Ir al contenido principal

Etiqueta: Estado Social de Derecho

Convocatoria-propuesta para un movimiento nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y las instituciones públicas

SURCOS, recibió la siguiente propuesta para los diferentes sectores de la ciudadanía costarricense para unirse por la defensa del Estado Social de Derecho de nuestro país, propiciando una articulación y alianzas entre grupos con iniciativas ya planteadas y con propuestas de soluciones integrales y conjuntas:

Convocatoria-propuesta para un movimiento nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y las instituciones públicas

En esta hora difícil de la vida del país, proponemos respetuosamente a las asociaciones culturales, cooperativas, sindicatos y centrales sindicales, asociaciones de mujeres, universidades públicas, grupos comunales, grupos artísticos, asociaciones ambientalistas, grupos de científicos y a todos los sectores de la ciudadanía unirse por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense, sus conquistas e instituciones, entre ellas, CCSS, INS, ICE, bancos del Estado, INA y las universidades públicas, de modo que se propicie una articulación, con una agenda común, en la búsqueda de las respuestas necesarias desde la ciudadanía, concernida por la Constitución Política de la República, artículo 9o. Para lograrlo, se procuren alianzas entre grupos con iniciativas ya planteadas y otros, en la tarea de proponer soluciones integrales y conjuntas, ante el momento actual y sus desafíos.

Esa unión de todos los sectores sociales es indispensable para la defensa de la institucionalidad democrática, frente a las acciones de las fuerzas políticas y económicas neoliberales, que impactan fuertemente en la conducción del Estado costarricense, mediante una alianza de partidos políticos, en la Asamblea Legislativa. Esos grupos, desde hace varias décadas, partiendo de los Programas de Ajuste Estructural (PAEs) pretenden cambiar, de manera regresiva, el modelo propio del Estado social costarricense. En la actualidad, ubicados en distintos espacios, están tomando medidas económicas que impactan muy seriamente a la clase media y a los grupos menos favorecidos del país, aprovechando el contexto del COVID-19, que inmoviliza al pueblo costarricense por la cuarentena. Aprobar, en estas circunstancias, leyes y medidas económicas sin fundamentos técnicos, que podrían ser violatorias de los derechos laborales adquiridos, e incluso, algunas de carácter retroactivo, sería un acto lesivo, recordado por generaciones.

En efecto, desde los poderes del Estado, luego de haber hecho recaer el peso de la crisis fiscal sobre el pueblo trabajador y los grupos de jubilados, cargándolos de impuestos, se eximen y perdonan las deudas a los grupos poderosos del capital financiero y empresarial, incluidos a los evasores de impuestos. Paralelamente, se han reducido las libertades de protesta y manifestación públicas, mediante, leyes insólitas, como la “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”. Otras amenazas penden sobre nuestras cabezas, a saber, un pretendido rebajo del 15% de la jornada laboral y la sugerencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de crear un impuesto sobre el salario escolar y el aguinaldo. La meta final de esos sectores parece ser borrar lo que sobrevive del Estado de bienestar costarricense, construido históricamente con el esfuerzo democrático y solidario de las generaciones que nos preceden.

Con ese nuevo estilo de gobierno, se diría que buscan imponer la forma del Estado propio de las sociedades neoliberales, sobre la base del fundamentalismo de mercado y la privatización. Al priorizar los objetivos económicos y una tecnología excluyente, sobre la dignidad de la vida humana, concentran la riqueza y exacerban la brecha social entre pobres y ricos. Se destruyen así las condiciones estructurales sobre las que se edifica la paz social, la dignidad humana, la justicia social, la equidad y la búsqueda del consenso, pilares del estilo de vida democrático costarricense. Con todo ello, se obedece también a los dictados de los organismos internacionales, cuyo propósito es enfatizar una globalización neoliberal en el país, cuando ya está cuestionada y en retroceso en varias partes del mundo. A pesar de haber encontrado resistencia social, estas políticas han logrado colocar a Costa Rica entre los diez países más desiguales del mundo, lo que significa que han producido una enfática polarización social en los últimos cuarenta años.Finalmente, por lo que se ha anunciado, se avecina una escalada mayor, pues la búsqueda de préstamos multimillonarios dejaría a Costa Rica más endeudada y a merced de los organismos internacionales y sus dictados. Es así que sectores del gran empresariado, como el grupo Horizonte Positivo, con el respaldo de la Unión Costarricense de Cámaras empresariales (UCCAEP), han pedido la venta de los activos más lucrativos del Estado, entre ellos, la FANAL y KÖLBI, mientras que, por otra parte, existe la negativa a financiar debidamente instituciones de bien común, tales como la CCSS y las universidades públicas, todo ello, sin que se ofrezca la fundamentación fidedigna.

Ante este escenario, consideramos indispensable la unión del pueblo costarricense y, en consecuencia, hacemos una vehemente excitativa para que se cree un Movimiento Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y sus instituciones, como alianza duradera de todos los sectores sociales frente a los objetivos económicos y las acciones políticas que profundizan las brechas económicas, tecnológicas, legales, culturales y sociales. Se debilita de ese modo a la clase media y se lanza a muchos sectores a una pobreza cada vez mayor.

Se trataría de un movimiento pacífico, en el marco del ordenamiento jurídico costarricense.

Sugerimos los siguientes objetivos, entre otros muchos:

  1. Defender, a partir de una agenda nacional compartida, las garantías constitucionales y sociales que le confieren identidad al Estado costarricense y a sus instituciones, a saber, CCSS, ICE, INS, RECOPE, bancos del Estado, las universidades y demás instituciones públicas, frente a la amenaza de eliminación o privatización, explícita o implícita, muy evidente en el momento actual de crisis sanitaria y social.
  2. Analizar e informar sobre los distintos proyectos de ley, decretos, programas y otros que pretendan direccionar el Estado costarricense hacia los objetivos neoliberales y otros que buscan la polarización económica y social, desoyendo las necesidades de las mayorías o actuando contra ellas.
  3. Informar y alertar a la población costarricense sobre proyectos y programas económicos y otras medidas, como préstamos y firma de tratados internacionales, así como sobre personas físicas y jurídicas que los promueven, atentando contra el Estado Social de Derecho, la democracia y sus instituciones.
  4. Llamar a la población costarricense a analizar y pronunciarse colectivamente sobre actos de corrupción, favorecimiento de las empresas privadas frente a las públicas, traslado o conversión indebida de bienes públicos en privados, deterioro de los servicios públicos, deudas acumuladas y no pagadas a las instituciones públicas y creación de impuestos no equitativos, entre otros.
  5. Denunciar y repudiar las acciones económicas y políticas lesivas contra las mayorías en tiempo de pandemia, o el aprovechamiento de las condiciones de aislamiento social, para impulsar leyes por la vía rápida y sin la discusión política debida, de cara al pueblo costarricense.
  6. Propiciar el diálogo, el análisis y la discusión de todos los temas de interés colectivo mayoritario, tales como proyectos, programas, leyes y decretos de primera importancia para la vida nacional; igualmente, el resguardo de la privacidad de los miembros de la ciudadanía, las estrategias sanitarias y alimentarias ante emergencias y otros similares, procurando el más amplio acceso, mediante plataformas de alcance masivo.

San José, 18 de agosto de 2020

CONVOCATORIA-PROPUESTA PARA UN MOVIMIENTO NACIONAL POR LA DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO COSTARRICENSE Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

LISTADO DE FIRMANTES

Un total de cincuenta y cinco personas son firmantes de este documento:

  1. Alice Ramírez Ramírez. Educadora jubilada. Consultora independiente en temas relacionados con la educación superior y área curricular.
  2. Ana Lorena Ulate Rodríguez. Educadora comprometida con las luchas patrióticas costarricenses. Defensora de los derechos de las mujeres y promotora cultural.
  3. Anacristina Rossi. Escritora, traductora, especialista en estudios de la mujer, ambientalista y profesora universitaria, Universidad de Costa Rica.
  4. Aquiles Jiménez Arias. Escultor, dos veces Premio Nacional Aquileo Echeverría en escultura.
  5. Arnoldo Mora Rodríguez. Filósofo costarricense, académico distinguido de varias universidades, Premio Nacional Aquileo J. Echeverría y Premio Joaquín García Monge, Miembro de la Academia Costarricense de la Lengua.
  6. Carmen Camacho Rodríguez. Socióloga, docente universitaria, investigadora y consultora internacional.
  7. Carmen María Méndez Navas. Catedrática jubilada, UNA-UCR; doctora en Cultura Artística Centroamericana. Directora de la Fundación Academia ACUA. Exdirectora General de la Orquesta Sinfónica Nacional.
  8. Daniel Camacho Monge. Abogado, académico, Profesor Emérito de la UCR, sociólogo de muy destacada trayectoria nacional e internacional.
  9. Eduardo Madrigal Muñoz. Doctor en Historia, profesor catedrático de UCR e investigador (CIICLA-UCR)
  10. Federico Molina Campos. Pianista y educador de la Escuela de Artes Musicales, UCR. Pianista titular de la Compañía Lírica en dos oportunidades, cofundador de la Orquesta Sinfónica Municipal de Cartago.
  11. Flora Fernández Amón. Administradora de Empresas, empresaria. Fue parte de la Comisión Económica para América Latina.
  12. Gabriel Mejía Ramírez. Catedrático jubilado, Doctor en Educación, consultor internacional, autor de varios libros sobre educación para la salud y la tercera edad.
  13. Gerardo Meza Sandoval. Pianista con un doctorado interdisciplinario en Letras y Artes de la Universidad Nacional.
  14. Giselle Virginia Chang Vargas. Antropóloga, doctorado en Sociedad y Cultura. Premio UNESCO, Premio Tenerife, España, autora, editora, experta en patrimonio cultural.
  15. Grettel Balmaceda García. Maestría en Salud Pública. Exfuncionaria del Ministerio Salud. Docente de UCIMED y UNED.
  16. Guillermo Miranda Camacho. Sociólogo, especialista en Sociología de la Educación, Doctor en Educación. Catedrático jubilado, UNA-UCR.
  17. Hannia Franceschi Barraza. Especialista en trabajo social y desarrollo sostenible.
  18. Harry Castillo Valle. Ingeniero Químico. Investigador jubilado de la Escuela de Ingeniería Química de la UCR.
  19. Hazel Vargas Zeledón. Catedrática jubilada UNA y UCR. Ex decana Centro de Estudios Generales UNA, Ex Secretaria Adjunta del CSUCA.
  20. Henry G. Arce Arce. Fundador del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT) de la UNA.
  21. Henry Orlando Vargas Benavides. Catedrático, Fundación InterArtes.
  22. Isabel Zúñiga Narváez. Educadora.
  23. Javier Solís Herrera. Periodista y teólogo. Diputado en el período 1986-1990.
  24. Jorge Eduardo Carmona Ruiz. Pianista, doctor en Cultura Musical Centroamericana, miembro Comisión CR-UNESCO, miembro FLADEM, Premio Nacional de Música. Catedrático jubilado, UCR.
  25. Jorge Hernández Cascante. Sociólogo. Estudios sobre campesinado.
  26. José Luis Vega Carballo. Sociólogo. Académico jubilado. Dedicado a investigar, escribir y promocionar causas de la lucha social.
  27. José Solano Alpízar. Historiador y pedagogo, doctor en Ciencias Humanas, con Mención en Análisis del Discurso y la Cultura.
  28. Julieta Dobles Yzaguirre. Poeta, Premio Magón, catedrática jubilada UCR, Miembro de la Academia Costarricense de la Lengua.
  29. Leiner Vargas Alfaro. Economista. Profesor e Investigador del CINPE-UNA. Profesor invitado en varias universidades de Europa.
  30. Lorena Flores Solano. Profesora jubilada, ex coordinadora de la Oficina de Pensiones de APSE.
  31. Luis Jorge Poveda Álvarez. Biólogo, taxónomo. Cofundador del Herbario Juvenal Valerio de la UNA. Profesor Emérito. Investigador de antioxidantes para beneficio de la salud, identificación de plantas medicinales contra el cáncer.
  32. Luis Paulino Vargas Solís. Economista, catedrático universitario, académico del CICDE-UNED. Ha publicado doce libros y diversos artículos científicos. Premio Nacional Aquileo Echeverría.
  33. Luis Sánchez Chaves. Catedrático, especialista en apicultura tropical. Coordinador de la Maestría en Apicultura del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT)-UNA.
  34. Macarena Barahona Riera. Catedrática UCR. Investigadora en temas culturales, políticos y de las humanidades; poeta.
  35. Magda Zavala. Escritora, catedrática UNA, investigadora y gestora cultural. Fundadora, entre otros, de Asociación Costarricense de Escritoras y Revista ÍSTMICA.
  36. María Elena Salazar. Profesora. Dirigente magisterial y sindical, activista social, miembro del Consejo Consultivo de CONAPAM.
  37. María del Rosario Alfaro González. Catedrática Jubilada. Especialista en Ciencias Ambientales. Consultora Ambiental internacional. Impulsora del programa Calidad del aire (ProEco) para Centroamérica y Panamá.
  38. Mariano Rodríguez Pacheco. Profesor en la enseñanza del Francés, jubilado; Exsecretario General de APSE (2011-2013).
  39. Marino Protti Quesada. Geólogo. Catedrático del Ovsicori, UNA, Premio Nacional de Ciencia y Tecnología “Clodomiro Picado Twight”, Miembro de la Academia Nacional de Ciencias.
  40. Mario Alfagüell. Catedrático jubilado UCR, pianista y compositor. Premio Ones (España), Premio Nacional Aquileo J. Echeverría (3 veces), Premio Áncora (2 veces), Premio Jorge Volio y obra seleccionada en TRIMALCA.
  41. Mario Devandas Brenes. Doctor en Educación, Exdiputado (1978-1982), fundador de FENATRAP, cofundador del Frente Nacional por la Seguridad Social, Representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS.
  42. Maynor Carranza Varela. Investigador del Herbario Juvenal Valerio de la UNA, colaborador en la recolección, identificación plantas como potenciales antioxidantes.
  43. Melvin Durán Carballo. Empresario.
  44. Leda Méndez. Abogada, activista social.
  45. Michael McCoy. Biólogo, cofundador del Programa de Maestría de Vida Silvestre, UNA. Diversas publicaciones sobre conservación y manejo de la Fauna Silvestre.
  46. Miguel Picado Gatjens. Teólogo, presbítero católico, investigador, catedrático, UNA; historiador.
  47. Osvaldo Durán Castro. Sociólogo y ecologista. Catedrático Instituto Tecnológico de Costa Rica.
  48. Pablo Sánchez Vindas. Botánico, cofundador del Herbario Juvenal Valerio, taxónomo e investigador de antioxidantes para beneficio de la salud. Autor de varios libros sobre plantas.
  49. Raziel Acevedo Álvarez. Musicólogo, investigador. Catedrático de la Sede de Guanacaste, amplia producción investigativa, UCR.
  50. Roberto Villalobos Ardón. Arquitecto, Rector ITCR 1983-1987, miembro de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, presidió el Colegio de Arquitectos de Costa Rica entre 1982-1984.
  51. Ronald Bonilla Carvajal. Escritor. Maestro de talleres literarios. Premio Nacional de Cultura Magón.
  52. Roxana Salazar Bonilla. Artista plástica. Profesora jubilada. Fungió como directora del Museo de San Ramón y directora de la Sede de Occidente, UCR, en San Ramón.
  53. Vera Ramírez Marín. Abogada.
  54. Virginia Vargas. Economista, empresaria, activista en derechos de las mujeres
  55. Walter Antillón Montealegre. Jurista y académico, Profesor Emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Nota final

Las organizaciones y personas interesadas en mayor información sobre esta iniciativa pueden comunicarse con el grupo proponente en el siguiente correo electrónico: redcientificocultural@gmail.com

Políticas de austericidio

Óscar Madrigal

El Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) de la CCSS recibió ¢52.000 millones MENOS en ingresos corrientes en este primer semestre comparado con el de 2019, según la Contraloría.

El Gobierno debía transferirle a la Caja 146.000 millones, pero solo le pasó 91.400, es decir, 54.600 millones de colones MENOS. Esto, aducen, se debe a la situación fiscal.

Como se observa, las políticas de austeridad no se detienen ni siquiera respecto a las instituciones que están enfrentando la emergencia sanitaria.

Por un lado, el Gobierno informa que trasferirá ¢28.000 para saldar la deuda de la CCSS, pero por otro le deja de pagar más de ¢54.000 millones.

Producto de las políticas de austeridad se está dejando sin el financiamiento debido a la Caja en momentos que más requiere del apoyo financiero. Por ello a estas políticas más que de austeridad les llaman de austericidio.

Foro Confluencia Solidaria: QUÉ NOS CONVOCA

Por una Costa Rica justa y solidaria

¿Cuál es la situación actual de Costa Rica?

La crisis sanitaria, económica y social generada por la COVID-19 se superpone a una crisis que ya existía, relacionada con el modelo de desarrollo impulsado en nuestro país en las últimas décadas. El bicentenario de la Independencia de Costa Rica llega en un momento crítico del devenir nacional.

Las políticas dominantes en el país han favorecido un inaceptable aumento de la exclusión y la inequidad. Presenciamos una actitud depredadora del ambiente y destructora de las riquezas naturales que son parte de nuestros bienes comunes. Se concibe la vida misma desde una óptica individualista y mercantil. Este escenario de exclusión, inequidad y deterioro ambiental se ha agravado con la pandemia de COVID-19.

La creciente desigualdad ha debilitado seriamente el tejido social. El espacio para la deliberación y el diálogo se ha estrechado significativamente. Nos encontramos en una disyuntiva entre la profundización de tendencias autoritarias o la ampliación de la participación ciudadana y popular.

En las últimas décadas se ha consolidado un bloque de poder político y económico alrededor de una propuesta conservadora y regresiva decidido a desarticular la institucionalidad pública gestada en el marco del estado social de derecho. Más de cuatro décadas de evidencia incuestionable demuestran que el camino propuesto por estos grupos solo llevaría a hacer más profunda la situación dramática que ya viven amplios sectores de nuestra población.

Esta crisis de largo aliento ha obligado a reflexionar a escala global sobre los conceptos de desarrollo, progreso y bienestar. Surgen cuestionamientos sobre el destino de las sociedades y las formas de construir entornos que permitan el desarrollo pleno de todas las personas en un contexto de cuidado del ambiente y procura del bien común. Nos encontramos en una encrucijada en la que se están definiendo aspectos esenciales de la vida futura.

En la base del tejido social costarricense y de las organizaciones de la sociedad civil, la actual pandemia ha permitido fortalecer procesos colectivos y comunitarios centrados en visiones generosas y solidarias para la convivencia, el bienestar general, el desarrollo espiritual, y el cuidado de la vida, en armonía con el ambiente. Son estos sectores y estos procesos los que están llamados a marcar nuevos rumbos a nuestro país.

Es necesario que toda esta energía creativa y solidaria lleve a confluencias para posibilitar propuestas en ámbitos muy variados de la vida, las cuales deben venir de

procesos democráticos participativos, construidos desde una amplia base social. En este contexto ha surgido el Foro Confluencia Solidaria.

¿Qué es el Foro Confluencia Solidaria?

Este Foro constituye un espacio amplio para reflexionar y analizar la situación del país, y para gestar opciones dirigidas a la construcción colectiva de una sociedad que esté marcada por la solidaridad, la equidad, la amplia participación ciudadana, el respeto a la diversidad, la armonía en nuestra relación con el ambiente, la vivencia ecuménica, la dignidad de las personas y, en general, el cuidado de la vida en todas sus manifestaciones. Confluencia Solidaria no pretende convertirse en un partido político. Es un espacio para debatir, dialogar, reflexionar, encontrar coincidencias e imaginar el país que necesitamos. Para ello, se propone trabajar, entre otros, en los siguientes ejes temáticos:

(1) Fomento de una auténtica democracia participativa, desde lo local a lo nacional, y con procesos transparentes de permanente diálogo social, en los que participen todos los sectores de la ciudadanía, para definir los rumbos del país. Constitucionalmente Costa Rica es una democracia participativa. El control ciudadano de las autoridades del Estado, conforme al artículo 9 de la Constitución Política, debe ser permanente porque el Pueblo es el Soberano.

(2) Gestación de un sistema tributario justo y progresivo, que garantice que quienes más tienen contribuyan más al bienestar colectivo y elimine la evasión y la elusión fiscales, Para asegurar condiciones de vida digna sin exclusiones de ningún tipo

(3) Protección, defensa y fortalecimiento de la institucionalidad pública y del estado social de derecho, así como de los bienes comunes.

(4) Estímulo al desarrollo de un tejido económico justo, con amplia participación comunitaria en la producción de riqueza en todas las regiones del país, basado en el trabajo digno, procurando la autosuficiencia nacional y la soberanía alimentaria. La economía debe estar subordinada a la ética del bien común.

(5) Defensa del ambiente y gestación de formas armoniosas y equilibradas de relación con el medio natural en el cual se desenvuelve la sociedad, bajo el paradigma del cuidado, en beneficio de las actuales y las futuras generaciones.

(6) Lucha permanente por los derechos de las mujeres, y por su plena igualdad en la vida política, social, económica y cultural del país.

(7) Reconocimiento y valoración del papel social y económico de las actividades y trabajos relacionados con los cuidados de las personas en espacios diversos de la sociedad, haciendo énfasis en el rol central de las mujeres en los mismos.

(8) Consolidación, apoyo y promoción de una cultura centrada en un respeto profundo a la dignidad de todas las personas, basada en la inclusión y el reconocimiento y valoración de la amplia diversidad cultural que caracteriza a Costa Rica.

¿Cuál es la base ética del Foro Confluencia Solidaria?

Confluencia Solidaria se basa en una plataforma ética centrada en la dignidad de las personas y el derecho al desarrollo de sus potencialidades -en un marco de equidad, solidaridad, honestidad, creatividad y cuidado de la vida- como valores esenciales de la sociedad. Es decir, una convivencia social donde los bienes materiales, culturales y espirituales estén al servicio de la satisfacción de las necesidades fundamentales, para la reproducción de la vida humana en comunión con la naturaleza.

Confluencia Solidaria busca catalizar procesos mediante los cuales las diversas iniciativas surgidas desde la base social puedan fortalecerse, relacionarse y cooperar con miras a la gestación de esa sociedad marcada por dichos valores. No pretende cooptar las iniciativas surgidas desde la base social, comunitaria e institucional, sino constituirse en un espacio de profundo respeto a la diversidad de estos procesos y a las propuestas que de ellos surjan. El diálogo fructífero y horizontal, así como la búsqueda de espacios de encuentro en ese marco de respeto, deberán marcar la pauta de esta iniciativa.

Las propuestas, iniciativas y actividades que sean facilitadas por Confluencia Solidaria serán de carácter público y procurarán beneficiar a los sectores, personas y organizaciones que quieran utilizarlas en sus espacios de trabajo, de organización y de reflexión.

Llamado a la construcción de una sociedad justa y solidaria

Las urgencias del presente convocan el acercamiento y la participación de sectores amplios y diversos, los cuales, desde la heterogeneidad de sus experiencias, perspectivas y campos de acción, encuentren caminos para una sociedad justa, digna, solidaria y próspera. Este es el gran reto de las fuerzas vivas y democráticas de la sociedad costarricense. Que la pluralidad de voces de nuestra sociedad se haga escuchar para lograr un nuevo pacto social justo, marcado por la dignidad y la procura del bien común.

En la víspera de la celebración del bicentenario de la Independencia de Costa Rica, invitamos a las ciudadanas y los ciudadanos, y a los sectores y grupos organizados de la sociedad que comparten esta visión de país, para que nos apropiemos de este Foro, y entre todas y todos construyamos una convivencia justa, digna y solidaria.

Publicado en https://confluenciasolidaria.org/

En los bordes del abismo de la irracionalidad

Rogelio Cedeño Castro, catedrático UNA

Nunca como ahora, y a lo largo de las dos décadas transcurridas desde que dio inicio el nuevo siglo, habíamos experimentado con tal grado de intensidad, ansiedad e incluso terror, el profundo desencuentro entre los sobrevalorados logros materiales de la civilización en la que vivimos y los requerimientos efectivos del ser humano de carne y hueso para alcanzar una existencia digna y creadora, tanto en términos de la cultura como de las condiciones materiales que deberían permitirla, las que se encuentran hoy amenazadas por ese desencuentro tan dramático, que se ha visto acelerado por la hegemonía de fuerzas totalitarias y deshumanizantes, cuyas únicas metas están regidas por la religión secular del mercado, a la que se unen con mucha más frecuencia de la que pudiéramos imaginar, las versiones más degradadas de las viejas religiones monoteístas salvacionistas, en especial el cristianismo (Darcy Ribeiro), hoy convertidas en mecanismos de una cultura de muerte y degradación, aunque sus portavoces más visibles aseguren estar actuando en nombre de los más elevados valores, otorgados por una deidad suprema.

La lógica intrínseca del mecanismo insondable que nos conduce hacia la destrucción como una nave al parecer sin control alguno, operando dentro de unas presuntas metas supremas que sólo buscan el crecimiento económico per se y el enriquecimiento de unos pocos, negando en los hechos el bienestar, y hasta la salud de los seres humanos, conforman el desiderátum de una civilización desbocada, que más allá de sus oropeles no logra ocultar siquiera un poco, su intencionalidad a ratos homicida, e incluso suicida en tiempos del Covid 19.

La tenaz, heroica, y casi siempre solitaria resistencia de los pueblos originarios de este continente, como uno de los pocos grupos humanos que parecen darse cuenta, o presienten las consecuencias finales de la destructividad de esta civilización, tanto como de sus aceleradas dinámicas de irracionalidad, es algo contrastante en medio del desenfreno de la ya anunciada cuarta revolución industrial, como una especie de muerte piadosa para miles de trabajadores. Frente a esa resistencia tenaz de mapuches en Chile y Argentina, aymaras o quechuas en los altiplanos perubolivianos, bribris o cabécares en Costa Rica, paez en Colombia e innumerables etnias en Brasil, en Panamá, Honduras, Guatemala y México entre otros países, nos encontramos con que esta maquinaria, ha respondido asesinándolos literalmente, o acelerando los procesos etnocidas que implican su destrucción cultural, como un paso previo a su conversión postrera.

Tampoco este orden de cosas se concilia con el funcionamiento de una democracia efectiva, con participación de sectores amplios de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones, la que ha sido siempre algo mítico o utópico en el mal sentido del término en los países de la región, pues para las élites del poder es algo más grave que una herejía. Sucede que la democracia opera con un doble standard, de tal manera que por un lado resulta un estorbo para los poderes fácticos interesados en dar el asalto final al estado social en derecho en países como Costa Rica, pero por el otro su sola enunciación opera como un conjuro mágico para acallar las voces disidentes que reclaman la necesidad de su existencia efectiva.

El totalitarismo ramplón en el que se mueven ciertas élites de nuestros días les exige controlar o disminuir la cultura o lo cultural hasta la insignificancia, tanto como la producción de conocimiento científico libre de las ataduras de los poderes fácticos, de ahí el ataque frontal a la autonomía universitaria disfrazado de preocupaciones presupuestarias e incluso, al parecer éticas, llegando a asegurar que les interesan las investigaciones científicas y el acceso de la población joven a la educación superior. El grado de violencia de estas expresiones del neofascismo ha alcanzado un rango ya muy elevado, sólo necesitan pasar de la violencia simbólica a la violencia física, tomemos nota.

 

*Imagen de cabecera: https://como-funciona.com

BUSSCO: Futuro de IVM de la CCSS debe revisarse con diálogo participativo

El Bloque Sindical y Social Costarricense, BUSSCO, compartió con SURCOS una carta enviada a la junta directiva de la CCSS en la cual solicita: “1. En aras de la paz social y el ejercicio democrático, se suspenda el trámite de la reforma del Reglamento IVM. 2.Que se convoque a una Mesa de Diálogo con la participación de los sectores sociales (para que) se discuta el futuro de las personas adultas mayores en Costa Rica, la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y que garantice calidad de vida a las personas trabajadoras”. La siguiente es la nota:

Señores y señoras
Román Macaya Hayes
María de los Ángeles Solís Umaña
Fabiola Abarca Jiménez
Marielos Alfaro Murillo
Christian Steinvorth Steffen
Bernal Aragón Barquero
José Luis Loría Chaves
Maritza Jiménez Aguilar
Mario Devandas Brenes
Junta Directiva
CCSS

Estimados (as) señores (as):

El Bloque Sindical y Social Costarricense, BUSSCO, que reúne a más de 60 organizaciones sindicales y sociales, ha sido informado por los medios de comunicación que la Junta Directiva pretende reformar el régimen de pensiones IVM, en forma unilateral, sin ningún proceso de análisis y debate público, como corresponde a una democracia y congruente con el mandato constitucional de un gobierno participativo.

Un asunto de esta trascendencia no se puede dirigir y resolver de esa manera, por lo que, de una vez manifestamos, que estamos solicitando que se suspenda cualquier intento de reforma, y en consecuencia, se disponga una mesa de diálogo social para el debate del tema, previa rendición de cuentas a los trabajadores de la gestión y la implementación de las sucesivas reformas.

Esa pretendida reforma, sin una validación de los estudios actuariales, se convierte en un “acto de fe”, desprovisto de rigurosidad técnica y legitimidad social, que no existe la menor duda que sería rechazado rotundamente por amplios sectores de la sociedad costarricense.

Esperamos que no se estén anteponiendo los intereses mezquinos de un reducido sector sobre los intereses de la gran mayoría de nuestro pueblo trabajador.

Justificada desconfianza en los Estudios Actuariales

En el año 2017, la Junta Directiva, como se hizo en el 2005, invitó a los sectores sociales a una Mesa de Diálogo, nombrándose representaciones del sector laboral, patronal y del gobierno, con la finalidad de buscar soluciones que garantizaran la sostenibilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.

En esa ocasión, ante serios cuestionamientos al estudio actuarial realizado por la Escuela de Matemáticas, contratado por la propia Caja, se solicitó a la Organización Internacional del Trabajo una visión de la reforma de pensiones en Costa Rica y un análisis del cuestionado estudio actuarial.

La OIT advirtió en la nota entregada y durante la presentación a la Mesa, graves deficiencias metodológicas de ese estudio, que desvirtuaron totalmente sus resultados, viciado de graves gazapos.

Entre las tantas inconsistencias advertidas, algunas elementales, destacan que no diferenció entre cotizantes activos y pasivos, sobreestimó el número de cotizantes, y en consecuencia, infló la cantidad de personas con derecho a pensión.

Además, se sobreestimó la formalización del empleo y se cuestionó la fórmula de cálculo para el monto de la pensión: “es como si los salarios de Costa Rica, fueran trasladados para financiar pensiones de Noruega.”

Posterior a la reforma del 2017, expertos muy calificados en especialidades matemáticas y actuariales, Juan José Víquez Rodríguez, Edgar Robles Cordero y Luis Rosero Bixby, realizaron una revisión técnica del Estudio de sostenibilidad del IVM, quienes señalaron falencias, omisiones y errores técnicos del Estudio del equipo de la Escuela de Matemáticas que realizó el estudio del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, concluyendo que los resultados son inválidos, los cuales correspondían a un escenario pesimista sin ningún fundamento técnico.

Estas debilidades y falencias han causado una justificada falta de confianza en los estudios actuariales, ya sea realizados directamente o contratados por la Caja, por lo que lo más conveniente es una validación de un órgano con experiencia en seguridad social, que no tenemos ninguna que la OIT es un órgano con una gran experiencia y experticia en esta materia.

Reforma del 2017

En la mesa tripartita de diálogo, de 2017, que fue acompañada por diversos sectores e instituciones, se acordaron 33 recomendaciones, que fueron acogidas por la Junta Directiva, producto de un esfuerzo y el mayor consenso de trabajadores, patronos y Estado, para dar sostenibilidad por lo menos 20 años (2038) al régimen, con propuestas paramétricas y no paramétricas, entre ellos la aceleración de los escalones contributivos.

Las recomendaciones finales de la Mesa de Diálogo fueron de orden estratégico, metodológico, incluyendo recomendaciones de regulación normativa para evitar la evasión y la morosidad y una sana gestión administrativa.

También se acordó la presentación de informes anuales de gestión, que a la fecha no se ha cumplido, mucho menos los compromisos adquiridos por el Estado en la Mesa de Dialogo del RIVM.

Una precipitada e inconsulta propuesta de reforma fundamentada en un elemental informe

Preocupa y extraña sobremanera que la propuesta de reforma del reglamento IVM que se pretende acordar, a golpe de tambor, se fundamente en un elemental informe elaborado por un Grupo de Trabajo, conformado por 2 gerentes: Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones y Luis Diego Calderón Villalobos, Gerente Financiero, el Ing. Ubaldo Carrillo Cubillo, Director Administración de Pensiones, el M.Sc. Cristian Torres Jiménez, Jefe Área Actuarial, Dirección Actuarial, con el equipo asesor correspondiente.

Aunque la reforma anterior se aprobó a finales del año 2017, la Junta Directiva acuerda que la “Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, al 31 de diciembre de 2018”, sería un “insumo inicial básico de los grupos de análisis que se conformen con el propósito de plantear planes de fortalecimiento del Seguro de Pensiones de la CCSS.”

Sin embargo, en lugar de planes de fortalecimiento lo que se presentó a la Junta Directiva son exclusivamente reformas paramétricas, con graves consecuencias para trabajadores, patronos y Estado, a menos que como en otras ocasiones se quiera cargar la reforma solo en las personas trabajadoras.

Las reformas propuestas

Resulta tentador para los jerarcas proponer cambios en el perfil de beneficios, edades de retiro y contribuciones, con el criterio de esos parámetros “sí están en control de la CCSS” y descartando, a priori, la búsqueda de nuevas formas de financiamiento porque “es lento y engorroso”.

Nuestras observaciones preliminares a las propuestas:

Las propuestas para todos los trabajadores del país

Plan 1 – Elimina totalmente el retiro anticipado.
Plan 2 – Aumenta la edad para el retiro anticipado: hombres a los 64 años con 30 años cotizados y mujeres a los 62 años, con más de 37 años cotizados.
– Disminuye el monto de pensión: > Utiliza el promedio de toda la vida laboral para el salario de referencia > La pensión se calcula con el 40%, 45% y 50% del salario de referencia. > Aumenta en 5 años el requisito para reconocer mes adicional cotizado
– Aumento contribuciones: incremento en 5,5% tripartito. De 10,66 a 15,16%.
Plan 3 – Elimina y aumenta la edad para el retiro anticipado: lo elimina para los hombres. Las mujeres aumentan la edad a 62 años con más de 37 años cotizados.
– Disminuye el monto de pensión: > Utiliza el promedio de toda la vida laboral para el salario de referencia > La pensión se calcula con un 45% del salario de referencia. > Aumenta en 5 años el requisito para reconocer mes adicional cotizado
– Aumento contribuciones: incremento de 5,5% tripartito. De 10,66 a 15,16%.

 

1.- Nuevas condiciones para el retiro anticipado

Se elimina el incentivo a la larga cotización durante la vida laboral al eliminar el retiro anticipado, incrementar la edad o mantenerlo solo para las mujeres, no visibiliza que para lograr ese beneficio se debe cotizar por casi 40 años, desconoce que hay grupos ocupacionales con esas contribuciones que tienen una expectativa de vida menor y que ya existen personas trabajadoras que han cotizado por más de 20, 30 o más años y que han mantenido que ya han cotizado 30 o más años con la expectativa de lograr una pensión adelantada.

Finalmente, en el caso de las mujeres alarma que la administración de una institución de seguridad social, mantenga una visión patriarcal del trabajo, obviando el trabajo no remunerado de las mujeres trabajadoras, su papel como cuidadoras y el aporte a la sociedad, desconociendo los avances en acciones afirmativas a favor de las mujeres.

2.- Disminuir el monto de las pensiones

a.- Modifica la Fórmula de cálculo del salario de referencia

En el 2005 cuando se reformó la formula se tenía el objetivo de desincentivar que las personas contribuyeran mayoritariamente durante los últimos 5 años, para obtener mejores pensiones sin que se hubiera cotizado.

La regresiva propuesta disminuye considerablemente el salario de referencia, al utilizar la totalidad de los salarios cotizados, con el consiguiente decrecimiento del monto de la pensión.

b.- Reducción del monto en un rango entre 40-50% del salario de referencia.

El porcentaje de reemplazo del salario ha venido en caída libre desde los años 90, llegando en el 2005 a definir 8 estratos con respecto a los salarios mínimos, cuyos rangos oscilan entre un 43% y un 52,5%.

La agresiva propuesta establece rangos de 40%, 45% y 50% para el monto de pensión; una medida mucho más injusta para los sectores más vulnerables.

Por otra parte, no es cierto que los regímenes complementarios estén sustituyendo la reducción de los beneficios en el régimen básico, en este caso el RIVM.

3.- Aumento de las contribuciones

Como si lo anterior no fuera suficiente gravoso, la propuesta de aumentar en un 5,5% la contribución tripartita, mediante ajustes cada 3 años, desde el año 2020, pasando de un 10,66% a 15,16%, es un coste muy alto.

4.- Reducción de la cuantía adicional

El objetivo de esta modalidad es la permanencia en el sistema y pretender no calcularlo a partir de los 20 años, sino a los 25 años cotizados, no incentiva a la permanencia en el sistema, eliminando el 1% anual por cuantía adicional.

Con fundamento en lo expuesto se concluye que no se trata de una reforma de baja intensidad, sino de una reforma estructural, de implicaciones profundas, la cual no puede ser discutida en un consistorio secreto.

La reforma que se justifique debe implicar un proceso de diálogo social, amplio, transparente, que incluya la participación de los actores sociales.

Con fundamento en los motivos expuesto, solicitamos:

  1. En primer lugar, en aras de la paz social y el ejercicio democrático, se suspenda el trámite de la reforma del Reglamento IVM.
  2. En segundo lugar, que se convoque a una Mesa de Diálogo, que con la participación de los sectores sociales se discuta el futuro de las personas adultas mayores en Costa Rica, la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y que garantice calidad de vida a las personas trabajadoras.

Solicitamos que esta petición se resuelva dentro del plazo de ley.

Sin otro particular, suscribe atentamente,

P/ Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, BUSSCO.

Martha Elena Rodríguez González.
Secretaria General Adjunta UNDECA.
Comisión Política, BUSSCO.

Copias:

Sr. Carlos Alvarado Quesada, Presidente República de Costa Rica.
Sra. Carmen Moreno González, Directora Oficina de la OIT en Costa Rica, OIT.
Sra. Giannina Dinarte Romero, Ministra; Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.MTSS
Sra. Patricia Mora Castellanos, Ministra; Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU
Sra. Catalina Crespo Sancho, Defensora; Defensoría de los Habitantes, CCSS.
Movimiento sindical y Social.
Trabajadores y trabajadoras.
Archivo.

Foto: Semanario Universidad.

La ignorancia, la educación y el poder en la pandemia

Juan Huaylupo Alcázar[1]

La ignorancia ha sido usada como epíteto contra adversarios, sin embargo, no existe nadie que carezca de conocimiento, todos poseemos conocimientos, pero nadie tiene los mismos conocimientos ni posee todos los conocimientos existentes. Así, todos somos ignorantes y sabedores de muchos conocimientos. No es un atentado contra la autoestima reconocerse ignorante, sin embargo, es vergonzoso no reconocerlo, porque la autosuficiencia omnisapiente del ignorante, es una posición atrevida, absurda y contradictoria.

Tampoco la ignorancia puede ser interpretada como contraria a la ciencia, pues la ciencia admite su ignorancia para superar sus propios conocimientos, descubrir nuevas realidades y crear nuevas explicaciones de realidades desconocidas. T.S. Eliot, en 1928, lo sintetiza en un ensayo: “No debemos dejar de explorar. Y al final de nuestras exploraciones llegaremos al lugar del que partimos, y lo conoceremos por primera vez” y lo reiteraba en un poema en 1934: “Todo nuestro conocimiento nos acerca a nuestra ignorancia”. La ciencia omnicomprensiva no existe, imaginarla absoluta, dogmática o estática, contradice lo que pretende comprender y explicar.

El sabernos ignorantes tampoco es motivo de satisfacción en las relaciones con las personas, organizaciones, la sociedad y el mundo, pues al desconocer el medio donde vivimos y trabajamos y nos relacionamos, perdemos libertad y somos víctimas de quienes pretenden modelar y dominar el devenir de los otros. Las nuevas interpretaciones son exigencias cognoscitivas, ante un mundo que se modifica radicalmente. Creer que todo puede seguir igual en medios convulsos, inciertos e imprevisibles, es sin duda, un conservadurismo regresivo, que impulsa prácticas caducas y fallidas. El nuevo conocimiento crea dudas, interrogantes y cuestiona lo que creíamos saber y dominar, luego aferrarse al pasado, sin reconocer el dinamismo del presente, satisface nuestras creencias y reafirma ideologías, pero alejadas y separadas de los acontecimientos y realidades que se reconstruyen permanente. Somos ignorantes de nuestra propia ignorancia, imposibilitados de reconocer y descifrar las inconsistencias de las creencias, ideologías, prejuicios y contradicciones del devenir cotidiano.

En el presente costarricense donde prevalece la autocracia sobre la democracia, la certidumbre sobre la relatividad de un mundo incierto y dinámico, es un absurdo sustentarse en falsos e inexistentes universos absolutos, aunque no pocos graduados universitarios pregonan y aplican repetitivas y estandarizadas certezas, a pesar que las realidades requieren interpretaciones particulares, complejas y holísticas. Aspectos sobre los que no se habla, analiza ni discute, por el contrario, se difunde mediáticamente e incluso se difunden en las aulas de algunas universidades, donde no importan las inconsistencias ni las contradicciones, pues se repite lo que muchos creen y hacen, sea por tradición, creencias, ideologías, prejuicios, estereotipos o por prácticas impuestas desde poderes ignorantes. El desarrollo del quehacer científico e investigativo convierte en conocimiento vulgar el pensamiento predominante, así como revela totalitarismo en algunas de las autodenominadas democracias.

La ignorancia sobre la falsedad de las certezas o verdades disciplinarias, no solo afecta el conocimiento sobre la situación y condición de la realidad, sea esta individual, social u organizacional, también puede tener efectos perniciosos en los negocios, la salud, el bienestar o el desarrollo, cuando se toman decisiones sobre realidades que se desconocen o que se pretenden modelar al antojo e interés.

Así, cuando los actuarios estiman que el régimen de pensión es insostenible, proponen aritméticamente, el aumento de las cotizaciones y cuotas, encubriendo ineficiencias administrativas y transgresiones políticas a los ciudadanos y justifican que sean los trabajadores quienes resuelvan la crisis fiscal del gobierno. De modo similar, las operadoras del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) se apropian y deciden sobre los dineros que no les pertenecen y en casos excepcionales, -como posiblemente se aprobará a partir del 28 de julio en la Asamblea Legislativa-, se devolverán parcial y en eternos tractos a sus dueños, que deberán demostrar a la burocracia estar sin trabajo remunerado, a pesar que la crisis muchos trabajadores están impedidos de satisfacer sus necesidades e inclusive afecta su alimentación y salud familiar, lo cual es evidente y no requiere demostración ni certificación patronal alguna.

Las necesidades básicas insatisfechas de los asalariados inciden en sus demandas por reanudar sus labores para la obtención del salario de subsistencia, esa es su verdad, la cual coincide con las exigencias empresariales por la apertura de sus negocios para seguir obteniendo ganancias, -en muchas pequeñas y microempresas las ganancias son una transfiguración del salario-, pero para los dueños del capital, su verdad es incrementar sus riquezas con el trabajo de los asalariados. Son verdades polarizadas socialmente distintas y contradictorias, aunque son mutuamente dependientes, pero los dueños del capital cuentan con el servicio de una estructura social, política y económica que los beneficia, mientras que la institucionalidad pública, que debe auxiliar, amparar y proteger a los excluidos del poder, es débil, precaria, burocrática y caótica.

Las autoridades sanitarias, intelectuales y entidades internacionales de la salud, coinciden en que la reanudación de los negocios, sin vacuna ni tratamientos eficaces para contrarrestar la pandemia, incrementará el número de infectados que colapsará nuestro sistema hospitalario, con las fatales consecuencias, así como alterará dramáticamente la vida de sus familias y compañeros. Esta consideración no es una especulación, ya ocurre en otros espacios y también se inicia en Costa Rica. No obstante, los empresarios, el gobierno, los legisladores y magistrados no les interesa esa realidad y prefieren ignorar las previsiones y advertencias, así como eluden las contradicciones con las autoridades sanitarias para continuar la flexibilización y la eliminación de las restricciones sanitarias. ¿Podrá ser desconocimiento de los efectos de la eliminación de las medidas de las sanitarias, o es más bien una intención premeditada deshumanizada y totalitaria?

Las personas que están obligadas a trabajar se exponen a enfermarse, ante la fragilidad de la asistencia y ayuda estatal, como aquellas que son engañadas con la publicidad gubernamental y empresarial de supuestas y absolutas garantías sanitarias, son personas obedientes y disciplinadas al poder, y su confianza se trastoca en ignorancia, que les limita evitar el contagio y difusión del Covid-19 del cual además aún se ignoran todas las características de sus diversos modos de diseminación.

La transparente subordinación del poder político a los imperios de los dueños y administradores de negocios, que no les importa la salud pública ni la vida de trabajadores ni clientes, al fin y al cabo y otra vez más responsabilizarán a la población por irrespetar los cuidados sanitarios, dejando inmunes e impunes al gobierno y a los mercaderes causantes de la propagación de la enfermedad pandémica, como un medio para las determinaciones políticas contra las libertades, la democracia y la liquidación de la institucionalidad y el Estado Social de Derecho.

A través de los tiempos, la ignorancia y la obediencia ciega han sido los medios usados para el dominio y la explotación, así como, lo es para eliminar todo tipo de resistencia al poder y su perpetuación. En algunos contextos y en diversos periodos, la educación fue un contendiente radical contra la ignorancia y el poder tiránico, pero hoy la educación está debilitada, controlada, descontextualizada y es indiferente ante la problemática pública y nacional, así como pasiva en su función cognoscitiva transformadora de la sociedad. Al parecer, la educación sufre también el impacto conservador del presente, al reeditar su significación etimológica, relacionada con los actos de “reducir, seducir, inducir y conducir”, atributos propios de las prácticas políticas totalitarias.

La educación formal contemporánea al repetir caducos conocimientos, ya no reflexiona ni cuestiona interpretaciones sobre las realidades ni el poder. La supeditación política de la educación reproduce ignorancia. ¿Será la sabiduría de nuestra ignorancia la que nos de la fuerza para dudar y cuestionar el poder? En cualquier caso, la educación requiere ser pensada y revisada con una alta dosis de pensamiento crítico, pero ello no la exime de su compromiso con los procesos políticos en la pandemia.

Enseñando dogmas se impide la discusión, debate y el disenso en las aulas y en el quehacer cotidiano. En nuestro contexto, rebelarse contra la obsolescencia cognoscitiva, obtiene desaprobación y exclusión del poder prevaleciente y de los medios privados de difusión, como es de suponer, pero es lastimosa la función educativa que crea los peores analfabetos que, a decir de Ortega y Gasset, son los que sabiendo leer y escribir, no leen ni escriben, como pernicioso es el dicho acuñado, ante el temor a represalias y críticas, “calladito más bonito”. ¿Acaso en Costa Rica somos felices conservadores por temerosos e ignorantes?

La ignorancia se difunde mediáticamente y aprueba la repetición de falsedades, como la absurda negación de la existencia de la enfermedad pandémica por parte de fanáticos fundamentalistas amigos de viaje de las fuerzas políticas más conservadoras; la falaz creencia de que el cumplimiento de las restricciones sanitarias de manera individual, en un medio contaminado, es garantía para no contaminarse; o que la crisis se resuelve confiscando salarios a los trabajadores, entre otras mentiras, mientras se busca silenciar a quienes relativizan o cuestionan falsas verdades y anquilosados conocimientos.

Las falsedades son certezas para el ignorante, como la reiteración de las mentiras por parte de los medios y del poder tiránico, son parte de proyectos totalitarios. Voltaire lo escribía en 1736, como parte de las prácticas autoritarias: “Es necesario mentir como un demonio, sin timidez, no por el momento, sino intrépidamente y para siempre […] Mentid, amigos míos, mentid, que ya os lo pagaré cuando llegue la ocasión.” Al parecer, el poder totalitario, en todos los tiempos ha tenido en la mentira, en un recurso para la conservación y reproducción del poder, como también es el medio para que tiranos reclamen democracia como lo hacía Hitler, antes de alcanzar el poder estatal, o lo hacen actualmente los empresarios en la pandemia.

[1] Es catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Hacen trizas del Estado

«El Estado tiene que cuidar de sus súbditos,
no producir en ellos un terror pánico
que retrotraería las cosas al estado de naturaleza, es decir,
al estado previo al acuerdo o pacto y a la guerra de todos contra todos»[1]

Hernán Alvarado

Lo que viene sucediendo en Costa Rica es que los representantes, las autoridades electas, están siguiendo una agenda que hace trizas el Estado social de derecho y el pacto social de 1949, plasmado en la Constitución de la República.

Nacido del terror

El origen del Estado es el terror a la muerte, como lo viera Thomas Hobbes.[2] Muchas cartas constitucionales fueron antecedidas por una guerra civil o una intensa crisis de gobernabilidad, de manera que la mayoría de las Repúblicas han nacido bañadas en sangre. Por eso, a menudo esos textos representan la verdad en armas de los victoriosos, según un pacto firmado con los derrotados. Así, pues, cada Estado emerge de una lucha cruenta, en una coyuntura crítica, y supera una situación excepcional o de violencia extrema; surge entonces como una portentosa ficción jurídica que erige el derecho como medio de pacificación.

Al derecho mismo lo sostiene, a su vez, un imaginario social, tan eficaz como que los seres humanos se dejan gobernar por creencias. En ese sentido, para Edgar Morin las ideas son entes posesivos, no solo herramientas intelectuales. No en vano Hegel creía que la idea era el sujeto absoluto de la Historia. Así que el Estado es, en esencia, social. Por tanto, no se puede destruir el «Estado social de derecho» sin destruir el Estado mismo, junto con la sociedad que le da consistencia y sustancia.

El apaciguador

Por tanto, el Estado supone una población organizada que responde a una norma representativa de un acuerdo de paz. Pero más allá de esa circunstancia implica un «ser juntos» que resulta «coesencial», es decir, una «sociación» y no solo una asociación.[3] En suma, nadie puede sobrevivir sin el otro, porque la vida implica una coexistencia pacífica entre seres humanos naturalmente obligada cuando se habita un planeta hostil.

El Estado es la mejor respuesta a la amenaza de muerte que proviene del vecino, más que a la que proviene de extraños. De ahí que sea su característica central el monopolio de la violencia, única que se considera legítima; de manera que la soberanía del Estado descansa sobre una oferta de seguridad. Por miedo a ser asesinadas, las personas están dispuestas a sufragar una organización social que les garantice paz como bien social supremo. Entonces, la llamada seguridad jurídica no es cualquier principio, sino que está en la raíz del Estado.

Este es, entonces, una manera de lidiar con el poder que unos ejercen contra otros, en la medida en que este tiende al abuso, a convertirse en violencia material, patrimonial y simbólica. Por eso, se dice que Hobbes dio a luz, en 1651, a la «invención moderna de la razón». La razón sobre la fuerza bruta y el interés particular, para servir a la seguridad y la convivencia. Por su parte, el Pueblo, y en particular los trabajadores productivos, sostienen el Estado, por esas buenas razones. Aunque el Estado supone un orden, incluso una jerarquía, porque en última instancia es la forma organizativa que conquistó una clase dominante para imponerla a las clases subordinadas, como un mal necesario que siempre puede llegar a convertirse, sin el debido control, en un terrorífico Leviatán.

El Estado opresor

Puesto que nace como alternativa frente a una historia de luchas sangrientas, nada más terrorífico y desconcertante que los crímenes del Estado opresor. Nada peor que un Estado que viola la ley, que dirige su violencia contra alguna persona, algún grupo o contra la misma población que debería proteger. En sí mismo, es una traición a la razón moderna, una total sinrazón. La racionalidad que acompaña a ese contrasentido parece monstruosa, pues arranca de cuajo el anhelo de una convivencia basada en el respeto entre personas.

El orden arbitrario de un gobierno que en vez de abolir el miedo lo provoca, crea la estampa perversa de una organización aterradora. Como delincuente o asesino, aparece como una estructura enemiga del ciudadano, capaz de brincarse el orden jurídico. Tal es el mayor absurdo imaginable y la mayor amenaza contra la paz social. Pero el Estado se precipita así en el remolino de su propia autodestrucción, contrastando con la razón moderna que necesita la convivencia para que fluya la compra y venta de mercancías.

Según una metáfora de Franz Hinkelammert, el que dispara al prójimo recibe esa bala en la nuca, dada la redondez del mundo. Él ha subrayado que toda vida social se erige sobre un mandamiento: «No matarás»; que existe como tal por lo mucho que se le infringe. Coincidentemente, para George Bataille (1897-1962) el interdicto o mandato general es contra la violencia,[4] porque el respeto a la vida del otro es la base de toda sociedad y el principio fundamental que todo Estado debería proteger cual esencia del valor moral y fundamento económico.

Oscuros nubarrones

En Costa Rica, resulta llamativo que una fracción de la burguesía le haya declarado la guerra a un Estado que es en primer lugar su servidor. Lo viene haciendo mediante una guerra financiera con las armas de la «ingeniería fiscal»: exenciones, moratorias, amnistías, evasiones, elusiones, colisiones, venta de activos a precio de remate y endeudamiento público. Todo un arsenal que depara ganancias billonarias a los más poderosos, pero tiene a la CCSS al borde de la quiebra y al gobierno de rodillas ante poderes fácticos, financieros y mediáticos que aseguran la acumulación, concentración y centralización del capital. Ello consolida la vergonzosa desigualdad social, mientras un coro de demagogos y populistas se rasga las vestiduras en público, como hacían antes los fariseos.

Esa guerra económica se acompaña con una guerra mediática que dispara una mentira tras otra, tendenciosamente, contra instituciones y universidades públicas, contra sus empleados y contra las personas pensionadas, aprovechándose de esa ilusión óptica que es efecto de unas redes sociales infestadas de odio e ignorancia; animadas por personas que son fácil presa de cifras, fotos, audios, noticias, trinos, memes y rumores falsos, además de argumentaciones falaces que solo muestran lo estúpidos que pueden llegar a ser nuestros prejuicios. Por dicha, son flores del mal que duran un día.

Tal como lo expone el juez de la República Andrés Retana,[5] el caso es que se está poniendo en marcha una agenda que suprime sistemáticamente derechos laborales y humanos conquistados a lo largo de muchos años, mediante una usurpación política autoritaria que, aprovechando la pandemia, no escatima esfuerzos en quebrantar la Constitución. Asimismo, se viene perdiendo la soberanía del Estado en cada coqueteo con el FMI y la OCDE, extraviada en la ilógica de una deuda impagable y montados como vamos en el tren sin frenos de la catástrofe ecológica. Ya se sabe que quien paga la música pone al endeudado a bailar descalzo al ritmo de los martillazos de la insolidaridad. Lamentable, porque sin soberanía estamos ante una caricatura de Estado.

Por eso, el Ejecutivo y el Legislativo seguirán siendo demandados, dadas sus múltiples tentativas de quebrantar la norma superior. Les seguirá lloviendo recursos constitucionales y de amparo, así como demandas penales. Además, ya el movimiento sindical y social ha cerrado filas y ha comenzado a tomar las calles. También han comenzado las manifestaciones como las de la Coordinadora Patriótica Alajuelense Juan Santamaría. El domador del Leviatán comienza a reunir su voz como si fuera los vientos de un huracán que sopla las velas de la resistencia popular.

La ley 9796 es el mejor ejemplo de todo esto. Ella recorta de manera regresiva y violenta las pensiones medias entre 2,200 y 5,000 millones (nominales). Al mismo tiempo, no toca a las más altas, las cuales mejoran. El Presidente ha celebrado en su Facebook la entrada en vigencia de ese adefesio jurídico, para ahorrar unos 10,000 millones al año, según corrige ahora (quién sabe qué se hicieron ya 2,000 que habían anunciado), pero no podrá usarlo como pretendía la ley 9836 sin contravenir el artículo 73.[6] Se socava así un pilar de la seguridad jurídica del Estado, lo cual representa una amenaza para todos: «A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas».[7]

Por encima de la carta magna, el Presidente se muestra orgulloso de meter la mano en el bolsillo de cientos de personas adultas mayores a las que se ha sumido en la mayor zozobra, angustia e indignación de toda su vida, haciéndolas sentir insultadas, humilladas y perseguidas, porque han hecho añicos sus proyectos de vida. Este ataque artero del Presidente contra los adultos mayores merece quedar impreso indeleblemente en la memoria de nuestro pueblo como una acción arbitraria y regresiva contra el Estado social de derecho. En sí mismo, revela lo poco que valora don Carlos la dignidad de su puesto y la poca conciencia que tiene de lo que son derechos laborales y humanos.

[1] Citado en la introducción de Carlos Moya a: Hobbes, T (1980) El Leviatán. Madrid: Editorial Nacional.

[2] Ver un ineludible trabajo sobre Hobbes en: Esposito, R (2003) Communitas. Origen y destino de la comunidad. Buenos Aires: Amorrortu.

[3] Esposito, Ibid, p. 13.

[4] Bataille, G (1985) El erotismo. Barcelona: Tusquets editores, p. 69.

[5] Andrés Alberto Retana Vargas (Juez de la República): «La supresión sistémica de derechos de las personas para el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos» (OCDE). Semanario Universidad. Opinión. Julio 20, 2020.

[6] Constitución de la República de Costa Rica.

[7] Ibid, capítulo 34.

Los salarios y el agro: claves contra la crisis pandémica

Juan Huaylupo Alcázar[1]

Son muchas las voces en el mundo que prevén la necesidad de modificar las prácticas que los poderes han impuesto a las sociedades, no se trata de un asunto moral ni de justicia social, se trata de la supervivencia de la humanidad.

El capitalismo desde sus inicios hizo propio “las fuerzas y capacidades de las masas”, no para la transformación de las sociedades en aras de la construcción del bienestar y el progreso individual y colectivo, sino para seguir usándolas en guerras, invasiones y ocupaciones contra pueblos y también como objetos, como “mulas de carga” para labores en beneficio de quienes aún detentan el poder de disponer de sus trabajos y vidas.

Las sociedades se han transformado precisamente con la creatividad, imaginación y trabajo colectivo en las ciencias y las técnicas, se modernizaron los modos de elevación de la productividad del trabajo. Todos sin excepción, nos hemos visto involucrados en una gigantesca maquinaria de interdependencia nacional y mundial. La globalización capitalista masificó como nunca las labores de los individuos y sociedades. El gobierno del capital se estableció como un imperio en la historia, con armas y muertes, con tiranías y leyes, como en el pasado, pero también se crearon nuevas formas en ese imperio. Así, se prolongó la esperanza de vida, en muchos casos en no todas las sociedades, se vive en mejores condiciones y se trabaja con técnicas que elevan la efectividad, eficiencia y productividad, se creó la ilusión que somos gestores de nuestros propios gobiernos, que somos iguales ante la ley, el progreso y el bienestar. Pero, no se transformó el destino del trabajo de las masas, perdura la explotación de las capacidades intelectuales, la socialidad y las fuerzas físicas de las personas para seguir trabajando y haciendo más ricos a los ricos.

Asimismo, el capitalismo hizo de las capacidades de las masas, el medio no solo para seguir enriqueciéndose con la explotación del trabajo, pero a diferencia de otros tiempos, creó también nuevas y múltiples formas para apropiarse de los recursos, riquezas y salarios de las personas y las sociedades del mundo. En el esclavismo, el amo era el dueño del trabajo y vidas de esclavos, con el capitalismo esta relación se moderniza y transforma: el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, su salud, su desarrollo intelectual y perfeccionamiento de su creatividad, habilidad y capacidades e incluso las formas de hacer sus labores, depende de los propios trabajadores. Los dueños del trabajo en las jornadas labores están eximidos de esas obligaciones y supuestamente deben ser suplidas por los Estados, que social, política y económicamente son incapaces o impedidos de realizarla. Esto es, la vida del trabajador depende cada vez del salario, pero no solo para su vida, también para los ingresos fiscales del Estado y para los empresarios que nos venden lo que necesitamos, lo inútil, lo deficiente o lo que afecta a la salud. El esclavismo se modernizaba con el capitalismo, sin desaparecer.

El salario se ha convertido no solo el medio de vida para los trabajadores, sino también en un recurso que tienen los gobiernos para obtener nuevos y mayores apropiaciones ilegales del ingreso por el trabajo realizado. Así, en Costa Rica y muchos otros países, permanentemente se confiscan salarios, se suprimen complementos salariales y se privatizan pensiones con leyes y decretos. Los legisladores, serviles e ignorantes, se arrogan ser dictaminadores y sancionadores los montos de los salarios, como si estos fueran ilegales o autodefinidos por quienes los reciben y denigran la función pública de legislar, irrespetando derechos y leyes incluida la propia ley de leyes: la Constitución de la República.

Pero, el salario acumulado a través de los fondos de capitalización laboral y de pensiones complementarias, son usados para dinamizar e incentivar al sector financiero nacional y también para ser apropiado por las bolsas de valores que sus administradores privados determinan, con la venia estatal y sin injerencia de los trabajadores propietarios de esos dineros.

Las funciones que debe cumplir el salario que son propias, privadas e inalienables, se transformaron en recursos apropiables por los empresarios a través de precios especulativos de los negocios de bienes y servicios y de préstamos usureros, así como del Estado para paliar sus déficits y gastos corrientes, o las inversiones de las instituciones de servicio público, con la asesoría e imposiciones de los privatizadores del bienestar: las Cámaras de Empresarios y el Fondo Monetario Internacional.

Los salarios son la versión moderna de los “boletos de café”, “fichas” o “tokens”, que eran monedas privadas usadas para pagar el trabajo en las haciendas y que al cambiarse no alcanzaban a pagar los adelantos en especie recibidos, de este modo, esas monedas eran garantía para una eterna esclavitud y el empobrecimiento absoluto para aquellos trabajadores. Hoy, los salarios no garantizan poder adquirir lo necesario y pagar las deudas que compensan artificialmente la insuficiente capacidad adquisitiva de los salarios. Los empresarios pagan salarios cada más próximos a los africanizados, los agiotistas privados y bancarios se apropian de parte de los salarios, así como los trabajadores que han reducido los salarios o han sido despedidos, están siendo sentenciados a ser víctimas del hambre, la enfermedad y la muerte. Los problemas de la pandemia se agudizan a partir de una estructura social y estatal que expone a sus peligros a muchos y protege a pocos.

Los que se dicen ser empresarios y los otros que se creen periodistas, repiten oligofrénicamente que solo eliminando las restricciones por la pandemia se resolverá la crisis. Abrir negocios sin compradores, es absurdo, como infame y cruel es agudizar la difusión del virus, la enfermedad y los fallecimientos. Imponer los intereses privados como necesidades de todos, evidencia que un poder privado no solo subordina lo público, también lo hace sobre la inteligencia. Paradójicamente las decisiones privadas agudizan la crisis y amenazan con el exterminio de los negocios, la sociedad y la propia humanidad. El poder en su inconsistencia política y económica condena sociedades y personas, suicidándose.

Sin embargo, la inteligencia, esfuerzo y compromiso existentes en algunos, en todos los sectores sociales, son quienes hacen ingentes esfuerzos por paliar el hambre de los más vulnerables de la sociedad. No obstante, es insuficiente, como también lo fue, el regalar alimentos, dinero y el pago con sobreprecios a mercancías, por el Estado norteamericano, para proteger a consumidores y productores en momentos previos a la gran crisis mundial de 1929. La superación de aquella crisis se resolvió con el New Deal, como revelaron estudios, entre ellos el Myrdal Keynes en 1936, que básicamente proporcionaba trabajos, en apariencia inútiles, a los miles de desplazados, desocupados, despedidos y subocupados, fueron los salarios o, mejor dicho, los consumos de los trabajadores y los incrementos de las compras del gobierno, los que permitieron la reactivación económica. Este referente histórico exitoso muestra que no fue de modo alguno, despidiendo, confiscando y pauperizando salarios, destruyendo la institucionalidad pública ni contrayendo el gasto estatal como se solventó la crisis, en ese entonces. Sin embargo, es totalmente lo contrario a lo que proponen y hacen el gobierno, los legisladores y los empresarios de Costa Rica. La reedición contemporánea de las políticas de shock aplicadas en la década del ochenta y noventa del siglo pasado, mostraron ser contraproducentes y iatrogénicas para los espacios sociales latinoamericanos. Es un crimen social aprovecharse de la pandemia para aplicar tales medidas de dramáticas consecuencias contra todos.

El gobierno ya hace ajustes para reducir el gasto en 335,000 millones de colones para complacer las miopes visiones de los que se creen dueños del país y de los entes financieros internacionales que no abandonan sus afanes de colonialidad del poder, a pesar del fracaso económico de sus propuestas y acciones, así como de las nefastas consecuencias sociales en nuestra América. Dicha contracción del gasto afectará al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que financia a las universidades públicas del país, en 65,000 millones de colones, así como liquidará gran parte de la institucionalidad pública. No cabe la menor duda, que la crisis pandémica está sirviendo de pretexto para continuar con la destrucción del Estado Social de Derecho, para liquidar los logros y conquistas alcanzadas en la historia nacional, así como, eliminar el pensamiento crítico y la práctica consecuente del pueblo que nutre nuestras universidades. Mientras que los ricos, los propietarios del capital, gozan de la inmunidad e impunidad para sus prácticas ilegales contra el erario público, contra el trabajo, privatizan la función pública y exigen incentivos, subsidios y exoneraciones. Las consecuencias de la crisis pandémica no solo son sanitarias, es también la consecuencia de las intolerables prácticas políticas y económicas de los poderes prevalecientes, de los que no pierden la oportunidad para atentar contra lo público, los derechos, la libertad y la democracia.

Los propietarios del capital nacional están muy alejados de la lucidez del empresario norteamericano Henry Ford, que aumentó de modo significativo los salarios, para permitir el aumento de la capacidad adquisitiva de sus trabajadores, que no quebraron a la empresa, sino que permitió su auge y la adquisición de los autos Ford. Pero remontémonos a ejemplos más cercanos en tiempo y espacio: aquí, en nuestro país podemos observar que, al incrementarse los precios internacionales del café, se mejoró la calidad de vida de los agricultores al adquirir las mercancías que necesitan, como también permitió el progreso de los comerciantes y mercaderes con quienes intercambian en sus espacios sociales.

La agricultura costarricense ha sido el ámbito donde surgió el capital en la circulación mercantil, para luego ser la fuente de la diversificación del capital productivo, así como fueron las relaciones y confrontaciones sociales en el agro, donde se gestaron y conquistaron derechos laborales y se crearon las bases sociales por la libertad e igualdad ciudadana. El agro fue importante en la modernidad de la historia nacional, como es importante en la actual pandemia, pues permite garantizar la seguridad y soberanía alimentaria nacional, ofrece mayor cabida laboral y crea esperanzas en un espacio rural igualitario, ante la desigualdad y el desprecio a los trabajadores y los prejuicios contra la vida rural existente en el espacio social urbano.

No es ninguna locura hacer del agro un emporio laboral, sostenibilidad alimentaria y fuente para reducir la desigualdad de las relaciones sociales, así como, el rescate y fortalecimiento cultural de las raíces sociales solidarias de nuestra historia. Es seguro que será imposible efectuar este reencuentro con el espacio rural con las finanzas privadas, tampoco será lograble con el liberalismo gubernamental, pero podrá ser una realidad con la labor colectiva, solidaria y transformadora de mujeres y hombres, que no han perdido ni reniegan de sus orígenes rurales y compromisos sociales, pero también podrá alcanzarse con las riquezas socialmente inútiles para el bien común, de propietarios identificados con el bienestar y el desarrollo nacional, riquezas que eventualmente podrían disminuir o desaparecer entre la pandemia y la voracidad competitiva y financiera urbana.

[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica

Un futuro optimista: nuestro compromiso profesional en la construcción y desarrollo de la sociedad costarricense*

Mario Devandas Brenes 1

Universidad Estatal a Distancia, Tutor jubilado, Costa Rica

Buenas tardes.

Agradezco a las autoridades universitarias y de manera particular a la profesora Julia Li la invitación para dirigirles unas palabras en este importante acto de graduación.

Culminar un programa de posgrado es un motivo de júbilo y de fiesta, por lo cual, en primer lugar, debo felicitarles, tanto a cada graduando como a sus familias. Es un paso que nos permite ver con optimismo el futuro y nos obliga a meditar sobre él. Permítanme entonces unas reflexiones al respecto. Suele decirse que el conocimiento comienza por la pregunta y también la rebeldía. Hagámonos pues algunas preguntas.

Se dice en el Génesis que Adán y Eva tomaron una fruta del árbol prohibido, del árbol del conocimiento, del árbol del bien y del mal. Ese pasaje se inició con la pregunta de la serpiente, esa pregunta según la tradición judío-cristiana nos tiene aquí.

En el corazón del hombre habita el bien y el mal, considera Erick Fromm2. Ni este criterio ni la relación bíblica, debemos tomarlas como una condena, menos como3 una excusa para justificar nuestros actos.

La capacidad de discernir es una condición de los seres humanos, eso llamado libre albedrío nos obliga calificar nuestras conductas y esta capacidad humana implica, para quienes hemos alcanzado niveles superiores de formación académica, una muy alta responsabilidad, indisociable de la comprensión de que el éxito alcanzado no es solo producto del esfuerzo individual y familiar, sin duda fundamental, sino, además, del esfuerzo social. En su conjunto la sociedad aporta al desarrollo de la educación y configura el contexto en que nos desarrollamos. Por eso emerge la pregunta: ¿cuál debe ser nuestro compromiso en la construcción y desarrollo de esa sociedad tan prolija con nosotros?

Ante esa pregunta vuelve a surgir el dilema del bien y del mal, desde luego todos nos inclinamos a escoger el bien, sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Escuché recientemente a un experto en derechos humanos de Naciones Unidas explicando que había entrevistado a varias personas con altos cargos en el régimen nazi y ninguno de ellos consideró haber actuado mal.

Estoy seguro de que la misma respuesta se hubiese obtenido en una entrevista a Stalin, a Pol Pot, a Pinochet, a George Bush, o a Trump.

La lección derivada de esa experiencia es la siguiente: todos actuamos conforme a nuestras ideas, ellas nos conducen a decidir lo mejor para nosotros, para nuestros hijos y para toda la sociedad.

Llegamos de esta manera al centro de nuestro esfuerzo académico. Durante los diversos programas de estudio recibimos ideas, maneras de entender e interpretar el mundo y con esas ideas y otras impresas en la cultura, forjamos nuestra cosmovisión, una visión integral acerca de nuestras relaciones personales y también de las consideraciones políticas, económicas, religiosas y artísticas.

La característica medular de los humanos es que tenemos ideas y con esas ideas construimos el mundo.

En 1936, Keynes escribió: “Las ideas de los economistas y de los filósofos de la política, tanto cuando son correctas como cuando son erróneas, son más poderosas de lo que comúnmente se entiende. De hecho, el mundo está dominado por ellas. Los hombres prácticos, que se creen exentos de cualquier influencia intelectual, son usualmente esclavos de algún economista difunto”4. También podemos estar sujetos a ideas en el campo de la ciencia y sentirnos seguros con ellas. Pero recordemos, la teoría de la generación espontánea se mantuvo durante más de 20 siglos y no fue superada hasta 1860, la idea del geocentrismo estuvo vigente durante catorce siglos y con esas ideas se construyó la cosmovisión bajo la cual se vivió durante todos esos siglos.

Pero el conocimiento no se detiene y ante sus avances empieza a resquebrajarse, a tambalearse, toda la estructura de las ideas sobre las que nos sentimos seguros.

Víctor Hugo, en su obra sobre Shakespeare, afirma sobre la ciencia: “Todo en ella muda y cambia, todo se niega, todo se destruye, se crea y se reemplaza. Lo que se aceptaba ayer, se rechaza hoy. La máquina colosal de la ciencia no descansa nunca, jamás se da por satisfecha y busca siempre lo mejor, porque no conoce lo absoluto”.

Hoy a la luz de la ciencia podemos afirmar que la única ley absoluta es la ley del cambio.

Cualquier programa de estudio solo puede considerarse exitoso si desarrolla en el estudiante un pensamiento crítico. Desde luego debemos poner atención a las lecturas establecidas en los programas y a los profesores, pero no podemos ser pasivos. No existen ideas neutras, todas están sujetas a una determinada visión del mundo. El reino de la libertad nos exige ser iconoclastas.

En la actualidad vivimos una época difícil, complicada, por todas partes observamos gran efervescencia social en protesta por la creciente desigualdad, enfrentamos también la grave amenaza del calentamiento global.

¿Qué pasa?, ¿hacia dónde vamos? Son las preguntas de muchos intelectuales prominentes alrededor del mundo y entre los grupos que emergen de las protestas sociales.

Hay quienes ven la situación desde una óptica pesimista y hasta niegan la noción del progreso. Yo me sumo a una visión optimista y frente a los problemas planteados percibo la oportunidad de dar un gran salto hacia el progreso.

Observo una relación esencial entre la evolución biológica y la trayectoria histórica de la humanidad.

Darwin enunció que en la evolución sobrevivía el más fuerte, pero de manera reciente Margulis, en su hermoso libro Qué es la Vida, demostró como en el camino de la evolución las alianzas bacterianas eran fundamentales. Interpreto que esas alianzas modificaron las estructuras del poder. Una bacteria podría ser muy poderosa, pero sí las más débiles se aliaban, modificaban la correlación de fuerzas e iban construyendo organismos más complejos. ¡Somos una construcción de las bacterias!

La pregunta es: ¿qué motiva la evolución biológica? a mi juicio, la evolución es la manera como la vida se defiende, se promueve y se desarrolla. La evolución es el camino de la solución permanente de problemas. Es una hermosa manifestación de la ley del cambio. Cuando pensamos en el surgimiento y desarrollo de lo humano no podemos dejar de vincularlo con la evolución biológica. Podemos considerar que la vida nos construyó para pensar en sí misma. Si nos detenemos a considerar el pensamiento de los filósofos, de los místicos, de los científicos y la obra de los artistas, encontramos un factor común: su preocupación es tratar de explicar la vida y defenderla.

Al discutir el tema del progreso podemos afirmar que la historia de la construcción de la humanidad es una historia del progreso. Cuando converso con amigos sobre estos temas, amigos con los cuales comparto una visión crítica de las situación económica y política, me gusta mortificarles preguntándoles: ¿si pudieran viajar en el tiempo, les gustaría trasladarse a vivir a la antigüedad o a la edad media? De manera invariable la respuesta es: “no, preferimos vivir en nuestra época”.

El capitalismo ha significado una extraordinaria revolución en todos los órdenes, no hace falta detenerse en ello, sin embargo, hemos llegado a un punto de cuestionamiento.

La revolución francesa se realizó bajo la consigna “libertad, igualdad, fraternidad”. Nació la democracia moderna, los derechos civiles, sociales y políticos empezaron a abrirse campo a través de las permanentes luchas sociales. De Europa heredamos el concepto del estado social de derecho. Se trataba de destruir el poder de los reyes y de la nobleza, permisiva solo con el desarrollo individual de esa clase social, para empezar a abrir campo al desarrollo de la libertad individual de todas las personas, pero ese proceso ha estado lleno de contradicciones y desde luego está inacabado. Europa desde entonces ha sido una zona muy conflictiva, dos guerras mundiales, poder colonial. Aliada con gobiernos de los EE. UU., ha sido un factor importante, aunque no el único, en la inestable situación del medio oriente.

Debemos defender la libertad individual, pero no debemos llevar el individualismo a un dogma capaz de negar y renegar de lo social, por una sencilla razón, no podemos ser sin los otros. Tampoco podemos olvidar que la vida, toda la vida, es un complejo entramado del cual dependemos todas las especies. En la actualidad, la libertad individual ha sido deformada y convertida en individualismo patológico cuya principal manifestación es el consumismo, una de las causas principales de la contaminación.

Veamos algunos datos significativos de los problemas sociales actuales según datos de organismos especializados:

  • El hambre en el mundo afecta a 821 millones de personas.
  • Unicef denuncia que 19.000 niños mueren al día por causas evitables.
  • La desnutrición es una de las principales causas de mortalidad infantil, más de 6.400 niños fallecen por día debido a este motivo.
  • “La carencia de alimentos es causa directa o indirecta de una de cada tres muertes infantiles”, dice el informe publicado por Unicef. Esto significa que a escala global 180 millones de niños son víctimas de desnutrición crónica y la padecen con severidad otros 20 millones.
  • Después de varios años de marcadas reducciones en la pobreza, el número de personas pobres aumentó de 166 millones a 175 millones entre 2013 y 2015, aumentando de 28,1% a 29,2% de la población, nos advierte la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.
  • Según esos organismos especializados más de cuarenta millones de latinoamericanos padecen de hambre crónica.
  • En nuestro país, la pobreza casi ronda a la cuarta parte de la población.

Mientras esos datos se nos agolpan inmisericordes, la riqueza se acumula de manera acelerada en pocas manos. Estudios pormenorizados de Stiglitz y de Piketty demuestran como la mayoría de la riqueza mundial es controlada por el uno por ciento de la población.

A la luz de las consideraciones anteriores cabe la pregunta: ¿serán las ideas imperantes en economía y en política las más adecuadas para construir más humanidad?

Formulemos otra pregunta medular: ¿qué entregamos en nuestro trabajo todos los días? Si nos percatamos cómo en el trabajo de todos los días entregamos la vida, vale preguntarse: ¿por qué lo hacemos? Podríamos dar respuestas superficiales pensando en la retribución recibida por esa entrega, pero la respuesta esencial es otra: entregamos la vida para hacer posible la vida, somos parte de la evolución.

Si la forma en que está organizado el trabajo en la actualidad no está promoviendo la vida, y además no está garantizando la vida con dignidad a las personas, a todas las personas, deberíamos aceptar que las cosas no se están haciendo bien y deben cambiar.

La creciente falta de legitimidad de los partidos políticos y de muchas instituciones, la lucha por la defensa del ambiente, la lucha por los derechos de las mujeres, las luchas por el respeto a las diferencias sexuales, la lucha por los derechos de las personas con discapacidad y el cuestionamiento a las ideas dominantes en el campo de la economía anuncian el nacimiento de una nueva cosmovisión. En otras palabras, la cosmovisión imperante continúa resquebrajándose.

Sin duda serán cambios difíciles, todavía no tienen un rumbo claro, la nueva utopía apenas empieza a dibujarse.

La pregunta que surge aquí es: frente a la magnitud de esos problemas ¿qué podemos hacer nosotros?

La respuesta a mi criterio es: debemos trascender. Si nos quedamos presos en nuestra vida cotidiana, seremos simples víctimas espectadores, si procuramos la trascendencia, nos convertiremos en actores.

En nuestro país podemos hacer y debemos hacerlo para reducir la inequidad y para lograrlo primero debemos conocerla. Me gustan mucho las palabras del papa Francisco cuando nos advirtió: “hablamos mucho de los pobres, pero no hablamos con los pobres”.

La última reforma de la Constitución Política es muy importante. La llamo el nuevo nueve.

El artículo nueve decía en su primer párrafo: El gobierno de la República es representativo y lo constituye el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, etc. Es decir, se trataba de una democracia episódica, nos presentábamos cada periodo a las urnas, elegíamos a nuestros representantes y punto. Ahora dice: el Gobierno de la República es participativo, representativo y lo constituye… etcétera.

Se trata entonces de construir una democracia permanente, no episódica. Es un reto muy importante y nos marca una ruta mediante la cual podemos contribuir a la solución de los graves problemas actuales. Para lograr esa democracia participativa, es fundamental elevar el nivel de comprensión, por parte de los sectores populares, de las causas de los problemas que les afectan, y es aquí donde se abre un importante espacio a quienes tenemos el privilegio de haber logrado estudios superiores, es el camino mediante el cual podemos trascender.

Las universidades públicas y de manera muy particular la UNED puede y debe jugar un papel central en el desarrollo de la democracia participativa, entendiendo de que en la medida que se logre, impulsaremos al tiempo un cambio cualitativo en la democracia representativa, para desarrollar esos programas sería muy provechoso impulsar un vigoroso proceso de voluntariado.

Estoy seguro de que nuestro pueblo sabrá construir esa nueva democracia y darle ejemplo al mundo y de manera especial a nuestros hermanos pueblos latinoamericanos, de cómo se puede hacer avanzar la humanidad hacia una nueva época, preservando lo mejor del pasado y construyendo soluciones a los nuevos problemas.

Ojalá y todos lo comprendamos así, asumamos nuestros compromisos y demos paso al impresionante camino de la evolución en defensa de la vida.

Muchas gracias

* Palabras pronunciadas con ocasión del Solemne Acto de Graduación del Posgrado, realizado el viernes 8 de noviembre de 2019 en la Sala Magna del Paraninfo Daniel Oduber Quirós, sede principal de la UNED.

1 Mario Devandas Brenes es representante de los trabajadores en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Es economista en la Universidad de Costa Rica, con maestría en Política Económica con énfasis en empleo y recursos humanos y doctor en Educación. Se ha desempeñado como docente de la UNED y fue encargado de la Cátedra de Economía y profesor de Finanzas Internacionales en la Escuela de Ciencias de la Administración; también fue director de Extensión, y en su período se concedió a esa dirección el premio nacional por sus aportes a la calidad de vida. Se ha desempeñado como asesor político y sindical, destacándose en el logro de la concreción de una nueva política salarial para el sector privado. En la actualidad se encuentra jubilado, pero mantiene plena actividad al servicio de las luchas populares, viajando por diversas zonas del país informando sobre la situación de la Caja y la necesidad de organizarse en los barrios para defenderla.

2 Fromm, E. (1977). El Corazón del Hombre. Fondo de Cultura Económica.

3 Nietzsche, F. (2010). Más allá del Bien y del Mal. Editorial Gradifco. S.R.L.

4 Keynes, J. M. (2003) La Teoría general del empleo, el interés y el dinero. 4ª edición en español. México: Fondo de Cultura Económica.

Revista Posgrado y Sociedad
ISSN: 2215-2172
Sistema de Estudios de Posgrado
Volumen 17, Número 2, 2019, 61-65
Universidad Estatal a Distancia
RevistaSEP-PyS@uned.ac.cr
Fuente: https://revistas.uned.ac.cr/index.php/posgrado/article/view/2812/3539