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Etiqueta: evasión

DE MAL EN PEOR

Escrito el . Publicado en Análisis, Derechos.

Oscar Madrigal

En estas fiestas de fin de año no seguí el consejo de la película “No mirar arriba” cuando dice que hay que dejar de leer y ver “noticias de mierda” (el lenguaje es de la película).

El diario La Nación publica en esos días dos artículos (iba a escribir informaciones, pero luego me arrepentí porque podría ser un atrevimiento). La primera es acerca de un estudio que realiza el economista Andrés Fernández, del grupo la Academia sobre la desigualdad en Costa Rica y el segundo una respuesta de la Caja al ministro de Hacienda. Ambos llaman la atención.

Sobre la desigualdad se recuerda que, según datos del Banco Mundial de 99 naciones, Costa Rica está entre los primeros 10 más desiguales y ocupa el primer lugar en desigualdad de ingresos de los países de la OCDE. No son informaciones que nos enorgullezca como país; es una vergüenza que señala el fracaso del modelo neoliberal.

El estudio del señor Fernández se reduce a estudiar la desigualdad únicamente entre los salarios de los trabajadores y concluye que la pandemia ha aumentado esa desigualdad, o sea, hizo más amplia la brecha salarial entre trabajadores. Pero lo interesante, dice el investigador, es que no fue porque los que ganaban más se hicieron más ricos y los que reciben salarios más bajos más pobres, sino que TODOS los trabajadores recibieron MENOS SALARIOS medios, sea todos se empobrecieron un poco; es decir, todos perdieron, solo que los más pobres perdieron más.

El estudio concluye, como era de esperar, que se debe reducir más los salarios de los empleados públicos, aprobar la ley de empleo público y reducir las cargas sociales. Por supuesto, no habla de un fuerte aumento salarial para todos los trabajadores y con mayor monto para los trabajadores más pobres, sino que la receta es nivelar para abajo, empobrecer más a las capas medias y con ello aumentar, de manera general, la desigualdad social. La medicina que sugieren es peor que la enfermedad porque las cargas sociales proponen quitarlas a los empresarios y fijar un impuesto general sobre toda la población, especialmente -con toda probabilidad- sobre los trabajadores. 

El ingreso por el trabajo, los salarios, son solo una parte de todo el problema de la desigualdad social que aqueja a nuestra sociedad de manera crítica. Pero como se observa, también en el campo salarial estamos retrocediendo en cuanto a disminuir la brecha. Si esta tendencia la ubicamos con relación a TODOS los ingresos (salarios, beneficios, ganancias de capital, renta, etc.), se llega a la conclusión de que el país camina a ser un país cada vez más desigualdad de que ya es y no hacia su reducción o acortamiento.

La lucha contra la desigualdad es muy diversa porque abarca desde la reforma de un sistema tributario regresivo, cerrar portillos legales a la evasión y elusión, reducir el papel monopólico de nuestra economía, eliminar subvenciones ocultas y exenciones odiosas, aumentar salarios y apoyar fuertemente a los sectores más desposeídos. Como se ve hay que tocar algunos puntales del actual régimen para redistribuir la riqueza. Y eso requiere voluntad política y decisión, difícil de encontrar en esta campaña electoral.

La otra noticia recoge la respuesta de la Caja al ministro de Hacienda, quien tiene una campaña para desmantelarla aduciendo cifras equivocadas. De la información se desprende que durante esta administración Alvarado, el Gobierno de lo que ha presupuestado como trasferencias corrientes a la Caja, solo ha cumplido con el 50%, es decir que la deuda del Gobierno con la Caja aumenta cada año en ¢250.000 millones. El menos indicado para criticar las finanzas de la Caja es Villegas porque no honra sus compromisos. Primero páguele a la Caja y después critíquela.

Pero La Nación como está en lo suyo, en no descansar ni en las fiestas de fin y principio de año en atacar a los empleados públicos titula: “Gobierno gasta más en pensiones de funcionarios públicos que en IVM…”, ignorando que esas pensiones salen del presupuesto nacional porque no crearon el fondo de pensiones que correspondía y como si los funcionarios públicos fueren los responsables de los impagos del Gobierno. La Caja simplemente le contesta a Villegas que el gobierno paga ¢900.000 millones en pensiones, pero ¢2,2 billones en intereses de la deuda.

Efectivamente dos noticias realmente de mierda: crece la desigualdad de los trabajadores porque todos se han hecho más pobres durante la pandemia y el Gobierno se escuda en los empleados públicos para no pagarle a la Caja.

Comunicado: «Es inconstitucional condonar deudas a patronos morosos a la CCSS»

Escrito el . Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS comparte el siguiente comunicado enviado a nuestra redacción:

A la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social ha sido trasladado el expediente para consultar el Proyecto de Ley que pretende condonar millonarias deudas a grandes políticos y empresarios evasores, utilizando sus intenciones detrás de personas cotizantes independientes y pequeñas empresas que adeudan la cuota obrera y patronal, Ley de protección al Trabajador (LPT) intereses, servicios médicos prestados y multas.

Este proyecto es inconstitucional, según los criterios emitidos por la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la República donde se indica que ni el legislador, ni la misma administración de la Caja puede condonar deudas a la institución.

La inconstitucionalidad reside en que usar los dineros de la Seguridad Social para fines distintos violenta el Artículo 73 de la Constitución Política. Entre los criterios de la Procuraduría se encuentra el OJ-28-2011, OJ-069-2020, OJ-105-2020 que indican; “(…) no puede obviarse frente a condonación propuesta que, en orden a las deudas por cotización de la Seguridad Social y sanciones conexas, hemos insistido que, por el destino constitucionalmente prefijado que tienen dichas contribuciones, la Caja nos solo tiene la potestad de perseguir las sumas adeudas, sino el deber constitucional y legal de emprender todas las acciones procedentes en Derecho para tal fin. De modo que cualquier omisión de la Caja en ejercitar las acciones cobratorias-administrativas o judiciales-, desconocería ilegítimamente preceptos constitucionales y legalmente establecidos al efecto. E igual situación podría presentarse si se decide condonar las deudas a favor de la Seguridad Social. Violación constitucional que también podría producirse si el legislador autoriza esa condonación.”

El Proyecto de Ley propuesto no busca beneficiar a los verdaderos trabajadores independientes, sino a políticos, diputados y grandes empresarios que se afilian como independientes, y otros patronos, sin que se analice su capacidad de pago y otras alternativas que no sean inconstitucionales.

Recordemos que la evasión del pago de las cuotas obrero patronales y del Estado, incide en la calidad de los servicios y la atención a las personas aseguradas, en las listas de espera, la falta de personal, de camas y equipo, así como de infraestructura hospitalaria. Frente a la Pandemia del Covid-19 las instituciones de salud pública y sus trabajadores y trabajadoras, han sido vitales y son la primera línea de defensa de la vida.

La Unión Nacional de empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, se opone contundentemente a este proyecto de ley por cuanto significaría un fuerte golpe a las finanzas de las instituciones de salud pública, de la Caja, y un portillo para quienes buscan su privatización.

Adjuntamos imagen oficial del comunicado:

Costa Rica: el virus de la desigualdad

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Jaime Ordóñez

¿Por qué la antigua Suiza de Centroamérica se volvió uno de los países más desiguales del mundo?

En su época de oro, en las décadas de 1980 y 1990, Costa Rica estaba rankeado como el país 37 del mundo en justicia y equidad, y como el mejor de América Latina, junto con Uruguay, al lanzarse la medición mundial del PNUD, el Índice de Desarrollo Humano, en 1991.

Hoy se encuentra en la lista de los 10 países más desiguales del planeta (World Bank Report, Taking on Inequality, 2018), compartiendo esta lamentable lista de la inequidad con Sudáfrica, Haití, Honduras, Panamá, Ruanda, Brasil, México, Colombia, Chile. El problema no empezó con la COVID-19, desde luego. Venía de mucho atrás, y la pandemia solo lo agudizó.

¿Adónde se perdió Costa Rica? ¿Por qué la nación que se ufanaba en llamarse a sí misma la Suiza centroamericana «El país más feliz del mundo» llegó a esta lamentable situación? Las siguientes notas buscan explicar la gravedad del problema, las causas (que son varias) y explorar si hay soluciones para corregir esto.

Uno de cada tres costarricenses es pobre en 2021

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para junio de 2020, cuando la COVID-19 apenas empezaba, indicaban que ya la pobreza se había disparado y no era culpa de la pandemia. Del histórico 22% de línea de pobreza que el país tuvo en las últimas décadas, en junio de 2020 ya habíamos llegado a un 30.5%. Para junio de 2020 se habían añadido 321,000 personas, para un total de 1,529,255 personas pobres. Para el cierre del presente año 2021, se proyecta un total 1,850,000 de personas pobres, sumada la pobreza extrema y general.

Al escribir estas líneas, uno de cada tres costarricenses es pobre y la situación se sigue agudizando. Ese 33% de pobreza con el cual llegaremos a fines de 2021 tiene, además, un componente explosivo, que nos recuerda mucho de lo que sucedió recientemente en Chile y Colombia (dos países que comparten la nefasta lista de inequidad del Banco Mundial) y es que la pobreza se acelera mucho más en las zonas urbanas que las rurales.

El aumento de la pobreza fue de + 6.5% en zonas urbanas, vs. 2.8% en zonas rurales, lo cual se explica por el destrozo sistemático de la pequeña empresa y el cierre de pequeños negocios. Las zonas rurales tienen pequeños «colchones de bienestar», pequeños fundos, economía rural, etc., de lo cual carecen las zonas urbanas, dependientes de pequeños negocios, alquileres y economía comercial que ha sido destrozada, además de la covid, por errores de política económica, como se indica abajo.

Pero el problema no termina allí. El crecimiento de la pobreza es grave (como ha sido estudiado en teoría del desarrollo), pero es más grave aun cuando crece también la desigualdad. Y Costa Rica es el ejemplo de lo que no se debe hacer por parte de sus políticos y gobernantes: entregarse a los grupos de presión y poder económico y empobrecer a las clases medias y bajas en el proceso.

La desigualdad: de los más justos a uno de más inequitativos del planeta

Para 1986, Costa Rica era uno de los países más equitativos y justos del hemisferio. Poseía un índice de GINI de 0.34 (el mejor de América junto con Uruguay), no muy lejos de Noruega, que posee un histórico 0.23. Pero el país se destrozó en cosa de pocas décadas. Para diciembre de 2020, el GINI llegó a un 0.52 (con un subregistro de 3 o 4 puntos, por subregistro del quintil superior), lo cual lo ranquea hoy dentro de los 10 países más desiguales del planeta.

La desigualdad empezó a crecer a partir del año 2007 y 2008 (ver los indicadores del Banco Mundial y de nuestro propio INEC) y vino en franco deterioro desde entonces. El problema se agudizó entre 2016 y 2018, y tuvo como disparador la Reforma Fiscal de diciembre de 2018, la cual fue absolutamente regresiva: afectó clases medias y bajas, y sobre todo pequeños y medianos empresarios.

Los factores que agudizaron la desigualdad en Costa Rica son varios, pero se pueden sintetizar así: es un país cuyo mercado económico reparte mal, muy mal, pero que, asombrosamente, su sistema tributario, en lugar de corregir, ayuda a agravar esa desigualdad. Los distintos indicadores de la OCDE, del BID y Banco Mundial parecen coincidir en algo absurdo y paradójico: que en los últimos lustros la sociedad se vuelve más desigual en + 1.5 o + 2, después del pago de impuestos. Esto es absurdo. El sistema tributario debe servir para ayudar a quienes menos tienen, y no al contrario: para hacer más ricos a los que reciben más ingresos.

Una reforma fiscal que se ensañó contra las clases medias y bajas

¿Por qué fue tan regresiva la Reforma Fiscal del 2018? Básicamente, porque se ensañó contra clases medias y clases bajas, incluidas PYMES, lo cual hizo cerrar a decenas de miles de empresas. Veamos brevemente las medidas que incluyó:

Se subió un 5% a cada tramo del impuesto de renta. Los tramos quedaron en 20%, 25% y 30% y ello afectó a todas las personas y empresas que sí pagan impuestos en el país.

Se introdujeron reformas al IVA, ampliando la gama de bienes y servicios, que no afectaron a grupos exonerados, y sí a la mayoría de la población que vio encarecida su vida.

Se introdujeron los impuestos de ganancias de capital del 2.5% al 15%, los cuales tampoco afectaron a grupos exonerados, pues se imputan en las exoneraciones de renta, lo cual ha sido aceptado por el Ministerio de Hacienda.

Se subieron los impuestos municipales y las cargas parafiscales.

Se debilitó el rango de la canasta básica.

Y algo fundamental. Se introdujo el impuesto a alquileres, lo cual hizo que se desalojaran miles de locales (vía IVA para el arrendante y renta para el arrendador).

Simultáneamente, para «grupos exentos» (sectores de zonas francas y otros grupos exentos del pago de impuesto de renta) esta Reforma Fiscal de diciembre de 2018 los dejó intocados, otorgándoles aún más beneficios.

No se tocaron regímenes de exención del impuesto de renta en zonas francas y otros regímenes exonerados.

Se reformó ley del IVA y se exoneró adicionalmente del Impuesto de Valor Agregado a las empresas de zonas francas en todas sus compras internas, generando una distorsión adicional.

Y lo más bochornoso: no solo se preservaron todos estos beneficios, sino, adicionalmente, la Asamblea Legislativa exoneró del pago del impuesto de bienes inmuebles (impuesto territorial) a todo el régimen de zonas francas, generando, además, un grave deterioro en la recaudación municipal.

Es decir, mientras hay una Costa Rica que sí paga impuestos (pequeños y medianos negocios nacionales, asalariados del sector público y privado, personas que tiene su base imponible en una planilla de pago, etc.), existe otra Costa Rica que no paga impuestos sistemáticamente desde hace más de dos décadas. Y la Reforma Fiscal del 2018 no solo los dejó intocados, sino que, además, los exoneró tanto del pago de renta como también de otros tributos como el IVA y el impuesto de bienes inmuebles.

¿Y cómo está exactamente distribuida la riqueza en Costa Rica?

Para junio de 2020, de acuerdo con el mismo INEC, el 20% más rico de la población recibía un 51.9% del ingreso, versus apenas 4.49% del 20% más pobre de las personas. El segundo quintil recibía un 8.56% del segundo y el tercero un 13.49%. Es decir, más de 3,300,000 personas reciben apenas el 20% del ingreso de una población.

Sin embargo, la situación es mucho peor. Según la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) y OXFAM, de Londres, en todo América Latina existe un grosero subregistro en el 5% superior del quintil superior de ingresos, es decir el 20% más rico de la sociedad. Dicho en palabras simples, el 20% más rico esconde gran parte de sus ingresos.

En el caso de Costa Rica, el análisis cruzado con CEPAL y OXFAM nos lleva a plantear este escenario para el cierre de 2020, según el cual el subregistro en el quintil superior es de tal magnitud, que la distribución de ingreso real del país sería la siguiente:

Quintil superior (20% más rico), recibe entre el 75% y el 80% del ingreso.
Cuarto quintil: 12% del ingreso.
Tercer quintil: 7.1%.
Segundo quintil: 5.1% del ingreso.
Primer quintil (20% más pobre): recibe apenas el 3% de la riqueza.

Esa proyección es absolutamente coincidente con la evolución de la desigualdad en América Latina. Para el año 2015, el 10% más rico de América Latina y el Caribe poseía el 71% de la riqueza y tributaba solo el 5.4% de su renta (CEPAL, Informe 2015). De acuerdo con Oxfam, Londres (Informe 2020), para fines del año pasado 2020 el 10% más rico de América Latina y el Caribe posee el 80.2% de la riqueza y tributa solo el 5% de su renta. Todos los números empatan, pues Costa Rica es hoy no solo uno de los países más desiguales de América Latina, sino el octavo en desigualdad en todo el planeta, según el Banco Mundial.

El costo de la evasión fiscal y las exoneraciones

¿Y cuáles son las causas del agravamiento de la distribución en Costa Rica? Se puede sintetizar de la siguiente manera. El mercado distribuye mal, desde luego, pero la mano del Estado (el sistema tributario) agudiza la desigualdad. En la última década y media se agravaron dos tendencias en América Latina, pero con más fuerza en Costa Rica en virtud de la evasión fiscal y el régimen de exoneraciones.

Evasión fiscal: representa 3,200 millones de dólares anuales (5.2% del PIB, según datos del propio Ministerio de Hacienda, año 2020).

Exoneraciones: representan un 5.7% del PIB, según datos del propio Ministerio de Hacienda, Informe 4 de diciembre, año 2017).

Ese 11% del PIB combinado de no pago de impuestos, por evasión o por exoneraciones, se concentra básicamente en el 5% del quintil superior (lo cual lleva al GINI general de una concentración del 52% en el quintil superior a casi un 75%-80%). Corresponde con el análisis de CEPAL y Oxfam en el índice general de desigual distribución de la riqueza para América Latina.

El resultado es un escenario de grandes ganadores y grandes perdedores. Son las dos caras de la moneda. Por un lado, está una Costa Rica que no goza de exoneraciones y no evade fiscalmente; una Costa Rica a la que las altas cargas tributarias, el alto costo de los precios del país y la pandemia, para rematar, ha puesto en una situación grave. Los números de las PYMES (pequeñas y medianas empresas) de Costa Rica son los siguientes:

Un proceso acelerado de quiebra y cierre entre 3 y 5 pequeñas empresas por día en los últimos 18 meses.

Una carga tributaria compuesta de entre el 45% y el 55%, incluyendo renta, IVA, contribución CCSS, otras cargas parafiscales nacionales.

Casi 500,000 personas más pobres en 24 meses (quizá 1.8 millones para fin del 2021).

Las PYMES representan a más de 1,500, 000 personas; es decir, más del 80% de los trabajadores del país.

¿Y cuál es la otra cara de la moneda?

Las empresas privilegiadas con zonas francas y regímenes de excepción crecieron un 10% ininterrumpidamente durante los últimos 5 años.

Representa una PEA de 120,000 personas, menos del 10% de la totalidad del país.

Hay aproximadamente 380 empresas, de las cuales el porcentaje mayor no son empresas de pie suelto (no son transnacionales) y muchas de ellas son empresas de capital nacional disfrazado.

¿El cambio vendrá de fuera?

¿Cómo cambiar esta grave situación de un país que reparte mal su riqueza y que —pasmosamente— tiene un sistema tributario que, más bien, agudiza aún más la desigualdad en el ingreso? Curiosamente, parece ser que el cambio vendrá de fuera, del exterior.

El pasado 5 de junio de 2021 los países del G-7 (Japón, Alemania, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Canadá) anunciaron la imposición de una tasa global del 15% para todas las empresas y corporaciones del planeta, buscando eliminar todos los regímenes de exenciones y paraísos fiscales del mundo. Lo que busca esa reforma, desde luego, es acercar ingresos a las administraciones tributarias de los grandes países industrializados. Pero, de paso, ayudará a la equidad interna de los propios países de América Latina, Asia y otros lugares, donde se tienen tales regímenes de exención y de paraísos fiscales que generan inequidades nocivas, como acaba de demostrarse en Colombia y Chile.

Costa Rica debería dar un paso adelante y no esperar que, del exterior, se imponga la reforma en forma draconiana. Se trata de preservar regímenes o zonas de atracción de inversiones, pero con otros incentivos y requiriendoles solidaridad tributaria, optando por el modelo de Irlanda que, en determinando momento adoptó el single digit: un 9% para las zonas francas por un período de 5 años, después llevándolos al 15% y dejándolos allí, tal y como propone ahora el G-7.

Es urgente hacerlo. Que los que hoy no pagan, paguen impuestos y quizá bajen la recaudación para las clases medias y bajas, las que hoy soportan sobre sus hombros mucho del esfuerzo tributario del país. Otras reformas serán necesarias sobre empleo, reforma del Estado y diferentes áreas, y a eso dedicaré el próximo artículo.

 

Fuente: Pressenza International Press Agency

Dos vacunas contra la pandemia neoliberal

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Quienes nacieron en Costa Rica, al final de los años ochenta del siglo pasado, se han encontrado a un país y una sociedad sumergida dentro del totalizador proyecto económico, político e ideológico neoliberal.

Han visto asimismo (y la mayoría lo ha padecido), el progresivo debilitamiento del Estado Social de Derecho, que emergió en los inicios de la década de los años cuarenta del siglo XX.

Esta progresiva erosión, con acciones de distinto alcance e intensidad, la han protagonizado e impulsado las élites políticas, que han liderado a los partidos tradicionales como el PLN y el PUSC, y también del PAC. Este partido que hoy está en el gobierno, ha sido protagonista de un gran engaño porque nació con una prédica antineoliberal y terminó muy pronto, asumiendo esta doctrina hasta el tuétano. Mientras tanto los evangélicos, que han irrumpido más recientemente en el escenario político, también la han convertido en el objeto de sus principales decisiones y proyectos.

Pero quiero detenerme un momento para recordar lo que se define como neoliberalismo. Se trata de una teoría económica y política que se orienta a reducir al máximo la intervención del Estado y cuyos pilares fundamentales incluyen la privatización de las entidades públicas y la desregulación financiera. Asimismo, forma parte de esta doctrina la reducción de impuestos a las personas más ricas, con el supuesto propósito de impulsar el desarrollo de la iniciativa privada y las empresas para la contratación de más trabajadores, a partir de la llamada filtración descendente, conocida también como «teoría del derrame». Es decir, si los muy pocos “de arriba” crecen económicamente pronto beneficiarán a los muchos “de abajo”. Este derrame en los hechos realmente no se da por el afán concentrador de la riqueza, que pareciera que no tiene límite y que funciona como una especie de agujero negro que se traga todo.

El neoliberalismo emerge inicialmente como reacción a la intervención del Estado como garante de una mayor justicia social (el Estado benefactor). Para el neoliberalismo el Estado debe cumplir un papel muy limitado como organismo regente en la organización de la sociedad; lo que incluye un rol marginal en el funcionamiento de la economía, para así mantener a raya las regulaciones e impuestos a la producción industrial, al comercio y las finanzas. Es igualmente partidario de la reducción del gasto social, de propiciar la libre competencia, de las grandes corporaciones, y de debilitar y desintegrar los sindicatos.

¿Se les parece al modelo que domina la escena política del país desde los años ochenta? Pues claro, eso es lo que ha guiado a los sucesivos gobiernos desde esa década hasta el duro presente pandémico y a las mayorías parlamentarias, que paso a paso, han ido desmontando el Estado Social de Derecho, que singularizó al país y que tanto nos costó construir. Empero hoy la embestida de una élite plutocrática, que evade, elude, que exige la rebaja de impuestos y que los «Papeles de Panamá» la desnudaron en su voracidad mezquina y egoísta, quiere borrar de la historia lo que queda del Estado Social de Derecho.

Representan menos del 1 % de la población del país pero concentran la riqueza que han acumulado, más que con esfuerzos productivos, con nefastas triquiñuelas para nunca cumplir con sus obligaciones tributarias.

Empero lo más grave del neoliberalismo es que también es una ideología que ha penetrado en el cuerpo socio-cultural, en el diario vivir de la gente, en su cotidianidad; incluso en su lenguaje. Erosiona la genuina solidaridad social al compás de un «sálvese quien pueda», profundamente individualista y diluyente del tejido social. Desde que aparece el neoliberalismo, disolviendo doctrinas como la socialdemocracia y el humanismo cristiano, va creciendo, empieza a ganar terreno en la comunicación, en los más influyentes medios informativos, en el intercambio cotidiano de las y los ciudadanos. Lo empieza a dominar todo como una mancha oscura que se expande como un cáncer.

Lo paradójico es que cuando una pandemia tan devastadora para el país, como la que se refleja en las cifras del contagio y de fallecimientos, y en la grave saturación de los hospitales, que exigiría la solidaridad de todos los sectores del país, de manera insensible y soberbia, la élite plutocrática que controla el país, ha pisado el acelerador en su afán de borrar del mapa el Estado Social de Derecho. Hacen caso omiso al hecho incontrovertible de que lo que realmente puede luchar con acierto ante esta pandemia y otras que –con certeza– vendrán en el futuro, es el esfuerzo mancomunado del Estado, desde lo público, con el involucramiento solidario de todos los sectores del país. Jamás la medicina privada habría podido enfrentar como lo hace la pública, desde la Caja y el Ministerio de Salud, la embestida de esta pandemia; aún con errores incluidos.

Y por lo que se observa en el gobierno actual, en la Asamblea Legislativa y en las candidaturas dominantes de los partidos tradicionales de cara a las elecciones del 2022, nadie quiere ponerle el cascabel al gato del neoliberalismo plutocrático; nadie ofrece propuestas con valentía y dignidad que contradigan el proyecto insolidario.

Son personas y partidos que no se percatan (o no quieren percatarse) de lo que está sucediendo en otros países del continente, en donde los serios cuestionamientos al neoliberalismo, se han convertido en una fuerza política que gana elecciones y orienta a gobiernos y parlamentos, y constituyentes (como en Chile).

Tampoco quieren percatarse de que sólo 13 % de los costarricenses, mantienen algún vínculo con algún partido político mientras el 87 % no lo tienen, según se desprende del reciente estudio realizado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR). No leen que la apatía, el rechazo, el hastío, la decepción y la ira, se están acumulando en una caldera de descontento social, que tarde o temprano, puede estallar.

Todavía están a tiempo de rectificar pero es muy probable que no lo hagan. Mientras tanto yo, como un número creciente de grupos y ciudadanos, trabajamos en un camino de participación política real y concreto, al tenor de lo que fija el artículo 9 de la Constitución, para que una Democracia viva, pueda emerger rompiendo las redes de una doctrina que es buena para el 1 % de la población y que la estamos sufriendo, de distinta forma y alcance, los demás costarricenses.

¿Adivinaron cuáles son esas vacunas para revertir esta doctrina y sus dañinas consecuencias para las mayorías, para nuestro sufrido pueblo? Pues, ni más ni menos, que la participación política y la solidaridad social son la cruz y la estaca con el que hay ponerle fin al vampiro del neoliberal.

(23 de mayo, 2021)

Solicitud al presidente de la República Carlos Alvarado Quesada y a la Fracción Legislativa del Partido Acción Ciudadana

Escrito el . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Los riesgos de lesionar el principio constitucional de la Autonomía Universitaria

Costa Rica y el mundo en general, son escenario del avance de corrientes de pensamiento conservadoras que han permeado la economía, la política, la ciencia y la cultura. Los avances del pensamiento retrogrado en momentos de crisis sanitaria, económica, financiera y ambiental afectan como un todo el Estado social de derecho, y, de modo particular, a las universidades públicas. Es desde esta óptica que debemos valorar el riesgo que se cierne sobre la Autonomía Universitaria en el proyecto de ley 21.336, Ley marco de Empleo Público.

La Constitución de 1949, en el artículo 84, recoge una de las reivindicaciones más significativas de la modernidad y del pensamiento universal humanista: la independencia de la ciencia, la creación y la cultura, del poder político. Con sabiduría, el texto constitucional, tal y como lo ha señalado la Sala Constitucional (Sentencia No. 001313 de 1993), otorga a las universidades públicas independencia para el desempeño de sus funciones y plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propio.

Transferir decisiones del régimen laboral o de la planificación institucional hacia instancias del Poder Ejecutivo contraviene seriamente esta autonomía y la Constitución Política. El texto de la Ley Marco de Empleo Público es esencialmente fiscalista. Más allá de las partes introductorias de la ley, no hay una preocupación real por el valor público que deben generar las instituciones estatales –razón sustantiva de la reforma del Estado que debe impulsarse, con un amplio diálogo nacional–.

Los nudos del debate dejan ver con claridad la intencionalidad real del texto de ley: reducción del gasto público a través de los salarios como medida para paliar la crisis fiscal, dicen sus promotores y propagandistas. Sin embargo, poco o nada interesa en el debate legislativo la calidad del trabajo público, la pertinencia de los procesos de trabajo, productos o resultados institucionales, el reto de la multidimensionalidad y articulación territorial de la gestión pública. Todos ellos temas sustantivos en la calidad de la gestión del trabajo humano en el seno del Estado.

No obstante, igual o mayor esfuerzo ponen en ocultar que la crisis fiscal obedece a la baja recaudación de impuestos del país, a contar con una de las deudas más caras del mundo, a la porosidad tributaria que permite la elusión y la evasión fiscal, el contrabando y la expatriación de riqueza generada nacionalmente hacia paraísos fiscales u oculta a través de entramados jurídicos locales e internacionales.

Las mismas fuerzas que hoy atizan los prejuicios contra las universidades públicas y los universitarios, a través de información distorsionada o parcial, cierran trincheras y hacen uso de su capacidad de presión y de amenaza para oponerse a cualquier avance en la ruta de una mayor progresividad y transparencia tributaria.

Es real el riesgo de avanzar en una ruta nefasta, en un entorno y en un momento de posicionamiento de actores y mensajes que satanizan lo público, el disenso y el avance en los derechos de las personas. Surge la amenaza de que a “pellizquitos inconstitucionales” en cadena, estas fuerzas del conservadurismo y la privatización vayan debilitando conquistas logradas en el campo de las políticas públicas que hoy, todavía nos permiten mostrarnos como una nación diferente, pese a la galopante desigualdad.

La autonomía universitaria que ha garantizado la libertad de pensamiento y el avance del conocimiento en función de las transformaciones que demanda nuestra sociedad, es una de las columnas vertebrales de nuestra democracia. La defensa de la autonomía universitaria es consecuente también con profundizar los esfuerzos que ya se están realizando en las comunidades universitarias para revisar el modelo salarial, ser más eficientes con el uso de recursos públicos y eliminar inequidades y abusos existentes.

Por lo tanto, como personas que hemos estado ligadas de diversas formas al Partido Acción Ciudadana, demandamos a nuestra fracción legislativa y al señor presidente de la República excluir a las universidades públicas del proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

Olga Marta Sánchez Oviedo
Yamileth González García
Alberto Salom Echeverría
Luis Felipe Arauz Cavallini
Eugenio Trejos Benavides
Alicia Vargas Porras
Elizabeth Fonseca Corrales
Margarita Bolaños Arquín
Grettel Ortiz Álvarez
Olivier Pérez González
Nicolás Murillo Rivas
Fernando Rodríguez Garro
Leda María Zamora Chaves
Gerardo Fumero Paniagua
Cristóbal Granados Mora
Carlos Calvo Pineda
Edgar Gutiérrez Espeleta
Daniel Vartanian Alarcón
Jeannette Cordero Gamboa
Emilia Molina Cruz
Henry Mora Jiménez
Patricia Salgado Muñoz
Javier Cambronero Arguedas
Sarah Salazar Bonilla
Melvin Jiménez Marín
Ana Cristina Briceño Lobo
Eduardo Enrique Solís Portuguez
María Antonieta Camacho Soto
Fabián Solano Fernández
Yanina Soto Vargas
Janina Montero Cabezas

Encuentro multisectorial contra el Proyecto de Empleo Público. Declaración final

Escrito el . Publicado en Coyuntura, Derechos.

Las instituciones participantes, organizaciones sociales, sindicales, comunidades universitarias, municipales, considerando:

Que los efectos de la pandemia del COVID han profundizado asimetrías sociales y económicas que el país venía presentando como mayor concentración de la riqueza, menor capacidad redistributiva del ingreso nacional, incremento acelerado de la pobreza y de la desigualdad social, incremento desmedido del desempleo afectando principalmente a mujeres y jóvenes, mayor precarización de la inserción laboral, entre otros.

Que, en lugar de ampliar la inversión social y el papel del Estado, para hacer frente a esa realidad, las élites económicas y políticas han venido proponiendo una acción fiscalista y de austeridad presupuestaria, que no sólo pone en riesgo la acción misma del Estado, sino que deja en la indefensión a miles de habitantes.

Que los medios de comunicación privados en forma homogénea han lanzado una fuertísima campaña orientada a culpar al sector público y principalmente a la clase trabajadora como los responsables de los problemas en las finanzas públicas, actuación que se realiza de manera infundada, tergiversando datos o manipulándolos al presentar solo una parte de ellos, para generalizar conclusiones falaces.

Que el gobierno actual y las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa PLN, PUSC, PAC, Restauración Nacional y Nueva República, vienen desarrollando una agenda legislativa absolutamente regresiva que descarga los costos de la crisis en los sectores medios y la clase trabajadora.

Que la crisis de las Finanzas Públicas no es responsabilidad de los salarios de la clase trabajadora del sector público y mucho menos del Gasto Público, es responsabilidad del fraude fiscal corporativo que sustenta su accionar en la evasión y la elusión continuada. Se deben gravar las grandes rentas de capital, al sector financiero, al patrimonio y principalmente a las grandes riquezas.

Que la estrategia de recorte y austeridad presupuestaria a la institucionalidad pública pone en peligro no sólo el desarrollo de políticas públicas y de servicios públicos, sino la existencia misma del Estado Social que ha garantizado que Costa Rica posea indicadores de desarrollo humano por encima de la media de la región.

Que el Proyecto sobre Empleo Público que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa es una iniciativa sin un proceso real de consulta a las organizaciones sindicales y autoridades de instituciones públicas, que además es un proyecto que atenta contra las autonomías institucionales y autonomías constitucionales, pues tiene un carácter claramente autoritario y antidemocrático que representa el desmantelamiento del Estado Social Costarricense.

Acordamos:

  • Crear un Frente Nacional de Defensa del Estado Social Costarricense que involucre a comunidades universitarias, a organizaciones sindicales tanto del sector público como privado, a organizaciones comunales y de vecinos, al movimiento estudiantil universitario, a organizaciones feministas y de mujeres, a organizaciones de pequeños y medianos productores agrícolas, sector campesino a autoridades municipales, a juntas comunales de salud, y otras.
  • Desarrollar diversas actividades de sensibilización a la opinión pública a fin de evidenciar y demostrar que el proyecto de Empleo Público no busca mejorar la eficacia, ni ordenar al sector público, sino desmantelar el Estado y precarizar condiciones laborales y salariales de la clase trabajadora.
  • Enfrentar en forma conjunta toda la agenda legislativa que en el marco del Acuerdo con el FMI pretende cargar sobre los hombros de los sectores medios y laborales el costo de la crisis económica, por medio de un aumento de la carga impositiva.
  • Desarrollar actividades de sensibilización para el mejoramiento del trabajo dentro de las instituciones a fin de garantizar la defensa del Estado Social Costarricense.

POR LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

POR LA DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL COSTARRICENSE

Organizaciones Sindicales

Asociación Nacional de Educadores ANDE
Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE
Sindicato de Educadores Costarricenses SEC
Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense BUSSCO
Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social UNDECA
Central General de Trabajadores CGT
Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses CMTC
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum CTRN
Sindicato Patriótico de la Educación SINPAE 7 de Agosto
Sindicato Nacional de Profesionales de la Orientación SINAPRO
Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y de Telecomunicaciones SITET
Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones ANTTEC
Asociación de Abogados y Profesionales del Grupo ICE ABOGAPROICE
Federación Unión Sindical de Trabajadores del Grupo ICE FUS/ICE
Sindicato de Trabajadores de la UNA SITUN
Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica SINDEU
Asociación de funcionarios del TEC AFITEC
Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Universidad Técnica Nacional UTRA-UTN
Asociación de Profesionales de la UNED UNED-PRO
Alianza Sindical del Poder Judicial
Asociación Nacional de Empleados Judiciales ANEJUD
Sindicato del Poder Judicial SINDIJUD
Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras UNT
Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social SINASSASS
Sindicato de Trabajadores del INA SITRAINA
Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses SITECO
Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados SITRAA AyA
Federación Nacional de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones FENTRAP
Sindicato de Empleados del Ministerio de Hacienda SINDHAC

Organizaciones Sociales

Frente Nacional por la Defensa de la Caja y la Seguridad Social FRENASS
Comisión Nacional de Enlace CNE
Coordinadora Popular de Occidente
Diego Miranda Méndez Regidor Municipalidad de San José
Asociación Nicaragüense inmigrantes en Costa Rica-ANICR

Comunidad Universitaria

Rectoría y Consejo Universitario de la Universidad Nacional
Rectoría y Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica
Rectoría y Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia
Consejo Universitario del Instituto Tecnológico de Costa Rica
Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica FEUCR
Rectoría y Consejo Universitario, Universidad Técnica Nacional

El emblemático ministro Garnier

Escrito el . Publicado en Análisis, Equidad.

El ministro André Garnier pertenece al grupo empresarial más poderoso del país y está en el Gobierno de Alvarado para representar y defender directamente sus intereses. Garnier es el prototipo del Gran Empresariado Costarricense agrupado ya no en Cámaras sino en asociaciones, fundaciones o grupos donde solo están los verdaderamente ricos. André Garnier resume en sí mismo las principales características de ese grupo.

1-. Son reacios a pagar impuestos. El canon por las “casas de lujo” al decir del director de Tributación es de los más difíciles de cobrar. Se acogen a recursos, interpretaciones con tal de disminuir o eludir el pago de impuestos de cualquier naturaleza. Por esta razón es que la elusión y evasión es mayor a un 4% del PIB, según cifras oficiales.

2-. Tratan de pagar salarios muy bajos. Como lo dijo Garnier el salario mínimo en Costa Rica es muy alto. Su objetivo es pagar los salarios más bajos que sea posible y para ello recurren a la tercerización de tareas como la forma más efectiva de acrecentar sus patrimonios o a la flexibilización laboral.

3-. Manejan sus patrimonios fuera del país. El ministro Garnier reconoció sin enojo alguno que buena parte de sus recursos patrimoniales están colocados fuera del país. Los papeles de Panamá evidenciaron esa realidad para todo un grupo grande y poderoso que ubican su riqueza en paraísos fiscales. De esta manera no pagan los impuestos que deberían al fisco costarricense y tampoco cuando repatrían esas ganancias.

4-. Critican al Estado, pero viven a su sombra. Este poderoso empresariado son críticos del Estado cuando se habla de un Estado solidario o de bienestar, pero siempre están usufructuando de él que les da o ha dado subsidios para amansar sus grandes fortunas a través de contrataciones millonarias, licitaciones, subsidios al turismo, a la banca, a los bananeros, piñeros, exoneraciones a las de zonas francas o la construcción de infraestructura al servicio de sus negocios.

5-. Adoran el mercado libre, pero odian la competencia. Hablan mucho de las bondades de la competencia, pero controlan sus negocios de manera monopólica u oligopólica, ahogando a los potenciales competentes.

El ministro Garnier recoge en su persona las principales características de este grupo que son los verdaderos privilegiados del país.

El asunto se redondea sabiendo que son insaciables cuando se trata de concentrar riqueza y que ello siempre será a costa de otros.

Representan a ese 1% costarricense.

Alucinaciones fiscales en pandemia

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

Un gobernante que se esconde detrás de verdugos pagados pronto olvida qué es la muerte
Juego de Tronos – George R.R. Martin

Tras la publicación de la propuesta de negociación del gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), se presentaron una serie de polémicas que dejaron a primera vista un gobierno “huérfano” de todo apoyo; diputados y diputadas, sectores empresariales, sindicatos, medios de comunicación, ciudadanos y ciudadanas entre otros reaccionaron con indignación, sin embargo, la presencia de algunos esos sectores no pueden ser abonado a una señal de solidaridad con los y las desfavorecidas. Para abordar estos hechos tan convulsos y confusos, se hace necesario poner de frente la ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para preguntarnos ¿Qué intereses nos llevaron a esta encrucijada?

Cuando vemos el camino hacia atrás de la implementación de la ley 9635 observamos una serie de compromisos y deudas pendientes con actores claves; algunos sectores cooperativos, los sectores financieros, los agroexportadores, los exportadores (zonas francas), además los evasores y elusores, esta lista no pretende ser exhaustiva, sino simplemente esbozar esos sectores que tuvieron al menos un trato preferencial en la conformación de esta ley y hoy se muestran al menos en silencio.

Por otro lado, la promesa del gobierno de turno fue continuar una ruta que estaba marcada por la creación o aumento de impuestos, reforma del empleo público y la consolidación de la regla fiscal. Todas estas promesas encontraron un freno ante la emergencia sanitaria, pero los números de las finanzas públicas empiezan a quedarse cortos.

Ante este escenario y la contracción económica, se ha visto como un salvavidas “oportuno” acudir al Fondo Monetario Internacional, que representa un tipo de alucinación de buenas intenciones, especialmente dado que es un organismo reconocido por su interés en la reestructuración de los Estados, en beneficio de los sectores dominantes del país, mediante la promoción de la privatización y la desregulación en aras de reducir el Estado, y privilegiar las condiciones de sectores con vínculos financieros internacionales (bancos, agroexportadores/exportadores).

Con esta idea del FMI, asistimos a una oleada de manifestaciones en las calles y una fila de “especialistas” y “técnicos” explicando los pormenores de las posibles medidas, una consigna se consolidó “no más impuestos”. Esta apuesta refleja por un lado el desencanto generalizado de la población por la administración económica-financiera del país, sin embargo, esconde otra alucinación, que todos y todas pagamos los mismos impuestos.

Alguna vez hemos sigo expuestos a ese negocio de dudosa reputación de la pirámide, donde nos prometen altos retornos por nuestra inversión, sin embargo, ese juego sólo beneficia al operador inicial, y dura hasta que “la gota derrame el vaso”. Así el gobierno de turno asemejo a un Esquema Ponzi (sistema de pirámide) empaquetó con promesas a diversos actores a cambio de su apoyo en distintas etapas, prometiéndoles que serían recompensados.

Lo que sucede es que los operadores de esta pirámide fiscal están quedando solos, dado que la capacidad de negociación les ha quedado corta, y hoy enfrentan la desnudez de sus intenciones, sectores agroindustriales, financieros y exportadores (zonas francas) son los operadores que sedujeron a través de esas alucinaciones a diversos actores que la cancha era igual y que “todos estarían pagando impuestos”.

El gobierno de turno intentó al igual que otros antes de él, vendernos esa alucinación de “equidad” tributaria con pesudo-reflexiones técnicas, y legitimar el actual estado de la coyuntura a través de esquemas tributarios que procuran según el discurso del sacrificio, expoliar a las personas de a pie, para así blindar por algunos años más a los sectores privilegiados.

Es evidente el tono de indignación detrás del “no más impuestos” ante la propuesta llana y sencilla de sobrecarga a través de los impuestos regresivos, sin embargo, una vez caída la pirámide, si miráramos con cuidado, al día de hoy no todos pagamos impuestos. Existen sectores de este país que han logrado convertirse en la “excepción a la regla” y hoy procuran seguir defendiendo esa posición, cobijados de una falsa “indignación”, es decir otra alucinación.

Es válido que pregunten, ¿entonces qué?, tal vez debamos corregir el pronombre relativo, y empezar a cuestionar Quiénes. Sigue la tarea vigente por visibilizar y denunciar esas actividades económicas que hoy siguen gozando de privilegios, esas ganancias que suman en las cuentas de sus titulares al margen de cualquier obligación, esos sectores financieros que acumulan ganancias y endeudan con sobregiros a las personas, esos sectores productivos que se encuentran al margen de cumplir con su responsabilidad corporativa, pero también esas omisiones postergadas convenientemente que han permitido eludir o evadir los impuestos.

¿Por qué mencionamos esto? Estos sectores se han localizado en un país que les ha dado las condiciones para sus operaciones (exoneraciones de impuestos, programas de apoyo institucionales, marco institucional y seguridad jurídica, inversión pública en diversas dimensiones) que representan acciones de política pública que han privilegiado sus actividades y protegido sus ganancias, pero para hoy se hace insostenibles ante las brechas socioeconómicas que han propiciado y los cambios estructurales que enfrenta la economía de nuestro país.

La simple frase “no más impuestos” sigue siendo una consigna de indignación, sin embargo, es un deber estar alertas y hacer las diferencias de quienes son, porque como lo sostenemos hoy, hay sectores y personas de este país que siguen sin pagar sus impuestos, beneficiándose de esquemas opacos o privilegios “trasnochados”, y esa factura debe se cobrada.