Para pasar un día en compañía de alguna de nuestras universidades públicas, no es necesario visitarlas, ni siquiera revisar sus sitios en Internet o llamar por teléfono, sintonizar Canal 15 o Radio Universidad. No hace falta.
Basta con seguir nuestra vida cotidiana, pues las universidades nos acompañan en muchos ámbitos de nuestras vidas. Unos pocos ejemplos bastarán para ilustrarlo.
Empezando con el café del desayuno, los investigadores universitarios han contribuido en el mejoramiento de los métodos para cultivarlo, y es muy probable que en su producción haya participado algún profesional en agronomía graduado de la alguna universidad pública.
Si le añadimos al desayuno un pedazo de la deliciosa papaya Pococí (comercializada como «Papaya Perfecta» o «Papaya Suprema» en diferentes supermercados, o simplemente como «papaya de la U» en las ferias del agricultor), estaremos disfrutando uno de los tantos productos de los programas de la Universidad de Costa Rica (UCR) en mejoramiento genético de plantas.
Arroz, frijoles, hortalizas, entre otros alimentos, están disponibles en nuestra mesa por la labor de los laboratorios y estaciones experimentales del sistema universitario público, solos o en colaboración con otras instituciones nacionales e internacionales y con el sector privado.
Así mismo, detrás de cada vaso de leche están los trabajos de investigación del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), la Universidad Nacional (UNA) y la UCR.
También gran cantidad de alimentos procesados (lácteos, cárnicos, jugos y muchos más) hechos por industria local, llevan en su creación y producción el concurso de profesionales graduados en tecnología de alimentos en la UCR, y en muchos casos procesos desarrollados por el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA) de esa misma Universidad.
Analicemos otros ámbitos de nuestra cotidianidad. Luego de desayunar leemos el periódico y pocos nos percatamos que los periodistas en su mayoría son graduados de escuelas de periodismo de universidades públicas.
Después encendemos el automóvil y manejamos por la carretera. Al hacerlo confiamos en la calidad de la gasolina que produce la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), pero pocos sabemos que parte del control de calidad de la gasolina que se vende al público lo realizan laboratorios de la UCR, en convenio con RECOPE.
De manera similar el control de calidad de los asfaltos usados en nuestras carreteras lo realiza un laboratorio especializado de la UCR, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANNAMME), en convenio con el Ministerio de Obras Públicas (MOPT).
Dentro de nuestra cotidianidad hay un espacio dedicado a la cultura. La extensión universitaria ha llevado la cultura a todos los rincones del país. Pero el aporte va más allá. Cualquiera que disfrute una obra nacional de teatro o de danza, posiblemente esté disfrutando el trabajo de estudiantes, graduados o docentes de la Escuela de Artes Dramáticas de la UCR, o de la Escuela de Danza de la UNA.
Y si de proyección internacional y orgullo nacional se trata, baste recordar que dos de los tres integrantes del celebrado grupo Editus son graduados de la Escuela de Artes Musicales de la UCR.
También está presente la universidad pública en los momentos difíciles. Si se produce un sismo o una erupción volcánica, son los científicos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI) de la UNA o de la Red Sismológica Nacional de la UCR, quienes orientan a la población y a la Comisión Nacional de Emergencias en su labor.
Si nos enfermamos, sabemos que la medicina en nuestro país es de calidad mundial, donde destacan los y las profesionales graduadas de la UCR en las diferentes ciencias de la salud, y las investigaciones llevadas a cabo por laboratorios de renombre internacional como por ejemplo los del Instituto Clodomiro Picado. Pensemos en ello cada vez que visitemos un médico o nos hagamos un examen de sangre.
Con todos estos aportes, no es casualidad que los premios nacionales en cultura (Premio Magón) o en Ciencia y Tecnología (Premio Clodomiro Picado) hayan sido otorgados mayoritariamente a docentes de las universidades públicas.
Tampoco es casual que entre las universidades del país, las públicas estas sean las mejor calificadas a nivel mundial según informó recientemente La Nación. Este aporte responde a una concepción de país que le apuesta a la educación superior como motor de desarrollo, concepción que incluye pero que va mucho más allá de la formación de cuadros profesionales.
Podríamos llenar páginas enteras con aportes. Lo importante es que estos continúen, se fortalezcan y crezcan, pero no se puede hacer chocolate sin cacao. Para una educación superior de calidad, la inversión no es solamente el salario de los profesores, como erróneamente opinó la señora Rectora de la ULACIT.
En las buenas universidades del mundo la formación profesional va de la mano con la investigación universitaria y ambas requieren inversión en equipo, infraestructura, materiales de laboratorio y excelentes bibliotecas, tanto para el sector estudiantil como para el sector docente, y esto no es barato.
El presupuesto es necesario para que las universidades puedan continuar con sus contribuciones. Negarlo es rebajar a las Universidades a simples casas de enseñanza, y condenar al país al subdesarrollo.
Esperamos que quienes tienen esta responsabilidad recuerden sus raíces universitarias y actúen en consecuencia, manteniendo en mente una conocida frase de Albert Einstein: «Si la educación te parece cara, prueba con la ignorancia».
«….Sólo lograremos un cambio real por medio de las acciones concretas de una comunidad comprometida.»
Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.
En un video difundido el día de ayer, y dirigido a las universidades públicas, Katharina Müller, ministra de educación, incurre en múltiples falacias, tergiversaciones, contradicciones…y también mentiras.
La señora manipula, para tratar de crear un conflicto artificial: sistema educativo de niveles primario y secundario contra las universidades; estudiantes de primaria y secundaria contra estudiantes de la educación superior; docentes de primaria y secundaria contra docentes del nivel superior.
Por ignorancia, arbitrariedad, o ambas cosas, pero es obvio que Müller no comprende lo que es distintivo de las universidades, no solo en Costa Rica sino en cualquier país del mundo. Pero, en fin, si ni siquiera comprende por qué es importante la enseñanza de las matemáticas, difícilmente podría entender el papel que les toca desempeñar a las universidades. De ahí, las disparatadas comparaciones a las que apela.
Primero, la formación profesional de nivel terciario es mucho más cara que la formación que se brinda en niveles inferiores, por lo que comparar lo uno con lo otro es absurdo. Piénsese los costos que conlleva la formación de una médica, un ingeniero, una informática, un farmacéutico, una geóloga, un químico. Piénsese en el alto costo asociado a los estudios de posgrado (especialidades, maestrías, doctorados), que necesariamente deben aspirar a niveles muy altos de rigor académico y científico.
Segundo, a lo largo de la historia, las universidades son, por excelencia, centros generadores de pensamiento crítico, como, asimismo, fuerzas impulsoras importantes para el cultivo de una sensibilidad superior, en todo lo cual juegan un papel fundamental, las ciencias sociales, la filosofía, el arte y, en general, las humanidades.
Tercero, de las universidades depende, en grado muy significativo, el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la cual es necesariamente cara.
Cuarto, restringir la investigación científica a lo que sea “útil”, o sea, rentable, es, no solo una visión muy estrecha y mezquina, sino, y a decir verdad, una palmaria muestra de ignorancia. Acontece que sin investigación básica no hay desarrollo tecnológico posible. No comprender esto, es lo propio de una mentalidad encadenada al subdesarrollo.
Las universidades públicas, tienen muchos logros como también múltiples defectos. Lo reconozco: han sido remolonas cuando de corregir esos defectos se trata. Y, sin embargo, sigue siendo cierto que cumplen un papel fundamental, que absolutamente nadie más cumplirá en Costa Rica. Destruirlas, como busca hacerlo este gobierno, no es el camino correcto.
Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.
El señor Rector de la Universidad Nacional y Master Francisco González Alvarado, manifiesta la imposibilidad de aceptar la propuesta del Poder Ejecutivo en cuanto a la negociación del presupuesto de las universidades públicas.
Dicha propuesta contraviene el orden constitucional al proponer una disminución del presupuesto universitario de un año para otro. Lamentablemente el recorte que se solicita al presupuesto por parte del Poder Ejecutivo ronda el 25% del presupuesto actual de las universidades públicas, lo que se traduce en un obstáculo de operación ante los servicios brindados, la reducción de las investigaciones sociales y la limitación del sistema de becas.
Sumémonos a esta lucha para defender y apoyar las universidades públicas que son de todos y todas.
Acceda al siguiente enlace para observar el vídeo completo:
Reiteramos la URGENCIA de realizar la concentración en defensa de la Universidad Pública.
Desde CONARE, los Consejos Universitarios, las Federaciones de Estudiantes y los Sindicatos, instan en el llamado urgente y vehemente a la comunidad universitaria y nacional a salir a manifestarnos el próximo martes 16 de agosto a las 9:00 a.m., frente a la Casa Presidencial, saliendo de la fuente de la hispanidad.
Por ello, se insta al cambio de actividades ordinarias de la Universidad (tanto académicas como administrativas) hasta las 5:00 p.m., para atender el llamado que nos convoca a todas y todos en defensa de la Educación Superior Pública.
Reiteramos a toda la comunidad que esta lucha no puede reposar sobre los hombros de pocas personas; todo lo contrario, debemos hacer un frente común para continuar construyendo el camino y destino de la Universidad Pública y el Estado Social de Derecho.
Para el caso de la UNA el servicio de buses estará saliendo a partir de las 7:45 a.m. de la explanada 11 de abril y de regreso a las 3:45 p.m. desde el Redondel de Toros Zapote.
¡Vamos todas y todos a defender la Educación Superior Pública!
Cordialmente, Francisco González Alvarado Rector Universidad Nacional Costa Rica
La institucionalidad social costarricense sufre un asedio que incluye propuestas de cambio constitucional como la modificación del artículo 176 de la Constitución Política, promovida en el proyecto de ley No. 22 266. Por ello, se buscó sumar voces de actores sociales y personas cuya experiencia y análisis le permitieron a la comunidad universitaria del TEC, y de Costa Rica en general, comprender los alcances negativos reales de la Regla Fiscal y de la Ley de Empleo Público.
Panelistas:
Luis Paulino Mendez Padilla – rector del TEC.
Roxana Morales Ramos – vicerrectora de administración de la UNA.
Mauricio Castro – profesor de la Universidad de Costa Rica.
Francisco Esquivel Villegas – profesor del TEC.
Moderador:
Osvaldo Durán-Castro – docente e investigador social del TEC.
La Comisión Especial del Consejo Institucional conformada para trabajar sobre sobre los efectos adversos que producen las leyes No. 9635 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y No. 10159 Ley Marco de Empleo Público, la Comisión Institucional de Sostenibilidad de la Educación Superior (CISES) y la Rectoría del Tecnológico de Costa Rica, invitaron a toda la comunidad a participar de este espacio de reflexión y conocimiento sobre las leyes nombradas.
El foro se realizó el pasado 8 de agosto de 2022, en el Centro de las Artes.
Como es de su conocimiento, el Gobierno presentó una propuesta de Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que no reconoce el aumento de costo de vida que estipula el artículo 85 de la Constitución Política, ni las deudas pendientes. Además, propone un recorte de un 22,8% respecto del monto del año anterior. Ese irrespeto a la Constitución Política también atenta contra el marco de negociación que se acordó ese día durante la primera sesión de la Comisión de Enlace.
Este recorte implicaría graves consecuencias para las actividades sustantivas de las cinco universidades públicas, incluso se podría llegar al cierre técnico de algunas de ellas. Esta propuesta se enmarca en una serie de ataques a la educación pública, en un momento en el que más bien se debe fortalecer esta inversión en todos sus niveles: preescolar, primaria, secundaria y educación superior.
Con la propuesta presentada por el Gobierno, la UCR dejaría de percibir aproximadamente 64 mil millones de colones en el 2023. Esto afectaría seriamente los cupos, las becas, los nombramientos, la investigación, la acción social y la regionalización.
Por lo anterior, por este medio convoco a la comunidad universitaria a una reunión abiertahoy a las 3:30 p.m. en el Auditorio de Derecho, con el fin de explicar detalladamente la propuesta y la ruta a seguir. Asimismo, le solicito a las direcciones de sedes regionales convocar a los consejos asesores y representantes estudiantiles en cada una de las sedes y habilitar un espacio de transmisión. Exhorto, principalmente, a las personas integrantes del Consejo Universitario, decanaturas, direcciones y representantes de asociaciones de estudiantes y órganos federados a participar de este importante espacio.
Por último, dado el contexto y la necesidad de involucrar a toda la comunidad universitaria en el proceso, le solicito a las jefaturas coordinar para que este martes 16 de agosto todo el personal a su cargo se presente a trabajar de manera presencial.
El Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social (FRENASS) se opone rotundamente a la tercerización de los servicios de vigilancia y aseo de los hospitales Calderón Guardia, Hospital de la Mujer, CENARE, Hospital Nacional Psiquiátrico, Hospital México y todos los Centros de Trabajo de la Institución.
Como FRENASS lo ha señalado y reiterado “Toda tercerización es una forma de privatización” a la cual nos oponemos frontalmente.
Según la Política y el Reglamento de la Caja, el personal de limpieza y de vigilancia deben ser institucionalizados, para que se continúe con un mayor compromiso de la Caja, y así, seguir brindando un mejor servicio al sector asegurado.
Respaldamos las acciones de lucha contra la privatización que emprenden los trabajadores de la salud este 01 de agosto de 2022.
FRENASS dice NO A LA PRIVATIZACIÓN y SÍ A LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LA CAJA.
¡TERCERIZAR ES PRIVATIZAR!
¡DEFENDAMOS LA CAJA!
Frente Nacional por la Seguridad Social – FRENASS – En defensa de la Caja. San José, 30 de julio del 2022.
Dania Obando[1] es obrera en una industria agrícola, madre, estudiante y lideresa; comparte un conocimiento basado en su experiencia como trabajadora y en su vida como mujer jefa de hogar. Veamos:
“Desde la madrugada inician mis labores como madre de cuatro hijos; hago el desayuno, el almuerzo y dejo a los güilas listos para que se vayan para la escuela, para el colegio.
Entro a trabajar a las seis de la mañana, trabajo ocho horas diarias en el área de lavandería; ahí se lava la ropa que se usa para aplicar químicos. Mi trabajo no finaliza ahí. Como no me alcanza el salario de las ocho horas, debo hacer algunas que otras chambillas, ahí, por fuera, para poder lograr llegar a fin de mes con los gastos.
La vida después del trabajo y el desarrollo como persona en la sociedad de dirigente sindical, tengo que hacer ese trabajo también después de la jornada laboral, casi que tengo que dejar por último las labores de mi hogar, la atención a mi familia, a mis hijos, en este caso.
Tengo que hacer el trabajo sindical los fines de semana.
Un proyecto de jornada extendida es incompatible con las responsabilidades de nosotras las mujeres en general, pero más para las que trabajamos en las partes agrícolas. ¿Cuándo voy a atender mis tareas de madre con una jornada de doce horas? No se puede.
Si por las doce horas me van a pagar lo mismo, nunca podré ganar horas extras porque se supone que, si nos cambian las ocho horas, a lo que yo tengo entendido es que vamos a trabajar doce horas, pero por el mismo salario de las ocho horas. ¿Sacrificar mi vida para seguir trabajando? No se puede dejar de hacer nada de lo que ya se hacía; todo lo que hago en mi día es indispensable, no se puede posponer. Ni voy a decir: “Mirá, esta semana no voy a atender a mis hijos porque voy a trabajar”. No me alcanza el salario para pagar a alguien que los cuide. Ya doce horas por el mismo salario y tener que pagarle a alguien. No, eso no es rentable para nosotras.
Nunca voy a desentenderme del cuido de mis hijos, de las tareas de la casa; complicarle las tareas a mis hijos tampoco se puede. Ya con las ocho horas que nosotras tenemos, ya es un día sobrecargado para nosotras.
En la parte agrícola, quizás, muchas personas no entienden que trabajamos muchas mujeres en la palma africana; la mayoría somos madres solteras y ese trabajo en la palma no es un trabajo como muy fácil. Todavía el mío no es tan complicado como el de las demás compañeras que trabajan en el campo.
Este proyecto no contempla el tiempo de traslado a la finca. Yo entro a las seis de la mañana a trabajar, tengo que trasladarme tres kilómetros de distancia. Otras compañeras tienen que trasladarse más; entonces, ahí no va contemplado ese tiempo de traslado ni tampoco se paga. Esas cosas no las están tomando en cuenta. Si al tiempo de traslado le agregamos doce horas, estamos volviendo al siglo XIX. Este proyecto, en la agroindustria, es criminal: está contra la salud laboral y los derechos de nosotras las mujeres.
¿Saben lo que es recolectar coyol? ¿Cuántas veces tiene una mujer que agacharse y pararse recogiendo el coyol en ocho horas? Ahora doce horas, ¿cómo sale ella al final del día de la columna, de los pies de estar caminando tanto? Eso no lo están valorando.
Yo estoy terminando de estudiar, pues no tuve chance en mi juventud; estoy haciéndolo ahora, nunca es tarde, dicen. Entonces no nos están dejando tiempo para descansar. Mucha gente dice: “Pero, vamos a tener tres días libres”. No, eso es mentira. No son días libres porque, entonces, en el caso de nosotras que llegamos a la casa a las tareas, se nos acumularán los quehaceres del hogar. Entonces esos días vamos a pasar trabajando más en la casa. Tampoco hay descanso.
Hay que revisar las prioridades de los hijos; hay que atender las necesidades y eso se hace todos los días dentro de la normalidad. ¿Qué pasa si me quitan cuatro horas cada día de mi tiempo?, ya no podría seguir estudiando porque no voy a poder estudiar los tres días que tengo libres porque me imagino que esos tres días serían viernes, sábado y domingo.
Pienso que la vida es más que solo trabajar. Hace más de cien años, en 1920, se estableció la jornada de ocho horas. Tengo entendido que fue una lucha de los trabajadores. Se estableció la jornada de ocho horas para que tuviéramos tiempo para el descanso, para el estudio, la recreación. Con este proyecto, se va a retroceder en la historia de los derechos laborales más de cien años.
Continuará…
[1] Este testimonio recoge la participación de Dania Obando en el foro: Jornada laboral de 12 horas: ¿A quiénes beneficia y a quiénes perjudica?, convocado por Alianza por una Vida Digna.
Por la Defensa de la Constitución Política, la Democracia Inclusiva y la Vida Digna
Foro Confluencia Solidaria*
Diversas organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, sindicatos y ciudadanas y ciudadanos costarricenses, con gran preocupación por el deterioro creciente de las condiciones de vida de la mayoría de la población, nos hemos unido para presentar una propuesta alternativa de jornada laboral para Costa Rica. Este planteamiento atiende al clamor de muchas voces que han objetado el actual proyecto en discusión en la Asamblea Legislativa, que busca legitimar una jornada laboral de 12 horas diurnas durante cuatro días semanales (Proyecto de Ley Reforma de los Artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, para Actualizar las Jornadas de Trabajo Excepcionales y Resguardar Derechos de las Personas Trabajadoras. Expediente Legislativo 21.182). Sobre la base del cuestionamiento de dicho proyecto y de los fundamentos que lo sustentan, se presenta una propuesta relacionada con diversos aspectos de la jornada laboral, a tono con tendencias internacionales en este tema y centrado en la dignificación de las condiciones del trabajo.
Este planteamiento recoge aportes críticos y propositivos de diversos foros y debates. Asimismo, atiende tres desafíos fundamentales para garantizar la vigencia de un Estado costarricense donde se respeten y promuevan los derechos humanos, eco-ambientales, sociales, económicos, políticos y culturales: 1. la defensa de la Constitución Política, 2. el fortalecimiento de un régimen de democracia inclusiva y solidaria y 3. la profundización de los logros del Estado Social de Derecho que han contribuido a crear condiciones y oportunidades para una vida digna.
El proyecto de ley denominado 4×3 es parte de un conjunto más amplio de leyes aprobadas en legislaciones anteriores, y algunas que están en trámite, que lesionan los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del país. Asistimos, así, a una reiterada violación de derechos fundamentales consignados en nuestra Constitución Política. Resulta preocupante que la Sala IV, cuya misión es resguardar el fiel cumplimiento de la Constitución Política, se haya convertido en diversas ocasiones en cómplice de intereses espurios de grupos de poder económico y político que han utilizado la crisis fiscal y sanitaria como excusa para aprobar proyectos de ley a todas luces inconstitucionales. Al respecto, se ha advertido sobre el carácter inconstitucional del proyecto en cuestión1, particularmente sobre la violación del precepto de la Constitución que establece que “la jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas a la semana” (Constitución Política de la República de Costa Rica, Artículo 58); dicho artículo recoge una de las principales conquistas históricas de la clase trabajadora. Y, aunque este artículo considera la posibilidad de la no aplicación de estas disposiciones “en casos de excepción muy calificados, que determine la ley”, en este proyecto, como constatan y argumentan juristas constitucionalistas y laboristas, lo que es una excepción se convierte en norma. La defensa de la Constitución Política constituye hoy una prioridad, si pretendemos afianzar el régimen de derecho que nos ha caracterizado como nación.
Un segundo desafío por encarar es, precisamente, el fortalecimiento de un régimen democrático inclusivo y participativo. Ha sido igualmente reiterada la poca voluntad de los gobiernos del país para abrirse a un verdadero diálogo ciudadano desde el cual se logren concertar las mejores leyes y acciones para el bienestar de la ciudadanía2. Asimismo, es notorio el sesgo proempresarial y antipopular de algunos intentos de “diálogo”. En esta dirección, la presente propuesta se inscribe en un conjunto mayor de iniciativas, que emanan desde diversos sectores, para construir colectivamente, de manera inclusiva y solidaria, un pacto ciudadano para una convivencia auténticamente democrática, centrada en la equidad, es decir, con justicia y paz social.
Y el tercer desafío corresponde a la urgente tarea de profundizar los valiosos logros del Estado Social de Derecho que constituyen la principal garantía para el disfrute de una vida digna. Este proyecto conocido como 4×3 también es parte de varias leyes y acciones gubernamentales que han venido propiciando su desmantelamiento. Se ha pretendido, por un lado, debilitar dicho Estado Social de Derecho como frente de resistencia a un neoliberalismo privatizante, frívolo y empobrecedor y, por otro, convertirlo en un Estado oligárquico “moderno”, al servicio de los intereses privados de las élites económicas y financieras nacionales y extranjeras. Efectivamente, el proyecto 4×3 apela a la necesidad de la “flexibilización laboral” para atender a estos intereses particulares: “La progresiva internacionalización de la economía, su desarrollo acelerado y el alto grado de especialización del mercado de trabajo, nos demanda actuar para facilitar la competitividad y productividad de las empresas que buscan el máximo aprovechamiento de recursos […]”. Además, se consigna explícitamente: “Este proyecto es de gran relevancia para la agenda de competitividad y reactivación económica que requiere Costa Rica desde hace varios años y permite al país desarrollar una significativa mejora en el clima de inversión de nuestro país”.3
Al respecto, el colectivo Alianza por una Vida Digna, recogiendo aportes del conversatorio “Jornada Laboral de 12 horas: ¿A quiénes beneficia, a quiénes perjudica?4, considera que no se trata de una ocurrencia aislada, sino de un componente medular de planteamiento impulsado por las cámaras empresariales y sus aliados políticos para fortalecer su proyecto de reactivación económica, aumentando la productividad y la riqueza privada a costa de reducir los ingresos de las personas trabajadoras y el empleo digno, así como trasladar a la seguridad social del Estado las consecuencias de mediano y largo plazo sobre la salud, el cuido, la educación y la seguridad de las personas trabajadoras, pero aportando cada vez menos. La ampliación de las jornadas laborales tiene otros beneficios para las empresas, como por ejemplo el pago de tarifas diferenciadas más baratas en horas no pico en electricidad y otros servicios, la reducción de la planilla, el no reconocimiento de las horas extra y la reducción del aporte a la seguridad social. Se trata de una propuesta de reactivación económica nada solidaria ante del escenario dejado por la pandemia, que deja fuera del mercado laboral a una parte importante de las personas jóvenes y las mujeres, quienes tienen enormes dificultades para incorporarse a dicho mercado, incluso en trabajos no calificados o mal remunerados.
La aprobación del proyecto de ampliación de jornadas traerá consecuencias diferenciadas en los territorios en los cuales las condiciones de desigualdad son aún mayores, como por ejemplo en las zonas costeras y rurales, donde la inversión en turismo y agricultura disminuirían aún más las posibilidades de empleo y reducirían los ingresos de las comunidades y sus familias. Se trata de condiciones altamente peligrosas ante las iniciativas paralelas de reducción del gasto público y el debilitamiento de instituciones estatales, las cuales han sido fundamentales para promover la movilidad social y la continuidad democrática.
Con la ampliación de jornadas se advierten cambios en el estilo de vida y del trabajo, a contrapelo de las garantías sociales tuteladas en la Constitución Política. Son previsibles cambios culturales profundos en la alimentación, la educación, la recreación y la convivencia comunitaria y familiar, incluyendo el cuido de personas dependientes. Esto se relaciona también con un Estado permanentemente amenazado por ciertos sectores empresariales y una clase política empeñada en incrementar la riqueza privada a costa de reducir la pública.
De cara a este sesgo economicista que favorece a poderosos intereses del capital nacional y extranjero, es urgente restituir y remozar el Estado Social de Derecho, para garantizar la defensa del derecho al trabajo “decente”, la libre sindicalización de las trabajadoras y los trabajadores, una política de salarios crecientes acordes con el costo de la vida y la provisión de servicios universales de calidad en salud y educación. Sólo recuperando y profundizando los avances que obtuvo el país en desarrollo humano, en el marco de esta modalidad de Estado, podremos aspirar a una vida digna, saludable y satisfactoria para la ciudadanía costarricense. En este aspecto, el proyecto de reforma impulsado por el gobierno, al extender e intensificar la jornada de trabajo con impactos nocivos para la salud física y emocional del trabajador5, particularmente de la mujer trabajadora, contraviene, entre otros, dos principios constitucionales. Uno se refiere al estipulado en el Artículo 50 de la Constitución que establece que “toda Persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado” y el otro se relaciona con el Artículo 56 que plantea que es responsabilidad del Estado garantizar condiciones de trabajo digno y saludable, bajo una concepción no mercantilizada: “El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo”. Cabe destacar que esa libertad de elección también se ve obstaculizada en este proyecto por cuanto el empleador sigue teniendo prevalencia en la decisión final respecto de la jornada que mejor se ajusta a sus requerimientos, lo que vendría a incrementar los índices de desempleo.
Propuesta de Nueva Jornada Laboral
La presente propuesta plantea efectuar reformas para reducir la jornada laboral diurna de un máximo de 40 horas durante cuatro días a la semana. La viabilidad y conveniencia de dicha jornada se fundamenta en criterios de constitucionalidad, de razonabilidad técnica en función de las mejores prácticas laborales y de una ética del trabajo “decente” para garantizar calidad de vida digna personal, familiar y social.
Atendiendo a los preceptos constitucionales ya referidos (Artículos 50, 51, 55, 56, 58 y 71), se busca garantizar el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores, es decir, ambientes saludables y amigables, justicia salarial, respeto y reconocimiento a la dignidad de la Persona trabajadora, así como evitar la sobreexplotación del ser humano y de la naturaleza, inducida por una concepción economicista-productivista y mercantilizada del trabajo humano y de la relación con la naturaleza. De esta manera, también se contribuye a propiciar prácticas laborales socioambientales más saludables y gratificantes. En este sentido, una reducción de la jornada, a diferencia de su ampliación e intensificación, crea mejores condiciones para el trabajo creativo y productivo y amplía las posibilidades de generar más empleo6, al tiempo que abre espacios para el desarrollo de potencialidades en otros ámbitos de la vida. La crisis de desempleo que vive el país no debe ser motivo para devaluar las condiciones laborales y justificar la sobreexplotación del trabajo humano. Por otra parte, un adecuado uso de los avances científico-tecnológicos crearía las condiciones necesarias para alcanzar altos niveles de eficiencia productiva sin sacrificar el derecho a la vida digna de las personas, con impactos menos lesivos para la naturaleza7.
Además, una jornada reducida atiende también a criterios de razonabilidad técnica. Hoy día este tipo de jornadas son avaladas por las mejores prácticas laborales en diversos países, donde ha contribuido no sólo a incrementar la productividad sino a favorecer ambientes más gratificantes desde el punto de vista humano-social, emocional-afectivo y espiritual. Se trata de jornadas que contribuyen a mejorar la salud pública, a fortalecer los vínculos afectivos y a bajar los índices crecientes de agresión y violencia social. Lamentablemente, Costa Rica ocupa el segundo lugar entre los países miembros de la OCDE en cuanto a jornadas de trabajo más prolongadas, es decir, donde se trabaja más anualmente, y el tercero con un balance desfavorable entre vida y trabajo; a pesar de ello se registra una baja productividad8. Un estudio comparativo de la productividad en el sector público y privado, para el período 2010-2016 muestra que, a pesar de que las jornadas laborales en promedio en horas son mayores en el sector privado que en el público, la productividad en el sector privado creció en una proporción mucho menor (promedio anual de 3.2%), en el período 2010-1016, al del sector público, el cual creció en 6.1% anual. Se destaca que los factores que inciden en el crecimiento de la productividad obedecen a incentivos materiales, psicológicos y sociales, lo que evidencia la necesidad de que el sector empresarial, especialmente la gran empresa, haga mayores esfuerzos por crear condiciones de trabajo favorables y de mayor dignidad, respetuosas de los derechos fundamentales de las personas. Por otra parte, los datos muestran que no es cierta la reiterada aseveración de la ineficiencia y baja productividad las trabajadoras y los trabajadores del sector público9.
Esta propuesta es coherente con una ética que propicia una economía al servicio de la vida digna para una mejor convivencia personal, familiar social y planetaria. Apuesta por crear condiciones laborales que favorezcan el desarrollo pleno de las potencialidades de los seres humanos, así como de todos los ecosistemas. Propicia esfuerzos por crear nuevos estilos de vida, donde se dignifique y humanice el trabajo y se procure un mejor cuido de nuestra casa común. Contribuye, así, a forjar un nuevo pacto social y ecológico por la solidaridad, la inclusión y la equidad.
*Este documento/propuesta es el producto de la reflexión colectiva de un grupo de personas de distintos sectores, quienes se reunieron atendiendo la invitación del Foro Confluencia Solidaria.
Notas:
1Según un grupo de abogados laboristas y constitucionalistas, en el nuevo proyecto sustitutivo presentado por el gobierno persiste la inconstitucionalidad al convertir en ordinaria una jornada que debe ser extraordinaria, la cual tiene impactos negativos en la salud y el salario de quienes la asuman. Molina, Lucía (2022) Ajustes a proyecto de jornada de 12 horas no salvan su inconstitucionalidad. Semanario Universidad, 29 de junio de 2022, p.11. Cfr. Pronunciamiento del Foro Mujeres Políticas por Costa Rica sobre la jornada laboral 4×3. https://anep.cr/pronunciamiento-del-foro-mujeres-politicas-por-costa-rica-sobre-la-jornada-laboral-4×3/. ANEP 06/07/2022
2 Cabe destacar, al respecto, el llamado que hace la OCDE: “Costa Rica necesita promover un dialogo social más fuerte para favorecer mejores condiciones de trabajo, pero también para diseñar e implementar políticas del mercado laboral de forma oportuna. Estudios de la OCDE sobre el Mercado Laboral y las Políticas Sociales: Costa Rica 2017 RESUMEN EXECUTIVO, EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES. P.16.
3 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Proyecto de Ley Reforma de los Artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, para Actualizar las Jornadas de Trabajo Excepcionales y Resguardar Derechos de las Personas Trabajadoras. Expediente No. 21.182.p.2 y 4.
6 Al respecto, Oscar Madrigal señala que la reducción de la jornada laboral sí puede significar “un aumento sustancial del empleo […] porque requerirá más mano de obra o sea más trabajadores, lo cual aumentará la rentabilidad de las empresas y con ello sus utilidades. Así lo comprueban las sociedades europeas más avanzadas. La excusa que utilizan los patronos para aumentar el empleo es reducir las condiciones laborales de los trabajadores. Pero lo cierto es que el mejoramiento de las condiciones de los asalariados, como demuestra la OCDE, genera un aumento sustancial del empleo y la competitividad”. Madrigal, Oscar (2022), Cambio de la Jornada de trabajo.https://surcosdigital.com/cambio-de-la-jornada-de-trabajo.
7 Para Esteban Calvo, el argumento de la ministra de Trabajo de que “volver a jornadas extensivas implica modernización choca con la historia del derecho laboral”. Al respecto, destaca que “durante las luchas por la reducción de la jornada, el desarrollo tecnológico le permitía tener mayor capacidad productiva a los empresarios […] El mejoramiento tecnológico desde ese momento hasta ahora ha sido impresionante y, sin embargo, el provecho de esa mejoría la están capitalizando los empresarios, porque los trabajadores siguen trabajando igual que hace 100 años”. Molina, Lucía (2022) Costa Rica demostró mayor productividad con menos horas de trabajo, pero reforma no contempla reducir la jornada. https://semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-demostro-mayor-productividad-con-menos-horas-de-trabajo-pero-reforma-no-contempla-reducir-la-jornada/
8 Ibid., p. 11. Al respecto, el Foro de Mujeres Políticas de Costa Rica destacan que con esta ley “se legislaría en contra del principio de Progresividad: Ya las jornadas de Corea, CR y México son las más extensas de los países pertenecientes a la OCDE (https://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/horas-trabajadas.htm), y la experiencia internacional reduce las jornadas a 36 o 32 horas en cuatro días, especialmente en contexto post COVID-19 con el fin de brindar mayor salud mental, aumentar productividad en tiempo efectivo y/o incentivar otras actividades como turismo interno”. https://anep.cr/pronunciamiento-del-foro-mujeres-politicas-por-costa-rica-sobre-la-jornada-laboral-4×3/. ANEP 06/07/2022
Este capítulo evidencia la desviación de las cotizaciones de los docentes entre 1958 y 1991, gracias a tres factores muy importantes:
La mala administración del Poder Ejecutivo.
La permisividad de la Asamblea Legislativa.
La indiferencia cómplice de la Contraloría.
Las actitudes complacientes de estos entes gubernamentales ponen en peligro el Estado Social de Derecho; no se puede permitir que se lesione los derechos de ningún grupo costarricense debido a que esto atenta contra la estabilidad democrática.
El Estado debe pedir perdón por su incompetencia en cuanto a las pensiones del Magisterio, aclarando que éstas no son de privilegio; seguidamente, debe negociar la indemnización con los afectados como forma de honrar los derechos a la pensión de estos. Por último, de ser necesario, se acudirá a instancias internacionales competentes para defender los derechos de estas personas.
Para más información ingrese al siguiente enlace que contiene la primera nota sobre este tema y la segunda parte del vídeo explicativo.
