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Etiqueta: Estado Social de Derecho

La obsesión por el dinero

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

Preguntarse por lo que quieren los empresarios, parece una pregunta ociosa, pero no se trata de buscar una respuesta simple y alienada al deseo empresarial por una riqueza sin límites, se trata de comprender los medios empleados para conseguirla califican la pertinencia social, económica, política, moral y cultural de esa ambición.

El enriquecimiento por los actos de saqueo en las invasiones y ocupaciones colonialistas que esclavizaban y diezmaban pueblos, no es una riqueza deseable ni posible para todos; los militares, mercenarios y sicarios, lo hacían posible en nombre y amparados por las potencias militares o por gamonales y caciques en las distintas épocas del pasado y el presente latinoamericano. Tampoco es admisible la riqueza obtenida por otros actos delincuenciales, sea por venta de drogas, asaltos, estafas, asesinatos, secuestros, robos, corrupción etc., como también es censurable que empresarios se enriquezcan apropiándose del bienestar colectivo y vendiendo mercancías y servicios que afectan la salud, la vida, el medio ambiente y la naturaleza, como también es cuestionable que  incumplan con sus obligaciones tributarias y como consecuencia los ingresos fiscales del Estado sean sostenidos por los sectores sociales vulnerables y medios de la sociedad. Las prácticas ilegales de los empresarios son conocidas, sin embargo, se incumplen por la complicidad estatal que afectan a la sociedad en su conjunto.

No se cuestiona a los propietarios del capital y sus representantes, por su riqueza, por su condición de vida, por sus éxitos o fracasos. No, se les cuestiona cuando transgreden el orden constituido, establecido para la convivencia y la interdependencia colectiva, porque los favores y concesiones que reciben y las ilegalidades que se les permite, violentan la condición y formalidad jurídica de igualdad ciudadana que perjudica al resto de la sociedad, así como condicionan la parcialidad de la actuación estatal.

Esto es, no se censura a los empresarios ni a los ricos por serlos, como especulan algunos de sus representantes. De ningún modo se critica a los negociantes que ofrecen mercancías y servicios de modo honesto, en razón del esfuerzo, dedicación y trabajo que realizan sin especular, ni apropiándose indebidamente de los recursos de los demandantes, tampoco se critica a quienes respetan el trabajo digno y no explotan a sus trabajadores más allá de lo establecido por el orden jurídico laboral y derechos establecidos, ni hacen elusión y evasión de sus obligaciones tributarias y cumplen con las disposiciones del Estado Social. Ellos serán respetados, no obstante, merecerán ser repudiados, censurados, demandados y sentenciados, quienes valiéndose de sus influencias y poder económico, político, legislativo y judicial atentan contra la naturaleza, el medio ambiente, la sociedad, la salud y la vida de trabajadores, así como de los consumidores y los ingresos fiscales.

Sin embargo, el presente revela la vulnerabilidad de la economía y su dependencia de los trabajadores, consumidores y del Estado, así como de quienes sustentaron las bases democráticas y sociales de nuestra nación: los campesinos. Sin ellos, los empresarios no habrían surgido ni enriquecido, como tampoco tendrían viabilidad alguna de existencia. 

La incesante invocación a los negocios, por parte de ricos y pobres, es el prejuicio de la época, que imagina ser el único modo posible, para vivir confortablemente sin penurias ni angustias de supervivencia y reproducción social. Derivado de este afán de promoción de los negocios, se ha generado una preocupante tendencia por la creación de micro empresas o “empresas” de autoexplotación, que frustran las ilusiones y esperanzas de pobres y desempleados que, sin lograr liberarlos de la voracidad financiera, se empobrecen rápidamente por las deudas crediticias que deben hacer frente.

El fetiche del dinero ha ponderado su magnitud como unidad de medida del crecimiento e inclusive del desarrollo, todo busca ser medido y comparado con las cantidades acaparadas y disponibles de dinero. Así, el Producto Interno Bruto (PIB), o el valor estimado de la producción anual nacional, la medida con que se juzga y califica a los países, como se evalúa a las empresas públicas, privadas e incluso las solidarias, del mismo modo como se segrega y excluyen a las personas. Por cantidades de dinero las instituciones públicas son satanizadas, porque “gastan” y no generan ganancias, no obstante, crean valor público para la vida social y las condiciones necesarias para la reproducción privada y nacional. Las visiones economicistas -cuantitativistas y fetichizadas-  distorsionan, simplifican y absolutizan las realidades, ignorando la historia, la cultura, las relaciones sociales y la propia humanidad.

En las diversas situaciones descritas, el dinero se ha convertido en un fetiche más allá de ser un medio para el intercambio mercantil, para otorgarle una significación de suficiencia, bienestar y poder, sin serlo, porque la capacidad adquisitiva se modifica cotidianamente, porque el bienestar trasciende a las magnitudes dinerarias y porque el poder es una relación social. La representación simbólica del dinero como capital, es el sustento ideológico del poder, como prejuicio popular y clasista de la sociedad capitalista.

La riqueza o el exceso de medios y recursos para una vida digna, no es una creación mágica, es una creación colectiva producto de la desigualdad de los términos del intercambio entre los actores económicos, que distorsionan el fundamento de la existencia del dinero. Así, la práctica bancaria especula y multiplica ficticiamente muchas veces el valor de cada bien, para formalizar valores inexistentes que terminan confiscando recursos y riquezas ajenos para beneficio exclusivo de algunos “inversionistas”. Sin embargo, ese dinero paradójicamente no representa riqueza, no generan bienes ni constituyen centros de empleo, la labor fraudulenta financiera se encubre con papeles y registros para apropiarse de las riquezas existentes. Así, entre papeles y cuentas han desaparecido miles de millones de los salarios de los trabajadores en las operadoras bancarias de pensiones obligatorias en América Latina que, con el pretexto de invertir y proteger los recursos y los futuros ingresos de los trabajadores, son sustraídos de modo premeditado e intencional de los medios de vida de los pensionados. Los dineros se pierden para parar en cuentas privadas de las redes financieras, sin ser recuperados, sin sancionar ni condenar a los funcionarios corruptos que parasitan dichos recursos, ni de los cómplices estatales que autorizan actos delincuenciales encubiertos de legalidad.

El dinero especulativo predominante o la apropiación de la riquezas, propiedades y recursos con dinero, es un estilo feudal de las relaciones económicas, que aun acompaña al capitalismo, fagocitándolo desde su propio seno hasta el fin de sus días.

Así, el afán por el dinero en una sociedad y mundo desigual y con crecientes niveles de miseria, hambre, insalubridad y muerte, es un medio ansiado no solo por los propietarios del capital, también necesario y deseado por los pobres, aunque con valoraciones profundamente diferenciadas, para unos es un medio para conseguir más dinero, mientras que para millones de personas es el medio para la subsistencia, la educación, la salud o la vida misma.

El uso consistente, pertinente y primigenio del dinero, a decir de Aristóteles y muchos otros, es efectuado por las inmensas poblaciones del mundo, al ser el medio para intercambio mercancías; mientras que el dinero empleado para hacer dinero o, dicho de otro modo, para enriquecerse y empobrecer infinitamente a otros, es una falsificación de su creación originaria efectuada por los ricos y entes financieros. Los 28 bancos que controlan las finanzas del planeta, la hydra mundial, como los califica Francois Morin, son la concreción de la regresión capitalista, que ha convertido a una institución de origen y funcionalidad feudal en el factor dominante del empobrecimiento y descomposición de la globalidad contemporánea.

La ponderación del dinero como unidad de medida del valor de las mercancías, ha sido transformado en un objeto de manipulación política internacional en por gran parte de las monedas del mundo. Las determinaciones políticas de los organismos financieros de Bretton Woods, creados en 1944, en momentos previos a la terminación de la II Guerra Mundial y en plena hegemonía norteamericana, y que ocho décadas después aún siguen definiendo la política monetaria y financiera internacional, así como los entes privados de la Reserva Federal y los conglomerados bancarios, son los entes que determinan el valor del dólar y la imposición de los precios de muchas monedas nacionales. Asimismo, la condición privilegiada de la moneda mundial de un solo país, posibilita la transferencia y apropiación de las riquezas a una economía frágil, pero prepotente y agresiva militarmente. Así, creer que las capacidades adquisitivas de las monedas se mantienen, en plena contracción económica mundial, es un error, como es la ilusión imperial norteamericana, de considerar al dólar como una moneda libre de las fluctuaciones económicas y de su crisis hegemónica.

La ponderación de mucho o poco dinero, es la magnificación de esos objetos incesantemente creados, recreados o inventados por los bancos que deciden su producción y definen privadamente su capacidad adquisitiva. La ponderación del dinero por el dinero mismo, es un contrasentido, pues es el medio de intermediación mercantil por excelencia para la satisfacción de necesidades, alcanzar el bienestar, la salud, la educación, el arte, la ciencia, de los medios de vida para las personas y las condiciones naturales para la sobrevivencia.

La inequidad, desigualdad y arbitrariedad en la asignación del valor de las mercancías, así como del valor de la fuerza de trabajo y del propio dinero, reproduce de modo ampliado la diferenciación social, la explotación y la apropiación de los recursos colectivos por la vía mercantil. Asimismo, el empleo del dinero para hacer más dinero esclavizando a individuos, organizaciones y países a pagar por deudas, muchas veces pagadas, es el modo dominante para transferir valores a los usureros y empobrecedores de los organismos financieros, de la banca y las potencias económicas mundiales.

Los dineros excedentes privados son inútiles para la adquisición y satisfacción de las necesidades para quienes no necesitan nada y todo lo tienen, es una contradicción, como lo es también, la imposibilidad de materializar o concretar las inmensas cantidades de dinero existente, ficticios o solo formalmente registrados. Las magnitudes excedentes de dinero para el intercambio deben ser redistribuidas a la sociedad, como una necesaria devolución a quienes los generaron y en los espacios sociales que son requeridos. En los años setenta del siglo pasado James Tobín (1918-2002), proponía tímidamente un impuesto conocido como tasa Tobín, del 0.1 ó 0.2% a las transacciones especulativas en la banca y las bolsas de valores, las cuales exceden los 2 billones de dólares diarios y cuya recaudación podría rondar entre los 200, 000 y 400,000 millones de dólares anuales, que serían empleados para paliar la pobreza y los desequilibrios causados por la desigualdad del intercambio internacional entre los países. Dicho impuesto ha sido rechazado en muchos países y aun se discute en otros, incluso el propio James Tobín (laureado con el premio Nobel en 1981) llegó a criticarlo por el apoyo recibido de los movimientos antiglobalización europeos.

La alienación del dinero por parte de los propietarios del capital en Costa Rica, se expresa presionando al gobierno con el apoyo de muchos legisladores, para eliminar las restricciones sanitarias, quebrar la institucionalidad pública, despedir y empobrecer a los funcionarios públicos, liquidar las universidades públicas y la Universidad de Costa Rica en particular, así como, eliminar las políticas sociales e inclusive vender los activos del Estado. Esto es, se repite la añeja cantaleta liberal del Consenso de Washington, de los programas de tres Ajustes Estructurales y los tratados de libre comercio. La eliminación de las restricciones sanitarias, es un pretexto para imponer la colonialidad del poder y del saber, destruyendo los vestigios de democracia, libertad y futuro de nuestro pueblo.

¿Qué pretende la liberación de las restricciones sanitarias? ¿dar trabajo? ¿continuar con el enriquecimiento privado con afectación pública? La agresividad del empresariado turístico, que dice ser el más afectado, quiere clientes y ojalá muchos, pero que puedan pagar, los pobres e incluso los sectores medios, no tendrán cabida porque han perdido sus trabajos, han reducido sus salarios, o los porque muchos están esclavizados por largas jornadas e intensas labores, como tampoco expondrán sus recursos, salud ni supervivencia por visitas de esparcimiento. ¿Entonces a quienes quieren como clientes? Los pudientes del país prefieren hacer turismo en otros países y los extranjeros que ven atractivo conocer nuestra tierra, aun no pueden hacerlo. ¿No será que aprovechando la pandemia se busque quebrar a los competidores locales de las empresas trasnacionales del turismo? ¿no será que se quiere que los riesgos e incrementos de infección pandémica y posibles fallecimientos, se pretenda deslegitimizar no solo las medidas sanitarias, sino también la institucionalidad pública y el Estado Social de Derecho?

Algunos empresarios reclaman que no existe plan gubernamental, que se imponen y suprimen medidas sin previsión alguna, que se carece de decisiones y acciones estatales que resuelvan el desempleo e incluso les parece indebido que no se enuncien las medidas sanitarias que se adoptarán contra la pandemia. Reclamos absurdos e irracionales que muestran la ignorancia de lo que es un plan, de la imposibilidad gubernamental de resolver el desempleo cuando precisamente han sido los negociantes privados quienes lo han agudizado por la sobreexplotación y la sustitución de trabajadores con software robóticos, así como, tampoco se pueden adoptar nuevas y permanentes medidas sanitarias, cuando no son previsibles los niveles y las tendencias de la infección pandémica. Estos empresarios del sistema están dispuestos a sacrificar la existencia de poblaciones por los negocios que generan riqueza para quienes no necesitan nada y millones de pobres que carecen de todo.

La actual pandemia está revelando de cuerpo entero a empresarios y sus representantes que, en razón de sus intereses y ambiciones individuales pretenden disponer de la salud y vida de las personas, que por subsistencia y necesidad deben trabajar y concurrir al mercado para vivir. Pero, esos propietarios del capital no satisfechos con ello, estrangulan las finanzas para el apoyo de los que despidieron y cercenaron salarios, así como con sus amigos legisladores, restringen recursos para la salud, la educación superior pública y la institucionalidad estatal. Asimismo, en su insaciable voracidad, exigen retribuciones estatales, condonar y prolongar deudas, amnistías tributarias, así como reclaman subsidios y financiamiento para sus negocios. Esas personas que desfalcan el bienestar y la riqueza colectiva para beneficio privado, que defraudan la moralidad y lo público, cometen delitos de lesa humanidad.

Creer que la democracia es complacer a los empresarios transgresores del bienestar colectivo, dispuestos a condenar al pueblo a miseria hambre y enfermedad en aras del crecimiento económico, que se imaginan ser aristócratas que deben ser servidos por la sociedad y el Estado, están equivocados, eso no es democracia, es totalitarismo.

[1] Catedrático en la Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Imagen: www.infopalancia.com

Aporte de las universidades públicas y de su autonomía

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Las universidades públicas son centros de generación de conocimiento, formación profesional y proyección a la sociedad. Son centros de reflexión y pensamiento crítico. No se dedican solo a atender problemas del presente, sino que proyectan su trabajo hacia el futuro. La autonomía garantiza ese espacio de reflexión crítica.

En este video de menos de dos minutos de la Alianza por una Vida Digna se presentan y amplían estas ideas:

En este enlace puede ver el artículo que contiene estas ideas escrito por el doctor José María Gutiérrez:

https://wp.me/p6rfbZ-bvW

Imagen: UCR

Por una visión sin estereotipos de las Universidades Públicas de Costa Rica – para firmar

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica votará el próximo martes 23 de junio los informes de la Comisión que estudio el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES). El informe de mayoría que se debatirá en el plenario evidencia una visión economicista sobre el desarrollo y el bienestar, además de reproducir estereotipos sobre las universidades públicas.

Costa Rica es una nación que apuesta por la educación, que sabe que el conocimiento es esperanza, y aunque es urgente y necesaria la crítica y evaluación sobre aspectos diversos de la gestión de la educación superior, no se debe permitir el aval de un documento que no considera o interpreta de manera parcial y sesgada las fuentes de información a las que tuvo acceso como comparecencias, documentos oficiales y los Informes de la OCDE 2017 y el Estado de la Educación 2019. El estudio de esos documentos evidencia que de dichas fuentes se pueden extraer conclusiones muy diferentes a las del Dictamen de mayoría.

El claro énfasis dado a las debilidades puntuales de las universidades públicas lo hace desconocer sus mucho más numerosas fortalezas, lo que implica, por ejemplo, omitir del todo el desarrollo e impacto social, económico y científico que las carreras STEM y la investigación que en esos campos tiene en la Universidad de Costa Rica, que la sola lectura del dictamen deja la impresión de ser inexistentes. Nada más fuera de la realidad.

Varias de las conclusiones del informe de mayoría son de recibo, y la Universidad de Costa Rica reconoce que debe reconocer que urge la puesta en marcha de medidas de fondo en temas como salarios, equilibrio financiero a largo plazo y regionalización.

Para firmar:

Por una visión sin estereotipos de las Universidades Públicas de Costa Rica

Del distanciamiento a la convivencia digna

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Aprender a convivir no basta; es preciso aprender a convivir con justicia.
Adela Cortina

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

            El distanciamiento recomendado para evitar el contagio del Covid19 es de apenas 1.8 M. Sin embargo, siguiendo el mal ejemplo de quienes levantan muros, un país que ha gozado del reconocimiento internacional por su hospitalidad y la promoción y defensa de los derechos humanos, se está dejando contagiar por el virus letal de la insolidaridad: un distanciamiento desproporcionado e injusto.

            No se trata de cualquier distanciamiento. Tiene una dimensión de violencia simbólica y psicológica que cultiva el odio hacia los “otros amenazantes” (Carlos Sandoval), en el caso de los inmigrantes nicaragüenses ahora, además, convertidos en los principales agentes o “vectores” de contagio. Y una dimensión de violencia socioeconómica por parte de inescrupulosos empresarios, quienes aprovechándose de su condición de indocumentados y de pobreza, se les explota sometiéndolos a situaciones infrahumanas, con la complacencia de los gobiernos de turno. Cabe destacar que todavía hay reservas de hospitalidad solidaria que nos hermanan, y que debemos fortalecerlas.

            Como bien señala la filósofa Adela Cortina, “aprender a convivir no basta; es preciso aprender a convivir con justicia”[1]. En este sentido, destaca esta autora que las sociedades deben proteger los “derechos humanos de segunda generación”, que corresponden a la “ciudadanía social”: “Aunque las Naciones Unidas cargan la tinta en el racismo y la xenofobia como obstáculos ante la conciencia de la igualdad, el mayor obstáculo sigue siendo la aporofobia, el desprecio al pobre y al débil, al anciano y al discapacitado”[2].

            El país está lejos de una convivencia justa que garantice ese derecho fundamental a la ciudadanía social. Especialmente, cuando se favorece -lo que, paradójicamente, se ha venido convirtiendo en “política de Estado”-, la evasión y la elusión fiscal por parte de las grandes empresas y el sector financiero. Asimismo, una campaña de odio y desprestigio contra los trabajadores y pensionados del sector público, presentándolos ante la opinión pública como delincuentes que viven a costas de los impuestos del pueblo.

            Con este falso discurso se busca desviar la atención sobre los verdaderos privilegios producto de una relación “incestuosa” entre gobierno y sectores económicos dominantes, hoy dispuestos a desmantelar el Estado social de Derecho y privatizar la institucionalidad pública.

            El discurso del odio de Donald Trump, que estigmatizó al inmigrante latino, y particularmente al mejicano, como delincuente y terrorista, ha encontrado su réplica en nuestro país ¿Cómo es posible que llevados por mezquinos intereses de una élite insolidaria, cuyo dios es el dinero y el poder a cualquier precio, se haya caído tan bajo, emulando a uno de los líderes políticos más nefastos y vergonzosos del mundo? ¿Hacia dónde quieren llevar el país las fuerzas políticas y mediáticas, utilizando las armas letales del miedo y el odio en una guerra permanente contra su mismo pueblo?  No basta la escandalosa desigualdad que nos separa, ahora también se trata de concitar el odio para conducirnos al fratricidio.

            Para el escritor mejicano, Alberto Ruy Sánchez, “el problema no es la crisis humanitaria, sino que en el poder de varias potencias estén desquiciados amantes de la violencia y de las armas, incluyendo las armas nucleares. Y que estos poderosos adinerados detesten a la cultura o la vean como algo decorativo. El mundo nunca ha dejado de estar en crisis humanitaria. Pero al salir de la última guerra mundial en el siglo XX se trató de establecer una nueva convivencia basada en los derechos humanos, incluyendo los culturales y de salud. La avaricia del dinero y poder avasallantes quiere pretender que todo eso no existe y no es necesario. Y eso es indignante”[3].

            La pandemia actual está contribuyendo, como si fuese un actor político de primer orden, a exponer a la luz el verdadero rostro, cultural y éticamente empobrecido, de los poderes “fácticos” de un sistema neoliberal, que viene cultivando la frivolidad, la violencia y el autoritarismo. Y que ahora, en su desesperación, como la bestia herida de muerte, se ha vuelto más insensible y agresivo. Y como señala, el autor citado, lo más indignante es que le ha declarado la guerra a la cultura. La más devastadora porque ataca al “sistema inmunológico” de las sociedades humanas. Desestructurar las culturas ha sido la estrategia de dominación por excelencia de los imperios coloniales y neocoloniales.

            Uno de los símbolos más elocuentes de este sistema insensible y violento es la rodilla del policía blanco de Houston Texas, Derek Chauvin, presionando hasta provocar la muerte por asfixia del ciudadano negro, George Floyd. Ambos ciudadanos de una misma patria, distanciados en un país sometido a la supremacía blanca, acicateada por el actual gobierno racista y aporofóbico de Donald Trump.

            Es un símbolo trágico que retrata de cuerpo entero a un sistema que se resiste a morir, y uno nuevo y diferente que pugna por nacer (Gramsci). Efectivamente, ante la desesperación de no poder justificar tanta injusticia se acude a las armas más innobles para someter y asfixiar a quienes protesten o se rebelen: criminalización de la protesta social.

             Sin embargo, cada vez son más visibles las manifestaciones de quienes apuestan, con decisión y voluntad, por superar el distanciamiento radical, insolidario y deshumanizante que impide la “hospitalidad universal” (Kant), la convivencia justa y afectiva entre los seres humanos y con la naturaleza.

            Esta pandemia nos está convocando a un cambio de rumbo sustantivo, como bien señala el historiador Frank Snowden: “No es el fin del mundo, pero sí un claro mensaje de la naturaleza de que estamos viviendo de un modo no sostenible.  Ese desafío no va a desaparecer incluso si la Covid 19 desaparece o aparece una vacuna contra ella”[4].

            El desafío, en lo fundamental, apunta a la construcción un nuevo proyecto de convivencia global donde nos dispongamos a fortalecer las relaciones empáticas como especie y con nuestro hábitat; elevar al máximo nuestras potencialidades y capacidades afectivas para la convivencia digna y justa.

            El país requiere con urgencia rectificar, en esa dirección. La mesa para el diálogo social constructivo sigue vacía. Se agota el tiempo y también la paciencia. La clase dirigente debería despertar, para darse cuenta que la presión de su “rodilla” está llevando al pueblo a los límites de la asfixia.

[1] Cortina, Adela (1999). Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. Madrid, Alianza Editorial p. 254.

[2] Ibid, p.238

[3] Paniatowska, Elena et.al. (2017) Trump. México te habla. Grandes esinnobles ycritores mexicanos opinan sobre Donald Trump. Entrevistas de Raúl Godínez. México, Nueva Imagen. P.57

[4] https://www.infobae.com/economia/2020/05/31/frank-snowden-historiador-de-epidemias-el-desafio-no-es-tener-cuarentenas-permanentes-sino-reabrir-la-economia-con-el-menor-costo/

La carreta delante de los bueyes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Guillermo E. Zúñiga Chaves

“Quienes hoy vivimos en este país y tomamos decisiones, estaremos a la altura de las circunstancias en la medida en que reconozcamos nuestra pluralidad, nuestra multiplicidad de representación y que logremos superar la crisis emanada de la pandemia, al mismo tiempo que renovamos nuestro pacto social y modernizamos el Estado Social de Derecho. A esa tarea debemos abocarnos a trabajar en unión.” (Carlos Alvarado, 4 de mayo de 2020)

Un llamado a la unión, que reconoce la pluralidad, que se compromete con la renovación de nuestro Pacto Social y la defensa del Estado Social de Derecho. Este esfuerzo común definirá el derrotero del desarrollo nacional, que deberá ser incluyente, progresista modernizante.

A GRANDES MALES, GRANDES REMEDIOS. Se trata de aprovechar la crisis para salir robustecidos como país, como sociedad. La Reforma Social del siglo pasado se gestó y negoció en medio de la crisis económica provocada por la Segunda Guerra Mundial. El Pacto Social que nos ha guiado terminó de suscribirse con la fundación de la Segunda República, que retomó aquella Reforma y profundizó en muchos otros campos que trajeron bienestar. Fueron respuestas a los acomodos económicos, sociales y políticos que se vivieron.

EL CONVENIO CON EL FMI. Yo mismo insistí en que había que “pedir ficha” rápido con el Fondo. Y nos dieron un préstamo de cerca de US$500 millones para atender la emergencia. El 18 de abril en este mismo espacio, a propósito de esa primera transacción decía: “Hay que hacer una buena negociación con el Fondo… Por eso, guardarse espacios hoy para lo que viene, es fundamental. Que no se pretenda dejar amarrado el futuro del país.”

Los primeros informes fueron que ese préstamo no tenía condiciones. Un exministro habló que éramos soberanos. Poco a poco nos fuimos enterando que los negociadores sí habían hecho ofertas: vender activos, aumentar impuestos, bajar gastos. (Extraído de un reporte que hace el FMI). Luego las autoridades empiezan a decir y a desdecirse. Esto crea un espacio para que aparezcan las voces que anuncian que vienen desde “ajustes dolorosos”, “ajustes a la fuerza”; (otros antes habían recetado “patadas”) hasta los que dicen que el FMI dictará la hoja de ruta. ¡Estos son otros cien pesos!

CON EL FMI SE NEGOCIA. Igual que una compañía, cuando va a un banco a negociar una restructuración financiera, quiere demostrarles que conoce bien su actividad, que sabe por dónde crecerá, presenta un rediseño administrativo y estratégico del negocio, en fin, muestra que está en control de la empresa, una cosa parecida tiene que hacer el país antes de sentarse con el FMI. Esa definición de la Costa Rica del largo plazo es la que debemos diseñar con el nuevo Pacto Social. Cuanto más rápido actuemos, más rápido evitaremos la crisis social que se está gestando. Si no lo hacemos pronto, nos corremos el riesgo que esos vacíos en las definiciones sean llenados por los que tienen más fuerza, más influencia, más apoyos mediáticos, o más poder político.

Un acuerdo nacional incluye reformas en lo productivo, lo social, lo financiero, la administración del Estado, las cuentas fiscales, lo monetario, los aportes sectoriales, la educación del futuro, en fin, es una visión amplia y compartida de los próximos 25 años o más. Debe incluir también, la definición de un nuevo Pacto Fiscal, donde se repartan las cargas y beneficios del Acuerdo Nacional.

Esto es lo que hay que preparar antes de ir al Fondo. De otra forma, nos arriesgamos a que unos cuantos, negociando con el Fondo, nos impongan su visión. Se perdería la oportunidad de oro de relanzar a Costa Rica. Ya el Ministro de Hacienda anunció en la Asamblea que en 4 semanas estaremos negociando con el FMI. Y ahí se estaría comprometiendo el futuro. Si se firma primero con el FMI, ¿qué acuerdo nacional habría después? ¿Amarrado?

CONCLUYO. Costa Rica ha sido reconocida por su manejo de la crisis sanitaria. Daríamos otro ejemplo si tenemos la capacidad de construir un acuerdo nacional para enfrentar los retos del desarrollo, en medio de la pandemia. Hasta ahora el Ejecutivo no ha dado el paso, ¿qué espera la Asamblea que esta semana ha andado activa poniendo condiciones?

Compartido con SURCOS por el autor. Publicado en su blog https://notasaltema.blogspot.com/

Algunas consideraciones a propósito del dictamen legislativo sobre el FEES

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Muñoz Varela[1]

Una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa ha presentado en estos días un dictamen sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), en el que se ponen en cuestión la dotación de presupuestos por parte del Estado a las universidades públicas y las funciones sustantivas que estas instituciones desempeñan, así como la validez y los alcances de la autonomía universitaria.

Es pertinente hacer al respecto algunas observaciones puntuales en relación con aspectos que se indican en el documento de dictamen y que derivan en distorsiones o en aseveraciones sin fundamento acerca del quehacer académico y del desempeño de las universidades públicas.

El análisis que aquí se presenta, se coloca en negrita lo señalado en el documento y de seguido se elaboran y presentan los respectivos comentarios.

  1. “Los diputados y diputadas integrantes de esta Comisión Especial Investigadora suscribimos el presente informe luego de realizar el análisis de la normativa vigente, la información que trascendió en prensa, manifestaciones de estudiantes y profesores, así como de la ciudadanía en general, relacionada con la inversión y manejo que realizan las universidades públicas del Fondo Especial para la Educación Superior.”
  2. a) La normativa vigente en relación con las universidades públicas y su financiación es clara y se basa en la legalidad y legitimidad del Estado Social de Derecho y en la Constitución Política.
  3. b) La comisión interrogó a dirigentes de las federaciones de estudiantes y a rectores, representantes del CONARE y del Programa Estado de la Nación, así como a autoridades de gobierno. En ningún momento ha habido consulta a “la ciudadanía en general”, o al menos así no consta en el documento. A su vez, los medios de prensa citados en el documento tienen una línea editorial claramente hostil a las universidades públicas. En el trabajo de interrogación realizado por la comisión, además de ser densamente tendencioso y también agresivo, hay una sensible carencia de fuentes básicas de información, que den cuenta de manera veraz acerca del quehacer académico de las universidades públicas, de la forma en que hacen uso de los recursos que reciben del Estado por medio del FEES, de su gestión financiera e institucional, así como de todas las actividades académica y proyectos que estas instituciones llevan a cabo en docencia, investigación y acción social.
  4. “Bajo ninguna circunstancia disminuir recursos o pensar en cierres, pero si en un ordenamiento en el cuál este primer poder de la República, que es donde se aprueban los recursos y los presupuestos de la Educación Superior, tenga participación directa en el futuro de la educación de nuestro país y en este caso particular de la educación superior.”

El legislador constituyente consideró necesario y prudente establecer la autonomía universitaria dándole rango constitucional expreso, a fin de asegurar que las universidades públicas no se vieran expuestas al arbitrio circunstancial de las decisiones de los gobiernos de turno ni de otros poderes que podrían estar interesados en intervenir y afectar el desempeño de estas instituciones. Así, la universidad pública quedó establecida como una institución de Estado, no como una entidad dependiente del gobierno central ni de ningún otro poder del Estado. Así, por tanto, carece de toda validez y no se justifica la pretensión de la “Comisión” por tener “participación directa en el futuro” de la educación superior. Lo mismo el futuro como el presente de la educación superior pública es un asunto que, por disposición constitucional definida en la autonomía universitaria, le compete única y exclusivamente a las comunidades universitarias y a las autoridades académicas de las universidades públicas.

  1. “Las universidades públicas no son parte del Plan Nacional de Desarrollo, esto provoca distorsiones y hace perder potencial a las políticas públicas y a los objetivos de desarrollo que establece el país.”

Las universidades públicas, a través de la docencia, la investigación y la acción social, contribuyen no solo a fortalecer las políticas públicas, sino también a proponer políticas públicas que sean de beneficio para la mejora del bienestar de la sociedad costarricense en general. Por su propia naturaleza académica y por las actividades que desarrolla, la universidad pública no puede quedar atada a las regulaciones de los planes nacionales de desarrollo, que suelen ser cortoplacistas y que responden siempre a los intereses políticos de cada nuevo gobierno. Son múltiples los proyectos que, dentro de las funciones de investigación y de acción social, la universidad pública lleva a cabo en una gran diversidad de comunidades del país y en conjunto con variados sectores productivos, los cuales contribuyen de manera sustantiva al desarrollo nacional y, también, a dar sustentación concreta a los objetivos de un desarrolla nacional bajo una perspectiva de Proyecto País. Si la universidad pública quedara atada y encajonada en los planes nacionales de desarrollo, mucha de esta labor se vería limitada, restringida, liquidada.

  1. “[…] un espacio de mejora esencial y muy necesario que han señalado diversos estudios radica en la mejora de la estructura productiva, aquí, sin una participación coordinada, comprometida y activa entre las instituciones públicas, el sector privado y las universidades no se tendrán mejoras sustanciales pronto.”

De múltiples maneras, tanto las instituciones del Estado como el “sector privado” se han beneficiado siempre de la labor que llevan a cabo y de los servicios que prestan las universidades públicas. Por su parte, “la mejora de la estructura productiva” pasa por definir y desarrollar políticas públicas que atiendan de manera integral a todos los distintos sectores productivos. No se trata únicamente de la estructura productiva vinculada a la inversión extranjera directa ni a la agroindustria a gran escala ni al sector industrial vinculado al mercado de la globalización corporativa.

La sociedad necesita que las universidades públicas, haciendo uso de la autonomía que les asiste, puedan realizar sus propios diagnósticos sobre las necesidades de formación profesional y de generación de conocimiento que el país requiere para promover e incentivar el fortalecimiento de la estructura productiva en todos sus diversos ámbitos de actividad. La universidad pública debe mantener su autonomía para discernir por sí misma cuáles son las necesidades de atención prioritaria y, en su lugar, buscar el desarrollo de las vinculaciones institucionales e interinstitucionales que corresponda.

Esta es una dinámica que las universidades públicas han desarrollado desde siempre. Son bien conocidas las coordinaciones de colaboración que, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica han mantenido con instituciones como el Ministerio de Educación Pública (MEP), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), entre muchas otras. Relaciones de apoyo y de colaboración que en una proporción elevada han ido en un solo sentido, es decir, sin que haya existido mayor reciprocidad por parte de las instituciones beneficiadas. Las funciones sustantivas de la universidad están al servicio de dichos apoyos y colaboraciones, todo lo cual se encuentra debidamente documentado

Todas las unidades académicas de la universidad han participado de estas relaciones de coordinación con las instituciones del Estado, con las comunidades, con asociaciones y colectivos del sector productivo. Son múltiples las acciones desplegadas por la universidad desde la investigación y la acción social para dar apoyo al sector productivo y mejorar la estructura productiva del país.

En el momento actual, en el contexto de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, esta disposición colaborativa de parte de las universidades públicas se expresa, entre otras acciones, por la relación establecida entre el Instituto Clodomiro Picado de la UCR y las autoridades del sistema nacional de salud, para hacer investigación y elaborar un medicamento que permita atender con eficacia a las personas que resultan enfermas por el contagio del virus. En medio de la pandemia y cuando la universidad se encuentra sin actividad presencial en sus instalaciones, la planta de investigación del Instituto Clodomiro Picado no para de trabajar en la búsqueda del medicamento que pueda servir para curar a las personas contagiadas.

  1. “Por su trascendencia y alto valor estratégico para el progreso del país, hay que plantear la posibilidad de una diversificación de los destinos de los recursos públicos que financian la investigación. El monopolio de la inversión en investigación con fondos públicos y privados en las universidades públicas requiere análisis y debate.”

La investigación en las universidades públicas responde a una visión integral y estratégica del bienestar nacional en los diferentes ámbitos del conocimiento, no a requerimientos específicos de carácter sectorial. La investigación en la universidad, tal como ya se indicó en el punto anterior, ha sido diversa y ha estado al servicio de muy diversos sectores productivos e institucionales.

Desde su propio quehacer de investigación y también desde la acción social, la universidad pública aporta al país y a la sociedad costarricense en general, manteniendo su independencia y autonomía y abarcando todos los campos del conocimiento. Esto es de sustantiva importancia, a efecto de no descuidar ningún ámbito y que, a su vez, la investigación no se sectorialice ni se restrinja a las demandas, por ejemplo, de un determinado “sector privado”.

Tampoco sería conveniente que las universidades queden obligadas a buscar financiamiento privado para realizar investigación. Esto significaría la privatización de la investigación y su puesta al servicio de intereses específicos, corporativos, que muy poco o nada tienen que ver con la búsqueda del bienestar social colectivo. En la medida que esto ocurra, la universidad pierde su esencia y la investigación deja de servir como un elemento de “valor estratégico para el progreso del país”.

  1. “LAS UNIVERSIDADES DEBERÍAN ESTAR GENERANDO UN VALOR PÚBLICO QUE SOBREPASE LAS NECESIDADES ESTUDIANTILES Y QUE, ADEMÁS, ESTÉ AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

“El valor generado por las entidades y órganos del Estado, mediante servicios, resultados, confianza y legitimidad, toda institución pública incluidas las universidades estatales, están llamadas a generar en los servicios que prestan un valor público para la ciudadanía.”

Este título es inexplicable e inconcebible; una afirmación carente de toda veracidad. La sociedad en su conjunto, las instituciones del Estado, el sector privado y una gran variedad de organizaciones civiles se han beneficiado y se benefician constantemente del valor público que representa el quehacer académico de la universidad en sus funciones de docencia, investigación y acción social. Es inaudito no reconocer los servicios que aporta la universidad en términos de valor público para la sociedad. No se puede decir, tal como se afirma en este titular, que las universidades públicas solo se dedican a hacer labor de enseñanza.

  1. […] por eso creemos que es tan importante quitarle la presión inercial a la masa salarial, a través de una reforma de empleo público para que pueda invertirse en investigación. Esta es una apuesta inteligente en el largo plazo, no solo para generar valor público sino también para que los entes universitarios generen sus propios ingresos y dependan cada día menos del FEES, el cual por la situación financiera del país y principalmente por los niveles endeudamiento, cada día está más comprometido.”

En este documento se hace énfasis en que las universidades públicas deben incrementar la matrícula y además diferenciar el valor de los aranceles, de manera que el estudiantado proveniente de familias adineradas pague más.

Reducir salarios a fin de trasladar mayor volumen de recursos a la investigación. En este aspecto, la comisión legislativa no se da por enterada de que para hacer investigación se necesita tener una formación académica sólida y que esta formación no se logra sino a través de toda una experiencia acumulada. Se requieren condiciones adecuadas para lograrlo, dentro de las cuales está contar con un salario decente que permita la adquisición de material bibliográfico, el acceso a fuentes de información en internet y otras. Por otra parte, en la medida que en la universidad pública la investigación es con mucha frecuencia parte del quehacer académico, que no se reduce éste exclusivamente a la docencia, plantear una ley de empleo público que vendría a precarizar las condiciones de trabajo en la universidad, esto no significaría otra cosa más que un serio y muy peligroso debilitamiento de la investigación.

  1. “[…] hay un sistema de educación universitaria que va creciendo, la expansión en general es positiva, pero los énfasis en que se están produciendo, graduando los estudiantes, no necesariamente son los énfasis que nuestra economía o que nuestra sociedad necesita.”

Argumento recurrente de las instituciones del gobierno central. Sin embargo, “los énfasis que nuestra economía o que nuestra sociedad necesita” no son necesariamente los que están planteados en los planes nacionales de desarrollo. En estos planes hay interferencias de sectores y de intereses políticos que, en general, las universidades siempre han buscado evitar para no caer en una distorsión ni restricción de sus enunciados misionales. La universidad pública es una institución de la sociedad y para la sociedad. El papel histórico jugado por ellas es, en este sentido, fundamental como contribución al desarrollo del país y a la búsqueda de bienestar para la sociedad en general.

La formación profesional en carreras técnicas, ingenierías y otras, es naturalmente muy importante. Sin embargo, “los énfasis” de la formación universitaria no pueden quedar circunscritos a este tipo de carreras. La sociedad necesita contar con profesionales en todos los campos del saber. En el actual contexto de la crisis sanitaria, pasa a quedar en evidencia la necesidad de que, por ejemplo, las instituciones de salud cuenten con la labor de análisis y de asesoría que pueden brindar los profesionales en psicología social, para que ayuden a las autoridades de salud a prevenir y controlar posibles desencadenamientos de patologías psicológicas a raíz del confinamiento y también de la angustia por la pérdida del empleo, la reducción de los ingresos, la incertidumbre que se proyecta hacia futuro y otros tantos factores que podrían estar generando tendencias de patologías psicológicas en la sociedad.

  1. “[…] también hay un actor relevante que es el Conesup, quien vela por el tema de las universidades privadas; entonces, ahí, tanto el Estado de la Nación como OCDE nos han dicho que hay que mejorar en materia de la gobernanza para garantizar una mejor rectoría, en la medida de lo posible, que garantice mayor coordinación y coherencia de las políticas públicas de las entidades educativas.

No se puede equiparar el sistema universitario público con el sistema privado. Se trata de dos regímenes totalmente distintos. A lo sumo, lo que sí se puede hacer es que se exija y cumpla una evaluación de la calidad académica especialmente en las universidades privadas. La sociedad necesita que se le garantice que lo que las personas paguen a una universidad privada por los servicios de enseñanza sea, en efecto, de calidad.

Después de tres décadas en que da inicio en Costa Rica el auge de las universidades privadas es sabido que hasta la fecha la gran mayoría de ellas no rinden cuentas sobre la calidad académica de las titulaciones que están vendiendo. Una gran mayoría de ellas tampoco dan información sobre sus planes de estudio.

La “coordinación y coherencia de las políticas públicas de las entidades educativas” es una demanda ilusoria. Deja de lado que las universidades privadas responden a sus propios intereses de mercado y que para ellas no existe ninguna fiscalización por parte del Estado en relación con lo que hacen.

Las universidades públicas, con base en la autonomía institucional que les asiste, responde con su oferta académica a las necesidades de formación profesional y técnica que la sociedad necesita. Actualiza sus planes de estudio y cuando es necesario crea nuevas carreras. Esa es la institución universitaria que la sociedad necesita; una institución que orienta a la sociedad y que promueve e impulsa el desarrollo del país con equilibrios intersectoriales, con inclusión de los diversos sectores sociales y productivos y con pertinencia de la formación que proporciona.

  1. Vinculación subordinada del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES) con los planes nacionales de desarrollo:

“Poderles contar como socios estratégicos dentro de los planes nacionales de desarrollo y de inversión pública y no únicamente, posteriormente, durante la Agenda Nacional de Cooperación o, también, poderles hacer partícipes, de una manera más directa, en el plan estratégico nacional, que esta visión de largo plazo, al 2050.”

Las universidades no pueden ni deben plegarse ni asociarse con los planes nacionales de desarrollo. Esto necesariamente implicaría dejar de lado o minimizar su autonomía e independencia para realizar análisis crítico de las propuestas del desarrollo nacional. Por disposición constitucional, en el caso de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, esta institución tiene a su cargo analizar propuestas de política pública y proyectos de ley y dar su criterio. Esta es una forma en que la universidad contribuye a mejorar la orientación estratégica que tales políticas pueden tener para un desarrollo económico equilibrado y para la mejora del bienestar común en la sociedad.

Desde hace bastantes años, las políticas públicas asociadas a los planes de desarrollo han sido claramente lesivas para sectores específicos de la sociedad, por ejemplo, el sector agricultor. Los planes nacionales de desarrollo, como políticas de Estado, requieren del juicio crítico de un actor que no forme parte del gobierno central ni que esté asociado a este de manera subordinada. Para eso están las universidades públicas.

Por supuesto, las universidades públicas pueden ser y siempre han sido colaboradoras cuando se trata de desarrollar acciones en COORDINACIÓN con las distintas instituciones del Estado. Siempre ha existido una relación de sinergia entre el PLANES del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y los planes nacionales de desarrollo. En vez de establecer rigideces y camisas de fuerza, la lógica de una administración pública propositiva y fructífera debería plantearse en términos de diversidad de actores institucionales.

  1. “El Ministerio de Planificación y Política Económica como rector del empleo público no pretende entrometerse, si cabe la palabra, dentro de las regulaciones internas y la manera de administrarse de las universidades, lo que pretende es establecer lineamientos generales que lleven hacia la unicidad, la coherencia, hacia la sostenibilidad y hacia la excelencia.”

Lo que aquí se dice es totalmente contradictorio. Es como decir: “te vamos a establecer un marco rígido del cual no te podrás mover en ningún sentido, pero tenés plena libertad para hacer lo que querrás ahí dentro”. Bien se sabe que, en buena lid, las políticas públicas constituyen parámetros de proyección cuya ejecución debe ser evaluada, corregida y mejorada según sean los resultados de la evaluación. Entre las políticas públicas y las políticas institucionales de las universidades, según ya se ha indicado, existen necesariamente confluencias y sinergias. Las universidades pueden muy bien representar marcos de referencia para la evaluación de las políticas públicas.

En la medida que se les obligara a subordinarse a los planes nacionales de desarrollo y a las políticas de las instituciones del Estado, las universidades pasarían a convertirse en no otra cosa que en dependencias de esas instituciones. Consecuentemente, con ello ya habrían perdido toda posibilidad de tomar sus propias decisiones en materia de su oferta académica, de la definición de la investigación y de la prestación de los servicios de la acción social.

  1. “[…] se pueda hacer un proceso de formulación conjunto porque las universidades también pueden aportar mucho con evidencia a tener mejores diseños de programas, de proyectos de inversión pública, pueden aportar a las fases de pre inversión, las fases de programación y pudiéramos hacer un único instrumento donde quizá en el largo plazo estén incorporados como responsables de algunos de los proyectos de inversión y los programas dentro del Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública.”

No es necesario que Mideplan esté en el CONARE para que las universidades presten el tipo de asesorías que aquí se mencionan. Es interesante que se reconozca la capacidad que tienen las universidades para el diseño de programas y proyectos de inversión pública, pero que con mayor énfasis aún se demande la incorporación de Mideplan al CONARE.

Por lo dicho anteriormente sobre la condición de agente de análisis crítico de las universidades públicas, estas instituciones no debieran operar dentro de un instrumento único. Por otra parte, a propósito del “largo plazo”, diversos centros e institutos de investigación de las universidades han elaborado propuestas de largo plazo para atender problemas prioritarios del país; sin embargo, en una gran mayoría de casos las autoridades de gobierno no las han tomado en cuenta. No es de recibo insinuar que las universidades públicas operan en el marco del corto plazo y que se olvidan de tener una visión estratégica, con proyección de futuro, del desarrollo nacional. Es todo lo contrario.

  1. “Algo que quiero destacar es que, en este periodo de nuestra gestión, de 2010 a 2018, la población estudiantil en el Tecnológico aumentó un 36% de 2011 a 2018, en diferentes programas que tenemos. Y quiero resaltar que, atendiendo las solicitudes de varios sectores productivos, el aumento más grande se dio en la carrera de Producción Industrial, un 69%, y en la carrera de Ingeniería en Computación con un 54% de aumento de la matrícula de primer ingreso.”

Desde su origen, el TEC es una institución universitaria especializada en ingenierías y carreras técnicas. Es decir, es una institución sectorializada que atiende las demandas de formación de sectores vinculados a la tecnología, la construcción, la agroindustria, tecnologías del medio ambiente, computación e informática. Nadie podría objetar nada al respecto. Pero de decir que es la “universidad del futuro” porque imparte las carreras que más demanda el mercado laboral es decir una evidente falacia. Significa privilegiar un sector del mercado laboral y dejar por fuera a los demás. Si se está hablando de una preocupación por el desarrollo nacional, no se puede dejar al margen la formación en educación, salud, ciencias sociales, artes y otras muchas carreras más.

  1. “El TEC tiene una gama curricular de vital importancia para la atracción de inversiones, por lo que merece, sin duda, un mayor porcentaje del FEES, si el país quiere resolver a mediano y largo plazo el problema del desempleo.”

Está más que probado que la inversión extranjera directa no resuelve el problema del desempleo. Además, se trata de empresas de producción industrial o de maquilas que operan con privilegios fiscales y cuyo mercado laboral, por los niveles de organización tecnológica de sus procesos de producción, no constituyen fuentes de trabajo tan significativas según lo quiere hacer ver la Comisión.

Igual que muchas otras cosas que se afirman en el dictamen de la comisión, esta afirmación también es radicalmente falaz, tendenciosa y desconocedora del significado de la universidad pública y de los beneficios que ella aporta a la sociedad.

  1. “La señora ministra tiene una alta cuota de responsabilidad y yo quiero, doña Giselle, que usted asuma un compromiso, no conmigo ni con doña Patricia, ni con los miembros de esa Comisión, sino con el país para detener estos borbollones de dinero que estamos destinando a salarios y que están condenando muy pronto a las universidades a desaparecer financieramente.”

Desconoce la evidencia que aporta este mismo documento, que al final presenta la lista de las personas que cuentan con los mayores salarios en las universidades públicas. Habría que decir cuántas personas en las universidades tienen un salario mayor a 4 millones de colones y qué proporción de la planta docente y administrativa representan esas personas. Este documento es solo un rosario de falsedades que se asumen como argumento para buscar la destrucción de las universidades públicas.

  1. “En el caso en particular de lo que don Marcelo llama privilegios, usted estaría de acuerdo con la frase de don Marcelo que son los privilegios los que podrían acabar con la autonomía universitaria, específicamente ese tema.”

El término privilegios se convierte en una muletilla vacía que sirve como arma de destrucción masiva, a la vez que obvia los intereses de la sociedad por contar con la educación superior pública y con los servicios de investigación y de acción social que las universidades públicas proporcionan. El foco de ataque son la UCR y la UNA. Las otras universidades públicas “hacen mucho con poco” y, además, el ITCR ya fue declarado en el documento como “la universidad del futuro”.

  1. “La OCDE, hoy habría reunión, pero no puedo estar en dos partes a la vez, la OCDE en el informe del año 2018 señala que las universidades estatales tienen pocos incentivos para responder a las necesidades del mercado laboral, potenciar los graduados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y mejorar la representatividad en el acceso a la educación superior.”

El enfoque de mercado por encima de la visión integral de la formación profesional universitaria. Restringir la visión del quehacer formativo de la universidad a las carreras que respondan “a las necesidades del mercado laboral” significa no solo cercenar el cuerpo académico de la universidad, sino también direccionar la formación universitaria hacia carreras que responden a un determinado sector del mercado laboral; el sector precisamente vinculado a la economía de capitalismo corporativo transnacional y el que representan las empresas nacionales inscritas en la dinámica de la globalización neoliberal. En este sentido, cuando se habla de fortalecer la oferta de educación superior en las regiones, de lo que se está hablando es de algo muy difuso, en la medida en que de lo que se trata es de habilitar fuerza de trabajo técnica en las regiones para ser empleada por ese mercado laboral corporativo, pero no en recuperar ni potenciar las capacidades productivas locales para promover el desarrollo y el bienestar social local a partir de las propias particularidades productivas de las regiones.

  1. Un reclamo generalizado y evidenciado en esta Comisión es que las universidades se han enfocado en desarrollar únicamente el GAM, lo que ha desembocado en que únicamente las empresas de zonas francas que generan empleo de altísimo nivel estén interesadas únicamente en desarrollarse dentro del GAM.

Ahora entonces ya sí lo dijeron: de lo que se trata es de invertir en el fortalecimiento de la oferta de educación superior técnica en las regiones para habilitar fuerza de trabajo que permita desconcentrar de la zona urbana de la GAM a las empresas de zonas francas. Es lo dicho anteriormente: lo que interesa no es la educación superior en las regiones para estimular y dar soporte al desarrollo local, sino para habilitar fuerza de trabajo técnica para las empresas de inversión extranjera directa y también para las empresas nacionales vinculadas a la economía de la globalización neoliberal.

  1. “Sin embargo, estos diputados y diputadas no podemos recomendarles a las universidades como impartir sus carreras, dado que están protegidas por la autonomía constitucional en este punto.”

¿Con qué criterio académico y de planificación prospectiva las diputadas y los diputados le podrían decir a las universidades cuáles carreras impartir y cuáles no? Por tal razón, hay que eliminar o debilitar la autonomía universitaria en la Constitución para que sean las personas integrantes de una comisión legislativa quienes les indiquen a las universidades públicas cuáles carreras impartir y cuáles no.

  1. “Algo en lo que hemos coincidido los legisladores, y lo hemos venido confirmando a través de las diferentes audiencias, es la urgencia de cambiar los criterios de distribución del FEES, de manera que no respondan a un criterio costumbrista, sino más bien a criterios técnicos, que reconozcan el cumplimiento de indicadores efectivos y, además de ello, que puedan traducirse en metas y mediciones, de manera que se premie con mayor monto del FEES a las universidades que efectivamente están cumpliendo con sus proyectos y metas, las cuales deben traducirse en mayores cupos, investigaciones, infraestructura e inversión en las regiones.”

La Universidad que cumpla con los indicadores que los señores diputados determinen, esa universidad será “premiada” y, así, cada vez que se entreguen los fondos del FEES, la distribución podrá variar en función del cumplimiento de esos indicadores. Es decir, ya no se trata únicamente de condicionar la entrega de los recursos del FEES a la reducción de personal (administrativo, se ha dicho) y a la rebaja de los salarios en las universidades, sino también que los diputados se atribuyen la facultad de realizar la correspondiente distribución del presupuesto, de conformidad con sus decisiones políticas. Y es por eso entonces que se hace necesario subordinar la autonomía universitaria a las decisiones económicas en materia de aprobación de presupuestos nacionales para la educación superior pública.

  1. “Es importante para estos diputados y diputadas que en esa mesa de trabajo se puedan definir mecanismos que le permitan a la Asamblea una visión integral, una perspectiva integral, sobre la totalidad de las fuentes de financiamiento que tienen las universidades dentro del presupuesto nacional de la República. Introducir en la discusión y aprobación de recursos a las universidades vía FEES, el tema de los recursos, producto del superávit que mantienen las universidades.”

De nuevo, uno de los aspectos medulares en que recalca este documento es la intervención, fiscalización y determinación política externa, efectuada de manera cruzada entre el poder ejecutivo y el legislativo, de la disposición y organización de los presupuestos por parte de las universidades. De esta manera, las rectorías de las universidades pasarían a ser no más que empleadas al mando de los poderes ejecutivo y legislativo. Y aún así afirman en este documento que lo que buscan es mejorar el desempeño de las universidades y no afectar los alcances de la autonomía universitaria.

  1. “La diputada Yorleny León ha sido enfática en que el Planes debe evaluarse por un tercero, y dicha propuesta fue acogida por esta Comisión, dado que es Conare quien lo realiza y, además, es quien lo evalúa; por ende, la evaluación no es realmente objetiva, pues es un “yo con yo” tal como lo ha dicho reiteradamente la señora León. Y su posición fue compartida por la Contraloría General de la República.”

Una vez más, interferencia política externa sobre las decisiones de política y de inversión de las universidades públicas. Tal como se puede ver a lo largo de todo el documento, la aprobación del FEES estaría supeditada a la intervención de las decisiones políticas externas en materia de desarrollo institucional, definición de programas de inversión, costo de los aranceles, oferta académica y gestión de la investigación.

  1. “El sistema de acreditación también golpea con más dureza a las regiones, es por ello vital que exista una forma más acelerada y barata de poder acreditar más carreras en zonas rurales, con el objetivo de bajar las brechas y esto es de suma importancia para realizar mejoras de fondo en la educación, porque tal como fue dicho por representantes de Sinaes:”

Esta indicación inentendible refleja muy bien el nulo o muy bajo nivel de comprensión que tienen las personas integrantes de la comisión acerca de lo que es una universidad pública. Imagina esta gente que las universidades son como una especie de planta industrial donde se fabrican profesionales y también paquetes de objetos tecnológicos.

[1] Observatorio de la Educación Nacional y Regional (OBSED), Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universidad de Costa Rica.

Informe legislativo del FEES y autonomía universitaria – hoy en Radio Universidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

El 27 de mayo se presentó el dictamen de mayoría de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa en relación con la administración del Fondo Especial de Educación Superior (FEES).

El informe contempla una serie de recomendaciones que ponen en entredicho el concepto de universidad pública y el modelo de educación superior que tenemos.

Este miércoles vamos a estar analizando las propuestas de este informe y sus implicaciones en la autonomía universitaria, con la participación de la doctora Isabel Avendaño Flores, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR y de Ana Catalina Chavez Arias, presidenta de la FEUCR.

Será a las 5 de la tarde por los 96,7 fm de Radio Universidad.

Invitan: Escuela de Ciencias Políticas UCR y Kioscos Socioambientales

¿Quiénes aportan y quiénes se agachan?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gerardo Hernández Naranjo

Con cierta rimbombancia, un medio publicó hace unos días que empresas de zonas francas han hecho donaciones por 650 millones de colones para atender crisis del COVID-19.

Parece mucha plata, pero comparen con otra noticia sobre los 75.000 millones que aportará el Instituto Nacional de Seguros (empresa pública) para contribuir a las políticas públicas, frente a la misma crisis del COVID-19.

Este sencillo ejemplo muestra cómo los medios hacen bulla por cualquier peso que venga del sector privado y tienden a restarle atención al inmensamente más grande aporte y rol que está jugando la institucionalidad pública en esta crisis.

Pero más allá de la crisis actual, la gran brecha entre el aporte de la institucionalidad pública y los privilegios de algunos sectores privados se ha convertido en un problema político medular de nuestro país. Veamos algunos datos que lo evidencian:

– En el 2019, a partir de las utilidades del INS y en cumplimiento de diferentes disposiciones legales, esa institución hizo aportes por 33.500 millones de colones a diferentes áreas de nuestra seguridad social (CCSS, riesgos del trabajo, CNE, etc.) y a las finanzas públicas. Además pagó 8.691 millones de colones en impuesto sobre la renta.

– Del otro lado ¿saben cuánto NO PAGARON de impuesto sobre la renta las empresas de zonas francas gracias al privilegio de la exoneración que disfrutan? En el 2018, según datos del Ministerio de Hacienda, ese sector no pagó 349.857 millones de colones, equivalentes a un 1.01% del PIB.

Les invito entonces a que hagan un gráfico para comparar las siguientes cifras (todas en millones de colones) y sobre todo, a tener muy presente quiénes las aportan y quiénes las dejan de aportar: 650, 8.691, 33.500, 75.000 y -349.857.

Pero, como son las grandes empresas y sus aliados mediáticos quienes construyen el marco de opinión pública, seguirán tratando de hacernos creer que los villanos de la historia son el Estado Social de Derecho y las personas trabajadoras del sector público, mientras que los héroes (o víctimas según convenga) son las grandes empresas y sus cámaras porque… “producen libertad”.

Y peor aún, nos inducirán a que aplaudamos las migajas que, por caridad, filantropía o “responsabilidad social”, caigan del jugoso banquete que disfrutan las grandes corporaciones nacionales e internacionales de zonas francas, gracias a sus privilegios fiscales.

Compartido con SURCOS por el autor, publicado además en su espacio de Facebook.

SITRAHSAN comenta y puntualiza ruta para salida a la crisis

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

SURCOS recibió del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional (SITRAHSAN) un documento enviado por el licenciado Miguel Ureña Cascante, secretario general, a las jefaturas de fracción y a las comisiones legislativas. En el escrito del dirigente sindical se comentan las rutas para salir de la crisis adoptadas por el gobierno y se propone otras con base en los criterios de equidad y justicia.

Compartimos el documento:

San José, 25 Mayo del 2020
SG-SIT-135-2020

Jefaturas de Fracciones Legislativas
Comisión de Asuntos Hacendarios
Comisión de Asuntos Económicos
Comisión de Asuntos Sociales
Medios de comunicación social

En calidad de Secretario General de una organización que representa los intereses del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional SITRAHSAN, con sobrada solvencia académica, experiencia laboral, así como pleno conocimiento y estudio de la política, económica y los problemas nacionales y sus propuestas de potenciales soluciones considero que:

1- No es prudente acudir a empréstitos internacionales, que generen más apalancamiento al ESTADO, en virtud de la Pandemia COVID – 19, ya que en Costa Rica hay sobrada liquidez y solvencia en poder de los acreedores financieros, y activos líquidos de los trabajadores, como el FCL y el ROP.

2- Se han realizado varias reformas a la Ley 02 de 1943, donde se ha incorporado el Régimen Obligatorio de Pensiones, inicialmente provisto como un recurso para evitar la pandemia financiera en la CCSS, en el Régimen de Invalidez Vejez y Muerte.

3- Ciertamente muchos también ha sido los esfuerzos para arreglar las finanzas del Estado y sus obligaciones contraídas con Regímenes de Pensión como el del Magisterio Nacional, o del Poder Judicial, y otros similares, los que su carga dentro del Presupuesto Nacional, viene poniendo en aprietos las finanzas Públicas, y la Política fiscal y económica de este país, desde hace muchos años.

4- Se han gestado desde el año 2000 cuando entró en vigor et ROP, diversas iniciativas parlamentarias, concurriendo al final en Leyes nacionales, para promover regímenes fiscales, regular las relaciones del Sujeto activo y el sujeto pasivo, y el detonante en esas reformas, por Io general constituyen como punto céntrico, incrementar la tarifa tributaria y la base imponible.

5- Dentro de esas reformas, NO se ha visto el interés de promover un umbral adecuado y razonable para disminuir el calificativo de DELITO TRIBUTARIO, que permita a la Administración Tributaria, cuya competencia recae en el Ministerio de Hacienda, encarcelar a quien robe, jinete o contrabandear o eluda los IMPUESTOS. Muchas han sido las propuestas sociales, y los políticos de turno hacen caso omiso a las mayorías. Prueba de ello la última reforma con la Ley es35 de diciembre de 2018, denominada COMBO FISCAL popularmente y legalmente LEY de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Tarea concretada con una alianza entre el Poder Ejecutivo liderado por Doña Rocío Aguilar y el Sr. Nogui Acosta y la clara resistencia de una mayoría muy identificada.

6- La reforma tributaria; consideré prudente para recaudar los impuestos en mora, incorporar una amnistía tributaria, provocando en muchos casos darles un premio de miles de millones a quienes durante mucho tiempo jinetearon los impuestos, y de manera quizás “temeraria», presentaron un estado de cuenta que los favorece en Demasía y con ello se pudieron “tapar” con la figura de la prescripción, algo más pendiente, es decir, aunque el legislador normó las condiciones, algunos declarantes, porque muchos contribuían en “cero” salieron gananciosos de una reforma fiscal, para nada equitativa, ni justa, ni progresiva. PERO RICA EN PERDÓN

7- Luego de la ampliación de la carga tributaria, empiezan los efectos adversos en la economía y se da la premonición social traerá pobreza y menos ingresos producto del incremento en el costo de los factores, todos, desde la producción, hasta la distribución misma, tanto así, que genera cuatro escenarios, los que pagan el 13%, los que pagan el 4%, los que pagan el 2% y los que no pagan nada o estén exentos por un plazo determinado, ya que en julio de 2020, todo va a contribuir, hasta la el consumo de la canasta básica.

8- SE ALQUILA, el ciudadano común, observa los grandes rótulos donde las PYMES que un dfa estaban generando trabajo a muchos ciudadanos deben cerrar sus locales, pero; que el impacto de la Ley 9635 incrementó el desempleo al 13% y la informalidad en casi un millón de personas. Un efecto quizás calculado adverso, y como golpe a la informalidad, todos pagan, todos deben inscribirse, quizás es la justificación, pero el trabajador es quien sufre las consecuencias directas. Y el informal evasor o elusor continúa su camino dejando deudas y acumulando riqueza.

9- No prevista la pandemia, revienta en CHINA y afecta a Costa Rica en marzo de 2020, generando una respuesta de todo el Sector Salud, y las actuaciones sindicales no se dejaron esperar, solicitando la suspensión de las clases, la dotación de recursos en salud, y un sin fin de pretensiones; muchas de las cuales, no se hubieran concretado, sin una posición fuerte, y contundente de muchos Líderes valientes, para enfrentar la PANDEMIA, lograr mitigarla, evitar que el sistema colapse y hacer valer nuestro derecho a la SALUD.

10- El manejo de actores del Poder Ejecutivo ampliado con Instituciones Autónomas, da los resultados posibles, no obstante; se sigue a la vanguardia de muchos países del área, y hay temor de que ingresen más casos foráneos, nos colapsen y gasten los recursos que contamos, debido a que muchos de los grandotes empiezan a blindarse.

11- Con la pandemia a cuestas, los grandes empresarios, muchos de los que agremiados en Cámaras como la UCCAEP o Similares, no pagaban impuestos, declaraban cero en Renta o quizás se salvaron con la Amnistía, acuden a cuesta de moras y a Zapote, en un gran llanto, pidiendo protección, para que el COVID-19 les otorgue flexibilidad laboral, les permita una moratoria tributaria y con ello justificar las posibles pérdidas que una pandemia de 15 días les podía generar, cuando muchos de estos, tenían años de años de lucrar en un mercado libre y casi de cero regulación fiscal. Así como blindarse financieramente por demandas laborales.

12- Se concretan las normas, se blindan los poderosos, y los pobres trabajadores con el QUEDATE EN CASA, se Ie remite sin sus derechos laborales, sin el salario digno, y los poderosos, recuérdese que la provisión contable permite acreditar ese componente como GASTO en el cálculo de la RENTA NETA y con ello afectar la base imponible a su favor en ese impuesto.

13- Con la pandemia, se inventan que PAPÁ ESTADO debe proveer el BONO PROTEGER para subsidiar Io que a ellos correspondía, como si en realidad hubieran pagado muchos impuestos cuando hubo bonanza, en épocas de «vacas gordas».

14- El «chicharrón» se le viene al trabajador Ie caen las siete plagas ni salario ni comida y para paliar un poco sale una ley que parcializa el retiro del FCL pero resulta insuficiente.

15- Como premio, en tiempos de pandemia, surge la noticia de que la Ex Ministra de Hacienda, a quien la Contraloría General dejó de buscar para notificarle una resolución de suspensión de un mes, se nos informa que será la nueva SUPER INTENDENTE DE PENSIONES ante la renuncia del Dr. Ramos.

16- A los defensores de la última reforma fiscal, o también podríamos señalar muchos otros actores que ocuparon puestos en la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo y que de manera poco solidaria, solo defendieron o promovieron propuestas que en nada resultaron ser progresivas, justas y equitativas, y que quizás la historia los reconozca, como los responsables de la debacle fiscal y financiera de este “paraíso fiscal», pero eso corresponderá a otras generaciones, si acaso, los veremos, no hay ninguna certeza al respecto. Y el Ministerio público o leyes penales, no los puede encarcelar o enjuiciar, ya que el sistema mismo, parece ser complaciente con la clase política de este país, no obstante; no hay ningún proyecto que revele el interés de sancionar las malas prácticas, el chorizo, la negligencia, la impericia, y hasta la omisión de actores civiles en la generación de actos calificados con reproche social. SIGUE LA FIESTA. “acuden al método de PRUEBA Y ERROR, al final si nos equivocamos el pueblo paga”.

17- Recuérdese que estamos en pandemia, y que los estragos económicos impactan sólo al trabajador, debido a que el “ricachón poderoso financiero o empresario” están blindados desde los tres poderes. Eso parece, en virtud de diversas actuaciones civiles y muchas rechazadas de facto.

18- El pueblo consternado ante tanta miseria provocada por la Pandemia, solicita a algunos de sus representantes “padres de la patria”, miembros del nada despreciable calificativo PRIMER PODER DE LA REPÚBLICA, el auxilio para retirar el ROP y el FCL. Claro, solución a su pandemia de años, como un alivio razonable en tiempos de escasez. Pero; que los poderosos acaudalados financieros de este país no desean ponerlo en poder del pueblo. EL PODER CORROMPE, EL PODER ABSOLUTO CORROMPE ABSOLUTAMENTE

19- Se hace público por medio de ONGs como la Fundación Oscar Arias para la Paz, que el 80% de la población sufrirá los efectos de esta pandemia. Yo le agregaría, ese 80%, somos la clase media trabajadora labriega y sencilla, porque los ricos reitero, están “blindados».

20- Es razonable que si hay un recurso o derecho que pertenece al trabajador, este desee utilizarlo cuando “tiene el agua hasta el cuello”, pero se escucha la única voz de la señora Aguilar de “no es prudente, porque colapsaría el sistema”, es de esperar entonces que el Pueblo colapse, ante diversas interrogantes como: ¿Dónde está ese ROP? ¿Qué pasa si me informan mes a mes tenerlo las operadoras? ¿Por qué tanto misterio? ¿Será que aquí se legisla sólo para los poderosos? ¿Cómo es eso que el Presidente del Primer Poder de la República, le consulta al respecto? ¿Y la autonomía de poderes?

21- La pandemia misma, ha estado generando pérdidas a los ahorros por estos conceptos, tanto así que todas las operadoras ya lo están confirmando en sus comunicados de resultados.

22- Los que estudiamos, sabemos que el circulante y la liquidez son razones financieras, y que el sistema va a colapsar, si es dinero contabilizado a la cuenta individual de un trabajador, es decir, esos recursos, aunque representen millones, no es para obra pública, es para el bienestar individual de los trabajadores, aunque “digan misa”, aceptar las motivaciones o justificaciones de los aliados la señora Aguilar, es aceptar el grito de los acumuladores de riqueza, que son los que tienen «si declaran en un solo libro”, la nada despreciable suma de más de treinta y cinco mil millones de millones de dólares circulando en el sistema financiero y adicionamos las reservas del Estado en no menos de nueve millones de millones de dólares y si seguimos escarbando, dinero va apareciendo.

23- Aquí hay plata barata para el rico, y para el pobre, debe quitarse el sudor de su frente.

24- La razón de liquidez y rotaciones de inventario, y otras más aplican en el mercado en general, dotar a los agentes del mismo, en especial de recursos económicos y capacidad de pago al consumidor final, es una buena, es una razonable y comprobable económicamente, es una justificable y es una práctica necesaria en tiempos de COVID, que permita cancelar deudas, comprar o adquirir quizás eso que en toda su vida de trabajador o pensionado no va a alcanzar, y el dinero puesto a circular va a quedarse en el mercado local, dinamizando y acelerando la reactivación económica necesaria, para que a pesar de no haber recibido salario en tres meses, pueda subsistir al menos otros tres más, y esa fortaleza en su psiquis y de gran motivación, con la responsabilidad del caso, pueda tener una coraza para blindarse de la pandemia.

25- No se vale, que sólo los ricos puedan lograr sus metas, el pueblo necesita hoy día subsistir, y el ROP y el FCL son buenos aliados si los ponen manos de los trabajadores.

26- A nivel nacional, el impacto en el bienestar de social proyectado al liberar el ROP al 100% a cada uno de sus propietarios, y empezar de cero, y como paliativo en la pandemia financiera, contribuirá también a disminuir los índices de inflación, deuda y morosidad sin olvidar los intereses de deuda contrario a la “descomunal” deuda por préstamos que nos pretenden endosar y que en mucho son promotores de la defensa de los intereses de los poderosos financieros. También hay que tomar en cuenta, que la entrega del ROP en un solo tracto, que en estos momentos tan difíciles, para los trabajadores(as) representaría una inyección muy importante de recursos, que va a ayudar que muchos empleados, tanto públicos como privados, a cancelar préstamos, tarjetas y demás deudas que los asfixian, con Io que podrían mejorar sustancialmente su estabilidad financiera, podrían además tener mayor liquidez para consumir y por lo tanto, para dinamizar el contraído mercado interno.

27- El ROP tiene un fin de bienestar individual en tiempos de jubilación, la pandemia obliga al legislador, a tomar cartas en el asunto, es quién a esta fecha, tiene el poder de dotarle la posibilidad a sus representados de su uso, goce y disfrute en vida, porque no tiene sentido alguno después de muerto cuando esos recursos pudieron salvarle la vida, o morir si así fuera su deseo, morir feliz, o salvarle la vida a un ser querido, por poder comprarle el regalo más preciado “medicina social”.

28- No se vale que un trabajador tenga pandemia financiera, tenga ahorros, recursos frescos y no pueda hacer uso de ellos para asegurarse un mejor bienestar económico, en beneficio de su familia, de su tranquilidad emocional y sobrevivir al menos un tiempo.

29- Las pérdidas registradas en estos dos meses son abismales e incomprobables para muchos, demuestra también algo de impericia y deben liberar esos recursos, caso contrario a juicio del suscrito, se estaría cometiendo la exposición a una demanda penal por una eventual administración fraudulenta y rentabilidad usurera por parte de los administradores de esos recursos, cuyo beneficiario exige su liberación y no retención, caso contrario debe responderse con el patrimonio de cada gestor en las operadoras citadas.

Cómo se puede apreciar de los distintos escenarios y hechos fácticos que aquejan al trabajador, se están cercenando sus derechos individuales, se Ie está limitando al acceso a su propiedad, precepto constitucional, pero en especial están cometiendo serias injusticias, discriminando de su derecho a un tiempo de plena realización individual, al sentirse satisfecho de haber trabajado durante muchos años y poder así cumplir sus compromisos o metas personales y no sentirse como «niño incapacitado” que Io deben asistir a medias y por un tiempo prolongadísimo, para que no compre de una vez, la salud integral que requiere.

La actitud mezquina de los poderosos acaudalados, muchos de los que estén en esas cámaras, o la ABC, no es otra conducta del ejercicio del poder y tensión de hilos a títeres humanos, en pro de no permitir al ciudadano vivir en un pedacito de cielo, al menos en vida y por un tiempo adecuado a su decisión.

Debe liberarse el ROP y el FCL, son los recursos más baratos que posee el mercado nacional, y además que posee el actor más importante en una economía, el consumidor final.

Fundamento de Derecho: Art. 10 y 118 CPCA, Art. 191 y 193 LGAP, Art. 7 y 27 Constitución Política

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Personas jubiladas plantean recurso de amparo

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Comunicado de prensa

“Ley 9796 es defectuosa, contradictoria y regresiva”

Un grupo de más de 190 jubilados y jubiladas plantearon un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Ley 9796, dado que dicha legislación es una amenaza al marco jurídico nacional, al Estado Social de Derecho*, contiene graves errores, contradicciones internas y la aberración de pretender rebajar más a las pensiones más bajas.

De acuerdo con las y los jubilados, la Ley para rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria N° 9796, es regresiva porque basta aplicar una fórmula para darse cuenta que las personas más afectadas son quienes reciben pensiones brutas (aún sin rebajos de ley) más bajas –menores a ¢5 millones—Esto sucede porque esta ley plantea una tabla de rebajos que en lugar de propiciar progresividad, subiendo la cotización conforme aumenta la pensión, hace lo contrario, y así, terminan contribuyendo más las pensiones más bajas.

Además, esta ley genera superposición de rebajos, cuando se trata de pensiones entre ¢2,2 y 4 millones. La razón de este grave error es porque al modificar el artículo 71 de la ley 2248, se traslapa con el artículo 70, que establece un porcentaje escalonado de cotización al régimen.

De acuerdo con el economista Francisco Esquivel, uno de los firmantes, “estas situaciones se dan, en parte, porque el proyecto no tuvo un estudio actuarial, tal como exige la ley. Tampoco se aplicó un test de impacto para saber cómo afectaría la ley a cada una de las pensiones. El resultado fue una ley con errores graves que afectan desproporcionadamente a las pensiones menores a 4 millones. La Comisión de Asuntos Sociales solo contó con un cálculo –remitido por la Superintendencia de Pensiones en setiembre de 2019–, de lo que sería el gasto en pensiones por parte del Régimen Transitorio de Reparto y de las pensiones otorgadas por la Dirección Nacional de Pensiones. Y eso es absolutamente insuficiente para tomar una decisión tan importante como la modificación de miles de pensiones”.

Por otra parte, el historiador José Salas, otro firmante del recurso, mencionó que “contrario a lo que se ha dicho hartamente por parte de medios y políticos costarricenses, nosotros sí aportamos a nuestra pensión, no solo cuando estábamos activos (entre 10-16% de nuestro salario, hasta cuatro veces más que los del IVM), sino que seguimos aportando como pensionados en una proporción mayor”. El RTR a diferencia de otros regímenes continúan rebajando cotizaciones a la pensión.

Además, según expresaron, lejos de ser un grupo de pensionados de lujo como falazmente se les llama con fines políticos, más del 80% de los jubilados de este régimen recibe una pensión bruta menor a ¢1,500.000, menos que el tope establecido por el IVM de la CCSS. Solo 0,41% de los 43,500 pensionados de ese régimen reciben una pensión bruta (sin tener los rebajos aún) mayor a 6 millones (datos de JUPEMA, 2019).

Para este grupo, el carácter discriminatorio de esta ley, que se aplica solo a un grupo de contribuyentes, resulta violatorio de un estado de derecho social como se dice del costarricense, e irrespeta la Constitución Política (artículo 34 – A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas).

Las personas jubiladas firmantes esperan que la Sala Constitucional analice las consecuencias de dar curso a una ley que plantea tales defectos, descuidos y contradicciones, y por ende, atenta contra el bienestar de numerosas familias costarricenses, que lejos de “enriquecerse”, como dice el Presidente de la República, viven con pensiones menores a la de la Caja, lo cual está muy lejos de ser enriquecimiento.

* Organización estatal basada en el respeto en las normas jurídicas establecidas, y el respeto por las personas de la sociedad.

Para mayor información comunicarse con los pensionados José Antonio Salas, tel. 8810-0104 o Jorge García 8380-0799.

Acerca del Régimen Transitorio de Reparto (RTR)

En 1958 se promulgó la Ley 2248, Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, que unificó las pensiones de la educación. El régimen era tripartito, con cargo al fondo de pensión que se creara al efecto, y sus trabajadores, aún pensionados, seguirían cotizando al seguro de enfermedad y maternidad de la CCSS. El Estado no creó el fondo con su parte –patrono y Estado—pero sí recogía las cuotas de los trabajadores, y ese dinero se destinó a gasto corriente. Luego se dan cambios en el sistema –los más importantes de 1991 y el de 1995 con la ley 7531–. Este última dividió el régimen en el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) administrado por JUPEMA y el Régimen Transitorio de Reparto, que se acaba con el último pensionado que ingresara a trabajar antes de 1992 (esto lo hace cerrado, finito, transitorio y sustitutivo del IVM). El RTR se cargó entonces al presupuesto nacional (pues el Estado no creó el fondo que le correspondía –como lo establece incluso el art. 73 de la Constitución Política–y debió hacerse garante hasta el último adscrito o descendiente).

Información enviada a SURCOS por Ricardo Carballo.