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Etiqueta: Estado Social de Derecho

El Estado y los millonarios, ¿a quienes engañan?

Juan Huaylupo Alcázar[1]

La crisis política en la actual coyuntura costarricense es el resultado de décadas de prácticas liberales del poder político y económico. No es una crisis originada por la pandemia, pues la creciente pobreza, el desempleo, el déficit fiscal, la confiscación de salarios y pensiones, el incremento de tarifas de los servicios públicos, endeudamiento, devaluación, evasión y elusión tributaria de empresarios globales, los incentivos a la inversión extranjera, la venta de activos del Estado, el salario único, etc., ya eran tendencias prevalecientes en la política y el quehacer estatal, la pandemia las agudizó, no las creó, pero puso en evidencia la profunda inequidad en la estructura social existente, a la vez que muestra la complicidad y simbiosis estatal con los empresarios globales.

Esta coyuntura es particularmente importante, la crisis política o la ilegitimidad social del Gobierno y el Estado ha sido creada por la conciencia, cuestionamientos, debates y propuestas ciudadanas. La colectividad organizada se ha despertado ante las infames propuestas privadas y estatales que pretenden imponer el peso de la debacle fiscal y el creciente endeudamiento nacional, a los trabajadores y los pobres que sostienen la economía de la explotación de propietarios y los ingresos fiscales, mientras siguen impunes los evasores, los corruptos y las falsificaciones tributarias, así como los empresarios gozan de la autorización expedita para disminuir y suspender trabajos, aumentar los precios de medicamentos y el costo de vida, a la vez que, se mantienen las exoneraciones, incentivos, concesiones y privilegios para los ricos y los empresarios globales.

Ante los reclamos y protestas por posibles nuevos impuestos al pueblo, el Presidente de la República, nos dice que somos “irresponsables”, agregando cínicamente “que es doloroso, pero es la realidad”. Desde esa arbitraria perspectiva, es transparente la intencionalidad gubernamental: los trabajadores deberán pagar por los actos y las consecuencias de los explotadores millonarios, los usurpadores del bienestar social.

La agresividad de los que viven del trabajo ajeno, no ceja de sus intenciones contra los trabajadores, la ciudadanía y la nación. No buscan amparar sus intereses e inversiones en la actual coyuntura, sino enriquecerse más. Ellos están liquidando los resquicios del Estado social, desmantelando la seguridad social y la institucionalidad pública, no sólo restringiendo sus presupuestos y gastos, también impidiendo la restitución de funcionarios que se pensionan y de los que son obligados a dejar sus empleos, no para reducir el gasto, sino para destruir funciones e institucionalidad pública, para luego desaparecerlas por inoperantes, por hacer labores duplicadas o por considerarlas inútiles. Los poderes de estos parásitos han convertido al Estado en un activo protagonista del empobrecimiento de la población trabajadora del sector público, como ellos lo han efectuado con los trabajadores que contratan. Estado y empresarios, acallan a las autoridades de la salud pública y propician la agudización de la infección pandémica, como un destino trágico que mina la resistencia y elimina a los más vulnerables. Esos asesinos, inmunes e impunes, también proponen condenar a los jubilados a la indigencia, por modificaciones en los modos de calcular las pensiones, como también aspiran a imponer impuestos al “salario escolar”, que no es un salario, pues son la acumulación de las retenciones mensuales de las patronales, los cuales son usados gratuitamente por un año que, depreciados se devuelven a sus dueños. Además, que esa devolución es el salario, al cual se le han deducido impuestos, que son usados privada y gratuitamente por un año, así, se busca duplicar la carga impositiva. Estas intenciones no pueden ni buscan paliar la crisis fiscal, su intención es empobrecer cada vez más a los trabajadores.

Pero, la acción regresiva de los empresarios, que se apropian de las riquezas y el trabajo ajeno, con la cínica complicidad estatal, no se queda ahí, no solo son culpables de la creciente brecha y desigualdad social, también buscan empeñar el futuro nacional endeudándonos e intentando privatizar todos los activos del Estado, ante sus fracasos pasados.

La Costa Rica que aún afirma tener un Estado Social de Derecho con una institucionalidad pública democrática e igualitaria, desde hace décadas ha cambiado, hoy es un Estado liberal más, entre otros, que ha privatizado el bienestar y ejerce un poder que favorece a los privilegiados. Este Estado es contradictorio e inhumano, que niega su constitución social originaria, para garantizar la inmensa posesión de riquezas de pocos, en un universo de pobres, como también ocurría en la Grecia antigua, donde se pregonaba democracia e igualdad en un universo de esclavos.

Este gobierno y los otros poderes estatales son ilegítimos, por la toma de conciencia, la voluntad y las protestas ciudadanas que abandonan la indiferencia, pasividad y la desintegración orgánica. La explosión ciudadana es diversa, dispersa y pacífica, pero motivada por el denominador común, del descontento y la acción colectiva. El gobierno al convocar el diálogo multisectorial, busca crear una imagen democrática que no posee, para diluir, diferir y encubrir las decisiones liberales que ya se implementan en la Asamblea Legislativa y en el poder Ejecutivo, sin que los derechos adquiridos puedan ser amparados por el poder Judicial. Esto es, hay una colusión estatal contra la democracia en nombre de la democracia.

¿Por qué se convoca al diálogo multisectorial? ¿por qué el gobierno se presenta como neutral, sin serlo, y afirma que será obediente de los acuerdos? ¿ignora las necesidades y anhelos ciudadanos, entonces para quién gobierna? ¿acaso desconoce que la agresividad y poder de los millonarios impide acuerdos consensuales con los trabajadores y los pobres? ¿qué hará el gobierno sin acuerdos trascendentes, tratarlos privadamente con quienes privilegia? ¿el dominio institucional del poder político y del económico de los millonarios estarán dispuestos en atender las necesidades sociales de las mayorías y promover el desarrollo nacional, sin sacrificar a los trabajadores?

Es aparente la neutralidad y el pretendido democratismo gubernamental, que sirve para enmascarar las anunciadas medidas contra la libertad, el bienestar y el desarrollo que defraudan, una vez más, la fe pública y la ilusión democrática.

Estamos frente a otra traición anunciada. No obstante, la relación entre organizaciones sociales está creando ineditamente propósitos y propuestas unitarias comunes, que anuncian nuevas luchas en la imposición totalitaria.

[1] Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Ilustración tomada de La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD)

Distanciamiento físico, acercamiento social

Luis Fernando Astorga Gatjens,
luferag@gmail.com

Ante la grave pandemia ocasionada por el coronavirus, las autoridades sanitarias de los países han dictado una serie de valiosas medidas para contener la potencialmente devastadora expansión de la enfermedad covid-19. Cuarentenas, confinamiento, prohibición de eventos masivos, medidas higiénicas rigurosas, se encuentran en la preventiva lista para evitar y reducir al máximo los contagios.

Costa Rica, a través de las autoridades de gobierno, en el campo de la salud, de emergencias y de seguridad, han venido anunciando este tipo de medidas, que deben ser de responsable y riguroso cumplimiento entre la población, para evitar los enormes daños que puede ocasionar la pandemia a la salud de millones de personas y a la economía, con el consiguiente incremento de la pobreza y la desigualdad.

Todavía hay un amplio sector de la sociedad costarricense que no ha tomado clara consciencia de que estas medidas temporales (de semanas o meses), son imprescindibles para que la expansión de la epidemia no llene los hospitales de personas infectadas, las colapse, obligue al personal médico a decidir quien vive o quien muere por la escasez de respiradores, en fin, genere más muerte y dolor en las familias. Este tipo de resistencias deben ser repudiadas socialmente y, eventualmente, deben ser penadas por el potencial daño colectivo que pueden generar.

En la expansión inexorable de la pandemia en el mundo, ha quedado claro que los países que hasta el presente, han tomado más rigurosas medidas de cuarentena y confinación, son los que han avanzado con mayor éxito en la contención de la enfermedad. La disciplina colectiva de las sociedades asiáticas ha dado muestras de ser más eficaz que el individualismo de los países occidentales, encabezados por Estados Unidos y Europa.

La sociedad costarricense en esta hora aciaga y desafiante, debe actuar de manera responsable y disciplinada, acatando estas medidas de aislamiento y distanciamiento físico, que las autoridades de gobierno y salud están dictando. Incluso, es posible que ante el incremento exponencial de los casos, haya que acatar medidas todavía más rigurosas. Se trata de un sacrificio coyuntural basado en la solidaridad y el valor de la vida humana.

Debo indicar que en todas partes se ha estado hablando de “distanciamiento social” como una estrategia clave para reducir y minimizar al máximo el riesgo del contagio. Considero que la expresión más feliz y adecuada sería la de “distanciamiento físico” entre las personas, no el distanciamiento social. Todo lo contrario, lo que requieren las sociedades, en este duro presente, es el acercamiento social y la solidaridad.

Se ha afirmado con razón que las crisis ponen a prueba a las personas, a las comunidades y a los pueblos. Prueban de que estamos hechos como personas. Dice la leyenda –que parafraseo– que los seres humanos tienen en su corazón dos lobos: Uno es el del amor al prójimo, el de la solidaridad y el apoyo mutuo. Otro es el del individualismo, el de la avaricia, el del “sálvese quien pueda”. ¿Quién gana en esta eterna pelea ética? El que alimentamos con nuestras decisiones y actos.

Esta crisis inexplorada a la que nos enfrentamos hoy y que todavía no muestra un horizonte en sus alcances, claramente definido, nos obliga a alimentar la solidaridad, el apoyo mutuo y el amor a las demás personas.

La crisis debe sacar lo mejor de nosotros y nosotras, en ejercicios prácticos y efectivos de solidaridad social. Hay sectores y grupos minoritarios en nuestra sociedad, que aunque han acumulado grandes fortunas, que guardan aquí o esconden en los opacos paraísos fiscales del exterior, no quieren verse afectados por las inevitables secuelas económicas que deja y dejará la pandemia. Su mayor deseo es salir indemnes y, si les es posible, hasta obtener ganancias de la crisis que se hará más grande en las próximas semanas y meses. Todas y todos debemos de contribuir en esta causa nacional, en arreglo a nuestras posibilidades económicas.

Tenemos que avizorar el futuro con responsabilidad política. La pandemia nos dice, nos grita con fuerza que quienes han propulsado el debilitamiento del Estado Social de Derecho en poco más de treinta años, y que han tenido en su agenda privatizadora de la salud, el debilitamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), estaban en un grave error. Tenía que venir un diminuto virus a darles una lección de vida y de política adecuada y justa.

El gobierno debe de prever una crisis que tardará tiempo en superarse aún aplicando medidas oportunas y correctas. Millares de personas y familias ya son afectadas en sus precarias economías y más serán las afectadas al transcurrir el tiempo. El gobierno debe dar un giro significativo a su brújula política, en función de darle prioridad a los sectores sociales y poblacionales, a los que esta crisis les golpeará más inclementemente.

El peor escenario es el del aislamiento combinado con el hambre y la desesperanza. A Dios rogando y con el mazo dando: Las y los ciudadanos conscientes debemos demandar del gobierno y la Asamblea Legislativa, este tipo de medidas de responsabilidad solidaria con el pueblo, al mismo tiempo que construimos redes solidarias en nuestras comunidades para apoyar a las familias a la que la crisis les pueden llegar con su rostro más feroz, el hambre.

Practiquemos el responsable distanciamiento físico, pero hoy más que nunca impulsemos este necesario acercamiento social alimentado por la solidaridad, la generosidad y el apoyo mutuo. Este debe ser el sentimiento, pensamiento y compromiso que nos inspire y aliente este 2020 y en el año del Bicentenario Patrio, que sin duda albergará una crisis económica, social y política, que pondrá a prueba la solidez de nuestra democracia.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

Criminalización de la protesta social, coyuntura de crisis, detenciones y violencia en el marco de la lucha del movimiento social costarricense

ACODEHU, SINDEU

En La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) y el Sindicato de Empleados(as) de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) somos conscientes de la profunda crisis que vive actualmente el país y consecuentemente el deterioro sostenido en materia de Derechos Humanos, que se dibujan en la superficie de una democracia que cada vez más, cierra los espacios al diálogo y agudiza las diferencias de clase.

Lo anterior se ha agravado por la crisis sanitaria a la que nos ha llevado la pandemia del coronavirus-COVID-19 o SARS- CoV-2, y también porque el proyecto neoliberal, que se profundiza desde 1983, conlleva a una caída sostenida de la soberanía nacional, la autodeterminación y la independencia.

Al interior del país una burguesía parasitaria se entrega cada vez más a los organismos financieros internacionales: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al Banco Mundial (BM) y al Fondo Monetario Internacional (FMI). La OCDE, en una clara intromisión a la política interna, exige al gobierno el establecimiento del salario único, a fin de eliminar los 266 pluses que existen actualmente, como logros, en su mayoría por la lucha y defensa de las Convenciones Colectivas de Trabajo.

Todo lo anterior sostenido bajo un proyecto cuyo horizonte es profundizar la crisis mediante el sometimiento a un nuevo préstamo con el FMI, pero además intensificar una carga impositiva a las grandes mayorías y teniendo como punto de anclaje la venta de activos y, la privatización y la tercerización de los servicios. A la par de ese modelo económico excluyente, en el poder Legislativo se solidifica un proyecto con leyes anti laborales que conducirán a un retroceso histórico al país, toda vez que rompen con la vieja estructura del Estado Social de Derecho.

En lo político y social, preocupa profundamente a la ACODEHU y al SINDEU, la escalada de actos de represión, hostigamiento y judicialización que se dan en la lucha que recientemente vivió el país entre los días 30 de setiembre y 16 octubre. En materia de Derechos humano la criminalización de la protesta social, debe preocuparnos de manera particular.

Creemos firmemente que la vía de solución propuesta por el actual gobierno de Carlos Alvarado Quesada, de resolver el déficit fiscal y las finanzas pública a través de una nueva negociación con el FMI, no es la solución. Más bien esa propuesta es una de las razones subyacentes en las recientes movilizaciones populares que vive el país, en tanto, como objetivo central se orienta a que el gobierno central debe enfrentar con toda la entereza y valentía el fraude fiscal; es decir, el robo de impuestos mediante mecanismos como la evasión, la elusión, las monstruosas exoneraciones y los privilegios fiscales a las grandes rentas y capitales. El simple anuncio que vivió el país, de un nuevo préstamo por la suma de $ 1,750 millones, formó el caldo de cultivo que propició las grandes manifestaciones del pueblo costarricense.

Le invitamos a descargar el documento completo del análisis de ACODEHU y SINDEU recibido en SURCOS.

Señales políticas para no perdernos 3

Gerardo Hernández

En política no podemos asumir que las diferencias son absolutas y que no es posible construir acuerdos. Hay proyectos e intereses diferentes y hasta antagónicos, claro. Pero es aquello en lo que coincidimos lo que nos hace posible vivir junt@s.

BATIRNOS POR SAN JOSÉ O PACTAR EN OCHOMOGO

Aunque no estamos en una situación igual a la guerra civil del 48 y creo que no queremos llegar ahí, nuestra historia política ha dejado claras señales de que en medio de la conflictividad es posible llegar a acuerdos si hay voluntad y visión de un horizonte común.

La más conflictiva y hasta sangrienta década de nuestra historia contemporánea, fue la de los años 40’s del siglo pasado, en la que llegamos incluso a darnos de balazos.

Y al mismo tiempo, fue esa la década más fecunda en reformas sociales, políticas y económicas, que reforzaron políticas públicas de más larga data y al mismo tiempo sentaron las bases institucionales del Estado Social de Derechos.

Y no estoy romantizando nuestra historia, para tapar la sangre derramada, los dolores, las heridas, los rencores incubados, ni los posteriores desacuerdos y conflictos que derivaron, a su vez, de los grandes pactos y acuerdos construidos en esa década. No fue que todo el mundo quedó contento y feliz… ¡qué va!

Pero lo cierto es que a partir de ellos y también, no solo por ellos, Costa Rica transitó hacia una ruta de mayor estabilidad política, democracia, crecimiento económico, movilidad social, distribución de riquezas, modernización del Estado, inclusión social, entre otras dimensiones.

Hoy vivimos momentos diferentes y tenemos otros desafíos, pero como en aquellos años, necesitamos construir acuerdos, no perfectos pero suficientes, para garantizar la paz social, la justicia social, el crecimiento y la distribución de riquezas, la democracia y la sostenibilidad, que se nos han debilitado en las últimas décadas y por ello estamos donde estamos.

Evitemos llegar a mayores niveles de violencia, porque la tarea de la reconstrucción sería aún más grande y difícil.

Evitemos llegar al default, porque entonces los más poderosos barrerían con los restos del Estado Social de Derechos.

Distribuyamos más, antes de que la desigualdad, la pobreza y la acumulación, refuercen un remolino de retrocesos del que nadie se salve, ni siquiera los más ricos y poderosos, que también tienen mucho que perder, aunque no lo crean.

Son muchas las áreas en las que debemos reconstruir pactos sociales y multisectoriales, pero hay una particularmente urgente con la que debemos iniciar: un pacto fiscal orientado hacia la justicia tributaria. Equilibrar las cargas entre todos los sectores de la economía, encontrar la relación más adecuada posible entre ingresos y gastos en las finanzas públicas, para reforzar y actualizar nuestro Estado Social de Derechos.

Todos los sectores que podamos dar algo, debemos ceder algo, tanto por el lado de los ingresos y como de los gastos, incluyendo aquellos que tengan beneficios fiscales.

Hay otros que no pueden dar, los más débiles y vulnerables, que necesitan más bien recibir. Por ello el principio debe ser: de arriba hacia abajo la contribución, de abajo hacia arriba la distribución.

Hasta ahora solo hay demandas de unos sectores hacia otros y de todos hacia el Estado.

Si queremos avanzar hacia un gran acuerdo nacional, cada sector debe empezar por poner sobre la mesa en qué puede contribuir a incrementar las debilitadas finanzas públicas. Estoy seguro que hasta las empresas de zonas francas y grandes cooperativas pueden hacerlo.

Al mismo tiempo, cada sector puede plantear una propuesta hacia otros o hacia el Estado, para hacer más eficiente y eficaz el gasto público.

Esto constituiría un primer paso para conformar una agenda de reformas en áreas de coincidencia, donde, para ganar algo, sea necesario también ceder en algo. De lo contrario, la intransigencia nos sumirá en un caos y violencia de consecuencias irreparables, que sufrirán incluso las siguientes generaciones.

Como a don Manuel y a don Pepe, ahora con más participantes, hoy nos toca responder a la pregunta: ¿nos batimos por San José o pactamos en Ochomogo?

De nuevo el mimetismo en la política de Costa Rica

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

El cambiante escenario político y social de la Costa Rica de los últimos meses, en medio de un fenómeno como la así llamada “pandemia”, la que si bien se exterioriza en el orden de lo clínico, donde se torna amenazante para la salud, la supervivencia y la vida de la población, pero que también está inextricablemente unido a las dimensiones del orden de lo político, social y económico, dada la enorme complejidad que reviste, aunque muchos no lo puedan entender. Es aquí donde el gobierno y la clase política orientados, de una manera casi unánime, sin importar gran cosa los rótulos partidarios a que quedaron reducidos los viejos partidos políticos, consideraron que había llegado la oportunidad de darle la estocada final al estado social de derecho, establecido por los reformadores sociales durante las décadas de los cuarenta y cincuenta del siglo anterior, por lo que se abocaron a tomar medidas para proceder a su desmantelamiento, eliminando las conquistas sociales de las clases trabajadoras y vendiendo los activos más rentables del estado costarricense. Desde luego que lo hicieron también de manera preventiva, en un primer momento, aprobando una reforma fiscal regresiva hace ya dos años y una legislación para limitar el derecho de huelga y de protesta contra las políticas sociales y económicas del régimen imperante, dando lugar a que en lo sucesivo, con esa legislación aprobada a golpe de tambor, sus efectos no pasarían de ser un saludo a la bandera, casi un mero acto ritual.

La recesión, alimentada por una reducción del poder de compra de los habitantes, se expresó en la quiebra de innumerables negocios, además de muchas pequeñas y medianas empresas que no soportaron la reducción de la demanda agregada de bienes y servicios, a lo largo del año 2019, mucho antes de que empezara la pandemia. Al estallar ésta, en el mes de marzo anterior, con las medidas restrictivas en cuanto a la movilidad de los habitantes que trajo, los efectos de la recesión se aceleraron y colocaron al borde del abismo del hambre y la miseria a grandes sectores de la población, imposibilitados de salir a trabajar y carentes de otros recursos para hacerle frente a la situación. Actividades como el turismo, la pesquería y el agro acusaron el golpe durante muchos meses, en medio de la mayor desesperación para quienes se dedican a ellas. Sólo ahora, en los últimos días de septiembre y primeros de este octubre que está empezando, con la oleada de bloqueos o cierres de carreteras, a todo lo largo y ancho del país, es que reaccionaron ante el cinismo de la clase política, protagonizando una desobediencia civil masiva, dentro de la tradición de Thoureau, Gandhi y Martin Luther King, con lo que la mayor parte del país rural se encuentra al borde de la rebelión, lo que tomó por sorpresa tanto al gobierno, cuyo equipo económico responde a los intereses del capital financiero y a las posturas neocon o neoliberales, como a la Asamblea Legislativa donde el cada vez más totalitario “partido único neoliberal” (PAC PLN PUSC RN NR y otros) ha seguido aprobando legislación laboral que intensificará los efectos más perversos de la recesión económica, tal fue el caso del congelamiento de las anualidades de los trabajadores del sector público durante los dos años venideros, esto traerá la pérdida de más empleos en el sector privado, aunque mucha gente que ha interiorizado el pensamiento económico neoclásico de los neoliberales no lo entienda todavía, a pesar de que están entre quienes habrán de sufrir sus consecuencias.

Como un segundo momento, en medio de la pandemia, y como resultado de una propuesta del gobierno, para firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y acceder a un préstamo de 1.750 millones de dólares, cuyo destino no está muy claro, ha estallado un poderoso movimiento social, cuyo liderazgo nacional y regional responde más a las consignas y propuestas reformistas de la vieja socialdemocracia liberacionista, abandonadas por el PLN, con líderes visibles como José Miguel Corrales, Célimo Guido, Óscar Campos y otros de esa procedencia histórica, que a las de una extrema derecha representada por la UCCAEP y algunos libertarians o liberales(neo) reciclados, quienes en un principio quisieron sacar provecho de él, lanzando una campaña contra los trabajadores del sector público, a quienes culpan mentirosamente de los problemas fiscales, a las vez que “atacaron” los nuevos impuestos propuestos por el gobierno(los que desde luego no pagarán ellos, como siempre ha sucedido, con su descarada evasión y elusión), más regresivos aún que los del paquete aprobado hace apenas dos años, que forman parte de la mencionada propuesta para aceptar un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Ahora la UCCAEP y las gentes de la ultraderecha, las empresas piñeras y otras muy poderosas, se lanzan contra el movimiento que querían utilizar en su beneficio. El estallido social, del que hemos venido hablando líneas atrás, no sólo no pudieron preverlo sino que se les fue de las manos.

A todo lo anterior se une el hecho de que en Costa Rica se instaló, hace ya dos años, un gobierno de coalición con una fachada diz que “progresista” que se vino situando o desplazando, cada vez hacia la derecha del espectro político ( si es que ese término al igual que el de “izquierda” o “izquierdas” retiene todavía algo de su valor explicativo), habiendo entregado la conducción de la política social y económica a un equipo partidario de un ajuste social y económico de lo más violentos contra los sectores populares. Es aquí donde el fenómeno de la mímesis o mimetismo político comienza a operar, de una manera casi imperceptible, para crear una verdadera “torre de babel” entre las gentes poco habituadas a la complejidad del manejo cotidiano de la política al tornar desechable e inútil todo el lenguaje político. El viejo sentido común “anticomunista”, heredado de los tiempos de la guerra, dentro del que todo aquello que no debe ser, o es malo, es “el comunismo”, interiorizado desde hace muchas décadas por un gran sector de la población, ya intoxicado por el bombardeo propagandístico (recordemos que en inglés propaganda es una mala palabra, por así decirlo) de los grandes medios de comunicación. Todo esto ha conducido a la paradoja de que en tanto en que el gobierno y la clase política se mueven más hacia la derecha, y el autoritarismo más desenfrenado en todas sus decisiones más importantes, un gran sector de la población afirma que el presidente Carlos Alvarado y los cada vez desteñidos progres que lo acompañan son “comunistas”, ergo por lo tanto el gobierno de Costa Rica es “comunista”, y nos lleva por el camino de los de Nicaragua o Venezuela, sin importar siquiera si los gobernantes de esos países lo sean en estricto sentido, pues aquí opera semánticamente aquello de que todo lo que no debe ser, o lo que se percibe como tal es “comunismo” a secas, produciéndose un efecto mimético un tanto extraño (por lo menos para las gentes del mundo académico y el de los estudios de la política) al ser vistos como “comunistas” unos políticos “progres” del PAC que no abandonan el rótulo, aunque hacen precisamente lo contrario derechizándose cada día más, incluso el Frente Amplio se mantiene dentro de la coalición gobernante con lo que acentúa las sospechas hacia los dos lados. A la manera orwelliana, en esta torre de babel la derecha es la izquierda, los desteñidos progres son los comunistas o la izquierda es la derecha, el capitalismo más agresivo es el comunismo y así sucesivamente se exteriorizan el camaleonismo y el caos.

UNDECA, BUSSCO y movimiento sindical convocan a movilizaciones

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

“Estimadas compañeras y compañeros:

UNDECA, el BUSSCO y el Movimiento Sindical Firme en la Lucha hemos venido consolidando un proceso de unidad en la acción, contra el traslado de las consecuencias de 4 décadas de gobiernos neoliberales a la clase trabajadora y al pueblo costarricense.

Iniciamos con acciones de lucha, en el mes de setiembre, con las caravanas patrióticas y los perifoneos que recorrieron el país de frontera a frontera y de mar a mar, que tenían el objetivo de concientizar al pueblo de las consecuencias nefastas de este modelo, de proyectos de ley nocivos y de las acciones político empresariales que convirtieron a Costa Rica en el noveno país más desigual del mundo.

En reunión realizada hoy, 3 de octubre, analizamos las pretensiones de los partidos PAC, PLN, PUSC y pseudocristianos, que a través de proyectos e iniciativas de las élites político empresariales, promueven: el desfinanciamiento y privatización de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, desmantelar el Estado, llevan a condiciones de esclavitud a la clase trabajadora, que aumentan impuestos y reducen salarios y pensiones, incrementando la desigualdad, el desempleo y la pobreza, en ese sentido apoyamos toda iniciativa ciudadana de lucha y movilización.

Por esas y otras justificadas consideraciones acordamos las siguientes acciones:

1.- Martes 6 de octubre: concentración frente a la estatua de León Cortés a las 9:00 am, con movilización en vehículos y otros medios, hacia la Asamblea Legislativa. Deberemos organizarnos para garantizar la participación de los compañeros y compañeras que les sea posible, que estén en otras jornadas y cualquier otra modalidad que se considere conveniente. (Ultimo día antes del receso de los diputados)

2.- Miércoles 14 de octubre: manifestación en vehículos o cualquier otro medio en la zona del Aeropuerto Juan Santamaría, a las 9:00 am, con la participación de compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones, principalmente de la Gran Área Metropolitana. En las mismas condiciones que el próximo martes.

3.- Lunes 19 de octubre Día de la gran Protesta Nacional. Se realizará un llamado a paro nacional. Las condiciones y puntos de movilización se informarán oportunamente

En cualquier caso, sea en vehículo, moto, en bicicleta, a pie debe aplicarse los protocolos sanitarios establecidos.

Saludos.
Martha E. Rodríguez G.
UNDECA.
San José, 03 octubre de 2020”

Para no caer en la trampa de quienes han quebrado nuestras finanzas, el SEC aclara al pueblo costarricense

No cabe duda que estamos en medio de una nueva tormenta, en la cual la clase trabajadora sigue siendo el blanco del ataque incongruente e insensato de las clases económicamente poderosas dominantes quienes han sabido manejar sus piezas, teniendo la complicidad de grupos políticos que durante muchos años han sido actores y cómplices del saqueo a las finanzas estatales.

En el SEC entendemos la importancia y urgencia de salir adelante con esta crisis y tenemos claro que los impuestos son una de muchas herramientas para construir ese panorama esperanzador que como país todas y todos queremos porque con ellos fortalecemos los programas sociales y todo el funcionamiento del Estado. Sin embargo, para resolver esta la situación debe existir justicia, equidad y voluntad política.

Cuando hemos dicho no más impuestos, es no más asfixia contra la clase trabajadora y las familias en general que han visto afectada su estabilidad laboral y familiar por esta pandemia del COVID-19 y pandemia económica.

Que los sectores retrógrados conservadores de la Derecha de este país no se valgan de la inocencia de este pueblo para escudarse y apartarse de sus responsabilidades, porque sí debe haber impuestos para los que eluden y evaden, que graben las grandes empresas nacionales y transnacionales, al sector financiero entre otros, todo en su proporción.

Como SEC tenemos bien interpretado el fino discurso de la derecha neoliberal, cuando exige contención del gasto para que no se les toque sus capitales, para ellos acabar con lo que nos queda del ESTADO SOCIAL DE DERECHO, les vale un comino y eso se evidencia cuando proponen vender nuestras instituciones públicas. ¡No queremos eso para este pueblo!

Esta derecha neoliberal que evade y elude descaradamente mientras el pueblo es desangrado y miles de familias son confinadas a la miseria, tiene que entender que este país es de todos no de unos cuantos.

Juntemos las voluntades para que el barco no se hunda con todas y todos nosotros, salga a flote y se dirija a buen puerto.

Llamamos al Poder Ejecutivo y al Legislativo, que asuman de una vez por todas, esa función que el pueblo espera y que les ha demandado durante muchas décadas. Ustedes tienen en sus manos el destino del país, queremos justicia, no ocupamos endeudarnos más ni entregar nuestra soberanía al FMI.

Pueblo de Costa Rica valoren, escuchen y analicen quiénes son esos que se aferran y se oponen totalmente a los impuestos. Agudicen su visión y aprecien la diferencia de quiénes son los que deben pagar los impuestos.

Ya la clase trabajadora y sus familias no aguantan más esta carga injusta.

Llegó la hora de un Pacto Social que reinvente la Costa Rica del futuro, más justa, equitativa e inclusiva, en la que la riqueza no se concentre en un pequeño grupo de poder.

 

Imagen ilustrativa.

APP a las comunidades de San Ramón y Occidente

A las comunidades de San Ramón y Occidente

28 de setiembre de 2020
(Comunicado público)

A comienzos de este año, una crisis sanitaria se gestó y la misma ha sido la excusa perfecta para que el gobierno apruebe leyes y dicte medidas económicas antidemocráticas y antipopulares.

La pandemia COVID-19 junto a las malintencionadas políticas del gobierno y su amplia mayoría en la Asamblea Legislativa, agravó la crisis económica, política y social, que ya nos afectaba como fruto de 40 años de gobiernos neoliberales, aumentando el desempleo, la pobreza y el cierre de muchos pequeños emprendimientos, situación que ya hemos venido denunciando. POR ESTAS RAZONES EN SAN RAMÓN Y OCCIDENTE LAS APP YA NOS MOVILIZAMOS EL 23 DE JULIO Y EL 9 DE SETIEMBRE 2020.

Ese fue el motivo por el cual nos sumamos a la Gran Caravana Nacional que recorrió el país haciendo eco del lema «Costa Rica no se vende, Costa Rica se defiende «, para denunciar la propuesta del gobierno de negociar un préstamo millonario con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al cual nos oponemos rotundamente porque la solución no está en seguir entregando nuestra soberanía con más deudas y más venta de instituciones públicas a la empresa privada.

Por esto, la Caravana de relevos en San Ramón y Occidente, el pasado 9 de setiembre, tuvo otro objetivo mayor que consistió en constituir una gran Coordinadora Popular de Occidente, donde confluyan grupos de productores agropecuarios y urbanos, organizaciones comunitarias, colectivos de estudiantes, sindicatos y personas dispuestas a enfrentarse a las nefastas políticas del gobierno. Una organización mayor para los Cantones de Occidente donde se logre la articulación social de diversos sectores, con profunda base popular para lograr un verdadero músculo social capaz de sostener sus posiciones de rechazo ante cualquier intento por acabar con nuestro Estado Social de Derecho, pero a la vez siendo capaces de proponer cambios con incidencia nacional hasta lograr una sociedad participativa donde el Soberano asuma todas las potestades que le reconoce la Constitución Política como Primer Poder de la República. También hacemos un llamado a los diferentes grupos y sectores organizados de Occidente a unirse a la Coordinadora Popular de Occidente y a los diferentes Comités Patrióticos Populares ya existentes en algunas comunidades de San Ramón.

Esta Coordinadora Popular de Occidente, de la cual formamos parte, hace suya la invitación de BUSSCO de crear un Frente Nacional de Lucha y Resistencia contra el modelo capitalista neoliberal (FNLR).

Asimismo, la conmemoración de los 199 años de vida independiente por el gobierno de Carlos Alvarado y la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales (UCCAEP) con el apoyo de la mayoría de diputados a la Asamblea Legislativa, se dio en un ambiente de cautela, porque ya se visualizaban los posibles términos con los cuales se negociaría ese préstamo, un préstamo que vendría a reducir aún más la poca independencia, paz y libertad de la que aún gozamos.

Así, como Asambleas Patrióticas Populares (APP) nos oponemos a que se negocie un préstamo con el FMI y respaldamos propuestas económicas que han hecho colectivos como Economía Pluralista, Mujeres en Acción y Mayoría Solidaria cuya visión se centra en atacar los verdaderos problemas de la crisis fiscal como son la evasión y la elusión de impuestos, los fraudes aduaneros, a lo que también se suma la corrupción.

No apoyamos a quienes sólo gritan «no más impuestos», porque entre esos están personas como Otto Guevara, Eli Feinzaig, Álvaro Jenkins nuevo presidente de UCCAEP, y otros que representan al gran capital y son dueños de las empresas beneficiadas por el gobierno con amnistías tributarias y además, no pagan impuestos porque fraudulentamente declaran cero ganancias durante años a pesar de que importan y exportan miles de millones de dólares en sus operaciones.

Y aunque creemos que la manifestación social y el reclamo popular en la calles es justo y necesario, así como un instrumento válido de expresión popular, desistimos de apoyar el llamado que se ha hecho a nivel nacional para el 30 de setiembre, pues quienes lo lideran carecen de legitimidad, no mostraron igual fuerza ni interés ante la lucha con el Combo Fiscal ni contra la Ley Anti huelgas; pero además son oportunistas políticos que están aprovechando el momento para engañosamente cerrar filas hacia su estrategia electoral. Lo que terminará siendo un difusor, distractor y calmante del descontento social, para desvirtuar y debilitar los verdaderos objetivos de nuestra lucha.

ESTAREMOS ATENTOS/AS A LAS NUEVAS CONVOCATORIAS DE LA COORDINADORA POPULAR DE OCCIDENTE (CPO)

Desde las Asambleas Patrióticas Populares (APP) continuamos firmes en la lucha por Justicia Tributaria y Desarrollo Social.
Nosotros seguimos gritando,
¡Que paguen los ricos su crisis fiscal!
¡Que el pobre golpeado ya no puede más!

Evitemos tocar fondo

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

            A las políticas neoliberales que han incrementado la desigualdad y la pobreza en este país, desde la aplicación de las recetas “mágicas” del FMI en la “década perdida” de 1980, simplemente hay que decirles NO por sentido común.

            Han probado hasta la saciedad ser el camino equivocado para el verdadero desarrollo con justicia y paz social. Han contribuido a desmantelar el Estado Social de Derecho. Y, como si fuera poco, han inducido a la quiebra en que se encuentra el Estado.

            Los señores y señoras del FMI, entre otros organismos, como ha señalado recientemente el presidente de México, “deberían ofrecer disculpas” por tan “grave daño” causado al pueblo.

            Nuestra clase política, por su parte, continúa desfasada. Aprueba un Plan Fiscal regresivo, donde los ricos pagan impuestos como pobres y los pobres como ricos. Y ahora va por el mismo camino con su propuesta para la negociación con el FMI. Solo el ser humano es el animal que cae dos veces en el mismo “hueco”. Sin duda, una propuesta para tocar fondo.

            ¿Por qué no atacar de raíz el problema de la evasión, la elusión y las exoneraciones y, de una vez por todas, poner a tributar con justicia? ¿Por qué no poner a tributar a las zonas francas que hacen clavos de oro con el recurso humano calificado de alto nivel que ofrece este país? ¿Por qué no utilizar reservas del Banco Central para paliar temporalmente los efectos de la pandemia? ¿Por qué no renegociar la deuda interna y externa, y en última instancia declarar una moratoria de su pago mientras azote la pandemia? ¿Por qué no gravar las grandes transacciones bancarias y no las de pulpería? ¿Por qué no aumentar el impuesto a la gran propiedad y no a las casas modestas de clase media? ¿Por qué no intervenir al Ministerio de Hacienda para que deje de tratar con manos de seda a las grandes empresas y pagar alquileres millonarios, como lo ha denunciado el ex ministro Rodrigo Chaves?

            La clase política solo atisba a buscar salidas milagrosas que vengan de afuera. Y desconfía de la imaginación y voluntad de los costarricenses para ganarle la batalla a la pandemia y la guerra a la crisis económica y social que arrastramos por varias décadas. Por eso, se resiste al diálogo y a la concertación social.

            No es necesario tocar fondo, tratando con tanta generosidad al FMI. Esta crisis de muchos rostros nos sigue convocando a sacar lo mejor de nuestras capacidades y voluntades. No se trata de andar regateando préstamos como pordioseros en un mar de riquezas concentradas. Para situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias.

            Se trata de levantar la frente y reconocernos como una nación, aunque pequeña en territorio y población, de espíritu grande y valeroso. Hay que apelar a la reserva de solidaridad de nuestro país. Hay señales de voluntad de diversos sectores, para encontrar salidas alternativas.

            Estamos en la encrucijada entre la mesa de negociación intersectorial o el estallido social desde las calles. El gobierno tiene que aceptar que no hay una tercera vía, como pretende. Evitemos tocar fondo.

SEC: el Gobierno nos mintió

No hay duda que la Pandemia Covid-19 ha provocado una distorsión en la economía nacional que desde el colapso financiero de 1929, no se vivía, hasta este 2020.

El diagnóstico del Gobierno es una verdad que todas y todos conocemos. Lógicamente mermaron las exportaciones a países que son nuestros clientes, de igual manera se desaceleraron las importaciones de bienes y servicios, y aunque esto último puede concebirse como algo positivo, lo cierto es que hay un estancamiento en la economía nacional.

Es cierto y evidente que se ha tenido que invertir en una gran cantidad de insumos a nivel de salud, para hacer frente a la pandemia.

Pero el análisis macro y micro económico, que hace el Gobierno, es demasiado tecnocrático, no es una propuesta producto de una amplia negociación con la mayoría de sectores sociales del país.

El documento oficial del Gobierno refleja la posición de esas esferas económicamente poderosas representadas por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada UCCAEP. Por tanto, es mentira que el sector gubernamental escucha y dialoga, para proponer al Fondo Monetario Internacional, como apunta el documento oficial.

Cuando se estudia el documento, en ningún momento y bajo ninguna perspectiva, se encuentra el mínimo interés de gravar a las grandes empresas del capital nacional y transnacional, quedando absolutamente de lado.

¿Cuáles empresas del sector financiero y agrícola como las grandes piñeras: Dole, Hacienda Taboga, Hacienda Aquiares y muchas más, son gravadas, aunque sea con un 0,0001% de renta? La respuesta es sencilla ¡Ninguna!

¿Acaso alguna de las empresas que declararon cero ganancias en los últimos diez años, (y que son más 90), se les tocaron sus intereses? ¡A ninguna!

Debemos apuntar, que es absolutamente demagógico el discurso del Gobierno, cuando señalan que, “está en la línea de mantener el Estado Social de Derecho”.

La propuesta gubernamental, en lo esencial va encaminada a despedazar aún más a la clase trabajadora y a lo que aún queda de la clase media. Afirmamos esto porque plantean un aumento del Impuesto de la Renta a personas físicas, entre ellos pensionados del Magisterio Nacional y salarios en general.

También se señala en el documento, que para el año 2021, el gran acierto será la recaudación de más de un billón de colones, producto del cobro del Impuesto al Valor Agregado IVA.  ¡Un golpe demoledor a la clase media costarricense!

¿Cómo pretenden fortalecer el Estado Social de Derecho, si se plantea un impuesto a todas las propiedades inmuebles que actualmente recaudan las municipalidades, y que no se eliminará, sino que se sumará a este nuevo cobro del Gobierno de 0,50%? Esto destruirá a la clase media.

No se puede desarrollar el Estado Social de Derecho, si al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF, se le disminuye el presupuesto que pagan los patronos de 26,33% a 21,33%, o sea 5%?, entonces ¿Cómo financiar en adelante el bono proteger?

Otro golpe a la clase trabajadora del sector público es la eliminación de anualidades en los próximos cuatro años ¿Cuál democracia económica?

Sirviendo al Fondo Monetario Internacional, el Gobierno se compromete a que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de Reforma al Empleo Público, algo que se viene gestando con insistencia desde la Administración Solís Rivera.

Manteniendo la óptica de afectar en totalidad los más nobles intereses de la clase trabajadora del sector público, el Gobierno le promete al Fondo Monetario Internacional eliminar los pluses, que desde su vaga perspectiva son los grandes distorsionadores del gasto público.

Es inaudito el entreguismo del Gobierno, al plantear que la economía del país se puede sanear con vender activos del Estado.Tenía razón, el Expresidente de la República, Rodrigo Carazo, cuando dijo: “Vender activos del Estado, es vender las joyas de la abuela”. Entonces ¿Cómo es posible que se pretenda vender una empresa que ha demostrado ser altamente rentable como lo es la Fábrica Nacional de Licores FANAL?

Con todo este retrogrado planteamiento del Gobierno, tiene que estarse revolcando en su tumba el Libertador y Expresidente de la República, Juan Rafael Mora Porras, quien, a mediados del siglo XIX, fue el adalid de crear esta cimera empresa estatal, la cual hoy quiere ser vendida.

Lic. Gilberth Díaz Vázquez,
Presidente del SEC

 

Imagen ilustrativa.