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La urgencia democrática del dialogo social

Escrito en 20/07/2020. Publicado en Análisis, Coyuntura.

Manuel Hernández

El Informe de OCDE acerca del Mercado laboral y las políticas sociales (2017), advirtió que en nuestro país, el diálogo social está fragmentado y además, que esta debilidad puede ser una barrera para mejorar las condiciones de trabajo y retrasar muchas de las reformas que se necesitan.

La OCDE recomendó, desde aquella fecha en que el Gobierno estaba seduciendo a este organismo internacional, “que los encargados de políticas en Costa Rica (…) fortalezcan el diálogo social.”

No obstante, la Administración Alvarado Quesada, que tanto empeño asumió para que el país se adhiriera a este selecto club de países ricos, echó por la borda esta recomendación, y en su lugar, peligrosamente ha recorrido una ruta en sentido totalmente contrario al diálogo social.

Esta desafección del diálogo social se materializó con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 y la Ley para brindar seguridad sobre la huelga y sus procedimientos, N° 9808, que causaron una fuerte confrontación social, cuyas cicatrices todavía no han sanado.

No sólo por el procedimiento legislativo extraordinario que se diseñó –ad hoc- para la tramitación y aprobación atropellada de ambos proyectos, respaldada por una fuerte carga de intervención policial, sino, además, por su contenido normativo regresivo, quedó de manifiesto la rúbrica autoritaria del Gobierno y la Asamblea Legislativa.

Pero este déficit democrático de la gobernanza de las relaciones laborales, se ha profundizado a merced de la irrupción de la pandemia que nos flagela.

La pandemia se ha convertido en el útil Caballo de Troya, por un lado, para destruir los derechos que aún le quedan a la clase trabajadora, y por otro lado, para desmontar el raído Estado Social y Democrático, que lo tienen pegado a un respirador mecánico.

Recordemos que el Ministerio de Trabajo impulsó febrilmente un proyecto de ley de reducción de las jornadas de trabajo, con la consecuente disminución hasta de un 75% de los salarios, que tiene a miles de trabajadores del sector privado con trabajo, pero lamentablemente devengando salarios de hambre.

Por otra parte, en lugar de proteger la sostenibilidad de los salarios de las y los trabajadores, el mismo Ministerio apostó a la maquinilla, casi en automático, de la suspensión de los contratos de trabajo, cuyas resoluciones administrativas se editan como en planchas rotativas de periódicos.

Son más de tres meses que llevan estos trabajadores soportando, sin percibir salario, con el hambre confinada en sus estómagos, cuya medida se prorrogó por tres meses más.

Ahora el epicentro del envite político se enfoca directamente contra los servicios públicos y las personas que trabajan en este sector, amplificado por las mediáticas campañas que destilan odio en las columnas editoriales y las pantallas de televisión.

En términos generales, podríamos decir que los correspondientes proyectos legislativos tienen un doble y concurrente cometido: desmantelar la institucionalidad pública y menoscabar los derechos laborales de este colectivo.

En la línea de erosión de la institucionalidad pública, sobresalen dos proyectos: el Proyecto de Ley de Empleo Público y la reforma de la Ley Orgánica del INA, sin dejar de omitir que a JAPDEVA que prácticamente ya lo cerraron.

El primer proyecto, que en buen español debería nominarse de des/empleo público, tiene el objetivo de someter a la exclusiva gobernanza política y normativa de MIDEPLAN, la totalidad del conjunto del sistema de empleo público: reclutamiento, selección, movilidad, traslados, carrera administrativa, promoción, concursos, formación, capacitación, remuneración y otros.

MIDEPLAN sufre una metamorfosis y se trasmuta en un supra-ministerio, que concentra un poder desproporcionado, a cuyos mandatos imperativos quedan subordinadas prácticamente todas las instituciones, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

Este Leviatán hace añicos la independencia de poderes y la autonomía constitucional de la CCSS, universidades estatales y las municipalidades, reducidas a caricaturescas unidades ejecutoras de las directrices, lineamientos, procedimientos y resoluciones de SUPRAMIDEPLAN.

En el otro proyecto se pretende reformar la Ley Orgánica del INA, que ha jugado un papel fundamental en la formación y capacitación técnica de la clase trabajadora, cuyo objetivo es la externalización de los servicios que presta esta institución y la privatización de la relación de empleo de sus servidores.

En la línea de afectación directa de los derechos de las personas que laboran en el sector público, tenemos un emergente aluvión de proyectos, entre los cuales sobresalen, sin la intención de agotar el señalamiento de los tantos que conforman la saga de proyectos que se agolpan en la corriente legislativa, los siguientes: congelamiento de las anualidades 2021-2022, derogatoria de los regímenes de pensiones complementarias de trabajadores y trabajadoras de varias instituciones (CCSS, BCR, BN, ICE, ICT, JPS).

No podríamos dejar de mencionar la versión más creativa de estos proyectos: la reducción del 15% de la jornada de los funcionarios públicos que devengan una remuneración bruta mensual por lo menos de 1.500.000 colones, por un período de 12 meses, un verdadero despropósito, un impuesto disfrazado con lentejuelas, cuestionado por diferentes sectores, hasta incluso por partidos políticos que han hecho mancuerna con el Gobierno en la aprobación de aquellas leyes.

Todas estas iniciativas se han promovido y ejecutado de manera unilateral, inconsulta, cerrando todo espacio de interlocución a los actores sociales interesados.

No queda, entonces, la menor duda de la nula voluntad de diálogo y legitimidad democrática de este Gobierno, que en esta crisis desafortunadamente nos está llevando por un callejón al borde del despeñadero: en el ámbito del empleo, en el campo laboral, social, económico y productivo, que ojalá que en el orden sanitario, en definitiva, podamos salir bien librados de esta fatídica pandemia.

Así las cosas, no es aventurado sostener que estamos llegando a una situación muy crítica, a un punto de inflexión, donde más allá de esta línea probablemente no habrá retorno.

La crispación social sube la intensidad del tono y las circunstancias podrían desbordarse, como la misma pandemia, las cuales exigen que el Gobierno de la República vuelva por el camino de la restauración democrática y se comprometa francamente en un proceso de diálogo con los actores sociales, cuyo objetivo debe ser la recuperación del empleo, mantener la sostenibilidad de los salarios de los trabajadores, la reactivación y la eficiencia económica y además, la construcción de un escudo social que proteja a la gente en condición social vulnerable, los siempre condenados de la tierra.

No es ocioso recordar, por aquello que a algún político desmemoriado se le haya olvidado, que la Constitución Política establece que Costa Rica es una República libre, democrática e independiente, sustentada en los principios de participación ciudadana y en la provisión de los servicios públicos.

El Diálogo Social es inherente a esta configuración democrática de nuestro ordenamiento constitucional, que además tiene respaldo en el Convenio N° 98, N° 144, N° 154 y varias recomendaciones de OIT.

En este aspecto es pertinente recordar los señalamientos del Comité de Libertad Sindical de OIT:

“356.- (…) El Comité llama la atención sobre la importancia que atribuye a la promoción del diálogo y la consulta en las cuestiones de interés común entre las autoridades públicas y las organizaciones profesionales más representativas del sector de que se trate», así como «el interés de consultar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la preparación y elaboración de una legislación que afecta a sus intereses». El Comité subraya a este respecto la importancia de consultas detalladas y de que las partes tengan suficiente tiempo para preparar y expresar sus puntos de vista y, discutirlos en profundidad. El Comité subraya también que el proceso de consulta en materia de legislación contribuye a que las leyes, programas y medidas que las autoridades públicas tengan que adoptar o aplicar tengan un fundamento más sólido y sean mejor respetados y aplicados; en la medida de lo posible el Gobierno debería apoyarse en el consentimiento general ya que las organizaciones de empleadores y de trabajadores deben poder participar en la responsabilidad de procurar el bienestar, y la prosperidad de la comunidad en general [Informe N° 368 de Comité de Libertad Sindical, que remite a Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafos 1067 y 1072].

La OIT, en el Marco de las políticas de lucha contra el COVID-19, estableció que el Diálogo Social “en todo momento, promueve la participación democrática en el proceso de formulación de políticas de las personas más directamente afectadas; pero en momentos de crisis, cuando hay mucho en juego, esa participación resulta aún más importante.”

El Diálogo Social es un cauce de mediación democrática, que sustenta la legitimidad de las políticas públicas, las decisiones gubernamentales y legislativas, que tanto se echa de menos en esta Administración.

En esta durísima crisis que estamos atravesando, ahora más que nunca, antes que –parafraseando a Saramago- nos hundamos hasta la mierda y perdamos el optimismo que aun nos queda de reserva, es imperioso articular un proceso real de Diálogo Social.

En definitiva, es necesario pactar, de manera impostergable, una hoja de ruta tendiente a buscar una salida democrática de la crisis, en procura de un gran acuerdo de reconstrucción social y económica, destinado a refundar el Estado Social y Democrático, proceso en el que deben tener participación los actores sociales y representaciones de pequeños y medianos empresarios, agricultores, a quienes se les ha martillado de golpe en seco y trasladado exclusivamente el riesgo y el costo de esta crisis sobreviniente.

En este trance de crisis de la cohesión social, del tejido productivo y no menor tensión de la legitimidad democrática, el diálogo social no puede ser enervado o suplido por la gobernanza unilateral, excluyente y autoritaria, acompañada de la infaltable represión policial cuando es necesaria, que ha sido hasta ahora la única receta del formulario oficial del Gobierno de la República.

El giro de 180° hacia el Diálogo Social es una opción política que el Gobierno del Bicentenario debe seriamente valorar, en función del desarrollo humano, la dignidad de las personas y el bienestar general de las grandes mayorías.

18/07/2020

Las paradojas que evidencia la pandemia

Escrito en 13/07/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

Imaginar que los mercados urbanos seguirán siendo emporios para las ventas de mercancías y servicios, así como ser fuentes de fuerza de trabajo barata, son las elucubraciones de los empresarios, el gobierno y los nefastos entes internacionales, que se imaginan maltusianamente, una sociedad y un mundo con poblaciones muy inferiores a su origen manufacturero del siglo XVIII, pero dotadas de extraordinarias capacidades productivas gracias a los trabajadores que con su esfuerzo e imaginación crean nuevas tecnologías. Es comprensible un capitalismo con elevada producción y productividad para más y mayores mercados, pero nunca para reducidos mercados y poblaciones. No existe tendencia alguna que sustente una estructura productiva y distributiva para atender las necesidades ciudadanas y menos aún con tasas decrecientes de ganancias. Ello es un error de las expectativas, una visión contradictoria o una forma para eliminar a empresarios competidores.

¿Acaso estamos viviendo un proceso de concentración económica como nunca antes ha conocido la humanidad? ¿se pretende destruir a miles de productores y trabajadores, con la mediación viral pandémica, para concentrar y centralizar, en muy pocas empresas globales y en menos países, el abastecimiento de mercancías, servicios o insumos que el mundo requiere? ¿se construye un nuevo orden económico mundial? No es de orates ni es una especulación suponer la intencionalidad de estas prácticas, pues es una regularidad efectuada en toda la historia capitalista. Las guerras, invasiones, ocupaciones, los asesinatos, espionajes, expropiaciones, confiscaciones y adquisiciones han servido, en el pasado y el presente, para apoderarse de las riquezas, recursos y mercados del mundo, como tampoco es extraño, el crecimiento y expansión de las inmensas empresas que actúan en todos los mercados y espacios nacionales del planeta y menos aún, se puede desconocer la permanente destrucción de las empresas competidoras por parte de entes que anhelan el monopolio, o el control de la producción y la distribución mercancías del mundo.

El empobrecimiento generalizado de las poblaciones por los efectos económicos de la pandemia agudizados por las estructuras sociales y laborales excluyentes que, sin redistribución de los recursos generados, restringen el consumo, la educación, la sanidad pública, lo cual tienen como consecuencia la inhabilitación de las capacidades físicas e intelectuales de los trabajadores, aunque paradójicamente son imprescindibles para la valorización del capital. El capitalismo ha ampliado los mercados e integrado a todos los trabajadores del mundo en un proceso de reproducción global del capital. Es absurdo y contradictorio para el capital, atentar contra los trabajadores, porque es una evocación propia a tanatus.

La falsa conciencia y el hedonismo empresarial se embelesa en tener el poder capaz de crear una sociedad a la medida de sus intereses, sin la resistencia por parte de reducidos, supeditados y contestatarios trabajadores y sin institucionalidad alguna, para erigirse en una absolutista versión moderna del Estado de Luis XIV. Esos sueños utópicos ocultan sus pesadillas de no ser autosuficientes, de necesitar trabajadores, mercados y de un Estado que les garantice sus condiciones de existencia y vivir de los otros.

Los negociantes al imponer la reapertura productiva y mercantil, no reactiva la economía realmente, solo garantiza nuevas infecciones y muertes. Ante las evidencias, silencian sus voces, pero sin desistir ni enmendar la culpabilidad de sus acciones contra trabajadores y clientes. La vocinglería empresarial de tener la solución a las crisis, económica y pandémica, ha mostrado su incapacidad de dinamizar la economía, a la vez de ser un nefasto difusor de la pandemia en el país.

Los mercaderes creen que ofrecer mercancías, es suficiente para reactivar la economía, como si la causa de la crisis fuera por su carencia. Esa simpleza de pensamiento deriva suponer como lo hizo hace siglos Jean-Baptiste Say (1767-1832), que toda oferta crea su demanda, ignorando a John Maynard Keynes (1883-1946) que postulaba precisamente lo contrario, como si la economía fuera una relación mecánica entre dos variables. Pero, los empresarios no quieren ver ni entender que los asalariados-compradores han sido afectados por ellos, el Estado y la pandemia, en un contexto estructural inequitativo y excluyente. Esas mayorías despreciadas y pobres, son los que sustentan y garantizan la riqueza privada.

La producción capitalista no es para el autoconsumo de propietarios, no es para los millonarios, ellos no sustituyen el consumo de las poblaciones trabajadoras, a quienes no dan ninguna alternativa de consumo ni de sobrevivencia suficiente y digna. Los pobres, desempleados y enfermos, entre otros, no consumen. Tampoco los sectores medios y pobres poseen los recursos suficientes ni duraderos para afrontar un futuro inestable, incierto y crítico, no solo por el previsto colapso del sistema de salud, o un posible desabastecimiento alimentario, agravado por un medio gubernamental sin recursos y asfixiado por sus déficits y por los legisladores. Asimismo, la destrucción de la institucionalidad pública y la educación superior, compromete dramáticamente el futuro de la sociedad costarricense. La legalidad democrática costarricense, se transfigura en una dictadura ilegal.

Los parlamentarios contrarios a los intereses de la colectividad, son aliados y cómplices de demandas empresariales, inviables e imposibles para nuestra sociedad, además de que sus intereses electoreros los empuja a boicotear los presupuestos públicos requeridos para la asistencia a los desempleados formales e informales que ha provocado la pérdida de puestos laborales durante la actual coyuntura. Son los intocables amigos, no por enfermos, sino porque enferman y matan a los otros, con su inmunidad e impunidad económica y política, son los mismos que impiden la devolución total de los salarios acumulados para supuestas pensiones obligatorias, que nutren las finanzas privadas, con argumentos falaces que ocultan los desfalcos financieros y administrativos de los mismos, a pesar de la agudización de la pobreza y del hambre que comienza a azotar a los sectores vulnerables de nuestra sociedad.

Asimismo, uno de los entes generadores de miedo, el poder judicial, se ha convertido en un espectador de las tragicomedias de las transgresiones constitucionales, del derecho público y de la institucionalidad estatal.

Costa Rica en la actual coyuntura vive momentos contradictorios, sin alternativas económicas viables ni razonables, enfrentada a una frustrada omnipotencia o impotencia empresarial y legislativa de instaurar regresivamente el absolutismo totalitario, mientras que el Gobierno, ambigua y contradictoriamente, se ocupa y relativamente se sostiene políticamente por el sistema de salud existente, mientras que, por otro lado, destruye institucionalidad pública y liquida conquistas alcanzadas históricamente por la ciudadanía y su Estado Social, especialmente en materia de derechos y reivindicaciones laborales.

Los que se aprovechan de sus influencias para hacer negocios privados y contratos de obra pública, han multiplicado muchas veces sus riquezas y adquirido un saber que no emana de la ciencia, sino de procesos políticos corruptos del quehacer estatal y judicial. La ciencia y la investigación no les interesa ni forman parte de sus decisiones y prácticas, como tampoco les importa el ejercicio de la justicia social y la moralidad pública. Sin embargo, pretenden ser dictaminadores y fiscalizadores de la sociedad costarricense, del aparato estatal y de los intereses, necesidades y anhelos ciudadanos. Así, las visiones y prácticas de esos sectores privilegiados de la sociedad, ignoran la complejidad de los procesos sociales y también de la economía. Los negociantes creen que solo la reproducción del ciclo comprar, producir y vender, es suficiente y que ellos son los actores fundamentales, pero están muy equivocados. A ese economicismo, basta señalar que los “ticos” radicados y trabajadores en otros espacios nacionales, que regresan al país, no lo hacen porque carecen de trabajo y son pobres, sino porque Costa Rica es su espacio de vida con sus familias, en su sociedad y cultura, que les garantiza sobrevivencia social, más allá, del trabajo y situación económica. Este fenómeno también ocurre con los ciudadanos de otros países que vuelven a sus países y a sus pueblos para convivir y compartir solidariamente. El economicismo es una visión ideológica que emana de la preeminencia económica capitalista que impide comprender la complejidad de las realidades y la significación cultural, social, política e histórica de las relaciones económicas.

Las visiones simplificadas de las realidades suelen ser dogmáticas y creen que el devenir de las personas y sus contextos, están determinadas absoluta e inevitablemente, como ocurre con la economía y sus pretendidas leyes universales, pero también con la pandemia, a la cual le atribuyen cualidades de transformación de economías y sociedades. No obstante, son las relaciones sociales, políticas y económicas hegemonizadas con poderes concretos y tangibles que, encubriéndose en la pandemia, imponen sus intereses, intenciones y nuevas condiciones sobre las personas y pueblos de la aldea global. Tampoco los poderes sociales que dominan y sentencian son omnipotentes, son de barro en su vulnerabilidad y miedo ante los trabajadores-compradores en la pandemia.

[1] Catedrático en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Imagen: https://concepto.de/mercantilismo/

UCR: La ética y la empatía son esenciales para fortalecer el estado social y los derechos humanos

Escrito en 13/12/2018. Publicado en Derechos.

Elizabeth Odio en la celebración de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, solo tres años después de que llegara a su fin la II Guerra Mundial.

Para conmemorar el 70 aniversario de este acontecimiento, la Universidad de Costa Rica organizó una conferencia en la que la Dra. Elizabeth Odio Benito, jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), habló sobre la evolución de los derechos humanos pero sobre todo, de los retos de la sociedad actual.

Según la jurista, la legitimidad de todo estado social de derecho del siglo XXI debe asentarse firmemente en el goce sin limitaciones ni discriminaciones de los derechos humanos de todas las personas, en cada país y sin relativismos culturales.

Sin embargo ante esta afirmación, se hace las siguientes interrogantes ¿será posible reconstruir un tejido social tan inmensamente dañado? ¿Será realista pensar que solo estudiando, practicando y dictando sentencias progresistas sobre derechos humanos se alcanzará una sociedad auténticamente democrática e inclusiva? La respuesta la encuentra en la ética, definida como un conjunto de principios y valores que guían y orientan las relaciones humanas; principios que deben ser universales, válidos para todas las personas y para siempre.

Odio señaló que esta definición va al corazón mismo de lo que son los derechos humanos.

“No podemos limitar la existencia y validez de estos principios éticos que son sustancia de los derechos humanos a su reconocimiento en instrumentos jurídicos. Los tratados, convenciones, constituciones y sentencias son productos positivistas que pueden ser derogados, desconocidos, ignorados por un poder político perverso, que es hoy una verdadera amenaza o peor aún una realidad en muchos de los países del continente. Esta verdadera amenaza nos puede devolver a épocas muy oscuras previas a la declaración universal y a todo este desarrollo posterior de los derechos humanos”, recalcó.

Además explicó que solamente mediante la empatía se construirá el camino correcto para lograr una sociedad en la que la ética de los derechos individuales, económicos y sociales sean la vivencia cotidiana.Así como la educación es el instrumento de transformación que ponga énfasis en la solidaridad, la responsabilidad con los deberes, en el compromiso y la reciprocidad con el objetivo de llegar a ser igualmente dignos, libres e iguales para vivir conforme a un nuevo paradigma ético, que resulta fundamental para combatir la barbarie que asecha al mundo.

“No tengo recetas de cómo sembrar de empatía en nuestras sociedades, pero si sé que solo siendo empáticos viviremos conforme a la ética de unos derechos humanos verdaderamente universales”, subrayó.

Pueden ver la conferencia completa en el siguiente video:

Derechos Humanos: una ética de vida y un parámetro de legitimidad de los Estados de Derecho

En conmemoración del 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Rectoría de la Universidad de Costa Rica invitó a la conferencia «Derechos Humanos: una ética de vida y un parámetro de legitimidad de los Estados de Derecho», a cargo de la Dra. Elizabeth Odio Benito, Jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y premio Rodrigo Facio 2014.

Andrea Marín Castro

Periodista Oficina de Divulgación e Información.

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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El neoliberalismo es el nuevo principio de la Constitución

Escrito en 07/12/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Oscar Madrigal

Hasta el voto de la Sala IV sobre el proyecto fiscal, el capítulo de Garantías Sociales tenía su fundamento en el principio cristiano de justicia social y nuestro Estado se definía como estado social, con el fin, como dice la Constitución, de “procurar una política permanente de solidaridad nacional”. (Art. 74). El otro principio fundamental en materia social que establece la Constitución es que “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país” (…) “y el más adecuado reparto de la riqueza”. (Art. 50). Pues bien, a partir del viernes pasado, el nuevo principio constitucional, según esos magistrados, es el equilibrio de las finanzas públicas.

En consonancia con esta posición el Estado Social queda supeditado a que no se rompa la relación ingresos-egresos del Estado, con lo cual los derechos sociales o individuales, dependerán en el futuro de la “solvencia económica estatal”. Textualmente lo dice: “De manera inexorable, debe existir un equilibrio entre los derechos prestacionales y la solvencia económica estatal, ya que los primeros dependen de las posibilidades materiales propiciadas por la segunda”.

De esta manera los derechos existirán siempre y cuando hayan recursos; por ejemplo, habrá medicinas contra el sida, si la Caja tiene recursos, electricidad en zonas alejadas sin al ICE le genera un equilibrio financiero, clínica de fertilización en vitro si Salud posee dinero o simplemente salarios crecientes si el Ejecutivo tiene plata.

Los magistrados lograron que la austeridad neoliberal adquiriera rango constitucional, el viejo y añorado sueño de Miguel Ángel Rodríguez de incluir un capítulo en la Constitución de Garantías Económica, lo lograron sin discusión alguna nuestros neoliberales con este fallo.

Además, la Sala IV (que ya no es constitucional) da otro paso: el Estado social de derecho “ideal” es el Estado Social de Derecho “posible”, es decir, se constriñen las prestaciones sociales y por tanto los derechos a la política de equilibrio presupuestario. Este, sin duda, es un cambio radical en la concepción de los derechos de los habitantes, los cuales ahora deben limitarse a lo que presupuestariamente es posible, con lo cual no habrá avance posible en el futuro.

En fin, la decisión de estos magistrados, es una pieza sacada del neoliberalismo, adosadas con un fuerte tinte inhumano, sin análisis jurídico y alejado de los principios que hasta ahora habían orientado la Constitución y el Estado costarricense.

Imagen tomada de http://dfiscal.blogspot.com

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

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En pro del estado social

Escrito en 24/05/2016. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Arnoldo Mora

El Estado es el monopolio de la violencia por parte de una institución pública de jurisdicción plena en un territorio debidamente delimitado, con el fin de evitar que la sociedad se autoelimine (Hobbes). Ese objetivo solo se logra mediante un acto político fundante, que Rousseau llamaba “contrato social” y que, en nuestra historia, lo fue “El Pacto de Concordia” (Diciembre de 1821). Gracias a Carrillo, Juanito Mora y los liberales forjamos, a lo largo y ancho del siglo XIX, el Estado-Nación. En la primera mitad del siglo XX se fue forjando el Estado Social. El Obispo Thiel, hijo de un líder obrero de la fundación católica Kolberg en Renania (Alemania) y que inspiraría la Primera Encíclica Social “Rerum Novarum” del Papa León XIII (15 de Mayo de 1891), en su carta pastoral sobre EL JUSTO SALARIO (Setiembre de 1893) esbozó lo que debería llegar a ser el Estado Social, afirmando que el Estado tenía el deber moral y legal de promover la justicia social como única manera de evitar el empobrecimiento de los trabajadores. Desde el punto de vista político, sería Feliz Arcadio Montero quien, con la fundación del Partido Independiente Demócrata, pondría la lucha de clases como motor del activismo político. Ya a inicios del siglo XX, los más connotados intelectuales (García Monge, Omar Dengo, Billo Zeledón, Carmen Lyra) apoyarán las luchas de los sindicatos de inspiración anarquista, asumiendo con ello la confrontación ideológica.

Todo este trasfondo explica la posición enhiesta y visionaria del Presidente Alfredo González Flores, quien en su memorable discurso ante el Congreso de la República, definirá el papel del Estado en materia social. D. Alfredo señala a los diputados lo siguiente:”Entre los proyectos que el Gobierno está elaborando, se encuentra el que imponga una contribución apropiada a las ganancias así habidas sin esfuerzo de parte del beneficiario, y a costa de la comunidad”(GONZALEZ Flores, Alfredo: SU PENSAMIENTO, Biblioteca Patria, Editorial Costa Rica, 1980, pg. 58). Este mensaje visionario de auténtico estadista fue, para desgracia y vergûenza de los costarricenses, lo que le valió dos años más tarde el golpe de Estado, que le propinó la cerril oligarquía criolla y, con ello, surgiría la tiranía de los Tinoco. Como patriótica reacción vendría pronto el levantamiento popular que llevaría al derrocamiento de ese oprobioso régimen. Producto de esta situación, surgiría la alianza entre los sindicatos y el movimiento socialcristiano que daría origen al Partido Reformista, liderado por el carismático General-sacerdote Jorge Volio.

Tales son los antecedentes que dieron origen a las reformas sociales de 1943, llevadas a cabo por la “alianza inverosímil” encabezada por el Dr. Calderón Guardia, Monseñor Sanabria y Don Manuel Mora y que, gracias al liderazgo de Don Pepe y al pensamiento de Rodrigo Facio, se plasmó en la Constitución de 1949 que hoy nos rige. Estas breves pinceladas, extraídas de nuestra historia, configuran al Estado Social como uno de los mayores logros de nuestro pueblo. Preservarlo y consolidarlo es la única garantía para vigorizar nuestra democracia y poner las bases de ese futuro mejor con que sueñan las nuevas generaciones.

Enviado a SURCOS Digital por el autor.