIVO del Libro: “Una Constitución Política para todas y todas”. https://fb.watch/gJ2xS2F0hi/ /

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Retos Feministas en tiempos de crisis en Costa Rica

Encuentro Nacional Feminista 2022

Nosotras, mujeres feministas autoconvocadas, diversas, de todas las edades, procedentes de diferentes zonas de Costa Rica, preocupadas por el deterioro progresivo que vive el país, nos reunimos el 12 de noviembre en el Encuentro Nacional Feminista 2022.

 Es así que manifestamos:

  • Nuestro repudio a la tendencia destructiva del Estado Social de Derecho y a un modelo económico que no tiene como centro la vida.
  • Nuestra oposición a la pauperización de las condiciones de trabajo y al aumento del subempleo y desempleo en las mujeres.
  • Nuestro dolor, preocupación e indignación por la creciente violencia contra las mujeres y las niñas
  • Nuestra preocupación por la institucionalización y normalización de actitudes sexistas.
  • Nuestro rechazo a la destrucción de la naturaleza y la concentración de la propiedad de la tierra para el cultivo y la producción alimentaria restringiendo el acceso a las mujeres a este derecho
  • Nuestra oposición por el creciente retroceso en los derechos humanos de las mujeres

Por ende exigimos:

  • Se establezcan con carácter de urgencia medidas de distribución equitativa de la riqueza.
  • Se incremente la inversión social y de infraestructura pública. Se fortalezca la institucionalidad democrática..
  • Se diseñen y ejecuten con urgencia políticas de cuidado de carácter universal que prioricen a los sectores de la sociedad más vulnerables.
  • La defensa de la salud pública desde un enfoque integral que incluya la salud mental y la salud sexual reproductiva.
  • Defensa de la naturaleza y soberanía alimentaria.
  • El Estado garantice la implementación de los derechos de las mujeres y una vida libre de discriminación y violencia consignados en los instrumentos internacionales ratificados por el país como CEDAW y Belem do Pará.

Hacemos un llamado a todas las feministas y a los movimientos sociales para que establezcamos alianzas  para unir nuestras acciones por la defensa de nuestro Estado Social de Derechos, la institucionalidad democrática, salvaguardando las instituciones que garantizan el acceso a los derechos de la ciudadanía y son parte del patrimonio nacional.

Por vida libre de cualquier tipo de violencia y discriminación contra  contra las mujeres.

 

Compartido con SURCOS por Sharo Rosales.

Imagen ilustrativa. Palabra de Mujer.

Sectores sociales buscan unificar acciones y defender el Estado Social de Costa Rica

SURCOS comparte la siguiente información:

El próximo lunes 28 de noviembre del 2022, en el Aula Magna de la Ciudad Científica de la UCR, se llevará a cabo una actividad, donde distintos sectores sociales buscan unificar acciones por una agenda país y en defensa del Estado Social que requiere Costa Rica. Esta actividad tendrá como tiempo disponible de 2:00 a 5:00 p.m.

Implicaciones de Alianza del Pacífico en la ruralidad costarricense y en el Estado Social de Derecho

Taller virtual

A realizarse el día lunes 14 de noviembre del 2022 a las  4:00 p.m. en conjunto con los facilitadores: Sr. Renzo Céspedes, consultor especializado en temas de tratados de libre comercio y Alianza Pacífico; Sra. Gabriel Víquez, representante de la Corporación Hortícola Nacional. 

Convocan: sectores sociales y productivos que participan en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal, Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, OES – Escuela de Economía, UNA y la Corporación Hortícola Nacional.  

Para inscripciones al: 8400 3435 o al enlace de Google forms. CUPO LIMITADO.

Sectores sociales y productivos y estudiantes propician su primer encuentro de formación y diálogo social

‘’El espacio fue promovido por el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, sectores de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal, y la Federación de Estudiantes Universidad Nacional (FEUNA)’’.

Luego de 2 meses de haber iniciado los conversatorios de Análisis de Coyuntura Nacional, este sábado 05 de noviembre se llevó a cabo el I Encuentro de Análisis de la Coyuntura Nacional, esfuerzo justo y consciente que buscó lograr mediante el diálogo social y el abordaje de mesas temáticas que fortalecen la formación, la unión y el trabajo en equipo estratégico entre diversos sectores y organizaciones alrededor de la Defensa del Estado Social de Derecho. Con una participación aproximada de 300 personas, arrancó el encuentro en las instalaciones del Auditorio Institucional Cora Ferro Calabrese-Campus El Higuerón de la Universidad Nacional.

En este primer encuentro se abordaron cuatro temas importantes de la actualidad nacional como lo son Ambiente y Energía, Economía agroindustrial y agropecuaria en el contexto Alianza Pacífico, Educación pública y Seguridad Social, mediante mesas temáticas con la participación de reconocidos y reconocidas panelistas, además de la participación activa del público presente, donde lograron aproximarse e intercambiar importantes ponencias para la discusión de la situación actual del país.

El encuentro dio inició a las 8:30 am, superando la expectativa de convocatoria de asistentes, dio apertura el señor Fernando Faith Bonilla, representante de Sectores ATTBPDC, actualmente Presidente Coopeservidores con las siguientes palabras «Hoy continuamos con esta construcción que se gesta desde la sociedad, desde los Sectores Sociales», también el señor Francisco González Rector de la UNA comentó que en sus palabras de apertura al evento que, «Sin educación en los primeros niveles, no podríamos tener educación universitaria. Y la Universidad está acá porque hay personas que creen en la suma de voluntades para conseguir y nos invita a pensar en un futuro, en colectivo. Estamos para reconocer que hay que hacer una lectura crítica de la situación país, en donde aún con situaciones tan complejas tenemos un enorme potencial».

Desde la ponencia de electrificación rural, el señor Eduardo Navarro, Presidente de COOPESANTOS R.L señaló que “desde el origen las cooperativas de electrificación hemos hecho un esfuerzo para brindar energía eléctrica con altos indicadores de calidad a pesar de la diferente topografía, la dispersión de la población y eso se logra únicamente por que el modelo eléctrico en Costa Rica es solidario y las cooperativas en su ADN son solidaras” Registrando además que la energía en el mundo siguen siendo de derivados del petróleo lo que confirma que las acciones no están cambiando en el mundo y esto genera emisiones de efecto invernadero de manera importantes lo que ayuda al calentamiento global, y además la invasión de Rusia a Ucrania ha profundizado la crisis a nivel global y eso hace que haya volatilidad en los precios del petróleo y un efecto importante en el gas.

El Sr. Mayid Brenes, profesional en derecho, investigador y coordinador de la Mesa de Trabajo de Energía, Diálogo Multisectorial, además de representante de SITRAPEQUIA expuso sobre el papel de las personas trabajadoras y RECOPE en Ambiente y Energía, enfatizando que «la sustitución de los derivados de petróleo para uso en el transporte son algunas de las rutas que se buscan. En el caso de RECOPE, esta ha sido líder en el mercado petrolero, y por ello debe ser un pilar en la transición de energías alternativas. Aún estamos iniciando con este tema, y hay mucha tela por cortar, pero sabemos que el tema de la electricidad es fundamental en este tema, además de la participación de otros actores».

Mientras que en la mesa de Economía agroindustrial y agropecuaria el señor Renzo Céspedes Vargas, quien se refirió a la entrada de Costa Rica al proyecto de Alianza del Pacífico (AP) un bloque comercial en el que participan México, Colombia, Perú y Chile, destacando que la entrada de Costa Rica al AP solo produce una contracción del flujo comercial, que carece de políticas armonizadas lo que a toda luces no será provechoso ni beneficioso y además puntualizó que el costo de agro insumos representa el 46,40% de los costos de producción de la cebolla en Costa Rica, el 60,80% de la papa, el 42,74 de la zanahoria y el 52% del arroz. “Con ese nivel de participación de costos de los agro insumos, versus el valor del costo final al que elaboramos los productos, sencillamente el sector agrícola no tiene una posibilidad real de competir”

En esta misma línea la representante de la Corporación Hortícola Nacional la Sra. Gabriela Víquez, señaló que “el bloque de Alianza del Pacifico lo que busca es tener una integración de libre comercio con un arancel común lo más bajo posible y una libre movilidad de factores y de personas” de modo que ingresar a esta alianza genera presión social al privar mayores importaciones de productos más baratos de otros países y a su vez desestimular la producción nacional.

En Educación Pública, se destacó que el verdadero reto de la educación está en dar un salto gradual hacia la educación moderna y un nuevo paradigma educativo así lo comentó Pablo Zúñiga Morales Abogado especializado en derecho educativo comentando “que la crisis educativa actual nos ofrece la oportunidad única de enfocar en la reforma educativa que requiere el siglo XXI, sea una reforma que nos ubique en la cuarta y quinta revolución industrial y nos coloque como verdaderos actores en un mundo globalizado”

El Sr. Pablo manifestó que necesariamente en educación se debe hacer un enfoque real del problema que enfrenta el sistema educativo, el cual está marcado por la discusión del presupuesto nacional en la Asamblea legislativa, en donde no se cumplen con los mandatos constitucionales, dejando de priorizar en la educación, y priorizando en el problema macroeconómico, el pago de la deuda pública. Zúñiga Morales también menciona datos relevantes del presupuesto de la educación que pese a las limitaciones de la regla fiscal el presupuesto de la educación pública podía crecer en 2.52% en el 2023, pero ese margen no se utilizó, se utilizaron para atender el problema de la deuda externa, pero más grave que no se permitió crecer sino que además se ordenó un decrecimiento del 1.52% en relación con el presupuesto del presente año, lo que resume que el presupuesto 2023 para la educación va a tener 38994 mil millones menos que el 2022.

En representación de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, la Sra. Clareth Calderón Monge, secretaria general FEUNA comenta “que uno de los desafíos que enfrentan las universidades está en cómo lograr reivindicar y volver a posicionarse como esas universidades necesarias y evidenciar todo lo que se genera de ellas hacía a la sociedad” Además agregó que las Universidades Públicas son un espacio del cual convergen miles de realidades de los diferentes sectores, en el cual se vinculan con su acción social y esto es algo importante para la gestión sociedad del país.

La señora Calderón agregó que “El reto está en lograr un frente común de actores sociales para trabajar una agenda abierta, un colectivo que se plantea la defensa de los derechos humanos y de la institucionalidad”

Sobre la mesa temática de Seguridad Social, fue clave la participación del líder Lenin Hernández, secretario general Sindicato SINAE Y AFINES quien enfatiza la necesidad de mantener la búsqueda de una Costa Rica próspera y con mejor acceso de recursos para todas las y los costarricenses.

Sr. Lenin enfatizó en su presentación que según el INEC para el 2022, 399 439 de los hogares se encuentran en situación de pobreza: 15 934 hogares más en comparación al año 20221. Las personas que actualmente viven bajo la línea de pobreza son 1 329 757, siendo que han entrado en pobreza extrema 6 078 hogares más. Por otro lado, para hacer más compleja esta problemática, la tasa de desempleo se ubica en el 11.8% siendo que hay 292 000 personas desempleadas, con un 42.2% de personas trabajando en la informalidad, esto quiere decir más de un millón de costarricenses sin acceso a la salud pública ni a un mínimo salarial.

Contamos con problemas estructurales que no le permiten a los y las costarricenses, gozar del Estado de Derecho como en primera instancia, se debería; Actualmente el Estado le debe 2.5 billones de colones a la CCSS y hay un alto número de personas adultas mayores en estado de indigencia ya que no poseen siquiera una pensión ni casa propia. Por otro lado, los sectores sindicales, piden que se debe declarar Estado de Emergencia Nacional las listas de espera.

Para el cierre de esta actividad y como panelista de la mesa de Seguridad Social, se contó con la participación encomiable del Dr. Álvaro Ramos, ex presidente ejecutivo de la CCSS, quién enfatizó en la importancia de la visibilización de la CCSS como una institución pública modelo en el mundo, y vista como primer mundo, pero que eso no implica que la misma se ajuste a las necesidades globales y locales en salud en el contexto que tiene Costa Rica en este momento, por lo tanto la urgencia de tomar decisiones conscientes en la razón de ser la Caja Costarricense de Seguridad Social, y la visión de futuro estratégica que necesita la institución sin afectar los orígenes de la misma.

“En una sociedad moderna, la seguridad social entendida en un sentido amplio, provisión de salud pública, provisión de pensiones, provisión de todos los otros momentos de protección antes la vulnerabilidad de una, entendiéndose licencia de maternidad, entiéndase, haberse enfermado en el trabajo, enfermarse fuera del trabajo, en el caso mío por ejemplo con la sordera, en países más avanzados existen mecanismos de ingresos adicionales para personas con discapacidad. Entonces todos estos mecanismos de protección social, a pesar de ser “caros” son la base de un estado moderno. Si en Costa Rica queremos un estado moderno, entonces debemos tener protección social significativa, no hay de otra. Cualquier dirección hacia un Estado Moderno, necesita esta inversión en Seguridad Social.”

Dr. Álvaro Ramos, expresidente ejecutivo CCSS.

Además, el rector de la UCR, indica su alta preocupación por el proyecto de ley 23 380, que se envió por medio del poder ejecutivo a la asamblea legislativa que, en resumidas palabras agrega el señor Gustavo Gutiérrez Espeleta, pretende cuatro ministros a cargo de las universidades públicas: MIDEPLAN; MEP, MICIT y Hacienda, las cuales pretenden controlar no solo la organización de las mismas sino que el financiamiento, qué carreras, cuáles cursos y por quiénes serían impartidas las mismas, con intenciones de cerrar carreras como Sociología, que el mismo presidente de la república ha compartido en comentarios recientemente.

En síntesis, nos encontramos en una coyuntura que debe ser tomada con suma importancia ya que los sectores más vulnerables de la sociedad costarricense están siendo afectados en gran medida. Sin embargo, el trabajo de las mesas de discusión no termina acá y parece que hay esperanzas de formalizar rutas de acción para mejorar la situación actual de Costa Rica en una búsqueda para recuperar el Estado de Derecho:

“Estoy positivamente impactado por la cantidad de gente que se ha mantenido aquí desde las 8 de la mañana. Realmente esto dice mucho y expresa la preocupación del pueblo de la situación que nosotros estamos enfrentando, donde han surgido personas autoritarias que, basados en las posverdades, en mentiras, en noticias falsas, logran convencer el descontento del pueblo y esa situación que estamos atravesando nosotros actualmente. Cuestionan a las principales instituciones, instituciones que claramente como han indicado acá los panelistas, han promovido ese desarrollo social de nuestro país y eso ha generado (los cuestionamientos mal informados) un aumento en esa brecha en los grupos sociales y una inequidad que se incrementa cada vez más y que nos tiene muy preocupados.”

Sr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector de la Universidad de Costa Rica.

De esta forma, este primer encuentro de análisis de coyuntura nacional cerró alcanzando una numerosa participación de los diversos sectores representados, donde quedaron grandes expectativas y planteamientos importantes hacia una ruta de trabajo estratégica que busca construir una agenda de acciones que promuevan la defensa de la seguridad social costarricense, en el marco del Estado Social de Derecho.

Enlace de la transmisión completa:

SINAE AFINES, UNEBANCO, y SINTRAJAP hablan de frente común con sindicatos privados

Se reúnen para conversar sobre las políticas públicas, acciones del gobierno, que son a través de estas estrategias que le dan respuesta a las diversas demandas de la sociedad. Se puede entender como uso estratégico de recursos para liberar los problemas nacionales. Esta es la preocupación de un grupo de organizaciones sindicales que han visto que estas políticas públicas no resuelven los problemas de los ciudadanos, los trabajadores y las trabajadoras del sector del mercado laboral. Es por eso que estas organizaciones sindicales han tomado un acuerdo y una decisión de unirse para crear estrategias que puedan establecer un cambio en esas políticas públicas.

Gracias a esta iniciativa y esfuerzo que realiza los sindicatos se quieren dar una perspectiva diferente a estas políticas públicas, como dar en concesión en obra pública, dar un bono de sesenta mil colones a los trabajadores o bien permitir que las operadoras revolucionan y usen los recursos de los trabajadores para invertir fuera del país, mientras otros países invierten en sus fondos en nuestro país. Son algunas de las cosas que se han hecho, este grupo de trabajadores tienen una mentalidad diferente a lo que se está proponiendo. 

El señor secretario general del sindicato nacional de enfermería, menciona que este proceso de unidad en acción sindical nace aproximadamente hace dos meses con el propósito de defender el estado social de derecho en nuestro país, para tener un equilibrio en el desarrollo económico y social. Estas instituciones públicas que han permitido a todos los costarricenses indistintamente de su condición social, de su condición de género, poder optar por las riquezas que tiene el país y cuando se habla de estas riquezas refiere a estas instituciones que brindan un servicio que son esencial para la dignidad humana, seguridad ciudadana, educación pública y acceso a la banca.

Donde se refiere a un estado social de derecho que les permita a todas y todos los costarricenses contar con servicios de salud y con un fondo de pensiones para el momento de su jubilación. Destacar que a través de las políticas de los últimos años hemos visto este debilitamiento estructural en estas instituciones y que este gobierno actual no escapa de esta realidad con una política muy agresiva. Por tanto este grupo nació con el propósito de defender el estado social de derecho. Para llevar esa equidad entre lo económico, lo social y lo ambiental. Por otro lado, con el propósito de defender y propiciar los derechos laborales y las libertades sindicales. Ese es el motivo por el cual este grupo anunció esta unidad en la acción sindical donde vendrán acciones muy concretas donde trate de articular con el sector.

Estas organizaciones sindicales quieren establecer estrategias de alianza con organizaciones sociales y fuerzas del país a través del diálogo y la concentración social con la finalidad de tener una verdadera incidencia positiva en la política pública que se ejecuta e impulsa desde la asamblea legislativa y el poder ejecutivo. Para promover y defender los derechos fundamentales en el trabajo considerando lo comunal, la protección del medio ambiente así como también cualquier modelo de desarrollo humano. 

Muy pronto las acciones que realizará esta unidad sindical se va a hacer escuchar y los ciudadanos que desean participar, pueden unirse a alzar la voz, aquí pueden encontrar un buen momento, un buen lugar para poder cuestionar todas las políticas públicas que no solo afectan a los trabajadores públicos sino a cada ciudadano que está en su casa, pero aquí está la unidad sindical precisamente para ir contra esas políticas públicas que no son en beneficio de los y las trabajadoras del país. 

 

Imagen ilustrativa.

¿Salvarán los cambios políticos a Liberación Nacional?

Vladimir de la Cruz

El Partido Liberación Nacional, de los actuales partidos activos, en la vida nacional, es el más viejo y el que más ha impactado el desarrollo institucional del país desde 1951, cuando se fundó, y desde 1953 cuando empezó a ejercer gobiernos. Si se retrotrae su historia a sus raíces desde la Junta de Gobierno, 1948-1949, cuando su fundador, José Figueres gobernó, a la fuerza, de facto, con los Decretos Ley que aprobaron, en ese período de Gobierno, que sentaron las bases de la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX, más importancia se le puede reconocer en el desarrollo institucional nacional al Partido Liberación Nacional, que dirigió el país en 9 ocasiones, 9 gobiernos, 1953, 1962, 1970, 1974, 1982, 1986, 1994, 2006 y 2010 de los 18 gobiernos que ha tenido el país desde entonces, incluido el actual.

El resto de los gobiernos se los han repartido 3 coaliciones en 1958, 1966 y 1978, de tradición opositora liberacionista con ribetes socialcristianos, 3 del Partido Unidad Social Cristiana, 1990, 1998, 2002, dos del Partido Acción Ciudadana, 2014 y 2018 y el actual Gobierno de Partido Progreso Social Democrático, 2022-2026.

De esa acción de gobiernos liberacionistas se desarrolló el Estado asistencialista, benefactor y el Estado Social de Derecho que se construyó especialmente hasta 1978, fortaleciendo un conjunto de instituciones públicas poderosas, claves y estratégicas para el desarrollo nacional, como han sido la Universidad de Costa Rica, las universidades públicas que se impulsan en los Gobiernos de Figueres y Daniel Oduber, 1970-1978, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico, la Universidad Estatal a Distancia, el Instituto de Vivienda y Urbanismo, el Consejo Nacional de la Producción para sirvió para asegurar precios justos a los productores nacionales, asegurar sus cosechas para el consumo y para regular precios para los consumidores, la Banca pública estatal que se puso al servicio de distintos sectores empresariales, comerciales y productivos y del público, la Caja Costarricense del Seguro Social, que fundada en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, se desarrolla, amplía y universaliza sus servicios por el impulso que le da Liberación Nacional, el Instituto Costarricense de Electricidad, el motor del desarrollo y de la economía nacional, y el Instituto Nacional de Seguros, por citar algunas de las instituciones que durante los gobiernos liberacionistas se fortalecieron, al menos hasta 1978.

Fue la Liberación Nacional el que impulsó y fortaleció la clase media nacional, que a pesar de los embates económicos con que se ha venido golpeando a toda la población del país, sigue siendo fuerte, poderosa y sobreviviente, una parte de ella y la otra, sectores amplios de la clase media amenazados en su estatus de vida, con tendencia a ser excluidos y expulsados de esta clase media, reduciendo su tamaño, y a pasando, parte de ella, a formar parte de la composición social de los sectores pobres del país.

Con el Gobierno de Rodrigo Carazo, 1978-1982 se empezó a desmantelar el Estado, se empezaron a privatizar instituciones que eran empresas públicas. A partir del Gobierno de Luis Alberto Monge se impulsaron los Planes de Ajuste Estructural y al inicio de la década de 1990 se impuso la política de Tratados de Libre Comercio, que han atendido todos los gobiernos desde entonces, entre otros cambios importantes que afectaron estructuralmente el desarrollo institucional del país.

El proceso de desmantelamiento estatal no ha cesado. La apertura bancaria, o la desnacionalización que se impuso en el Gobierno de José María Figueres, 1994-1998, culmina no solo con el sector bancario financiero nacional gobernando el país, sino que conduce ahora a deshacerse de más instituciones bancarias públicas, como es el intento de vender el Banco de Costa Rica y el Banco Internacional de Costa Rica.

La descentralización por la privatización de servicios en las instituciones estatales ha debilitado su esencia, camino cada vez más seguro hacia su total privatización y desaparición de las mismas. Es la pinochetización fina, que se ha venido haciendo de la atención primaria de los servicios públicos esenciales, para imponer la privatización de todos los servicios públicos.

La educación pública la han debilitado, la han disminuido en su papel estratégico. La tendencia es hacia la privatización de toda la enseñanza.

La salud pública la han debilitado, fortaleciendo la atención de la salud en manos privadas, y sometiendo a la Caja Costarricense del Seguro Social a depender en diversos servicios de esa salud privada, con grave desatención a los asegurados. Las listas de espera son su mejor emblema.

Al ICE le llevan ganas desde hace muchos años. Del Consejo Nacional de Producción mantienen sus viejos edificios por avenida 10 como símbolo del abandono que se hizo de los productores y consumidores nacionales. Las Universidades son sujetas de ataques constantes en sus finanzas y en su autonomía institucional y funcional, como de reducirles su papel hasta donde puedan. El sector cultura, desarrollado institucionalmente desde el Gobierno de José Figueres, 1970-1974, lo tienen en capilla ardiente, casi artículo mortis en algunas de sus expresiones.

En este breve escenario se han fortalecido unos pequeños grupos nacionales, pero la inmensa población se ha empobrecido. Los índices de pobreza y pobreza extrema crecen. De la misma manera los índices de riqueza se concentran cada vez más en menos manos. A mayor riqueza nacional, concentrada en pocas manos, según los datos, se produce mayor pobreza y pobreza extrema, se reduce fácticamente el volumen de la clase media. Esto es más dramático en las regiones rurales y en las regiones de polos turísticos de desarrollo, donde esto se evidencia más.

La pobreza, la pobreza extrema, el trabajo informal, el desempleo creciente, el desempleo de mujeres cabeza de familia, el ausentismo forzado del proceso educativo, en parte por la pandemia, la no recuperación de los empleos perdidos por la pandemia, las casi 1000 instituciones escolares y educativas paralizadas sanitariamente son apenas una ligera foto del país más feliz del mundo que tenemos…

El asunto es que el Partido Liberación Nacional es parte causal de todo esto. Las banderas sociales que Liberación Nacional tenía las arriaron hace mucho tiempo. Liberación Nacional perdió su memoria histórica, ya ni celebran sus fechas emblemáticas, en las campañas electorales carecían de historia y de conquistas institucionales impulsadas por ese partido. En las últimas campañas electorales se olvidaron de los sectores sociales, que fueron sus bases de apoyo histórico. La renovación de sus liderazgos partidarios se hizo cada vez más alejado de las bases y del pueblo. Se incrustó en Liberación Nacional una verdadera mafia administrativa, desde las instancias cantonales que impusieron cambios que controlaron la vida interna de ese Partido, descabezando a sus líderes históricos, y desmemorizando al Partido.

Las tres derrotas consecutivas electorales que arrastra Liberación Nacional, 2014, 2018 y 2022, a pesar de que en el 2014 y en el 2022, lograron inscribirse para la segunda vuelta electoral, no les alcanzó porque carecieron de mensaje, de identificación con sectores sociales, no pudieron levantar una sola propuesta social frente a un pueblo electoral necesitado de soluciones a los graves problemas que los aqueja, volcándose más fácilmente por nuevas opciones políticas, aunque les fallaran, porque los partidos tradicionales ya les habían y estaban fallando, y era preferible confiar, ensayo y error, en nueva opciones por peligrosas que pudieran ser. El canto de sirenas fue válido hasta el 2022.

Liberación Nacional fue cómplice del descrédito con el que se empezó a cuestionar a los políticos, a los dirigentes políticos, a los líderes tradicionales de los partidos, a los partidos políticos, a la Política como tal, al sistema político, al sistema democrático que lo han desacreditado facilitando las tendencias políticas autoritarias anti todo. En su propio seno se han comido a sus dirigentes históricos y las bases de su propio Partido.

Las medidas que han impulsado no son salvadoras. De no desmantelar la estructura mafiosa que controla el Partido para la escogencia de sus dirigentes y candidatos, desde las asambleas cantonales, no van a salir adelante.

El Partido dejó de ser un Partido Político hace mucho tiempo. Su Directorio Político era simbólico, de papel. En los últimos 20 años, me atrevo afirmar, que no se ha pronunciado públicamente de manera importante sobre ningún tema nacional.

La cabeza del Partido terminó siendo su cola, mientras las fracciones legislativas de Liberación Nacional se convertían de hecho en varias cabezas que trataban de gobernarlo.

No se sentía por ninguna parte que el Directorio Político fuera un baluarte de dirección política partidaria, hacia fuera del partido y hacia adentro.

En su Directorio llegó a mantenerse representantes de expresidentes que públicamente se habían retirado del Partido. Se aceptó a personas que se habían ido del partido, que se les habían enfrentado políticamente y electoralmente, de nuevo en el Directorio, como si nada hubiera pasado.

El Partido fue tomado por sectores bancario-financieros más que por políticos, respondiendo en ese sentido a esos otros intereses, más que la visión política que debe tener una organización que se precie de ser un partido político. Se ha impuesto una visión financiera de hacer negocios con el partido. 

El discurso manejado contra los líderes históricos, los poquillos que le quedan, es errado. Los nuevos que han sido nombrados no son menos tradicionales que los que se han convertido en blanco de los ataques, y quizá si el pensamiento político que los otros tienen.

A Liberación Nacional le faltan líderes políticos. Deberían tener espejos de los líderes socialdemócratas europeos y latinoamericanos que están en la lucha política, al lado de sectores populares.

A Liberación Nacional lo ha perjudicado mucho los vínculos con la corrupción y la narcomafia con que se ha vinculado a dirigentes suyos, de todo nivel, sin que el Partido haya podido hacer nada. No hay en este momento ninguna propuesta para modificar los Estatutos de manera que se permita actuar contra este tipo personas, y dirigentes de distinto rango, que se enquistan en el partido y sus estructuras internas, como públicas en las que participan, municipales, diputadiles o partidarias. Si eso no lo corrigen están manteniendo al paraguas que les filtra agua por todo lado.

Liberación Nacional dejó de ser un Partido pensante, ideológico, teórico doctrinario, visionario del país. En cierta forma dejó de ser un Partido político, como existían los partidos socialdemócratas. Carece de una perspectiva política, ideológica o teórica, y social para trazar el camino de la Costa Rica de los próximos años, carece de banderas sociales y políticas. Carece de identidad con sectores sociales.

Las renuncias de Laura Chinchilla, de Fernando Zamora y de Claudio Alpízar, parecieran ser las más importantes de los últimos meses en ese Partido. Por ahora son solo dirigentes y destacadas figuras del Partido.

Vienen las elecciones municipales dentro de un año. Este será el reto de Liberación Nacional, mantener las casi 50 alcaldías que tienen en su poder hoy.

El alcance de la última Asamblea Nacional solo ha trascendido en el nombramiento de dos de sus principales dirigentes del Directorio del Partido, apoyados por José María Figueres y Oscar Arias. Pareciera que esa Asamblea no dio para más.

Si es así, no ha habido más que un cambio cosmético, y en esa foto siguen siendo los más importantes dentro de ese Partido, guste o no, José María Figueres y Oscar Arias.

¡Limón se une por la institucionalidad costarricense! Marcha este sábado 29

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

Limonenses, este sábado 29 de octubre les invitamos a usted y a su familia a una gran marcha patriótica en defensa de nuestra institucionalidad.

Saldremos de la Municipalidad de Limón a las 12:00 md con destino a la entrada de JAPDEVA, por el parque Vargas, para entregar un documento con propuestas y soluciones al señor presidente Rodrigo Chaves, que se le hará llegar por medio de los diputados que nos acompañarán. La finalidad es que Limón se enrumbe hacia la reactivación económica, la generación de empleo, la lucha contra la pobreza, la ejecución del canon de APM y mayor seguridad para las familias, instituciones, empresas y negocios.

Limón se une en una propuesta directa, que el ejecutivo debe negociar con las fuerzas vivas de la provincia de Limón para aplacar los grandes males que nos aquejan. Por esa razón es importante su apoyo, el de su familia y sus amigos para sumarnos en un clamor popular que llegue hasta Casa Presidencial.

A través de los medios de comunicación y redes sociales es hora de luchar y de sembrar semillas de esperanza.

Por el bien de todos este sábado 29 de octubre a las 12:00 mediodía, salida desde la Municipalidad de Limón.

¡Limón se une por la institucionalidad costarricense!

Compartido con SURCOS por Fedrick Patterson y María Miranda.

“YO ME COMO LA BRONCA”

Adriano Corrales Arias

Adriano Corrales Arias*

Utilizando esa frase popular, el actual presidente de la República se ganó la simpatía de miles de ciudadanos en su millonaria campaña electoral. Y, de seguro por eso, lo “eligieron”. La frase alude al personaje valiente que se enfrenta a un problema o a una disputa, la cual puede llegar, incluso, hasta la pelea callejera, dado que otras personas no están en disposición de asumirla.

Esos miles pensaron, posiblemente, que la bronca que se comería el presi, consistía en contener la contrarreforma neoliberal de los últimos gobiernos liberacionistas, “socialcristianos” y del PAC, o lo que es lo mismo, del PLUSCPAC y sus turecas. En otras palabras, detener la venta de activos estatales, eliminar la figura de concesión de obra pública, ordenar las compras del estado para evitar corruptelas y, lo más importante, ponerle coto a la evasión y elusión fiscales, máximos disparadores de la crisis fiscal. Y claro, enfrentar la corrupción y retomar la buena marcha de las principales instituciones del estado, así como la mejora de las condiciones de vida de los sectores más golpeados por esa contrarreforma, la pandemia y la crisis global: los trabajadores, los pequeños productores y emprendedores y, la cada vez más empobrecida clase media.

Pero resulta que era otra bronca la que venía a comerse el señor Chaves con sus compinches y escuderos, es decir, sus financistas; la que no arriesgaron en asumir los últimos gobernantes: venta de activos y privatización de servicios con el desmantelamiento de la seguridad social, la educación pública (sobre todo universitaria), las telecomunicaciones, electricidad, agua y la banca nacional, entre otras ocurrencias, que finalmente, no son tan ocurrentes, dado que están en la mira de muchos grandes empresarios y financieras internacionales desde el siglo pasado. Dicho de otro modo, profundizar la contrarreforma neoliberal hasta sus últimas consecuencias para acceder a un estado totalitario y corporativo estilo Chile de Pinochet, México antes de AMLO o la actual España. En breve: desmantelamiento del estado social de derecho.

Y claro, el valiente presi luce envalentonado; se sabe apoyado por una inmensa masa intoxicada, desde hace decenios, gracias al discurso único y a la virulenta campaña anti trabajadores públicos, anti ciencia, anti saberes y anti estado social, por parte, tanto de la “prensa canalla”, como por el fundamentalismo de toda laya, ya desde iglesias y púlpitos, ya desde ciertas trincheras neoliberales como universidades privadas, cámaras patronales y ciertas embajadas. Ese conglomerado anti pueblo y anti costarricense, no repara en los graves visos inconstitucionales de decretos y “leyes” propuestas por el ejecutivo. Aplauden a un gobierno autoritario con ínfulas totalitarias, sin saber que serán ellos (la masa intoxicada) quienes, finalmente, saldrán más perjudicados.

Lo alarmante de la coyuntura es que no se vislumbra una oposición seria ante un bloque desalmado que pretende echar por la borda todas las reformas sociales que costaron tanto sacrificios y sangre en la década de los cuarenta del siglo pasado. Las cúpulas partidarias que, al final, como vimos, son las mismas, negocian parte del pastel y se ponen de acuerdo en el parlamento, para seguir desarmando el estado social de derecho y tijeretear la Constitución Política de acuerdo a sus voraces intereses. Por ello no se avizora un frente político socialmente amplio que pudiera detener esta nefasta contra ofensiva neoliberal de última hora.

La débil esperanza con que contamos, quienes padecemos desde ya al monstruo que pisa fuerte, es que los miles de intoxicados vayan abriendo los ojos y el cerebro ante la brutal embestida de quien se está comiendo la bronca a favor de sus mentores, promotores y patronos nacionales e internacionales. Para eso lo trajeron desde una de las financieras transnacionales donde laboraba, cual gris tecnócrata.

 

*Escritor

Enviado a SURCOS por el autor.

Las Universidades no pueden estar bajo la férula de los intereses políticos

Dra. Yamileth González García, exrectora UCR y Colectivo Mujeres por Costa Rica

Costa Rica vive en la actualidad circunstancias que amenazan, como nunca, su estabilidad democrática y que, ponen en riesgo el Estado Social de Derecho y, en particular a las instituciones de educación superior pública.

El proyecto del Gobierno de Costa Rica que plantea una “Ley reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior”, expediente 23.380, es un irrespeto a las universidades públicas y muestra una ignorancia impropia de un Poder Ejecutivo. El proyecto inicia con una conceptualización pobre, y peor, errada de lo que son las universidades públicas, desconociendo profundamente sus características y la esencia misma de lo que es una universidad. Cuando señala que “El financiamiento de la educación en Costa Rica no se ha puesto en duda a lo largo de décadas”, evidencia, además, desconocer que durante los años de 1980 y 1990 ese financiamiento se vio severamente disminuido, particularmente para la educación superior, como, también, lo ha sido en décadas más recientes.

Cuando se afirma que la universidad pública ha sido considerada, simplemente “…como un mecanismo de movilidad social, fundamental para el país…“ nos hace entrar en dudas si los proponentes de este proyecto entienden la esencia de la Universidad; se pone en evidencia que, para el Gobierno, las universidades son, de manera excluyente, simples casas de enseñanza, centros de formación de profesionales y, quienes vivimos la vida universitaria a profundidad, sabemos que en nuestro país el quehacer de estas instituciones es mucho más que eso, que está asentado sobre tres pilares esenciales: la investigación, la docencia y la acción social, cuando, además, se señala que las universidades, no están cumpliendo a cabalidad su misión porque no están formando los recursos profesionales que requiere el mercado, surge la pregunta ¿Qué es esa concepción de universidad, que la reduce, exclusivamente, a formar profesionales para la empresa privada y su interés mercantil? Si la visión que prevalece en el documento está dirigida a dar prioridad a las carreras que demande la empresa privada, entonces ¿dónde queda el concepto de un desarrollo integral? ¿Adónde van a dar las carreras de ciencias sociales, de arte y las humanidades? que son, precisamente, las que desarrollan en sus graduados la formación de destrezas relacionadas con el liderazgo, la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo en grupos, que tanto ha influido en la idiosincrasia nacional.

En el artículo1 se establecen límite a la distribución del FEES, el cual sería, fundamentalmente, para financiar la regionalización, las becas y la infraestructura y, entonces, ¿no existe financiamiento para la investigación y la acción social? En la perspectiva de este proyecto a la investigación se le da un papel marginal y la acción social es absolutamente inexistente. Y eso no es casual: así buscarían romper o silenciar la significativa relación que las universidades tienen con la sociedad. A eso se le une que, según este proyecto de ley, la creación de nuevas carreras solo se podría dar si son acordes con el Plan Nacional de Desarrollo (art.7), o sea que se elimina la potestad de las universidades de hacer inversión académica en áreas que estas consideren pertinentes.

A pesar de que, como se señala en el expediente 23.380, hubo, desde la Asamblea Constituyente de 1949, algunos legisladores que discutieron sobre la asignación del presupuesto para la Universidad, otros con sabia visión, como Rodrigo Facio, Carlos Monge y Fernando Baudrit… buscaron protegerla de posibles y futuros embates, como el que se vive en los momentos actuales.

Es inadmisible que, el Gobierno, tergiverse la Constitución Política y señale que el Estado solo debe comprometerse presupuestariamente, con lo necesario para las universidades, y así dejarlas sometidas a los criterios políticos de turno, asignando el mínimo y no el máximo.

No es admisible desde ningún punto de vista y el proyecto lo hace, que se irrespeten los procedimientos universitarios en temas diversos, como son la asignación o distribución de los recursos, la regionalización, etc. y, menos aún, que órganos de la coordinación institucional de las universidades sean eliminados o despojados de sus atribuciones en aras de un control total del Poder Ejecutivo. Contrario a lo que se señala, las universidades siempre han contado con una instancia de coordinación de la educación superior (CONARE), quinquenalmente se han elaborado planes de desarrollo universitario (PLANES) y hay un fondo especial denominado FEES. Por todo lo anterior resulta inaceptable pensar que la educación superior pueda estar administrada, como se propone en el artículo 4, por cuatro ministros de gobierno o sus representantes, encargados de desarrollar el Plan de la Educación Superior y de promover, fiscalizar y evaluar el FEES. Las Universidades no pueden estar bajo la férula de los intereses políticos.

No es de recibo la falaz afirmación de que en la educación superior pública se camina sin controles y que las universidades quieren estar exoneradas del cumplimiento de las leyes de la República; por el contrario siempre se han ajustado a todos los controles de la Contraloría General de la República (presupuestos, refrendo de contratos, etc), también de los mismos organismos de control internos, de los Tribunales de Justicia y de toda la legislación nacional pertinente: por eso la defensa frente a esta proyecto que atenta contra sus derechos, no solo es necesaria y urgente, así como cualquier otra legislación que vaya en contra de estas instituciones.

Inconcebibles son las trabas que se proponen para una ágil y eficiente administración de los recursos, si estos pasan a ser administrados por el Banco Central, y, peor aún, que las universidades tengan que hacer, mensualmente, los trámites para solicitar los fondos requeridos (art.3) y si los recursos, considerados excedentes deben pasar a la Caja única del Estado, pues, entonces, se crean impedimentos para la realización de obras que requieren más tiempo que el que define el período presupuestario señalado.

Es de esperar que una propuesta que irrespeta tanto a las universidades públicas no reciba la atención de la Asamblea Legislativa y que, en ese espacio, no olviden que, aún en tiempos de crisis, no se debe amenazar, como lo ha hecho inconcebiblemente el Presidente Chaves, a la sociedad con el quiebre de nuestro sistema democrático, sino que, por el contrario, recuerden que consolidar la naturaleza de bien público de la educación, constituye el mejor camino para fortalecer la democracia.