El pasado 08 de abril el SINDEU plantea una propuesta que refiere a la necesidad de coordinar un gran encuentro nacional que involucre a todo el movimiento sindical con el fin de generar estrategias para defender el Estado Social de Derecho, un plan de acción de unidad en la lucha, generar propuestas concretas para articularse con el sector de trabajadores privados, articular diferentes escuelas sindicales que permitan impulsar un proyecto de Universidad Obrera, proponer diseños para construir una prensa alternativa que contrarreste la cultura mediática de la prensa burguesa nacional.
Esto también tiene como fin poner en la mesa de discusión la coyuntura política del país y la guerra contra el movimiento sindical costarricense que se ha estado gestando desde los tres poderes de la República.
Adjuntamos el documento oficial para conocer la solicitud y todos los puntos importantes de la propuesta:
El pasado viernes 9 de abril a las 6:00 pm se llevó a cabo el Programa radial Alternativas en el que se debatió acerca de “las perspectivas e importancia actual del Estado Social de Derecho”. Se contó con la participación de los siguientes invitados:
– Cynthia Ramírez, Lic. Trabajo Social, docente. – Gisela Víquez, abogada. Funcionaria de Ministerio de Hacienda. – Pablo Sibar, coordinador FRENAPI, investigador comunitario del CICDE, UNED y recuperador Chun Shurin. – Danny Villalobos, Geógrafo, presidente de FECON. – Héctor Ferlini-Salazar, director de SURCOS Digital.
La invitación es para que pueda ver la transmisión que se encuentra disponible en el Facebook de Radio 16 y repasar las aproximaciones y opiniones de los invitados.
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
El espectáculo legislativo de este infausto mes de abril de 2021 tiene que continuar cueste lo que cueste, no importa si sus protagonistas estén destrozando, o desmontando paso a paso, mecanismo a mecanismo, pieza a pieza, los componentes esenciales de la institucionalidad del país y los fundamentos jurídicos e incluso filosóficos que le dieron fundamento a lo largo de las siete décadas transcurridas desde el fin de la la guerra civil de 1948 y la aprobación de la Constitución Política de 1949. Para eso es que el diario La Nación y sus propietarios necesitan tener a los diputados encerrados en el horroroso búnker de Cuesta de Moras, además de que cuentan con el beneficio adicional de la gran cantidad de tontos que piensan que la Asamblea Legislativa es una fábrica de leyes, sin darse cuenta de que afilan el cuchillo que pondrán en sus pescuezos.
La constitución de aquel año, que ahora nos parece tan lejano, y su espíritu han muerto después de agonizar durante al menos las dos primeras décadas del nuevo siglo, aunque todavía nosotros todavía no terminamos de tomar nota de las consecuencias de tan infausto suceso: la separación de los poderes del estado, la autonomía universitaria y la municipal han quedado reducidas a cenizas, pero también las instancias administrativas y judiciales en materia de gobierno y empleo público, las que pasarán a estar controladas por un cada vez más poderoso y jacobino gobierno central.
El estado social de derecho que se empeñaron en plasmar en los artículos 50 y 74 del nuevo texto los constituyentes reformistas del Partido Social Demócrata, tales como Rodrigo Facio y Luis Alberto Monge, entre otros y los del Partido Constitucional Demócrata como Celso Gamboa y un numeroso grupo de ilustres constitucionalistas de entonces, que contaron con el decisivo apoyo de la mayoría más bien “conservadora” de los diputados ulatistas de entonces, es algo que ha terminado por desvanecerse en medio de la oleada cortesana, mediocre y neoliberal-neoconservadora-neopentecostal que domina a la mal llamada clase política costarricense, la que ha venido a dar al traste con la brillante defensa de la autonomía universitaria, dotándola de recursos financieros que la garanticen, plasmada plenamente en aquella constitución por Rodrigo Facio, Fernando Baudrit y otros destacados constitucionalistas de grata memoria, durante largos debates que merecen recordados, sobre todo por su perenne vigencia (Ver Óscar Castro Vega RODRIGO FACIO en la constituyente de 1949 EUNED San José CR 2003). Han quedado en olvido y reducidos casi a nada los aportes de Luis Alberto Monge, como diputado constituyente encargado por su pequeña fracción socialdemócrata, de redactar y defender el capítulo de las garantías sociales, como un capítulo de la constitución que estaban por aprobar. La obra demoledora de las yorlenis león y otros personajes de poca monta terminó por ser más corrosiva y persistente, tanto como para dar al traste con los valiosos aportes de aquellas generaciones.
Estamos en manos de las gentes de una clase política, donde predominan la ignorancia y la mediocridad, dentro de la que se mezclan las expresiones integristas de una vieja religión revelada (como en el caso neopentecostalismo con su elaborada teología conservadora del éxito y la “salvación personal”, unidos al oportunismo e ignorancia supina de sus voceros políticos) con aquellas otras, de orden secular, propias de la religión del mercado, convertido en el gran desiderátum en todos los órdenes de la vida económica, política y social al que obedecen el PLN PAC PUSC RN NR y otras franquicias electorales, también listas para cazar incautos en la próxima “campaña electoral”, hoy convertidas en el “partido único neoliberal” que desgobierna a Costa Rica.
El delirante odio populista de cierta derecha hacia los intelectuales y el pensamiento libre ha marcado el tono de la ofensiva totalitaria contra la universidad pública costarricense, a la que ven como subversiva por ser un espacio libre para una profesión de fe democrática de amplio espectro y otorgadora de “privilegios” hacia sus académicos, investigadores y funcionarios a los que desearían ver reducidos a la condición de precariedad salarial y laboral de sus pares de las universidades privadas.
Son el pensamiento auténtico y el trabajo académico libre de las manipulaciones de los poderes fácticos, como también la investigación científica seria, con sus innumerables aportes de gran calidad en beneficio del conjunto de los costarricenses, junto con una sostenida acción social dirigida hacia muchas comunidades de todo el país los componentes de lo que en su conjunto irritan a los dueños de este país: a lo sumo, para estas gentes de corta mirada y gruesos bolsillos, las universidades deben ser fábricas de graduados, donde como en el caso de la gran mayoría de las privadas (en todo hay excepciones) brillan por su ausencia las bibliotecas, los laboratorios y los institutos de investigación. Por desgracia los poderosos dueños de los grandes medios de (in)comunicación social han tenido éxito en convencer a muchas gentes incautas ocultando, detrás de supuestas preocupaciones de orden fiscal, mientras se dedican a saquear de verdad los recursos públicos, sus verdaderas intenciones totalitarias y su insaciable rapiña, como en el caso de las trochas, la ruta 27 y otros inconfesables negociados, además de la colosal evasión tributaria.
Es por eso que no nos queda, por ahora, sino exteriorizar este réquiem por la la ruina de la institucionalidad democrática de un país como este en el que hemos nacido, al que consideramos digno de mejor suerte. Las nuevas generaciones tendrán que emprender de nuevo, casi de cero, una lucha que los reformadores sociales de los años cuarenta supieron materializar en hechos y resultados positivos, al construir de esa manera un país más solidario, culto y justo que los del resto de la región, ¿vamos entonces hacia una “centroamericanización” de Costa Rica, entendida en el peor sentido del término?
El próximo viernes 9 de abril a las 6:00 pm el Programa radial Alternativas discutirá acerca de “las perspectivas e importancia actual del Estado Social de Derecho” con los siguientes invitados:
–Cynthia Ramírez, Lic. Trabajo Social, docente. –Gisela Víquez, abogada. Funcionaria de Ministerio de Hacienda.
–Pablo Sibar, coordinador FRENAPI, investigador comunitario del CICDE, UNED y recuperador Chun Shurin.
–Danny Villalobos, Geógrafo, presidente de FECON.
–Héctor Ferlini-Salazar, director de SURCOS Digital.
Puede sintonizar el programa en Radio 16, 1590am o por medio del Facebook de Radio 16.
Ayer al mediodía los hermanos Arias Sánchez anunciaron su apoyo a Carlos Ricardo Benavides, quien ha sido su incondicional sirviente. (Algunos, no sé si exagerando, dicen que hasta para ir a orinar les pide permiso). Buena parte del gran capital ya se alineó y seguramente los grandes medios de comunicación. Antonio Álvarez se quedó pasmado; los Arias fueron sus principales propulsores en la pasada campaña por lo que ese hecho lo terminó de liquidar. Para conservar alguna vigencia, renegando de todo lo dicho y con la respiración sostenida no ha tenido más remedio que unirse a Figueres, sobre todo para sacarse el clavo. El otro arista incondicional, el exalcalde alajuelense Thompson también quedó alelado, aunque dispondrá de la estructura electoral-clientelar de los alcaldes. Y para redondear el motete, Rodrigo menciona que conversa regularmente con Figueres, dejando la sensación de coincidencia y complicidad. El pleito promete.
Dos cosas a tomar en consideración que dijo Rodrigo Arias: la primera es que Liberación Nacional NO gana en primera vuelta, ni ninguno. Hay que afinar estrategias.
La segunda es que él dirigió a la actual fracción liberacionista que ha aprobado los proyectos de la contrarreforma neoliberal. En consecuencia, fue parte del gran juego junto con el Gobierno de Alvarado y el PAC para aprobar la legislación contra los trabajadores y trabajadoras. Para recordar: los Arias, Alvarado y Garnier, son los grandes artífices del ataque contra las conquistas democráticas y sociales.
Los ramashekos se convirtieron en el tercer elemento político partidario del entramado antipopular, que como era de esperar, son tan neoliberales como los otros, solo que más baratos e incultos. El PUSC es cada vez más corrupto y una caricatura de partido.
Se me olvidaba otro aspecto importante que apuntaba Rodrigo Arias: que una tercera derrota consecutiva del PLN los enterraría.
Para diversas organizaciones sindicales costarricense afiliadas a la Internacional Servicios Públicos (ISP), el proyecto de Ley Marco de Empleo Público representa un ataque a la Constitución Política costarricense y quebranta la propia democracia, ya que limitaría la autonomía de los poderes Legislativo y Judicial, universidades públicas, municipalidades y instituciones estatales. Por Eugenio Guerrero Cascante
Nuevamente Costa Rica se ve envuelta en un ambiente político-social bastante convulso, tónica que se ha repetido durante el actual gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada, primero con la entrada en vigencia del Impuesto al Valor Agregado (13%) en 2018, lo que provocó grandes movilizaciones que se extendieron por 89 días a lo largo y ancho del país, principalmente con la participación de trabajadores públicos, además de ciudadanos y organizaciones sociales.
Esta gran movilización laboral, que no se observaba en Costa Rica desde la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (TLC) en el año 2007, llevó al gobierno Alvarado Quesada y a la Asamblea Legislativa a modificar lo establecido en la Ley de la Reforma Procesal Laboral respecto al derecho de huelga de los trabajadores, implementando la “Ley para brindar seguridad jurídica a las huelgas y sus procedimientos”, denominada por los sectores sociales como ley “anti huelgas”; ya que se impusieron una serie de modificaciones y limitaciones al ejercicio efectivo del derecho fundamental a la huelga. Para los sectores sociales esto representó una clara estrategia gubernamental y de los sectores económicos más poderosos del país para allanar el camino para lo que venía.
La situación económica que enfrenta Costa Rica desde hace varios años por la falta de leyes y controles en contra de la evasión y elusión fiscal, así como los altos intereses de la deuda pública provocaron que el país cerrara en el año 2019 con un déficit fiscal de 6.96% del Producto Interno Bruto (PIB), el cual se incrementó a finales del 2020, cerrando en 8.1% de PIB. Cifra que representa la diferencia entre ingresos y gastos más alta de los últimos 40 años, según el Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
Esta situación allanó el camino para que en el país se desatará una “guerra” ideológica en contra de los funcionarios públicos, achacándoles toda la responsabilidad de la situación fiscal del país, aunque esta última aseveración fue desmentida por varios Ministros de Hacienda de turno, sindicatos e incluso algunos diputados costarricenses.
Sin embargo, esto no impidió que actualmente se discuta en la Asamblea Legislativa el proyecto Ley Marco de Empleo Público (Expediente Legislativo 21.336), bajo esa misma estampa ideológica. Incluso fue utilizado por el propio presidente de la República para condicionar un préstamo por 1.750 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), asegurando que, “de no aprobarse dicho proyecto de ley, el FMI no giraría el dinero”; situación que fue desmentida por el propio FMI.
Trabajdorxs afiliadxs al SITUN y organizaciones de BUSSCO protestan en las afueras de la Asamblea Legislativa contra el Proyecto Ley Marco de Empleo Público. Foto: SITUN.
ATAQUE A LA INSTITUCIONALIDAD Y A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Para diversas organizaciones sindicales costarricense afiliadas a la Internacional Servicios Públicos (ISP), como el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional (SITUN), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD), el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda (SINDHAC) y la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE), el proyecto de Ley Marco de Empleo Público representa un ataque a la Constitución Política costarricense, la autonomía institucional y quebranta la propia democracia.
Esto por cuanto los tres poderes supremos del Estado costarricense (el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial), son vulnerados, de manera peligrosa, en el proyecto Ley Marco de Empleo Público; puesto que será el Ejecutivo el que tenga el poder sobre los otros dos (Legislativo y Judicial), en todo el ámbito de las políticas de gestión de los recursos humanos, integralmente conceptuada.
Para las organizaciones sindicales anteriormente mencionadas, la aprobación del Proyecto Ley Marco de Empleo Público traería consigo, implicaciones profundas que contaminarán los procesos administrativo-financieros de esos dos poderes que, de un modo u otro, pasarán a sufrir un control ejecutivo desde la Casa Presidencial de turno a través del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y Dirección General de Servicio Civil (DGSC). A esto se suma la autonomía institucional que perderían cinco universidades públicas, ochenta y dos municipalidades e instituciones como la emblemática Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Para Álvaro Madrigal Mora, Secretario General del SITUN, es claro que el proyecto Ley Marco de Empleo Público atenta flagrantemente la Constitución Política, donde está establecida la autonomía universitaria, la cual a través de los años ha fungido como una herramienta para ser un baluarte en la creación del Estado Social de Derecho Costarricense.
“El proyecto hace una intromisión en la potestad que se le ha dado a las universidades para su propia forma de organización y administración. Incluso toca hasta la libertad de cátedra. Sin embargo, independientemente de que este proyecto afecte de una forma diferente a las universidades públicas, debemos luchar por la defensa del Estado Social de Derecho de este país, que con este proyecto y otros que se han aprobado, más los que vienen haciendo fila, buscan la destrucción total de ese estado social de derecho” detalló Madrigal.
Por su parte Rebeca Céspedes Alvarado, representante sindical de la ANEP en la Municipalidad de Goicoechea, detalló que el proyecto Ley Marco de Empleo Público quita toda potestad de decisión a los alcaldes o alcaldesas, así como a los Concejos Municipales afectando el desarrollo de los cantones y comunidades.
“Exigimos a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa que excluyan a las municipalidades de dicha ley, ya que viene a afectar la autonomía municipal que nos otorga la Constitución Política, esto perturbaría gravemente el desempeño administrativo, económico y comunal. Prácticamente las municipalidades pasarían a manos del Poder Ejecutivo por medio del MIDEPLAN, incluso atentando contra la elección popular de los alcaldes y alcaldesas por medio del voto”, manifestó Céspedes.
Trabajadorxs del Poder Judicial colocan carteles en las puertas de ingreso de los edificios judiciales para mostrar su rotunda oposición al proyecto de ley y mostrar a la ciudadanía sus efectos. Foto: ANEJUD
Otro de los sindicatos en alzar la voz en contra de este proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa es ANEJUD, organización sindical del Poder Judicial, que califica el proyecto de ley como un ataque directo en contra del empleo público y la clase trabajadora.
“Creemos que es una ley con la finalidad de reconfigurar el Estado y centralizarlo, desde el Poder Judicial. No vemos como pueden [gobierno] tener el poder sobre los jueces, fiscales o defensores, eso sería peligroso para la democracia de este país, esto es completamente inconstitucional, como también lo es, por ejemplo, el tema del salario global, que no exista ahora ya el principio de la retroactividad de la ley”, indicó Mario Mena, presidente de ANEJUD
Otra de las instituciones que se vería vulnerada con la Ley Marco de Empleo Público es la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), por lo que los sindicatos de esta emblemática institución también alzan la voz en defensa de su institución, calificándola como una legislación desregulatoria y que atenta contra las garantías sociales.
“Esta ley es una de las maniobras más descaradas del gobierno que viene a romper y golpear las garantías sociales y la solidez en la autonomía de la institucionalidad costarricense, la cual ha brindado una estabilidad en temas como educación, salud, gestión municipal y acceso a servicios esenciales como agua y electricidad. Claramente esto tiene un trasfondo más grande, y es servir en bandeja de plata las prestatarias de los servicios públicos en Costa Rica hacia la tercerización o privatización, lo que significaría un duro golpe a la Caja Costarricense del Seguro Social y las Garantías Sociales”, aseveró Rodrigo López, Secretario General de ANPE.
Para las organizaciones sindicales costarricenses integrantes de la Internacional de Servicios Púbicos (ISP), es claro que las autoridades gubernamentales han decidido ignorar lo establecido en la Constitución Política, por lo que de aprobarse este proyecto será elevado de forma inmediata a la Sala Constitucional.
Además, no se descartaría iniciar acciones internacionales, ya que este violenta las obligaciones del país, establecidas por la propia Asamblea Legislativa de Costa Rica, con entidades de peso a nivel mundial, como lo es la Organización Internacional del Trabajo (OIT), parte esencial del sistema de las Naciones Unidas (ONU).
Imagen principal: Trabajadorxs municipales afiliadxs a la ANEP rumbo a la Asamblea Legislativa por la defensa de la autonomía municipal y en contra del proyecto Ley Marco de Empleo Público. Foto: ANEP.
Los diviesos o forúnculos son infecciones de la piel, que van llenando de pus la parte del cuerpo afectada y producen inflamación, mucho dolor, incomodidad y hasta fiebre.
En el campo, de donde vengo, se decía que los diviesos o abscesos nacen porque la sangre está contaminada.
En la avanzada fase legislativa de la cruzada en que se encuentra el Proyecto Ley Marco de Empleo Público (discusión mociones de reiteración), se pueden advertir 3 grandes nacidos o diviesos que lo tienen muy contaminado:
1.- El primer absceso corresponde al ámbito de la cobertura de las instituciones, que quedarán sujetas al imperio del emergente Leviatán.
La discusión concierne principalmente a la sumisión del Poder Judicial y la regulación de las autonomías de determinadas instituciones, principalmente las universidades públicas y gobiernos locales.
2.- El segundo divieso se radica en la titularidad de la rectoría de la gobernanza del empleo público, tema que después de ser pacífico, ha generado una importante controversia política.
El último texto legislativo que se aprobó, creó un monstruo de dos cabezas, en virtud que, por una parte, la rectoría política la recuperó, en teoría, MIDEPLAN, pero por otra parte, esta rectoría quedó sustancialmente vaciada, a merced de las múltiples y potentes competencias que se le atribuyeron a la otrora famélica Dirección General de Servicio Civil.
La cuestión más relevante, independientemente como se resuelva este pulso político-partidario, es que no puede existir rectoría gubernamental, por mínima que sea, en menoscabo de la autonomía que constitucionalmente tiene asignada la Caja Costarricense de Seguro Social, los gobiernos locales y las universidades públicas, salvo que sea derrumbando la Constitución Política.
3.- El último nacido se relaciona con los alcances de la regulación del salario global, el producto superestrella, pero, a la vez, el más oscuro del proyecto.
El proyecto somete las remuneraciones a un régimen salvaje, más regresivo que la misma Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que con esto queda todo dicho; trasladando coactivamente a las y los funcionarios actuales, al esquema único de salario global, a contrapelo del principio de irretroactividad de la ley, principio elemental del Estado de Derecho (artículo 34 constitucional).
Al tenor de las normas del proyecto, las remuneraciones quedarán congeladas, estancadas en el tiempo, hasta después de la segunda venida de Cristo, con la consecuente afectación de la reactivación y eficiencia de la economía nacional.
Estos diviesos están bien maduros, que reventarán el pus maloliente que han cultivado, producto de una sangre más que contaminada, envenenada por el odio visceral contra la clase trabajadora de la función pública y la aversión al Estado Social y Democrático.
No haría nada mal, a quienes urdieron esta conjura contra la democracia, una dosis concentrada de gavilana y güitite, que todavía abundan en mi pueblo, para bajar la fiebre y aliviarles el coma hepático, que produce pérdida de la función cerebral, cuando el hígado ya no es capaz de eliminar las toxinas de la sangre.
Las organizaciones laborales de la Universidad Estatal a Distancia, como UNED-PRO, se mantienen en lucha por la defensa del Estado Social de Derecho, la autonomía universitaria que protege la libertad de producir conocimiento y aportar a la sociedad sin influencias externas, y contra la amenaza a esos valores que representa el Proyecto de Ley de Empleo Público.
La invitación al presidente de la República y la orden concedida a su ministro de transportes por parte de la Academia Morista me parecen, para decir lo mismo, una falta de tacto. No solo por su fondo, por el carácter marcadamente político de ambos actos, sino también por la oportunidad. Este gobierno está entregando la soberanía nacional al FMI y las transnacionales en contra del espíritu libertador de Juanito Mora, está enterrando el Estado Social de Derecho creado e inspirado por don Juanito, está empobreciendo más que ninguno al pueblo trabajador que don Juanito defendía y está arremetiendo salvajemente, por acción y por comisión, contra nuestros pueblos originarios, en contra del sentido de Patria defendido por el Libertador. Un desacierto que deja mucho que desear de esa academia a la que tanto hemos admirado. Los que nos llamamos moristas defendemos un concepto de país totalmente contrario al que impulsan estos mandatarios, y ese acto de la academia ofende el nombre y la memoria de nuestro Libertador.
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
“Hoy (cualquier día de estos) en canal 7 el abogado que ha catalogado de “leyenda urbana” la autonomía universitaria consignada en la constitución de Costa Rica, el mismo que le abrió el portillo legal a Óscar Arias para su segunda presidencia, Rubén Hernández, manifestó poco más o menos, en relación con la ley de empleo público, que no debe desaprovecharse la ocasión para poner orden en lo que lleva ya 70 años por la libre.
¿Qué es lo que en el fondo lleva 70 años por la libre, según esta sensibilidad subyacente? Pues el Estado social de derecho, precario ciertamente, pero que ha permitido en alguna medida, a quienes participan en la construcción de la sociedad, que participen también en las decisiones, una de las cuales es la fijación de sus remuneraciones. Como la participación de los trabajadores ha sido limitada, aún en este limitado estado social, además se conservaba el recurso del derecho de huelga. Estas condiciones se han sustentado en una sensibilidad a la que suele llamársele DEMOCRACIA y que en este país se estableció institucionalmente después de la guerra civil del 48.” ÁNGEL OCAMPO ÁLVAREZ.
Los ideólogos del régimen imperante en la Costa Rica del bicentenario de la independencia del dominio colonial español, lo que buscan es el empobrecimiento generalizado de las grandes mayorías laborales, con el propósito de mandarnos de vuelta al país que éramos hace cien años, cuando cayó la dictadura de los Tinoco: uno de patronos hacendados cafetaleros, por lo general y el resto de la población una masa inerme de gentes sin derechos sociales ni políticos, a la que había que engatusar, cada cuatro años, para que fuera a votar por los candidatos de la casta en poder, sobre todo cuando empezó el sufragio universal de los varones adultos puesto que las mujeres debieron esperar muchos años más para ejecutar ese acto liberticida que, en principio no cambió mucho su opresión y discriminación en ésta y las otras naciones de nuestra área continental.
Para esas gentes entronizadas en el poder y dueñas de la mayor parte de la riqueza, de lo que se trata es de equiparar hacia abajo los salarios de todos los trabajadores, poniendo a los del sector público en las mismas condiciones en las que se encuentran la gran mayoría de quienes laboran en el sector privado (casi siempre al borde de la miseria y en medio de la mayor incertidumbre laboral), se trata de igualar hacia abajo y no de mejorar los salarios y condiciones de los trabajadores del sector privado (v.g.r Luis Diego Marín Schumacher quien propone una: Reducción del gasto público mediante la eliminación de todos los sueldos y pensiones exorbitantes (todo aquello no sean salarios de mera subsistencia, decimos nosotros). Equiparándolos con los salarios del sector privado.)
Lo anterior equivale, para efectos prácticos y reales, al empobrecimiento generalizado de la gran mayoría de la población costarricense, al disminuir su poder de compra llevando al mínimo la demanda agregada de bienes y servicios, lo que traerá la quiebra de innumerables empresas del sector productivo, por cierto no solamente las medianas y pequeñas, al achicarse todavía más el mercado interno ¿a quién le van a vender estos empresarios y emprendedores? Lo único cierto es que el país se hundirá en una recesión todavía más profunda, la que no empezó precisamente como resultado de la pandemia del Covid 19, sino que se originó como resultado de las políticas de austeridad impulsadas por todos los partidos o franquicias electorales del régimen, mediante el concurso de sus diputados en la Asamblea Legislativa, en una de las legislaturas más mediocres de toda la historia de Costa Rica.
Esos, y no otros disfrazados de preocupaciones de orden fiscal, son los verdaderos propósitos de quienes formularon la ley de empleo público, con la que se busca llevar a la incertidumbre a la totalidad de los trabajadores, con el beneplácito de los exportadores y los insaciables usureros del capital financiero, unas gentes que sólo sueñan con bajar los costos de la fuerza de trabajo.
Entramos así en la etapa de las dictaduras, y los regímenes totalitarios, pero con la bien disimulada astucia de aquellos gobernantes que se las arreglan para no acudir a los procedimientos más emblemáticos, visibles, infames, o incluso grotescos de los totalitarismos del siglo pasado, a diferencia de la brutalidad manifiesta del estalinismo, o de la del fascismo hitleriano o franquista, aquí todos viven felices en las más perfecta de las dictaduras (Aldous Huxley EL MUNDO FELIZ, 1932), la gran pregunta es ¿qué harán o sentirán muchas gentes cuándo se despierten convertidos en las víctimas de una nueva esclavitud?: sin derechos laborales y políticos para hacerse escuchar en una sociedad donde el fundamentalismo religioso secular del mercado es el que reina sobre cualquier otro principio o dimensión social. Los tenedores de bonos de la deuda interna seguirán asfixiando al fisco con las elevadas tasas de interés de las que hacen usufructo, sin remordimiento alguno, los especuladores del capital financiero expertos en burlar el pago de impuestos, además de sacar capitales a los paraísos fiscales continuarán en lo suyo y los que estafan al fisco con los sobreprecios de las concesiones de obra pública y otras estafas similares, por muchos millones de dólares también, están seguros de que para ellos siempre habrá impunidad, o a lo sumo recibirán alguna reprimenda leve.
Al final de cuentas, aquí los culpables de todos los males del país son los trabajadores del sector público, las inversiones en educación y en salud o la inversión pública para reactivar la economía, con base en un vigoroso mercado interno ¿será por eso que los poderes fácticos, con el aplauso de sus cortesanos, nos quieren devolver a la Costa Rica de los oligarcas y de una gran mayoría de peones irredentos?, ¿la de 1920 o 1921, cuando se cumplieron los primeros cien años de la separación del dominio colonial español?
Utilizamos cookies y tecnologías similares para mejorar su experiencia en nuestro sitio web.
