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Etiqueta: Estado Social de Derecho

Programa Alternativas: “Estado Social de Derecho: Perspectivas e importancia actual”

SURCOS comparte la siguiente invitación

El próximo viernes 9 de abril a las 6:00 pm el Programa radial Alternativas discutirá acerca de “las perspectivas e importancia actual del Estado Social de Derecho” con los siguientes invitados:

–Cynthia Ramírez, Lic. Trabajo Social, docente.
–Gisela Víquez, abogada. Funcionaria de Ministerio de Hacienda.

–Pablo Sibar, coordinador FRENAPI, investigador comunitario del CICDE, UNED y recuperador Chun Shurin.

–Danny Villalobos, Geógrafo, presidente de FECON.

–Héctor Ferlini-Salazar, director de SURCOS Digital.

Puede sintonizar el programa en Radio 16, 1590am o por medio del Facebook de Radio 16.

Hablaron los Arias, ajústense los cinturones que arrancamos

Óscar Madrigal

Ayer al mediodía los hermanos Arias Sánchez anunciaron su apoyo a Carlos Ricardo Benavides, quien ha sido su incondicional sirviente. (Algunos, no sé si exagerando, dicen que hasta para ir a orinar les pide permiso). Buena parte del gran capital ya se alineó y seguramente los grandes medios de comunicación. Antonio Álvarez se quedó pasmado; los Arias fueron sus principales propulsores en la pasada campaña por lo que ese hecho lo terminó de liquidar. Para conservar alguna vigencia, renegando de todo lo dicho y con la respiración sostenida no ha tenido más remedio que unirse a Figueres, sobre todo para sacarse el clavo. El otro arista incondicional, el exalcalde alajuelense Thompson también quedó alelado, aunque dispondrá de la estructura electoral-clientelar de los alcaldes. Y para redondear el motete, Rodrigo menciona que conversa regularmente con Figueres, dejando la sensación de coincidencia y complicidad. El pleito promete.

Dos cosas a tomar en consideración que dijo Rodrigo Arias: la primera es que Liberación Nacional NO gana en primera vuelta, ni ninguno. Hay que afinar estrategias.

La segunda es que él dirigió a la actual fracción liberacionista que ha aprobado los proyectos de la contrarreforma neoliberal. En consecuencia, fue parte del gran juego junto con el Gobierno de Alvarado y el PAC para aprobar la legislación contra los trabajadores y trabajadoras. Para recordar: los Arias, Alvarado y Garnier, son los grandes artífices del ataque contra las conquistas democráticas y sociales.

Los ramashekos se convirtieron en el tercer elemento político partidario del entramado antipopular, que como era de esperar, son tan neoliberales como los otros, solo que más baratos e incultos. El PUSC es cada vez más corrupto y una caricatura de partido.

Se me olvidaba otro aspecto importante que apuntaba Rodrigo Arias: que una tercera derrota consecutiva del PLN los enterraría.

¿Podemos echar alguna ayudita al réquiem?

Costa Rica: trabajadorxs públicxs enfrentan un nuevo ataque hacia su sistema laboral y la Constitución

Para diversas organizaciones sindicales costarricense afiliadas a la Internacional Servicios Públicos (ISP), el proyecto de Ley Marco de Empleo Público representa un ataque a la Constitución Política costarricense y quebranta la propia democracia, ya que limitaría la autonomía de los poderes Legislativo y Judicial, universidades públicas, municipalidades y instituciones estatales. Por Eugenio Guerrero Cascante

Nuevamente Costa Rica se ve envuelta en un ambiente político-social bastante convulso, tónica que se ha repetido durante el actual gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada, primero con la entrada en vigencia del Impuesto al Valor Agregado (13%) en 2018, lo que provocó grandes movilizaciones que se extendieron por 89 días a lo largo y ancho del país, principalmente con la participación de trabajadores públicos, además de ciudadanos y organizaciones sociales.

Esta gran movilización laboral, que no se observaba en Costa Rica desde la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (TLC) en el año 2007, llevó al gobierno Alvarado Quesada y a la Asamblea Legislativa a modificar lo establecido en la Ley de la Reforma Procesal Laboral respecto al derecho de huelga de los trabajadores, implementando la “Ley para brindar seguridad jurídica a las huelgas y sus procedimientos”, denominada por los sectores sociales como ley “anti huelgas”; ya que se impusieron una serie de modificaciones y limitaciones al ejercicio efectivo del derecho fundamental a la huelga. Para los sectores sociales esto representó una clara estrategia gubernamental y de los sectores económicos más poderosos del país para allanar el camino para lo que venía.

La situación económica que enfrenta Costa Rica desde hace varios años por la falta de leyes y controles en contra de la evasión y elusión fiscal, así como los altos intereses de la deuda pública provocaron que el país cerrara en el año 2019 con un déficit fiscal de 6.96% del Producto Interno Bruto (PIB), el cual se incrementó a finales del 2020, cerrando en 8.1% de PIB. Cifra que representa la diferencia entre ingresos y gastos más alta de los últimos 40 años, según el Ministerio de Hacienda de Costa Rica.

Esta situación allanó el camino para que en el país se desatará una “guerra” ideológica en contra de los funcionarios públicos, achacándoles toda la responsabilidad de la situación fiscal del país, aunque esta última aseveración fue desmentida por varios Ministros de Hacienda de turno, sindicatos e incluso algunos diputados costarricenses.

Sin embargo, esto no impidió que actualmente se discuta en la Asamblea Legislativa el proyecto Ley Marco de Empleo Público (Expediente Legislativo 21.336), bajo esa misma estampa ideológica. Incluso fue utilizado por el propio presidente de la República para condicionar un préstamo por 1.750 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), asegurando que, “de no aprobarse dicho proyecto de ley, el FMI no giraría el dinero”; situación que fue desmentida por el propio FMI.

Trabajdorxs afiliadxs al SITUN y organizaciones de BUSSCO protestan en las afueras de la Asamblea Legislativa contra el Proyecto Ley Marco de Empleo Público. Foto: SITUN.

ATAQUE A LA INSTITUCIONALIDAD Y A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Para diversas organizaciones sindicales costarricense afiliadas a la Internacional Servicios Públicos (ISP), como el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional (SITUN), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD), el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda (SINDHAC) y la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE), el proyecto de Ley Marco de Empleo Público representa un ataque a la Constitución Política costarricense, la autonomía institucional y quebranta la propia democracia.

Esto por cuanto los tres poderes supremos del Estado costarricense (el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial), son vulnerados, de manera peligrosa, en el proyecto Ley Marco de Empleo Público; puesto que será el Ejecutivo el que tenga el poder sobre los otros dos (Legislativo y Judicial), en todo el ámbito de las políticas de gestión de los recursos humanos, integralmente conceptuada.

Para las organizaciones sindicales anteriormente mencionadas, la aprobación del Proyecto Ley Marco de Empleo Público traería consigo, implicaciones profundas que contaminarán los procesos administrativo-financieros de esos dos poderes que, de un modo u otro, pasarán a sufrir un control ejecutivo desde la Casa Presidencial de turno a través del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y Dirección General de Servicio Civil (DGSC). A esto se suma la autonomía institucional que perderían cinco universidades públicas, ochenta y dos municipalidades e instituciones como la emblemática Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Para Álvaro Madrigal Mora, Secretario General del SITUN, es claro que el proyecto Ley Marco de Empleo Público atenta flagrantemente la Constitución Política, donde está establecida la autonomía universitaria, la cual a través de los años ha fungido como una herramienta para ser un baluarte en la creación del Estado Social de Derecho Costarricense.

“El proyecto hace una intromisión en la potestad que se le ha dado a las universidades para su propia forma de organización y administración. Incluso toca hasta la libertad de cátedra. Sin embargo, independientemente de que este proyecto afecte de una forma diferente a las universidades públicas, debemos luchar por la defensa del Estado Social de Derecho de este país, que con este proyecto y otros que se han aprobado, más los que vienen haciendo fila, buscan la destrucción total de ese estado social de derecho” detalló Madrigal.

Por su parte Rebeca Céspedes Alvarado, representante sindical de la ANEP en la Municipalidad de Goicoechea, detalló que el proyecto Ley Marco de Empleo Público quita toda potestad de decisión a los alcaldes o alcaldesas, así como a los Concejos Municipales afectando el desarrollo de los cantones y comunidades.

“Exigimos a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa que excluyan a las municipalidades de dicha ley, ya que viene a afectar la autonomía municipal que nos otorga la Constitución Política, esto perturbaría gravemente el desempeño administrativo, económico y comunal. Prácticamente las municipalidades pasarían a manos del Poder Ejecutivo por medio del MIDEPLAN, incluso atentando contra la elección popular de los alcaldes y alcaldesas por medio del voto”, manifestó Céspedes.

El 24 de marzo trabajadores y trabajadoras municipales afiliadxs a la ANEP marcharon por las calles de la capital San José y entregaron a la Asamblea Legislativa el Segundo manifiesto en favor de la Autonomía Municipal y en contra del proyecto Ley Marco de Empleo Público.

Trabajadorxs del Poder Judicial colocan carteles en las puertas de ingreso de los edificios judiciales para mostrar su rotunda oposición al proyecto de ley y mostrar a la ciudadanía sus efectos. Foto: ANEJUD

Otro de los sindicatos en alzar la voz en contra de este proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa es ANEJUD, organización sindical del Poder Judicial, que califica el proyecto de ley como un ataque directo en contra del empleo público y la clase trabajadora.

“Creemos que es una ley con la finalidad de reconfigurar el Estado y centralizarlo, desde el Poder Judicial. No vemos como pueden [gobierno] tener el poder sobre los jueces, fiscales o defensores, eso sería peligroso para la democracia de este país, esto es completamente inconstitucional, como también lo es, por ejemplo, el tema del salario global, que no exista ahora ya el principio de la retroactividad de la ley”, indicó Mario Mena, presidente de ANEJUD

Otra de las instituciones que se vería vulnerada con la Ley Marco de Empleo Público es la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), por lo que los sindicatos de esta emblemática institución también alzan la voz en defensa de su institución, calificándola como una legislación desregulatoria y que atenta contra las garantías sociales.

“Esta ley es una de las maniobras más descaradas del gobierno que viene a romper y golpear las garantías sociales y la solidez en la autonomía de la institucionalidad costarricense, la cual ha brindado una estabilidad en temas como educación, salud, gestión municipal y acceso a servicios esenciales como agua y electricidad. Claramente esto tiene un trasfondo más grande, y es servir en bandeja de plata las prestatarias de los servicios públicos en Costa Rica hacia la tercerización o privatización, lo que significaría un duro golpe a la Caja Costarricense del Seguro Social y las Garantías Sociales”, aseveró Rodrigo López, Secretario General de ANPE.

Para las organizaciones sindicales costarricenses integrantes de la Internacional de Servicios Púbicos (ISP), es claro que las autoridades gubernamentales han decidido ignorar lo establecido en la Constitución Política, por lo que de aprobarse este proyecto será elevado de forma inmediata a la Sala Constitucional.

Además, no se descartaría iniciar acciones internacionales, ya que este violenta las obligaciones del país, establecidas por la propia Asamblea Legislativa de Costa Rica, con entidades de peso a nivel mundial, como lo es la Organización Internacional del Trabajo (OIT), parte esencial del sistema de las Naciones Unidas (ONU).

 

Imagen principal: Trabajadorxs municipales afiliadxs a la ANEP rumbo a la Asamblea Legislativa por la defensa de la autonomía municipal y en contra del proyecto Ley Marco de Empleo Público. Foto: ANEP.

Enviado por Óscar Rodríguez.

Los diviesos del Proyecto Ley Marco de Empleo Público

Manuel Hernández

Los diviesos o forúnculos son infecciones de la piel, que van llenando de pus la parte del cuerpo afectada y producen inflamación, mucho dolor, incomodidad y hasta fiebre.

En el campo, de donde vengo, se decía que los diviesos o abscesos nacen porque la sangre está contaminada.

En la avanzada fase legislativa de la cruzada en que se encuentra el Proyecto Ley Marco de Empleo Público (discusión mociones de reiteración), se pueden advertir 3 grandes nacidos o diviesos que lo tienen muy contaminado:

1.- El primer absceso corresponde al ámbito de la cobertura de las instituciones, que quedarán sujetas al imperio del emergente Leviatán.

La discusión concierne principalmente a la sumisión del Poder Judicial y la regulación de las autonomías de determinadas instituciones, principalmente las universidades públicas y gobiernos locales.

2.- El segundo divieso se radica en la titularidad de la rectoría de la gobernanza del empleo público, tema que después de ser pacífico, ha generado una importante controversia política.

El último texto legislativo que se aprobó, creó un monstruo de dos cabezas, en virtud que, por una parte, la rectoría política la recuperó, en teoría, MIDEPLAN, pero por otra parte, esta rectoría quedó sustancialmente vaciada, a merced de las múltiples y potentes competencias que se le atribuyeron a la otrora famélica Dirección General de Servicio Civil.

La cuestión más relevante, independientemente como se resuelva este pulso político-partidario, es que no puede existir rectoría gubernamental, por mínima que sea, en menoscabo de la autonomía que constitucionalmente tiene asignada la Caja Costarricense de Seguro Social, los gobiernos locales y las universidades públicas, salvo que sea derrumbando la Constitución Política.

3.- El último nacido se relaciona con los alcances de la regulación del salario global, el producto superestrella, pero, a la vez, el más oscuro del proyecto.

El proyecto somete las remuneraciones a un régimen salvaje, más regresivo que la misma Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que con esto queda todo dicho; trasladando coactivamente a las y los funcionarios actuales, al esquema único de salario global, a contrapelo del principio de irretroactividad de la ley, principio elemental del Estado de Derecho (artículo 34 constitucional).

Al tenor de las normas del proyecto, las remuneraciones quedarán congeladas, estancadas en el tiempo, hasta después de la segunda venida de Cristo, con la consecuente afectación de la reactivación y eficiencia de la economía nacional.

Estos diviesos están bien maduros, que reventarán el pus maloliente que han cultivado, producto de una sangre más que contaminada, envenenada por el odio visceral contra la clase trabajadora de la función pública y la aversión al Estado Social y Democrático.

No haría nada mal, a quienes urdieron esta conjura contra la democracia, una dosis concentrada de gavilana y güitite, que todavía abundan en mi pueblo, para bajar la fiebre y aliviarles el coma hepático, que produce pérdida de la función cerebral, cuando el hígado ya no es capaz de eliminar las toxinas de la sangre. 

23/03/2021

Por una universidad pública para la vida y al servicio del pueblo

Información de UNED-PRO:

Las organizaciones laborales de la Universidad Estatal a Distancia, como UNED-PRO, se mantienen en lucha por la defensa del Estado Social de Derecho, la autonomía universitaria que protege la libertad de producir conocimiento y aportar a la sociedad sin influencias externas, y contra la amenaza a esos valores que representa el Proyecto de Ley de Empleo Público.

La decisión de la Academia Morista

Manuel Delgado

La invitación al presidente de la República y la orden concedida a su ministro de transportes por parte de la Academia Morista me parecen, para decir lo mismo, una falta de tacto.
No solo por su fondo, por el carácter marcadamente político de ambos actos, sino también por la oportunidad. Este gobierno está entregando la soberanía nacional al FMI y las transnacionales en contra del espíritu libertador de Juanito Mora, está enterrando el Estado Social de Derecho creado e inspirado por don Juanito, está empobreciendo más que ninguno al pueblo trabajador que don Juanito defendía y está arremetiendo salvajemente, por acción y por comisión, contra nuestros pueblos originarios, en contra del sentido de Patria defendido por el Libertador. Un desacierto que deja mucho que desear de esa academia a la que tanto hemos admirado.
Los que nos llamamos moristas defendemos un concepto de país totalmente contrario al que impulsan estos mandatarios, y ese acto de la academia ofende el nombre y la memoria de nuestro Libertador.

Las élites del poder de Costa Rica en toda su miseria moral

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

“Hoy (cualquier día de estos) en canal 7 el abogado que ha catalogado de “leyenda urbana” la autonomía universitaria consignada en la constitución de Costa Rica, el mismo que le abrió el portillo legal a Óscar Arias para su segunda presidencia, Rubén Hernández, manifestó poco más o menos, en relación con la ley de empleo público, que no debe desaprovecharse la ocasión para poner orden en lo que lleva ya 70 años por la libre.

¿Qué es lo que en el fondo lleva 70 años por la libre, según esta sensibilidad subyacente? Pues el Estado social de derecho, precario ciertamente, pero que ha permitido en alguna medida, a quienes participan en la construcción de la sociedad, que participen también en las decisiones, una de las cuales es la fijación de sus remuneraciones. Como la participación de los trabajadores ha sido limitada, aún en este limitado estado social, además se conservaba el recurso del derecho de huelga. Estas condiciones se han sustentado en una sensibilidad a la que suele llamársele DEMOCRACIA y que en este país se estableció institucionalmente después de la guerra civil del 48.” ÁNGEL OCAMPO ÁLVAREZ.

Los ideólogos del régimen imperante en la Costa Rica del bicentenario de la independencia del dominio colonial español, lo que buscan es el empobrecimiento generalizado de las grandes mayorías laborales, con el propósito de mandarnos de vuelta al país que éramos hace cien años, cuando cayó la dictadura de los Tinoco: uno de patronos hacendados cafetaleros, por lo general y el resto de la población una masa inerme de gentes sin derechos sociales ni políticos, a la que había que engatusar, cada cuatro años, para que fuera a votar por los candidatos de la casta en poder, sobre todo cuando empezó el sufragio universal de los varones adultos puesto que las mujeres debieron esperar muchos años más para ejecutar ese acto liberticida que, en principio no cambió mucho su opresión y discriminación en ésta y las otras naciones de nuestra área continental.

Para esas gentes entronizadas en el poder y dueñas de la mayor parte de la riqueza, de lo que se trata es de equiparar hacia abajo los salarios de todos los trabajadores, poniendo a los del sector público en las mismas condiciones en las que se encuentran la gran mayoría de quienes laboran en el sector privado (casi siempre al borde de la miseria y en medio de la mayor incertidumbre laboral), se trata de igualar hacia abajo y no de mejorar los salarios y condiciones de los trabajadores del sector privado (v.g.r Luis Diego Marín Schumacher quien propone una: Reducción del gasto público mediante la eliminación de todos los sueldos y pensiones exorbitantes (todo aquello no sean salarios de mera subsistencia, decimos nosotros). Equiparándolos con los salarios del sector privado.)

Lo anterior equivale, para efectos prácticos y reales, al empobrecimiento generalizado de la gran mayoría de la población costarricense, al disminuir su poder de compra llevando al mínimo la demanda agregada de bienes y servicios, lo que traerá la quiebra de innumerables empresas del sector productivo, por cierto no solamente las medianas y pequeñas, al achicarse todavía más el mercado interno ¿a quién le van a vender estos empresarios y emprendedores? Lo único cierto es que el país se hundirá en una recesión todavía más profunda, la que no empezó precisamente como resultado de la pandemia del Covid 19, sino que se originó como resultado de las políticas de austeridad impulsadas por todos los partidos o franquicias electorales del régimen, mediante el concurso de sus diputados en la Asamblea Legislativa, en una de las legislaturas más mediocres de toda la historia de Costa Rica.

Esos, y no otros disfrazados de preocupaciones de orden fiscal, son los verdaderos propósitos de quienes formularon la ley de empleo público, con la que se busca llevar a la incertidumbre a la totalidad de los trabajadores, con el beneplácito de los exportadores y los insaciables usureros del capital financiero, unas gentes que sólo sueñan con bajar los costos de la fuerza de trabajo.

Entramos así en la etapa de las dictaduras, y los regímenes totalitarios, pero con la bien disimulada astucia de aquellos gobernantes que se las arreglan para no acudir a los procedimientos más emblemáticos, visibles, infames, o incluso grotescos de los totalitarismos del siglo pasado, a diferencia de la brutalidad manifiesta del estalinismo, o de la del fascismo hitleriano o franquista, aquí todos viven felices en las más perfecta de las dictaduras (Aldous Huxley EL MUNDO FELIZ, 1932), la gran pregunta es ¿qué harán o sentirán muchas gentes cuándo se despierten convertidos en las víctimas de una nueva esclavitud?: sin derechos laborales y políticos para hacerse escuchar en una sociedad donde el fundamentalismo religioso secular del mercado es el que reina sobre cualquier otro principio o dimensión social. Los tenedores de bonos de la deuda interna seguirán asfixiando al fisco con las elevadas tasas de interés de las que hacen usufructo, sin remordimiento alguno, los especuladores del capital financiero expertos en burlar el pago de impuestos, además de sacar capitales a los paraísos fiscales continuarán en lo suyo y los que estafan al fisco con los sobreprecios de las concesiones de obra pública y otras estafas similares, por muchos millones de dólares también, están seguros de que para ellos siempre habrá impunidad, o a lo sumo recibirán alguna reprimenda leve.

Al final de cuentas, aquí los culpables de todos los males del país son los trabajadores del sector público, las inversiones en educación y en salud o la inversión pública para reactivar la economía, con base en un vigoroso mercado interno ¿será por eso que los poderes fácticos, con el aplauso de sus cortesanos, nos quieren devolver a la Costa Rica de los oligarcas y de una gran mayoría de peones irredentos?, ¿la de 1920 o 1921, cuando se cumplieron los primeros cien años de la separación del dominio colonial español?

El lobo y la oveja

Hernán Alvarado

El 24 de octubre de 2020, La Nación publicó en su página 15 un artículo un poco raro de un autor tristemente célebre, titulado: «El instrumento y la toalla», factura del primer ciudadano de la República. Fue una comunicación baladí, tan inocua que pasó inadvertida, pese a que informa tanto sobre quién gobierna; o cuando menos sobre su megalomanía -conocido efecto del ejercicio del poder. Tal vez fue otro intento desesperado de mejorar imagen, mientras repite, pendiente abajo, que no le «…importa el costo político personal o la vanidad de la popularidad.»

Si los diputados hubieran cumplido con la reforma constitucional del artículo 9, del año 2003, y hubieran aprobado ya la revocatoria de mandato, otro gallo le cantaría. Hasta entonces la rendición de cuentas del artículo 11 seguirá siendo un saludo a la bandera. Pero el último informe de este mandatario fue más bien un insulto al Soberano. Raro también que mencione, entonces, en este extraño artículo, su «corazón republicano».

Dime con quien te comparas…

El artículo presenta un asunto personal y excepcional, a la sombra del actual «contexto crítico», «…coyuntura tan dura para el país». Y «más que para mostrar espiritualidad» lo hace para «delinear los valores» que guían su conducta. Ahora bien, ¿qué sentido tiene ventilarlos públicamente? ¿Acaso combate así la imagen de ateo que sus oponentes han querido endilgarle? Más adelante llega a afirmar que «Gracias a Dios no le debo nada a nadie, más que a mi familia… y al banco». ¿Y a sus electores, tampoco les debe nada? Confiesa, quizá sin querer, que el voto es para él un cheque en blanco, lo que explica bastante bien por qué gobierna como lo hace.

Al Presidente no le interesa mostrar espiritualidad, pero se apoya en una «oración que durante cinco años repetí en las mañanas y arraigó en mí como principio orientador de vida». Enseguida cita la oración que comienza diciendo: «Señor, hazme instrumento de tu paz…». Entonces, corresponde aludir primero al sujeto omitido de la oración, a Francisco de Asís (1182-1226), figura extraordinariamente significativa.

Francisco encontró su fe en el templo de San Damián, donde una imagen de Jesucristo le pide restaurar su iglesia en ruinas. Él restauró su templo, pero también su iglesia, es decir su pueblo, fundando tres órdenes religiosas. El que bautizaron Juan representa la esperanza del cristianismo, porque sustituye la pasión del sacrificio por el gozo de una presencia suprema. Lejos de fundar su fe en el miedo y el castigo, la busca en el amor humano. Francisco de Asís renuncia a su riqueza material y a sus títulos de nobleza para convertirse en un instrumento de paz; renuncia al ejército papal, a su ropa, incluso renuncia a ser sacerdote, por no considerarse digno de la investidura. Su mensaje es tan potente porque predica con el ejemplo; cuidando a los pobres, a los enfermos y protegiendo a los animales. La leyenda del lobo retrata bien su apuesta ética. Se cuenta que Francisco pactó con un lobo que azotaba a la ciudad de Gubbio; fiera que merecía el peor castigo. Pero su compasión lo amansa y convence a los pobladores de alimentarlo, en vez de perseguirlo. Su mensaje es conciliador y convoca a una convivencia pacífica, esperanzada y dichosa. En ese sentido, el Papa actual eligió muy bien su nombre, el cual porta con suma dignidad, aunque por ser la primera vez parezca más bien un síntoma.

Nada en común, entonces, con el estilo de gobierno del Presidente; así que se ve enseguida que la comparación no aplica. Más aún, resulta chocante que aluda a una voluntad espiritual tan radical para referirse a un ejercicio político tan superficial, que ha traído dolor y decepción a tanta gente; entre otros, a los miles de despedidos durante la pandemia para cuidar la rentabilidad de las empresas y los cientos de jubilados a quienes se les ha metido, descaradamente, la mano en el bolsillo.

Bien haría el señor Presidente en seguir el ejemplo de Francisco, renunciando a su arrogancia y mejor aún a su puesto, tan mal ejercido hasta ahora; por haber convertido la Presidencia de la República en piedra de discordia; en vez de erigirla, según había prometido, y según su deber, en atalaya de la concordia nacional. Por otra parte, hasta ahora él solo ha renunciado a una pensión que todavía no tiene y a una popularidad que ya había perdido irremediablemente.

¿Otro falso mesías?

El Presidente piensa que nos ha salvado de lo peor, prestándose como «un instrumento para el país», «…para hacer las cosas que antes no se quisieron o no lograron hacerse». En cambio, él quiso y pudo hacerlas porque comprende que la popularidad, que lo puso ahí, es pura «vanidad». En particular, para quien se siente llamado a «evitar una nueva crisis social, económica y política». Por eso, afirma que en el tiempo que le queda seguirá resolviendo «…por el fondo, no cosméticamente, y menos aún pateando la bola al próximo gobierno.»

Según lo que dice, él piensa que nos alejó del abismo con la reforma fiscal, aunque no hay mejor ejemplo de una decisión cosmética, que beneficia a unos cuantos y tira la bola hacia adelante. No hay mejor muestra de que en este país la clase política le tiene miedo a la mafia empresarial. La misma que hace «clavos de oro», goza de jugosas exenciones y amnistías, evade y elude sus obligaciones fiscales, se roba el impuesto de ventas, contrabandea y estafa impunemente. Cuando haya investigación en serio seguro que se encontrará también su asocio, de larga data, con el narcotráfico; con el que comparte la manía de esconder ganancias. Al respecto, el Presidente puede preguntarle a su principal asesor, el ministro que lo enlaza con el sector privado. La mafia empresarial demanda mejores servicios y carreteras, junto con el recorte del gasto público, trapito de dominguear del Presidente que revela para quien trabaja tanto.

La pandemia, junto con la crisis que desató, puso en evidencia que fue una falsa solución, una medida remendona para evadir el problema de fondo, o sea, una reforma fiscal justa y progresiva. Ahora el virus le sirve de excusa, aunque mala porque su eventualidad fue prevista desde el 2015; prueba de ello es que ya casi se tenían las vacunas listas. Hoy que el país se encuentra sumido en la anunciada crisis fiscal y en una más profunda crisis económica, el Presidente declara impávido que «Si aspiré a gobernar fue para evitar a toda costa una dolorosa crisis fiscal para las personas del país, apelmazada por 20 años durante los cuales, por un motivo u otro, no se concretaron las soluciones.»

Él está convencido de haber evitado lo peor, de haber sido un instrumento «en especial para quienes sufren pobreza y desempleo», bajo el alero de un manoseado argumento neoliberal: la medicina es amarga, pero es mejor que la enfermedad; las medidas son dolorosas, pero sería peor no tomarlas. El problema es que después de 40 años de neoliberalismo la enfermedad se ha agravado cada vez más pues la verdadera pandemia es la desigualdad social, resultado de esa política económica impuesta, desde el «consenso de Washington», mediante una dictadura en «democracia», ejercida con desparpajo por esos «representantes» que no escuchan, ni respetan, ni rinden cuentas a quienes los eligieron; puesto que ya se sabe que «La clase política no le tiene miedo al pueblo» (diputada del PLN, Yorleny León).

Si se ha gobernado o no para los pobres y desempleados lo dirán próximamente, en las urnas, los jóvenes, las personas con discapacidad, los vendedores ambulantes, las pequeñas empresas familiares, las jefes de familia, los pequeños agricultores abandonados hace años, los trabajadores despedidos, las comunidades pesqueras y fronterizas, las personas pensionadas. Y todos aquellos que se han quedado esperando una reactivación «inclusiva y solidaria». Admitiendo que el Presidente se ha prestado como instrumento, la pregunta entonces sería: ¿un instrumento de quién y para qué?

¿Y la oveja?

Lejos de ser instrumento de paz social, este Presidente ha venido a atizar la lucha de clases, apoyándose en la maquinaria mediática de la plutocracia. En complicidad con una Asamblea Legislativa que da vergüenza ajena, ha ignorado o vacilado a quienes protestan y proponen. Ha criminalizado las manifestaciones callejeras, ha satanizado las pensiones dignas y se ha aprovechado del confinamiento para aprobar, a toda velocidad, una serie de medidas anti-laborales, a cual más ocurrente, inconstitucional e irresponsable. Mientras tanto, los diputados se han ido a enterrar en su búnker, que más parece una caja de (mala) leche que un «santuario de la democracia».[1] Nos costará años reparar los desaguisados de este (des)gobierno.

Por otra parte, el Presidente dice que combate el populismo porque «…es la peor amenaza que nos acecha y contra el que había y hay que actuar». ¿Y por qué? Porque «…expresa odio hacia algunos o discriminación en todos los sentidos.» Sin embargo, pasa por alto que el principal rasgo populista es precisamente un líder mesiánico como él, que se sirve del odio y el miedo con la cuchara grande. Él se ha basado, por ejemplo, en las campañas orquestadas y denigrantes contra las personas jubiladas, contra los empleados públicos, contra las universidades y su autonomía, con el único fin de cargar de impuestos a las mismas espaldas de siempre y continuar con su obsesiva reducción del Estado. Ese populismo neoliberal, al que parece atado de pies y manos, muestra hoy sus garras más despiadadas, porque está más acorralado que nunca. Por eso crea enemigos por doquier, mediante campañas repetitivas de corte neofascista, a cual más mentirosa y manipuladora.

Así que no es casualidad que don Carlos haya salido premiado con el título del peor presidente, entre 11 países considerados, según información reciente de CID-Gallup; algo que no debería seguir tomando a la ligera. Ningún presidente que haga lo que hay que hacer obtendría una calificación tan mala. En definitiva, el Presidente no es convincente porque su discurso no pega con la realidad y él mismo convirtió el «diálogo nacional», su mayor esperanza, en otro simulacro mediático; para lanzarnos después en las fauces del Fondo Monetario Internacional.

En suma, estamos enfrentando a un Presidente que se cree salvador, hasta el punto de pretender compararse con Francisco de Asís; mientras hace un discurso incendiario, provocador y desafiante. Él dice que combate privilegios (de los pensionados) mientras defiende los lujos y privilegios de la mafia empresarial, al punto de que el último Ministro de Hacienda debió irse por poner el dedo en la llaga de la evasión y por no encontrar «el prócer» que necesitaba el país, según sus propias palabras, para enfrentar la delicada situación fiscal post pandemia. Lo cierto es que este gobierno ha sido, como lo expresara Luis Fernando Astorga, un gobierno de los ricos, con los ricos y para los ricos; que se ha dedicado, contra su juramento, a conculcar nuestra Constitución, actuando como una dictadura que impone su ley y su criterio, sorda a cualquier otra opinión. A eso llama gobernar con firmeza.

De ahí que la democracia liberal representativa esté tan herida de muerte, porque sus salvadores desprecian a quienes los eligen y les piden cuentas. Hoy mismo, esa élite gobernante se siente llamada a acabar con el Estado social que surgió del pacto histórico del 49. Pero un derecho es una libertad socialmente conquistada, por eso pretender transformar los derechos adquiridos en odiosos privilegios resulta tan regresivo, tan bárbaro, tan brutal como querer devolver la rueda de la historia. Eso atenta contra los derechos humanos, incluso contra el derecho de propiedad, infectando a todo el sistema de inseguridad jurídica, a penas propia de un Estado fallido. En conclusión, este gobierno arbitrario y autoritario, de corte neofascista, ha declarado repetidamente y de diversas maneras que ha venido a hacerle la guerra a nuestra paz social. A eso llama resolver los problemas del país.

Al final, el Presidente suelta su broma: «¿Y la toalla? Solo me sirve para secar sudor y arropar el amor por Costa Rica». Un intento ingenioso, aunque malogrado, que más bien parece otra «burrada», porque ¿en qué cabeza cabe que el amor por Costa Rica necesita ser arropado y además con una toalla sudada?[2] Para colmo, don Carlos ha resultado, como Presidente, un mal comunicador y humorista. ¿Y la oveja? Sirva solo para recordar que hoy abundan los lobos que suelen arroparse con su linda piel.

[1] Sobre la estética fascista de ese edificio ver el excelente artículo de Laura Flores Valle en el Fígaro, titulado: Mirar y obedecer: la estética autoritaria del nuevo edificio legislativo; se encuentra en: el-figaro-net.

[2] «Si digo una burrada me corrigen porque yo no paso de periodista» Carlos Alvarado, 21 de noviembre de 2020.

Frente Gremial UNED llama a marchar

El frente de organizaciones laborales de la UNED llama a marchar este sábado 13.

UNED PRO, una de las organizaciones laborales de la UNED llama a la defensa de la institucionalidad pública, los servicios de calidad y la autonomía universitaria.

La indignación social debe servir para construir un mejor país

Luis Fernando Astorga Gatjens

Tengo la certeza de que hay muchas causas y motivos para estar indignados. La indignación ha venido en aumento, conforme la situación económica de las personas y las familias empeora y no se encuentran respuestas certeras y concretas, ni en el Gobierno, ni en la Asamblea Legislativa.

La pandemia ha exacerbado y desnudado una crisis económica y social, cuyas causas más relevantes hay que asociar al impulso de un modelo económico, el neoliberalismo, que ha venido debilitando y erosionando el Estado Social de Derecho, desde hace más de 30 años.

Cada vez más costarricenses se convierten en víctimas de la desigualdad social, derivada de ese modelo que han aplicado sucesivamente, unos más-otros menos, gobiernos del PLN, PUSC y PAC. Empero esa desigualdad social creciente no ha crecido sola: Se ha incrementado a la par de una concentración cada vez más notoria de la riqueza en menos manos. Hace algunas décadas, cuando Costa Rica gozaba de una mejor distribución de la riqueza, se hablaba de que en El Salvador tal riqueza (y el poder político) estaba concentrado en 14 familias. Hoy, nuestro país, ha transitado un escabroso camino que se parece cada vez más al modelo salvadoreño.

Más y más costarricenses están irritados por el creciente empobrecimiento y por la incertidumbre que emerge al mirar el futuro. Dentro de este dominante escenario de indignación social, también causa molestia y hastío el festín de precandidaturas presidenciales, llenas de desmedidas ambiciones personales y vacías de propuestas de políticas inclusivas, que ofrezcan soluciones reales a la gente.

Lo malo es que muchas personas reaccionan contra la política y no, como debía de ser, contra las y los políticos que usufructúan de ella, sin compromiso social medible en hechos y cuyas promesas siempre se las lleva el viento.

En el mejor de los casos, esta indignación social de hoy puede empujar a muchas personas a la apoliticidad y al abstencionismo, y con ello a una pasividad nada alentadora y constructiva. Cuando, hoy más que nunca, se requiere enarbolar el artículo 9 de nuestra Constitución Política, en lo atinente al carácter participativo que debe tener la democracia costarricense, es contraproducente que cada vez más personas –justamente irritadas por asociar la “política” con el aprovechamiento patrimonial de que hacen gala muchos políticos–, se desmovilicen y no ejerzan plenamente sus derechos ciudadanos.

Valga recordar que la apoliticidad es una posición política que hace que la persona que la reivindica se haga a un lado para que otras personas decidan por ella, en asuntos que son de su primordial interés. La democracia sólo se fortalece con más democracia, pero para ello se requiere la más activa y consciente participación social y política de la ciudadanía. La auto marginación de las mayorías hace que las élites plutocráticas, afiancen su dominio económico y político a sus anchas en desmedro de la democracia y el Estado Social de Derecho.

Sin embargo, la indignación creciente puede convertirse en una bomba de relojería, que se manifieste a través de estallidos sociales. No hay mal que dure cien años ni cuerpo –social—que lo resista. Ya varios organismos internacionales (con números en la mano), están pronosticando para América Latina en este 2021 pandémico y de incremento de la desigualdad y exclusión social, la aparición de estallidos motivados por la ira social.

Y el país está sumando números en esa rifa, ante la falta de propuestas concretas y viables de reactivación realmente inclusiva y justa, que ofrezca respuestas inmediatas y en perspectiva para amplios sectores sumergidos en la pobreza y la marginación social. Y esa falta de respuesta es gasolina y fósforos, que aportan tanto los que dominan el escenario político actual, como los que aspiran a dominarlo en las próximas elecciones y que piensan que el pueblo está condenado al olvido y a la inconsciencia política perpetua.

Es por ello que es imprescindible que cada vez más personas y grupos, se movilicen social y políticamente, hacia el norte de las propuestas progresistas, decentes y defensores de un Estado Social y Ecológico de Derecho. Sólo transitando por ese camino de certezas y esperanzas, la Democracia no ha de enfrentar los designios de un Estado fallido, en el cumpleaños 200 del país realmente progresista y democrático, que debemos ser.

(8 de marzo, 2021)