Observatorio Económico y Social llama la atención sobre la necesidad de evitar centrar la discusión en medidas de corto alcance y la urgencia de tomar en cuenta el impacto sobre los sectores más vulnerables
UNA Comunica. El Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) ha venido advirtiendo sobre un deterioro en la recaudación tributaria desde el 2023.
En el informe Análisis de la Coyuntura Fiscal 2024 se señalaba una reducción de los ingresos tributarios durante ese año, situación que ya se había presentado en 2023. Esta tendencia continuó en 2025 y se ha intensificado durante los primeros meses de este año, tal como lo había anticipado el propio Ministerio de Hacienda en las proyecciones incorporadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
La disminución de los ingresos tributarios se ha observado en diversos rubros y no responde a un único factor. Entre las principales causas destacan el menor dinamismo de las empresas del régimen definitivo, la reducción de los ingresos de algunas empresas que facturan en moneda extranjera, el congelamiento salarial en el sector público, el efecto de la apreciación del colón sobre el valor declarado de los bienes importados, la modificación de los valores declarados en la importación de vehículos y diversas decisiones adoptadas por la anterior Asamblea Legislativa, entre ellas, la reducción del impuesto a la propiedad de vehículos, la disminución del impuesto sobre la renta para personas físicas con actividad lucrativa y la limitación de algunas potestades de control de la Administración Tributaria.
Sobre este punto, en el informe Análisis de Coyuntura Fiscal 2024 se advertía que “el Observatorio reitera el llamado a evitar un debilitamiento adicional del sistema tributario, con más reducciones de impuestos o incorporaciones de nuevas exoneraciones, tal y como se ha estado haciendo en los últimos dos años con la reducción del impuesto a la propiedad de vehículos, la pérdida de potestades de la administración tributaria en el cobro del impuesto sobre la renta, la reducción del impuesto a personas físicas con actividad lucrativa (personas con actividades propias) o las reformas recientemente anunciadas en el Selectivo de Consumo, pues el deterioro de los ingresos públicos afectará la posición fiscal del país y complicará la asignación de recursos adicionales a las más apremiantes necesidades de la población”.
Hoy, esta advertencia parece estarse confirmando, pues el deterioro de las finanzas públicas se ha vuelto cada vez más evidente.
Por esta razón, el OES-UNA considera positivo que haya una discusión sobre una eventual reforma tributaria, dada la necesidad de corregir problemas que se han venido acumulando en el sistema tributario costarricense durante décadas. La reforma fiscal aprobada en 2018 tuvo un alcance limitado y no fue concebida como una transformación estructural del sistema, sino como una respuesta inmediata a la necesidad de generar recursos adicionales para enfrentar la situación fiscal del momento.
En ese contexto, era necesario mantener abierta la discusión sobre reformas de carácter estructural que permanecieron pendientes, particularmente en materia del impuesto sobre la renta, así como sobre eventuales ajustes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), incluida la discusión acerca de su tasa impositiva. Sin embargo, la irrupción de la pandemia por Covid-19 desplazó estas prioridades e impidió la continuidad de una agenda de reformas tributarias de mayor alcance.
El país mantiene pendiente una agenda de reformas tributarias de gran relevancia. Entre ellas destacan:
– La revisión integral de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en esencia continúa siendo la aprobada en 1988 con las modificaciones incorporadas a lo largo del tiempo.
– La reducción de los niveles de incumplimiento tributario por parte de las personas jurídicas.
– El fortalecimiento de la recaudación proveniente de las personas físicas, ámbito en el que Costa Rica se encuentra rezagada respecto al promedio de los países de la OCDE.
– La introducción de mecanismos de control que eviten el uso de Sinpe Móvil como instrumento para la evasión del IVA.
– La racionalización de determinadas exoneraciones.
– La revisión de los beneficios tributarios otorgados a empresas acogidas a regímenes especiales.
– La definición de estrategias para enfrentar la erosión futura de la recaudación proveniente de los impuestos a los combustibles.
Asimismo, resulta necesario retomar medidas orientadas a fortalecer las capacidades de control y fiscalización de la Administración Tributaria, así como valorar la incorporación de tributos que, además de generar ingresos, contribuyan al cumplimiento de objetivos ambientales.
Por estas razones, el OES-UNA hace un llamado a promover una discusión amplia e integral sobre la reforma tributaria que requiere el país, evitando limitarla a ajustes puntuales destinados únicamente a resolver necesidades de financiamiento de corto plazo. El objetivo debe ser avanzar hacia un sistema tributario más robusto, equitativo y sostenible, capaz de fortalecer las capacidades de la Administración Tributaria y garantizar la disponibilidad de recursos para atender las prioridades nacionales en el largo plazo.
Además, las reformas que eventualmente se adopten deben proporcionar al gobierno central los recursos necesarios para responder a necesidades ineludibles de la población, como por ejemplo: el fortalecimiento del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cuya sostenibilidad requerirá recursos que exceden los obtenibles mediante una eventual capitalización derivada de la privatización de un banco público, el pago de la deuda del Estado con la CCSS.
Asimismo, debe considerar además el fortalecimiento del financiamiento de la educación pública, el incremento de los recursos destinados a la seguridad ciudadana, el resarcimiento de los montos no transferidos al Poder Judicial en años anteriores, el fortalecimiento de los programas sociales y la atención de necesidades operativas del gobierno central, incluidas aquellas asociadas a la puesta en funcionamiento del nuevo centro penal actualmente en construcción.
La reforma tributaria que eventualmente se proponga debe considerar de manera explícita sus efectos sobre la población en condición de vulnerabilidad económica, incorporando mecanismos que permitan compensar o minimizar posibles impactos adversos. Hasta el momento, sin embargo, este aspecto no ha sido señalado como una condición fundamental dentro de la discusión pública sobre la reforma.
Por ejemplo, la eventual aplicación de la tarifa general del 13% del IVA a los bienes que actualmente integran la canasta básica tributaria, podría generar un aumento significativo en la recaudación de este impuesto, al ampliar la base gravable y gravar una mayor proporción del consumo realizado por los hogares de mayores ingresos. No obstante, una medida de esta naturaleza incrementaría la carga tributaria sobre los hogares de menores recursos, los cuales destinan una mayor proporción de sus ingresos al consumo de bienes esenciales.
Por esta razón, cualquier modificación en esta dirección debería acompañarse de mecanismos de compensación adecuados. A partir de experiencias implementadas en otros países de la región y de propuestas que han sido discutidas con anterioridad en Costa Rica, resulta pertinente valorar la devolución del IVA pagado por los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad económica. Este mecanismo, conocido en el ámbito internacional como “IVA personalizado”, permitiría mitigar los efectos regresivos del impuesto y fortalecer la progresividad del sistema tributario, al tiempo que se preservan los objetivos de recaudación fiscal.
Observatorio Económico y Social Escuela de Economía, UNA
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Chaves y Nogui dijeron hace meses que el «decretazo» a favor de los importadores de lujosos autos, había sido «sin querer queriendo». Que Hacienda revisaría caso por caso, para recuperar los montos evadidos a la hora de importarlos. Tarea que obviamente no hicieron, y que ahora se hace más grande, al sumar la evasión que se evidencia con el pago de los marchamos, para los mismos autos que ingresaron bajo la corrupta sombrilla de Zapote. ¡La fiesta es todo un carnaval pornográfico!
Para no afectar a los amigotes de Chaves amantes de los lujosos autos, Nogui no movió un dedo mientras era ministro. Se limitó a decir, que los importadores eran unos mentirosos, al meter facturas de compra falsas. Que como era un delito, Hacienda se encargaría ¡Ya!, de empezar a cobrarle a esos «mentirosos» el impuesto que evadieron, y que se harían los ajustes legales para cerrar el portón. Mientras, por otro lado, Chaves seguramente le advertía «dejar las cosas como están». Los hechos lo demuestran.
Entre los impuestos por importación de autos y a la propiedad (dinero de todos los costarricenses que recaudaría Hacienda), nos robaron ¢32.000 millones, hasta agosto pasado, pese a que ingresaron más carros. Ello, gracias a la «contribución» que generosamente les hicieron Chaves y Nogui Acosta, al establecer que, a partir de octubre del año pasado, ya esos impuestos no se determinarían a partir de los «precios mínimos de mercado», y sí a partir de lo supuestamente pagado por el vehículo en algún país extranjero.
Algunos importadores de lujosos vehículos, están librándose de pagar entre ¢7 Y ¢15 millones (quizá más), por concepto de marchamo, por cada uno. O sea, por unos 500 carros estarían dejando de pagar ~¢5.000 millones. Mientras, por otro lado, los otros, los que no podemos ni entrar al condominio de mansiones en que vive el presidente, pagamos por nuestros carros, cifras injustas, muy superiores a las que se le cobran a los amigotes premiados por Zapote.
Porque es dinero que es vital para la atención de obligaciones del Estado, incluyendo la disminuida asistencia social, esperamos que los recursos de amparo que se están preparando contra el decretazo de Chaves y Nogui, en defensa de los intereses difusos, se presenten cuanto antes… aunque ello le complique la vida a los que esperan por los autos que estarían por llegar al país.
Esta nota se elabora a partir de una producción institucional basada en el informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la Municipalidad de Talamanca.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió el informe de auditoría DFOE-LOC-IAD-00007-2025, donde se analizan las debilidades en la gestión del otorgamiento de licencias de construcción y el ordenamiento territorial en la zona urbana del cantón de Talamanca.
El informe revela graves deficiencias en los procesos municipales, que comprometen el desarrollo ordenado, la protección del patrimonio natural del Estado, la calidad de las construcciones y la seguridad jurídica de la población.
Falta de planificación territorial
Talamanca no cuenta con un Plan Regulador ni con acciones claras que orienten el crecimiento urbano de forma equilibrada con la protección ambiental. Esta omisión favorece el desorden y la ocupación irregular del suelo.
Permisos sin verificación de requisitos legales
La Municipalidad autorizó licencias de construcción sin comprobar aspectos legales esenciales como:
Certificado de uso de suelo.
Disponibilidad de agua potable.
Plano catastrado visado por la Municipalidad.
Plano constructivo sellado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
Supervisión deficiente y evasión tributaria
No existe un control sistemático ni oportuno de las obras autorizadas. Esta falta de fiscalización ha permitido la proliferación de construcciones ilegales y ha generado evasión de impuestos.
Datos del informe
1 426 permisos de construcción se otorgaron sin contar con Plan Regulador.
405 permisos fueron tramitados posterior a clausuras de obras iniciadas sin autorización.
En el año 2024 se construyeron 27 obras sin permiso ni planos, con una pérdida fiscal estimada en ₡11,4 millones por concepto de impuestos no percibidos.
Decía la presidenta de México Claudia Sheinbaum que “lo que no se nombra, no existe”. Y, efectivamente, una manía de la ideología oficial es ocultar, invisibilizar, porque de esa manera los problemas que no se mencionan salen de la agenda social. Muchos de los mensajes políticos, documentos de índole social, prospectos de programas de unidad popular y otros, no son deficientes por lo que dicen, o solo por lo que dicen. Su mayor deficiencia es lo que no dicen, lo que pretenden mantener en el olvido.
De la pobreza se habla porque sencillamente no se puede dejar de hablar, pero se le trata de manera general y semiescondida, envuelta en un tumulto de otros temas que le atañen solo de lejos. El gran tema de la pobreza, que consiste en la mala distribución de la riqueza, en el acaparamiento del tesoro por parte de unos pocos y el reparto de las migajas para el resto, ese tema nunca se menciona.
Y este, y no otro, es el tema esencial, la piedra nodal, de nuestra sociedad. Si en algo queremos cambiar este país, hay que comenzar por allí. Una mejor distribución de la riqueza es la puerta que abre el camino a la solución de todos los demás problemas.
¿Cómo acometer esa tarea de distribuir la riqueza? No creo que a eso se pueda responder en una frase, pero podríamos mencionar varias. La primera es que hay que elevar los salarios, en especial los de la empresa privada, que son los que se han quedado más rezagados. Debe instaurarse un sistema de salarios crecientes, ajustables no a la inflación sino al aumento de la productividad y la producción, al incremento del producto interno bruto. Segundo, hay que dotar al trabajador de herramientas eficientes para la defensa de sus derechos, en particular de sus sueldos. Lo principal en esto es la protección y el fomento de los sindicatos y otras asociaciones de trabajadores, así como la tutela de sus derechos a negociación colectiva y a huelga.
Parte de estos salarios individuales son las prestaciones sociales y, muy especialmente, las pensiones. Hay que defender el derecho a la pensión, que incluye una reducción y no un aumento, de la edad de retiro y, al mismo tiempo, un aumento y no una reducción de los beneficios. La derecha nos ha atosigado con la vergüenza de las pensiones de lujo, pero nada dice de la vergüenza de las pensiones miserables con las que tiene que hacer frente un enorme porcentaje de la población de tercera edad. Hay que acabar con esas pensiones vergonzosas, vergonzosas por bajas, y darle a nuestra población el derecho a una ancianidad digna. Pero ninguna de estas cosas debe hacerse a costa de los mismos trabajadores.
En una época en que la estructura etaria de la sociedad ha cambiado tanto, ya no puede seguir rigiendo el principio de que sean los trabajadores activos los que sostengan los beneficios de los pensionados. Por el contrario, esa tarea debe ser de toda la sociedad, es decir, del estado, del fisco, que debe ser financiado por impuestos cada vez más progresivos.
Yo no creo correcto que volvamos a insistir en dedicar un porcentaje IVA a esta tarea. Tampoco, que se le pongan impuestos (es decir, tomarle parte de sus ganancias) a las empresas estatales. Eso es recurrir una vez a la vieja manía de repartir los impuestos indirectos, en pasarle el fardo a los trabajadores. Así, por ejemplo, una norma para que el ICE entregue parte de sus utilidades al régimen pensiones redundará, más tarde o más temprano, en un alza de las tarifas de los hogares.
Este último tema es la otra gran clave para redistribuir la riqueza: urge una reforma fiscal profunda, que cobre impuestos a los grandes capitales y libere a los pobres del pago de impuestos. Al mismo tiempo, deben acabarse la evasión y elusión fiscales, de los que todos saben y acerca de lo que también se habla cada vez menos. Ambas cosas todos las sabemos, solo que ahora parece que hemos entrado en una época de pánico donde el asunto no puede siquiera mencionarse. Tememos molestar al capital, que sueña con vivir feliz y en paz, amasando sus millones día con día. Sobre todo, creo que nos da miedo a que nos tilden de extremistas o de comunistas, lo cual no sería del todo descabellado.
Una cuestión fundamental que debe ocupar lugar relevante en una agenda de reforma social es revertir las leyes del gobierno de Alvarado y sus aliados, las cuales empobrecieron a los trabajadores y mantienen sometida a la parálisis la función pública. El llamado plan fiscal queda incluido en lo que ya dije, pero hay que repetir que esa ley ultrarregresiva les restó enorme poder adquisitivo a las clases trabajadoras, además de que complicó enormemente la administración tributaria. Lo mismo puede decirse de la norma fiscal, acerca de la cual no hace falta evaluar nada: todos sabemos que ha hecho un enorme daño a las instituciones del estado y ha hecho retroceder décadas la labor social del estado. Hay que mandar al cajón del olvido la ley de empleo público, y proceder a una reforma verdadera, profunda y, sobre todo, humana, del empleo público y del aparato estatal. Por supuesto, queda dicho, hay que devolverles a los trabajadores su derecho a organizarse y a manifestarse. Hay que descriminalizar la protesta social.
Un programa de acción social y política constaría de muchos puntos más, porque la sociedad es un ente muy complejo y porque los problemas no se han atacado desde hace tiempo, haciendo que la sociedad se deteriore en muchos campos. Pero esta línea central de reforma económica, de distribución de la riqueza y fiscal, la única ruta que puede abrir camino a las otras reformas, al rescate de la Costa Rica solidaria y a un futuro de justicia y progreso.
Reforma deberá ser progresiva y sostenible, sostiene la Defensoría
Todos los sectores deberán aportar elementos técnicos con visión país
La Costa Rica de hoy, en materia de políticas sociales, se ha visto robustecida por la posición visionaria de diferentes estadistas que han comprendido que el desarrollo del país se sustentaba en la inversión pública de servicios fundamentales como educación, salud, cultura, vivienda, seguridad, luz, agua, telefonía, internet, entre otros; regidos por principios tales como oportunidad, inclusividad, igualdad, solidaridad, accesibilidad, equidad y desarrollo social.
Este enfoque, sustentado en un Estado Social de Derecho, pone de manifiesto que la inversión social es la base de un alto desempeño de desarrollo humano y social sustentado en indicadores. Lo anterior ha derivado que Costa Rica históricamente sea una nación vanguardista en la realización de temas vinculados a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La Defensoría de los Habitantes, a lo largo de la última década, viene escuchando el reclamo de autoridades de gobierno en el sentido que, para cumplir con un mandato constitucional o una ley específica, se requiere de mayores ingresos para su acatamiento; no obstante, tampoco proponen alternativas alcanzables para su cumplimiento. Para la Defensoría no pueden existir funcionarios públicos obligados al cumplimiento de la ley y otros que no: éstos últimos aduciendo imposibilidades materiales, financieras o de cualquier otra índole.
La ecuación completa en materia fiscal se compone de dos grandes variables: ingresos + gastos. El país ha venido, durante los últimos cinco años tomando medidas para la reducción del gasto. La más recientes, la aprobación de la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la creación de la Regla Fiscal. Ambas leyes permitieron que, mientras en el 2019 el país debía endeudarse un 54% para financiar el déficit fiscal, datos preliminares para el 2025 muestran que el nivel de endeudamiento, para financiar el presupuesto de este año, disminuyó al 38%. Esto muestra que, desde el 2019, se viene financiando el presupuesto de la República con menos endeudamiento. El 50% de la ecuación en materia de gastos se ha venido realizando con altos y bajos.
Para la Defensoría de los Habitantes surge ahora entonces la gran pregunta: ¿qué ha sucedido con el otro 50%?; esto es, ¿qué medidas efectivas ha tomado el Ministerio de Hacienda para aumentar los ingresos?, ¿en cuánto se han incrementado los ingresos tributarios resultado de estrategias para luchar contra la evasión y elusión fiscal?, por ejemplo. Es importante señalar que el Fondo Monetario Internacional reconoció en el 2018 que la evasión en IVA rondaba en el 2,7% del PIB y un monto similar en renta; o sea, cerca del 5% del PIB solo en evasión. Y ni hablar de la resistencia a implementar mejoras en los sistemas digitales de tributación, que al mes de agosto del 2024 solo tenía un avance del 19%, y se anunció que comenzará a implementarse hasta el 2026.
Sostiene la Defensoría de los Habitantes que el país debe revisar si existen actividades productivas que mueven el PIB, y que al día de hoy aportan 0% en impuestos a la renta. En ese sentido, como Institución Nacional de Derechos Humanos, considera fundamental que el país se proponga la apertura de un diálogo intersectorial que permita tener como resultado una nueva estructura tributaria, que sea progresiva y sostenible. Todos los actores sociales, económicos, financieros, gubernamentales, la sociedad civil organizada, entre otros, deben aportar en la construcción de un escenario presupuestario que permita superar los obstáculos, las excusas, las imposibilidades, para volver a tener una Costa Rica visionaria que sustente sus bases en el Estado Social de Derecho.
Lleva razón el ministro de Hacienda cuando afirma que la reforma fiscal de 2018 ya se agotó, y que los ingresos tributarios han empezado a escasear, son insuficientes para satisfacer las obligaciones estatales, y las aspiraciones de la sociedad costarricense. El ministro está en lo cierto además, cuando afirma que la solución pasa por generar ingresos frescos. En un evento auspiciado por la Academia de Centroamérica sugirió dos posibles fuentes: renta global e impuesto mínimo global.
Sobre renta global coincidimos, este esquema cerraría portillos a la elusión tributaria, y traería más equidad al sistema vigente. Sobre el impuesto mínimo global también, no tanto porque haya muchas empresas de origen costarricense generando rentas masivas en el exterior, sino más bien, porque la falta de una tributación de este tipo, facilita la evasión y elusión, pues no permite que las autoridades tributarias indaguen lo suficiente sobre las operaciones que personas o empresas tienen en otros países, y que en muchas ocasiones obedecen a esquemas de evasión tributaria (recordemos los Papeles de Panamá). La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que los flujos ilícitos del comercio internacional representan el cerca del 15% de la producción nacional de Costa Rica, tal manipulación de precios reduce severamente los ingresos fiscales.
En ambas propuestas del ministro, se trata de impuestos que no recaen sobre las clases empobrecidas ni medias, por cuanto no tienen capacidad de generar ingresos significativos de múltiples fuentes, ni menos aún de llevar a cabo negocios en otros países.
Una reforma fiscal se aproxima, y es imprescindible que desde ya se tenga claro tres objetivos por cumplir: poner a tributar a los que tienen capacidad en su justa medida, cerrar los portillos para la elusión, y elevar el costo de la evasión; en todas el país está en pañales.
Sobre el primero, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ya había advertido la precariedad tributaria del país, el “Estudio Económico de Costa Rica, 2020” caracterizaba el desempeño tributario en rango mediocre. Concluyó que lo que recauda el Estado costarricense en impuestos por concepto de ingresos, beneficios y ganancias de capital de las personas, es seis veces menor de lo que recaudan por el mismo concepto sus pares de la OCDE, y en el caso de los impuestos sobre la propiedad, nuestro Estado recauda 4,4 veces menos.
Abordando esta tarea de manera moderada, equiparándonos al promedio de la OCDE, sumaría más de nueve puntos porcentuales del PIB en materia de recaudación tributaria, suficiente para atender las obligaciones sociales y la creciente deuda pública costarricenses. Aquí no debe caber duda de que, quienes no están contribuyendo según su capacidad, son las clases más favorecidas, la crítica de la OCDE es sobre la escasa tributación de quienes obtienen rentas del capital y de la propiedad, factores productivos de los que las personas en pobreza y los asalariados carecen.
En el caso de los otros objetivos, los esfuerzos para cerrar los portillos a la evasión y elusión, que deben ser continuos y crecientes, en Costa Rica están estancados; dos hechos lo demuestran, el proyecto más prometedor llamado “Hacienda Digital” se encuentra severamente retrasado, y las autoridades no han anunciado nuevas iniciativas. Adicionalmente, las recomendaciones de expertos que han investigado significativos hechos de evasión tributaria (p.e. los “Papeles de Panamá”) no han sido incorporadas en nuestra legislación.
En la práctica tributaria lo que ocurre es que los individuos que se benefician de altas rentas realizan una “planificación fiscal” agresiva, apoyados por despachos especializados en beneficiar a sus clientes afectando a la sociedad como un todo, encontrar los portillos que tienen las leyes, y las oportunidades de nuevas formas de organización de la producción, para minimizar el pago de impuestos. Es por ello por lo que, en los países desarrollados las reformas tributarias son constantes, mientras que en nuestro medio tardan décadas.
Por otra parte, en los últimos años se han llevado a cabo múltiples esfuerzos por sanear las finanzas públicas desde el lado del gasto, con reformas a los sistemas de pensiones, el empleo público, la regla fiscal y eliminación de destinos específicos. Muchas de estas reformas ciertamente abordaron temas necesarios y urgentes, sin embargo, este espacio parece haberse acabado, y es necesario mirar hacia el lado de los ingresos, en particular de aquellos que llevan décadas sin aportar al fisco lo que les corresponde.
Desde la fundación de la Segunda República, Costa Rica se configuró como un Estado Social de Derecho, una sociedad en la que el Estado “procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza” (Constitución Política art. 50), en el que a sus ciudadanos se les garantiza amplios derechos esenciales como el acceso a la salud, la educación, un ambiente sano, trabajo, vivienda digna, entre otros. A pesar de esta norma visionaria, que ha hecho del país una nación singular y envidiable en el contexto latinoamericano, hay quienes no se ven comprometidos con ella, y la dinamitan desde dentro y fuera del Estado.
El no llevar a cabo los esfuerzos suficientes para dotar al Estado costarricense de los recursos necesarios para ofrecer un nivel de vida digno a los ciudadanos, representa una traición a esta visión inscrita en la Constitución Política. Parafraseando a José Mujica, cuando decimos que no hay suficientes fondos públicos “es porque tenemos la cobardía política de no cobrarles, pedirles y meterles la mano en los bolsillos a los que pueden”.
Entonces sí, coincidiendo Hacienda, la impostergable reforma tributaria, la esperanza es que hagamos una con la valentía de cobrar lo justo a quienes se debe.
* Economista, fue Director de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) y Ex Director Ejecutivo a.i. del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
En referencia al robo de impuestos, que, agregamos, supera la deuda interna, dijo, lo siguiente, el señor expresidente don Rodrigo Carazo: “¡Corrijamos esa corrupción! ¿Por qué no se ponen detrás de esos recursos antes de querer vender las cosas que son de todos? Y es que lo que se han llevado no son seis reales», manifestó. Argumentó que el objetivo de una reforma estatal y de la globalización debe ser el beneficio de todos. «Es contradictorio pensar que eso se va a lograr entregando todo lo que tenemos. Los países que lo han hecho han pasado y están pasando tristísimas experiencias». Convencido estaba de que, los inversionistas extranjeros que comprarían las empresas estatales, que dan servicios sin fines de lucro, son personas que también quieren convertirlo todo en oro para su propio y exclusivo beneficio, sin pensar en las necesidades ajenas, lejos del espíritu solidario que privó en su gestación.
«No crea usted que (tales empresarios) van a venir a satisfacer nuestras necesidades. Vaya a Chile y verá que cuando se privatizan las comunicaciones, disminuye el número de chilenos que tienen teléfono porque no lo pueden pagar», dijo a propósito de la imposición de políticas neoliberales durante la dictadura de Pinochet.
Al otro lado de la ancha avenida, otro Rodrigo, éste de apellido Chaves, desde antes de iniciar su Presidencia, en su papel de vendedor de bienes del Estado, no esperó mucho para poner precio a la compra-venta, que, por supuesto, recibe aplausos, desde los clubes de comerciantes que le presentaron su propuesta al amigo venido del Banco Mundial.
Para este Rodrigo, útil vocero de los de su casta, el Banco Internacional de CostaRica (BICSA), tiene un valor de $200 millones. El precio del Banco de Costa Rica (BCR), andaría entre $800 millones y $1.200 millones. La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) valdría entre $350 millones y $1.000 millones, la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) $20 millones y, ¡aquí la voló!, Kölbi (marca del ICE) se vendería en $1,2 millones. ¡Una especial ganga para los compradores que, todavía, esconden sus pretensiones! Aclaramos sí, que la lista no es exhaustiva, ni mucho menos, pues también, incluye la privatización de servicios como, la administración del acueducto metropolitano, hoy mal gestado por el AyA, servicios médicos de la Caja, a la que tienen, intencionalmente cerca de la inanición, y servicios de generación y distribución eléctrica, cumplidos por el ICE, aunque su más alto jerarca, actúa en contra del Instituto.
En fin, lo que el presidente actual, el otro Rodrigo, no parece considerar es que, la estructura institucional costarricense, que tantos beneficios le ha traído al país y sus habitantes, tiene raíces históricas profundas, principalmente a partir de mediados del siglo XIX. Que sus sólidos cimientos le han permitido, soportar embates neoliberales destructivos, gracias, precisamente, a que no se gestaron tales instituciones, a partir de ocurrencias, sino como parte de una visión muy especial de algunos muy bien valorados líderes.
Un buen ejemplo, fue la creación de la Fanal en 1850, que demostró a través del tiempo, haber sido una muy buena decisión del presidente don Juan Rafael Mora. Creada originalmente como Fábrica Nacional de Aguardientes, con el propósito de fomentar la industria cañera, y defender a la población del consumo de licores altamente tóxicos, con contaminantes, que se comercializaban al margen de la ley, al tiempo que afectaban los ingresos del Estado. Hoy, 174 años después, gracias a su sostenida renovación, la Fanal aportó de junio del 2018 al 2020, cerca de C. 50.000 millones de colones, a instituciones promotoras de desarrollo social, como son el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), a la Municipalidad de Grecia, y una cifra casi igual en impuestos, al Ministerio de Hacienda.
Es igualmente relevante, la creación en el año 1924, del monopolio estatal del negocio de los seguros, dando nacimiento al Banco Nacional de Seguros, que luego se transformaría en el Instituto Nacional de Seguros (INS) en 1948, como parte de la creación del régimen de instituciones autónomas del Estado, proceso en que sobresale la figura de Rodrigo Facio Brenes, recordado exrector de la Universidad de Costa Rica. Instituto que, pese a la forzada apertura comercial a empresas extranjeras de seguros, se mantiene como la más grande empresa de seguros del istmo centroamericano, con un total de $1.323 millones en primas, durante el 2023, gracias a un crecimiento del 21,2%.
Por ello, y más, ahora que el señor Chaves propone su venta, cual aparente ocurrencia que, pensándolo bien, no tiene nada de ello, cabe preguntarse ¿cómo se sustituirían los cerca de C.100.000 millones de colones, que, anualmente, aporta el INS, en cargas fiscales y parafiscales a otras entidades del país? Y si, como también se ha propuesto, se vendiera “solo” el 49% de sus activos, habría que ver si los compradores estarían dispuesto a colaborar, solidariamente, a partir de las ganancias, con las citadas contribuciones fiscales y parafiscales, dentro de las cuales aparecen beneficiarios destacables, como el imprescindible Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (0,5 % de las primas), así como al impuesto de utilidad y título valores del Estado (25% de la utilidad disponible neta), a la Reserva de Capital de Riesgos del Trabajo, y al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, producto de los excedentes de los seguros que comercializa. ¿Verdad, amigos, que la prudencia exige no correr mucho con esas ideas de compra y venta, y reflexionar, antes y con sustento técnico, acerca de las consecuencias que se vislumbran?
Creemos que la responsabilidad exige distinguir entre un Estado-Empresario, y “políticos empresarios”, pues, son conceptos diametralmente opuestos, a los que poco se les dedica, análisis con la profundidad que merecen.
La matriz empresarial-institucional del Estado (descrita por Alberto Cortés https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzQVzNtMXJqpzTKKvMgTRPjhPwhM?projector=1&messagePartId=0.1) entre los años 40-48, nos muestra la creación de dos de las instituciones públicas, más importantes en términos de su impacto social: la Universidad de Costa Rica (UCR) en 1940, y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en 1943, ambas con una enorme peso en el desarrollo social y cultural del país, que han sido fundamentales, para democratizar solidariamente, la atención en salud de los costarricenses, independientemente de su estatus socioeconómico, y el acceso a la educación universitaria de excelencia, sin discriminar, igualmente, sobre la condición social de sus estudiantes.
Cabe resaltar, que luego de la guerra civil del año 1948, tanto desde la Junta de Gobierno, presidida por don Pepe Figueres, como desde la Asamblea Constituyente (1949) las ideas de orientación socialdemócrata que germinaban en Costa Rica, y la reflexión histórica que tuvo lugar, llevaron hacia la creación de trascendentales instituciones autónomas y empresas públicas, que permitieran impulsar la necesaria modernización económica y política del país. En ese contexto, sobresale, por extraordinaria y visionaria, la creación del sistema de banca comercial pública, con la tarea de ejercer estricto control de las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes, aunado al objetivo de colocar crédito al servicio de la modernización agrícola y el incipiente desarrollo industrial. Nacieron así el Banco Anglo Costarricense (BAC), el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco de Crédito Agrícola de Cartago (BCAC) y el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).
Asimismo, la junta fortaleció la autonomía del Consejo Nacional de Producción (CNP) como instrumento de fomento de la producción agrícola para el mercado interno, que tantos servicios prestó al control de precios de granos y otros productos básicos. Y, como la gran institución insigne de ese modelo de Estado empresario, se creó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para garantizar la producción y control estratégico, de la generación y distribución de la energía eléctrica, ampliada eventualmente, al monopolio de las telecomunicaciones y la telefonía celular. Instituto que ha venido enfrentando, embates privatizadores, de parte de comerciantes e ideólogos, para quienes el Estado no puede participar de actividades donde la empresa privada puede lucrar. Ideas que, divulgadas con megáfonos virtuales, han llevado a muchos compatriotas, a ver como algo nefasto para el desarrollo de Costa Rica, la estructura y funcionamiento del Estado-Empresario, que, paradójicamente, favorece a las mayorías y al fundamental sustento democrático.
Instituto Costarricense de Electricidad, que, pese a las amenazas, y gracias a sus servicios y fidelidad de los habitantes (aún con los desaciertos recientes de sus jerarcas), se mantiene entre las tres mayores empresas del istmo incluidas en el Ranking América Economía de las 500 Mayores Empresas de América Latina, al lado de Recope, y la Autoridad del Canal de Panamá.
Y, es que, esos resultados exitosos, son, paradójicamente, su debilidad, pues permiten vislumbrar el por qué, ambas empresas del Estado costarricense, ICE y Recope, son tan apetecidas por ciertos compradores privados, deseosos de lucrar con sus gigantescas ganancias. Por otro lado, sus deseos sí los cumplieron, lamentablemente, con Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), a la cual, con un contrato entreguista, le regalaron el muy eficiente, monopolio constitucional que tenía la empresa nacional creada en 1963, en el trasiego de contenedores, a una empresa transnacional escandinava (APM Terminals), que, lejos de los empleos ofrecidos, vino a profundizar, más bien, el desempleo en la provincia de Limón, sin que los anunciados beneficios que traería una terminal portuaria “del primer mundo”, se hicieran realidad. Ejemplo de cómo, el desdén ciudadano, de la mano de la demagogia de ciertos políticos, provocó tanto daño, en tan corto tiempo, por lo cual, esperamos que se haya aprendido la lección.
Finalmente, ha de valorarse objetivamente, la creación de 113 instituciones descentralizadas, entre los años 48 al 79, algunas autónomas o semiautónomas, que vinieron a generar, a través del tiempo, conforme se estructuraban y empezaban a brindar servicios, resultados positivos que se reflejaron en indicadores sociales, como en el empleo público, que llevaron a engrosar las capas medias, al tiempo que se disminuía la pobreza. Pobreza que se redujo, de manera altamente significativa, al pasar del 50,3 %, en 1961, al 18,5 %, en 1977, gracias la combinación de políticas públicas, como el citado mayor empleo, el desarrollo de infraestructuras básicas, y el acceso a los servicios públicos, con tarifas subsidiadas.
Hoy vemos grandes esfuerzos por “reformar el Estado”, según le dicen, y, para ello, han creado hasta una comisión legislativa especial, para acelerar esa tarea. Labor que, estamos seguros, enfrentaría a los dos “Rodrigos”, pues representan, por un lado, una visión en defensa de la institucionalidad costarricense, caracterizada por un Estado-Empresario, que propició el desarrollo de la Costa Rica, y que, hasta hace unos años, se caracterizaba por la solidaridad, por el valor de la soberanía, por la responsable consideración de la situación de los desposeídos, por el fomento de la paz social y el desarrollo sostenible, según el pensamiento de don Rodrigo Carazo. Mientras, por otro lado, para ahorrarnos palabras y su tiempo de lector, lo que vemos es ¡todo lo contrario!
En la actualidad, muchos gobiernos en el mundo, a la vez que gestionan en beneficio de sectores privados minoritarios, recortan fondos para la inversión en el desarrollo de sus países y el bienestar de sus poblaciones.
Para estos gobiernos y estos sectores privados: cámaras, gremios y sus voceros, lo que no va a dar a sus riquezas, representa un “gasto”, que debe evadirse y justificar la evasión, para lo que recurren a muchos argumentos que resultan ofensivos para la inteligencia.
Existe información sobre manejo de capitales en el mundo, como la que presenta “Moconomy – Economía y finanzas”, que permite hacer algunas conclusiones.
Momentos históricos.
En el relevo de potencias al frente del control de escenarios mundiales, cuando el imperio británico dejó, forcivoluntariamente, ese lugar como primera potencia en el orden mundial a Estados Unidos (EU), banqueros, abogados y asesores de la institución financiera City de Londres, crearon toda una red de paraísos fiscales, para canalizar la riqueza de todo el mundo hacia el Reino Unido (RU).
Durante más de 300 años el RU impuso su dominio en bastos territorios y países, y sus banqueros a la vez, proclamaron el poder de la libra esterlina.
En los días del franco dominio mundial del RU, la City de Londres era el centro financiero global más grande del mundo, el corazón financiero del dominio británico, su motor imperial.
Esto, empezó a verse afectado en un momento histórico, cuando varios países fueron declarando su independencia del RU. Al ver desintegrarse este imperio, las élites británicas encontraron un nuevo papel en un mundo cambiante, en las finanzas.
¿Cómo el RU se transformó de un poder colonial presencial, en un poder financiero y cómo esta transformación ha contribuido a dar forma a manejos financieros en el mundo actual?
Con la caída del imperio, los intereses comerciales británicos en todo el mundo se vieron amenazados. El dominio del mundo ya no será colonial presencial, sino por medio de las finanzas.
En 1956, Gamal Abdel Nasser, al frente del gobierno de Egipto, nacionalizó el Canal de Suez, hasta ese momento, propiedad de los imperios europeos. Esto dio lugar a determinados sucesos políticos y militares en “medio oriente” (se entrecomilla, por implicar una visión euro centrista). RU. Francia e Israel, atacaron Egipto entonces.
EU, asumiendo el relevo en el orden mundial, se opuso y en el marco de esa consolidación de relevo de imperios, en una demostración de fuerza y como acción afirmativa, llevó el caso a la ONU, una de sus herramientas recién creadas y esa presión llevó a que estos países retiraran sus tropas.
Por su parte, la Unión Soviética, también ejerció una fuerte presión, lo que obligó a esas fuerzas invasoras a retirarse.
Estos acontecimientos, se inscriben en los momentos finales del RU como primera cabeza del orden mundial.
La Libra sufrió muchos altibajos. Se dijo que EU estaba provocando su caída. El valor de la Libra cayó.
En el Banco de Inglaterra se llegó a un acuerdo, según el cual, si los bancos intermedian entre dos actores “no residentes” comerciando en moneda extranjera (en este caso el dólar), esta intermediación no será considerada por el banco de Inglaterra bajo su jurisdicción.
Estados Unidos maniobró para que el dólar fuera moneda mundial y se estableció el mercado de euro dólares. En Londres, para diferenciar estas actividades de sus actividades domésticas, los bancos tenían dos conjuntos de cuentas separadas.
El Banco de Inglaterra, declaró que las cuentas no estaban en Londres, sino en otro lugar y por tanto no era su responsabilidad regularlas.
Se trata de proporcionar un espacio legal en el que se finge que una actividad no sucede, donde sí está sucediendo. Se pretende que una actividad no sucede en el lugar donde está regulada y sujeta a impuestos, sino que está ocurriendo en otra parte. ¿Dónde? no importa: siempre que no sea en Londres.
Cuando los bancos estadounidenses cayeron en cuenta que en Londres estaba la posibilidad de dictar las regulaciones de Washington, trasladaron sus operaciones a la City.
Al mismo tiempo que los bancos de EU, se estaban mudando a Londres, surgía un nuevo espacio financiero lejos del RU, en las jurisdicciones británicas de ultramar. Los últimos vestigios del antiguo imperio. Pequeñas islas que son territorios británicos de ultramar.
De los 14 territorios, 7 son paraísos fiscales, entre ellos las islas caimán, las bermudas, las Islas Vírgenes. Algunos de estos, son paraísos fiscales de los más grandes del mundo, son dependencias británicas, con el acceso a grandes cantidades de dinero offshore (lejos del territorio, lejos de aquí, extraterritorial, ultramar), el euro mercado vivió un boom sin precedentes.
En el decenio de los sesenta, Islas Caimán, era un apartado lugar. Llegaron abogados y asesores de Londres y comenzaron a redactar leyes y reglamentos sobre el secreto financiero. Debido a ese secretismo, varios lugares se convirtieron en paraísos fiscales.
Todo muy ilegal, con el dinero del negocio de la droga presente en grandes cantidades, la evasión de impuestos. El Banco de Inglaterra seguía los acontecimientos desde Londres y señaló en un informe “secreto”, del 11 de abril de 1969: “es necesario que cuestiones como estas, que en la mayoría de los casos serían entes ficticios moviendo bienes fuera de las islas, no se vayan de nuestras manos”.
No se puso objeción para que se proporcione refugio para los no residentes, pero hay que asegurarse que no se fugue capital del RU a la zona no esterlina, fuera de jurisdicción británica.
En 1980, alcanzó un total de 500 mil millones de dólares y en 1988, 4.8 billones. En 1997 casi 90% de todos los préstamos internacionales se realizaron por medio de este mercado.
En RU, la “City of London Corporation”, es prácticamente un Estado dentro de otro Estado, una empresa privada que realiza todas las funciones de un consejo local, con fuerza política y tribunales privados.
Es una entidad separada de Londres político/administrativamente. Tiene su propio alcalde que es llamado el “lord alcalde”, distinto del alcalde de Londres y tiene sus propias reglas. Estas reglas vienen desde el año 1067, con Guillermo El Conquistador.
Actividades de la CIA
Richard Kerr, subdirector de la CIA dijo que ésta utilizó al BCCI (Banco Internacional de Crédito y Comercio) para apoyar las actividades de inteligencia estadounidense en el extranjero. Este banco también estuvo involucrado en fraudes financieros, lavado de dinero, y financiamiento del terrorismo.
En 1972 el BCCI estableció su sede en Londres, en 10 años, se convirtió en el sétimo banco más grande del mundo. 10 años después quebró.
El BCCI constituyó un crimen global internacional, de una escala difícil de imaginar, con conocimiento del Banco de Inglaterra, el cual, en vez de supervisarlo como se debía, aunque recibió denuncias al respecto, trató de evitar el colapso.
Londres era un lugar para que los bancos hicieran negocios que no estaban permitidos en otros lugares, donde los banqueros jefes no tenían que preocuparse por las consecuencias de sus acciones.
Esta es una de las razones del porqué en Londres hay más bancos que en cualquier otro centro financiero. Aquí, por lo general ningún banquero va a la cárcel, son considerados una especie protegida y eso también es parte del modelo de negocios offshore: se lleva el dinero allá, se lo cuidan y no hay riesgo de ir a la cárcel. Hay “carta blanca”.
En ese sentido, la regulación laxa era una forma de atraer negocios a Londres, el secretismo era la otra.
El secreto bancario británico, se maneja por medio del “trustee” (fideicomisario). Consiste en jugar con el concepto de propiedad. En lo legal, un abogado separa de sus bienes al propietario y éste no paga impuestos y nadie se entera.
En las jurisdicciones británicas de ultramar, no se necesitan calificaciones para ser fidecomisario, cualquiera puede establecer un trustee y ofrecer este tipo de servicios, no existen registros ni organismos certificadores. No están obligados a declarar cuentas anuales en ninguna parte, a todos los efectos son arreglos invisibles, por medio de instrumentos legales.
Son paraísos fiscales de billones de dólares, que aparentemente no pertenecen a nadie, al menos para efectos fiscales y están allí, detrás de estos instrumentos legales y representan una gran evasión fiscal.
Los trustee son el componente básico del secreto anglosajón, a partir del cual se diseñan estructuras offshore muy complejas. Cada paraíso fiscal ofrece un conjunto de servicios, desde trustee hasta empresas ficticias, cuentas bancarias secretas y directores nominales.
La combinación de estos servicios repartidos en estructuras complejas que abarcan múltiples jurisdicciones permite la creación de entes secretos, casi imposibles de penetrar.
Hay abogados, cuyo trabajo es crear estructuras cada vez más complejas y obscuras. El propósito es ocultar la identidad de los propietarios de los activos y que la riqueza se recicle en los mercados globales.
Cuando los países se quejan ante el reino unido, sobre las actividades que se realizan en sus paraísos fiscales, Londres afirma que esos lugares son independientes y que no hay nada que pueda hacer.
La fuga de capitales: Trampa para los países “en vías de desarrollo”
En los años ´60, Estados Unidos planificó convertirse en una nueva Suiza del mundo, es decir en un nuevo centro receptor de la fuga de capitales. Con este propósito, el Departamento de Estado, le pidió al Chase Manhattan Bank, que estimara cuánto dinero hay disponible y cómo se haría.
El plan era reorganizar centros bancarios en alta mar, en el caribe y otros lugares y que el dinero especulativo no llegara directamente al Chase, porque eso no sería ni muy deseado ni muy legal.
Lo que sucedió fue que los delincuentes latinoamericanos, otros delincuentes, traficantes de drogas, todo tipo de crimen organizado, ponían su dinero en los bancos offshore del Caribe y estos bancos luego depositaban el ingreso en la oficina central estadounidense. Esto, además, contribuyó a respaldar el valor del dólar.
En las estadísticas mensuales del FMI, hay una balanza comercial, y lo que sube y baja se llama errores y omisiones, lo que la ONU y el FMI llama errores y omisiones, son fugas de capitales y los omiten, porque no les gusta mirar esto.
Cuando se quiso incluir movimientos delictivos en la balanza de pagos, el Congreso no lo permitió y dijeron que, en un país cristiano, no se quiere denunciar delitos y no se permitió incluir dinero sucio en la balanza de pagos. Es el funcionamiento del dinero “sucio”, del capital especulativo.
En 1986, se hizo una investigación sobre el funcionamiento del capital especulativo. Se investigo en las oficinas de Deloitte Touche, en Jersey, Inglaterra, una de las auditoras más importantes del mundo, ahí están compañías offshore, empresas ficticias y trustees.
Sus clientes se dedican a comercio de información privilegiada, manipulación del mercado, comercio ilícito, comercio de armas, donaciones ilícitas de campañas políticas, sobornos de contratos, facturación fraudulenta, alteración de precios y evasión fiscal, ni uno sólo estaba en una actividad legítima.
En cuanto a los banqueros privados estadounidenses, estos admiten lo que hacen: el 99.9% de sus clientes están en actividades con fines ilícitos. Lo mismo se puede decir de los banqueros británicos.
En estas actividades, el “secretismo”, no sólo es deseable sino necesario.
Los políticos forman parte de los directorios de las empresas que se supone, deben regular. En público, dicen que están tomando medidas contra las jurisdicciones secretas y la corrupción, pero hacen lo contrario.
Muchos políticos tienen vínculos personales y comerciales con los paraísos fiscales, incluyendo a los que financian partidos políticos, así que no tienen interés en cerrarlos.
Es una antigua red de élites, un “establishment”, son manejadores financieros para la élite mundial y las corporaciones multinacionales.
Hay una lista larga de países en todo el mundo en los que no hay transparencia financiera sobre los impuestos, la propiedad y la corrupción y así, los gobiernos elaboran políticas para sus ciudadanos.
En muchos países en el mundo, los ciudadanos debieran entender lo que está pasando: mientras la mayoría de los ciudadanos llevan la carga impositiva, hay unos grupos que se están exonerando. La mayoría paga impuestos, pero los ricos no. Producto de esto, en el mundo hay gobiernos populistas, que no son capaces de velar por los intereses de sus ciudadanos.
En todo el mundo, los países “en vías de desarrollo” pierden más de un billón de dólares cada año, en fuga de capitales y evasión de impuestos, la mayor parte de esa riqueza fluye a países como Estados Unidos y Gran Bretaña y permite que sus monedas se mantengan fuertes mientras que las monedas de esos países se mantienen débiles.
Es el “juego”: los países que manejan el mundo financiero para sus intereses le prestan dinero a países que han empobrecido y que están gobernados por camarillas corruptas que ellos imponen y mantienen y esas camarillas depositan en su beneficio, parte de los capitales recibidos, en las instituciones financieras de los países que dan prestados los fondos.
De esta manera, países ricos y camarillas corruptas de países empobrecidos, hacen sus “negocios” y obtienen riquezas fraudulentas y los países prestatarios siempre estarán con deudas crecientes y siempre estarán “en vías de desarrollo”, sin alcanzarlo. Es un círculo vicioso, como ir montado sobre el caballo y ponerle la penca de bananos al frente, amarrada de un palo que el jinete sostiene.
Cuando en estos países, un actor político accede a cargos de gobierno y gestiona en favor de los intereses de su país, es derrocado, o se intenta hacerlo, por confabulaciones en las que se ven involucrados intereses foráneos, por la vía de un golpe de Estado, por recursos como el “lawfare”, u otros.
En el año 2008, se intentó hacer una investigación sobre lo que pasa en las Islas Caimán, pero bajo pretextos como: “llegó una orden desde arriba”, no se permitió.
En 2011, se publicó el libro “Las Islas del Tesoro”. El presidente de finanzas de Las Islas Caimán se refirió al autor como un imbécil.
Estas islas, son el 5to. centro financiero más grande del mundo, albergan unas 80 mil empresas. La mayoría trabajan con fondos de cobertura mundiales, con cientos de miles de millones de dólares en depósitos.
El sistema offshore, hoy es el establishment, el fidecomiso es la manera en que las élites y las multinacionales manejan sus asuntos. La evasión fiscal es la forma de hacer negocios, es una mafia en favor de unos pocos.
Hay individuos, de traje y corbata, de renombre a los que se les paga para idear esquemas de evasión de impuestos para individuos y corporaciones. Empresas como Amazon, Google, Microsoft, no pagan impuestos.
En este tipo de fenómenos, se inscribe lo que quedó a la vista, conocido como “Los papeles de Panamá”.
Por otro lado, empresas que asesoran a los gobiernos, han penetrado en el Estado; impulsan leyes para su propio beneficio, los políticos se han convertido en sus portavoces. Empresas como Golman Sachs, participan de esto. Se trata de una especie de conspiración contra el interés público. El secretismo ayuda a proteger la corrupción.
Aquí se encuentra parte del origen de formas de hacer negocios, en los que se involucra al Estado de un país, como las concesiones, concursos de licitación y otros.
En prácticas como estas, tiene su origen los movimientos financieros que son parte de lo que se conoce como “la financiarización”, que a grandes rasgos consiste en que las ganancias producidas por capitales productivos, como el industrial, no vuelven a invertirse en éste, sino en el capital financiero especulativo, por lo que este crece y los capitales productivos decrecen y se quedan sin capacidad de fortalecer a las industrias, y éstas quiebran, luego de “crisis”, que más bien son movimientos y fenómenos provocados.
Estas “crisis”, generan inflación, recesión, y otros fenómenos, que afectan los erarios nacionales y enriquecen los bolsillos de unos pocos sectores privados en el mundo, provocando medidas contra los sectores mayoritarios y el aparato público.
Los sectores que lucran con los movimientos del capital especulativo se encargarán de que los costos de sus movimientos, siempre los paguen otros.
En los países “en vías de desarrollo”, la evasión fiscal es un problema muy grave, pues mientras los ricos se enriquecen cada día y no contribuyen al país, los asuntos públicos como la salud, la educación la infraestructura, se ven seriamente dañados y la pobreza aumenta, agudizando problemas también como alimentación, vivienda y otros problemas sociales.
Según Angela Merkel, “Uno de los problemas de América latina es que los ricos no quieren pagar nada”. (IP).
En la era del Thanksgiving, lo patriótico es comer pavo y estar a favor de los eurobonos. O al revés, estar contra los eurobonos es ser antipatriota. Como me ha ocurrido tantas veces en mi vida, resulta que he terminado cayendo en las fosas oscuras de este último partido. Antipatriota, antieurobonos, suenan como a hereje, impío. Masón decía mi abuelita.
La derecha nos ha metido en su lógica, y su visión del mundo es la única verdadera, educada, digna de mostrarse en público.
La discusión se ha desviado a cuánto (¿3.000 millones? ¿Y por qué no 2.500, o 3.275, etc.)? Se olvida el fondo del asunto: más deuda es más carga fiscal, que al fin y al cabo será pagada con los impuestos que pagan ya sabemos quién.
En la discusión, se ha dejado de lado el fondo del problema, que consiste en una vulgaridad de miles y miles de millones (2.400 millones de millones) que se evaden cada año, amén del contrabando y el lavado. Ya de eso nadie habla. Hasta el día de hoy no se ha avanzado ni un centímetro en la meta de acabar con ese robo descarado.
Por último, si los bonos son ya irremediables (como tomar Coca-Cola e ir el estadio los domingos), entonces debería condicionarse: eurobonos para pagar deuda con la CCSS, eurobonos a cambio de reducir la evasión, eurobonos a cambio de aumentos de salarios al trabajador, eurobonos para aligerar esta carga que ya no aguantamos, y no cheque el blanco para que los de arriba sigan comiendo pavo tan tranquilos.
