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Etiqueta: evasión fiscal

“La dictadura de los propietarios”. Parte II: Hay gatos sobre el techado

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rafael A. Ugalde Quirós
Periodista.

Bajo la llovizna de un Macondo moderno, gris y ajado, hay gatos agazapados sobre el techado. Así de insólito. Son los mismos contadores de presas que, designados por cinco millones de almas cándidas, tejen sin tregua laberintos de paquetes fiscales.

Mientras el pueblo reza febril, con rosarios en mano, ciento cincuenta y seis corporaciones juran ante el altar tributario que en 2025 no cosecharon ni un grano de ganancia. Todavía no nos han pedido donaciones. No las necesitan porque tiene la fuerza de la ley y el imperio de la Constitución. Esa alquimia de la nada revela el pelaje invisible de estas bestias y explica, con zarpas de sombra, el lento desmoronamiento de nuestra patria.

Los cazadores de impuestos habitan un limbo de trajes grises donde el tiempo, que aquí mide cuarenta años exactos, no envejece sus colmillos, sino que los afila. Se deslizan por las costuras del país como sombras con portafolios, introduciendo los dedos en los bolsillos ajenos con la precisión de un cirujano y el apetito de una jauría insaciable que come sin saciarse jamás.

Al terminar el festín, se disuelven en la penumbra de las oficinas públicas. Juran que velan por la sagrada paz social, mientras su mandíbula invisible tritura el pan de los de abajo para que la vieja y eterna dictadura de los propietarios no pierda ni un solo grano de su trono. Hoy la pobreza y miseria alcanza el ochenta por ciento de quienes confiaron en que sus casas estarían libres de roedores.

Bajo la pálida bruma de un reloj que se detuvo en el calendario de los vencidos, las sombras de medio siglo flotan como botes sin agua sobre un pavimento que aprendió a bostezar. Las ratas, con levita de terciopelo gris y contabilidad exacta, miden los latidos de la medianoche y cuentan los cuerpos ajenos que se desdoblan como sábanas en el asfalto. No tienen casa. Otros lavan con rapidez el Range Rover de la señorita precisada por el fiestón, mientras el güililla de la esquina decora con rosas y crisantemos los colores de su hambre y su tristeza.

Los ingresos del pan y del milagro se disuelven antes de tocar el fondo del bolsillo, mientras las familias compran el aire del día siguiente con la firma temblorosa del fiado.

La salud y las letras públicas habitan en los mapas antiguos, custodiadas por puertas de humo que no abren cuando el cuerpo tose polvo. Y el reloj sin manecillas, nadie sabe quién las compró, allá arriba, en los escritorios del viento, el porvenir cruza los brazos y se niega a parir un mañana. Ningún mapa guarda la ruta para el tiempo que viene. A este otro proyecto país todos temen. Los asusta y siguen encargando su diseño a la misma minoría.

I.- Sin peligro a dictadura: Se hizo costumbre que los cambios tributarios entre 1980 y 2018 muestren cómo el peso de las reformas fiscales recayera principalmente sobre los trabajadores, bajo el argumento de equilibrar, definitivamente, las finanzas públicas para tener mejores servicios y profundizar nuestra democracia.

Era cuestión de que los proyectos de reformas fiscales bajaran de Zapote hasta Cuestas de Mora para constatar el funcionamiento en su máximo esplendor de la división de poderes republicanos. ¡Qué felices éramos!

Durante la primera administración de Oscar Arias (1986-1990) hubo reformas a los impuestos de consumo y la renta. Siguió el gobierno de Rafael Ángel Calderón F., tras aceptar cada una de las exigencias del FMI, en cuanto un duro “ajuste” fiscal que todos recordamos, sobre todos aquellos que en esa época vivían de un salario.

La Administración de Figueres Olsen (1994-1998) no fue la excepción, ya que pactó políticamente con otros grupos económicos para elevar el impuesto de ventas al 15 % durante año y medio.

El gobierno del presidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) siguió el mismo camino que las administraciones anteriores cuando impulsó la llamada Ley de Simplificación Tributaria (Ley 8114). Esta norma unificó los impuestos a los combustibles para eliminar así otros gravámenes menores.

Los gobiernos de Abel Pacheco y Laura Chinchilla (2002-2006 y 2010-2014) intentaron aprobar sus propias versiones de paquetes fiscales, pero la Sala Constitucional los frenó. Nadie protestó y todos coincidimos en que los hombres y mujeres de toga eran independientes por bien del país.

La Sala Constitucional anuló en marzo de 2006 el trámite de la reforma fiscal de Abel Pacheco por “vicios de procedimiento”. Los magistrados corrigieron la plana a los legisladores de entonces al señalar el uso indebido de una vía rápida que impidió la votación requerida y omitió las consultas obligatorias a instituciones clave del Estado.

La misma Sala anuló en abril de 2012 el plan de reforma fiscal (Ley de Solidaridad Tributaria) de la administración de Laura Chinchilla porque sus magistrados, según su sentencia, determinaron que hubo vicios esenciales de procedimiento cometidos por los diputados durante su trámite en la Asamblea Legislativa.

El gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022) mantuvo las mismas medidas tributarias de las administraciones pasadas de liberacionistas y socialcristianos, pero con mayor dureza. Estas reformas no se habrían aprobado sin el apoyo de ambos partidos. En resumen, recargó a los trabajadores y asalariados con más impuestos indirectos.

Los grandes empresarios y los medios de comunicación—tradicionalmente vinculados al sector exportador de materias primas y a la importación de mercancías con valor agregado— respaldaron al unísono la decisión de la administración Alvarado de implementar medidas de ajuste en las finanzas públicas. El proyecto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (expediente 20.580) ingresó a la Asamblea Legislativa el 9 de noviembre de 2017 y se aprobó como la ley Nº 9.635 el 3 de diciembre de 2018. Sus restricciones al gasto público impactan el financiamiento de la formación universitaria, secundaria, salarios, sanidad pública, jubilaciones, financiamiento de la justicia e infraestructura, entre otros aspectos. ¡Qué gran logro fiscal: ahorraron tanto que hasta mataron la salud y la educación públicas! Acabaron con nuestra malicia indígena.

II.- El mercado y la falta de un “proyecto país”: ¿Quienes luchan por legitimarse como vocería de la llamada “oposición” o “alternativa” democrática estarán dispuestos a desdicharse de todo lo que nos han venido aplicando en materia fiscal?

Al contraponer la democracia a la dictadura, la defensa de un modelo que impuso cargas insoportables a las mayorías en beneficio de pequeños sectores durante cuatro décadas es indefendible. Así lo revelan los propios testimonios de estos grupos (La Nación, 2 de agosto de 2026, págs. 4-5). Intentar justificarlo frente a la democracia es inaceptable.

Sin embargo, en el fondo persiste una especie de confrontación profunda entre Dinosaurios de la misma especie: por un lado, las élites políticas y económicas formadas durante las cuatro décadas de modelo neoliberal, que aguardan un eventual retorno demócrata en Estados Unidos para restablecer su hegemonía; por el otro, aquellos sectores determinados a blindar el statu quo del Estado corporativo frente a la contingencia y los vaivenes de los procesos electorales estadounidenses.

Según datos del Ministerio de Hacienda, la evasión de impuestos, el fraude y el contrabando significan pérdidas por el orden de ¢2,6 billones al año, lo que equivale a un 5,66% del Producto Interno Bruto (PIB).

Para 2018 —año clave debido a la citada reforma—, la evasión, la elusión y el fraude fiscal, junto con su vínculo con el déficit, se presentan como fenómenos separados. Por tanto son estimaciones.

Así, los datos clave sobre la evasión y la elusión fiscal en porcentaje del PIB para 2018 fueron del 4.6% (según estimaciones del FMI).

En tanto, el «Hueco Fiscal» (o presupuestario específico) fue de 2.25% en agosto de 2018.El costo de las exoneraciones fiscales fue de 5.6%|, habiendo un déficit financiero anual costo de las exenciones fiscales según el Ministerio de Hacienda de 6%.

Otras fuentes, como declaraciones públicas dadas por el presidente de entonces, Carlos Alvarado, mencionaban una cifra cercana al 6% del PIB . Estas estimaciones reflejan los impuestos que se dejan de recaudar por estas prácticas.

El Hueco Fiscal – término que se usó en 2018 para referirse a un bache presupuestario específico de ₡900.000 millones, equivalente al 2.25% del PIB -se atribuyó a una falta de previsión del gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018) para cubrir vencimientos de deuda a corto plazo.

Año

Hueco Fiscal (%del PIB)

Porcentaje de Exoneraciones (% del PIB)

Otros Beneficios / Déficit (% del PIB)

2018

2.25%

5.6%

6.0% (Déficit financiero anual)

Estimaciones del Ministerio de Hacienda, dan cuenta que entre 2018 y 2023, en Costa Rica, las exoneraciones fiscales (gasto tributario) rondaron en promedio entre el 4% y el 4,8% del PIB anual (superando los ¢2 billones por año), mientras que la evasión e incumplimiento tributario se estimó entre el 5,1% y casi el 6% del PIB (cerca de ¢2,5 billones anuales).

El Gobierno Central cerró el año 2025 con un déficit financiero de 3,4% del PIB, una cifra menor al 3,7% registrado en 2024. Además, el país mantuvo un superávit primario positivo de ₡487.920 millones, lo que equivale al 0,9% del Producto Interno Bruto, según los diversos datos consultados.

De esta manera, un cementerio de trámites y credenciales fiscales sepulta a quienes llevan media vida sobreviviendo al fuego fatuo de la «dictadura democrática», esa mariposa de mil cabezas que promete patria y entrega un terreno baldío, estéril y repleto de rocas. En la III y última entrega de La dictadura de los propietarios, los esqueletos de las escrituras notariales cobran pulso para recordarnos que aquí nadie es dueño de nada, salvo del derecho a firmar su propio desalojo bajo la bendición de un notario que sonríe desde el fondo del espejo.

En la III y última entrega de La dictadura de los propietarios abordaremos los problemas estructurales que hemos pagado quienes tenemos algunos años sobreviviendo en perfecta “dictadura democrática”. Entrecomillado porque lo dijo otro que bien conoce sobre el tema.

Mientras el capital gobierne, el pueblo seguirá pagando

Escrito en . Publicado en Derechos.

Martín Rodríguez Espinoza

Hay una escena que se repite una y otra vez en nuestro país, “Las pavas les tiran a las escopetas”, los farsantes y manipuladores se roban el “show”, hacen circo y manipulan al pueblo costarricense con falsas promesas.

El gobierno de Rodrigo Chaves 2.0 se autodefine como un supuesto “enemigo” de las élites económicas, habla contra los privilegios y se presenta como la voz del pueblo. Pero cuando llega el momento de gobernar, las decisiones siempre terminan favoreciendo al mismo sector financiero y empresarial que concentra la riqueza del país, mientras las cargas recaen sobre quienes viven de su trabajo. Esa es la verdadera hipocresía, el discurso cambia, la estructura de poder permanece intacta.

Cada reforma fiscal, cada intento de trasladar impuestos al consumo, cada congelamiento salarial, cada debilitamiento de los servicios públicos y cada ataque a la organización sindical terminan protegiendo el mismo modelo económico. Un modelo donde la riqueza producida por millones de trabajadores termina concentrándose en pocas manos, mientras el pueblo recibe salarios de hambre, servicios públicos deteriorados y un costo de vida cada vez más alto.

Sin embargo, tampoco basta con creer que el problema se resolverá únicamente aprobando algunos proyectos de ley para combatir la evasión o haciendo más eficiente la recaudación tributaria. Esa es la enorme limitación de la propuesta que presenta el Frente Amplio.

Por supuesto que combatir la evasión y la elusión fiscal es necesario. Nadie puede defender que los grandes capitales sigan ocultando fortunas mientras el pueblo sostiene el Estado con impuestos indirectos. Pero convertir esa lucha en el centro de toda una estrategia política significa aceptar que el capitalismo puede corregirse desde adentro y que el Estado, construido históricamente para garantizar la reproducción del propio sistema, terminará disciplinando a quienes concentran el poder económico.

La experiencia demuestra exactamente lo contrario.

Los grandes grupos financieros y empresariales no dominan únicamente porque evaden impuestos. Dominan porque controlan buena parte de la economía, influyen sobre las instituciones, financian campañas políticas, moldean la opinión pública y condicionan las decisiones fundamentales del Estado. Pensar que esa correlación de fuerzas puede transformarse únicamente mediante reformas parlamentarias es sembrar expectativas que difícilmente podrán cumplirse por sí solas.

Mientras el gobierno protege los intereses del gran capital y el reformismo deposita su esperanza en nuevas regulaciones, el pueblo sigue esperando respuestas que nunca llegan.

La historia de Costa Rica, como la de tantos pueblos, demuestra que las grandes conquistas sociales nunca nacieron de la buena voluntad de los gobiernos ni de la generosidad de las élites económicas. Fueron producto de la organización popular, de la movilización social y de la capacidad del pueblo para convertirse en un sujeto político con fuerza propia.

Por eso la tarea más urgente no es confiar ciegamente ni en un gobierno que administra el modelo neoliberal ni en la ilusión de que unas cuantas reformas fiscales bastarán para humanizar un sistema construido sobre la brutal explotación de la clase trabajadora, la tarea es mucho más profunda.

Hay que reconstruir la organización popular desde los barrios, las comunidades, las provincias, los centros de trabajo, las universidades, el campo y cada espacio donde hoy el pueblo enfrenta las consecuencias de un modelo que concentra riqueza para unos pocos y precariza la vida de las grandes mayorías. Comunidades organizadas y luchando, es la tarea fundamental para esa construcción desde abajo.

Ningún cambio verdadero será obra de un caudillo, de una bancada parlamentaria o de un tecnicismo jurídico. Los cambios profundos siempre nacen desde abajo, cuando el pueblo organizado deja de pedir permiso para defender sus intereses y comienza a disputar el rumbo del país. La acción política también debe buscar cumplir esa tarea, «teoría y práctica» decimos los comunistas.

Esa diferencia la marcaban los diputados comunistas, la curul era el espacio que utilizaban para hacer propuestas a favor del pueblo que marcaban la diferencia, luego se ponías las botas, se subían las mangas y se plantaban junto al pueblo en la lucha por sus derechos. La alfombra roja quedaba para otros, no para los comunistas. Así que, Rodrigo Chaves, deje de vender humo de una supuesta «lucha» contra comunistas.

El pueblo es, ayer como hoy, la única fuerza capaz de enfrentar el poder del capital y abrir el camino hacia una transformación estructural de la sociedad, la construcción de una verdadera democracia popular.

24 de julio 2026

La economía jaguar y el engaño de la canasta básica y el nuevo paquetazo fiscal

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

El reciente anuncio del ministro de Hacienda —quien dicho sea de paso ya parece que no disimula su papel de presidente de facto— sobre la propuesta (amenaza) de la eliminación de exenciones en la canasta básica bajo el argumento de que “los ricos también consumen estos productos” suena, a primera vista, a una medida de justicia distributiva. Sin embargo, al aplicar el rigor del cuestionamiento crítico, lo que emerge es una peligrosa contradicción en la política fiscal.

Si el gobierno esgrime como gran logro la “economía jaguar”, ¿cómo explicamos que el reciente informe del FMI señale una caída en la recaudación fiscal persistente desde el 2022? La narrativa del crecimiento económico parece chocar con la realidad de las arcas públicas. La solución propuesta —cargar más el costo de la vida— es, en esencia, una huida hacia adelante que repite viejos vicios.

¿Se devolverá este 12% extra o el 13% completo de costo a los quintiles más pobres, tal como se prometió en campaña devolver el ROP? La historia de las promesas incumplidas genera una sospecha legítima. Al cargar el peso de la recaudación nuevamente sobre la clase media y trabajadora, no solo se atenta contra la movilidad social, sino que se crea un terreno fértil para la informalidad, la evasión por desesperación y, finalmente, la delincuencia por necesidad.

La solución progresiva que se niegan a implementar por cuidar a los más ricos

Existe una alternativa. Mientras la OCDE sugiere avanzar hacia la Renta Global —un sistema donde toda la renta de una persona se suma para pagar impuestos según su capacidad real, evitando la segmentación que permite elusión—, este gobierno opta por gravar el consumo de productos de primera necesidad —incluso reduciendo la lista que conforma la Canasta Básica— que es el impuesto más injusto para quien menos tiene. La pregunta no es cómo sacarle más a la canasta básica, sino por qué seguimos evitando un sistema tributario moderno, progresivo y eficiente.

OES-UNA: “Discusión sobre una reforma fiscal es necesaria y urgente”

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Observatorio Económico y Social llama la atención sobre la necesidad de evitar centrar la discusión en medidas de corto alcance y la urgencia de tomar en cuenta el impacto sobre los sectores más vulnerables

UNA Comunica. El Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) ha venido advirtiendo sobre un deterioro en la recaudación tributaria desde el 2023.

En el informe Análisis de la Coyuntura Fiscal 2024 se señalaba una reducción de los ingresos tributarios durante ese año, situación que ya se había presentado en 2023. Esta tendencia continuó en 2025 y se ha intensificado durante los primeros meses de este año, tal como lo había anticipado el propio Ministerio de Hacienda en las proyecciones incorporadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

La disminución de los ingresos tributarios se ha observado en diversos rubros y no responde a un único factor. Entre las principales causas destacan el menor dinamismo de las empresas del régimen definitivo, la reducción de los ingresos de algunas empresas que facturan en moneda extranjera, el congelamiento salarial en el sector público, el efecto de la apreciación del colón sobre el valor declarado de los bienes importados, la modificación de los valores declarados en la importación de vehículos y diversas decisiones adoptadas por la anterior Asamblea Legislativa, entre ellas, la reducción del impuesto a la propiedad de vehículos, la disminución del impuesto sobre la renta para personas físicas con actividad lucrativa y la limitación de algunas potestades de control de la Administración Tributaria.

Sobre este punto, en el informe Análisis de Coyuntura Fiscal 2024 se advertía que “el Observatorio reitera el llamado a evitar un debilitamiento adicional del sistema tributario, con más reducciones de impuestos o incorporaciones de nuevas exoneraciones, tal y como se ha estado haciendo en los últimos dos años con la reducción del impuesto a la propiedad de vehículos, la pérdida de potestades de la administración tributaria en el cobro del impuesto sobre la renta, la reducción del impuesto a personas físicas con actividad lucrativa (personas con actividades propias) o las reformas recientemente anunciadas en el Selectivo de Consumo, pues el deterioro de los ingresos públicos afectará la posición fiscal del país y complicará la asignación de recursos adicionales a las más apremiantes necesidades de la población”.

Hoy, esta advertencia parece estarse confirmando, pues el deterioro de las finanzas públicas se ha vuelto cada vez más evidente.

Por esta razón, el OES-UNA considera positivo que haya una discusión sobre una eventual reforma tributaria, dada la necesidad de corregir problemas que se han venido acumulando en el sistema tributario costarricense durante décadas. La reforma fiscal aprobada en 2018 tuvo un alcance limitado y no fue concebida como una transformación estructural del sistema, sino como una respuesta inmediata a la necesidad de generar recursos adicionales para enfrentar la situación fiscal del momento.

En ese contexto, era necesario mantener abierta la discusión sobre reformas de carácter estructural que permanecieron pendientes, particularmente en materia del impuesto sobre la renta, así como sobre eventuales ajustes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), incluida la discusión acerca de su tasa impositiva. Sin embargo, la irrupción de la pandemia por Covid-19 desplazó estas prioridades e impidió la continuidad de una agenda de reformas tributarias de mayor alcance.

El país mantiene pendiente una agenda de reformas tributarias de gran relevancia. Entre ellas destacan:

– La revisión integral de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en esencia continúa siendo la aprobada en 1988 con las modificaciones incorporadas a lo largo del tiempo.

– La reducción de los niveles de incumplimiento tributario por parte de las personas jurídicas.

– El fortalecimiento de la recaudación proveniente de las personas físicas, ámbito en el que Costa Rica se encuentra rezagada respecto al promedio de los países de la OCDE.

– La introducción de mecanismos de control que eviten el uso de Sinpe Móvil como instrumento para la evasión del IVA.

– La racionalización de determinadas exoneraciones.

– La revisión de los beneficios tributarios otorgados a empresas acogidas a regímenes especiales.

– La definición de estrategias para enfrentar la erosión futura de la recaudación proveniente de los impuestos a los combustibles.

Asimismo, resulta necesario retomar medidas orientadas a fortalecer las capacidades de control y fiscalización de la Administración Tributaria, así como valorar la incorporación de tributos que, además de generar ingresos, contribuyan al cumplimiento de objetivos ambientales.

Por estas razones, el OES-UNA hace un llamado a promover una discusión amplia e integral sobre la reforma tributaria que requiere el país, evitando limitarla a ajustes puntuales destinados únicamente a resolver necesidades de financiamiento de corto plazo. El objetivo debe ser avanzar hacia un sistema tributario más robusto, equitativo y sostenible, capaz de fortalecer las capacidades de la Administración Tributaria y garantizar la disponibilidad de recursos para atender las prioridades nacionales en el largo plazo.

Además, las reformas que eventualmente se adopten deben proporcionar al gobierno central los recursos necesarios para responder a necesidades ineludibles de la población, como por ejemplo: el fortalecimiento del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cuya sostenibilidad requerirá recursos que exceden los obtenibles mediante una eventual capitalización derivada de la privatización de un banco público, el pago de la deuda del Estado con la CCSS.

Asimismo, debe considerar además el fortalecimiento del financiamiento de la educación pública, el incremento de los recursos destinados a la seguridad ciudadana, el resarcimiento de los montos no transferidos al Poder Judicial en años anteriores, el fortalecimiento de los programas sociales y la atención de necesidades operativas del gobierno central, incluidas aquellas asociadas a la puesta en funcionamiento del nuevo centro penal actualmente en construcción.

La reforma tributaria que eventualmente se proponga debe considerar de manera explícita sus efectos sobre la población en condición de vulnerabilidad económica, incorporando mecanismos que permitan compensar o minimizar posibles impactos adversos. Hasta el momento, sin embargo, este aspecto no ha sido señalado como una condición fundamental dentro de la discusión pública sobre la reforma.

Por ejemplo, la eventual aplicación de la tarifa general del 13% del IVA a los bienes que actualmente integran la canasta básica tributaria, podría generar un aumento significativo en la recaudación de este impuesto, al ampliar la base gravable y gravar una mayor proporción del consumo realizado por los hogares de mayores ingresos. No obstante, una medida de esta naturaleza incrementaría la carga tributaria sobre los hogares de menores recursos, los cuales destinan una mayor proporción de sus ingresos al consumo de bienes esenciales.

Por esta razón, cualquier modificación en esta dirección debería acompañarse de mecanismos de compensación adecuados. A partir de experiencias implementadas en otros países de la región y de propuestas que han sido discutidas con anterioridad en Costa Rica, resulta pertinente valorar la devolución del IVA pagado por los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad económica. Este mecanismo, conocido en el ámbito internacional como “IVA personalizado”, permitiría mitigar los efectos regresivos del impuesto y fortalecer la progresividad del sistema tributario, al tiempo que se preservan los objetivos de recaudación fiscal.

Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía, UNA

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Cinismo que puede generar corrupción

Escrito en . Publicado en Análisis.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León
  1. Chaves y Nogui dijeron hace meses que el «decretazo» a favor de los importadores de lujosos autos, había sido «sin querer queriendo». Que Hacienda revisaría caso por caso, para recuperar los montos evadidos a la hora de importarlos. Tarea que obviamente no hicieron, y que ahora se hace más grande, al sumar la evasión que se evidencia con el pago de los marchamos, para los mismos autos que ingresaron bajo la corrupta sombrilla de Zapote. ¡La fiesta es todo un carnaval pornográfico!
  2. Para no afectar a los amigotes de Chaves amantes de los lujosos autos, Nogui no movió un dedo mientras era ministro. Se limitó a decir, que los importadores eran unos mentirosos, al meter facturas de compra falsas. Que como era un delito, Hacienda se encargaría ¡Ya!, de empezar a cobrarle a esos «mentirosos» el impuesto que evadieron, y que se harían los ajustes legales para cerrar el portón. Mientras, por otro lado, Chaves seguramente le advertía «dejar las cosas como están». Los hechos lo demuestran.
  3. Entre los impuestos por importación de autos y a la propiedad (dinero de todos los costarricenses que recaudaría Hacienda), nos robaron ¢32.000 millones, hasta agosto pasado, pese a que ingresaron más carros. Ello, gracias a la «contribución» que generosamente les hicieron Chaves y Nogui Acosta, al establecer que, a partir de octubre del año pasado, ya esos impuestos no se determinarían a partir de los «precios mínimos de mercado», y sí a partir de lo supuestamente pagado por el vehículo en algún país extranjero.
  4. Algunos importadores de lujosos vehículos, están librándose de pagar entre ¢7 Y ¢15 millones (quizá más), por concepto de marchamo, por cada uno. O sea, por unos 500 carros estarían dejando de pagar ~¢5.000 millones. Mientras, por otro lado, los otros, los que no podemos ni entrar al condominio de mansiones en que vive el presidente, pagamos por nuestros carros, cifras injustas, muy superiores a las que se le cobran a los amigotes premiados por Zapote.

Porque es dinero que es vital para la atención de obligaciones del Estado, incluyendo la disminuida asistencia social, esperamos que los recursos de amparo que se están preparando contra el decretazo de Chaves y Nogui, en defensa de los intereses difusos, se presenten cuanto antes… aunque ello le complique la vida a los que esperan por los autos que estarían por llegar al país.

Desorden territorial y descontrol en licencias de construcción en la Municipalidad de Talamanca

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Esta nota se elabora a partir de una producción institucional basada en el informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la Municipalidad de Talamanca.

La Contraloría General de la República (CGR) emitió el informe de auditoría DFOE-LOC-IAD-00007-2025, donde se analizan las debilidades en la gestión del otorgamiento de licencias de construcción y el ordenamiento territorial en la zona urbana del cantón de Talamanca.

El informe revela graves deficiencias en los procesos municipales, que comprometen el desarrollo ordenado, la protección del patrimonio natural del Estado, la calidad de las construcciones y la seguridad jurídica de la población.

Falta de planificación territorial

Talamanca no cuenta con un Plan Regulador ni con acciones claras que orienten el crecimiento urbano de forma equilibrada con la protección ambiental. Esta omisión favorece el desorden y la ocupación irregular del suelo.

Permisos sin verificación de requisitos legales

La Municipalidad autorizó licencias de construcción sin comprobar aspectos legales esenciales como:

  • Certificado de uso de suelo.
  • Disponibilidad de agua potable.
  • Plano catastrado visado por la Municipalidad.
  • Plano constructivo sellado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

Supervisión deficiente y evasión tributaria

No existe un control sistemático ni oportuno de las obras autorizadas. Esta falta de fiscalización ha permitido la proliferación de construcciones ilegales y ha generado evasión de impuestos.

Datos del informe

1 426 permisos de construcción se otorgaron sin contar con Plan Regulador.

405 permisos fueron tramitados posterior a clausuras de obras iniciadas sin autorización.

En el año 2024 se construyeron 27 obras sin permiso ni planos, con una pérdida fiscal estimada en ₡11,4 millones por concepto de impuestos no percibidos.

Lea el informe completo “DFOE-LOC-IAD-00007-2025” aquí: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025015272.pdf

Poner a los pobres en la agenda

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Manuel Delgado

Decía la presidenta de México Claudia Sheinbaum que “lo que no se nombra, no existe”. Y, efectivamente, una manía de la ideología oficial es ocultar, invisibilizar, porque de esa manera los problemas que no se mencionan salen de la agenda social. Muchos de los mensajes políticos, documentos de índole social, prospectos de programas de unidad popular y otros, no son deficientes por lo que dicen, o solo por lo que dicen. Su mayor deficiencia es lo que no dicen, lo que pretenden mantener en el olvido.

De la pobreza se habla porque sencillamente no se puede dejar de hablar, pero se le trata de manera general y semiescondida, envuelta en un tumulto de otros temas que le atañen solo de lejos. El gran tema de la pobreza, que consiste en la mala distribución de la riqueza, en el acaparamiento del tesoro por parte de unos pocos y el reparto de las migajas para el resto, ese tema nunca se menciona.

Y este, y no otro, es el tema esencial, la piedra nodal, de nuestra sociedad. Si en algo queremos cambiar este país, hay que comenzar por allí. Una mejor distribución de la riqueza es la puerta que abre el camino a la solución de todos los demás problemas.

¿Cómo acometer esa tarea de distribuir la riqueza? No creo que a eso se pueda responder en una frase, pero podríamos mencionar varias. La primera es que hay que elevar los salarios, en especial los de la empresa privada, que son los que se han quedado más rezagados. Debe instaurarse un sistema de salarios crecientes, ajustables no a la inflación sino al aumento de la productividad y la producción, al incremento del producto interno bruto. Segundo, hay que dotar al trabajador de herramientas eficientes para la defensa de sus derechos, en particular de sus sueldos. Lo principal en esto es la protección y el fomento de los sindicatos y otras asociaciones de trabajadores, así como la tutela de sus derechos a negociación colectiva y a huelga.

Parte de estos salarios individuales son las prestaciones sociales y, muy especialmente, las pensiones. Hay que defender el derecho a la pensión, que incluye una reducción y no un aumento, de la edad de retiro y, al mismo tiempo, un aumento y no una reducción de los beneficios. La derecha nos ha atosigado con la vergüenza de las pensiones de lujo, pero nada dice de la vergüenza de las pensiones miserables con las que tiene que hacer frente un enorme porcentaje de la población de tercera edad. Hay que acabar con esas pensiones vergonzosas, vergonzosas por bajas, y darle a nuestra población el derecho a una ancianidad digna. Pero ninguna de estas cosas debe hacerse a costa de los mismos trabajadores.

En una época en que la estructura etaria de la sociedad ha cambiado tanto, ya no puede seguir rigiendo el principio de que sean los trabajadores activos los que sostengan los beneficios de los pensionados. Por el contrario, esa tarea debe ser de toda la sociedad, es decir, del estado, del fisco, que debe ser financiado por impuestos cada vez más progresivos.

Yo no creo correcto que volvamos a insistir en dedicar un porcentaje IVA a esta tarea. Tampoco, que se le pongan impuestos (es decir, tomarle parte de sus ganancias) a las empresas estatales. Eso es recurrir una vez a la vieja manía de repartir los impuestos indirectos, en pasarle el fardo a los trabajadores. Así, por ejemplo, una norma para que el ICE entregue parte de sus utilidades al régimen pensiones redundará, más tarde o más temprano, en un alza de las tarifas de los hogares.

Este último tema es la otra gran clave para redistribuir la riqueza: urge una reforma fiscal profunda, que cobre impuestos a los grandes capitales y libere a los pobres del pago de impuestos. Al mismo tiempo, deben acabarse la evasión y elusión fiscales, de los que todos saben y acerca de lo que también se habla cada vez menos. Ambas cosas todos las sabemos, solo que ahora parece que hemos entrado en una época de pánico donde el asunto no puede siquiera mencionarse. Tememos molestar al capital, que sueña con vivir feliz y en paz, amasando sus millones día con día. Sobre todo, creo que nos da miedo a que nos tilden de extremistas o de comunistas, lo cual no sería del todo descabellado.

Una cuestión fundamental que debe ocupar lugar relevante en una agenda de reforma social es revertir las leyes del gobierno de Alvarado y sus aliados, las cuales empobrecieron a los trabajadores y mantienen sometida a la parálisis la función pública. El llamado plan fiscal queda incluido en lo que ya dije, pero hay que repetir que esa ley ultrarregresiva les restó enorme poder adquisitivo a las clases trabajadoras, además de que complicó enormemente la administración tributaria. Lo mismo puede decirse de la norma fiscal, acerca de la cual no hace falta evaluar nada: todos sabemos que ha hecho un enorme daño a las instituciones del estado y ha hecho retroceder décadas la labor social del estado. Hay que mandar al cajón del olvido la ley de empleo público, y proceder a una reforma verdadera, profunda y, sobre todo, humana, del empleo público y del aparato estatal. Por supuesto, queda dicho, hay que devolverles a los trabajadores su derecho a organizarse y a manifestarse. Hay que descriminalizar la protesta social.

Un programa de acción social y política constaría de muchos puntos más, porque la sociedad es un ente muy complejo y porque los problemas no se han atacado desde hace tiempo, haciendo que la sociedad se deteriore en muchos campos. Pero esta línea central de reforma económica, de distribución de la riqueza y fiscal, la única ruta que puede abrir camino a las otras reformas, al rescate de la Costa Rica solidaria y a un futuro de justicia y progreso.

Defensoría: País requiere discutir estructura tributaria que garantice financiamiento de la inversión social

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • Reforma deberá ser progresiva y sostenible, sostiene la Defensoría

  • Todos los sectores deberán aportar elementos técnicos con visión país

La Costa Rica de hoy, en materia de políticas sociales, se ha visto robustecida por la posición visionaria de diferentes estadistas que han comprendido que el desarrollo del país se sustentaba en la inversión pública de servicios fundamentales como educación, salud, cultura, vivienda, seguridad, luz, agua, telefonía, internet, entre otros; regidos por principios tales como oportunidad, inclusividad, igualdad, solidaridad, accesibilidad, equidad y desarrollo social.

Este enfoque, sustentado en un Estado Social de Derecho, pone de manifiesto que la inversión social es la base de un alto desempeño de desarrollo humano y social sustentado en indicadores. Lo anterior ha derivado que Costa Rica históricamente sea una nación vanguardista en la realización de temas vinculados a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La Defensoría de los Habitantes, a lo largo de la última década, viene escuchando el reclamo de autoridades de gobierno en el sentido que, para cumplir con un mandato constitucional o una ley específica, se requiere de mayores ingresos para su acatamiento; no obstante, tampoco proponen alternativas alcanzables para su cumplimiento. Para la Defensoría no pueden existir funcionarios públicos obligados al cumplimiento de la ley y otros que no: éstos últimos aduciendo imposibilidades materiales, financieras o de cualquier otra índole.

La ecuación completa en materia fiscal se compone de dos grandes variables: ingresos + gastos. El país ha venido, durante los últimos cinco años tomando medidas para la reducción del gasto. La más recientes, la aprobación de la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la creación de la Regla Fiscal. Ambas leyes permitieron que, mientras en el 2019 el país debía endeudarse un 54% para financiar el déficit fiscal, datos preliminares para el 2025 muestran que el nivel de endeudamiento, para financiar el presupuesto de este año, disminuyó al 38%. Esto muestra que, desde el 2019, se viene financiando el presupuesto de la República con menos endeudamiento. El 50% de la ecuación en materia de gastos se ha venido realizando con altos y bajos.

Para la Defensoría de los Habitantes surge ahora entonces la gran pregunta: ¿qué ha sucedido con el otro 50%?; esto es, ¿qué medidas efectivas ha tomado el Ministerio de Hacienda para aumentar los ingresos?, ¿en cuánto se han incrementado los ingresos tributarios resultado de estrategias para luchar contra la evasión y elusión fiscal?, por ejemplo. Es importante señalar que el Fondo Monetario Internacional reconoció en el 2018 que la evasión en IVA rondaba en el 2,7% del PIB y un monto similar en renta; o sea, cerca del 5% del PIB solo en evasión. Y ni hablar de la resistencia a implementar mejoras en los sistemas digitales de tributación, que al mes de agosto del 2024 solo tenía un avance del 19%, y se anunció que comenzará a implementarse hasta el 2026.

Sostiene la Defensoría de los Habitantes que el país debe revisar si existen actividades productivas que mueven el PIB, y que al día de hoy aportan 0% en impuestos a la renta. En ese sentido, como Institución Nacional de Derechos Humanos, considera fundamental que el país se proponga la apertura de un diálogo intersectorial que permita tener como resultado una nueva estructura tributaria, que sea progresiva y sostenible. Todos los actores sociales, económicos, financieros, gubernamentales, la sociedad civil organizada, entre otros, deben aportar en la construcción de un escenario presupuestario que permita superar los obstáculos, las excusas, las imposibilidades, para volver a tener una Costa Rica visionaria que sustente sus bases en el Estado Social de Derecho.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Coincidiendo con Nogui, la impostergable reforma tributaria

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Greivin Hernández González*

Lleva razón el ministro de Hacienda cuando afirma que la reforma fiscal de 2018 ya se agotó, y que los ingresos tributarios han empezado a escasear, son insuficientes para satisfacer las obligaciones estatales, y las aspiraciones de la sociedad costarricense. El ministro está en lo cierto además, cuando afirma que la solución pasa por generar ingresos frescos. En un evento auspiciado por la Academia de Centroamérica sugirió dos posibles fuentes: renta global e impuesto mínimo global.

Sobre renta global coincidimos, este esquema cerraría portillos a la elusión tributaria, y traería más equidad al sistema vigente. Sobre el impuesto mínimo global también, no tanto porque haya muchas empresas de origen costarricense generando rentas masivas en el exterior, sino más bien, porque la falta de una tributación de este tipo, facilita la evasión y elusión, pues no permite que las autoridades tributarias indaguen lo suficiente sobre las operaciones que personas o empresas tienen en otros países, y que en muchas ocasiones obedecen a esquemas de evasión tributaria (recordemos los Papeles de Panamá). La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que los flujos ilícitos del comercio internacional representan el cerca del 15% de la producción nacional de Costa Rica, tal manipulación de precios reduce severamente los ingresos fiscales.

En ambas propuestas del ministro, se trata de impuestos que no recaen sobre las clases empobrecidas ni medias, por cuanto no tienen capacidad de generar ingresos significativos de múltiples fuentes, ni menos aún de llevar a cabo negocios en otros países.

Una reforma fiscal se aproxima, y es imprescindible que desde ya se tenga claro tres objetivos por cumplir: poner a tributar a los que tienen capacidad en su justa medida, cerrar los portillos para la elusión, y elevar el costo de la evasión; en todas el país está en pañales.

Sobre el primero, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ya había advertido la precariedad tributaria del país, el “Estudio Económico de Costa Rica, 2020” caracterizaba el desempeño tributario en rango mediocre. Concluyó que lo que recauda el Estado costarricense en impuestos por concepto de ingresos, beneficios y ganancias de capital de las personas, es seis veces menor de lo que recaudan por el mismo concepto sus pares de la OCDE, y en el caso de los impuestos sobre la propiedad, nuestro Estado recauda 4,4 veces menos.

Abordando esta tarea de manera moderada, equiparándonos al promedio de la OCDE, sumaría más de nueve puntos porcentuales del PIB en materia de recaudación tributaria, suficiente para atender las obligaciones sociales y la creciente deuda pública costarricenses. Aquí no debe caber duda de que, quienes no están contribuyendo según su capacidad, son las clases más favorecidas, la crítica de la OCDE es sobre la escasa tributación de quienes obtienen rentas del capital y de la propiedad, factores productivos de los que las personas en pobreza y los asalariados carecen.

En el caso de los otros objetivos, los esfuerzos para cerrar los portillos a la evasión y elusión, que deben ser continuos y crecientes, en Costa Rica están estancados; dos hechos lo demuestran, el proyecto más prometedor llamado “Hacienda Digital” se encuentra severamente retrasado, y las autoridades no han anunciado nuevas iniciativas. Adicionalmente, las recomendaciones de expertos que han investigado significativos hechos de evasión tributaria (p.e. los “Papeles de Panamá”) no han sido incorporadas en nuestra legislación.

Dado lo anterior, vemos que se mantienen los riesgos señalados por entes auditores como la Contraloría General de la República, quien señala que casi el 60% de los profesionales liberales declara cero impuesto sobre las utilidades, y la CEPAL, quien estima que la evasión corporativa en el impuesto sobre la renta en el país es superior al 65%, de las más altas de la región latinoamericana.

En la práctica tributaria lo que ocurre es que los individuos que se benefician de altas rentas realizan una “planificación fiscal” agresiva, apoyados por despachos especializados en beneficiar a sus clientes afectando a la sociedad como un todo, encontrar los portillos que tienen las leyes, y las oportunidades de nuevas formas de organización de la producción, para minimizar el pago de impuestos. Es por ello por lo que, en los países desarrollados las reformas tributarias son constantes, mientras que en nuestro medio tardan décadas.

Por otra parte, en los últimos años se han llevado a cabo múltiples esfuerzos por sanear las finanzas públicas desde el lado del gasto, con reformas a los sistemas de pensiones, el empleo público, la regla fiscal y eliminación de destinos específicos. Muchas de estas reformas ciertamente abordaron temas necesarios y urgentes, sin embargo, este espacio parece haberse acabado, y es necesario mirar hacia el lado de los ingresos, en particular de aquellos que llevan décadas sin aportar al fisco lo que les corresponde.

Desde la fundación de la Segunda República, Costa Rica se configuró como un Estado Social de Derecho, una sociedad en la que el Estado “procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza” (Constitución Política art. 50), en el que a sus ciudadanos se les garantiza amplios derechos esenciales como el acceso a la salud, la educación, un ambiente sano, trabajo, vivienda digna, entre otros. A pesar de esta norma visionaria, que ha hecho del país una nación singular y envidiable en el contexto latinoamericano, hay quienes no se ven comprometidos con ella, y la dinamitan desde dentro y fuera del Estado.

El no llevar a cabo los esfuerzos suficientes para dotar al Estado costarricense de los recursos necesarios para ofrecer un nivel de vida digno a los ciudadanos, representa una traición a esta visión inscrita en la Constitución Política. Parafraseando a José Mujica, cuando decimos que no hay suficientes fondos públicos “es porque tenemos la cobardía política de no cobrarles, pedirles y meterles la mano en los bolsillos a los que pueden”.

Entonces sí, coincidiendo Hacienda, la impostergable reforma tributaria, la esperanza es que hagamos una con la valentía de cobrar lo justo a quienes se debe.

* Economista, fue Director de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) y Ex Director Ejecutivo a.i. del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

Corrupción, evasión y venta de bienes del Estado-Empresario

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

En referencia al robo de impuestos, que, agregamos, supera la deuda interna, dijo, lo siguiente, el señor expresidente don Rodrigo Carazo: “¡Corrijamos esa corrupción! ¿Por qué no se ponen detrás de esos recursos antes de querer vender las cosas que son de todos? Y es que lo que se han llevado no son seis reales», manifestó. Argumentó que el objetivo de una reforma estatal y de la globalización debe ser el beneficio de todos. «Es contradictorio pensar que eso se va a lograr entregando todo lo que tenemos. Los países que lo han hecho han pasado y están pasando tristísimas experiencias». Convencido estaba de que, los inversionistas extranjeros que comprarían las empresas estatales, que dan servicios sin fines de lucro, son personas que también quieren convertirlo todo en oro para su propio y exclusivo beneficio, sin pensar en las necesidades ajenas, lejos del espíritu solidario que privó en su gestación.

«No crea usted que (tales empresarios) van a venir a satisfacer nuestras necesidades. Vaya a Chile y verá que cuando se privatizan las comunicaciones, disminuye el número de chilenos que tienen teléfono porque no lo pueden pagar», dijo a propósito de la imposición de políticas neoliberales durante la dictadura de Pinochet.

Al otro lado de la ancha avenida, otro Rodrigo, éste de apellido Chaves, desde antes de iniciar su Presidencia, en su papel de vendedor de bienes del Estado, no esperó mucho para poner precio a la compra-venta, que, por supuesto, recibe aplausos, desde los clubes de comerciantes que le presentaron su propuesta al amigo venido del Banco Mundial.

Para este Rodrigo, útil vocero de los de su casta, el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA), tiene un valor de $200 millones. El precio del Banco de Costa Rica (BCR), andaría entre $800 millones y $1.200 millones. La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) valdría entre $350 millones y $1.000 millones, la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) $20 millones y, ¡aquí la voló!, Kölbi (marca del ICE) se vendería en $1,2 millones. ¡Una especial ganga para los compradores que, todavía, esconden sus pretensiones! Aclaramos sí, que la lista no es exhaustiva, ni mucho menos, pues también, incluye la privatización de servicios como, la administración del acueducto metropolitano, hoy mal gestado por el AyA, servicios médicos de la Caja, a la que tienen, intencionalmente cerca de la inanición, y servicios de generación y distribución eléctrica, cumplidos por el ICE, aunque su más alto jerarca, actúa en contra del Instituto.

En fin, lo que el presidente actual, el otro Rodrigo, no parece considerar es que, la estructura institucional costarricense, que tantos beneficios le ha traído al país y sus habitantes, tiene raíces históricas profundas, principalmente a partir de mediados del siglo XIX. Que sus sólidos cimientos le han permitido, soportar embates neoliberales destructivos, gracias, precisamente, a que no se gestaron tales instituciones, a partir de ocurrencias, sino como parte de una visión muy especial de algunos muy bien valorados líderes.

Un buen ejemplo, fue la creación de la Fanal en 1850, que demostró a través del tiempo, haber sido una muy buena decisión del presidente don Juan Rafael Mora. Creada originalmente como Fábrica Nacional de Aguardientes, con el propósito de fomentar la industria cañera, y defender a la población del consumo de licores altamente tóxicos, con contaminantes, que se comercializaban al margen de la ley, al tiempo que afectaban los ingresos del Estado. Hoy, 174 años después, gracias a su sostenida renovación, la Fanal aportó de junio del 2018 al 2020, cerca de C. 50.000 millones de colones, a instituciones promotoras de desarrollo social, como son el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), a la Municipalidad de Grecia, y una cifra casi igual en impuestos, al Ministerio de Hacienda.

Es igualmente relevante, la creación en el año 1924, del monopolio estatal del negocio de los seguros, dando nacimiento al Banco Nacional de Seguros, que luego se transformaría en el Instituto Nacional de Seguros (INS) en 1948, como parte de la creación del régimen de instituciones autónomas del Estado, proceso en que sobresale la figura de Rodrigo Facio Brenes, recordado exrector de la Universidad de Costa Rica. Instituto que, pese a la forzada apertura comercial a empresas extranjeras de seguros, se mantiene como la más grande empresa de seguros del istmo centroamericano, con un total de $1.323 millones en primas, durante el 2023, gracias a un crecimiento del 21,2%.

Por ello, y más, ahora que el señor Chaves propone su venta, cual aparente ocurrencia que, pensándolo bien, no tiene nada de ello, cabe preguntarse ¿cómo se sustituirían los cerca de C.100.000 millones de colones, que, anualmente, aporta el INS, en cargas fiscales y parafiscales a otras entidades del país? Y si, como también se ha propuesto, se vendiera “solo” el 49% de sus activos, habría que ver si los compradores estarían dispuesto a colaborar, solidariamente, a partir de las ganancias, con las citadas contribuciones fiscales y parafiscales, dentro de las cuales aparecen beneficiarios destacables, como el imprescindible Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (0,5 % de las primas), así como al impuesto de utilidad y título valores del Estado (25% de la utilidad disponible neta), a la Reserva de Capital de Riesgos del Trabajo, y al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, producto de los excedentes de los seguros que comercializa. ¿Verdad, amigos, que la prudencia exige no correr mucho con esas ideas de compra y venta, y reflexionar, antes y con sustento técnico, acerca de las consecuencias que se vislumbran?

Creemos que la responsabilidad exige distinguir entre un Estado-Empresario, y “políticos empresarios”, pues, son conceptos diametralmente opuestos, a los que poco se les dedica, análisis con la profundidad que merecen.

La matriz empresarial-institucional del Estado (descrita por Alberto Cortés https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzQVzNtMXJqpzTKKvMgTRPjhPwhM?projector=1&messagePartId=0.1) entre los años 40-48, nos muestra la creación de dos de las instituciones públicas, más importantes en términos de su impacto social: la Universidad de Costa Rica (UCR) en 1940, y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en 1943, ambas con una enorme peso en el desarrollo social y cultural del país, que han sido fundamentales, para democratizar solidariamente, la atención en salud de los costarricenses, independientemente de su estatus socioeconómico, y el acceso a la educación universitaria de excelencia, sin discriminar, igualmente, sobre la condición social de sus estudiantes.

Cabe resaltar, que luego de la guerra civil del año 1948, tanto desde la Junta de Gobierno, presidida por don Pepe Figueres, como desde la Asamblea Constituyente (1949) las ideas de orientación socialdemócrata que germinaban en Costa Rica, y la reflexión histórica que tuvo lugar, llevaron hacia la creación de trascendentales instituciones autónomas y empresas públicas, que permitieran impulsar la necesaria modernización económica y política del país. En ese contexto, sobresale, por extraordinaria y visionaria, la creación del sistema de banca comercial pública, con la tarea de ejercer estricto control de las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes, aunado al objetivo de colocar crédito al servicio de la modernización agrícola y el incipiente desarrollo industrial. Nacieron así el Banco Anglo Costarricense (BAC), el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco de Crédito Agrícola de Cartago (BCAC) y el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).

Asimismo, la junta fortaleció la autonomía del Consejo Nacional de Producción (CNP) como instrumento de fomento de la producción agrícola para el mercado interno, que tantos servicios prestó al control de precios de granos y otros productos básicos. Y, como la gran institución insigne de ese modelo de Estado empresario, se creó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para garantizar la producción y control estratégico, de la generación y distribución de la energía eléctrica, ampliada eventualmente, al monopolio de las telecomunicaciones y la telefonía celular. Instituto que ha venido enfrentando, embates privatizadores, de parte de comerciantes e ideólogos, para quienes el Estado no puede participar de actividades donde la empresa privada puede lucrar. Ideas que, divulgadas con megáfonos virtuales, han llevado a muchos compatriotas, a ver como algo nefasto para el desarrollo de Costa Rica, la estructura y funcionamiento del Estado-Empresario, que, paradójicamente, favorece a las mayorías y al fundamental sustento democrático.

Instituto Costarricense de Electricidad, que, pese a las amenazas, y gracias a sus servicios y fidelidad de los habitantes (aún con los desaciertos recientes de sus jerarcas), se mantiene entre las tres mayores empresas del istmo incluidas en el Ranking América Economía de las 500 Mayores Empresas de América Latina, al lado de Recope, y la Autoridad del Canal de Panamá.

Y, es que, esos resultados exitosos, son, paradójicamente, su debilidad, pues permiten vislumbrar el por qué, ambas empresas del Estado costarricense, ICE y Recope, son tan apetecidas por ciertos compradores privados, deseosos de lucrar con sus gigantescas ganancias. Por otro lado, sus deseos sí los cumplieron, lamentablemente, con Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), a la cual, con un contrato entreguista, le regalaron el muy eficiente, monopolio constitucional que tenía la empresa nacional creada en 1963, en el trasiego de contenedores, a una empresa transnacional escandinava (APM Terminals), que, lejos de los empleos ofrecidos, vino a profundizar, más bien, el desempleo en la provincia de Limón, sin que los anunciados beneficios que traería una terminal portuaria “del primer mundo”, se hicieran realidad. Ejemplo de cómo, el desdén ciudadano, de la mano de la demagogia de ciertos políticos, provocó tanto daño, en tan corto tiempo, por lo cual, esperamos que se haya aprendido la lección.

Finalmente, ha de valorarse objetivamente, la creación de 113 instituciones descentralizadas, entre los años 48 al 79, algunas autónomas o semiautónomas, que vinieron a generar, a través del tiempo, conforme se estructuraban y empezaban a brindar servicios, resultados positivos que se reflejaron en indicadores sociales, como en el empleo público, que llevaron a engrosar las capas medias, al tiempo que se disminuía la pobreza. Pobreza que se redujo, de manera altamente significativa, al pasar del 50,3 %, en 1961, al 18,5 %, en 1977, gracias la combinación de políticas públicas, como el citado mayor empleo, el desarrollo de infraestructuras básicas, y el acceso a los servicios públicos, con tarifas subsidiadas.

Hoy vemos grandes esfuerzos por “reformar el Estado”, según le dicen, y, para ello, han creado hasta una comisión legislativa especial, para acelerar esa tarea. Labor que, estamos seguros, enfrentaría a los dos “Rodrigos”, pues representan, por un lado, una visión en defensa de la institucionalidad costarricense, caracterizada por un Estado-Empresario, que propició el desarrollo de la Costa Rica, y que, hasta hace unos años, se caracterizaba por la solidaridad, por el valor de la soberanía, por la responsable consideración de la situación de los desposeídos, por el fomento de la paz social y el desarrollo sostenible, según el pensamiento de don Rodrigo Carazo. Mientras, por otro lado, para ahorrarnos palabras y su tiempo de lector, lo que vemos es ¡todo lo contrario!

26.8.2024