“Quien con monstruos lucha debe tener cuidado de no convertirse él mismo en monstruo. Y si miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti.» F. Nietzsche
Mauricio Ramírez
Mauricio Ramírez Núñez
Occidente no solo enfrenta una crisis de poder: lo que realmente se está derrumbando es su autoridad moral. En los últimos 30 años, las guerras más atroces, los conflictos más devastadores, las intervenciones más destructivas han sido protagonizadas o instigadas directa o indirectamente por su poderío incuestionable. Esto no es una interpretación ideológica; es un hecho irrefutable. Vamos a explicar por qué.
Tras el fin de la Guerra Fría —aquel periodo en el orden internacional de confrontación ideológica y geopolítica entre el comunismo y el capitalismo, en un mundo bipolar dividido entre la Unión Soviética y Estados Unidos—, el escenario internacional quedó dominado por la hegemonía incuestionable de Estados Unidos y Europa Occidental, respaldados por su brazo militar: la OTAN. En ausencia de contrapesos reales, el llamado «fin de la historia» no fue más que la imposición de un orden político, económico y cultural de corte liberal, promovido bajo la bandera de la globalización y diseñado desde Occidente. Ninguna instancia internacional, incluida la ONU, tenía capacidad real para sancionar a EE. UU., ni existían principios multilaterales que se le aplicaran si decidía invadir, desestabilizar o imponer su modelo. El excepcionalismo estadounidense se convirtió en la norma, no en la excepción.
Pero resulta que desde hace unos años ese escenario empezó a dar un giro inesperado —y sigue cambiando— cuando potencias como China y Rusia comenzaron a reclamar su espacio, no por capricho, sino porque les corresponde por peso geopolítico, historia y capacidad. Esa sola acción, esa demanda de respeto y soberanía, fue interpretada por Occidente como una amenaza existencial. Vaya nivel de tolerancia hacia lo realmente diverso el de las democracias occidentales. Y entonces, una vez más, en nombre de la “democracia”, se desató la maquinaria de guerra y propaganda.
Bajo el disfraz de intervenciones humanitarias o guerras preventivas se destruyeron países enteros. Se impulsaron revoluciones de colores y primaveras orquestadas que jamás florecieron. Se invadió y bombardeó para «derrocar dictaduras» que, casualmente, siempre estaban sobre reservas estratégicas de petróleo, gas o minerales raros. La narrativa fue siempre la misma: “liberar pueblos”, “proteger derechos humanos”, “llevar democracia”. Pero los resultados fueron destrucción, miseria y caos. Y vuelvo a insistir: no es ideología, son hechos.
Así fue como provocaron a Rusia en Ucrania. No porque Ucrania o su soberanía importaran genuinamente a las potencias occidentales —si así fuera, jamás habrían considerado convertirla en un enclave de la OTAN—, sino porque les incomodaba que Rusia, aunque ya no comunista, se mantuviera como una nación soberana y profundamente patriótica, recordándoles que el mundo no es un conjunto de Estados vasallos y que existen intereses legítimos más allá del eje occidental. La respuesta rusa fue contundente, y hoy el conflicto en Ucrania representa una herida abierta en Europa, un reflejo del fracaso del orden occidental para comprender que el mundo ya no gira en torno a una única civilización ni responde a un solo modelo.
Ahora, el foco del conflicto se traslada al Oriente Medio, repitiendo un guion ya conocido. Bajo la justificación de la supuesta amenaza nuclear de Irán —mientras las potencias occidentales se reservan para sí el privilegio exclusivo de poseer armas nucleares—, Israel lanza ataques sin precedentes contra Teherán, al tiempo que perpetra, con total impunidad, el exterminio del pueblo palestino. En lugar de condena ante esta escalada sobre Irán, lo que presenciamos es a líderes europeos como el canciller alemán o el presidente francés, legitimando la violencia con fórmulas vacías como “Israel tiene derecho a defenderse”. Así, se reafirma la peligrosa noción de que solo las democracias occidentales están autorizadas a poseer arsenales nucleares, desestabilizar gobiernos o incluso aniquilar poblaciones, simplemente por el hecho de llamarse democracias.
Mientras países con posturas más sensatas como China, Pakistán o Arabia Saudí llaman a evitar la escalada y rechazan la violación de la soberanía iraní, Occidente persiste en el conflicto, aferrado a una premisa ideológica cada vez más vacía: “defender la democracia”. Ese estribillo, repetido hasta el cansancio, ya no convence ni siquiera a los ciudadanos de sus propios países; se ha convertido en una excusa para justificar agresiones, invasiones y desestabilización. Superar esa narrativa es urgente, porque el mundo no necesita más guerras envueltas en discursos nobles, sino un orden basado en respeto, soberanía y paz real.
El primer ministro Netanyahu, con el cinismo propio de esta decadencia moral, dice que el ataque no es contra el pueblo iraní, sino contra su dictadura. ¿Les suena familiar? Es el mismo discurso occidental de siempre: deshumanizar gobiernos enemigos, reducir países enteros a caricaturas autoritarias y justificar agresiones en nombre de la libertad. Lo que este momento histórico deja en evidencia es que el viejo bloque unipolar occidental no acepta el declive de su hegemonía. Se resiste, con violencia y arrogancia, al surgimiento de un mundo multipolar. Un mundo que, a diferencia de sus imposiciones, busca nacer por evolución histórica y no por la fuerza militar o económica.
Pero esa resistencia es, en el fondo, desesperada. El orden liberal global ya no convence ni siquiera a sus propias sociedades; su doble moral ha dejado de ser eficaz, y su discurso ha perdido la capacidad de intimidar. El mundo ha cambiado, y Occidente, lejos de adaptarse —pese a su constante apelación a la resiliencia y al cambio—, ha optado una vez más por una huida hacia adelante. Lo ha hecho incluso a costa de traicionar los valores democráticos y pacifistas que dice defender, perdiendo con ello aquello que alguna vez lo distinguió: una supuesta autoridad ética que hoy yace en cenizas.
160 personas y 43 organizaciones, colectivas y colectivos costarricenses presentan carta a la Embajada de Panamá, pronunciándose en contra de la represión ejercida por el gobierno de José Raúl Mulino
El pasado lunes 9 de junio, un total de 160 personas y 43 organizaciones, colectivas y colectivos costarricenses presentaron una carta a la Embajada de Panamá, pronunciándose en contra de la represión ejercida por el gobierno de José Raúl Mulino.
Esto ocurre tras un proceso en el cual el pueblo panameño se ha enfrentado a atropellos sistemáticos y a la represión a las protestas en el país vecino, pues ha habido una creciente movilización que rechaza las últimas decisiones tomadas por el gobierno de Mulino. Un ejemplo de estas decisiones es la Ley 462 que reforma la Caja del Seguro Social, puesto que la reforma implica la eliminación de solidaridad intergeneracional y establecimiento de cuentas individuales, afectando así las pensiones de las próximas generaciones. Asimismo, se ha protestado contra los planes de reactivación de minería de la empresa canadiense First Quantum, y contra el pacto de ampliación de presencia militar estadounidense en áreas de acceso y otras áreas adyacentes al Canal de Panamá.
Las manifestaciones en defensa a las pensiones dignas, a la seguridad social y a la soberanía panameña frente a Estados Unidos, han sido encabezadas por el movimiento estudiantil, sindical y comunidades indígenas; de la misma manera que han participado grupos de mujeres, niñez y otros. Por ende, el pronunciamiento presentado a la Embajada de Panamá en Costa Rica suma estas reivindicaciones de dignidad y justicia social; insta al diálogo, a no criminalizar las protestas, a la protección de los medios y recursos naturales de Panamá, y a mantenerse en solidaridad con el pueblo hermano de Panamá
A continuación, se comparte la carta dirigida al Embajador de la República de Panamá.
9 de junio, 2025
San José, Costa Rica
Señor Embajador de la República de Panamá
Pacífico Escalona Ávila
Presente.
Desde la dignidad y la justicia social
En las últimas semanas hemos presenciado el ejercicio del legítimo derecho del pueblo panameño a luchar por un régimen de pensiones y retiro justo, contra la reapertura de la minera cerrada en 2023 y por el cese de los intentos de reabrir bases militares norteamericanas en su patria. Estas movilizaciones han contado con la presencia activa de los maestros y profesores, estudiantes, comunidades indígenas, sindicatos como el SUNTRACS y el de las Bananeras, entre otros muchos sectores y organizaciones.
La respuesta del gobierno del señor José Raúl Mulino ha sido negar la posibilidad de diálogo que conduzca a escuchar y tramitar estas justas reivindicaciones. Por el contrario, se ha desatado una campaña de criminalización contra dirigentes sindicales como Saúl Méndez, Genaro López y Jaime Caballero; contra dirigentes estudiantiles, como Eduardo García, estudiante de economía, del grupo estudiantil FER29, expulsado sumariamente de la Universidad de Panamá; así como una indiscriminada represión contra las comunidades comarcales de los pueblos originarios y la detención selectiva de luchadores sociales. A las personas educadoras se les ha violado el derecho a recibir salario mientras al sindicato de la construcción se le confiscan sus cuentas bancarias y cierran la cooperativa.
Esto está generando una situación explosiva. Los pueblos del mundo vemos con preocupación lo que está ocurriendo en Panamá e instamos a una pronta salida negociada, partiendo de las justas demandas del pueblo panameño. En particular, señalamos la importancia del cese de la represión y la inmediata liberación a todos los presos políticos, detenidos por luchar y que han sido enviados a cárceles comunes y tratados como delincuentes. Repudiamos la ofensiva antiobrera y antidemocrática que se expresa en los allanamientos de instalaciones y congelamiento de las cuentas de la Cooperativa del SUNTRACS, la persecución judicial contra su secretario general Saúl Méndez y otros dirigentes. Hoy todos somos Panamá que resiste a la destrucción ecológica, la condena a la miseria de los jubilados y nuevas formas coloniales revestidas de cooperación.
Panamá no está sola. Iniciamos desde este momento un proceso de divulgación internacional sobre la lucha de su pueblo.
Firma responsable Allen Cordero Ulate Cédula 3-02170094 9 de junio, 2025
FIRMAS
A nivel personal
Adrián Gordón / Estudiante
Adrián Jaén España Docente
Adriana Laclé Médica internista
Alejandra Bonilla Leiva Agrónoma
Alejandra Ducca Durán
Alexandre Rojas Parajeles Docente
Álvaro Fernández González Sociólogo jubilado
Allen Cordero Ulate Docente jubilado UCR
Amilcar Castañeda Cortez Docente
Amalia Vargas Rojas Jubilada
Ana Cristina Rossi Novelista y profesora
Andreina Vargas Rodríguez Ama de casa
Ángelo Monge Ingeniero civil urbanista
Antonieta Fernández Quirós Abogada
Carlos Coronado Vargas Dirigente popular
Carlos Guevara Abogado
Carlos Alberto López Herrera Intérprete naturalista
Carlos Moya Cisneros Docente
Carlos Settembrini Jubilado
Casilda Sancho Barrantes Jubilada
Catarina Goldoni Ruiz Jubilada
Celina Valadez Educadora popular
Ciska Raventós Vorst Socióloga
Clarita Quiel Torres Ama de casa y agricultora
Cristopher Montero Corrales Docente universitario
Damaris Orozco Analista de RH
David Morera Herrera Docente
Deby Calderón Vega Chofer
Deymer Moreno Bejarano Docente
Diego Chaverri Sociólogo
Dinorah Romero Morales Ama de casa
Dunia Valverde Segura Docente
Edison Valverde Araya Jubilado
Edwin Alfaro Quesada Jubilado
Edwin Ticak Actor
Eladio Retana Fallas Jubilado
Eli Ortiz Torres
Elías E Aguirre Ramírez Policía
Elides Rivera Navas Presidenta Organización de Mujeres Mano de Tigre
Enjolras Mata Rojas Supervisor de operaciones
Erik Nelson Abogado
Esteban Arias Chavarría Docente
Esteban Fernández Filósofo
Eutiquio Degaiza Estudiante
Félix López Zambrana Agricultor
Flor Lorca Melero Periodista
Florangel Vecchini Zerpa TSU Administración
Franklin Quesada Campos Dirigente sindical
Gerardo Cerdas Vega Sociólogo y profesor
Gerardo Valverde Agricultor
Gilberto Franco Cabrera Prejubilado de JAPDEVA
Giovanni Beluche V Académico universitario
Gloria Laura Gergen Soto Perforador
Gloriana Araya Fernández Desempleada
Gonzalo Barrantes Cartín Docente
Grace Cecilia Serrano Correa Agricultura
Guiomar del R Martín Tedman Jubilada
Hannia Franceschi Barraza Docente universitaria
Heidy Valencia Espinoza Docente
Isabel Briceño Quesada Matrona
Isabel Ducca Durán Jubilada
Isabel Méndez Garita Ama de casa
Isabel Rivera Navas Diseñadora
Jaime Roberto Robert Jiménez Psicólogo social
James Brown
Javier Alvarado Vargas Docente
Javier Cabero Consultor internacional
Jeff Hernández Castro Docente
Jennifer Morgan Desempleada
Jiri Spendlingwimmer Antropólogo
Jorge Barrientos Valverde Docente universitario
Jorge Alens Conte Guerra Académico
Jorge Raúl García Fernández Sociólogo
Jorge Luis Vargas Rivas Manufactura estudiante
José Daniel Díaz Moya Trabajador de call center
José Eduardo Álvarez Araya ACODEHU
Juan Ticak Actor
Karol Pineda Docente
Karla Chinchilla Aguilar Profesora universitaria
Kimberly Umaña Zamora Trabajadora social
Laura Arias Cabrera Docente
Laura Gómez Vázquez Oficinista
Leila Marcela Sánchez Sindicalista
Loreana Araya Fernández
Lorena Molina Jubilada
Lucía Brenes Chaves Docente
Luis Bonilla Bonilla Docente
Luis Angel Céspedes Rodríguez Jubilado
Luis Alberto Salas Sarkis Jubilado
Luz Rosas Ama de Casa
Magda Sánchez Empleada
Marcela Naranjo Segura ACODEHU
Marcela Zamora Cruz Administradora del CAP
Marco Amador Valverde
Marco Vinicio Fournier Psicólogo
María Álvarez Fernández
María Antonieta Chandía Jubilada
María Damaris Badilla Vargas Ama de casa y ambientalista
María de los A. Lobo Umaña Agricultora
María de los A. Téllez Comerciante
María del R Chamorro Tasies Docente
María S Hernández Carmona Historiadora
María López Ama de casa
María Natalia Chaves Vargas
María José Lechado Comité de lucha de vivienda Monte Alto
María Trejos Montero Docente jubilada y activista DDHH
Mariana Lacayo Campos Editora
Mariela Muñoz Galaz Trabajadora social
Marielos Muñoz Solórzano Oficinista
Marylin Morris Zúñiga Estudiante, ama de casa, cocinera
Marta Sanchez
Marvin Hernández Docente
Marvin Soto Arias Estudiante
Mauricio Zeledón Leal Jubilado
Miguel Barrios Gutiérrez Pensionado de la CCSS
Minerva Solano Campos Estudiante y docente
Nancy Piedra Guillén Docente
Nelisse Wielewcki Narloct Docente
Norma Noemy Cisneros Páez Productora
Nubia G Rodríguez Forero Economista
Olga Viviana Gysling Caselli Jubilada
Oliverio A del Águila Mejía Historiador
Olman Bolaños Ortiz Docente universitario
Olman Bolaños Vargas Ilustrador
Orlando Barrantes Cartín Luchador social
Óscar Delgado Cabana Docente
Óscar Navarro Rojas
Pablo Vommaro Docente e investigador
Paola Zeledón Muñoz Trabajadora de call center
Peggy Chamorro Psicóloga y comunicadora
Rafael E López Alfaro Profesor
Rafael Morera Ramos Estudiante universitario
Roberto Ayala S Docente
Roberto Cascante Vindas Docente e investigador
Rodolfo Ulloa Bonilla Sociólogo
Roger Chaves Grijalba Sociólogo
Ronald Solís Alemán Agricultor
Rosa María Muñoz Varela Docente pensionada
Rosángela Cortés Barquero Ama de casa y agricultora
Roxana Cedeño Sequeira Trabajadora social
Ruth Zurbrigen Docente
Sebastián Saborío Docente
Sharo Rosales Defensora de DDHH
Sileny Vázquez Orozco Promotora de la Salud
Silvia Regina de Lima Silva Directora del DEI
Sitaira Cubillo Oficinista
Socorro Trejos
Stefanie Hidalgo Acuña Trabajadora social
Susan Quirós Díaz
Tomas Echeverría Vela Jubilado
Vania Quesada Silva Emprendedora
Vianney Mora Vega Socióloga asesora legislativa
Víctor M Gutiérrez Soto Profesional
Victoria E Borbón Pineda Licenciada en Orientación
Yamileth Fontana Coto Socióloga pensionada
Yamileth Monterrey López Psicóloga
Yaser Ramos Vargas Estudiante de sociología
Yoselyn Leandro Coto Asesorías Agroecológicas
Zoila Martínez Moncada Psicóloga
Zuleika Zambrano Médica
Organizaciones, colectivos y colectivas
Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
Asociación Indígena Dockua
Asociación UNAPROA
Biovida
Biriteca
Caz
Centro de Amigos para la Paz (CAP)
Círculo de Debates Marxista
Clan Túbölwak Bribri, Yábamí Dí Káta. Consejo Iriria Sätkök, Yábamí Dí Káta, conocido como Cabagra
Colectiva Feminista La Revuelta
Colectiva por el Derecho a Decidir
Colectiva Profesional para la Ciudadanía
Colectivo COPAL
Comité de Lucha por Vivienda de Monte Alto
Comité de Solidaridad con los Pueblos Originarios Iriria Tsòchok, Costa Rica
Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT)
Coordinadora de Lucha Sur Sur
Dinamismo Juvenil A.C
Ecocipreses
Investigaciones Psicosomáticas
FENASEP
Flores Piercing
FUAR
Fundación Nómada Costa Rica
Grupo Socialismo y Libertad
GSL
La Izquierda Diario CR
Movimiento Humanista
Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)
Mujeres en Apoyo
Mujeres Indígenas Mano de Tigre
Mundo sin Guerras y sin Violencias
Organización Socialista Revolucionaria (OSR)
Pan y Rosas
Partido Humanista
Partido Izquierda Costarricense (PIZCO)
Partido Revolucionario de Trabajadoras y Trabajadores (PRT)
Preservación de Ecosistemas Zona Norte
Red de Ecología Autónoma
Sindicato de Salud y Seguridad Social
Sindicato Unitario de la UNED (SIUNED)
UNT-BUSSCO
Unión de Amigos para la Protección del Agua (UNAPROA)
Las luchas sociales, las protestas sociales, las luchas de los trabajadores y sus movimientos laborales, como las luchas políticas de los trabajadores en los Estados Unidos tienen una larga historia. Las hay de diverso tipo, laborales, antiesclavistas, contra la discriminación racial, por los derechos civiles, contra la segregación en las escuelas de negros y de latinos, como por los derechos humanos en general.
La historia estadounidense es rica en este tipo de acontecimientos y de experiencias históricas. Con frecuencia se dan estas luchas y movimientos.
En el campo laboral destaca internacionalmente la lucha de los trabajadores estadounidenses, a finales del siglo XIX, por lograr la jornada de trabajo de 8 horas, la que se impuso y dio lugar a la celebración cada 1 de mayo, desde 1890, a marchas reivindicatorias de derechos laborales y de defensa de conquistas sociales, salariales y laborales logradas.
Las luchas contra la esclavitud en los Estados Unidos son también muy ricas, heroicas y dramáticas. Aunque la esclavitud haya sido eliminada y prohibida siguen estando presentes esas luchas por las condiciones de trabajo, de seguridad e higiene laboral, por los bajos salarios y malas condiciones de vida a la que son sometidos, en ciertas ramas de la producción de los Estados Unidos, especialmente agrícolas, en los Estados sureños, miles de trabajadores, especialmente migrantes, no solo negros, migrantes de Latinoamérica, en particular mexicanos, hondureños y salvadoreños junto a otros grupos de ciudadanos migrantes de otras nacionalidades y continentes.
En 1903, en Oxnard, California, trabajadores agrícolas mexicanos y japoneses organizan el primer sindicato de trabajadores agrícolas, la Asociación Laboral Mexicana-Japonesa (JMLA), que fue el primer sindicato en ganar una huelga en el sector agrícola de California.
La huelga repercutió para que desde 1904 el gobierno estadounidense estableciera una patrulla fronteriza para controlar y evitar el flujo migratorio de trabajadores asiáticos que llegaban desde México.
En 1905 la dirigente laboral Lucy Gonzales Parsons, en San Antonio Texas, impulsó la fundación de los Wobblies, que eran parte del sindicato Trabajadores Industriales del Mundo (IWW). Trabajadores de este sindicato, que laboraban en Panamá, en una ocasión, a principios del siglo XX, fueron traídos a Costa Rica, para romper una huelga bananera y cuando llegaron y se dieron cuenta para que los traían, se sumaron solidariamente a la huelga. Uno de los principales dirigentes de la IWW fue John Reed, quien también fue uno de los primeros dirigentes del recién fundado Partido Comunista de los Estados Unidos en aquellos años, fallecido en los inicios de la Revolución Rusa en Moscú, y el único dirigente comunista revolucionario extranjero sepultado en Kremlin.
Con la Revolución Mexicana hubo contactos muy importantes de los dirigentes obreros de la Confederación Revolucionaria Obrera de México, CROM, dirigida por los hermanos Flores Magón, de tradición anarquista-socialista, con los sindicatos estadounidenses de esos años.
Había llegado a los Estados Unidos buscando seguridad que no le daba la Revolución Mexicana en ese momento. Esto llevó a Ricardo Flores Magón a la cárcel en Los Ángeles, junto a su hermano Enrique y otros dirigentes en 1911, acusados, por sus luchas sociales y laborales, de promover la rebelión en Baja California. En 1915 y 1916 volvió a ser arrestado, junto a su hermano en Los Ángeles. En 1918 los condenaros a 21 años de prisión en el Estado de Washington. En esa época el organismo anterior al FBI, el Bureau of Investigation, vigilaba a los inmigrantes y acosaba a los dirigentes obreros. En 1922, el 21 de noviembre, en prisión estadounidense murió Ricardo Flores Magón.
LA CROM había tenido relaciones epistolares con José María Zeledón Brenes, entonces secretario del Centro de Estudios Sociales Germinal, que dirigía con Joaquín García Monge, Omar Dengo, Carmen Lyra entre otros.
En 1911 se realizó en Laredo, Texas, el Primer Congreso Mexicanistas, como primera gran convención de mexicanos para organizarse contra la injusticia social.
En 1912 Nuevo México, se incorporó como estado de la Unión Americana, estableciéndose en su Constitución como un estado bilingüe, español inglés, garantizando fondos para la educación bilingüe.
Con motivo de la participación de los Estados Unidos en la I Guerra Mundial facilitaron la emigración latina, como mano de obra, que la necesitaban.
En 1919 en Laredo, Texas se constituyó la Confederación Obrera Panamericana, COPA. El movimiento obrero costarricense se hizo representar con el escritor Joaquín García Monge, y el movimiento obrero nicaragüense con el poeta Salomón de la Selva.
En 1921 se creó la organización de trabajadores latinos “La Orden Hijos de América”, en San Antonio Texas, para crear conciencia sobre cuestiones de derechos civiles y luchar por salarios justos, educación y vivienda. Este mismo año se aprobó la Ley de Inmigración que restringió la entrada de europeos, por presión de empresas agrícolas.
En Los Ángeles, en 1927, la Confederación de Uniones Obreras Mexicanas (CUOM) se convierte en el primer esfuerzo a gran escala para organizar y consolidar a los trabajadores mexicanos, lo que facilitó que en 1928 se eligiera en Nuevo México, el primer senador latino de Estados Unidos.
Varias organizaciones de servicios latinos se fusionan en 1929, para formar la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), para luchar contra la discriminación y la segregación, y promover la educación entre los latinos.
En 1931, en Ybor City, Tampa, Florida, se da la primera huelga laboral demandando que no se impidiera en las fábricas de tabaco el trabajo de los “lectores”, que eran personas que leían libros y revistas en voz alta para ayudar a los torcedores de tabaco a pasar el tiempo, acusados, los “lectores”, de radicalizar a los trabajadores. Estos lectores se dieron en México, en el Caribe y entre los zapateros de Costa Rica, como lo relata Carlos Luis Fallas en su cuento “El Taller”.
En 1933, en la recolección de fresas, los sindicatos de trabajadores latinos de la empresa El Monte realizaron la huelga agrícola, que en aquella época se consideró la más grande realizada, que reivindicaba la defensa y aumentos de salarios.
En 1938, el 4 de diciembre, el Congreso del Pueblo de Habla Española celebra su primera conferencia en Los Ángeles. Fue fundado por Luisa Moreno y dirigido por Josefina Fierro de Bright, considerado el primer esfuerzo nacional para reunir a trabajadores latinos de diferentes orígenes étnicos, cubanos y españoles de Florida, puertorriqueños de Nueva York, mexicanos y mexicoamericanos del suroeste.
Un año más tarde, John Steinbeck, el gran novelista, publica Las uvas de la ira, como una denuncia sobre la difícil situación de los trabajadores migrantes en la industria del cultivo de uvas de California.
En 1942, ingresado Estados Unidos a la II Guerra Mundial, aliado a la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia en su lucha antifascista, se impulsa el Programa Bracero que permite a los ciudadanos mexicanos trabajar temporalmente en Estados Unidos, programa que se aplicó hasta 1964.
Los conflictos raciales también empezaron a manifestarse, en 1943, en Los Ángeles, con enorme represión policial y militar.
En 1944, el senador del Estado de Nuevo México, Dennis Chávez, presenta el primer Proyecto de Ley de Prácticas Justas de Empleo, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, credo u origen nacional, que fue el antecedente de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
Al terminar la II Guerra Mundial, los veteranos latinos, que regresaron, organizaron el Foro Americano de GI en Texas para combatir la discriminación y mejorar la situación de los latinos, que logró formar filiales en 23 estados.
En 1945, padres mexicoamericanos demandaron a varios distritos escolares de California, impugnando la segregación de estudiantes latinos en escuelas separadas, logrando con ello que la Corte Suprema de California fallara en su favor argumentando que la segregación viola los derechos constitucionales de los niños.
En la época del macartismo, entre 1953 y 1958, la «Operación Espalda Mojada», hizo que el Servicio de Inmigración de Estados Unidos arrestara y deportara a casi 4 millones de latinoamericanos.
En 1963, por el impacto de los cubanos que huyeron de la Revolución Cubana, radicados en Miami, lograron que se estableciera el primer programa de educación bilingüe del país en escuelas públicas, subvencionado por la Fundación Ford.
En 1965, César Chávez y Dolores Huerta fundaron la Asociación de Trabajadores Agrícolas Unidos, UFW, en Delano, California, que se convierte en el sindicato de trabajadores agrícolas más grande e importante del país. Con César Chávez, y su movimiento, puedo decir, que tuve contactos solidarios en su lucha cuando me iniciaba en la lucha estudiantil universitaria. Dolores Huerta fue la primera mujer en liderar un sindicato de este tipo. Bajo su liderazgo, la UFW se unió a una huelga iniciada por recolectores de uva filipinos, en Delano, que se convirtió en uno de los movimientos de justicia social más importantes para los trabajadores agrícolas en Estados Unidos.
Por razones políticas, anticomunistas, el Congreso de Estados Unidos aprobó, en 1966, la Ley de Ajuste Cubano-Americano, que permitió a los cubanos que residieran en Estados Unidos al menos un año obtener la residencia permanente. Ningún otro grupo de inmigrantes había recibido este privilegio antes ni desde entonces.
En 1968, estudiantes latinos de secundaria en Los Ángeles realizaron huelgas en toda la ciudad en protesta por el trato desigual del distrito escolar, reclamando que se les permitiera hablar español en la propiedad escolar, y se les permitiera usar el baño durante el almuerzo.
Eran los días en que las universidades estadounidenses, y las de California, con sus estudiantes y profesores se levantaran contra la guerra en Vietnam, y se estableciera el “Fondo México-Americano de Defensa Legal y Educación” para la protección de los derechos civiles de los mexicano-americanos.
En la década siguiente, 1970-1980, organizaciones progresistas en comunidades mexicanas, filipinas, árabes y otras comunidades de inmigrantes, organizaron trabajadores documentados e indocumentados, para luchar por la legalización y los derechos sindicales contra las redadas del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) y contra la brutalidad de las fuerzas de seguridad migratorias.
El Departamento de Salud, Educación y Bienestar de EE. UU., en 1970, emite un memorándum indicando que a los estudiantes no se les puede negar el acceso a los programas educativos debido a su incapacidad para hablar o comprender inglés. El Congreso aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas de 1974 que permitió ampliamente la educación bilingüe en las escuelas públicas. En 1975 el Congreso votó a favor de ampliar la Ley de Derecho al Voto de EE. UU., imponiendo la asistencia lingüística en los colegios electorales, favoreciendo a los nativos americanos, los asiático-americanos, los nativos de Alaska y los latinos.
En 1985 se produjo la primera «Consulta Nacional sobre los Derechos de los Inmigrantes» para «visibilizar los problemas y destacar el papel positivo de los inmigrantes en la transformación de la sociedad estadounidense».
El 6 de noviembre de 1988, el Congreso aprobó la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA), que otorga la legalización a ciertos trabajadores indocumentados, incluidos los trabajadores agrícolas, y establece sanciones a los empleadores que contraten trabajadores indocumentados.
En 1990, la Delegación de California Contra la Violencia de Odio documenta los crecientes abusos de los derechos humanos por parte de agentes del INS y ciudadanos privados contra los migrantes en el área fronteriza entre San Diego y Tijuana.
En 1992, el Departamento de Policía de Los Ángeles toma medidas enérgicas contra los inmigrantes latinos durante la «rebelión de Los Ángeles», después del veredicto de «no culpable», que se dictó en el caso de brutalidad policial de Rodney King.
En el 2001, después de los atentados terroristas del 11-S, los estadounidenses de origen árabe y otras personas de ascendencia de Oriente Medio empezaron a sufrir reacciones violentas en Estados Unidos, con aumento de los delitos de odio, el acoso y la discriminación policial, que se extendió a otros grupos de inmigrantes, motivo por el cual algunos políticos pidieron la construcción de un muro entre Estados Unidos y México.
En el 2003, los latinos fueron declarados la minoría más grande del país, superando a los afroamericanos, de acuerdo con las nuevas cifras del Censo que mostraron que la población latina estadounidense era de 37,1 millones, que proyectaba una triplicación para el año 2050.
En el año 2004 se impulsa el “Proyecto Minuteman” que comienza a organizar a activistas antiinmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, grupo que se considera una patrulla fronteriza ciudadana.
En el 2006 el presidente George W. Bush reautorizó la Ley de Derecho al Voto, denominada «Ley de Reautorización y Enmiendas a la Ley de Derecho al Voto de Fannie Lou Hamer, Rosa Parks, Coretta Scott King y César Chávez de 2006», que autorizaba las papeletas de votación de manera bilingüe, que querían eliminar.
El 1 de mayo del 2006, Día Internacional de los Trabajadores, cientos de miles de inmigrantes latinos y otros participan en el “Día Sin Inmigrantes” boicoteando el trabajo, la escuela y las compras, para simbolizar las importantes contribuciones que hacen los inmigrantes a la economía estadounidense.
Este año, 2006, se inicia un debate en el Congreso de Estados Unidos para criminalizar a los inmigrantes indocumentados.
Más recientemente, las acciones violentas de la policía que han resultado con la muerte de Tyre Nichols, en Memphis, Tennessee y de George Floyd, en Minneapolis, han agitado más a las comunidades afrodescendientes e inmigrantes en la defensa de sus derechos y libertades constitucionales en Estados Unidos.
Los sucesos que agitan desde el 6 de junio, al Estado de California, son tan solo los estertores que empiezan a sonar anómalamente en la sociedad norteamericana, que está revolviéndose en profundas contradicciones y acciones políticas y sociales.
Las acciones de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que realizaron redadas en vecindarios del condado de Los Ángeles, que es uno de los territorios declarados «santuario» de migrantes, han sido un detonante que ha obligado, por la fuerza institucional del Presidente Trump, movilizar la Guardia Nacional y la Marina de los Estados Unidos, violando la Constitución Política de ese país, en oposición al clamor de la autoridades estatales, que entienden que esa política puede incendiar la pradera.
Estas fuerzas policiales y militares no están autorizadas a ejercer funciones de control civil, salvo que se invoque la Ley de Insurrección, que el presidente Trump ha señalado que va a declarar.
Acciones inconstitucionales contra la Administración Trump, por desplegar la Guardia Nacional sin su consentimiento, ha dicho Gavin Newsom, el Gobernador, que va a establecer.
La “ciudad santuario” en Estados Unidos se estableció para garantizar y dar seguridad a los migrantes que se consideran en condición irregular. Son estados, condados o ciudades que limitan su colaboración con las autoridades federales en la aplicación de leyes migratorias.
Las “ciudades santuarios” empezaron a surgir en la década de 1980, cuando algunas iglesias ofrecieron refugio a personas que huían de conflictos armados en Centroamérica. Durante la primera presidencia de Donald Trump, muchas ciudades gobernadas por demócratas reforzaron su estatus de santuario. Así lo hizo, Los Ángeles, la segunda ciudad más grande del país, que formalizó su condición de santuario mediante una ordenanza municipal que prohíbe el uso de recursos locales para colaborar con las autoridades federales de inmigración.
En California, en Los Ángeles, hay 11 millones de migrantes, que representan el 29% de su población y representan el 24% de todos los nacidos en el extranjero que viven en Estados Unidos. En este momento se estima que la mitad de los niños en el Estado de California tienen al menos un padre inmigrante y más de un tercio de los adultos, en edad laboral, nacieron fuera del país.
La población migrante en California está concentrada en las zonas y regiones metropolitanas costeras, especialmente en condados como Los Ángeles, Santa Clara y San Francisco.
Los migrantes en este Estado son principalmente de México, Filipinas, China, India y Vietnam.
Las protestas y movilizaciones que se están realizando en California se han replicado ya en otras ciudades de otros estados, como New York, Chicago y Atlanta, advirtiendo la posibilidad de movimientos nacionales en todo el territorio estadounidense, exigiendo la libertad del líder sindical David Huerta, presidente del sindicato SEIU de California.
De crecer este movimiento puede ampliarse a la lucha por la defensa de las universidades, que están siendo afectadas por la reducción de apoyos estatales, por la expulsión de estudiantes extranjeros de ellas, por los derechos LGBTQ+, a favor de los derechos de los gays y la lucha por la igualdad de derechos, la lucha por los derechos civiles y la libertad de opinión y de prensa también amenazadas por el presidente Trump, así como por la lucha por la igualdad en el empleo y la educación entre los inmigrantes chinos y japoneses, que se ha visto amenazada.
Las luchas de las comunidades migrantes y del pueblo estadounidense debemos apoyarla.
Los sindicatos, las organizaciones estudiantiles y las organizaciones sociales deben apoyarlas.
En la defensa de la lucha de los inmigrantes de los Estados Unidos está la defensa de los trabajadores latinoamericanos, centroamericanos y aquellos costarricenses que se encuentren en esa situación.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
«Tout ce qui se passe ne semble pas relever du hasard, mais d’un plan systématique clairement visible, dans une tentative manifeste de pousser les habitants à l’exil, à accepter ce qu’on appelle les projets de « migration volontaire », c’est-à-dire un déplacement forcé déguisé. Les politiques de famine, de destruction et de bombardements constants ne sont que les outils d’un plan plus vaste visant à vider Gaza de ses habitants ou à briser leur volonté. Ce qui se joue à Gaza n’est pas seulement un siège ou une agression, mais un processus d’extinction méthodique de la vie et de la présence palestinienne».
Testimonio de habitante de Gaza, 12 de abril del 2025. Extracto de»Témoignage d’Abu Amir, le 12 avril 2025: Gaza sous le feu: bombardements et faim impitoyable». Texto completo disponibleaquí.
El pasado 4 de junio del 2025, un proyecto de resolución en el seno del Consejo de Seguridad sobre el drama indecible que se vive en Gaza fue vetado por Estados Unidos (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas al respecto y nota de The Guardian).
Es de notar que se trataba del primer ejercicio sobre la situación en Gaza en el que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas intentaba acordar un texto entre sus integrantes, luego de la llegada a la Casa Blanca de su nuevo ocupante en enero del 2025.
El texto integral del proyecto de resolución puede ser revisado en su versión oficial en español y en inglés, al final de estas mismas reflexiones, en la sección «Documento /Material«: su lectura (recomendada) permite entender mejor el alcance de la maniobra buscada por los promotores de esta iniciativa (y las contradicciones que reviste el veto norteamericano).
En el párrafo operativo 3 de este proyecto de resolución, se puede leer que el Consejo de Seguridad:
«3. Exige el levantamiento inmediato e incondicional de todas las restricciones impuestas a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y su distribución segura y sin trabas a gran escala, incluso por parte de las Naciones Unidas y los asociados humanitarios, en toda la Franja de Gaza, así como el restablecimiento de todos los servicios esenciales con arreglo al derecho internacional humanitario, los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, y sus resoluciones pertinentes».
Es de notar que los integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lograron acordar una fórmula permitiendo manifestarse al respecto y contando con el voto afirmativo de casi todos sus 15 integrantes. Este comunicado conjunto de los 10 Estados integrantes no permanentes del Consejo de Seguridad (denominado E-10 en la jerga de Naciones Unidas, y que por parte del hemisferio americano, integran Guyana y Panamá) constituye un llamativo esfuerzo en ese sentido y un llamado extremadamente claro a la opinión pública internacional, que podemos resumir de la siguiente manera: «no somos Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero pedimos a los que sí lo son actuar ante la tragedia inhumana que vive la población civil en Gaza«.
Cabe traer a la memoria una advertencia hecha ante este mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, menos de 10 días después del 7 de octubre del 2023 por parte del representante de Palestina (en esta cita, la versión en inglés acompaña la versión en castellano):
«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros / What is happening in Gaza is not a military operation, it is a full-scale assault against our people. It is massacres against innocent civilians. Nothing in natural law or international law allows for the targeting of civilians and such indiscriminate, barbaric attacks against them» (Intervención del representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023 (véase acta S/PV/9439, en página 9 / Statement by the representative of Palestine to the United Nations Security Council, at its meeting on 16 October 2023 (see verbatim S/PV/9439, at page 9).
Pese a esta muy tempranera advertencia, y a muchas otras posteriores hechas por parte de un sinnúmero de entidades, de Estados, y de expertos de Naciones Unidas, sobre las verdaderas intenciones de Israel en Gaza, resulta de interés observar:
– cómo, poco a poco, los mecanismos internacionales para que Israel rinda cuenta a la justicia internacional de sus numerosas exacciones contra la población civil en Gaza se han ido activando, y;
– cómo las vociferaciones y gesticulaciones de las máximas autoridades israelíes y su abierto desafío a la autoridad de los diversos órganos de Naciones Unidas, jurisdicciones incluídas, están llevando a los demás Estados de la comunidad internacional (con la notable excepción de Estados Unidos) a considerar a Israel como un verdadero Estado paria.
Tuvimos hace poco en la radio universitaria costarricense (véase enlace) la posibilidad de externar criterio sobre estas y muchas otras vociferaciones en el marco de una emisión radial, en compañía de la representante de Palestina en Costa Rica, titulada: «La deshumanización como técnica narrativa para volver aceptable lo inaceptable: el genocidio en Gaza» (audio en Spotify disponible aquí).
El contexto en el que se da esta votación en el seno del Consejo de Seguridad
La catástrofe humanitaria provocada por Israel en Gaza, al mantener un bloqueo a la ayuda humanitaria, y al romper la tregua acordada con el Hamas en enero del 2025 desde el pasado 18 de marzo, con bombardeos diarios indiscriminados sobre esta misma población civil, ha sido ampliamente reportada, provocando reacciones de profundo repudio de Estados usualmente cercanos a Israel como por ejemplo Australia, Alemania, Canadá, Francia o bien Reino Unido.
– Algunas de las reacciones oficiales de Estados
En el mes de mayo por ejemplo, Canadá, Francia y Reino Unido condenaron de manera colectiva los anuncios de Israel relativos a la expansión de sus operaciones militares en Gaza (véase comunicado conjuntodel 19 de mayo). En el comunicado colgado por las autoridades de Francia (véase texto) se indica que:
«Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que le gouvernement Netanyahou poursuit ces actions scandaleuses. Si Israël ne met pas fin à la nouvelle offensive militaire et ne lève pas ses restrictions sur l’aide humanitaire, nous prendrons d’autres mesures concrètes en réponse«.
Como corrolario a todo lo anterior el «asedio contra niños» en Palestina por parte de Israel fue denunciado el pasado 20 de mayo por parte de Naciones Unidas (véase comunicado oficial). Brasil exigió el 21 de mayo a Israel cesar su ofensiva en Gaza y levantar el bloqueo a la ayuda humanitaria en términos particularmente duros :
«Submetida há mais de dois meses a bloqueio completo, a Faixa enfrenta, ademais, risco iminente de fome generalizada. O Brasil expressa grave preocupação com a anunciada intenção israelense de permitir ingresso mínimo de alimentos e remédios em Gaza, recordando que o uso da fome como método constitui crime de guerra» (véase texto integral del comunicado oficial colgado por las autoridades diplomáticas brasileñas).
España condenó por su parte los nuevos asentamientos en Cisjordania autorizados por Israel el pasado 30 de mayo (véase comunicado); y suscribió una declaración conjunta firmada por 23 Estados el 19 de mayo (véase texto) sobre la inaceptable privatización de la entrega de la ayuda humanitaria en Gaza decidida por Israel. A inicios de mayo, España suscribió una declaración conjunta (véase texto) condenando la expansión de la operación militar de Israel en Gaza decidida por Israel el 5 de mayo, conjuntamente con Eslovenia, Islandia, Irlanda, Luxemburgo y Noruega.
Chile por su parte el 28 de mayo decidió retirar parte de su personal diplomático en Israel, en señal de repudio ante la catástrófica situación humanitaria en Gaza (véase comunicado de su aparato diplomático), que había condenado en términos vehementes en un comunicado anterior, el pasado 16 de mayo (véase texto), no sin antes (5 de mayo), condenar el plan de expansión de las operaciones militares en Gaza (véase comunicado), de igual manera condenado por Bolivia (véase comunicado del 7 de mayo): nuestros lectores, en particular en América Latina, podrán por sí mismos revisar si sus respectivas cancillerías alzaron la voz como Chile, Bolivia, y otros Estados durante el pasado mes de mayo, o si alguna oscura razón puede explicar el mutismo absoluto de sus autoridades diplomáticas ante el drama indecible que se vive en Gaza.
Sudáfrica por su parte condenó en un extenso comunicado con fecha del 1ero de junio (véase texto) las víctimas mortales palestinas que cayeron durante la entrega de ayuda humanitaria, un texto antecedido por otro del 16 de mayo (véase texto) en el que condenó la muerte de 143 personas en 24 horas en Gaza debido a los bombardeos del ejercito israelí.
– Algunas condenas provenientes de órganos de Naciones Unidas
El 3 de junio del 2025, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en un comunicado de prensa (véase texto) pasado desapercibido en la mayoría de los medios de prensa internacionales, señaló que:
«Deadly attacks on distraught civilians trying to access the paltry amounts of food aid in Gaza, are unconscionable. For a third day running, people were killed around an aid distribution site run by the “Gaza Humanitarian Foundation”. This morning, we have received information that dozens more people were killed and injured.
There must be a prompt and impartial investigation into each of these attacks, and those responsible held to account. Attacks directed against civilians constitute a grave breach of international law, and a war crime.
Palestinians have been presented the grimmest of choices: die from starvation or risk being killed while trying to access the meagre food that is being made available through Israel’s militarized humanitarian assistance mechanism. This militarized system endangers lives and violates international standards on aid distribution, as the United Nations has repeatedly warned«.
El último informe al 5 de junio del 2025 elaborado por Naciones Unidas (véase enlace), completado por el informe anterior al 28 de mayo del 2025 (véase enlace) da una idea de la violencia que ejerce Israel sobre la población civil de Gaza, objeto de bombardeos indiscriminados diarios desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, con una breve tregua registrada entre el 19 de enero y el 18 de marzo del 2025.
Desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, circula un informe realizado por una comisión internacional de invesigación, que detalla los crímenes de guerra perpetrados por Israel, en el que se enfatiza la destrucción deliberada de toda la infraestructura pública existente en Gaza: véase informe A/HRC/59/26 con fecha del 6 de mayo del 2025, muy pocamente referenciado en medios de prensa internacionales. Este informe concluye con un vehemente llamado a los Estados Miembros de Naciones Unidas:
«101. The Commission recommends that all Member States:
(a) Comply with all international law obligations, including those set out in the July 2024 advisory opinion of the International Court of Justice, the Geneva Conventions of 12 August 1949, the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide;
(b) Cease aiding or assisting in the commission of violations; and explore measures to ensure the accountability of perpetrators of international crimes, grave human rights violations and abuses in Israel and the Occupied Palestinian Territory«.
Durante la sesión del 4 de junio del Consejo de Seguridad, el Sub Secretario General para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas imploró al Consejo de Seguridad a tomar decisiones valientes en aras de gestionar la llegada de la ayuda humanitaria que Israel bloquea y concluyó indicando (véase texto de su intervención):
«No one should have to risk their life to feed their children. As I have repeatedly stressed, we must be allowed to do our jobs: We have the teams, the plan, the supplies and the experience. Open the crossings – all of them. Let in lifesaving aid at scale, from all directions. Lift the restrictions on what and how much aid we can bring in. Ensure our convoys aren’t held up by delays and denials. Release the hostages. Implement the ceasefire.We value the support of more and more Member States who are joining our call: Let us work».
– Tramitación de casos contra Israel ante la justicia internacional y ante la justicia nacional
Este 9 de junio, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó por infundada la enésima solicitud de Israel para intentar dejar sin efecto las órdenes de arresto contra su actual primer Ministro y su ex Minsitro de Defensa (véase texto, en particular conclusiones a párrafos 46-49); al tiempo que Australia, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido anunciaron este 10 de junio sanciones contra dos ministros del actual gabinete que gobierna en Israel (véase comunicado oficial del Reino Unido y artículo publicado en el TimesofIsrael). Cabe precisar que la CPI no juzga a Estados, sino que busca enjuiciar a personas a título individual, desde el punto de vista penal, por ordenar, instigar o cometer actos particularmente graves debidamente tipificados desde 1998 en el Estatuto de Roma (véase texto) como lo son: el crimen de genocidio (artículo 6), los crímenes de lesa humanidad (artículo 7) y los crímenes de guerra (artículo 8). La lectura detallada de este último artículo se recomienda, más particularmente de cara a las dramáticas imágenes que provienen de Gaza pero también de Cisjordania, desde más de un año y medio. En este enlace oficial nuestros estimables lectores podrán revisar el detalle de los 125 Estados Partes al Estatuto de Roma.
Otra jurisdicción internacional también situada en La Haya, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la cual juzga a Estados y no a indidivudos, realizó entre el 28 de abril y el 2 de mayo pasado las audiencias públicas en La Haya, en el marco esta vez del procedimiento consultivo sobre las obligaciones que tiene Israel en Gaza que derivan de su calidad de Estado Miembro de Naciones Unidas (Nota 1): unos 40 Estados y otras tres organizaciones internacionales hicieron ver a los 15 integrantes de la CIJ la importancia que revisten las reglas jurídicas que obligan a todo Estado Miembro de Naciones Unidas y detallaron ante la máxima instancia jurisdiccional la lista de obligaciones jurídicas que Israel ha violado. Por parte de América Latina, participaron por orden de aparición ante los jueces de la CIJ (véase programa): Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, México y Panamá.
Recientemente, la justicia peruana fue activada en busca de un soldado israelí que se encuentra en el territorio peruano (véase nota de la Fundación Hind Rajab con fecha del 23 de mayo). En enero del 2025, un soldado israelí acusado de haber cometido crímenes en Gaza logró escapar in extremis de la justicia brasileña, gracias a «gestiones» de la embajada de Israel en Brasil, que a la fecha no se han detallado mayormente (véase nota de prensa).
Para volver un momento a Costa Rica, el título de este reportaje de la televisión costarricense de marzo del 2024 plantea otro tipo de interrogantes sobre el flujo de jóvenes israelíes, que desde las paradisiacas playas costarricenses, vuelan a Israel y de ahí pasan a combatir en Gaza en cuestión de muy pocos días. Después de cometer exacciones de todo tipo en Gaza ¿volverán estos jóvenes como si nada a turistear y a disfrutar de las maravillosas playas que ofrece Costa Rica a todo visitante extranjero?
El voto en breve en el seno del Consejo de Seguridad
El detalle del voto observado el pasado 4 de junio del 2025 registró 14 votos a favor, con lo cual nuevamente, Estados Unidos confirmó su profunda soledad a la hora de referirse a Israel ante los demás integrantes de la comunidad internacional.
Desde el punto de vista político, este voto constituye un verdadero fracaso de la diplomacia de Estados Unidos, incapaz esta vez de convencer a uno de los 14 integrantes de votar en contra o bien al menos de abstenerse, como sí ocurrió en octubre del 2023 con un proyecto de resolución presentado por Brasil, vetado por Estados Unidos y objeto de dos abstenciones: Reino Unido y Rusia (Nota 2).
Con este voto del 4 de junio, Estados Unidos reafirma su alianza incondicional histórica con Israel ante los ojos del mundo, independientemente del partido del que provenga su Presidente, con consecuencias previsibles para una buena parte de la sociedad norteamericana indignada, así como para sectores que en el mundo repudian este apoyo irrestricto de Estados Unidos a Israel: esta nota publicada por el New York Times refleja parte de este profundo malestar que se vive en el seno de la sociedad norteamericana. El comunicado de Amnistía Internacional (véase texto) al momento de conocerse el veto norteamericano refleja la profunda indignación causada en diversas organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo.
Foto de la Embajadora de Estados Unidos Nikki Haley saliendo de la sala del Consejo de Seguridad en Nueva York al iniciar su alocución el representante de Palestina el 15 de mayo del 2018, durante una sesión sobre la violencia de Israel contra manifestantes participando en la Marcha del Retorno. Foto extraída de nota de prensa titulada “EE.UU. se queda solo en la ONU” (La Vanguardia, edición del 16/5/2018)
Habíamos tenido la oportunidad de señalar recientemente en una nota anterior (Nota 3) que, ante el Consejo de Seguridad, Israel dispone de una delegación norteamericana dispuesta a endosar lo que le presente:
«De paso, pone en evidencia el carácter totalmente falaz de lo que se lee en la intervención de la representante de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del pasado 13 de mayo. Su lectura (véasetexto) confirma que lo que afirma Israel, lo repite Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad: ambos Estados coïnciden en absolutamente todos los aspectos relacionados a Gaza«.
La explicación de voto brindada por Estados Unidos este 4 de junio (véase texto) confirma nuevamente que todo lo que Israel afirme, lo endosa en modo automático Estados Unidos como suyo ante el Consejo de Seguridad, sin ningún tipo de reserva.
Este reciente reportaje de la BBC (altamente recomendado debido a la calidad de las tomas y de los videos) sobre el bombardeo del hospital europeo de Gaza por parte de Israel el pasado 14 de mayo desmiente todas las afirmaciones de Israel y de sus círculos de influencia según las cuales, los militares israelíes proceden a bombardeos cumpliendo con las obligaciones que les impone el derecho internacional humanitario. Este reportaje (véase enlace) realizado en Francia por periodistas de Le Monde y otros medios europeos en este inicio del mes de junio del 2025, ofrece evidencia documentada de los ataques deliberados de Israel a comunicadores, operadores de drones y periodistas palestinos en Gaza, en abierta violación a las reglas del derecho internacional humanitario. El Committee to Protect Journalists denunció la muerte de tres comunicadores el pasado 5 de junio en Gaza (véase nota) y circuló una petición pidiendo acceso a Gaza para la prensa internacional (un acceso que prohibe Israel), reuniendo 200 firmas de medios de prensa de todo el mundo (véase texto y en el número 46, el único medio costarricense firmante de esta petición: el medio digital Delfino.cr).
Con relación a Costa Rica y al mutismo de sus máximas autoridades, este 11 de junio se informó de una petición de cientos de ciudadanos exigiendo a sus autoridades alzar la voz ante la intercepción realizada por Israel de una flotilla humanitaria (véase nota de ElMundo.cr).
El voto probable en la Asamblea General
Dado el veto de Estados Unidos, es muy probable que la Asamblea General de Naciones Unidas solicite una sesión urgente de la Asamblea General en los próximos días, durante la cual es posible que un texto muy similar sea sometido al voto de los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas: véase al respecto nota de PassBlue con fecha del 10 de junio, que cita extractos del proyecto de resolución a ser votado que circula en Naciones Unidas desde hace varios días.
A diferencia de otras votaciones, esta vez Australia, Canadá, Reino Unido y otros Estados cercanos a Israel votarán a favor del texto. Se prevé que en América Latina, únicamente Argentina y Paraguay votarán en contra, conjuntamente con Estados Unidos, Israel, Hungría y un pequeño grupo de islas del Pacífico.
A no ser que Israel y Estados Unidos logren nuevamente convencer a algunos Estados de Centroamérica, como ya se ha podido observar en algunas ocasiones pasadas (Nota 4).
Con relación a Paraguay, este 9 de de junio Paraguay informó del reforzamiento de su lazos bilaterales con Israel (véase comunicado oficial), al tiempo que La Nación de Argentina titulaba en esa misma fecha una extensa entrevista a un ex diplomático de Israel de la siguiente manera: «Si los únicos amigos que tiene Netanyahu son Orban y Milei, tiene un problema» (véase artículocuya lectura completa se recomienda).
De manera poder visualizar posibles votos en contra y abstenciones con las cuales no contarán esta vez Estados Unidos e Israel, remitimos a continuación al voto de la resolución del 27 de octubre del 2023, que recogía el texto vetado por Estados Unidos 9 días antes en el Consejo de Seguridad.
A modo de conclusión
Mientras el mundo observa horrorizado la extrema violencia que Israel le impone a la población civil de Gaza desde largos meses y mientras que se multiplican las manifestaciones oficiales de repudio al accionar de Israel desde inicios de mayo, Israel continúa sus operaciones militares diarias sobre Gaza. A la vez, mantiene el bloqueo a la ayuda humanitaria a Gaza, aventurándose a una entrega personalizada por parte de una fundación privada que ha demostrado ser incapaz ante el desafío que supone entregar ayuda humanitaria a 2,3 millones de personas hambrientas y desesperadas.
Es tal la coincidencia existente entre Israel y Estados Unidos que las actuales autoridades norteamericanas no encontraron nada mejor que adoptar sanciones contra cuatro juezas que integran a la CPI, causando el repudio generalizado de la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma (véase anuncio oficial de la diplomacia Estados Unidos, así como el comunicado del Presidente de la Asamblea de Estados Partes del 6 de junio yel comunicado oficial de la CPI como tal del 5 de junio). En febrero del 2025, se habían manifestado en defensa de la CPI y contra estas sanciones más de 80 Estados (véase texto colgado por el aparato diplomático de Países Bajos): se notará la ausencia en América Latina de Argentina, Ecuador, El Salvador, Haítí, Paraguay así como de Venezuela. No resulta de más recordar que en América Latina dos Estados (que no se citan en la precitada lista), persisten en no ser Estados Partes al Estatuto de Roma adoptado en 1998: Cuba y Nicaragua.
Como muchos otros, en este mes de junio del 2025, Francia exigió a Estados Unidos retirar inmediatamente estas insólitas sanciones (véase comunicado del 6 de junio). De igual manera se pronnció la Unión Europea / UE (véase nota del TimesofIsrael). En el caso de Perú, del cual es oriunda una de las juezas objeto de sanciones, se pudo leer este comunicado de prensa, al igual que este otro comunicado oficial emitido esta vez por Chile en defensa de la justicia penal internacional de La Haya (véase texto).
Ya en el 2020, habíamos tenido la oportunidad de analizar la sanciones tomadas por parte de Estados Unidos contra el personal de la CPI, motivadas también para proteger a Israel, sin que ello fuera explícitado por las autoridades norteamericanas (Nota 5): en aquel momento (setiembre del 2020), sí pudimos referirnos al comunicado oficial de Costa Rica en defensa de los principios y de los valores contenidos en el Estatuto de Roma. En este mes de junio del 2025, la ausencia de toda manifestación por parte de Costa Rica pareciera formar parte del mutismo absoluto al que se ve sometido su aparato diplomático con relación a Israel, observado en los últimos meses.
Notas:
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., » Gaza / Israel: un cerco de la justicia internacional que se va estrechando sobre Israel y … una Costa Rica omisa«, 9 de mayo del 2025. Texto integral disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: breves reflexiones con relación al veto de Estados Unidos al proyecto de resolución en el seno del Consejo de Seguridad presentado por Brasil«, 18 de octubre del 2023. Texto integral disponible aquí.
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: un cerco de la justicia internacional que se va estrechando sobre Israel y … una Costa Rica omisa«, 9 de mayo del 2025. Texto integral disponible aquí.
Nota 4: Con relación al proyecto de resolución de Brasil vetado por Estados Unidos el 18 de octubre del 2023, el voto en el seno de la Asamblea General del 27 de octubre del 2023 registró 120 votos a favor, 15 en contra (entre los cuales se registran los de Guatemala y Paraguay) y 45 abstenciones (entre las que figura la de Uruguay): véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito de la abrumadora mayoría con la que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución pidiendo un alto a la violencia en Gaza y el respeto al derecho internacional humanitario«, 27 de octubre del 2023. Texto integral disponible aquí.
Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Sanciones de EEUU contra la Corte Penal Internacional (CPI): algunos apuntes sobre sus verdaderas motivaciones«, 2 de setiembre del 2020. Texto disponible aquí. Una versión fue publicada en el sitio de la UCR el 24 de setiembre, en la sección Voz Experta, disponible en este enlace. Sobre las saciones dictaminadas en este mes de junio por la actual administración norteamericana, véase GALBRAITH J., «US sanctions on the International Criminal Court: the details and the pattern», Verfassungsblog, 7 d ejunio del 2025. Texto integral disponible aquí.
Documento/Material: texto del proyecto de resolución S/353/2025 vetado por Estados Unidos el 4 de junio del 2025 en el seno del Consejo de Seguridad:
Versión en español:
Argelia, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, República de Corea, Sierra Leona y Somalia:
proyecto de resolución
El Consejo de Seguridad,
Reafirmando los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,
Recordando sus resoluciones pertinentes sobre la situación en Oriente Medio, incluida la cuestión palestina,
Expresando grave preocupación por la catastrófica situación humanitaria, incluido el riesgo de hambruna mencionado en el informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases, y por los últimos acontecimientos ocurridos en la Franja de Gaza, y reafirmando que todas las partes deben cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanitarios, según proceda, y el derecho internacional humanitario,
Expresando también apoyo a las gestiones que están realizando Egipto, los Estados Unidos de América y Qatar para que las partes vuelvan inmediatamente a aplicar el acuerdo de alto el fuego en todas sus fases, indicadas en la resolución 2735 (2024), lo que permitiría lograr el fin permanente de las hostilidades, la liberación de todos los rehenes, el intercambio de prisioneros palestinos, la devolución de todos los restos mortales y la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza, así como el inicio de un gran plan plurianual de reconstrucción para Gaza,
1. Exige un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza que deberán respetar todas las partes;
2. Recuerda su exigencia de que sean liberados de forma inmediata, digna e incondicional todos los rehenes retenidos por Hamás y otros grupos;
3. Exige el levantamiento inmediato e incondicional de todas las restricciones impuestas a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y su distribución segura y sin trabas a gran escala, incluso por parte de las Naciones Unidas y los asociados humanitarios, en toda la Franja de Gaza, así como el restablecimiento de todos los servicios esenciales con arreglo al derecho internacional humanitario, los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, y sus resoluciones pertinentes;
4. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión
Versión en inglés:
Algeria, Denmark, Greece, Guyana, Pakistan, Panama, Republic of Korea, Sierra Leone, Slovenia and Somalia:
draft resolution
The Security Council,
Reaffirming the purposes and principles of the Charter of the United Nations,
Recalling the relevant resolutions of the Security Council on the situation in the Middle East, including the Palestinian question,
Expressing grave concern over the catastrophic humanitarian situation, including the risk of famine identified in the IPC report, and the latest developments in the Gaza strip, and reaffirming that all parties must comply with their obligations under international law, including international human rights law, as applicable and international humanitarian law,
Expressing also support to the efforts of Egypt, Qatar and the United States of America to immediately bring parties back to implementing the ceasefire agreement in all its phases as reflected in Security Council resolution 2735 (2024) leading to a permanent end to hostilities, the release of all hostages, the exchange of Palestinian prisoners, the return of all remains, and the full withdrawal of Israeli forces from Gaza as well as the start of a major multi-year reconstruction plan for Gaza,
1. Demands an immediate, unconditional and permanent ceasefire in Gaza respected by all parties;
2. Recalls its demand for the immediate, dignified and unconditional release of all hostages held by Hamas and other groups;
3. Demands the immediate and unconditional lifting of all restrictions on the entry of humanitarian aid into Gaza and its safe and unhindered distribution at scale, including by the UN and humanitarian partners, throughout the Gaza Strip as well as the restoration of all essential services in line with international humanitarian law, the humanitarian principles of humanity, neutrality, impartiality and independence, and the relevant resolutions of the Security Council;
4. Decides to remain actively seized of the matter
Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel, titulado «Bombing plants, severing pipelines: Israel pushes Gaza water crisis to the brink».
En medio de una convulsa pero decisiva reconfiguración geopolítica, China e Irán emergen como aliados clave en la construcción de un nuevo orden multipolar basado en la cooperación estratégica, el respeto a la soberanía y la eliminación de sanciones unilaterales. Un claro ejemplo de esta alianza se materializó el 25 de mayo de 2025 con la llegada por primera vez de un tren de carga procedente de Xi’an, en el este de China, al puerto seco de Aprin, cerca de Teherán. Este tren, cargado de paneles solares, no solo representa un impulso para la transición energética iraní, sino también un gesto simbólico de independencia frente a las rutas comerciales clásicas dominadas por potencias occidentales.
A través de una infraestructura ferroviaria que evita zonas controladas por fuerzas militares estadounidenses, o sea, fuera del alcance de la hegemonía occidental, el eje China-Irán está consolidando rutas comerciales seguras y eficientes. En un contexto donde EE.UU. amenaza con reactivar su «máxima presión» sobre Irán y detener incluso buques petroleros, la vía terrestre se presenta como un salvavidas comercial. Mientras que el transporte marítimo sufre demoras y vulnerabilidades geoestratégicas, como las tensiones en el mar Rojo (a causa del conflicto en Yemen) y el estrecho de Malaca, la ruta ferroviaria reduce a la mitad los tiempos de entrega y fortalece la autosuficiencia comercial.
Desde la firma del acuerdo de cooperación económica de 25 años por un valor de 400.000 millones de dólares en 2021, China e Irán han profundizado sus vínculos económicos. El 90% de las exportaciones iraníes hacia China están compuestas por productos energéticos y minerales, que encuentran en esta nueva red logística una garantía de continuidad frente a bloqueos. Además, Irán se consolida como un nodo esencial dentro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) china, un megaproyecto que está redibujando el mapa comercial global sin imposiciones ni condicionalidades. Con toda certeza podemos llamar esto como una alianza contra la dominación económica occidental.
Este eje terrestre impulsado por China, que conecta con Irán, los Estados del Golfo, África y finalmente Europa, no solo compite con el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC), promovido por EE.UU. e Israel: encarna la fractura geopolítica del siglo XXI. La rivalidad trasciende lo económico; es una disputa entre paradigmas. Por un lado, Pekín vende un modelo de cooperación sin condiciones, basado en infraestructuras, no injerencia y retórica de ganancias compartidas.
Por otro, Washington y sus aliados imponen una arquitectura de bloques, sanciones selectivas y controles financieros que buscan perpetuar una hegemonía cada vez más débil. Esta guerra de corredores comerciales es parte también de la lucha por la consolidación de un orden multipolar. Hoy esta se libra no sólo en el campo de batalla, como lo hemos presenciado en Ucrania, sino también en lo cultural, económico y tecnológico; en puertos, ferrocarriles, acuerdos de divisas, innovación tecnológica y nuevas rutas comerciales. China está ganando terreno mientras Occidente insiste en un “libre mercado” que solo aplica para sus aliados.
La reciente reunión en Teherán de representantes ferroviarios de China, Irán, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Turquía evidencia una voluntad compartida de fortalecer la conectividad comercial a través de tarifas competitivas y estándares comunes en el marco del estricto respeto a la soberanía, así como del modelo de vida propio de cada pueblo. El corredor Este-Oeste y el plan del Corredor Norte-Sur posicionan a Irán como un actor clave en la logística euroasiática de ese nuevo orden que emerge.
El tren China-Irán no es simplemente un medio de transporte más como para que pase desapercibido por estudiosos, empresarios y políticos. Es un vehículo estratégico y una gran señal de hacia dónde se dirigen las cosas, es un símbolo de una alternativa viable al orden global unipolar impuesto por potencias occidentales. Es la prueba tangible de que es posible construir redes comerciales sustentadas en la cooperación, la igualdad y el desarrollo compartido, como lo afirma China. La guerra de corredores no se libra solo en los mapas, sino en la definición del futuro del comercio global: uno donde muchos participen, y ninguno imponga.
Aunque los acuerdos del TLC y demás normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), son desdeñados por Donald Trump, ahora el gobierno estadounidense nos dice lo siguiente: «¡Para que les anulemos el arancel del 10%, a los productos que ustedes exportan hacia EE.UU. (que el Chaves pensó no se ejecutaría, a cambio del campo de concentración de migrantes en suelo costarricense), tienen que aceptar lo siguiente!». Pero eso sí, ¡sin chistar!
1°. Que tanto el ICE como el INS, no pueden gozar de ninguna ventaja, como instituciones estatales sin fines de lucro, cuando se trata de licitaciones en telecomunicaciones, tecnologías de la información y seguros, en que participen empresas gringas, que sí lucran, por lo que sus ofertas, necesariamente son más altas, aunque gocen de «trato nacional».
2° Que, pese a que los paperos ticos la están pasando muy mal, por los altos costos de producción, Washington exige que se le ponga una alfombra roja, al ingreso de papas estadounidenses, que, piensan, no pueden faltar acompañando sus hamburguesas.
3° Que, igualmente, los huevos, mariscos, y la leche y sus derivados, sean recibidos con música de fanfarria.
4° Que se establezcan, permisos fitosanitarios de importación, más ágiles (léase laxos), para sus productos vegetales.
5° Que, quizá, como hay muchos estadounidenses radicados en suelo tico, a los que les gusta, uno que otro whiskyto, que no se cobre impuesto a licores gringos con más del 30 % de alcohol.
6° Y, que Costa Rica, impida el uso de software sin licencia, y detenga la piratería en línea.
A propósito de las negociaciones que EE.UU. quiere concluir el mes entrante, los eventualmente afectados, le piden al Ministerio de Comercio Exterior, que, considere que Costa Rica, tiene particularidades relevantes, que les restan competitividad, tales como el alto costo de la electricidad, el alto valor artificial del colón con respecto al dólar, las fundamentales cargas sociales, la deficiente infraestructura vial y portuaria, y la ausencia de mecanismos modernos de contratación, que les ponen en una condición de desventaja, frente a productores subvencionados.
Habrá pues, que esperar para saber si fueron capaces de hacer una buena negociación, patriótica, digna, y cuáles serán las consecuencias de la misma.
A pesar de las protestas globales y los llamados a cesar la masacre contra el pueblo palestino, Israel continúa sus ataques con total impunidad, respaldado por la complicidad de Estados Unidos.
El silencio cómplice de la ONU y el Parlamento Europeo es alarmante. La violencia escaló hasta niveles catastróficos, arrastrando al mundo hacia lo que el Papa Francisco advirtió: «Una Tercera Guerra Mundial a cuentagotas». Millones de refugiados sufren los embates de la guerra, el hambre y la desesperación, mientras la comunidad internacional mira impasible. El hambre es otra forma de guerra: silenciosa, pero igualmente letal.
Incluso dentro de Israel, sectores del pueblo judío alzan su voz contra la barbarie, gritando: «¡NO EN NUESTRO NOMBRE!». Exigiendo que se ponga fin al genocidio.
La Corte Penal Internacional ya acusó al primer ministro Benjamín Netanyahu de crímenes de guerra y genocidio. Sin embargo, él sigue bombardeando Gaza, intentando exterminar y desplazar al pueblo palestino para apoderarse de su tierra.
La comunidad internacional debe actuar ya:
1.- Exigir el cese inmediato de la guerra.
2.- Promover el diálogo como único camino hacia una paz justa.
3.- Reconstruir Gaza y garantizar dos Estados libres y soberanos.
El genocida Netanyahu debe ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Sus crímenes no pueden quedar sin castigo.
La ONU no puede seguir paralizada por el veto de EE.UU. Es urgente convocar a la Asamblea General para frenar la escalada bélica global y poner fin a la guerra. Su responsabilidad es buscar los caminos de la Paz y el derecho de los pueblos a su autodeterminación y soberanía.
La Defensoría de los Habitantes, en el marco de su labor de vigilancia y defensa de los derechos fundamentales de la población, solicitó al Ministerio de Educación Pública (MEP) un reporte sobre las acciones adoptadas para garantizar el derecho a la educación a las personas menores de edad ubicadas en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) Sur, quienes se encuentran en el grupo de personas deportadas desde Estados Unidos.
La petición se realiza luego que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) informara a esta Defensoría que “ha mantenido acercamientos con el MEP a fin de trasladar el tema”.
La Defensoría planteó dicha gestión ante el MEP para que informe la articulación entre ambas instituciones en este caso y rendir cuentas de la colaboración o procesos de coordinación que se mantengan con las autoridades migratorias, las organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones, con el fin de garantizar el derecho a la educación de la población menor de edad ubicada en el CATEM Sur. Para la Defensoría es importante dar seguimiento al tipo de intervención del MEP para abordar el tema educativo de los niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta sus particularidades, como son el idioma, costumbres, nivel de conocimientos y grado de escolaridad.
También, deberá detallar qué información ha facilitado a las familias sobre los servicios educativos disponibles y si están impartiendo lecciones, en qué consisten las mismas, quién las imparte; qué otras actividades se ofrecen a este grupo de niños/as en cuanto a programas de tutorías, refuerzos escolares, apoyos lingüísticos, programas que promuevan el respeto a la diversidad cultural, entre otros. Asimismo, deberá informar si el MEP cuenta con algún protocolo o programa específico al respecto.
Esta labor forma parte de todo un proceso de observación, inspección y seguimiento a la situación de deportación de estas personas, quienes ingresaron al país a partir del 20 de febrero anterior. En el último reporte entregado por la Defensoría la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, el pasado 09 de mayo 2025, se reporta que, de la última visita al CATEM, estaban presentes un total 26 personas menores de edad.
La Dirección Regional de Educación Coto, del Ministerio de Educación Pública (MEP), en Ciudad Neily, solicito a esta Defensoría ampliar el plazo para poder ofrecer la respuesta solicitada debido a que están en un proceso de visitas colegiadas a los centros educativos de la región y otras actividades relacionadas al Consejo de Participación Comunal.
En la década de los ochenta, en plena Guerra Fría y ante la sombra de una posible aniquilación nuclear, el benemérito de la patria costarricense, Manuel Mora Valverde, planteó en un simposio en Alemania una tesis audaz: la negociación debía entenderse como una fase superior de la lucha de clases. Su afirmación, lejos de ser una claudicación ideológica como algunos pensaron, era una lectura estratégica y profundamente dialéctica del momento histórico. Pero muchos no lo entendieron. Encerrados en los dogmatismos de la Guerra Fría, acusaron a Mora de traicionar principios, como si hablar con el enemigo fuera rendirse a él. Una lógica absurda. Tan absurda como suponer que la negociación de la crisis de los misiles de 1962 volvió comunista a Estados Unidos o capitalista a la Unión Soviética.
Hoy, en el siglo XXI, donde aquellos esquemas binarios han perdido toda utilidad política real, la experiencia china ha venido a reivindicar esa tesis de manera práctica y contundente, dando la razón al benemérito de la Patria. No desde la teoría, sino desde la acción concreta. Con una visión estratégica y sin renunciar a su proyecto de una civilización socialista con características propias, China ha hecho de la negociación una herramienta de afirmación nacional y de proyección global.
Las recientes conversaciones sostenidas en Suiza entre el viceprimer ministro chino He Lifeng, el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent y el representante de Comercio Jamieson, para enfrentar la guerra de aranceles desatada unilateralmente por la administración Trump, son un ejemplo elocuente de cómo se negocia sin claudicar. China no se sentó a la mesa desde la sumisión, sino desde una posición de fuerza estratégica, consciente de su peso económico global y de su rol como actor central en la estabilidad mundial.
El resultado habla por sí solo: una tregua de 90 días en la guerra comercial y una significativa reducción mutua de aranceles; Washington bajará sus tarifas del 145% al 30%, y Pekín del 125% al 10%. No se trata de concesiones graciosas, sino de logros concretos producto de una diplomacia realista, que entiende que en la lucha de clases global la negociación no es traición, sino táctica revolucionaria cuando se hace desde la soberanía y con claridad estratégica.
Esta lección no nace de la ingenuidad, sino de una lectura lúcida de las correlaciones de fuerza, del sentido del momento histórico y del valor de preservar condiciones de desarrollo frente a la hostilidad imperial. China, como lo advirtió Manuel Mora en su momento, demuestra que, en ciertos contextos, negociar es también una forma superior de luchar.
En un mundo en crisis múltiple (económica, política, ecológica y espiritual), la vieja lucha de clases no ha desaparecido, simplemente ha mutado de formas y escenarios. Hoy no solo las minorías son vulnerables; también lo son las grandes mayorías. La clase trabajadora, las comunidades rurales, los sectores populares urbanos, clases medias, etc., todos enfrentan nuevas formas de exclusión, precarización y desarraigo. Y mientras los pueblos son empujados a pelear entre sí, mayorías contra minorías, pobres contra pobres, las élites económicas y culturales celebran su victoria: nos mantienen divididos, confundidos, y sin dirección. En esa fragmentación inducida se produce su mayor victoria: la neutralización política efectiva de cualquier oposición que amenace el orden establecido.
Por eso la tesis de Manuel Mora cobra renovada vigencia. Porque entender la negociación como fase superior de la lucha de clases no implica renunciar a los principios, sino releerlos en clave estratégica, adaptarlos a nuevas condiciones sin diluir su contenido emancipador. Los principios permanecen, lo que cambia es el terreno donde se libra la batalla. Solo un pensamiento político maduro puede entender esto. Solo una izquierda o social democracia libre de dogmas puede asumir esta tarea sin culpa.
China, sin hacer ruido ideológico, ha mostrado que es posible. No se ha rendido ante el capitalismo global, pero ha sabido utilizar sus grietas para avanzar usando sus mismas reglas. Ha negociado, sí, pero no para someterse, sino para fortalecer su soberanía, su economía y su modelo. El resultado: millones de personas sacadas de la pobreza, infraestructuras transformadas, y un proyecto de nación que combina tradición, modernidad y futuro.
Esa es la lección: negociar no es rendirse. Negociar con visión, con estrategia y con firmeza, es también luchar en una forma superior. Es prolongar la lucha de clases por otros medios cuando las condiciones lo exigen. Es evitar el sectarismo inútil que solo sirve al enemigo. Es resistir con inteligencia y construir con realismo. Es, como decía Mora, elevar la lucha a un plano más complejo y eficaz, sin perder el horizonte de justicia social, la paz y la dignidad humana.
Es increíble que un país como Estados Unidos de Norteamérica esté persiguiendo y deportando a los inmigrantes, cuando la realidad es que en EEUU conviven una gran cantidad de ellos y ellas, además de que es un país que fue formado por migrantes.
Ante la cruzada de Donald Trump contra los migrantes, recordemos que en EEUU y reiterando, coexisten una gran cantidad de inmigrantes, los cuales son de múltiples naciones del orbe.
La variedad de nacionalidades está representada, al menos, por México (por ejemplo, con el 23% de los inmigrantes nacidos en México en 2022), India, China, Filipinas (estos países también tienen una presencia significativa, representando el 6%, 5% y 4% de los inmigrantes, respectivamente), El Salvador, Guatemala, Corea del Sur, Vietnam, Cuba y República Dominicana (también tienen una población inmigrante considerable en EE. UU.).
Países sudamericanos como Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú también aportan un número importante de inmigrantes a Estados Unidos. En general, la inmigración a EEUU proviene de diversos países alrededor del mundo, reflejando la diversidad cultural e histórica del país norteamericano.
Según el último estudio del Centro de Investigación Pew (el Pew Research Center), es un grupo de expertos estadounidenses no partidista con sede en Washington, DC, que proporciona información sobre temas sociales, opinión pública y tendencias demográficas que dan forma a los Estados Unidos y al mundo. Destaca que más de 46 millones de inmigrantes viven en Estados Unidos, una cifra récord, y además señala que, hasta 2022-2023, el 77% de los migrantes estaban en el país de manera legal.
El 49% eran ciudadanos estadounidenses naturalizados (tenían la nacionalidad), el 24% eran residentes permanentes legales (LPR) y el 4% eran residentes temporales legales. El resto, el 23%, residía irregularmente en el país. Son 11 millones de personas.
Los datos anteriores son hasta el 2022-2023, por lo que es posible que hayan aumentado, es decir, se desconoce cuánto, ya que algunos abandonan el país, otros mueren y otros se regularizan.
Ahora, según el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EEUU, USCIS, en 2024 se les otorgó la nacionalidad estadounidense a 815.500 personas, lo que supone un 7% menos que en 2023.
México es el país líder con el 31,1% de las nacionalizaciones, seguido de India con el 6,1%, Filipinas con el 5%, República Dominicana con el 4,9% y Vietnam con el 4,1%.
Estas personas nacionalizadas residen en los estados de California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Washington, Pensilvania, Massachusetts y Virginia.
Por ejemplo, las Estadísticas de Naturalización del Año Fiscal 2024 en EEUU: en Massachusetts 23,600, Washington 23,500, todos los demás 238,700; total, 818,500.
Ya es conocido, por otro lado, que, aunque Trump afirma querer deportar a hasta 11 millones de inmigrantes, los análisis publicados por The New York Times y The Washington Post indican que podría ser difícil expulsar a muchos de ellos bajo la legislación estadounidense vigente. El único grupo fácil de expulsar (son aquellos con antecedentes penales) es relativamente pequeño, con unas 650.000 personas.
En fin, la mayoría de los inmigrantes, ya sea que se encuentren legal o ilegalmente en EEUU, han vivido en el país durante muchos años. Casi la mitad de las personas nacidas en el extranjero han vivido en el país durante dos décadas o más, y más de dos tercios han vivido en el país durante al menos 10 años. Solo el 20% llegó en los últimos cinco años.
Esto significa que muchas de las personas que probablemente serán objeto de deportación en los próximos meses son miembros establecidos y de larga data de la sociedad estadounidense.
En resumen, en EEUU, la población inmigrante podría superar los 13 millones de personas en 2025, según estimaciones de organizaciones como Migration Policy Institute y Pew Research Center. Además, hay al menos 11 millones de personas inmigrantes indocumentadas en el país. Se espera que las deportaciones se mantengan en niveles similares a los de 2024, con la mayoría de los vuelos dirigidos a América Latina.
Población inmigrante: Se estima que la población inmigrante en Estados Unidos podría superar los 13 millones de personas para el año 2025.
Inmigrantes indocumentados: Hay al menos 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país.
Deportaciones: Las deportaciones se mantienen similares a las de 2024, con el 90% de los vuelos dirigidos a América Latina.
Impacto de la política: El enfoque del gobierno en deportaciones y las nuevas leyes pueden afectar significativamente a la comunidad inmigrante.
Origen de los inmigrantes: La mayoría de los inmigrantes en Estados Unidos provienen de México, India y China.
Nuevas leyes y reglas: Se implementarán nuevas leyes y reglas migratorias, como la que requiere el registro de ciudadanos extranjeros que permanezcan en el país por más de 30 días.
Es decir, a partir del 11 de abril de 2025, todo ciudadano extranjero mayor de 14 años que permanezca en Estados Unidos por más de 30 días deberá registrarse ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés).
Además, en 2025 ha traído importantes noticias en el ámbito migratorio, especialmente para quienes buscan trabajar temporalmente en EEUU. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se ha aprobado un aumento temporal en la cantidad de visas H-2B para trabajadores no agrícolas.
En fin, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se han implementado nuevas medidas destinadas a fortalecer los procesos migratorios y agilizar solicitudes pendientes hasta el 2025. A continuación, le presentamos algunos de los aspectos más destacados:
Extensión de programas temporales: El gobierno ha ampliado programas como el TPS (Estatus de Protección Temporal) para países como Honduras, El Salvador y Haití. Esta medida permite que miles de personas puedan vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras las condiciones en sus países de origen mejoran.
Nuevas prioridades en deportaciones: La administración actual ha decidido enfocar los esfuerzos de deportación en individuos con antecedentes penales graves. Por otro lado, se están reduciendo las deportaciones de personas que no representan un riesgo para la seguridad pública, marcando un cambio positivo para muchas familias en situación irregular.
Actualización del sistema de visas: El Departamento de Estado ha comenzado a digitalizar más procesos relacionados con visas de trabajo y reunificación familiar. Esta modernización tiene como objetivo reducir los tiempos de espera, facilitando el acceso a beneficios migratorios de manera más eficiente.
No obstante, estos datos pueden variar de acuerdo a las políticas migratorias de Donald Trump, ya que, como hemos visto, hoy dice una cosa y mañana otra.
