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Etiqueta: exclusión política

La democracia inconclusa

Frank Ulloa Royo

Una democracia que no nació completa

La democracia costarricense se parece más a un largo camino de conquistas, retrocesos y disputas que a la imagen estática y perfecta que suele presentarse cada 7 de noviembre. La conmemoración oficial del Día de la Democracia coincide con la fecha de promulgación de la Constitución Política de 1949 y suele estar acompañada de discursos que exaltan la estabilidad institucional del país. Sin embargo, una mirada crítica a nuestra historia obliga a reconocer que la democracia costarricense no nació plenamente democrática. Fue una construcción gradual, conflictiva y profundamente marcada por las exclusiones de su tiempo (Aguilar Bulgarelli, 1977; Salazar Mora, 2003).

La Asamblea Nacional Constituyente de 1949 surgió de una sociedad fracturada tras la guerra civil. Aunque produjo un texto constitucional que con el tiempo se convertiría en el principal marco de convivencia democrática del país, aquella constituyente no reflejaba la diversidad de la sociedad costarricense. Los sectores vencedores del conflicto tuvieron una clara preeminencia en su integración. No hubo representación de la población afrodescendiente, ni de los pueblos originarios, ni de los sectores más vulnerables de la sociedad. Tampoco participó una sola mujer y apenas estuvo presente un representante vinculado al movimiento sindical. La Costa Rica real, diversa, popular y trabajadora, estuvo escasamente representada en aquel momento fundacional (Lehoucq, 1998).

La Constitución preservó importantes conquistas sociales heredadas de la década reformista de los años cuarenta. Sin embargo, en el terreno político mantuvo limitaciones que hoy resultan incompatibles con una concepción robusta de la democracia. Durante más de dos décadas, el artículo 98 constitucional sirvió de fundamento para excluir de la vida política legal a quienes profesaban determinadas ideas. La democracia coexistió con la proscripción. Mientras se organizaban elecciones periódicas y se fortalecían algunas instituciones republicanas, dirigentes políticos eran encarcelados, perseguidos o empujados al exilio. Los líderes del Partido Vanguardia Popular sufrieron el extrañamiento, la cárcel y la estigmatización. Muchas familias conocieron la represión, el silencio y el miedo como parte de su experiencia cotidiana (Molina y Palmer, 2014).

La democratización de la democracia

Por ello, resulta difícil sostener que la democracia costarricense nació completa en 1949. Más bien comenzó entonces una nueva etapa de la lucha por democratizar la propia democracia. Las reformas políticas impulsadas durante las décadas siguientes permitieron desmontar gradualmente mecanismos de exclusión y ampliar derechos. El reconocimiento pleno de la diversidad ideológica, la recuperación de libertades políticas para los sectores proscritos, las garantías para la organización sindical y el fortalecimiento de la negociación colectiva fueron pasos fundamentales para construir una ciudadanía más amplia e inclusiva (Rovira Mas, 2001).

La consolidación democrática alcanzó una dimensión social durante los años sesenta y setenta. La expansión de la seguridad social, que avanzó decididamente durante la administración de Daniel Oduber, contribuyó a extender derechos fundamentales a sectores históricamente excluidos. La educación pública, la salud universal, las instituciones autónomas y una política exterior capaz de mantener márgenes de independencia frente a los organismos financieros internacionales, particularmente durante el gobierno de Rodrigo Carazo, fortalecieron una visión de democracia que trascendía el simple acto de votar. Se trataba de una democracia que aspiraba a garantizar condiciones materiales para la dignidad humana (Sojo, 1984).

La ciudadanía social bajo presión

A menudo se olvida que la democracia no consiste únicamente en depositar una papeleta cada cuatro años. La democracia también significa acceso a la salud, al trabajo digno, a la educación, a la organización social y sindical, a la cultura y a la posibilidad real de influir en las decisiones que afectan la vida colectiva. Una sociedad profundamente desigual puede conservar elecciones periódicas y, sin embargo, debilitar progresivamente el ejercicio efectivo de la ciudadanía.

Precisamente eso comenzó a ocurrir con el avance del modelo neoliberal a partir de los años ochenta. Sin necesidad de interrumpir la institucionalidad política, se inició un proceso de erosión gradual de múltiples conquistas sociales. El debilitamiento del Estado social, la creciente concentración de la riqueza, la precarización laboral y el deterioro de espacios de negociación colectiva afectaron pilares que habían contribuido a la ampliación democrática de las décadas anteriores. La democracia mantuvo sus formas, pero comenzó a perder parte de su contenido social (Cerdas Cruz, 1993; Vega Carballo, 2004).

Durante ese proceso se fue consolidando una paradoja inquietante: mientras la democracia electoral parecía fortalecerse, la democracia social mostraba señales de desgaste. Los ciudadanos conservaron el derecho al voto, pero vieron disminuir gradualmente su capacidad efectiva para incidir en las grandes decisiones económicas que definían sus condiciones de vida.

La política del miedo

Hoy Costa Rica parece encontrarse ante una nueva encrucijada histórica. La crisis de seguridad ciudadana, el crecimiento del narcotráfico y el incremento de la violencia han generado preocupaciones legítimas entre amplios sectores de la población. Nadie puede negar la gravedad de estos fenómenos. Sin embargo, la historia demuestra que los momentos de miedo colectivo suelen abrir espacios para soluciones que terminan debilitando las libertades democráticas que se pretende proteger.

La democracia siempre enfrenta una tentación recurrente: sacrificar derechos en nombre del orden. Cuando el miedo domina el debate público, las garantías constitucionales empiezan a verse como obstáculos, los derechos humanos como privilegios indebidos y el pluralismo como una amenaza. Poco a poco, el lenguaje de la seguridad desplaza al lenguaje de la ciudadanía.

La experiencia latinoamericana demuestra que las democracias pocas veces retroceden mediante rupturas abruptas. Con más frecuencia se erosionan desde dentro, cuando la excepcionalidad se convierte en norma, la crítica es presentada como deslealtad y los derechos son percibidos como una molestia para la acción gubernamental (O’Donnell, 1997).

¿Qué democracia queremos defender?

Es en este contexto donde el gobierno de Laura Fernández Delgado deberá ser analizado críticamente. La cuestión fundamental no es si debe combatirse la criminalidad. Ninguna sociedad democrática puede renunciar a esa responsabilidad. La verdadera pregunta es qué tipo de democracia se construye mientras se combate. Existen diferencias profundas entre una seguridad ciudadana concebida como protección integral de las personas y una seguridad entendida exclusivamente desde la lógica del castigo, la exclusión y la restricción de derechos.

Cuando una sociedad comienza a aceptar que ciertas personas dejan de ser titulares de derechos por encontrarse privadas de libertad, cruza una frontera peligrosa. Los derechos humanos fueron concebidos precisamente para proteger la dignidad humana allí donde resulta más vulnerable. Defender los derechos de las personas encarceladas no implica justificar sus actos. Implica reconocer que la democracia no puede renunciar a los valores que le dan sentido.

La pregunta central de nuestro tiempo no es únicamente cómo enfrentar la inseguridad. La pregunta más profunda es qué democracia queremos preservar y ampliar para las próximas generaciones. Si la respuesta se construye desde el miedo, es probable que terminemos erosionando conquistas que costaron décadas de luchas sociales, políticas y sindicales. Si la respuesta se construye desde la ampliación de la ciudadanía, la justicia social y el respeto irrestricto a la dignidad humana, la democracia costarricense podrá seguir avanzando en ese largo camino que nunca ha sido lineal.

Una tarea siempre inconclusa

Quizá el mejor homenaje que puede hacerse cada 7 de noviembre no sea repetir consignas sobre una democracia perfecta que nunca existió. Tal vez el verdadero homenaje consista en reconocer las exclusiones, las luchas y los sacrificios que hicieron posible ampliar derechos a lo largo del tiempo. Porque la democracia costarricense no fue una obra terminada en 1949. Ha sido, y sigue siendo, una construcción colectiva e inconclusa. Y como toda construcción humana, puede fortalecerse con más participación, más igualdad y más derechos, o puede deteriorarse bajo el peso del miedo, la intolerancia y la violencia.

Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Generalmente se desgastan lentamente. Pierden sensibilidad frente al sufrimiento humano, reducen espacios de participación, normalizan la exclusión y terminan confundiendo la fuerza con la legitimidad. Cuando eso ocurre, las instituciones permanecen en pie, las elecciones siguen realizándose y los discursos oficiales continúan celebrando la democracia. Pero el espíritu democrático ya ha comenzado a abandonarlas. Y entonces lo que queda no es una democracia viva, sino apenas la memoria de lo que alguna vez aspiró a ser.

 

Referencias

Aguilar Bulgarelli, O. (1977). Costa Rica y sus hechos políticos de 1948. San José: Editorial Costa Rica.

Cerdas Cruz, R. (1993). La otra cara del neoliberalismo. San José: EUNED.

Lehoucq, F. (1998). Institutions, Political Competition and Electoral Fraud in Costa Rica. Stanford University Press.

Molina, I., & Palmer, S. (2014). Historia de Costa Rica. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.

O’Donnell, G. (1997). Contrapuntos: Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización. Buenos Aires: Paidós.

Rovira Mas, J. (2001). Estado y política económica en Costa Rica. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.

Salazar Mora, J. M. (2003). Crisis liberal y Estado reformista. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.

Sojo, C. (1984). Estado empresario y lucha política en Costa Rica. San José: EDUCA.

Vega Carballo, J. L. (2004). Costa Rica: Economía y sociedad en el siglo XX. San José: Editorial Porvenir.

La ilusión constitucionalista

Manuel Delgado

Costa Rica tiene dos patronas: la Virgen de los Ángeles y la Constitución Política. Sobre la fidelidad a la primera no tengo nada que decir. Sobre la segunda hay que resaltar que la Constitución desata toda una adhesión mística a su devocionario. Hablando de ella, se nos ponen los ojos en blanco, el corazón palpita con fuerza y el cerebro cesa sus impulsos cognoscitivos. He tenido la experiencia, incluso con gente inteligente y de izquierda, de que hablar mal de la constitución es peor que hablar de la Negrita de Cartago.

La pobre criatura esa, me refiero a la Constitución, es, sin embargo, un ser inanimado, un simple instrumento, bueno o malo según la mano que la esgrima.

Pero hay una cosa en la que no hemos pensado, y es que esta constitución es una norma espuria, nacida no de un consenso sino de una imposición por la fuerza.

Nuestra Carta Magna fue elaborada y declarada por una constituyente de la que fueron excluidos los dos principales partidos de la oposición, el Republicano de Calderón Guardia y el Comunista, que ya por entonces se llamaba Vanguardia Popular. Sus integrantes fueron electos en un periodo de terror político, cuando país era dirigido no por un gobierno legítimo sino por una junta de facto cuyo único sostén eran las armas y, por tanto, la represión.

La Asamblea Constituyente estuvo integrada principalmente por diputados ulatistas, 33 de 42, cuyo partido, dice la historiadora Clotilde Obregón Quesada, “era el único que tenía en sus manos el mecanismo para hacer propaganda”. Lástima que la historiadora no haya ahondado en esto. Había cinco diputados de un partido independiente, llamado Constitucional, tres del Social Demócrata, que luego pasaría a integrar el Partido Liberación Nacional, y uno del partido Confraternidad Nacional.

Los ulatistas, el Partido Unión Nacional, habían ganado las elecciones del 48, las cuales fueron declaradas fraudulentas y anuladas por el Congreso Nacional, la Asamblea Legislativa de entonces. Esa anulación sirvió de excusa para que Figueres iniciara la guerra civil.

Una vez terminada la guerra civil, Figueres y Ulate pactaron un procedimiento muy curioso: el primero gobernaría de facto y sin congreso por 18 meses, al cabo de los cuales le entregaría la presidencia a Ulate, reconociéndolo como ganador de las elecciones del 48, pero habría elecciones legislativas, desconociendo el resultado correspondiente de esas mismas elecciones. ¿Por qué un resultado era válido y el otro no? La cuestión tenía nombres y apellidos: la mayoría de los diputados electos en esas elecciones, repito, fraudulentas para una cosa pero válidas para otra, eran del partido calderonista y de los comunistas.

En momentos en que se realizaron las elecciones tanto para la constituyente como para la Asamblea Legislativa, los partidos Republicano y Vanguardia Popular estaban fuera de la ley, sus líderes en el exilio y sus dirigentes presos o escondidos. Ese mismo mes de diciembre de 1948 fueron asesinados los mártires del Codo del Diablo.

La otra parte del acuerdo era volver a llamar a elecciones generales en 1952-1953, pero la Constitución establecía que “no podrá ser elegido Presidente o Vicepresidente: 1.-el que hubiese servido la Presidencia en cualquier lapso dentro de los ocho años anteriores, etc…” Esto se aplicaba a los que hubieran servido la Vicepresidencia. Es decir, con nombres y apellidos, no podían postularse ni Calderón Guardia ni Teodoro Picado. Esa misma norma contemplaba una excepción: José Figueres Ferrer, presidente de la junta de gobierno, el cual sí siguió gozando de los derechos constituciones.

Calderón Guardia volvió a ser candidato en 1962. Teodoro Picado murió en el exilio en Nicaragua en 1960. A los comunistas de Vanguardia Popular se les niega su derecho a participar hasta 1970 (la norma constitucional que les prohibía participar se derogó hasta 1976). Así de democrática era la Carta Magna y quienes la aplicaban.

Hay una cosa muy extraña que nunca he encontrado debidamente explicada, y es que tanto en las elecciones de la constituyente de 1948 como las parlamentarias de 1949 las fuerzas afines al figuerismo (con esto me refiero al Partido Social Demócrata) tuvieron unas votaciones bajísimas. Electoralmente, el figuerismo se hace muy fuerte en las elecciones de 1953. ¿Cómo se explica ese vuelco?

Así que los mitos de la democracia y su constitución son solo eso: mitos de nuestra historia, plegarias de nuestro devocionario, que un político serio debe tomar con sentido crítico y espíritu de educador popular. En otras palabras, para hablar de la constitución y comer pescado, hay que tener mucho cuidado.

Cuando el centro no escucha: apuntes contra el colonialismo electoral

Ernesto Herra Castro, M.EL
Académico
Universidad Nacional

Cada cierto tiempo, cuando el resultado electoral no coincide con las expectativas del Valle Central, reaparece una vieja tentación: explicar el voto desde arriba, desde los índices, desde los mapas de colores, desde la supuesta superioridad moral y cognitiva del centro. Esta vez no fue distinto. Amparada en datos de desarrollo humano y social, una lectura ampliamente difundida sugiere que el “problema” electoral proviene de los cantones con mayores carencias, mientras que los cantones con mejores indicadores habrían votado —como se esperaba— con responsabilidad, racionalidad y altura democrática.

Esa lectura no solo es pobre: es profundamente colonial.

Como ya señalé en “cuando la ruralidad se cansa”, el país que no es Valle Central no está confundido ni desinformado. Está agotado. Agotado de promesas incumplidas, de políticas diseñadas lejos de su territorio, de decisiones tomadas sin consulta, de un Estado que aparece para medir pero no para transformar. Sin embargo, cada vez que ese cansancio se expresa políticamente, el centro responde con desprecio envuelto en lenguaje técnico.

Los índices de desarrollo, en esta narrativa, dejan de ser herramientas para comprender desigualdades estructurales y se convierten en instrumentos de culpabilización electoral. Se usan no para interrogar las causas históricas del abandono, sino para insinuar que quienes viven en esos territorios votan “mal” porque no han alcanzado el nivel de ilustración necesario para decidir correctamente. Es el viejo gesto civilizatorio: cuando no votan como nosotros, es porque aún no saben.

Así, el Valle Central se erige una vez más como sujeto tutor de la nación. Se atribuye la facultad de saber qué necesita el país, qué opción es razonable y cuál es peligrosa, qué voto es legítimo y cuál debe ser revelado como error estadístico. La democracia, bajo esta lógica, es válida solo cuando confirma las preferencias del centro. Cuando no lo hace, se activa la sospecha sobre la madurez política del resto del país.

Este es un ejemplo claro de colonialismo interno normalizado. Una geografía moral que separa centro y periferia, progreso y atraso, razón y emoción. El voto rural, fronterizo, costero o periférico no es leído como una decisión política situada, sino como un síntoma de carencia: falta de educación, de información, de desarrollo. Nunca como una respuesta racional a condiciones materiales concretas de vida.

Lo más grave es la inversión de responsabilidades que esta lectura produce. Los territorios históricamente marginados aparecen como culpables del “resultado indeseado”, cuando esas condiciones de marginación fueron producidas por décadas de centralismo, extractivismo y concentración de recursos decididas desde el propio Valle Central. El centro crea la desigualdad y luego utiliza sus efectos para deslegitimar políticamente a quienes la padecen.

En este punto, el dato se convierte en coartada moral. No se presenta para escuchar, sino para cerrar el debate. No abre preguntas, las cancela. No interpela al poder, sino que lo absuelve. El conflicto estructural —despojo, precarización, ausencia estatal, economías de sobrevivencia— queda fuera de la escena. En su lugar, aparece una explicación cómoda: votaron así porque no saben.

Pero la ruralidad sí sabe. Sabe lo que significa que el Estado llegue tarde o no llegue. Sabe lo que implica depender de economías frágiles mientras el centro discute modelos abstractos. Sabe lo que es vivir lejos de los espacios donde se toman las decisiones que afectan su vida cotidiana. Y cuando vota desde esa experiencia, el centro no escucha: corrige.

Hay aquí también un desprecio epistémico profundo. No solo se descalifica una opción electoral, sino una forma de conocimiento: el saber político construido desde la experiencia territorial, desde la sobrevivencia, desde la comunidad. Ese saber no cabe en los índices, por eso se lo ignora.

El resultado es una democracia condicionada: aceptable solo si produce el resultado “correcto”. Una democracia donde el centro se reserva el derecho de evaluar la legitimidad del voto ajeno. Exactamente el mismo razonamiento que sostuvo la colonización, ahora reciclado en clave electoral y tecnocrática.

Cuando la ruralidad se cansa —lo dije antes y lo repito ahora— no lo hace por ignorancia. Lo hace porque ha sido sistemáticamente ignorada. Y cuando el centro responde a ese cansancio con soberbia, lo único que demuestra es su incapacidad de mirarse a sí mismo como parte del problema.

Tal vez el desafío no sea explicar por qué la periferia vota distinto, sino preguntarse por qué el centro insiste en no escuchar. Porque mientras siga leyendo el país desde arriba, seguirá confundiendo datos con verdad y poder con razón.