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Etiqueta: Estado

COVID-19: encrucijadas y respuestas humanas

Andrey Pineda Sancho,
sociólogo e investigador CICDE-UNED

La grave crisis pandémica que actualmente tiene en vilo al planeta entero nos ha hecho regresar a viejas preocupaciones antropológicas, constitutivas de nuestra especie, y a debates sociopolíticos y filosóficos de largo, más bien larguísimo, recorrido en nuestras sociedades. Ha potenciado, por un lado, nuestro ya de por sí perenne, aunque no siempre consciente, terror al desorden, al caos y a la finitud, y por el otro, nos ha obligado a tratar de encontrar respuestas aptas tanto para conjurar la amenazante situación, como para hacerla asimilable o llevadera a nivel cognitivo-emocional. De este intento participan, en distintos grados, las instituciones que conforman y modelan la vida sociocultural de los distintos países, los agentes sociopolíticos con mayor poder dentro de ellos, y por supuesto, las personas que con su accionar día a día contribuyen a mantener a flote los mundos socialmente construidos.

En medio del apremio, cada grupo, institución o persona, procurará hacer cuanto esté a su alcance para encontrar las respuestas que les permitan lidiar con la situación y para evitar con ellas el desmoronamiento del mundo que hasta ahora conocían. Las empresas, de distintos tamaños y colores, tratarán de evitar la quiebra o la disminución dramática de sus ganancias, el Estado echará mano de su poder para gestionar la crisis en sus muchas aristas y niveles de complejidad, los y las científicas correrán a ofrecer alternativas para atender lo urgente y resolver el futuro que se dibuja en el horizonte, mientras que la ciudadanía común, en su diferencia constitutiva, oscilará entre la espera de las soluciones externas y la imperiosa necesidad de solventar de forma autónoma sus más acuciantes angustias. Lo que no parece estar para nada claro, sin embargo, es si estos intentos resultarán capaces de cumplir con sus propósitos, si resultarán o no compatibles entre sí, o si serán realmente benéficos, no ya para un sector específico de nuestras sociedades, sino en general para el colectivo. El gran reto que tenemos al frente no reside tanto en encontrar respuestas, pues estas de una u otra forma llegarán y han estado llegando ya, como en hacer que estas respuestas estén inspiradas por criterios que resulten favorables a la consecución del mayor bienestar posible a nivel societal.

Entre los múltiples y multiformes, aunque no siempre creativos, atisbos de respuesta que se han estado proponiendo desde los círculos de poder, y en menor medida desde la ciudadanía, creo poder identificar el retorno y/o a la renovación de viejas discusiones político-filosóficas, así como la revitalización de algunos debates de más reciente data. Todo ello en el fondo no hace más que confirmar que casi todos los problemas que hoy nos estallan en la cara, en realidad nos han venido acompañando desde antes de la emergencia del covid-19 en el planeta. Entre otras cosas, esta crisis ha propiciado que:

  • volvamos a debatir sobre la pertinencia o no de dejar que el mercado colonice y cope los aspectos más esenciales del acontecer y del devenir humano. En la mayor parte del mundo la mano invisible del mercado se ha mostrado francamente incompetente para atender o resolver la crisis;
  • reflexionemos, una vez más, sobre la naturaleza del Estado y sobre su rol tanto en las dinámicas económicas, como en la vida privada de las personas. En este momento tiende a pedírsele, con particular vehemencia, que mantenga viva la economía y que procure la salud y la seguridad de las personas;
  • nos debatamos entre la necesidad de incentivar el control externo (biopolítico) de las conductas y la de apelar a la responsabilidad de cada persona. Aquello que en ocasiones se ha presentado como una dicotomía, en estas condiciones se ha tendido a posicionar más bien como una imperativa complementariedad;
  • se nos presenten con mayor crudeza las injusticias estructurales de nuestros ordenamientos sociales. Hoy se notan doblemente las duras e inhumanas consecuencias del empobrecimiento, de la desigualdad, del desempleo, de la informalidad laboral, del inequitativo acceso a la salud, de la falta de vivienda digna, de la indefensión en la que viven muchos de nuestros adultos mayores y de las desventajas socioeconómicas que padecen millones de mujeres alrededor del planeta;
  • adquiramos nueva o renovada consciencia de nuestra naturaleza eminentemente social. Hoy nos está quedando más claro que dependemos de otros y de otras para subsistir; que el otro y la otra son condición de posibilidad para mi propia existencia. Ello se ha revelado de forma notable en el trabajo realizado por las instituciones públicas, pero también en las cadenas de solidaridad que se han abierto en distintos frentes, ya sea para apoyar a la pequeña y mediana empresa, o para garantizar la sobrevivencia de los sectores más desposeídos y vulnerables de la sociedad;
  • reparemos en el carácter global de las grandes problemáticas que comprometen no sólo nuestra continuidad en tanto especie, sino también la del planeta como tal. Aún cuando hemos corrido a refugiarnos en la aparente, y sólo aparente, comodidad de los estados-nación, es muy obvio que de este tipo de apuros solamente podremos salir a través de respuestas y acciones de alcance global.
  • resurjan en nosotr@s todo tipo de incomodidades y sospechas no ya solamente respecto del funcionamiento del capitalismo en tanto sistema económico de corte mundial, sino sobre todo respecto del modelo civilizatorio que este ha configurado a lo largo de más de 500 años. Ha resultado inevitable preguntarse si dentro de tal proyecto podremos encontrar y tornar viables aquellos valores que requerimos para hacer frente, de forma eficaz, a nuestros problemas y retos comunes;
  • debamos preguntarnos sobre el papel que tendría que jugar la ciudadanía organizada, tanto a escala nacional como transnacional, en la necesaria construcción de un mundo menos devastador y excluyente. En última instancia, son las clases más desposeídas alrededor del planeta las que sufren con mayor dureza ante cualquier crisis de grandes proporciones, ya sea esta de naturaleza económica, sanitaria o ecológica.

La forma en que se “resuelva” la crisis y sus consecuencias posteriores es algo que aún está por verse. Lo cierto del caso es que, con independencia de las respuestas que le demos a la situación, ya no volveremos a ser l@s mism@s; para bien o para mal, ya no volveremos a serlo. Estamos ante lo que la escuela institucionalista llama “una coyuntura crítica”, las decisiones que tomemos hoy marcarán, de forma cuasi definitiva e irreversible, nuestra trayectoria futura. La gran pregunta que se levanta es: ¿cuál rumbo deseamos tomar? Dependerá de todos y todas apuntar hacia la dirección correcta.

Las alianzas del azúcar y la política en Costa Rica (1950-2010)

SURCOS recibió de Gadi Amit, de Confraternidad Guanacasteca, el artículo académico de Jorge Marchena Sanabria titulado: Las alianzas del azúcar y la política: Apuntes para la comprensión histórica de la élite azucarera en Costa Rica (1950-2010).

Amit destaca en su correo que este estudio, referente al sector de la caña de azúcar en Guanacaste es “muy importante, serio, informativo y formativo”. Asimismo, destaca la importancia de divulgar la investigación para contribuir a la comprensión de la realidad social, política y económica de Guanacaste y Costa Rica.

En el resumen realizado por Jorge Marchena Sanabria se dice: “En este artículo se analizan los nexos políticos-empresariales que se han constituido entre los ingenios azucareros guanacastecos y el Estado costarricense. El objetivo principal consiste en explicar el proceso por el cual sus dueños –las familias Arias, Sánchez, Jenkins y Dobles, para citar las principales– habían colocado a sus miembros en posiciones centrales dentro del Partido Liberación Nacional y la política costarricense; además de analizar el papel de poderosos grupos mediáticos, empresariales y políticos de la región centroamericana. La metodología básicamente consistió en una reconstrucción histórica de los orígenes, propietarios, accionistas y vínculos políticos de cada una de las empresas estudiadas”.

Puede descargar el artículo de Jorge Marchena Sanabria en este enlace:

 

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Ser joven en los barrios marginales: creatividad en resistencia

La percepción de injusticia, la débil legitimidad de la democracia, la escasa presencia del Estado en las comunidades y la expectativa de emigrar, conforman la realidad de los jóvenes de barrios marginales en Centroamérica.

Por Carlos Sandoval García (*)

En 1987, se firmaron los Acuerdos de Esquipulas II, que prometieron la “paz duradera” en Centroamérica. Los presidentes de entonces dedicaron los acuerdos a las personas jóvenes, cuyos anhelos habían sido frustrados a lo largo de los años.

Tres décadas más tarde, cabe preguntarse qué expectativas y demandas se plantean los jóvenes, especialmente aquellos que tienen menos oportunidades. El proyecto Centroamérica Desgarrada se plantea documentar esas voces que, como ayer, demandan oportunidades.

Para ello se propuso un estudio exploratorio-cuantitativo con jóvenes residentes en comunidades o colonias populares urbanas de las capitales de Centroamérica. El Limón en Ciudad Guatemala, Nueva Capital en Tegucigalpa, Popotlán en San Salvador, Jorge Dimitrov en Managua y La Carpio en Costa Rica.

La investigación incluyó cuatro temas principales: la representación del entorno local y nacional, las demandas y deseos en torno al futuro, los medios que imaginan para alcanzar o no dichas demandas y factores sociodemográficos. Entre junio y noviembre 2017, se realizaron 300 encuestas por comunidad (1500 en total) a partir de un diseño muestral por cuotas (sexo, educación/empleo, edad) a partir de los datos sociodemográficos de las comunidades.

La percepción de la injusticia, el debilitamiento de la legitimidad de la democracia, la muy débil presencia del Estado y el sector privado en las comunidades y la expectativa de emigrar, se cuentan entre los hallazgos principales.

Para jóvenes residentes en colonias empobrecidas, no es fácil conseguir empleo. A veces porque no tienen el dinero suficiente para ir a dejar solicitudes de trabajo. Otras veces porque no tienen contactos que les presenten. Y muchas veces porque vivir en zonas marginales es motivo para descartar una solicitud. Son jóvenes “abusivos”, como se suele decir en Guatemala.

Creatividad para resistir

Durante el trabajo de encuesta en la colonia El Limón, conocí a Rogelio, un joven garífuna, originario de Livinsgton. A diferencia de sus compañeros del equipo encuestador, siempre llegaba a trabajar con una mochila grande y evidentemente incómoda.

Trabajar de encuestador implica caminar todo el día. No le tenía la confianza suficiente para indagar por qué cargaba con ese peso. Además, uno de los muchachos que también formaba parte del equipo encuestador, a menudo le hacía chistes racistas.

Rogelio respondía con un enorme ingenio e ironía. Me sorprendía lo bien que se expresaba; me dejaba la sensación de que era un activista en contra del racismo, pero también un poeta de la calle.

Poco tiempo después, Rogelio me compartió que rapeaba y que se gana la vida cantando en los camiones y autobuses urbanos en Ciudad de Guatemala. En la mochila cargaba una pequeña grabadora y un parlante que ocupaba para hacerse escuchar en medio del ruido de la ciudad.

Escucharlo nos recuerda que resistencias sin creatividad no se conectan con la vida cotidiana. Rogelio politiza la cultura y culturaliza la política con más ingenio y talento que muchos discursos enmohecidos y acartonados que no logran sintonizar con las demandas de las nuevas generaciones.

Una de sus creaciones responde el estigma que lo nombra “abusivo”:

“(…) Abusiva es esa gente que mete balas en el pecho…

Abusivas esas personas que desearon destrozar mis sueños…

Abusivo fue ese agente que a mí que quiso botar los otros dientes…

Abusivo el Presidente de Guatemala que escucha que frecuentemente gente se está muriendo

por balas y se pregunta “¿Ahora qué hago? mjm…¿será que este sillón se verá bien en mi sala?”

Abusivo aquel cabrón que se llamaba Ríos Montt que hasta el día de hoy se sigue negando su genocidio…”

 

(*)Doctor en Estudios Culturales por la Universidad de Birmingham en Inglaterra y profesor de la Universidad de Costa Rica. Trabaja en un proyecto de investigación sobre las expectativas y demandas de personas jóvenes de barriadas empobrecidas en las capitales de Centroamérica.

 

FOTO de portada: PANORAMA DIGITAL

Enviado por el autor. Fuente original:

https://nomada.gt/blogs/ser-joven-en-los-barrios-marginales-creatividad-en-resistencia/

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Estrategia de la Ultra-derecha Internacional

Para la derecha internacional, conservadora, neo-liberal y hasta neo fascista, se trata no solamente de acumular el mayor capital posible en las élites mundiales, regionales y nacionales, su misión es dejar a las grandes mayorías y sus líderes sin capacidad de protesta, de sobrevivir hasta que estas rueguen clemencia, para llevarlos a estados de esclavitud, pues hasta la pobreza, miseria y esclavitud, ha sido convertida en negocio de élites nacionales e internacionales.

Los pequeños círculos de poder de cada nación, son asistidos por los círculos de mayor altura y trascendencia, para que logren las mayores riquezas durante sus funciones burocráticas. Para ello, aumentan tarifas de los servicios públicos, en educación y salud, en el transporte aéreo, terrestre y marítimo. Los bancos internacionales colaboran concediendo créditos indefinidamente a nombre de los gobiernos que luego debe pagar el pueblo. Este drenaje de los raquíticos ingresos del pueblo e instituciones del Estado, no llega a satisfacer a los círculos del poder local, que tiene que compartirlo con los organismos internacionales, por lo que se involucran en mayores acciones que rebasan los cánones de la honestidad y el derecho establecidos, como son los lavados de activos, el tráfico de drogas y de humanos y el sicariato. Finalmente, llegan a un punto de no saber en dónde comienza la organización criminal y adonde se inicia la acción de las instituciones del Estado.

Algo similar, se está dando en las dimensiones internacionales. Cada vez se respetan menos las instituciones multilaterales y legados democráticos dejados en épocas anteriores, como son los acuerdos de paz, de los derechos humanos universales y parciales, de comercio, como del equilibrio climático, eco sistemas y riquezas culturales de la humanidad, del respeto a las autonomías y soberanías de los pueblos, gobiernos y naciones. Se rompe con mayor frecuencia con acuerdos multilaterales, buscando la hegemonía del más fuerte y poderoso. Instituciones multilaterales que han estado presentes cuando se requiere de intermediación, de puntos de equilibrio político y social, de la aplicación de la justicia ciega, de la aplicación de medidas restrictivas para evitar los abusos de los más fuertes contra los más débiles, esto y más hemos estado perdiendo en nuestra sociedad universal.

Se sabe que han existido esfuerzos constantes de la ultra derecha internacional para cooptar esas instituciones multilaterales, con resultados parciales. El caso de la OEA ilustra algunos resultados de cooptación conservadora. El rompimiento unilateral con el acuerdo multilateral suscrito por los 5+1 para el desarme nuclear de Iran, en mayo del presente año (ahora en negociación de un 4+1), es otro ejemplo. La sustracción de membresía unilateral de los EUA al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en julio del presente año y de UNESCO en octubre del 2017. La que ha sido una potencia mundial, controlada ahora por un gobierno ultraderechista, neo fascista, como el de EUA, se sustrae de los organismos multilaterales que no logra controlar o someter a su voluntad. EUA no resiste competencia en el control del mundo global, por lo que las Naciones Unidas son “su mal necesario” pero en proceso de reducción de fuerzas, por las políticas de la Casa Blanca. Según el partido Republicano en las Naciones Unidas no se actúa en concordancia de sus políticas internacionales y es un obstáculo para el control del destino global. Se lucha por el control absoluto del mundo y por ejemplo: en decisiones sobre quién respeta o no los derechos humanos, los EUA busca hegemonizar con su aplicación constante de sanciones a los países que no se someten a sus criterios e intereses. Ahora mismo está sancionando a altos funcionarios del gobierno nicaragüense, por corrupción y violación a los derechos humanos. Es posible que muchas personas estén de acuerdo, sin embargo, no aplica su regla medidora a otros países que han hecho lo del gobierno Ortega y mucho más. Es el caso de Colombia, desde Uribe y sigue sucediendo, sobre la eliminación de cienes de líderes sociales, negros e indígenas; en Honduras desde que apoyó el golpe de 2009 y el gran fraude en noviembre 2017 la impunidad, represión y violación de los derechos humanos es constante; sigue apoyando al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, pese a su gran corrupción y últimamente, acusado de ser un depredador sexual, oculto en salas y cuartos oscuros. Tampoco se manifiesta contra las violaciones de los DH en otros países con gobiernos que son de su simpatía como Brasil, Argentina, Ecuador, adonde se coopta al sistema judicial local, para que persigan y neutralicen a los líderes políticos que no son de la simpatía de la Casa Blanca; menos actúan en contra de las matanzas masivas de palestinos por el gobierno israelita, ni por el asesinato en masa de yemeníes, en donde se ha demostrado su complicidad. Se ha tenido una década de quejas y acusaciones contra el gobierno venezolano por la violación de los derechos humanos, igual o mayor período de estar sucediendo matanzas cotidianas, femicidios, masacres, etc., en México y Colombia, pero allí la Casa Blanca se ha mandado al silencio.

Esto demuestra por donde van sus contradicciones de la ultra derecha con los organismos multilaterales, que como la ONU se manifiestan de forma colegiada respaldándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en convenios y acuerdos multilaterales. Es decir, lo que buscan los de la ultra derecha internacional es utilizar a los derechos humanos como un instrumento de lucha contra los gobiernos y pueblos que sí respetan los derechos humanos para lograr sus objetivos políticos de control, para finalmente apoderarse de los recursos naturales y el mercado que contribuyan a la acumulación del poder económico, militar y político de las élites mundiales conservadoras.

Los grandes conflictos bélicos que se han venido dando en el Golfo Pérsico por el control del petróleo y demás energéticos naturales, se está buscando implantarlos en nuestra Cuenca del Caribe, para lo cual, el Pentágono y las élites conservadoras buscan agudizar los conflictos sociales, llevarlos a conflictos políticos y eventualmente a conflictos bélicos. El objetivo es el mismo, pero el contexto es muy diferente. No es lo mismo asaltar y asesinar poblaciones completas a 8 mil kilómetros de distancia que hacerlo a las puertas de su casa. Indispensable es que se involucre a los gobiernos y pueblos de Sur América primero. No importa si en esto se involucra a pueblos como el costarricense, con una historia de paz y democracia envidiable. Y ya la OEA, mediante Luis Almagro, lo ha logrado al hacer miembro activo a Costa Rica del Grupo de Lima, frente político regional de esta estrategia regional contra América Latina.

Por lo anterior, la conquista contundente del pueblo mejicano el primero de julio, al elegir a un gobierno progresista, representado por Andrés Manuel López Obrador, está en un contexto muy delicado. Aunque el neo-liberalismo implantado por Peña Nieto ya le entregó la mayoría de su petróleo mejicano a las corporaciones gringas, queda todavía ver cómo va a reaccionar frente a esta estrategia regional de la Casa Blanca y su partido Republicano, de control de las riquezas existentes en toda la Cuenca del Caribe y en el Cono Sur, con el control también, del agua y otros recursos.

Desde luego, el tema de la migración seguirá siendo un problema que irá de mal en peor, dada esta estrategia estadounidense. Así como en Europa, el tema es de grandes “preocupaciones”, en ningún momento se verá a EUA viéndose dentro de las causales principales de la migración de latinos (“morenos discapacitados”). Desde luego, la causa principal está en el fracaso del neo-liberalismo para satisfacer las necesidades de las grandes mayorías, puesto que desde su creación fue para beneficio de una minoría elitista monetarista.

Algunos pueblos han venido enterándose lentamente del fondo de las maniobras elitistas conservadoras. Desde luego, es urgente que los pueblos de la clase trabajadora se concientice y deje al lado riñas secundarias e infantiles, para unirse en un solo bloque internacional. Seguir el ejemplo del pueblo mejicano es indispensable. Apoyar a los gobiernos en cada uno de sus proyectos en beneficio social general, y hacer valer su opinión ante cualquier medio, es prioridad. Como es prioridad no dejar a solas la lucha que ya está iniciando el nuevo gobierno mejicano, que aun cuando no se pertenezca a ese gran país, está buscando romper con las crisis, los abusos y las acciones imperiales de los EUA. Aún estamos a tiempo de que nuestro territorio no se convierta en campo de batalla por acaparar los recursos primarios y secundarios que la naturaleza nos proporciona, tal como han convertido al Golfo Pérsico.

Debemos estar claros que, en América Latina no existe una lucha entre el comunismo y el capitalismo como tales. Primero, porque el comunismo tal como se explica teóricamente no existe. Los gobiernos que hemos tenido denominados de izquierda, por favorecer a las mayorías que les eligió, no llegan a veces ni a socialistas. La izquierda no es sinónimo de comunismo, pero sí puede ser de la social democracia, el reformismo, y a veces, ha pasado de un perfil social demócrata a una imposición autoritaria conservadora que le hace el juego al neo liberalismo, como son los casos de Ecuador y Nicaragua actuales. En el contexto actual, donde la derecha se coloca en posiciones ultra-derechistas, hasta neo fascistas, los mismos liberales son acusados de socialistas y comunistas.

Así que dejando de lado la cacería de brujas a que se dedican las élites económicas por su incultura e intereses, se debe colocar bien los perfiles estratégicos de una lucha regional a la cual se ha invitado al pueblo trabajador latinoamericano. Así como emocionalmente se apoya a las selecciones deportivas en los torneos mundiales, así debemos trabajar para una vida de mejor calidad en la región donde hemos nacido.

 

Enviado por el autor.

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El problema de la violencia estructural y los derechos territoriales indígenas: una deuda histórica del Estado costarricense

Pronunciamiento del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED

 

En América Latina perviven actualmente cerca de 650 pueblos indígenas, 60 de los cuales se localizan en Centroamérica, y 8 en Costa Rica. En Centroamérica representan aproximadamente un 17% de la población y un 2,5% para el caso de nuestro país.

El artículo 1º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que un pueblo se considera indígena “por el hecho de descender de las poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista, de la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera sea su situación jurídica, que conservan todas sus propias instituciones sociales, culturales, económicas y políticas o parte de ellas”. Además indica que “la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental” para determinar la pertenencia a estos pueblos.

La riqueza y diversidad cultural de los pueblos indígenas se expresa en la multiplicidad de idiomas, prácticas culturales y productivas, formas de gobierno propio y en diversas cosmovisiones y espiritualidades, todo lo cual mantiene vigencia a pesar de la violencia permanente que sufren, y la negación que se ejerce sobre sus culturas y cosmovisiones.

El territorio tiene para estos pueblos una importancia singular: es el lugar donde estos crean y recrean su cultura, espiritualidad, vida y en general, su identidad indígena; es el espacio vital donde se desarrolla la comunidad y se interactúa con el resto de seres vivos y con el universo. Sin embargo, desde la Colonia los pueblos indígenas han sufrido el despojo de sus tierras, algo que sigue viviéndose en la realidad costarricense actual.

Es importante recalcar que el Estado costarricense ha asumido, múltiples compromisos internacionales relacionados con pueblos indígenas, entre los que cabe destacar los siguientes:

1) Los convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “Sobre los derechos de los pueblos indígenas y Tribales en países independientes”, ratificado por Costa Rica en 1959 y 1992, respectivamente, ambos con rango constitucional;

2) La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (ONU), firmada en el 2007;

3) La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Estados Americanos (OEA), firmada en el 2016;

4) La “Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia”, que Costa Rica fue el primer país de América en aprobar en 2013.

5) A nivel nacional, el país dio reconocimiento a los derechos territoriales indígenas desde 1939, mediante la Ley Nº 39 de Terrenos Baldíos, en la que se declara la inalienabilidad de las tierras ocupadas por estos pueblos.

6) A partir de 1956 varios decretos ejecutivos establecen las llamadas Reservas Indígenas, que son tierras de propiedad colectiva reconocidas por el Estado como territorios indígenas. A la fecha suman 24, en diferentes cantones del país.

7) En 1977, mediante la Ley 6172, conocida como Ley Indígena, el Estado costarricense estableció el carácter inalienable, intransferible e imprescriptible de sus territorios y se comprometió a restituirles las tierras que, estando dentro de ellos, se encontraran en manos de población no indígena, así como a protegerlos de nuevas invasiones. A cargo del cumplimiento de ese objetivo quedaron el Instituto de Tierras y Colonización, hoy Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y a la Comisión Nacional Indígena (CONAI).

8) En el 2015, mediante reforma del artículo 1º de su Constitución Política, el Estado Costarricense declara que somos una “República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural”.

No hay, sin embargo, correspondencia entre estos avances en el nivel jurídico-normativo y de las prácticas sociales y estatales reales, lo cual se evidencia claramente en relación con la situación de tenencia de la tierra. El problema es extremadamente grave: de los territorios indígenas, entre un 50% y hasta en un 90% -en algunos casos como Térraba, China Kichá y Altos de San Antonio- están en posesión de personas no indígenas, o bien regidos por una institucionalidad de gobierno local bajo control gubernamental, como es el caso de las Asociaciones de Desarrollo Comunal. Se desconocen así las instancias de gobierno propias de las comunidades indígenas, lo que también violenta los compromisos adquiridos.

Reconocemos algunos esfuerzos, positivos pero dispersos, principalmente en el nivel educativo, o la reciente directriz 042-MP Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas, los cuales sin embargo resultan muy limitados, dada la efectiva ausencia de políticas públicas interculturales y de acción afirmativa para estas poblaciones y la persistente negativa por parte de la Asamblea Legislativa durante los últimos 24 años, a votar el proyecto “Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas”, Expediente Legislativo No. 14.352, aun cuando este cuenta con un amplio proceso de consulta tutelado por la propia Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones y el correspondiente aval de la Oficina de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa ( 2009).

Esta brecha en la implementación de los derechos de estos pueblos ha sido denunciada por las propias organizaciones y comunidades indígenas, por la Defensoría de los Habitantes y por el Relator de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas. Son denunciadas reiteradas a lo largo de varios gobiernos, sin que se registren avances significativos.

Ante estas históricas deudas del Estado costarricense en relación con sus derechos territoriales, los pueblos bribri y bröran del Cantón de Buenos Aires han decidido recuperar su territorio.

Indígenas bröran decidieron tomar posesión de la finca llamada POTOMAC, rebautizada CRUN SHURIN, teniendo como respaldo la Ley Indígena y una resolución de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia de 1990, no ejecutada hasta el momento, la cual establece que esta finca es parte del territorio indígena de Térraba. Desde hace varias semanas, un grupo de unas 16 familias de ese pueblo se mantienen en el lugar. Se trata de aproximadamente 1000 hectáreas actualmente subutilizadas, en posesión ilegal por parte de no indígenas que viven fuera de la región, que serán reocupadas con fines de subsistencia y vida comunitaria bröran.

Estas acciones en Térraba se unen a las realizadas en Salitre y en Cabagra en los últimos ocho años, lapso durante el cual el Estado costarricense no ha hecho avance alguno en la regularización de la tenencia de los territorios indígenas de la región. Es decir, no se ha procedido, como corresponde, a una clara demarcación de los límites del territorio, la constatación de la legalidad de la posesión de las tierras, o su devolución a los pueblos indígenas. Se incumplen así los múltiples compromisos que asumió el gobierno recién concluido, sobre todo teniendo presente la violencia suscitada en Salitre y Cabagra por parte de personas no-indígenas. Se han dado agresiones y amenazas diversas, quemas de casas, destrucción de cultivos, persecuciones, uso de armas, sin que hasta el momento haya nadie detenido ni sancionado. Ello pone en evidencia el grado de impunidad así como la ineficacia de la acción del Estado y el desinterés de las altas autoridades políticas.

La inseguridad y la amenaza contra la integridad de las personas indígenas son evidentes, durante y después de las recuperaciones. Se hace urgente la atención efectiva del Estado costarricense en sus diferentes instancias, tanto administrativas, legislativas como judiciales y de todas sus instituciones, sean ministeriales o autónomas, para resolver, como corresponde y con la urgencia del caso, las necesidades y demandas conforme a los derechos colectivos de estos pueblos.

El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), unidad de investigación científica adscrita a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) hace un llamado respetuoso pero vehemente al nuevo Gobierno de la República, al Poder Judicial y a las señoras y señores diputados, así como a las autoridades de las diferentes instancias políticas y técnicas involucradas en el saneamiento y seguridad de los territorios, para que se actúe conforme al marco de derechos indígenas, especialmente la Ley Indígena, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y de la OEA y la atención a las Medidas Cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno de Costa Rica desde el 30 de Abril del 2015, de manera que se proceda a lo siguiente:

Garantizar la seguridad, protección e integridad física y patrimonial de las familias bröran y bribris, que han recuperado territorios indígenas en diferentes lugares del cantón de Buenos Aires.

Emprender e incrementar, con toda celeridad, las acciones institucionales pertinentes y eficaces para la atención de la situación de conflicto, tanto en sus aspectos de atención inmediata y urgente, como en sus aspectos estructurales, que permitan aplicar medidas efectivas para la regularización en la tenencia y la seguridad de los territorios indígenas, incluyendo el reconocimiento de los derechos autonómicos de estos pueblos sobre estos territorios.

Implementar la Medida Cautelar Nº 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en relación con los pueblos y territorios indígenas de Buenos Aires.

Armonizar la legislación nacional conforme a los derechos reconocidos internacionalmente y con los que el país se ha comprometido, y establecer los correspondientes mecanismos de aplicación efectiva.

Aplicar las Reglas de Brasilia para garantizar el acceso a la justicia a los pueblos indígenas costarricenses.

Retomar el diálogo directo y eficaz entre el gobierno y los pueblos y territorios indígenas para el desarrollo de políticas públicas interculturales.

Ejecutar los múltiples acuerdos establecidos entre las diferentes instancias del Estado y los pueblos y territorios indígenas.

Realizar los desalojos administrativos ya aprobados, pendientes de ejecución desde el 2014.

 

Atentamente

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Director

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE)

Vicerrectoría de Investigación

UNED

Costa Rica, América Central

(506) 8362-6681

 

Imagen tomada de https://surcosdigital.com/uned-conmemoro-el-dia-de-los-pueblos-indigenas-costarricenses/

Enviado por Luis Paulino Vargas Solís.

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Religión Civil o Religión de Estado

Cedeño, Rogelio (2004). Religión Civil o Religión de Estado. El conflicto durante la reforma liberal en Guatemala y Costa Rica. Heredia, Universidad Nacional, Departamento de Filosofía.

Reseña Bibliográfica

Álvaro Vega Sánchez

Sociólogo

Religion Civil o religion de Estado

Es un gusto comentar una obra escrita por Rogelio Cedeño, amigo y colega de hace muchos años. Este trabajo, si bien representa la culminación de sus estudios del programa de Maestría en Estudios sobre Cultura Centroamericana con Énfasis en Religión y Sociedad, hay que situarlo en un marco más amplio. Expresa y recoge el pensamiento y el carisma de un académico y sociólogo de visión aguda y crítica, y de una amplia y reconocida trayectoria como profesor, investigador y activista social y político. A Rogelio lo distinguen grandes cualidades humanas y profesionales. Es una persona que, ante todo, asume el trabajo sin poses academicistas ni cálculos utilitaristas, sino con la pasión y gratuidad de quien sabe entregarse con cariño a la tarea de cultivar la academia, como el ejercicio que busca poner el conocimiento al servicio de las más nobles causas. Rogelio las más de las veces nos resulta irreverente –algo así como el bufón de la corte-, pero nunca irrespetuoso. Es por ello que siempre estamos atentos a lo que dice y piensa; nos hace reír y pensar a la vez, algo que sólo saben hacer los buenos maestros.

El título del libro “Religión Civil o Religión de Estado” nos invita al juego. La “o” puede ser inclusiva o excluyente. Y este es el primer merito de su trabajo, a saber, contribuir al debate teórico sobre dos categorías de análisis sociológico sumamente sugerentes y fecundas. Distingue entre una religión de Estado de perfil institucional y confesional, en su doble función de aparato ideológico (Althusser) y represiva o policíaca (Gramsci) y una religión civil de carácter más difuso -menos institucional- que se comporta como una forma de religiosidad secular o de secularidad sagrada (Salvador Giner/ J.J.Rousseau) con funciones legitimadoras o contestatarias de un determinado status quo sociopolítico. La “o” es excluyente en dos direcciones. Por referencia al contenido o naturaleza de ambas categorías: la primera refiere a una práctica institucional circunscrita al campo propiamente religioso y la segunda más bien a una práctica cultural, filosófica, económica o política, es decir propia del campo secular, que se reviste de sacralidad. Por su función, mientras la segunda es concebida como legitimadora de un poder político hegemónico, la primera admite la posibilidad de convertirse en contestataria o factor de resistencia del poder hegemónico; tal es el caso de algunas manifestaciones de religiosidad popular (“aculturación antagonista”, según Devereux). La “o” también puede ser inclusiva. La religión civil puede llegar a comportarse como religión de Estado, aunque asume un perfil más propiamente civil o secular, se sacraliza a afecto de cumplir su función política legitimadora del poder hegemónico; tales son los casos de la doctrina imperial de la “pax romana” así como la doctrina política del “destino manifiesto” o la misma ideología del progreso y el control cientificista , propios del ideario liberal.

Sólo el hecho de recuperar estas categorías de análisis, fundamentarlas y utilizarlas para destacar el papel del componente simbólico religioso en el conflicto suscitado por la reforma liberal en Centroamérica, constituye un aporte sumamente valioso en el campo de la sociología de la religión. El trabajo de Rogelio, en este sentido, es pionero e invita a retomar estas y otras categorías de análisis para profundizar en el papel que han cumplido las estructuras simbólicas religiosas en la constitución misma de las “nacionalidades” o en la pluralidad de identidades culturales y políticas, propias de la región centroamericana. De alguna manera, con este aporte, Rogelio está respondiendo a la preocupación expresada por Pierre Bourdieu respecto de la subvaloración que se ha dado al extraordinario poder constitutivo de lo social -en el sentido de la filosofía y la teoría política- que tienen las estructuras simbólicas; agrega, además, este autor que si bien estas estructuras le deben mucho a las capacidades específicas del espíritu humano, le parecen definidas en su especificidad por las condiciones históricas de su génesis. Y es aquí donde la sociología tiene que darse la mano con la historia. El trabajo de Rogelio bien podría calificarse de sociohistórico; son abundantes -y de reconocida calidad- las fuentes que utiliza para fundamentar e interpretar el conflicto suscitado con la reforma liberal en Guatemala y Costa Rica, y en relación con el campo religioso concebido desde las categorías de religión civil y religión de estado. El trabajo, precisamente, busca develar cómo en la construcción de las identidades nacionales y culturales, para el caso costarricense y guatemalteco en particular, gravitaron con fuerza constitutiva estructuras simbólicas religiosas que asumieron tanto la forma de religión civil como de estado, con miras a recrear y legitimar un “imaginario” de nación, que sirviera a los intereses de los sectores hegemónicos y, a su vez, contribuyeran a cohesionar e integrar a los diferentes sectores sociales.

En su trabajo, destaca la incidencia que tuvieron la Reforma Protestante del Siglo XVI y la Ilustración del Siglo XVIII en la descomposición del Antiguo Régimen y el surgimiento de nuevas formas religiosas. Efectivamente, a partir de estos hitos históricos asistimos a la modernidad, cuya característica fundamental, como señalan P. Berger y T. Luckmann no es tanto la secularización -de exportación limitada en su versión europea- sino el pluralismo. En esta dirección, el trabajo de Rogelio destaca la pluralidad de formas religiosas, que se abrirán paso a contrapelo de un modelo de cristiandad que se resiste a morir; pero que resulta en un obstáculo estructural para el nuevo contexto político y cultural. Por tal motivo, se hace inevitable el conflicto entre una religiosidad exclusivista e intolerante frente a las exigencias de una cultura pluralista y unas naciones interesadas en abrirse a nuevos mercados. Pero, en todo caso, los cambios impulsados por la reforma liberal y las nuevas expresiones religiosas y culturales, no alcanzaron a superar las bases oligárquicas de los estados nacionales, ni tampoco significaron avances en la laicización de los poderes públicos, a no ser en algunas coyunturas pasajeras.

Muestra, asimismo, cómo algunos hechos históricos de carácter político como la Campaña Nacional de 1856 en Costa Rica, ideales o doctrinas como la del progreso y la modernización, prácticas religiosas como la del protestantismo y organizaciones como la masonería, asumieron características de religiosidad civil o de estado, dirigidas a consolidar los nuevos estados nacionales en el marco del nuevo proyecto liberal. Es interesante, en este sentido, llamar la atención sobre dos aspectos: la militancia de sacerdotes católicos liberales en las logias masónicas así como la afinidad de los protestantes con las mismas –un campo todavía incipiente de investigación, como bien lo destaca el historiador Pierre Bastian-. No hay que olvidar que para el clero conservador los liberales, los protestantes y los masones constituían una especie de “trinidad” diabólica. Cabría estudiar más a fondo hasta qué punto la masonería se convirtió en una forma de religiosidad civil o devino también en religión de Estado. Además, es significativa la referencia a la función ideológica y étnico-cultural de héroes nacionales como Juan Santamaría, toda vez que se destaca que en nuestro país no pesa tanto el componente étnico, a diferencia del caso guatemalteco. También la Virgen de los Ángeles, otro símbolo religioso oficializado de resistencia a una “cultura racista”. En este aspecto es muy amplio el universo simbólico-religioso. Así, por ejemplo, podría incluirse el café, que de alguna manera se elevó a símbolo religioso: “el grano de oro” – “en el café confiamos” parece ser el lema del viejo billete de cinco colones ilustrado con una pintura alusiva a la recolección del café-; asimismo se erigió un templo por y para la oligarquía cafetalera: el Teatro Nacional, que se constituyó en símbolo por excelencia del espíritu modernizante de la época y de la cultura oligárquica que lo impulsó. Por su parte, el protestantismo, como bien destaca Rogelio, se concibió como un aliado ideológico y religioso estratégico de cara los intereses liberales y a la necesidad de ofrecer un contrapeso ideológico-religioso al sector conservador de la Iglesia Católica. Efectivamente, esta religión en su versión fundamentalmente norteamericana, se presentaba como afín ideológica y políticamente al proyecto liberal, por su énfasis individualista –la salvación como responsabilidad individual- , su interés en propiciar la educación como medio de ascenso social y su ética de la responsabilidad en el cumplimiento de las tareas laborales, lo que se traducía en un comportamiento productivista, sumiso y obediente.

Concluye el autor, su trabajo, volviendo al punto de partida teórico sobre la ambigüedad misma del concepto de religión civil, pero ahora al parecer más convencido de la necesidad de referir este concepto a aquellas prácticas religiosas o de secularidad sagrada más propiamente contestatarias, al estilo de los movimientos por la defensa de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, especialmente en referencia al papel que jugó el pastor bautista Martín Luther King, así como a la lucha contra el colonialismo impulsada por Gandhi. Es por ello que su análisis llama la atención sobre cómo el proyecto liberal se consolidó y legitimó apropiándose del capital simbólico religioso tanto de la Iglesia Católica como del protestantismo y la masonería, cerrando el espacio a expresiones religiosas de una “sociedad civil alternativa”, especialmente referidas a prácticas de religiosidad popular propia de los pueblos originarios así como los de la “diáspora africana”.

El aporte de Rogelio en este trabajo, por lo demás muy bien escrito y ampliamente documentado, rebasa los aspectos puramente contextuales, propios de su análisis empírico. Como ya hemos sugerido, propicia el debate alrededor de categorías fundamentales para una mejor comprensión de las relaciones entre religión, política y cultura. En este sentido son sumamente interesantes y sugerentes sus apreciaciones críticas respecto del aporte teórico de J.J.Rousseau, pionero en este campo. Es muy valioso también el análisis de la doctrina del “destino manifiesto”, toda vez que la misma gravitó con fuerza no sólo en las aspiraciones de los Estados Unidos por ejercer hegemonía en las nuevas repúblicas centroamericanas y latinoamericanas, sino que también fue asimilada por los sectores emergentes modernizantes que procuraban un desarrollo para los nuevos estados nacionales, asumiendo los ideales de progreso propagados por aquella doctrina político-religiosa.

Otro aporte valioso del trabajo de Rogelio es abrirnos camino para profundizar desde sus planteamientos teóricos, y en el campo específico de la sociología de la religión, en ámbitos tales como: a) estudios sobre lo étnico-religioso como resistencia cultural y política; b) estudios comparados de simbología religiosa; c) análisis de discursos religiosos y políticos en el período de consolidación del proyecto liberal; y d) análisis sobre religión, cultura y racismo en Centroamérica.

Este libro es de interés para la academia universitaria, especialmente en campos como la teología, la sociología, la antropología y la historia. Ofrece insumos para quienes quieren comprender el fenómeno de la dinámica cultural y política y su correspondencia con el campo religioso en la región centroamericana. Como ya hemos indicado, sus aportes son una valiosa contribución para profundizar y enriquecer el debate teórico sobre religión, cultura y política en el contexto de las transformaciones sociopolíticas y culturales actuales. Lo que estamos diciendo es que se trata de una abra de gran actualidad, para quienes quieren contribuir a proyectar, con visión crítica y creativa, nuevas alternativas de organización social, convivencia política y cultural. Es por ello que su lectura puede ser recomendada al público en general, que esté interesado en entender y profundizar no solo en los hechos que durante el siglo XIX contribuyeron a la constitución de los estados nacionales centroamericanos bajo el ideario del proyecto liberal, sino en lo que acontece hoy respecto de la relación entre religión y política . La historia no se repite pero se recrea, por eso es fundamental su comprensión para entender y vivir con sentido el presente, contribuyendo a proyectar un mejor futuro. El libro de Rogelio sin ser un acercamiento propiamente histórico sino de carácter sociológico y cultural de interpretación del fenómeno religioso, nos sitúa en un contexto histórico -analizado desde sus condiciones sociopolíticas y culturales- que cumple con tal cometido. Sirvan estas notas de motivación para invitar, respetuosamente, a la lectura de este excelente trabajo.

 

Enviado por Rogelio Cedeño Castro.

La espiritualidad, la religión y el Estado

Juan Carlos Cruz Barrientos

 

Haciendo un esfuerzo para sustraerme del tono de la discusión que ocupa la agenda electoral costarricense, me puse a buscar elementos racionales que me ayudaran a entender y a dimensionar el fondo de la discusión en la que las cúpulas de las iglesias católica y evangélica, han logrado enfrentar la fe con los derechos humanos, a tal punto que un día de estos le escuché decir a un buen católico que “estábamos frente a una contradicción entre Dios y los derechos humanos”.

Así las cosas, quiero compartir los resultados de mis hallazgos bibliográficos:

  1. La espiritualidad se refiere a una disposición principalmente moral, psíquica o cultural, con la intención de experimentar estados especiales de bienestar, como los que produce la idea de la salvación o la liberación. Se relaciona asimismo con la práctica de la virtud, lo que se traduce en querer ser una mejor persona.
  2. Espiritualidad y religión no son lo mismo. Mucho antes del surgimiento del cristianismo, desde los albores de la humanidad, ha habido hombres y mujeres que cultivaban la espiritualidad mediante prácticas de meditación, ayuno y autoconocimiento, contemplación, etc. para alcanzar la reconciliación consigo mismos, la calma mental y el equilibrio emocional.
  3. La espiritualidad alimenta el sentido de la vida para muchas personas independientemente de la religión que practican o de la ausencia de una religión. En todo caso, la espiritualidad es algo personal e íntimo.
  4. La religión difiere de la espiritualidad en que se trata de «algo eminentemente social». Una encuesta mundial de 2012 reporta el 59 % de la población mundial como «religioso» y el 36 % como no religiosos (incluido el 13 % de ateos).
  5. Por lo tanto, la religión constituye una expresión colectiva de la espiritualidad, regida por normas de comportamiento, prácticas rituales, sistemas de valores y visiones del mundo que se comparten. Muchas religiones tienen narrativas, símbolos e historias sagradas que pretenden explicar el sentido de la vida o el origen de la misma y del universo. Según algunas estimaciones, existen alrededor de 4200 religiones vivas en el mundo y muchas de ellas se disputan ser la “única verdadera”.
  6. A partir de sus creencias sobre el cosmos y la naturaleza humana, la trascendencia y otras, las personas pueden derivar una moral o una ética y un estilo de vida preferido acorde con ellas. En el caso de las religiones, aceptar esta moral y ética se impone como requisito para los feligreses y se deriva además en normas, preceptos y leyes religiosas.

Estando en la búsqueda de definiciones y textos que me ayudaran a diferenciar ambos conceptos, llegó a mis manos una cita del sacerdote jesuita, teólogo, filósofo y paleontólogo francés Pierre Teilhard de Chardin (1881- 1955), con cuya obra entré en contacto gracias a mi profesor de filosofía en Estudio Generales en 1973:

«La religión no es sólo una, hay cientos. La Espiritualidad es una.

La religión es para los que duermen. La Espiritualidad es para los que están despiertos.

La religión es para aquellos que necesitan que alguien les diga qué hacer y quieren ser guiados. La Espiritualidad es para aquellos que prestan atención a su voz interior.

La religión tiene un conjunto de reglas dogmáticas. La Espiritualidad invita a razonar sobre todo, a cuestionar todo.

La religión amenaza y asusta. La Espiritualidad da Paz interior.

La religión habla de pecado y culpa. La Espiritualidad dice, «aprender del error”.

La religión reprime todo, y en algunos casos es falsa. La Espiritualidad trasciende todo, te muestra la diferencia entre la realidad y la Verdad!

La religión no es Dios. La Espiritualidad es todo y, por tanto, es Dios.

La religión inventa. La Espiritualidad encuentra.

La religión no pide ninguna pregunta. La Espiritualidad cuestiona todo.

La religión es humana, es una organización con reglas. La Espiritualidad es Divina, sin reglas.

La religión es la causa de las divisiones. La Espiritualidad es la causa de la Unión.

La religión te busca para que creas. La Espiritualidad necesita que investigues que busques.

La religión sigue los preceptos de un libro sagrado. La Espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros.

La religión se alimenta del miedo. La Espiritualidad verifica y se alimenta de la confianza y la fe.

La religión está viviendo en el pensamiento. La Espiritualidad es vivir en la conciencia.

La religión se ocupa de hacer. La Espiritualidad tiene que ver con el ser.

La religión se alimenta el ego. La Espiritualidad nos permite trascender.

La religión nos hace renunciar al mundo. La Espiritualidad nos permite vivir en Dios, no se da a él.

La religión es el culto. La Espiritualidad es la meditación.

La religión nos hace soñar la gloria y el paraíso en el futuro. La Espiritualidad nos permite vivir la gloria y el paraíso aquí y ahora.

La religión vive en el pasado y en el futuro. La Espiritualidad vive en el presente.

La religión en-claustra nuestra memoria. La Espiritualidad libera nuestra conciencia.

La religión cree en la vida eterna. La Espiritualidad nos hace conscientes de la vida eterna.

La religión promete después de la muerte. La Espiritualidad es encontrar a Dios en nuestro interior durante toda la vida.

«No somos seres humanos que pasan por una experiencia espiritual…somos seres espirituales que pasan por una experiencia humana…»

  1. En otro orden de cosas, tenemos la dimensión material de la existencia humana, que se refiere a las distintas maneras en las que se organiza una colectividad para satisfacer sus necesidades de alimentación, protección, afecto, reproducción, etc. Dicha organización se concreta en lo que hoy conocemos como el Estado-Nación, que se rige por leyes que organizan y regulan la vida social para el logro del mayor bienestar del mayor número de personas y, en esa medida constituye la representación jurídica de toda la ciudadanía.
  2. El Estado moderno difiere de otras formas anteriores de Estado porque, salvo algunas excepciones, ha separado e independizado la institucionalidad religiosa de la gestión de las políticas públicas y porque se rige por los convenios internacionales, entre ellos los de derechos humanos y no por preceptos religiosos particulares.
  3. Los DERECHOS HUMANOS, así con mayúscula porque son nombre propio, no son un capricho, ni una moda, ni una “calentura” como he leído en estos tiempos. Son una serie de estamentos sobre la convivencia humana acordados por el concierto de las naciones tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Los 30 derechos humanos fundamentales, recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada en diciembre de 1948, recogen una larga tradición de garantías para la vida humana que se vienen expresando desde la antigüedad. A lo largo de los años, esos 30 principios básicos se han venido profundizando, pero no hay nada que se diga hoy que no esté contemplado desde entonces.
  4. De manera que es deber del Estado adoptar las medidas necesarias que permitan a los seres humanos el goce y ejercicio pleno y efectivo de los derechos humanos. El Estado está obligado a respetar, proteger, garantizar los derechos humanos y crear las condiciones para reparar los efectos de la violación de los derechos humanos. No hacerlo, sería renunciar a ser parte de un sistema de naciones del cual nuestro país es fundador (2 de noviembre de 1945)

Una conclusión de mi búsqueda es que la espiritualidad tiene mucho que ver con el ejercicio pleno de los derechos humanos, no así la religión que podría incluso llegar a estar frontalmente opuesta a su cumplimiento igualitario. Basta mirar la forma en que se frena el alcance y disfrute de muchos derechos a diversos grupos de personas, particularmente las mujeres, con cuyos derechos se han ensañado las cúpulas eclesiásticas católica y evangélica.

 

Enviado por el autor.

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A un año del asesinato de Berta Cáceres: Acción global para exigir justicia en Costa Rica

A un ano del asesinato de Berta Caceres fecon

Distintos grupos sociales has estado realizando actividades para recordar y protestar por la impunidad en el caso de la activista hondureña Berta Cáceres asesinada hace un año. El pasado 2 de marzo en la Embajada de Honduras en La Sabana y el pasado 03 de marzo en la Rotonda de la Hispanidad.

Hasta ahora van ocho personas capturadas y señaladas como responsables del asesinato. Tres de los acusados del asesinato de Berta Cáceres recibieron entrenamiento en Estados Unidos y pertenecían a las fuerzas de inteligencia militar de Honduras de acuerdo con lo reflejado en el expediente jurídico del caso, reseña el periódico británico The Guardian.

Las últimas revelaciones sobre el asesinato de Berta Cáceres apuntan al Estado hondureño como responsable. El único testigo de la muerte de la lideresa, Gustavo Castro, señala al Estado hondureño como responsable.

Uno de los detenidos es exempleado de la empresa responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca contra el cual luchaba Berta que había recibido 33 veces amenazas de muerte.

Desde 2009, al menos 120 activistas han sido asesinados en Honduras. El país centroamericano fue declarado el lugar “más peligroso para defender el planeta”, según un informe de Global Witness. La organización denuncia una relación entre la clase política y empresarial del país y la represión y asesinato de activistas políticos en los últimos años.

Según Global Witness, entre el 2002 y el 2013, como mínimo 908 personas en todo el mundo fueron asesinadas, con tasas brutales en Perú, Honduras, Colombia, Guatemala, Brasil y México, entre otros países http://www.alainet.org/es/articulo/173493 , y en 2015 al menos otras 78 personas fueron asesinadas http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/09/actualidad/1449685932_80796 Incluso en Costa Rica, país reconocido por su estereotipo de “verde”, se asesinó a un protector de tortugas en el 2013 y al menos otras diez personas desde 1975.

Para FECON “Esas y muchas más agresiones son evidencia clara de que los focos de violencia en América Latina y el mundo, apuntan cada vez más contra ambientalistas, indígenas, feministas , ecologistas y en general defensores de derechos humanos políticos, económicos, culturales, ligados a la protección de la naturaleza. A esto se suma la judicialización y penalización de cualquier forma de protesta social, lo cual reduce cada vez más la participación civil frente a los negocios estatales y privados y la concentración de la riqueza”.

 

Enviado a SURCOS por FECON.

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Ambientalistas en peligro

  • Cada 48 horas un activista es asesinado en el mundo por defender el ambiente
  • Según un informe de la ONG Global Witness, cada dos días matan a un ambientalista y cuatro de cada diez pertenecen a pueblos indígenas. El 66 por ciento de los crímenes se produce en Latinoamérica. Brasil es el más sufrido, con 50 muertes

Por Darío Aranda

Ambientalistas en peligro

Durante 2015, según la Global Witness, fueron asesinados 185 ambientalistas, 69 más que en 2014.

Cada 48 horas es asesinado un activista que lucha contra el extractivismo minero, petrolero, forestal y el agronegocios. Durante 2015 fueron acribillados 185 militantes socioambientales en el mundo, el 66 por ciento de ellos en América latina. Así lo revela un informe de la ONG europea Global Witness, que precisó que cuatro de cada diez asesinados pertenece a pueblos indígenas. En lo que va de 2016 ya hubo al menos cuatro asesinatos en Honduras y Brasil.

“En terreno peligroso” es el nombre del informe que acaba de publicar la Global Witness (Testigo Global), donde recopila el asesinato de activistas durante 2015. Contabilizaron 185 casos (69 más que en 2014). El 66 por ciento se produce en Latinoamérica. Los países con más víctimas son Brasil (50), Filipinas (33), Colombia (26), Perú (12), Nicaragua (12), Congo (11), Guatemala (10), Honduras (8), India (6) y México (4), entre otros.

Los pueblos indígenas son unos de los principales defensores de la biodiversidad y los territorios en todo el mundo, con derechos reconocidos por normativas nacionales e internacionales (Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros). A pesar de todas las leyes en su favor, están entre los principales afectados por el extractivismo y la violencia. El informe da cuenta que el 40 por ciento de los asesinatos se produce sobre pueblos originarios.

La ONG también puntualiza los sectores corporativos que más vinculación tienen con los crímenes: megaminería (42 asesinatos), agronegocios (20), tala de bosques (15), represas (15) y caza furtiva (13). Sobre quiénes son los victimarios, advierte que en muchos casos no han sido identificados los autores. En los que sí: los paramilitares asesinaron a 16 activistas, el ejército a 13 y la policía a 11. “El ambiente es un escenario donde se defienden los derechos humanos. Y los activistas son tratados como enemigos por el Estado, cuando deberían ser tratados como héroes”, afirmó Billy Kyte, de la ONG Global Witness. El informe destaca la complicidad entre gobiernos y empresas extractivas, tanto para el extractivismo como para la violencia.

Entre 2010 y 2015 se produjeron 753 asesinatos. Ocho de cada diez casos sucedieron en América Latina. Los países con más víctimas son Brasil (207), Honduras (109) y Colombia (105). Si se calcula en porcentaje a la población, Honduras es el país con más asesinatos.

La ONG remarca que se trata de un piso de asesinatos, ya que su base de información son los medios de información y afirma que existen asesinatos que son invisibilizados y no aparecen en las noticias.

Uno de los casos señalados de 2015 es el de María Chávez Lima y su esposo Raimundo Dos Santos Rodríguez, defensores de la selva en el nordeste de Brasil. Fueron emboscados y acribillados. Rodríguez sufrió doce disparos y falleció. Lima, que fue herida pero sobrevivió, colabora con el Instituto Chico Mendez (emblema mundial del activismo socioambiental, defensor de la Amazonía, asesinado en 1988).

El trabajo de la ONG también señala las responsabilidades de los países donde no ocurren los asesinatos, pero que impulsan las actividades extractivas en otras regiones. Ejemplifica con el caso de Brasil, donde el 80 por ciento de la madera que se extrae es ilegal y sus principales destinos son Estados Unidos, Gran Bretaña y China.

En lo que va de 2016 ya ocurrieron al menos cuatro asesinatos más en América Latina. Berta Cáceres, líder indígena hondureña y activista contra las represas que avasallan territorios comunitarios, fue asesinada en marzo pasado. El 14 de junio fue asesinado el indígena Cloudione Souza en el oeste de Brasil. La violencia fue ejercida por terratenientes que hirieron a otros diez indígenas. El Consejo Indigenista Misionero denunció que los pueblos originarios de ese país están sufriendo una “matanza”.

El 21 de junio pasado fue encontrado el cuerpo sin vida de Nilce de Souza, del Movimiento de Afectados por Represas, en Puerto Velho (norte de Brasil). Había desaparecido el 7 de enero, luego de múltiples amenazas por su lucha contra las hidroeléctricas. Su cuerpo fue encontrado atado de pies y manos a una gran piedra, en el mismo lago de la Usina Hidroléctrica de Jirau, de la denunciada “Empresa de Energía Sustentable de Brasil”.

En Honduras, el 5 de julio, fue asesinada Lesbia Janeth Urquía, también activista en contra de las represas que se apropian de los ríos.

“El medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que en ella vive”, señala la investigación y destaca que en la mayoría de los casos “claramente el Estado o las empresas están relacionados con los asesinatos”.

En los últimos años en Argentina hubo decenas de represiones sobre campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Los casos más trágicos los sufrieron, entre otros, el diaguita Javier Chocobar (asesinado el 12 de octubre de 2009 en Tucumán), la campesina Sandra “Eli” Juárez (marzo de 2010 en Santiago del Estero), el qom Roberto López (noviembre de 2010 en Formosa), Cristian Ferreyra y Miguel Galván (2011 y 2012, respectivamente, ambos del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina).

La ONG señala que una constante en todos los casos es la inacción de las autoridades judiciales y de los gobiernos para que se investiguen exhaustivamente los delitos o se adopten medidas para proteger a los activistas. “Existe una connivencia entre Estados y los intereses corporativos que protege a los responsables de los asesinatos”, asegura la investigación.

 

*Imagen principal con fines ilustrativos tomada de www.prensa.com

Enviado a SURCOS Digital por Confraternidad Guanacasteca.

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