“La dictadura de los propietarios”. Parte II: Hay gatos sobre el techado
Rafael A. Ugalde Quirós
Periodista.
Bajo la llovizna de un Macondo moderno, gris y ajado, hay gatos agazapados sobre el techado. Así de insólito. Son los mismos contadores de presas que, designados por cinco millones de almas cándidas, tejen sin tregua laberintos de paquetes fiscales.
Mientras el pueblo reza febril, con rosarios en mano, ciento cincuenta y seis corporaciones juran ante el altar tributario que en 2025 no cosecharon ni un grano de ganancia. Todavía no nos han pedido donaciones. No las necesitan porque tiene la fuerza de la ley y el imperio de la Constitución. Esa alquimia de la nada revela el pelaje invisible de estas bestias y explica, con zarpas de sombra, el lento desmoronamiento de nuestra patria.
Los cazadores de impuestos habitan un limbo de trajes grises donde el tiempo, que aquí mide cuarenta años exactos, no envejece sus colmillos, sino que los afila. Se deslizan por las costuras del país como sombras con portafolios, introduciendo los dedos en los bolsillos ajenos con la precisión de un cirujano y el apetito de una jauría insaciable que come sin saciarse jamás.
Al terminar el festín, se disuelven en la penumbra de las oficinas públicas. Juran que velan por la sagrada paz social, mientras su mandíbula invisible tritura el pan de los de abajo para que la vieja y eterna dictadura de los propietarios no pierda ni un solo grano de su trono. Hoy la pobreza y miseria alcanza el ochenta por ciento de quienes confiaron en que sus casas estarían libres de roedores.
Bajo la pálida bruma de un reloj que se detuvo en el calendario de los vencidos, las sombras de medio siglo flotan como botes sin agua sobre un pavimento que aprendió a bostezar. Las ratas, con levita de terciopelo gris y contabilidad exacta, miden los latidos de la medianoche y cuentan los cuerpos ajenos que se desdoblan como sábanas en el asfalto. No tienen casa. Otros lavan con rapidez el Range Rover de la señorita precisada por el fiestón, mientras el güililla de la esquina decora con rosas y crisantemos los colores de su hambre y su tristeza.
Los ingresos del pan y del milagro se disuelven antes de tocar el fondo del bolsillo, mientras las familias compran el aire del día siguiente con la firma temblorosa del fiado.
La salud y las letras públicas habitan en los mapas antiguos, custodiadas por puertas de humo que no abren cuando el cuerpo tose polvo. Y el reloj sin manecillas, nadie sabe quién las compró, allá arriba, en los escritorios del viento, el porvenir cruza los brazos y se niega a parir un mañana. Ningún mapa guarda la ruta para el tiempo que viene. A este otro proyecto país todos temen. Los asusta y siguen encargando su diseño a la misma minoría.
I.- Sin peligro a dictadura: Se hizo costumbre que los cambios tributarios entre 1980 y 2018 muestren cómo el peso de las reformas fiscales recayera principalmente sobre los trabajadores, bajo el argumento de equilibrar, definitivamente, las finanzas públicas para tener mejores servicios y profundizar nuestra democracia.
Era cuestión de que los proyectos de reformas fiscales bajaran de Zapote hasta Cuestas de Mora para constatar el funcionamiento en su máximo esplendor de la división de poderes republicanos. ¡Qué felices éramos!
Durante la primera administración de Oscar Arias (1986-1990) hubo reformas a los impuestos de consumo y la renta. Siguió el gobierno de Rafael Ángel Calderón F., tras aceptar cada una de las exigencias del FMI, en cuanto un duro “ajuste” fiscal que todos recordamos, sobre todos aquellos que en esa época vivían de un salario.
La Administración de Figueres Olsen (1994-1998) no fue la excepción, ya que pactó políticamente con otros grupos económicos para elevar el impuesto de ventas al 15 % durante año y medio.
El gobierno del presidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) siguió el mismo camino que las administraciones anteriores cuando impulsó la llamada Ley de Simplificación Tributaria (Ley 8114). Esta norma unificó los impuestos a los combustibles para eliminar así otros gravámenes menores.
Los gobiernos de Abel Pacheco y Laura Chinchilla (2002-2006 y 2010-2014) intentaron aprobar sus propias versiones de paquetes fiscales, pero la Sala Constitucional los frenó. Nadie protestó y todos coincidimos en que los hombres y mujeres de toga eran independientes por bien del país.
La Sala Constitucional anuló en marzo de 2006 el trámite de la reforma fiscal de Abel Pacheco por “vicios de procedimiento”. Los magistrados corrigieron la plana a los legisladores de entonces al señalar el uso indebido de una vía rápida que impidió la votación requerida y omitió las consultas obligatorias a instituciones clave del Estado.
La misma Sala anuló en abril de 2012 el plan de reforma fiscal (Ley de Solidaridad Tributaria) de la administración de Laura Chinchilla porque sus magistrados, según su sentencia, determinaron que hubo vicios esenciales de procedimiento cometidos por los diputados durante su trámite en la Asamblea Legislativa.
El gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022) mantuvo las mismas medidas tributarias de las administraciones pasadas de liberacionistas y socialcristianos, pero con mayor dureza. Estas reformas no se habrían aprobado sin el apoyo de ambos partidos. En resumen, recargó a los trabajadores y asalariados con más impuestos indirectos.
Los grandes empresarios y los medios de comunicación—tradicionalmente vinculados al sector exportador de materias primas y a la importación de mercancías con valor agregado— respaldaron al unísono la decisión de la administración Alvarado de implementar medidas de ajuste en las finanzas públicas. El proyecto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (expediente 20.580) ingresó a la Asamblea Legislativa el 9 de noviembre de 2017 y se aprobó como la ley Nº 9.635 el 3 de diciembre de 2018. Sus restricciones al gasto público impactan el financiamiento de la formación universitaria, secundaria, salarios, sanidad pública, jubilaciones, financiamiento de la justicia e infraestructura, entre otros aspectos. ¡Qué gran logro fiscal: ahorraron tanto que hasta mataron la salud y la educación públicas! Acabaron con nuestra malicia indígena.
II.- El mercado y la falta de un “proyecto país”: ¿Quienes luchan por legitimarse como vocería de la llamada “oposición” o “alternativa” democrática estarán dispuestos a desdicharse de todo lo que nos han venido aplicando en materia fiscal?
Al contraponer la democracia a la dictadura, la defensa de un modelo que impuso cargas insoportables a las mayorías en beneficio de pequeños sectores durante cuatro décadas es indefendible. Así lo revelan los propios testimonios de estos grupos (La Nación, 2 de agosto de 2026, págs. 4-5). Intentar justificarlo frente a la democracia es inaceptable.
Sin embargo, en el fondo persiste una especie de confrontación profunda entre Dinosaurios de la misma especie: por un lado, las élites políticas y económicas formadas durante las cuatro décadas de modelo neoliberal, que aguardan un eventual retorno demócrata en Estados Unidos para restablecer su hegemonía; por el otro, aquellos sectores determinados a blindar el statu quo del Estado corporativo frente a la contingencia y los vaivenes de los procesos electorales estadounidenses.
Según datos del Ministerio de Hacienda, la evasión de impuestos, el fraude y el contrabando significan pérdidas por el orden de ¢2,6 billones al año, lo que equivale a un 5,66% del Producto Interno Bruto (PIB).
Para 2018 —año clave debido a la citada reforma—, la evasión, la elusión y el fraude fiscal, junto con su vínculo con el déficit, se presentan como fenómenos separados. Por tanto son estimaciones.
Así, los datos clave sobre la evasión y la elusión fiscal en porcentaje del PIB para 2018 fueron del 4.6% (según estimaciones del FMI).
En tanto, el «Hueco Fiscal» (o presupuestario específico) fue de 2.25% en agosto de 2018.El costo de las exoneraciones fiscales fue de 5.6%|, habiendo un déficit financiero anual costo de las exenciones fiscales según el Ministerio de Hacienda de 6%.
Otras fuentes, como declaraciones públicas dadas por el presidente de entonces, Carlos Alvarado, mencionaban una cifra cercana al 6% del PIB . Estas estimaciones reflejan los impuestos que se dejan de recaudar por estas prácticas.
El Hueco Fiscal – término que se usó en 2018 para referirse a un bache presupuestario específico de ₡900.000 millones, equivalente al 2.25% del PIB -se atribuyó a una falta de previsión del gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018) para cubrir vencimientos de deuda a corto plazo.
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Año
Hueco Fiscal (%del PIB)
Porcentaje de Exoneraciones (% del PIB)
Otros Beneficios / Déficit (% del PIB)
2018
2.25%
5.6%
6.0% (Déficit financiero anual)
Estimaciones del Ministerio de Hacienda, dan cuenta que entre 2018 y 2023, en Costa Rica, las exoneraciones fiscales (gasto tributario) rondaron en promedio entre el 4% y el 4,8% del PIB anual (superando los ¢2 billones por año), mientras que la evasión e incumplimiento tributario se estimó entre el 5,1% y casi el 6% del PIB (cerca de ¢2,5 billones anuales).
El Gobierno Central cerró el año 2025 con un déficit financiero de 3,4% del PIB, una cifra menor al 3,7% registrado en 2024. Además, el país mantuvo un superávit primario positivo de ₡487.920 millones, lo que equivale al 0,9% del Producto Interno Bruto, según los diversos datos consultados.
De esta manera, un cementerio de trámites y credenciales fiscales sepulta a quienes llevan media vida sobreviviendo al fuego fatuo de la «dictadura democrática», esa mariposa de mil cabezas que promete patria y entrega un terreno baldío, estéril y repleto de rocas. En la III y última entrega de La dictadura de los propietarios, los esqueletos de las escrituras notariales cobran pulso para recordarnos que aquí nadie es dueño de nada, salvo del derecho a firmar su propio desalojo bajo la bendición de un notario que sonríe desde el fondo del espejo.
En la III y última entrega de La dictadura de los propietarios abordaremos los problemas estructurales que hemos pagado quienes tenemos algunos años sobreviviendo en perfecta “dictadura democrática”. Entrecomillado porque lo dijo otro que bien conoce sobre el tema.
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