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Etiqueta: Estado Social de Derecho

¿Qué hace a Rodrigo Chaves el hombre y el político más fuerte del país?

Vladimir de la Cruz

La situación de debilidad política, organizativa y movilizadora de los partidos tradicionales y de las organizaciones civiles, sociales y sindicales nacionales, es quizá la razón del matonismo institucional del Jaguar de Zapote.

El Jaguar sabe rugir, como animal político salvaje, el zoon politikón que todos llevamos dentro, ropaje con que se auto presenta, que se expresa en la doble dimensión aristotélica, en lo social y en lo político. En lo social, auto presentándose como el líder, el “mesías salvador”, el “Moisés” como alguna vez se presentó, de las masas populares a quien dice representar y conducir, a las que quiere resolverle sus problemas, alegando que no lo dejan.

En lo político, destruyendo en todo lo que puede el andamiaje político institucional del país, debilitando el Estado de Derecho. Con ello provocando desconfianza en el sistema democrático institucional que tenemos, especialmente en sus poderes públicos, el Legislativo y el Judicial, en las instituciones controladoras de la legalidad como la Sala Constitucional y la Contraloría General de la República, de seguido en los partidos políticos que han gobernado, que los ha pintado como las estructuras de los dictadores y tiranos que han ejercido la presidencia de la República desde 1949 hasta su gobierno.

En lo político, también, aniquilando el Estado Social de Derecho, debilitando y disminuyendo hasta donde pueda, los beneficios sociales históricos que se han logrado para los trabajadores y todos los costarricenses, congelando y reduciendo salarios e ingresos de los trabajadores y pensionados, elevando el costo de la vida, empobreciendo por esa vía a los ciudadanos y a los diferentes sectores asalariados del país.

En lo política, además, aniquilando hasta donde pueda a los líderes que hasta ahora han sido las cabezas de los partidos políticos, procurando improvisar líderes débiles, sin valores ni ideologías políticas, que actúen más instintivamente, situación que ha penetrado al interior de los grandes partidos en los conflictos que ha logrado provocar entre facciones contra quienes han dirigido o dirigen esos partidos.

Como jaguar sabe gruñir mostrando siempre su disgusto y repugnancia, murmurando entre sus dientes, refunfuñando, emitiendo voces confusas, a veces contradictorias, ininteligibles, amenazando, intimidando, acusando de manera directa personas, con nombres y apellidos, cuyo efecto colateral es el de inhibir a las personas que pueden opinar en su contra o críticamente, para que no lo hagan, porque en paralelo les echa la maquinaria estatal, y la organización policial personal, que tiene para que los investiguen en todo lo que puedan.

El animal político sociable aristotélico, en el caso del inquilino de su guarida en Zapote, es el menos sociable. Es confrontativo, peleador callejero, se comporta como el gritón del barrio, como un pachuco desbocado, sin control ni ligamen de su lengua con su cerebro.

El animal político aristotélico lo manifiesta en las decisiones que toma en ejercicio de su gobierno y mandato, más en contra de la comunidad que debe representar que a favor de ella. Su idea más maquiavélica se orienta a ser mejor temido que amado.

Frente a su poderío hegemónico del ejercicio del poder, en la forma autoritaria como lo lleva a cabo, opaca a cualquier “dirigente” político de todos los partidos políticos existentes en el país. No hay uno solo activo que lo iguale, menos que lo supere. No hay dirigentes políticos partidarios que destaquen por sí mismos en el escenario nacional. Eso es lo que lo tiene de punta en las encuestas, a punta de su demagogia, sus insultos y bravuconadas. La sociedad nacional en esto refleja una violencia y un irrespeto como no se había visto antes. Refleja una sociedad altamente machista, de matones de barrio, de peleadores callejeros, a quienes Chaves les dirige sus mensajes que los acogen con aplausos y gritería, con ánimo de enfrentamientos, de peleas, de agresiones, como se ve en algunos de sus seguidores, pagados o no, que moviliza el Presidente hacia las instituciones públicas cuando quiere amedrentar a sus miembros.

Me atrevo a afirmar que “nadie”, en términos generales, conoce a los miembros de los directorios políticos de los partidos porque no tienen vida propia, ni como dirigentes de sus partidos ante el país, ni de sus personas porque no hablan, no opinan, no se pronuncian sobre los problemas políticos nacionales, ni sobre nada. Lo único que atienden, de vez en cuando, es responder a los improperios del presidente, y provocar algunas gestiones de acusación ante la Fiscalía General de la República, ante el Poder Judicial o ante el Tribunal Supremo de Elecciones, para que lo investiguen sobre algún punto en particular, sin seguirle el paso a la denuncia o acusación.

En este momento hay dos gestiones ante el Tribunal Supremo de Elecciones acusándolo de beligerancia política. Una acusación fue hecha por el presidente del partido Liberación Nacional, motivo por el cual se le menciona en un periódico. Si no fuera por eso, sería un desconocido ciudadano, con lo cual se demuestra que él como presidente de ese partido, y ese partido, está a la cola de lo que hace el presidente. La iniciativa política, si así se puede llamar, de lo que sucede en el país, la pone y la tiene el presidente. Antes la ponían los partidos políticos. Cuando los partidos abandonaron esa iniciativa lo hizo la prensa costarricense por medio de sus editoriales o grandes temas de discusión que trataban, lo que hizo también que la prensa asumiera el papel de control político que los partidos políticos habían abandonado o perdido, motivo por el cual también gobernantes como el Jaguar de Zapote enfrentó a la prensa, a la prensa llamada por él “canalla”, equivalente a mezquina, sinvergüenza, miserable, agregándole que no le deja gobernar.

En el ambiente nacional no hay una agenda política de temas que se debatan. En las páginas de opinión de los medios de prensa hay diversidad de opiniones, pero dispersas, que no provocan debates entre los colaboradores de esos medios. Los comentarios de esas opiniones hoy se cargan más con los troles a favor del gobierno, llenos de insultos e improperios, sin ideas, contenidos ni razonamientos en contra de los artículos que cuestionan, donde atacan a los mensajeros y no entienden ni comentan a fondo los mensajes.

Desde el gobierno solo hay actos distractores de las acciones de gobierno, y actos distractores de la agenda parlamentaria, de manera que toda la información política gira alrededor del presidente y de sus intervenciones vacías y provocadoras de los miércoles, y de su principal diputada experta en mentir, lo que hace que los diputados giren alrededor de ellas, y de casualidad, como este caso, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, un presidente de un partido político accione para tener alguna publicidad y presencia en algún medio de comunicación.

Los partidos políticos nacionales han desaparecido en la práctica política nacional. No sirven para nada. Se han enquistado únicamente en ver cómo realizan sus asambleas cantonales, provinciales y nacionales para cumplir con los requisitos de la inscripción electoral para las próximas elecciones, o para actualizarlas de conformidad a las exigencias legales. En los cantones, en los ciudadanos y habitantes de las municipalidades, no se siente ninguna actividad de los partidos políticos que en ellas se representan. En ningún cantón ni cabecera municipal hay locales abiertos de los partidos que están representados en la Municipalidad.

El presidente por su parte, sin tener partido político propio, con el cual él se identifique, todos los días realiza pronunciamientos, hace intervenciones, opina sobre los partidos existentes, especialmente los que cotidianamente ataca de la oposición, reclamándoles lo que sea, pidiéndole a la gente que vea en el próximo proceso electoral quienes dañan al país, insinuando que son esos partidos criticados por él, con lo cual interviene en la política nacional electoral. El presidente llama a votar en las próximas elecciones por una fracción política parlamentaria que sea mayoritaria, que domine la Asamblea Legislativa para poder hacer los cambios que cree se deben impulsar en el país. La sanción extrema para el presidente que se le compruebe beligerancia es la destitución del cargo o una inhabilitación política de dos años. ¿Alguien sensato cree que esto pueda proceder en este momento, a 13 meses de la próxima elección nacional? ¡Pura bulla!

Para los que hayan llegado hasta aquí, en esta lectura, les digo que no me preocupa que el presidente opine sobre temas partidarios, políticos o electorales. Desde la legalidad existente el delibera, él se mete en la política, y en temas electorales, lo que le está vedado. Por supuesto, que me pueden decir que si la ley le impide opinar, no debe hacerlo. ¿Por qué tenerle miedo a la discusión política? ¿Por qué limitarle al presidente deliberar? ¡Qué lo haga! Estoy seguro qué, si se le permitiera, la política nacional se enriquecería en atención, en compromiso ciudadano y en la reducción del abstencionismo electoral.

Soy de la tesis de que esa restricción no debe existir. Todo lo que hace el presidente es político. Tiene todo el derecho a defenderlo. Igualmente, todas las fuerzas políticas nacionales tienen, en esa dimensión, la posibilidad de combatirlo, confrontarlo, criticarlo, debatirlo. Si el presidente opina, más derecho tienen los ciudadanos de hacerlo. Pero, además es hipócrita que se le impida al presidente actuar en la política nacional con actuación directa, defendiendo sus acciones gubernativas, defendiendo las posiciones políticas de su partido y de sus diputados.

En todas partes del mundo los presidentes y gobernantes tienen plena participación política sobre todo lo que rodea su gobierno, su ejercicio presidencial, sobre el ejercicio y la práctica política de los demás partidos.

En la vida nacional, antes de 1948, los presidentes y mandatarios eran activos dirigentes políticos. Eran grandes polemistas sobre el acontecer político en los temas nacionales que se discutían, y de manera fuerte, con las razones, con el análisis y las tesis políticas que se sustentaban.

La carencia de liderazgos políticos nacionales, la carencia de liderazgos políticos en los partidos, la ausencia de importantes líderes parlamentarios, la ausencia de debates nacionales sobre los temas más significativos del país, los ataques constantes del presidente a todos los dirigentes de los partidos que han gobernado, y a todos los partidos que han tenido la responsabilidad de conducir el país por cuatro años, en cada período presidencial desde 1949, la estigmatización que se ha hecho de algunos de esos presidentes y dirigentes políticos, ha provocado un gran vacío político nacional, donde el presidente, por su condición, por sus montadas conferencias de prensa, ha hecho que el presidente Rodrigo Chaves se muestre, por él mismo, como el hombre y el político más fuerte del país, como el único en posibilidad y capacidad de conducir el país hacia un nuevo derrotero nacional, como el lo solicita y demanda.

Si los partidos políticos, y los sectores políticos en sus diversos partidos políticos, en marcha hacia las elecciones nacionales, en los próximos 13 meses, no se ponen las pilas, si no surgen buenos y reales liderazgos partidarios y nacionales, nos van a llevar al carajo o nos va a llevar la trampa… vamos a continuar engañados y con presidente en el 2026 que puede ser peor que lo que tenemos.

Compartido con SURCOS por el autor.

¿Seguiremos con posibilidades electorales confusas?

Vladimir de la Cruz

Los partidos políticos que llamamos tradicionales en Costa Rica, que son a la vez los históricos, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, los que han dominado el escenario nacional, ganando las campañas electorales presidenciales, y dominando la mayoría parlamentaria de diputados hasta el 2014, cuando emergió otro partido con carácter gobernante, Acción Ciudadana, al haber abandonado sus banderas sociales y sus banderas alrededor de la construcción de un Estado benefactor, asistencialista, protector y desarrollador de las clases medias urbanas y rurales, entre otros aspectos y haberse plegado a las políticas neoliberales, lenta y rápidamente, desde la década de los 80s y 90s, sin estar estos partidos con voz opositora política, ni controladora política, son los que han contribuido, en medio de las crisis internacionales de este período, a no perfilar el futuro del país, a no darle rumbo certero y a crear los sustentos fundamentales que han dado origen a las tendencias populistas que están emergiendo desde el 2014 en Costa Rica.

Todavía no se ha hecho un buen balance político de los ocho años del gobierno del Partido Acción Ciudadana, PAC, especialmente del segundo de sus gobiernos, el de Carlos Alvarado, que fue el que precipitó el ascenso del actual presidente y de crearle la base legislativa e institucional de sus políticas, y de quedarse Acción Ciudadana sin representación parlamentaria, después de haber gobernado y dirigido el país en dos gobiernos seguidos.

Recientemente, los dirigentes del Partido Acción Ciudadana, Elizabeth Fonseca y Eduardo Trejos, como editores, han publicado un libro, “Partido Acción Ciudadana: 20 años de Historia”, que recoge una historia política de este partido, en 21 puntos de vista de sus principales dirigentes y activistas públicos del PAC. Es un gran esfuerzo, bien escrito, cuidadoso, bien concebido en la temática que aborda para ver la trayectoria del partido y de sus gobiernos, sin que se haga una revisión crítica a fondo de su organización partidaria ni de los factores que impidieron su desarrollo para mantenerse como la tercera opción política alternativa al PLN y al PUSC, y haber ellos tres marcado los derroteros futuros del país, que parecen estar hoy en manos de fuerzas populistas de nuevo tipo, encabezadas por el presidente Chaves, aunque él carezca de partido político propio, aunque no tenga organización política territorial, ni sea por ahora el principal líder político nacional, salvo que lo que hace como Presidente en ejercicio, lo coloca en ese nivel principal no por su liderazgo conductor político y visionario del país, sino por su arrogancia, desplantes, enfrentamientos destructivos hacia los poderes e instituciones públicas, ocurrencias deslegitimadoras y por sus fracasos gubernativos en la gestación de las leyes que le son propias.

El libro de la Historia del PAC termina con un apartado sobre el III Congreso Ciudadano que convocaron el 30 de julio del 2023, que llevó el nombre de una querida amiga mía y familiar, de muchos años, desde las luchas estudiantiles en la década de 1970, Olga Marta Sánchez Oviedo. Sería interesante que el esfuerzo de este Congreso se concretara en la publicación de sus actas, ponencias y discusiones si existen recogidas, para mejor valorar al PAC y sus eventuales posibilidades próximas, frente a la crisis que tienen Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, que hoy carecen justamente de esta elaboración de pensamiento político, tan necesario para motivar más pensamiento político, más conocimiento del pensamiento y planteamientos políticos de los partidos existentes, de cara a las elecciones próximas.

Sin estas elaboraciones partidarias, y otras que pudieran gestar otros partidos, al menos los que tienen representación parlamentaria, que seguramente todos ellos irán tras las elecciones del 2026, el electorado costarricense, los ciudadanos, el pueblo electoral está ayuno de visiones políticas sobre el futuro del país, y estará más a las puertas de caer en las visiones esperanzadoras, de humo, que puedan llamar la atención de los votantes, con nuevos candidatos populistas peores que el actual gobernante, algunos de ellos haciéndose abanderados del continuismo presidencial actual y otros quizá, enfrentando al actual gobernante y su errado gobierno, levanten banderas más peligrosas y explosivas para el proceso democrático nacional y el futuro de la democracia costarricense.

Estos nuevos populistas ya están sonando cornetas y clarines, siguen siendo los llamados outsiders, los que están o vienen de afuera de las fuerzas políticas conocidas y tradicionales, que no trabajan bajo consensos políticos, ni con compromisos porque se montan en sus mensajes personales exacerbando las bajas pasiones, las frustraciones ciudadanas y populares, impulsando tensiones, como las que realiza cotidianamente el presidente Chaves, convocando a los ciudadanos para que le den el poder, de forma autoritaria, que dice le niegan para poder resolver los problemas de las gentes, del pueblo.

Todavía el animal de Zapote, el Jaguar, no ha dicho que quiere fundar una nueva República, la Tercera. No plantea la refundación de la Nación costarricense. Tal vez masculla, hablando entre dientes, gruñendo, mascando mal, rezongando, que la única Nación en posibilidad de “refundarla” es un periódico homónimo, lo que se verá en los siguientes meses electorales, de su éxito en ese sentido después de doblegar algunos brazos de sus accionistas e intereses publicitarios. En corrillos se dice que está feliz por los cambios en ese periódico.

Los nuevos candidatos populistas que se avecinan probablemente se montarán en este discurso, de nuevo gobierno, nueva república, nueva Costa Rica, con lo cual estarán enfrentando al inquilino de Zapote, salvo que el Jaguar logre llevar su jaguarcito político bien envuelto para continuar la destrucción y desmantelamiento del Estado Social de Derecho y del Estado de Derecho costarricense, como la está realizando.

La campaña electoral próxima tiene, por ahora, como escenario enfrentar al Jaguar, sus jaguarcitos, sus tendencias populistas extremas, su autoritarismo y sus pretensiones militaristas de la sociedad costarricense.

A la vista, los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana no están figurando como las principales fuerzas electorales hacia las elecciones del 2026. Participarán en las elecciones luchando por mantener en primer lugar el número de diputados que ya tienen, y, en segundo lugar, tratar de aumentar sus diputados. Por ahora no le veo más perspectivas que éstas. Esos diputados dependerán de lo que lleven en propuestas de candidatos.

Lamentablemente estos partidos han caído en las redes de las 84 tribus cantonales que los han invadido sin liderazgos nacionales, algunas de esas tribus actuando como verdaderas mafias políticas, de manera oportunista buscando y medrando poder en las estructuras partidarias, anulando y devaluando las dirigencias nacionales e históricas de esos partidos, enredándose en sus propios mecates.

Es triste el panorama que se nos avecina. En ausencia de fuerzas políticas en capacidad de actuar unitariamente, de alianzas reales y efectivas, con una plataforma común, con la certeza de que quienes la suscriban se atenderán a ella, sin rechazar los orígenes partidarios o ideológicos de quienes puedan compactarse, las posibilidades electorales, para la mayoría nacional, es confuso. En esta confusión caótica el discurso populista continuador del gobierno o neopopulista, alterno y confrontativo al gobierno, serán los ejes de la campaña.

No estamos atravesando una época tranquila ni sencilla. Es compleja. A nivel internacional, para América Latina, la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos y del senador Marco Rubio, como su jefe de política exterior, va a ser de tiempos difíciles. Los populistas, tipo Rodrigo Chaves, y sus congéneres, empatarán más con las directrices del Departamento de Estado. Ya Chaves se ha alineado dócilmente, alejándose de la Soberanía nacional, con relación a lo que Washington dicta respecto a las relaciones económicas con China. Políticamente no está muy alejado tampoco.

Estados Unidos, en sus estertores de potencia en declive, puede arrastrarnos a una guerra mundial de carácter nuclear de baja intensidad, con sus guerras regionales en Ucrania y en el encendido Medio Oriente, con eje en la situación de palanca que tiene Israel en la proyección de sus conflictos con Hamas y la aniquilación e intento de desaparición de Palestina, y sus ataques en Siria e Irán. El Mar de la China, Mar de Japón, Taiwán, Coreas, son escenarios que atender en este panorama.

El populismo y el neopopulismo en la Comunidad Europea y el péndulo populista en América Latina son igualmente preocupantes. En Centroamérica el eje Bukele-Chaves se articula hacia un nuevo proyecto de centroamericanización autoritarista. El triángulo norte, Guatemala, el Salvador y Honduras sigue funcionando en sus aspectos migratorios y económico comerciales.

En la visión de Bukele hay una nueva visión morazánica como él la ve. Chaves, falderillo de Bukele, no tiene idea de lo que es esto. No casualmente se han desarrollado partidos, en procesos de inscripción electoral en el país, que tienen vínculos con Bukele o el bukelismo. No sería nada raro que el mismo Chaves se aproveche de una estas opciones para sus aspiraciones electorales en el 2026. No hay que negar ni ocultar, ni engañarse, de que el presidente Chaves está en campaña electoral permanente, para quienes él llegue a apoyar o para impulsar su propia candidatura y las de los diputados que él quiere llevar a la Asamblea Legislativa de manera mayoritaria.

Igual que en la época de Morazán las contradicciones internas en cada país centroamericano impiden la realización de un proyecto regional. Bukele, sin embargo, cultiva esa posibilidad viéndose él como el líder regional.

Los organismos regionales como el Parlamento Centroamericano y la Corte Centroamericana no funcionan, ni tienen carácter vinculante importante. Solo gastos a sus países les generan. El Sistema de Integración Centroamericano, SICA, y el Banco Centroamericano de Integración Económica, sí funcionan en el campo de apoyos económicos para todos los países miembros. El gobierno de Chaves ha sacado provecho de esa pertenencia.

Honduras con debilidad política y Guatemala con graves contradicciones que pueden tumbar, si se agudizan, al gobierno de Bernardo Arévalo. La no aceptación del candidato de Nicaragua a la dirección del SICA es una contradicción importante, de todos los demás países centroamericanos, con el gobierno de la dinastía dictatorial que se ha establecido en Nicaragua, dando margen para que trascurra el breve período que falta sin ese nombramiento para que en su lugar lo asuma Costa Rica, como corresponde en el trámite protocolario que existe.

Nicaragua y Venezuela se mueven en la afirmación de dictaduras no deseadas en el continente, sin que se pueda actuar, por ahora, diplomáticamente con ellas. Lo de Venezuela sigue pendiente hasta el 10 de enero, cuando Maduro tenga que asumir su ilegítima presidencia.

Brasil con Luiz Inácio Lula, Colombia con Gustavo Petro y México con la presidente Claudia Sheinbaum se perfilan como el eje más democrático y progresista del continente. Uruguay con su reciente electo presidente, Yamandú Orsi, se sumará a este trío. En Bolivia hay una situación confusa. El presidente de Paraguay Santiago Peña, de paso el más joven presidente del continente y el presidente de Panamá José Raül Mulino, calzan entre los neoliberales y populistas del continente.

Así se visualiza el término del 2024 y el inicio del 2025. Pero, no pierdo la esperanza.

Un Monumento a la Dignidad para los Trabajadores de la Educación y la Salud

Álvaro Vega Sánchez
Sociólogo

Se dice que en Gran Bretaña hay muchos monumentos de la guerra, pero solo uno en homenaje a los doctores y enfermeras que combatieron en el frente luchando contra la “gripe del Juicio Final”, como se le llamó a la “Gripe Española”. Participaron en el frente de guerra 11.000 médicos de los 22.000 que había, 22.000 enfermeras y 120.000 mujeres en alguna función de enfermería.

Cabe traer a colación la obra La guerra no tiene rostro de mujer de la Premio Nobel de Literatura (2015) Svetlana Alexiévich, donde destaca la diferencia sustantiva entre los relatos de los hombres y de las mujeres sobre la guerra: “La guerra femenina tiene sus colores, sus olores, su iluminación y su espacio. Tiene sus propias palabras. En esta guerra no hay héroes ni hazañas increíbles, tan solo hay seres humanos involucrados en una tarea inhumana. En esta guerra no solo sufren las personas, sino la tierra, los pájaros, los árboles. Todos los que habitan este planeta junto a nosotros. Y sufren en silencio, lo cual es aún más terrible”.

Es posible que, si hubiese prevalecido la mirada, la vivencia y el sentir femeninos, atendiendo a lo señalado por Svetlana, la labor de los trabajadores de la salud, con rostro de mujer, no hubiese pasado desapercibida; tampoco la de los educadores que le indujeron a leer a Dostoievski, como suele suceder, aún en nuestros tiempos. Efectivamente, si de algo adolecemos es de un justo reconocimiento de estos dos apostolados, el de los trabajadores de la salud y la educación, que salvan vidas. Los primeros, promoviendo, previniendo y curando las muchas enfermedades y dolencias del cuerpo y la mente, y los segundos alimentando el espíritu y el intelecto para abrir nuevos y mejores horizontes para alcanzar el bienestar social y humano a través de la ciencia, el arte y la cultura. Se trata de la abnegada tarea de los educadores para forjar una cultura de seres humanos libres, solidarios, justos y pacíficos, así como de los trabajadores de la salud para forjar una sociedad física y emocionalmente saludable, que merecen el más alto reconocimiento, sin mezquindades. Ambos son los pilares sobre los que se construyen sociedades social y ecológicamente sostenibles.

Si algo nos hizo enfrentar, como país, con dignidad el azote de la pandemia producida por el coronavirus Sars-Cov-2 fue, precisamente, haber contado con casas de estudios superiores que formaron al más alto nivel técnico y humanista a nuestros trabajadores de la salud, y con una institución pública como la Caja del Seguro Social, ejemplo insigne de solidaridad y orgullo de todos los costarricenses. Contamos con personal especializado, que supo responder, con profesionalismo, gran sensibilidad y compromiso, ejemplo de solidaridad humana, en tiempos donde la pandemia se convirtió en sindemia: la trágica combinación de crisis sanitaria y precariedad económica y social.

Sin duda, la apuesta por educación para la salud y salud para la educación ha sido la combinación virtuosa y visionaria, especialmente impulsada por quienes forjaron la Reforma Social y la Segunda República a mediados del siglo pasado, atendiendo y acogiendo las voces que clamaron por más justicia social. Una apuesta que ha venido sufriendo el embate letal por parte de fuerzas políticas que dejaron de pensar y actuar solidariamente.

No somos un país de grandes y ostentosos monumentos, y en buena hora. El diminutivo es nuestro favorito en el lenguaje cotidiano; sin embargo, algunas veces nos excedemos en su uso y tendemos a disminuir nuestros mismos logros, cuya grandeza debería ser motivo para celebrar. Más aún, lo peor es la tendencia que prevalece hasta hoy, a saber, la que promueve desde altas esferas bajar el perfil de nuestra valiosa y ejemplar institucionalidad social, y sus principales agentes: los trabajadores de la educación y la salud.

Efectivamente, ambos se han convertido en víctimas de un discurso populista y politiquero por parte de quienes, en lugar de abrirse horizontes propios con dignidad, inteligencia y valentía, buscan elevarse pisoteando los méritos y la dignidad de los demás. Y no se trata solo del comportamiento de algunos de los que nos gobiernan hoy, sino también de quienes desde hace rato vienen orquestando una campaña persecutoria y de mentiras, para desprestigiarlos. Particularmente, aduciendo que los derechos adquiridos son privilegios, obtenidos, según se dice, por prebendas clientelistas o por concesiones gratuitas. Donde hay desviaciones y errores que corregir, sólo ven desorden e ilegalidades intolerables, para llevar agua a sus molinos, polarizando a la sociedad e induciendo al odio y la violencia, instrumentos predilectos de quienes sí buscan actuar al margen de la ley y la institucionalidad, antidemocráticamente.

El cinismo se ha puesto a la orden del día: un diputado o diputada levanta la bandera en contra de los catedráticos “pensionados de lujo”, cuando ese mismo diputado o diputada empieza su labor parlamentaria recibiendo un salario por un monto superior al de un catedrático jubilado con treinta años de servicio, y sin deducciones por contribuciones solidarias. Asimismo, resulta inexplicable la reticencia a reconocer los justos salarios a los trabajadores de la salud, particularmente a los especialistas. Bajo estas condiciones, ¿quiénes van a querer trabajar en educación y salud públicas, exponiéndose además a ser considerados ante la opinión pública como injustamente privilegiados? Sin duda, esta es la fórmula mágica que se viene utilizando para desmantelar el Estado Social de Derecho y privatizar las instituciones más rentables. Parafraseando una pancarta del movimiento social francés: cuando la educación y la salud sean privadas nos privamos de todos sus servicios. El país ha sabido también lograr una combinación virtuosa entre una fuerte institucionalidad de salud pública y una importante institucionalidad privada; ambas de calidad y competitivas, incluso para ofrecer servicios de alcance internacional. Sin embargo, venimos aceleradamente rompiendo este círculo virtuoso al pretender reducir al mínimo el servicio público.

Es tiempo de aprestarnos a corregir errores institucionales sin devaluar y desprestigiar. No tiremos al niño con el agua sucia de la bañera. Asimismo, dejar de levantarse y ganar credibilidad, exaltando los errores de los demás. Sin ser gratuitos, disculpando lo que no debe disculparse, aprendamos a hacer la diferencia con menos aspavientos, sin atizar el fuego del odio, y reconstruyamos la patria sobre los cimientos de la dignificación de todos los trabajadores de este país. Sobre todo, sin mezquindad, reconociendo y valorando el esfuerzo y dedicación de quienes asumen como apostolado su función de servicio público y privado, pensando en el bienestar de todos los costarricenses.

Es tiempo de dignificar la encomiable labor de los trabajadores de la salud y la educación, para garantizar el bienestar en nuestra patria. Hoy más que nunca, hay que renovar el pacto de la educación para la salud y la salud para la educación. Este pacto es la garantía para volver a alcanzar los primeros lugares en desarrollo humano en América Latina, y dejar atrás los que hoy nos colocan entre los más desiguales del mundo.

Una meta encomiable que no se podrá lograr si se continúa pisoteando la dignidad de ambos sectores, algo que se ha convertido en consigna de las principales fuerzas políticas hasta nuestros días, secundadas por los grandes medios de comunicación, al servicio de mezquinos intereses electoralistas y de una élite económica insaciable, que se acostumbró a no pagar impuestos. Necesitamos volver a pensar y sentir como ciudadanos y ciudadanas dignos de una patria digna.

La Constitución Política cumplió 75 años en medio de serias amenazas

Carolina Zúñiga Castro

El 7 de noviembre se cumplieron 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el voto femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, derecho a la salud, la paz social, la educación, las garantías sociales, la jornada laboral de 8 horas, la seguridad jurídica, la división de poderes (Legislativo, Ejecutivo, Judicial), que es de suma importancia para una sana democracia, pero sobre todo, fundó las bases de un modelo de Estado Social que le permitió a la población de nuestro país un enorme progreso y desarrollo.

Nuestra Carta Magna fue promulgada durante el período histórico conocido como la fundación de la Segunda República, en el gobierno de facto de José Figueres Ferrer, don “Pepe”, pero los avances que trajo para nuestra población están hoy amenazados de muerte, quizá como nunca antes, con el gobierno de Rodrigo Chaves Robles.

Intentos como el de implementar las jornadas laborales 4×3 y derribar la histórica jornada laboral de 8 horas, la venta de instituciones públicas como el BCR y el INS y ni qué decir de la conocida Ley Jaguar, sobre la cual la Sala IV, bajo el expediente 24-021741-0007-CO interpuesto por el Tribunal Supremo de Elecciones, encontró vicios de constitucionalidad.

Como actora social, creyente y practicante de los valores de Justicia Social, considero que alejarse de las ideas que se integraron en la Constitución Política de 1949 es una grave amenaza a nuestro modelo de Estado Social que se alimentó de la diversidad de distintas corrientes de pensamiento durante la primera parte del Siglo XX en nuestro país y que lograron consolidar un modelo social que, a pesar de múltiples intentos para destruirlo, continúa en pie.

Si hay que avanzar hacia un nuevo modelo de Constitución, deberá ser tomando en cuenta la integración de los Derechos Humanos y la consolidación de nuestro modelo de Estado Social y no a la inversa, mientras no sea ese el camino, deberemos seguir defendiendo la actual constitución y lo que su legado histórico ha representado para el desarrollo y progreso social de los habitantes de nuestra Patria.

Las raíces de los males de hoy

Luis Fernando Astorga Gatjens

La sociedad costarricense del presente no es la misma que la de ayer. Aclaro eso sí que no soy un nostálgico del pasado. Los significativos avances sociales, producto del Estado Social de Derecho (ESD), que logramos desarrollar entre los años cuarenta y ochenta del siglo anterior, se ha erosionado tanto que cada vez es más irreconocible.

El neoliberalismo económico que emergió, con fuerza en la década de los años ochenta del siglo XX, hizo lo que hace una lluvia tenaz sobre un terreno fértil sin barreras de protección. Lo erosionó de tal manera que hoy es un terreno cada vez más pobre.

Así las cosas, lo que el país construyó en cuarenta años, aún con todas sus limitaciones y defectos, empezó una cuenta regresiva que nos ha llevado a un presente cada vez más sombrío.

Los avances en derechos sociales en salud, en educación y en protección social, que singularizaron a Costa Rica en el contexto latinoamericano, se han convertido en una casa llena de goteras donde no alcanzan los baldes para recoger tan consumado deterioro.

Aun cuando los organismos financieros internacionales hegemonizados por Estados Unidos, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, no lo quieran reconocer, sus recetas neoliberales han fracasado y siguen fracasando al llevar progreso y desarrollo a los países que las aplican. Son pequeñas minorías y élites rapaces las grandes beneficiarias mientras la pobreza y desigualdad golpea a amplios sectores sociales. No por casualidad, los avances y logros en erradicar la pobreza en nuestro país, muestra magros resultados y el país se encuentra entre los diez más desiguales del mundo.

La cultura individualista ha ganado terreno en nuestra sociedad al compás del avance neoliberal, en detrimento de valores y políticas centradas en la solidaridad y los derechos sociales.

El gobierno de Rodrigo Chaves es la culminación de un proceso erosionador del ESD, que se refleja en el deterioro de la CCSS y su rol en la atención de la salud; en una educación pública sin ruta para la movilidad social y donde la reducción presupuestaria es su guía; y en el progresivo debilitamiento de programas sociales, que afectan a distintos sectores y grupos sociales. Para este gobierno, su presidente y ministro de Hacienda, su desvelo son las cifras macroeconómicas y la atención obsesiva de los golosos acreedores, externos e internos.

Y este momento de deterioro social se da en medio de una crisis de inseguridad como nunca había padecido el país, donde los tentáculos del narcotráfico y el crimen organizado han alcanzado todos los poderes sin que el Estado dé muestras de que está ganando la batalla. Todo lo contrario.

Asimismo, la corrupción se ha convertido en la noticia cotidiana. Ahí donde hay poder político siempre emerge la tentación del acto corrupto, el robo y apropiación de recursos públicos, utilizando mil maneras en función de asegurarse la impunidad. Actos de corrupción siempre han existido en toda nuestra historia republicana. Sin embargo, tales actos se han venido exacerbando en los últimos gobiernos del siglo anterior y en todos los del presente siglo XXI. Ninguno se libra y muchos de esos escándalos no han terminado en alguna condena. La impunidad se ha salido con la suya y la justicia no ha prevalecido.

En este presente sombrío muchos de los políticos responsables de las políticas neoliberales, del deterioro del ESD e, incluso, responsables por acción u omisión de actos corruptos, señalan a Rodrigo Chaves como responsable de lo que sucede, después de dos años y medio de su nefasto gobierno. Tienen razón en algunas caracterizaciones y diagnósticos de quizás una de las peores administraciones, pero pareciera que perdieron la memoria histórica y política. Es como si este gobierno de rasgos autoritarios hubiese surgido por generación espontánea.

Su desmesurada ambición politiquera y su escasez autocrítica los hace señalar todo a partir del 8 de mayo del año 2022. No. Señoras y señoras del PLN, del PUSC, del PAC y de otros partidos neoliberales minoritarios, Rodrigo Chaves (incluidos su legión de troles y fanáticos), es un producto depurado de su abandono de las políticas sociales, de su corrupción y de ver la hacienda pública como un botín de corsarios y piratas.

Tengo la convicción de que no todo está perdido y que hay esperanzas redentoras. Pienso que en lo que queda de esos partidos, con seguridad hay costarricenses honestos que realmente quieran que Costa Rica avance por una senda de profundización de la democracia, de la justicia social y el respeto de los derechos humanos. Ahí no incluyo a quienes siempre llegaron a servirse y lucrar con recursos públicos, aunque tengan un mentiroso discurso pseudo-progresista. Tampoco incluyo entre los que la autocrítica es brisa y no huracán.

Aquí si incluyo a las y los jóvenes que no han sido contaminados por las miasmas de la politiquería centrada en la ambición personalista y la insolidaridad.

Se puede construir una Patria buena y justa en un país que tiene reservas humanas, sociales y recursos naturales suficientes para emprender ese camino.

Ya no serán las mismas sendas del siglo anterior. Serán otras que se deberán combinar con los avances científicos y técnicos del presente, las redes sociales y la Inteligencia Artificial. Pero hay que empezar por identificar, sin subterfugios, las raíces de los males del presente.

(26 de octubre, 2024)

Congreso Nacional de la ANDE/Sindicato, 2024

ANDE:  construye la Justicia Social

Mons. José Rafael Quirós Quirós
Arzobispo Metropolitano de San José
San Antonio, Belén, 23 de octubre de 2024

Agradezco la atenta invitación para participar en el acto inaugural del septuagésimo noveno Congreso Nacional de la ANDE/Sindicato, en el marco celebrativo del octogésimo segundo aniversario de fundación de la Asociación.

El presente Congreso Nacional reviste suma importancia para estudiar, dialogar, discernir y actuar a favor de la justicia social en nuestro país. Se dice que no sabemos para dónde vamos, si olvidamos de dónde venimos. De ahí, la importancia que adquiere recordar los motivos e ilusiones que impulsaron a costarricenses amantes de la patria, por construir una sociedad más justa, equitativa y fraterna con los empobrecidos y vulnerables de nuestros campos y ciudades.

Muchas de las mentes y los corazones de aquellos costarricenses vibraron y se comprometieron con las palabras del Maestro por excelencia, vengan a mí benditos de mi Padre a heredar el Reino prometido, porque tuve hambre y me dieron de comer; fui forastero (migrante) y me hospedaron; estuve en la cárcel y enfermo y me visitaron; desnudo y me vistieron; con sed y me dieron de beber, porque siempre que lo hicieron con uno de éstos mis hermanos más pequeños conmigo lo hicieron (cfr. San Mateo 25,34-36).

Esos costarricenses construyeron un proyecto de vida personal y social, inspirados en los valores cristianos, y en el pensamiento social de la Iglesia, de justicia social, fraternidad, bien común y otros. Esos compatriotas habían integrado a su escala de valores la paz como fruto de la justicia, la verdad, el amor, la fe y la esperanza. Nunca tuvieron miedo ante corrientes contrarias.

Diseñaron y edificaron un Estado benefactor con los habitantes desfavorecidos de fortuna y empobrecidos. Un Estado Social de Derecho, para que fuera la ley el árbitro de toda controversia. Fortaleció el equilibrio de poderes en lo legislativo, judicial y ejecutivo descartando todo absolutismo.

Esos costarricenses visionarios diseñaron políticas públicas y forjaron instituciones de bienestar social para la distribución de la tierra, la vivienda popular y generar empleo. Destinaron un alto porcentaje del producto interno bruto en inversión educativa, para la alimentación de los escolares, impulsar la infraestructura educativa, estimular el pago profesional de los docentes y lo necesario para un futuro mejor. Las Universidades Públicas abrieron sus puertas al desarrollo de la cultura, la investigación, la tecnología, el cultivo de las artes y letras, al conocimiento en procesos humanísticos para la superación de las personas de escasos recursos económicos, que permitiera la movilidad social, la equidad e igualdad entre nosotros.

Esos compatriotas nos dejaron un sistema de seguridad social, atento a robustecer un seguro de salud y un seguro de invalidez, vejez y muerte, con la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, para que fuera universal y solidaria con los más pobres. Un sistema de salud que llegara a todos los rincones de nuestro país, donde se procuró agua potable, electricidad y caminos vecinales.

El establecimiento de los Estancos del Consejo Nacional de Producción fue un signo de la posibilidad de un comercio más justo y una economía solidaria, dejando de lado la voracidad del mercado. De ahí, el apoyo al productor nacional y las políticas públicas a favor del desarrollo agropecuario de esos tiempos y del futuro.

Estimados educadores, el presente Congreso Andino es una posibilidad de juzgar porqué esa Costa Rica ha perdido su ruta original, aventurándonos en un país donde crece la pobreza, las desigualdades e iniquidades. Se mermó la inversión social y se favoreció a los centros de poder económicos, financieros e intereses extranjeros; acrecentando la injusticia social.

Sigue siendo la riqueza insolidaria, la expresión del egoísmo y de la injusticia. Riqueza amasada muchas veces de medios no del todo éticos ni lícitos.

Los Obispos de Costa Rica, hemos manifestado nuestra preocupación y observaciones al texto base del Proyecto de Ley N° 24.290, (CECOR, 035-2024, 19 de junio de 2024) para el establecimiento de las jornadas laborales excepcionales, conocidas como proyecto de las jornadas 4 x 3, que no solo priva a los creyentes cristianos de consagrar el día domingo como expresión del derecho humano a la libertad religiosa y de culto, sino a las mujeres trabajadoras que además de la presunta jornada diaria de 12 horas, deben invertir tiempo en el traslado del puesto de trabajo a sus hogares y sumar más horas a las labores domésticas, cuido y educación de sus hijos; afectando gravemente la salud física, emocional y mental, de esas madres, esposas, muchas de ellas jefas de hogar. Asimismo, se privaría a muchos jóvenes de asistir a la educación nocturna y se afectaría gravemente el derecho al descanso y al ocio en familia de los trabajadores y otros asuntos de fondo. Entonces, habrá que preguntarse: ¿a quién beneficiará dicha jornada laboral?

Apreciados Andinos, es fundamental luchar contra el individualismo, el egoísmo y la división. No permitamos que se asiente “el sálvese el que pueda”. Preguntémonos ¿Qué nos ha pasado?; ¿qué nos hizo cambiar?; ¿hacia dónde vamos ahora?

Hay quiénes se han dejado manipular e invierten los valores. Para mi generación una mentira era una mentira, en cambio ahora se constata que hay mentiras a las que se les llama verdad. También, lo bueno ahora puede ser malo y lo malo ser bueno. Es así como se nos quiere convencer, respecto al aborto, que de manera evidente es el asesinato de un niño indefenso en el vientre de su madre, y lo proclaman como un derecho humano de la mujer. ¿Qué nos ha pasado?, ¿por qué hemos endurecido el corazón olvidando la dignidad de los hijos de Dios y la fragilidad de los hermanos?

Precisamente en este Congreso de ANDE/Sindicato se abre una ventana de oportunidades para que los educadores costarricenses, juzguen y ofrezcan aportes que reviertan el sendero por donde nos han conducido, cuya estrategia es la división y confrontación entre nosotros, en favor de los intereses de grupos de poder. A esos intereses ocultos les ha funcionado la estrategia política: divide y vencerás.

Que no sea así entre nosotros, todavía podemos salvar nuestro hermoso país. Dios nos ayudará. Echemos mano a nuestras raíces cristianas, a nuestra fe en Jesucristo, nuestro compromiso social desde la tarea educativa.

Andinos, hagan lo que está en sus manos, Dios les pedirá cuentas de lo que podían hacer y dejaron de hacer.

No se dejen llevar por el pesimismo, la indiferencia, las dificultades que les toca vivir, la crítica hiriente y malsana en sus centros educativos, sino antepongan el amor a sus estudiantes.

No se cansen de servir, no callen la verdad, superen el miedo y temores.

No se dejen conquistar por simples ideologías de momento.

Defiendan la vida en todas sus expresiones, desde la ternura de un niño por nacer, los bosques exuberantes de nuestro trópico hasta la grandeza y belleza del planeta tierra. Seamos custodios de la creación de Dios.

Así, bendito el docente que hace de su profesión una misión amorosa, construyendo la espiritualidad del educador cristiano y que confía que todo lo puede en Cristo que le fortalece (Cfr. Efesios, 4,13).

Que la herencia histórica de sus predecesores andinos, que fortalecieron el Estado Social de Derecho, y otras reivindicaciones para la construcción de la justicia social, marque los derroteros del porvenir.

Finalmente, deseo felicitarlos por los 82 años de fundación de ANDE, y encomendar a San José Obrero, las jornadas de trabajo que han programado, para que no falte la alegría en el desempeño profesional, y la esperanza en los años venideros en procura de una Asociación Nacional de Educadores, comprometida en continuar construyendo la paz social, como fruto de la justicia, la defensa de la vida y una educación pública a favor de los más pobres.

Que la dignidad humana presente en los educandos y educadores, ayuden a perfilar el futuro de ANDE/Sindicato de cara a los retos por venir.

Les deseo muy feliz Congreso.

El Frente Amplio promoverá una convergencia verdaderamente progresista por el bienestar del país

El actual Gobierno ha dado continuidad y ha profundizado un modelo de desarrollo qué deteriora los servicios públicos, que niega el cumplimiento pleno de los derechos a la vivienda, la educación, la salud, a un salario digno y muchos otros. Un modelo que beneficia a unos pocos mientras daña a miles. Este Gobierno ha continuado con décadas de un modelo que nos han convertido en un país profundamente desigual y fracturado. La dirección es la misma, pero han intensificado el accionar y ahora han agregado claras señales de autoritarismo

En el transcurso del actual gobierno hemos sido testigos de una serie de decisiones políticas, discursos, acciones y omisiones que constituyen un ataque directo a los pilares fundamentales de nuestra convivencia democrática.

Ante este panorama, urge una respuesta clara, organizada y participativa de todas las fuerzas políticas progresistas y de las organizaciones sociales, eclesiásticas, organizaciones productivas, sindicatos, movimientos sociales, empresariado, academia y todas aquellas personas dispuestas cambiar el rumbo del actual Gobierno y a avanzar en las transformaciones sociales urgentes.

El Partido Frente Amplio expresa su disposición a participar en procesos de diálogo y articulación de fuerzas políticas y propuestas que conduzcan a retomar el camino del desarrollo con justicia social, el rescate de la educación pública y el sistema de salud, a renovar y profundizar finalmente nuestra democracia en términos políticos, sociales, culturales y económicos.

Queremos ser parte y promover la convergencia en la diversidad con un horizonte político claro. Sabemos que es posible encontrar muchas coincidencias con diferentes fuerzas y organizaciones, y por eso apostamos a esa diversidad para construir mucho a partir de lo que nos une.

Pero no promovemos la convergencia por la convergencia misma. Mucho menos la convergencia únicamente motivada por objetivos electoreros. Promovemos la convergencia alrededor de una propuesta política claramente progresista, que apunte a mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras, de los sectores vulnerables, de nuestro sector productivo. Promovemos la convergencia alrededor de una propuesta política claramente demócrata, defensora de los derechos humanos y del medio ambiente. Por supuesto no nos sumaremos nunca a quienes tienen propuestas políticas que solo benefician a elites poderosas con acciones en contra del pueblo, de las personas trabajadoras, del medio ambiente y de la democracia.

Ante los grandes retos nacionales, el Frente Amplio recibe con esperanza los llamados que han hecho desde varias semanas atrás diferentes actores y ponemos a disposición nuestra experiencia de más de 20 años de lucha contra la corrupción y contra las destructivas políticas neoliberales, así como por la defensa y mejora del Estado Social de Derecho y nuestra democracia.

Entendemos que nuestra responsabilidad es sumarnos para enfrentar los grandes retos nacionales. Entendemos que ante el deterioro social, ambiental y político, es nuestra responsabilidad dialogar con distintas organizaciones y personas, para construir una agenda compartida que permita revertir los retrocesos y construir las grandes reformas que nos exige este Siglo XXI.

-Comisión Política, Frente Amplio, 22 de octubre de 2024

 

Compartido con SURCOS por Gerardo Hernández Naranjo.

Llamamiento a la convergencia de las fuerzas democráticas y progresistas

Roberto Salom E.

Comparto esta propuesta para consensuar y procurar un gran apoyo en la sociedad civil.

Una reflexión inicial sobre la crisis política

Costa Rica se caracterizó por una gran estabilidad política, después de la guerra civil de 1948, sobre todo con la constitución del bipartidismo.

Después de la guerra civil del 48 y hasta la consolidación del bipartidismo, se impulsaron y recrearon muchas reformas institucionales que complementaron las conquistas sociales de los años 40, cuyo régimen se plasmó en la Constituyente que dio paso a la Segunda República.

Sin embargo, como se dice, “en la virtud estuvo el pecado”, desde que se consolidó el sistema bipartidista empezó un declive en las políticas públicas que habían garantizado el progreso en la educación, la salud, la redistribución de la riqueza y la estabilidad democrática.

A partir de allí se inició un proceso, más o menos acelerado de ensanchamiento de la brecha social, al punto de que nuestro país llegó a ser, si no el más, uno de los más desiguales del subcontinente más desigual del mundo, cual es América Latina.

Por su parte, la prevalencia del bipartidismo se blindó con el sistema de financiación de los partidos políticos, hasta que, en el año 98 del pasado siglo XX se inició el declive de los dos partidos llamados tradicionales, cuando en las elecciones de ese año, aún cuando fueron ganadas por uno de esos partidos, disminuyeron sintomáticamente la suma de los votos que obtuvieron ambas agrupaciones políticas. Aunado a ello aumentó dramáticamente el abstencionismo, al pasar del 18% promedio a más del 30%, sin haber bajado nunca más desde entonces.

La sociedad civil mostraba cierto hartazgo con las élites dominantes, evidenciado en el inicio de una progresiva proliferación de nuevas agrupaciones políticas, a la derecha y a la izquierda de los partidos tradicionales, que fueron capaces de disputar con más o menos éxito, el acceso al Poder Ejecutivo, forzando en varias ocasiones la segunda vuelta en algunos procesos electorales, en un sistema en el que alcanzar el 40% de la votación para obtener el triunfo electoral, en las condiciones prevalecientes hasta entonces, era una tarea menos difícil que en otros países, en los que el triunfo electoral se obtiene con el 50% de los votos.

Esta tendencia a la proliferación de partidos políticos, producto del descontento con las élites en el poder, se agudizó después de dos gobiernos sucesivos de un partido alternativo, al que el elector le volvió la espalda en las elecciones del 2022.

En ese último año las elecciones las ganó, de nuevo en segunda vuelta, un partido que adoptó como candidato a la presidencia a un exfuncionario de un organismo financiero internacional, que tenía treinta años de estar fuera del país y que había sido cooptado por el gobierno de Carlos Alvarado para administrar la hacienda pública, el cual finalmente fue cesado tras algunos meses de desempeño y de desencuentros con el Presidente.

Este exfuncionario internacional convertido ya en presidente de la República, la emprende contra todo el andamiaje institucional, esgrimiendo para ello una confrontación con quienes llama la “clase política tradicional corrupta”, procurando recrear su ascendiente sobre quienes llama “la gente de a pie”, haciendo gala de un lenguaje chabacano, soez y confrontativo en sus frecuentes intervenciones públicas, pese a la infertilidad de su gestión, producto de su desconocimiento de la institucionalidad, así como de la ausencia de una “carta de navegación” que oriente el rumbo del gobierno.

Pese a ello, su prestigio ha ido decayendo, pero no se ha desvanecido en caída libre en las encuestas de opinión más confiables, como resultado de que sus seguidores se atienen más al discurso que a los alcances de la obra de gobierno, y al hecho de que la oposición al gobierno se encuentra dispersa, sin liderazgo y sin voz a un año y cinco meses de las elecciones del primer domingo de febrero del 2026.

En consecuencia, con lo anterior, la situación actual, desde el punto de vista político, se puede caracterizar al menos por tres tendencias: 1) una crisis del sistema de partidos, evidenciada en su inestabilidad; 2) una situación anómica desde el punto de vista político; y 3) una orfandad política de las masas

Por su parte, el actual gobierno se ha erigido en una amenaza contra la institucionalidad democrática, atentando contra el sistema de frenos y contrapesos, en particular buscando controlar a la Asamblea Legislativa, arremetiendo contra la independencia del Poder Judicial y buscando afectar las potestades de control de la Contraloría General de la República; es decir, haciendo gala de un comportamiento autoritario, confrontativo y desestabilizador de la sociedad costarricense en su conjunto.

Hacia una convergencia democrática

Por lo anterior, es necesario, desde la efervescente sociedad civil, hacer un llamado a las fuerzas vivas, sociales y políticas, para emprender decididamente una convergencia de todas las fuerzas democráticas y progresistas.

Debe ser un agrupamiento plural en lo ideológico, con la condición que prevalezcan la tolerancia, el respeto y la amplitud de miras que las circunstancias exigen, para la construcción de un muro de defensa de la institucionalidad democrática, que a su vez sea la base para continuar la ruta por la senda de la paz y la justicia social, en procura de más solidaridad, mejor distribución de la riqueza, ética en la función pública, más democracia, en garantía de un avance hacia una sociedad de derechos.

Lo anterior pasa necesariamente, por garantizar el respeto y fortalecimiento, si es del caso, del sistema de frenos y contrapesos que la división de poderes exige en una democracia.

Ello constituye un requisito indispensable para ampliar la democracia y dar un combate decidido a la pobreza y la inequidad social, territorial, de género, y propiciar el avance en derechos ciudadanos, de manera que se garantice la inclusividad que a su vez permita continuar construyendo una sociedad en la que quepan todas las personas habitantes del territorio.

Hay que darle la importancia debida a la rendición de cuentas en todos los poderes públicos para combatir la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico, que favorece a muy pocos y perjudica a la mayoría, y que tiene un efecto profundamente desestabilizador de la sociedad y del sistema político.

También las agrupaciones políticas deben rendir cuentas de sus actuaciones, de manera que se garantice un régimen de partidos políticos accesible, democrático y respetuoso de la Constitución y las leyes de la República.

Debe revisarse el régimen de financiamiento de las agrupaciones políticas, para garantizar condiciones de equidad en la participación electoral, y evitar la intromisión en los partidos políticos de recursos financieros mal-habidos.

Es necesario fortalecer una legislación que regule el régimen de partidos políticos para garantizar la existencia de agrupaciones políticas estables, permanentes y participativas, verdaderamente comprometidas con sus planteamientos y propuestas, así como con el respeto a la Constitución y las leyes de la República.

Por otra parte, el Estado costarricense debe ser garante de condiciones mínimas de vida, más abajo de las cuales no viva nadie, así como de un régimen distributivo y tributario de naturaleza progresiva que procure la equidad en las condiciones de vida de toda la población.

Hoy día es necesario renovar las garantías de respeto absoluto al régimen de libertades públicas: libertad irrestricta de elección de las autoridades públicas, de expresión y de prensa, de movimiento dentro y hacia fuera del territorio, de asociación y el derecho a huelga y a la protesta.

Igualmente, debe enfatizarse de nuevo en el respeto a los valores patrios que articulan la nacionalidad y la identidad costarricense.

Frente al rezago educativo y otros problemas de la educación, deben darse verdaderas garantías de acceso al sistema y que la misma educación garantice a todas las personas estudiantes, una formación integral, humanista, de alto contenido científico y de respeto absoluto a los valores de la nacionalidad costarricense. De igual manera es imprescindible luchar también por respetar la Constitución de la República en forma estricta en lo conducente a las universidades públicas, para garantizar el régimen de autonomía especial por el que se rigen y consecuentemente, su seguridad financiera. Es imperativo que se respete la asignación del 8% del PIB, establecido por la Constitución Política para todo el sistema de educación pública.

De igual forma debe asegurarse el derecho a la salud a todas las personas que habitan el territorio nacional, y realizar un esfuerzo especial por saldar la deuda pública con la Caja Costarricense del Seguro Social, y vigilar permanentemente por la adecuada financiación de esta imprescindible institución.

Es necesario también garantizar el derecho de la ciudadanía y de todas las personas que habitan el territorio nacional a disfrutar de un ambiente sano, combatiendo las causas de la depredación del medio ambiente y comprometiéndose con el desarrollo sostenible y sustentable con la naturaleza y con la vida, que fortalezca la tradición de Costa Rica como un país verde, que abra el camino progresivamente a la sustitución del combustible fósil por energías limpias, buscando hacia el 2050 la carbono neutralidad.

En las actuales circunstancias y frente a las amenazas que se ciernen sobre la institucionalidad pública debe respetarse el régimen de autonomía de estas instituciones en todos sus alcances, de manera que se impida cualquier pretensión de imponerles desde afuera y arbitrariamente, políticas ajenas a sus fines y a su constitución.

Es necesario velar sobre la salud de las finanzas públicas, redoblando los esfuerzos por la adecuada recaudación de los impuestos, sobre la base de un régimen progresivo, de manera que la atención de la deuda pública no sofoque la financiación adecuada de las instituciones públicas.

Para garantizar la defensa del Estado Social de Derecho, así como las reivindicaciones sociales y políticas que respaldan esa iniciativa, debe consolidarse y estimularse la democracia participativa en comunidades e instituciones, procurando el avance de la ciudadanía en la conciencia sobre las responsabilidades y derechos que ello implica y para contribuir a vigilar la no intromisión del narcotráfico y el crimen organizado en la vida social y política de nuestro país.

Coincidiendo con Nogui, la impostergable reforma tributaria

Greivin Hernández González*

Lleva razón el ministro de Hacienda cuando afirma que la reforma fiscal de 2018 ya se agotó, y que los ingresos tributarios han empezado a escasear, son insuficientes para satisfacer las obligaciones estatales, y las aspiraciones de la sociedad costarricense. El ministro está en lo cierto además, cuando afirma que la solución pasa por generar ingresos frescos. En un evento auspiciado por la Academia de Centroamérica sugirió dos posibles fuentes: renta global e impuesto mínimo global.

Sobre renta global coincidimos, este esquema cerraría portillos a la elusión tributaria, y traería más equidad al sistema vigente. Sobre el impuesto mínimo global también, no tanto porque haya muchas empresas de origen costarricense generando rentas masivas en el exterior, sino más bien, porque la falta de una tributación de este tipo, facilita la evasión y elusión, pues no permite que las autoridades tributarias indaguen lo suficiente sobre las operaciones que personas o empresas tienen en otros países, y que en muchas ocasiones obedecen a esquemas de evasión tributaria (recordemos los Papeles de Panamá). La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que los flujos ilícitos del comercio internacional representan el cerca del 15% de la producción nacional de Costa Rica, tal manipulación de precios reduce severamente los ingresos fiscales.

En ambas propuestas del ministro, se trata de impuestos que no recaen sobre las clases empobrecidas ni medias, por cuanto no tienen capacidad de generar ingresos significativos de múltiples fuentes, ni menos aún de llevar a cabo negocios en otros países.

Una reforma fiscal se aproxima, y es imprescindible que desde ya se tenga claro tres objetivos por cumplir: poner a tributar a los que tienen capacidad en su justa medida, cerrar los portillos para la elusión, y elevar el costo de la evasión; en todas el país está en pañales.

Sobre el primero, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ya había advertido la precariedad tributaria del país, el “Estudio Económico de Costa Rica, 2020” caracterizaba el desempeño tributario en rango mediocre. Concluyó que lo que recauda el Estado costarricense en impuestos por concepto de ingresos, beneficios y ganancias de capital de las personas, es seis veces menor de lo que recaudan por el mismo concepto sus pares de la OCDE, y en el caso de los impuestos sobre la propiedad, nuestro Estado recauda 4,4 veces menos.

Abordando esta tarea de manera moderada, equiparándonos al promedio de la OCDE, sumaría más de nueve puntos porcentuales del PIB en materia de recaudación tributaria, suficiente para atender las obligaciones sociales y la creciente deuda pública costarricenses. Aquí no debe caber duda de que, quienes no están contribuyendo según su capacidad, son las clases más favorecidas, la crítica de la OCDE es sobre la escasa tributación de quienes obtienen rentas del capital y de la propiedad, factores productivos de los que las personas en pobreza y los asalariados carecen.

En el caso de los otros objetivos, los esfuerzos para cerrar los portillos a la evasión y elusión, que deben ser continuos y crecientes, en Costa Rica están estancados; dos hechos lo demuestran, el proyecto más prometedor llamado “Hacienda Digital” se encuentra severamente retrasado, y las autoridades no han anunciado nuevas iniciativas. Adicionalmente, las recomendaciones de expertos que han investigado significativos hechos de evasión tributaria (p.e. los “Papeles de Panamá”) no han sido incorporadas en nuestra legislación.

Dado lo anterior, vemos que se mantienen los riesgos señalados por entes auditores como la Contraloría General de la República, quien señala que casi el 60% de los profesionales liberales declara cero impuesto sobre las utilidades, y la CEPAL, quien estima que la evasión corporativa en el impuesto sobre la renta en el país es superior al 65%, de las más altas de la región latinoamericana.

En la práctica tributaria lo que ocurre es que los individuos que se benefician de altas rentas realizan una “planificación fiscal” agresiva, apoyados por despachos especializados en beneficiar a sus clientes afectando a la sociedad como un todo, encontrar los portillos que tienen las leyes, y las oportunidades de nuevas formas de organización de la producción, para minimizar el pago de impuestos. Es por ello por lo que, en los países desarrollados las reformas tributarias son constantes, mientras que en nuestro medio tardan décadas.

Por otra parte, en los últimos años se han llevado a cabo múltiples esfuerzos por sanear las finanzas públicas desde el lado del gasto, con reformas a los sistemas de pensiones, el empleo público, la regla fiscal y eliminación de destinos específicos. Muchas de estas reformas ciertamente abordaron temas necesarios y urgentes, sin embargo, este espacio parece haberse acabado, y es necesario mirar hacia el lado de los ingresos, en particular de aquellos que llevan décadas sin aportar al fisco lo que les corresponde.

Desde la fundación de la Segunda República, Costa Rica se configuró como un Estado Social de Derecho, una sociedad en la que el Estado “procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza” (Constitución Política art. 50), en el que a sus ciudadanos se les garantiza amplios derechos esenciales como el acceso a la salud, la educación, un ambiente sano, trabajo, vivienda digna, entre otros. A pesar de esta norma visionaria, que ha hecho del país una nación singular y envidiable en el contexto latinoamericano, hay quienes no se ven comprometidos con ella, y la dinamitan desde dentro y fuera del Estado.

El no llevar a cabo los esfuerzos suficientes para dotar al Estado costarricense de los recursos necesarios para ofrecer un nivel de vida digno a los ciudadanos, representa una traición a esta visión inscrita en la Constitución Política. Parafraseando a José Mujica, cuando decimos que no hay suficientes fondos públicos “es porque tenemos la cobardía política de no cobrarles, pedirles y meterles la mano en los bolsillos a los que pueden”.

Entonces sí, coincidiendo Hacienda, la impostergable reforma tributaria, la esperanza es que hagamos una con la valentía de cobrar lo justo a quienes se debe.

* Economista, fue Director de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) y Ex Director Ejecutivo a.i. del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).