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Etiqueta: exclusión

Los nuevos muros de la pandemia: las brechas de la inmunización

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Jenyel Contreras Guzmán

Deseo dedicar este breve espacio a puntualizar algunos de los principales dilemas éticos y políticos que se presentan de cara a las recientes estrategias de “reactivación económica” y de “retorno a la normalidad pre-covid”, en particular el “turismo de vacunas” y el “pasaporte de vacuna”.

La idea del establecimiento de un pasaporte de vacunas (Certificado Verde Digital de Vacunación o CVD) surgió como una propuesta de los países miembros de la Unión Europea (UE)[1] a inicios de este año, previo a la temporada de verano en dicha región, como una forma de garantizar que las personas ciudadanas de la UE y sus familias puedan viajar con seguridad y el mínimo de restricciones[2]. El mismo ya fue aprobado por la Comisión Europea y se encuentra en proceso de trámite legislativo, y de la puesta en marcha de un mecanismo informático para que sea posible su emisión y lectura en todos los países de la UE antes de entrar en vigor en junio próximo.

Israel desde el pasado mes de febrero ha empezado a implementar el Green Pass, un documento que se puede descargar y llevar en el celular y que indica que la persona ya está inmunizada y puede acceder a distintos comercios y actividades[3]. En Estados Unidos se analizan 17 propuestas para la confección de su propio pasaporte, siendo que el estado de Nueva York ya cuenta con el suyo (Excelsior Pass)[4] desde el pasado mes de marzo, y es utilizado para poder acceder a eventos en establecimientos de gran capacidad como estadios o conciertos. Fue desarrollado en conjunto con IBM y combina una aplicación de billetera de Smartphone con un escáner de códigos QR[5].

Costa Rica por su parte, analiza la posibilidad de desarrollar un pasaporte sanitario en esta misma línea, propuesta que se discutió en el marco de una reunión de la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica[6]. Poco a poco se van incorporan más países en la discusión y en el establecimiento de dicha medida.

Igualmente, el turismo de vacunas se ha popularizado en lugares como Maldivas, Rusia, Serbia, Cuba, Alaska, Dubái y Estados Unidos[7], que ofrecen la posibilidad de vacunarse y vacacionar al mismo tiempo. Para el caso de Costa Rica, Estados Unidos se ha convertido en el principal destino de la “vacunación flexible”, ya más de mil costarricenses han comprado paquetes de viaje que van desde los $800 a los $1.200 y cubren hospedaje, cita y traslado, entre otros. Se estima, que mediante los operadores de viaje saldrán entre 5 mil y 10 mil costarricense más en los próximos meses[8].

Pero ¿Cuáles son los dilemas éticos y políticos que estas dos estrategias plantean? Acá, algunas breves reflexiones al respecto:

El turismo de salud o el turismo médico, no es un fenómeno nuevo, es una actividad altamente lucrativa en la que Costa Rica se posiciona como destino, y que para el año 2017 se estimó una ganancia aproximada de $437 millones[9], orientada mayormente al sector privado de la salud. Esta práctica es a su vez la manifestación de las desigualdades en el acceso al derecho fundamental de la salud, y por ende al resguardo de la vida, en donde quienes cuentan con los recursos económicos pueden acceder a ella más allá de las fronteras nacionales. Esta lógica de monetización de la salud refuerza barreras de exclusión hacia poblaciones históricamente relegadas del acceso a servicios básicos y de atención primaria, así como al tratamiento de enfermedades crónicas y demás padecimientos. Situación que vimos agravada con las primeras fases de la pandemia en donde en países como Estados Unidos la mortalidad de personas afroestadounidenses y migrantes (particularmente hispanas) en estados como Nueva York representaron hasta el 35% de los fallecimientos debido entre otros aspectos, al nulo acceso a los servicios de salud.

Esta privatización del acceso a la salud, en el contexto de la pandemia, plantea una discusión ética sobre el acceso global a los mecanismos de inmunización, que resulten eficaces y de calidad. No se trata ya sólo de preguntar quiénes tienen acceso a la vacuna, sino además a cuál vacuna tienen acceso y quiénes. El tema de la eficacia no es cosa menor, ya que en las 9 vacunas (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Jonhson&Jonhson, Sputnik V, CoronaVac-Sinovac, Novavax, Sinopharm, Cansino Biologics) listas o en fase de ensayo clínico existe una variación de efectividad del 66% al 91%. Así por ejemplo en la UE, y para efectos del CVD las vacunas rusas y chinas no son aceptadas como mecanismo eficaces de inmunización, por lo que las personas que hayan accedido a ellas aún deberán cumplir con la cuarentena obligatoria [10].

La situación se complejiza aún más si analizamos la distribución de las vacunas a nivel global, en donde lo que domina es una distribución desigual de las vacunas entre países pobres y ricos, ya que estos últimos acaparan el 99% de las dosis[11], muchas de ellas compradas previo al inicio de su producción. En este sentido, el Ministerio de Salud de Costa Rica ha indicado que el país ha hecho 21 intentos por adquirir nuevas dosis de la vacuna con diferentes farmacéuticas, y que muchas han señalado tener toda su producción comprometida hasta el 2022[12]. Situación que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha catalogado como un “fracaso moral catastrófico” [13].

Frente a este panorama diversos sectores han planteado la necesidad de establecer al menos dos acciones puntuales: 1. La creación de un fondo solidario de vacunas efectivo para el acceso de las regiones, países y poblaciones más vulnerables (en este sentido COVAX no ha logrado cumplir su cometido, particularmente debido a la falta de voluntad política y económica de farmacéuticas y de países ricos), y 2. La liberación de las patentes de las vacunas, que posibilite una mayor producción de las mismas (proceso que ha sido entorpecido por las mismas razones que en la acción 1).

Nos encontramos de esta forma frente a una lógica perversa y necropolítica, en donde por un lado sabemos que el acceso a la vacuna es limitado y desigual, pero a su vez es posible ir a comprar “los excesos” o “reservas” de vacunas a los países que las han acaparado, e independientemente de si esas “reservas” existen debido a la negativa o falta de confianza de algunos sectores de la población para vacunarse[14], el problema de fondo continua siendo que indiscutiblemente, en esos mismos países, existen importantes sectores de la población que no han sido contemplados en los esquemas de inmunización, tal es el caso de las personas migrantes irregulares. Los datos sobre la vacunación de este tipo de poblaciones son difíciles de rastrear. De modo que nos enfrentamos a la paradoja de la escasez para unos y de los “excesos” para otros sectores de la sociedad.

Nos encontramos de esta forma frente a una polarización social de larga data, “nosotros los turistas” y “los otros los migrantes”. No de casualidad las fronteras que han sido abiertas en mayor medida son las aéreas. Contradictoriamente, el virus alcanzó su condición de pandemia gracias a los vuelos de turismo internacional. Este tipo de situación ha significado un recrudecimiento de prácticas y discursos discriminatorios, xenofóbicos y excluyentes, ya no solo son migrantes sino además migrantes enfermos. Recordemos, por ejemplo, la donación de vacunas del gobierno de Joe Biden a México, como parte de un acuerdo[15] para frenar la migración en la frontera sur de los Estados Unidos.

Esta polarización nos habla también de quiénes son “aptos” para la inmunización y quiénes no, y más aún quiénes tiene posibilidad de retomar su vida de movilidad y sociabilidad pre-pandémica y quiénes deberán continuar relegados al confinamiento, y ahora a adicionales formas de exclusión.

Finalmente, dos elementos poco discutidos dentro de esta lógica de habilitación del turismo vía pasaporte de vacuna, tienen que ver con: 1. El control de la información y las ganancias de las empresas que desarrollen las plataformas para el funcionamiento de los pasaportes, Cambridge Analytica, Facebook y sus plataformas asociadas son un breve recordatorio, y 2. La necesidad de estudiar las posibles implicaciones de delegar en los sistemas sanitarios, farmacéuticas y empresas privadas una suerte del control de las movilidades de las personas en la vida cotidiana y en el traslado internacional.

Imagen tomada de la página de Facebook de FLACSO Costa Rica.

[1] Se busca incluir en dicha propuesta a países como Noruega, Islandia y Suiza, países que no se encuentran dentro de la UE.

[2] https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56446411

[3] https://www.nytimes.com/es/2021/04/06/espanol/vacunacion-israel-covid.html

[4] https://www.hosteltur.com/lat/143341_eeuu-se-encamina-a-su-propio-pasaporte-de-vacunacion.html

[5]https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-promueve-pasaporte-especial-para-vacunados-contra-la-covid-19

[6]https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-promueve-pasaporte-especial-para-vacunados-contra-la-covid-19

[7]https://www.hosteltur.com/143654_que-paises-ofrecen-la-vacuna-a-turistas-que-vayan-de-vacaciones.html

[8] https://www.larepublica.net/noticia/vacunacion-flexible-dispara-salida-de-ticos-hacia-los-estados-unidos

[9]https://www.nacion.com/economia/negocios/turismo-medico-genero-ingresos-por-437-millones-a/LIVPCO42HVGU5G6HDZNDXNSKCI/story/#:~:text=Las%20visitas%20de%20extranjeros%20a,el%202013%2C%20de%20%24328%20millones.

[11] https://www.msf.es/actualidad/los-paises-ricos-acaparan-mas-99-las-dosis-la-vacuna-la-covid-19

[12]https://delfino.cr/2021/05/salud-registra-21-acercamientos-para-adquirir-vacuna-de-jj-moderna-sputnik-v-y-sinopharm-sin-resultados

[13] https://www.bbc.com/mundo/noticias-55911364

[14] https://www.ngenespanol.com/traveler/turismo-de-vacunas-como-vacunarse-en-eeuu-y-todo-lo-que-debes-saber-al-respecto/amp/

[15] https://www.washingtonpost.com/es/national-security/2021/03/19/vacunas-astrazeneca-mexico-estados-unidos-migracion-biden-amlo/

 

Imagen tomada de la página de Facebook de FLACSO Costa Rica.

Artículo publicado en el blog de FLACSO Costa Rica, compartido con SURCOS por la autora.

Las personas indígenas tenemos puesta una etiqueta de exclusión

Escrito en . Publicado en Derechos.

Vanessa Figueroa Calderón*

Nos han enseñado en las instituciones públicas educativas que el Estado tiene tres poderes que para nosotros son como hermanos que no se ponen de acuerdo en nada.

Lo vemos en nuestro territorio que fue asignado por decreto. El Poder Legislativo decreta cosas sobre otros decretos y no anula los primeros decretos, creando una confusión más grande. Tal vez ustedes no lo notan; pero cuando nosotros estamos luchando legalmente por nuestras tierras resulta que hay controversias entre esos decretos, entre esas leyes y dudas sobre por qué unas se ejecutan y otras no.

En el año 2014 el gobierno llegó a nuestro territorio diciendo que le diéramos tiempo, puesto que había llegado al poder hacía tres meses. Pasaron tres años, terminaron, no solucionaron nada. Seguimos pidiendo que demarquen, que saneen el territorio y que nos den autonomía. Pasan otros tres años. En este último periodo de gobierno asesinan a nuestro queridísimo hermano Sergio Rojas, a raíz de estas situaciones de tenencia de la tierra no resueltas, ocurridas durante los últimos 20 años.

¿Por qué muere Sergio? Sergio muere por todas estas situaciones donde no habido soluciones; pero sí estamos convencidos que el Estado se tiene que poner de acuerdo. Mientras que no se pongan de acuerdo, no vamos a solucionar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque de repente el Poder Ejecutivo dice y negocia, dialoga con nosotros; pero resulta que el Poder Judicial dice otra cosa y llega diciendo que no tiene un poder para decidir en las mesas de diálogo que se conforman. Mientras el Poder Ejecutivo dice sí, el Poder Judicial dice no, entonces volvemos otra vez a lo mismo. Tenemos nuevamente que esperar.

Hay leyes que no se ejecutan pues hay compañeros que tienen 20, 30 casos en el Poder Judicial. ¿Cómo es posible que un mismo juez declare que las tierras son para el no indígena? precisamente estas contradicciones son las que no nos hacen estar confiados cuando vamos al Poder Judicial y al Ministerio Público. Siempre hemos tratado de comunicar al Estado que en el Poder Judicial de Buenos Aires hay un juez que tiene interés sobre la propiedad de las tierras, ya que es familiar de los terratenientes de Buenos Aires. Si investigaran descubrirían que en el 99.9% de los casos que ha llevado como juez ha fallado a favor de los no indígenas. Hablamos de casos no solo de personas bribris, sino también cabécares y de habitantes de China Kicha. Ese hombre aprovecha su investidura para hacer valer todo a favor de los terratenientes.

Ciertamente, muchos de nuestros hermanos tenemos algunas desventajas, ¿por qué? Porque no hablamos español, porque si hablamos Bribri no vamos a transmitir ese sentimiento que tiene el Bribri a un idioma español, entonces se hace más controversial.

Lo que queremos es que nos devuelvan nuestras tierras, que no haya más asesinatos. ¿Cómo es posible que todavía nosotros tengamos que pensar que si algún día nos devuelven nuestras tierras todavía seguiremos siendo perseguidos?

A través de los años hemos vivido discriminación, racismo, persecución, amenazas de muerte. Mis hijos me dicen “mami, ya no siga en esto, porque le va a pasar las de Sergio”; pero ellos no saben que si uno no lucha -como estamos luchando- el día de mañana esas tierras van a ser puestas en bandeja de plata a los no-indígenas, porque hasta este momento hemos visto eso.

A los no indígenas que se encuentran en esta situación se les hará mas fácil sostener un caso legal en contra de los bribris o hermanos indígenas, ya que son hacendados y tienen poder económico. Su argumento es que tienen un derecho adquirido como dueños, no se fijan en aspectos legales, su conocimiento no pretende verificar ni hacer valer las leyes, solo su razón de ser. Por eso los indígenas se apartan, y no reclaman su derecho, porque para ellos es mejor callar, aún teniendo razón. La solución para los indígenas es clara: El Estado debe buscar una vía y los no indígenas deben buscar una solución por la vía del derecho con el Estado, sin agredir, sin violentar, sin matar a los indígenas. Nos parece absurdo que no puedan ver la verdad.

Esas controversias entre el Estado y sus poderes no nos han beneficiado en nada, nos han etiquetado y hoy llegamos a las oficinas públicas y no nos quieren atender. Entonces, el Estado aquí muestra una cara, hace informes que todo está muy bonito; pero nosotros en Buenos Aires nos tratan como criminales. En mi caso fui denunciada 16 veces entre 2014 y 2016 pero sigo en la lucha.

Tenemos una etiqueta dentro y fuera del territorio, mis hijos son considerados ya excluidos automáticamente de las Asociaciones de Desarrollo, del proceso educativo y no podemos participar abiertamente dentro de toda la formación de la comunidad. Toda esta realidad genera más problemas dentro del territorio, los cuales son los problemas del Estado que, al final de cuentas, se arrastran desde muchos años atrás.

 

*Integrante del Consejo Ditsö Iriria Ajkónuk Wákpa, organización autónoma del territorio indígena de Salitre.

Compartido con SURCOS por Kioscos Ambientales UCR.

Hacia un mundo más fraterno y amigable

Escrito en . Publicado en Análisis, Comunidad.

Un proyecto con grandes objetivos para el desarrollo de toda la humanidad hoy suena a delirio. Aumentan las distancias entre nosotros, y la marcha dura y lenta hacia un mundo unido y más justo sufre un nuevo y drástico retroceso (Papa Francisco, Encíclica Fratelli Tutti. Sobre la fraternidad y la amistad social).

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

                No es que el papa Francisco tenga una visión pesimista de la realidad de nuestro mundo, es que la realidad no da pie para un optimismo exacerbado, como el que pregonan quienes avizoran una nueva “normalidad” post-pandémica, a la vuelta de la esquina.

                Sin embargo, el papa nos convoca, en su última Encíclica Fratelli Tutti, a la fraternidad universal y la amistad social, con la ilusión y la esperanza de que un proyecto de nueva humanidad, más solidario y justo, gane terreno en medio de las tendencias dominantes de la exclusión, la injusticia y la desigualdad.

                Globalizar la fraternidad y la afectividad es el gran desafío, si queremos encarar con sentido de responsabilidad histórica los grandes problemas globales, como las pandemias, el cambio climático, las migraciones y las hambrunas, entre otros. Es la perspectiva del papa, al plantear el desafío en términos globales y locales: “La fraternidad universal y la amistad social dentro de cada sociedad son dos polos inseparables y coesenciales”.

                En esta dirección, no podemos esperar mucho de una institucionalidad mundial, como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ante situaciones como las que vive el mundo actual se han mostrado débiles y acaso apenas impulsando medidas paliativas. Sin duda, hace falta relanzar y fortalecer a estos y otros organismos con un claro mandato de contribuir a la tan necesaria gobernanza global, para la equidad y la salvación del planeta.

                Requerimos, para ello, dar un salto cualitativo: reencontrarnos como hermandad universal. Es el llamado que hace el papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti. Sobre la fraternidad y la amistad social. Estamos ante una de las encíclicas sociales más importantes que ha producido el magisterio social de la Iglesia Católica, pensada y escrita en el más elevado espíritu de diálogo ecuménico. Al respecto, cabe destacar que el papa inicia y cierra su encíclica recogiendo los aportes de su diálogo con el Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb. Asimismo, reconoce explícitamente haberse nutrido del pensamiento de líderes protestantes como el pastor bautista Martin Luther King, el obispo anglicano Desmond Tutu y el maestro del pacifismo activo Mahatma Mohandas Gandhi, entre muchos otros no católicos.

                El reencuentro como humanidad planetaria pasa por la superación de las supremacías culturales, religiosas, raciales, etc., así como el cultivo de los buenos afectos: el abrazo inclusivo que propicie la paz y la convivencia digna y justa. “Qué bonito sería, dice el papa Francisco, que a medida que descubramos nuevos planetas lejanos, volviéramos a descubrir la necesidad del hermano y de la hermana alrededor de mí”. Se trata de reconocernos unos a otros como implicados en un destino común. Más aún, afirmarnos unos a otros en lo que somos e incluso podemos llegar a ser, que es lo que distingue a una sociedad como verdaderamente humana, según Martin Buber.

                Haciendo alusión al momento doloroso que vivimos, nos convoca al aprendizaje compartido: “Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos engaña se caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced de la náusea y el vacío”.

                El papa lo ha expresado con meridiana claridad, se trata de “recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y solidaridad…”, es decir, apostar sin dilaciones a construir por todos los medios un modelo de globalización desde y para la fraternidad y la afectividad. Solo así, abriremos horizontes esperanzadores para la preservación y continuidad de la vida en la Tierra. Sí, hay viabilidad para la humanidad como especie, toda vez que reorientemos nuestros esfuerzos al cultivo de esa dimensión emocional, pasional y afectiva que la racionalidad instrumental moderna ha pretendido clausurar.

                Pensar y construir una nueva humanidad para la convivencia planetaria digna y justa será posible cuando nos hayamos reencontrado con nuestra realidad profunda de seres corporalmente diversos y sensibles y con vocación para la hermandad, es decir, el amor solidario y generoso.

Crónica: Las fronteras que me cruzan

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Es marzo de 2021. Ya se va, mejor dicho y continúo confirmando las sospechas que semanas atrás había adelantado en una observación participante, acerca de la pretendida tonalidad progresista con que alegremente se recibió en algunos círculos políticos y académicos al binomio Biden-Harris en cuanto a su política migratoria, especialmente la que interesa a la región centroamericana.

Es marzo de 2021 y tan pronto como se acaba, la primera gran coyuntura migratoria de la administración estadounidense entrante ha sido declarada.

La disuasión desde Estados Unidos hacia las movilidades humanas centroamericanas ahora no se realiza por medio de lacónicos tweets del tipo “aquí no vengan porque no serán bien recibidos”; no se hace así ahora, pero el discurso sigue siendo el mismo: no vengan, las fronteras para ustedes, pobres, desplazados de forma forzada, expulsados de sus comunidades, de sus países, están cerradas.

Pero la gente que no viaja en avión ni tiene condiciones materiales y subjetivas para contender con la pobreza, la exclusión, la violencia de los estados, las instituciones y las élites empresariales acumuladoras y despojadoras, sigue saliendo, sigue yendo a tratar de cruzar las fronteras. Y va. Y choca con discursos y puertas fortificadas desde las palabras hasta los operadores de las acciones de seguridad implementadas en las regiones de cruce entre países.

Hablamos de coyuntura y no de discursos. Es una decisión no solo semántica, sino política. Los discursos sobre las crisis migratorias, valga recordarlo, suelen colocar el acento en las personas que se movilizan. “Son muchos”, dicen. “Desbordan la capacidad de los Estados para atenderlos”, señalan. “Son incontenibles”, vociferan. «Vienen enfermos y sucios», murmuran.

Pero nada dicen esos discursos sobre las políticas de hambre y desigualdad, la rapiña de quienes buscan más para enriquecerse a partir de pactos de corrupción y silencio, la acumulación devastadora, racista y clasista que se contornea en todos los países centroamericanos. Por eso la gente se va. Por eso Biden-Harris disuaden. Y generan junto a los medios de comunicación hegemónicos la impresión de que la crisis la producen las personas que caminan. Para vivir. Para salvarse.

Es otro marzo. El de 2020. 15 de marzo para ser exacto. Llegamos con cierta urgencia a la línea fronteriza terrestre entre Honduras y Nicaragua llamada simbólicamente “Las manos”. Bajamos del autobús transnacional y una aguja que se levanta y baja al compás de las seis de la mañana en una frontera llena de polvo y pasos invisibles a vista y paciencia de todos, indica el corte: estar aquí, estar allá es cuestión de un solo movimiento del involuntario del dispositivo que flanquea los movimientos.

Nos anuncian que seremos testeados. Lo que posteriormente consistió en unas preguntas sobre las quince horas previas, monitorea el curso de mi vida en una Tegucigalpa que ya empezaba a cerrar sus puertas ante la pandemia. La urgencia de un país que solo meses después sufriría la devastación como consecuencia de dos huracanes seguidos en formación, una tras otros, como si hubieran sido planificados.

De un país así, de un escenario así, salpicado también por la corrupción y el crimen organizado como política de estado, sale la gente que Biden-Harris, los progresistas en materia migratoria, disuaden hoy bajo el discurso de la crisis y la contención militar en las fronteras de México y Guatemala.

Luego del testeo regresamos al autobús para continuar el viaje. En el camino leo el texto profundo y desgarrador de los hermanos Martínez (Oscar y Juan José) sobre la formación transnacional y compleja de las agrupaciones delictivas salvadoreñas llamadas pandillas. Debo la lectura a una de las pensadoras centroamericanas que más admiro y a quien tengo el gusto de conocer más allá de la academia. Para vos, Amparo Marroquín, va mi abrazo y agradecimiento por este libro que me regalaste.

 En una parte de la introducción de “El niño de Hollywood” (Editorial Debate, 2016) se lee lo siguiente:

“Este libro no es sólo sobre la vida de un sicario de la pandilla más grande del mundo, la única en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la que recurrentemente vuelve a los incendiarios discursos de Donald Trump, la que tiene presencia en cada uno de los departamentos de El Salvador. Este libro es, en el fondo, nuestra forma de entender y explicar el patio trasero de Estados Unidos. “Shithole”, dijo Trump, hablando como algo lejano de lo que gobernantes como él ayudaron a construir, a destruir”

Al recordar esa introducción ahora, pienso en la continuidad y linealidad de la historia hegemónica, en la fuerza del lenguaje, en el rigor de las fronteras para determinadas poblaciones. Al cabo de más de un año de escenario pandémico global, las excusas de la soberanía y la protección sanitaria fueron instrumentalizadas por los estados y otros actores, para construir nuevas argumentaciones respecto a las movilidades forzadas en la región. Ese es quizá uno de los saldos más profundos que debemos revisar “cuando todo esto termine”.

Al regresar a casa el 15 de marzo de 2020, venía tras de mi como dominó inclemente el cierre de fronteras centroamericanas. La de Las Manos por ejemplo fue clausurada esa misma noche y así el resto. Hasta el día de hoy pienso en lo simbólico de ese viaje y mi paso por tres escenarios fronterizos regionales por aquellos días de cierres y suspensiones, comprobando su porosidad, observando sus condiciones para el rigor de las exclusas cuando los estados se resguardan con miedo, con temor.

Que aún persisten, hasta el día de hoy.

Imagen de cabeceras: https://www.conclusion.com.ar/religion-y-espiritualidad

Espacios de confinamiento y sacrificios humanos: los impactos de la pandemia en las movilidades humanas. Una rápida mirada regional

Escrito en . Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Raúl, un empresario centroamericano de élite se apresa a tomar un vuelo comercial reprogramado tan pronto se reestablecieron las comunicaciones aéreas internacionales. Se dirige a otro país centroamericano, donde debe trabajar en la reactivación económica bajo la premisa de que el resguardo de la salud es importante, pero también lo es la tan instalada idea que los sectores económicos, ciertos sectores económicos, deben contar con los apoyos gubernamentales regionales como requisito indispensable para garantizarles el re-despegue.

Antes que su vuelo parta, desde su teléfono inteligente, coordina reuniones, movimientos financieros, inversiones urgentes. Ha debido cumplir con todos los protocolos sanitarios para movilizarse con toda naturalidad, en medio de un contexto que todavía dibuja la excepcionalidad como principal concepto explicativo.

Sin embargo, A Raúl no lo alcanzan las limitaciones ni las expresiones de rechazo que predominan para otro tipo de movilidades, las que no se dan en las alturas, las que se producen a ras de suelo, entre las fronteras terrestres, donde la «inmovilidad de la movilidad» para diversas poblaciones se ha instalado como política migratoria planteada por los Estados.

Estamos claros. Existen movilidades legítimas, permitidas, tanto en los discursos como en las prácticas de relación entre las elites de los países regionales. Son las que representa Raúl y su movilidad higiénica, esa que de acuerdo con las agendas de los medios de comunicación son las necesarias, las que están bien y deben potenciarse.

Otras movilidades, sin embargo, pasan por el filtro de la construcción de percepciones en que la relación entre movilidad y enfermedad es casi obligatoria. Son las que están representadas por esos, los otros sujetos y sujetas a quienes se debe exponer, testear en público, aislar en sitios que no cumplen con las especificaciones de salud mínimas requeridas porque representan el peligro. Como hemos dicho en otro momento: son armas de destrucción biológica. Ejemplos de esta práctica se han reproducido en toda la región desde que la emergencia sanitaria inició en 2020.

En este contexto, la formación de «espacialidades del miedo» ha tomado fuerza. Lo hemos dicho ya: son las fronteras en la región centroamericana, por ejemplo. En particular tres puntos calientes: la frontera México-Guatemala, la frontera entre Costa Rica y Nicaragua y la espacialidad conformada por las fronteras entre Costa Rica y Panamá y Panamá y Colombia, con el Tapón del Darién como una auténtica geografía del riesgo para las movilidades humanas.

Pero también en el sur de la región la relación entre espacialidad-movilidad-enfermedad, ha devenido en la construcción de respuestas afincadas en un enfoque securitario y militar. Países como Perú, Chile y Colombia, han transversalizado una respuesta estatal prohibitiva, casi punitiva, cerrando sus fronteras y brindando tratamiento criminalizante a cientos de personas migrantes, muchas de ellas de origen venezolano, pero también extracontinental y caribeño.

Otro tipo de espacialidades de la incertidumbre también han sido expuestas en el año de la pandemia. Los albergues, los sitios de aseguramiento, los espacios de habilidad para personas migrantes (cuarterías en Costa Rica, pensiones en otros sitios), los lugares de trabajo. En todos los casos la sacrificialidad de la persona se produce y reproduce de forma cotidiana.

Sobre esta condición que avanza y no cesa, conversamos ampliamente el pasado 19 de marzo en un espacio transnacional de reflexión organizado por la Noda Chile del Proyecto regional (In) movilidad en las Américas en tiempos de COVID, denominado tal y como hemos titulado esta columna.

Junto a Cecile Blouin (Perú), Nanette Liberona (Chile), Gabriela Cano (Colombia) Felipe Vargas (México), moderados por la colega y amiga Carolina Stefoni (Chile) concordamos que existe una matriz autoritaria, discriminatoria y excluyente hacia las múltiples formas que ha tomado la persona que se moviliza en los actuales contextos. La realidad es un espejo, dijimos. También dijimos que la complejidad toma formas diversas y múltiples y que las personas en contexto de movilidad deben ser visibilizadas en sus condiciones reales de existencia. Dijimos que es urgente cambiar este estado de situación.

Frente a los devueltos, los varados, los deportados, los inmovilizados, los sitiados en espacios de confinamiento formal e informal, los obligados a trabajar en espacios laborales plagados de malas condiciones higiénicas (los delivery workers, los trabajadores agrícolas, las personas dedicadas a los servicios domésticos) la respuesta estatal ha sido común: aplicar medidas migratorias restrictivas, estrictos monitoreos, controles administrativos bajo la mampara de una supuesta tarea sanitaria. Son ellos, los otros, los que traen el virus que acabará con nosotros.

Siendo así, la época de excepcionalidad vivida solo potencia condiciones ya existentes. Las potencia y las agrava. Ante su funcionamiento, las respuestas desde quiénes las experimentan provienen de un verdadero espíritu de reconocimiento de la condición humana, la solidaridad circular y horizontal, el rostro de la mujer tras los mecanismos de afrontamiento, la movilidad como un acto de resistencia en sí mismo.

Raúl, nuestro empresario centroamericano exitoso, ha llegado ya a su destino tras una hora de vuelo. El trámite migratorio ha sido expedito: una rápida toma de temperatura, la revisión de su documento médico que confirma el resultado negativo de la prueba y un lavado de manos antes de salir de la zona de aduanas. Todo según lo previsto.

A algunos kilómetros de esa escena, una familia afectada por la pobreza, la inseguridad y los embates de los eventos naturales de noviembre anterior, toma la decisión de marcharse en una nueva estrategia colectiva. Les espera una férrea respuesta militar en cada frontera por cruzar. Les espera una política de la hostilidad que les confinará de nuevo, quizá para siempre, a sus condiciones reales de existencia. El ciclo de la incertidumbre volverá a abrirse. Una vez más.

Imágenes: https://la.network

Volver al mito ¿y a la comunidad?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

No es posible aún dimensionar si ese regresar progresivamente a la presencialidad en la educación costarricense forme parte de una necesaria excepcionalidad, que ya poco se sostiene entre tanta desigualdad, violencia, exclusión y descrédito de su sistema político.

El mito fundante de una sociedad igualitaria, “igualitica” (Sojo, 2011) que sustituye soldados por maestros, ejércitos por estudiantes, armas por lápices, volvió a ser reestablecido con urgencia pero también con fines instrumentales bien definidos.

La forma mediante la cual el sistema educativo costarricense tanto público como privado (tan desiguales entre ellos) fue levantado de la raíz de su propio confinamiento para regresar a la “normalidad”, motiva algunas reflexiones sobre ese regreso, ese volver a una experiencia colectiva que daba muestras de deterioro, de distanciamiento sociocultural aun antes de la pandemia.

Durante este disruptivo 2020 aprendimos a tonificar la distancia, modular las gotas de saliva, casi que a pronunciarlas en un nuevo alfabeto dibujado por el miedo, pero no pudimos entender como sociedad que los desarreglos que mostramos a lo largo de los meses y que hicieron aumentar exponencialmente los casos positivos venían de adentro y no de los cuerpos extraños que tanto señalaron aquellos para quienes la otredad sigue siendo un misterio.

Cuando en Costa Rica los casos positivos empezaron a tener expresión pobre y excluida, los discursos y las prácticas elevaron a concilio militar el blindaje de las fronteras. Había que contener a toda costa ese cuerpo extraño, mantenerlo fuera de nuestra casa para que permaneciera protegida, higiénica, saludable, blanca.

En medio de estas elucubraciones de una excepcionalidad desgastada, los medios de comunicación hegemónicos costarricenses, la institucionalidad y la sociedad en general se percataron sorprendidas que los 900 millones de dólares anuales que le genera la piña a Costa Rica se deben en mucho a la explotación intensiva de una fuerza de trabajo migrante proveniente de Nicaragua.

También se percataron con asombro primerizo que en la capital existían dispositivos de sobrevivencia llamados cuarterías donde si, vivían personas migrantes y si, también eran mayoritariamente nicaragüenses.

Este año que se fue ha sido el año de la graduación para las discriminaciones, dada la racializacion de la pandemia: clase, nacionalidad y espacialidad se conjugaron como argumentos para desplegar una peligrosa maquinaria de rechazo que aún hoy continúa moviendo sus engranajes. Mientras se escriben estas reflexiones se da a conocer qué un grupo de turistas franceses que arribaron a Costa Rica fueron diagnosticados positivamente con el virus. Para ellos la ecuación clave, nacionalidad y espacialidad no fue aplicada ni en medios ni en redes sociales.

En este contexto, el regreso progresivo a la presencialidad en escuelas y colegios no sólo ha mostrado la profunda desigualdad entre el sistema público y privado en sus condiciones materiales. También ha encendido las luces de precaución ante un funcionamiento simbólico de la educación costarricense. Una vez más, como tantas veces, este sector se vuelve a accionar como un sobrio aparato ideológico desde el cual despunta nuevamente esa construcción de sentido colectivo, tan conveniente para los intereses hegemónicos.

Sobre este rol del sistema educativo costarricense se sugieren algunas interrogantes.

¿Podrá este poderoso aparato ideológico restituir desde el campo de lo pedagogico, el gran vacío creado en el afecto social por la idea profunda de que el distanciamiento físico es en realidad la conformación de un distanciamiento social que siempre se ha construido alrededor de ciertas poblaciones migrantes?

¿Cómo volver a la socialización y la convivencia sin el rubor de la sospecha?

¿Será posible un nuevo pacto sociocultural que deje atrás las décadas de temor y exclusión que fueron construyendo un otro social hasta el día de hoy?

Si era tan urgente mostrar normalidad con el regreso a la presencialidad, es aún más necesario que ese poderoso aparato ideológico trabaje en una pronta refundación sociocultural con sus estudiantes, en la que el afecto y el reconocimiento sean materias obligadas en los procesos didácticos y sociales durante y en la postpandemia.

 

Foto: https://eurosocial.eu

Personas con discapacidad: más pobres, desiguales y aisladas que nunca antes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens
luferag@gmail.com

Cuando la vida es difícil para cualquier persona, es más difícil aún para las personas con discapacidad. Ésta es una premisa que se cumple con rigor en esta dura época marcada por la irrupción devastadora del coronavirus.

Se preguntaba mediante un amplio reportaje contextualizado en la realidad española, la periodista María José Carmona: ¿Por qué todo es más caro para las personas con discapacidad? A lo largo de su trabajo muestra cómo casi todo (bienes y servicios), tienden a ser más costosos para las personas con discapacidad y sus familias.

Sean personas ciegas o sordas, personas con discapacidad intelectual o con discapacidad física, deben adquirir productos que otras personas sin discapacidad no requieren o tienen que adquirir productos a un precio mayor, que cuentan con algún dispositivo que mejora o asegura la accesibilidad.

La reportera pone como ejemplo ilustrativo el hecho de que las personas ciegas, se vean obligadas a adquirir un iphone, en virtud de que cuenta con una tecnología denominada Voiceover, que lee en voz alta todo lo que pasa en la pantalla del celular. Pero –como bien destaca–: Es un iphone y cuesta mucho dinero. Y esto es aplicable a los diferentes tipos de discapacidades, a partir de necesidades específicas.

Esta situación la caracterizó muy bien el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen que mostró cómo en Inglaterra, las personas con discapacidad para tener un nivel de vida similar a las personas sin discapacidad, debían incurrir en una serie de gastos adicionales. En un estudio que realizó a finales de la década de los noventa del siglo anterior, el economista indo-británico, mostró cómo esta situación generaba mayores condiciones de pobreza en las familias con miembros con discapacidad.

A conclusiones similares llegó el sueco, Bengt Lindqwist, ExRelator de Naciones Unidas sobre Discapacidad, al destacar el círculo vicioso entre pobreza y discapacidad: “La pobreza genera discapacidad y la discapacidad produce pobreza”.

Las malas condiciones de limitada higiene y hacinamiento que genera la pobreza y extrema pobreza, y la falta de acceso oportuno a servicios de salud, son condiciones idóneas para que los niños adquieran enfermedades discapacitantes. Igualmente, las actividades laborales riesgosas son una causa de accidentes que dejan secuelas discapacitantes. Con ello se ejemplifica la parte de la ecuación que fija que las condiciones de pobreza pueden ser generadoras de discapacidad.

Las personas con discapacidad tienen menores posibilidades de acceder a un empleo, aun cuando cuenten con alguna formación académica o técnica. Los prejuicios existentes y otras barreras generan esta injusta situación discriminatoria. Asimismo, cuando un integrante de la familia tiene una discapacidad, en muchas ocasiones otro miembro de la familia debe convertirse en su cuidador o cuidadora; con lo cual dos miembros pueden quedar excluidos de la actividad laboral remunerada. El resultado concreto es una menor disponibilidad de recursos económicos y con ello, se cumple la parte de la ecuación que expresa que la discapacidad produce pobreza.

Así las cosas, cuando se unen menores ingresos y mayores gastos, ambos generados por la discapacidad, se incrementa en forma notoria, las condiciones para que las personas con discapacidad enfrenten mayores condiciones de pobreza y desigualdad social. Eso quedó patentado en los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS 2018), al comparar mediante cifras cómo la pobreza afecta en mayor medida a las personas con discapacidad.

Ahora bien, este fenómeno se hace más grave aún en tiempos de crisis económica y social, como la que enfrenta la sociedad costarricense a raíz de la pandemia de la covid-19.

En mayo del año anterior, la ONU emitió un informe que caracteriza la situación de las personas con discapacidad ante la pandemia. “La crisis mundial de la covid-19 está profundizando las desigualdades preexistentes, revelando el alcance de la exclusión y poniendo de manifiesto que es imprescindible trabajar en la inclusión de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad —1.000 millones de personas— son uno de los grupos más excluidos de nuestra sociedad y se encuentran entre las más afectadas por esta crisis en cuanto a muertes. Incluso en circunstancias normales, las personas con discapacidad tienen menos probabilidades de acceder a la atención sanitaria, la educación y el empleo y de participar en la comunidad. Tienen más probabilidades de vivir en la pobreza, están expuestas a tasas de violencia, abandono y abuso más elevadas y se encuentran entre los grupos más marginados de cualquier comunidad afectada por una crisis. La covid-19 ha agravado aún más esta situación, al afectar de manera desproporcionada a las personas con discapacidad, tanto directa como indirectamente”.

Al concluir el año 2020, tal es la apreciación diagnóstica de una realidad todavía no investigada ni revelada en toda su preocupante dimensión.

El principio de soluciones ante tan vasto problema social de exclusión, que afecta a la mayoría de las personas con discapacidad y sus familias, está claramente definido en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006), que el Estado costarricense ratificó mediante la ley 8661. No por casualidad esta norma internacional tiene como uno de sus tres ejes el de desarrollo social inclusivo y accesible.

Sin embargo, al examinar la aplicación de las disposiciones de este tratado vigente desde septiembre del 2008, en nuestro país, el panorama es desolador. Después de 12 años de su entrada en vigor, ya se tendrían que mostrar resultados tangibles y concretos, en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Pero la distancia entre lo que dicta este instrumento jurídico y las políticas públicas que posibiliten la inclusión social de este sector poblacional de más de 600 mil personas, sigue siendo enorme.

Lo más grave es que con el Gobierno de Carlos Alvarado no sólo

 no se han dado avances, sino todo lo contrario: El retroceso es el horizonte más seguro para la mayoría de las personas con discapacidad. Las graves reducciones presupuestarias que se aplicarán en este 2021, afectarán severamente políticas públicas que debían beneficiar a este sector poblacional. Y antes que se señale al coronavirus como principal culpable de esta situación, es oportuno y necesario aclarar que esta situación se empezó a manifestar mucho antes de que la covid-19 arribará a nuestro país. Lo que hizo la pandemia fue agravar y desnudar el estado de cosas preexistentes.

Para que esta injusticia social y la creciente exclusión, no se extiendan como una ancha sombra, a las personas con discapacidad y sus familias, en alianza con otros sectores, no les quedará otro camino que movilizarse y luchar. ¡Sin acción organizada, no hay derecho!, tal es la consigna imprescindible en este año del Bicentenario de Nuestra Patria.

(4 de enero, 2021)

Derechos de las personas de la región en el 2020: ¡De mal en peor!

Escrito en . Publicado en Derechos.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, SURCOS comparte la siguiente declaración de la Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Centroamérica y El Caribe (REDODICEC):

Declaración de REDODICEC en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Derechos de las personas de la región en el 2020: ¡De mal en peor!

La Junta Directiva de la Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Centroamérica y El Caribe (REDODICEC), con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, emite la siguiente Declaración:

1) Considerando que Centroamérica ha enfrentado en este año 2020 una situación muy dura, difícil y desafiante como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, los huracanes y otros eventos meteorológicos.

2) Estimando que todo indica que el cambio climático, cuya responsabilidad mayor recae en los países más ricos e industrializados, ha mostrado su peor rostro en las costas y territorios de los países centroamericanos, a través de la sucesión de eventos meteorológicos, que han generado devastación, dolor y muerte así como mayor pobreza y exclusión social.

3) Considerando asimismo que los huracanes Eta e Iota han dejado una marca devastadora y trágica, particularmente en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, pero también han generado daños en Panamá, Belice y Costa Rica, y que han afectado directa y severamente a alrededor de 4 millones de personas, que unas 400.000 personas han tenido que ir a albergues, que las pérdidas económicas podrían alcanzar los 5.000 millones de dólares, que han ocasionado casi tres centenas de muertes, que han destrozado viviendas, puentes y otras edificaciones, y que han anegado y dañado extensos campos de cultivo y cosechas, entre muchos otros de los daños ocasionados.

4) Valorando que la pandemia de la Covid-19 ha generado una prolongada y severa crisis sanitaria en Centroamérica y República Dominicana, con más de seiscientas mil personas contagiadas y más de 15 mil personas fallecidas, y que todavía no tiene un horizonte definido con respecto a su finalización.

5) Analizando que la combinación entre pandemia y huracanes, han tenido y tienen un peligroso efecto en la multiplicación de los contagios de la Covid-19, por obligar a millares de personas a hacinarse en refugios, que no presentan las mejores condiciones para el distanciamiento físico y la higiene.

6) Asumiendo que esta devastadora suma de factores han agravado la crisis económica que han venido enfrentando los países de la región centroamericana y el Caribe, y han empujado a más personas a la pobreza y extrema pobreza, y ha acentuado peligrosamente la desigualdad social.

7) Teniendo presente que dentro de este marco desolador de efecto combinado entre pandemia y huracanes, cientos de miles de personas con discapacidad, especialmente, de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, han visto agravada su situación de exclusión y aislamiento social.

8) Estimando que el aislamiento histórico que ha afectado a las personas con discapacidad de la región, se ha profundizado y ampliado como consecuencia de la pandemia, que ha puesto en evidencia la enorme brecha digital que enfrentan las personas con discapacidad y que tiene efectos en el acceso a la educación virtual, el teletrabajo y todos los servicios que se ofrecen exclusivamente en línea.

9) Teniendo en cuenta que las recomendaciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante la situación de mayor vulnerabilidad de las personas con discapacidad ante la pandemia, particularmente, en lo referente a consulta y participación, no han sido tomadas en cuenta, en forma efectiva, por los Estados de la región.

10) Concluyendo que la preocupante situación de los derechos de las personas con discapacidad de los países de la región centroamericana y caribeña, reflejada en distintos informes previos a la pandemia, sin duda se agravará al cerrarse este año 2020, como consecuencia de la falta de compromiso y decisión política de los Gobiernos y Estados de la región para convertir las normas de derechos humanos en políticas públicas inclusivas.

Ante esta situación y el conjunto de argumentos y razones expresadas, REDODICEC:

  1. Demanda que los gobiernos apliquen, con rigor, las recomendaciones de la ONU relacionadas con las personas con discapacidad, que son las siguientes:
  2. Asegurar la incorporación de la discapacidad en todas las actividades de respuesta a la Covid-19 y recuperación posterior, junto con medidas específicas.
  3. Asegurar la accesibilidad de la información, las instalaciones, los servicios y los programas en la respuesta a la Covid-19 y la recuperación posterior.
  4. Celebrar consultas sustantivas con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan y asegurar su participación activa en todas las fases de la respuesta a la Covid-19 y la recuperación posterior.
  5. Establecer mecanismos de rendición de cuentas para asegurar la inclusión de la discapacidad en la respuesta a la Covid-19.
  6. Solicita vehementemente a los países desarrollados, que incrementen la cooperación para los países de Centroamérica y el Caribe, con el fin de que puedan atender la difícil situación económica y social, generada por los huracanes y la pandemia, priorizando a las personas en situación de pobreza y exclusión social, particularmente a las personas con discapacidad.

III. Solicita asimismo a la ONU que realice un pronto y eficaz ajuste a la Agenda 2030-ODS, en el plano general, con respecto a los devastadores efectos económicos y sociales de la pandemia para los países del sur y, particularmente, para las personas con discapacidad, cuya situación de exclusión y pobreza, se ha incrementado significativamente.

  1. Pide al Sistema de Integración Centroamericana (SICA) que elabore y aplique un amplio plan de contingencia para apoyar a los países centroamericanos y a República Dominicana, que coadyuve en sus esfuerzos y acciones para enfrentar los graves efectos sociales que deja la pandemia.
  2. Exige a los Gobiernos de los países de la región que no conviertan a la pandemia de la Covid-19, en una justificación para eliminar o reducir la asignación de recursos presupuestarios destinados a programas sociales, al acceso a los servicios de salud y de rehabilitación, a la educación, a la promoción del empleo y al apoyo a las personas con discapacidad y sus familias, particularmente las que viven bajo condiciones de pobreza y extrema pobreza.
  3. Solicita a los Estados de la región que establezcan un impuesto a las grandes empresas y a las grandes fortunas para que contribuyan a atender las necesidades de las personas pobres, particularmente, las personas con discapacidad, asegurando un Ingreso Básico Universal (IBU).

VII. Pide igualmente a los países de la región que con recursos propios y de la cooperación internacional, desarrollen acciones inmediatas para reducir la brecha digital, que afecta severamente a las personas con discapacidad, sometiéndolas a situaciones de aislamiento y desventaja para su desarrollo e inclusión social.

VIII. Demanda a los Estados de la región que no debiliten sus esfuerzos en cumplir la normativa (nacional e internacional) en materia de los derechos de las personas con discapacidad, ya que de hacerlo se ampliaría la de por si amplia brecha en discriminación y exclusión social.

  1. Solicita, por último, a los Estados y Gobiernos de Centroamérica, que en el 2021, año del Bicentenario de la Independencia, realicen el mayor de los esfuerzos para impulsar políticas inclusivas, que aseguren una vida más digna, independiente y más justa para las personas con discapacidad.

¡Sin acción, no hay derechos!
Junta Directiva, Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Centroamérica y El Caribe (REDODICEC)

 

Compartido a SURCOS por Luis Fernando Astorga.

Las personas con discapacidad siguen marginadas de la participación electoral

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

De: Luis Fernando Astorga Gatjens
luferag@gmail.com

Las personas con discapacidad en Costa Rica son afectadas por distintas formas de discriminación y una de ellas está relacionada con su participación política, en general, y particularmente, con la electoral.

Según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS) llevada a efecto por el INEC y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) en el año 2018, el país cuenta con 18,2 % de personas adultas con discapacidad. Es decir, si consideramos que la población actual del país es de 5 022 000 de habitantes, en el padrón electoral habría 914 004 potenciales votantes con discapacidad.

Ante un número tan significativo de electores y electoras, en un proceso como el que culminó el pasado 2 de febrero, con la elección de las autoridades municipales en los 82 cantones del país, los partidos participantes debieron incluir en sus papeletas a personas con discapacidad; sus propuestas y programas tendrían que considerar acciones que atendieran las necesidades y problemas de este sector poblacional y sus mensajes debieron ser accesibles, particularmente para personas sordas y personas ciegas. Pero nada o muy poco de eso se dio: La exclusión sigue siendo la norma para las personas con discapacidad; la inclusión, la excepción.

Tiene mucha razón una persona sorda que reclamó que no sabía por quién votar ya que nunca obtuvo información accesible, que lo orientara y por ello interpuso un recurso ante el TSE.

Esta exclusión e invisibilización de las personas con discapacidad también se manifiesta en el momento del ejercicio del sufragio en los recintos de votación. Aunque es reconocible los esfuerzos del TSE para asegurar el voto accesible e inclusivo (mediante instrucciones y equipamiento de algunos implementos), todavía hay mucho por hacer. Las personas responsables de las mesas en múltiples ocasiones no saben cómo actuar cuando ingresa un votante con discapacidad. Es necesario que sean debidamente capacitados para atenderlos adecuadamente. También se presentan situaciones como la que se dio en una mesa en Pérez Zeledón cuando ingresó una persona ciega a la que se le obligó a hacer el voto público, ya que la plantilla aportada del TSE no coincidía con la impresa. Asimismo, es oportuno señalar que hubo personas con discapacidad que querían formar parte de Juntas Electorales pero los problemas de accesibilidad física de centros de votación, se los impidió.

Por su parte, el CONAPDIS se tomó en serio la tarea al organizar a casi 250 observadores electorales; muchos de los cuales fueron personas con discapacidad.

El artículo 29 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006), ratificada por el Estado costarricense mediante la Ley 8661, establece que “Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a: Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos…”.

Actualmente, la distancia entre esta importante norma democrática y su aplicación efectiva es enorme. Para cambiar esta situación debe realizarse un esfuerzo mancomunado y eficaz entre distintos actores institucionales (TSE, CONAPDIS, entidades del gobierno central, gobiernos locales, partidos políticos, entre otros), para promover la participación política y social de las personas con discapacidad, en función de pasen del estado de marginación del presente a una cada vez mayor inclusión política y pública. Obviamente, las organizaciones de personas con discapacidad deben ser convocadas en este necesario e impostergable esfuerzo.

Otro elemento a contemplar es la invisibilización que se manifiesta en el trabajo que realizan las misiones de observación de los procesos electorales. Por ejemplo, las misiones de la OEA que han venido observando distintas elecciones del país, no hacen mención sobre las condiciones de la participación de las y los electores con discapacidad. Es un tema persistentemente ausente. Esta regla de exclusión (con seguridad, no deliberada), la cumplió la Misión de la OEA que observó las recientes elecciones municipales.

Al leer su informe valoramos positivamente algunas de sus observaciones y recomendaciones. También es muy oportuno que hayan colocado en el centro de su atención la participación de las mujeres en estos procesos. Pero ese casi millón de personas con discapacidad que podrían sufragar no tuvimos ninguna mención en el informe de la OEA. Valga decir que habría sido oportuno –por lo menos– que mencionaran a las mujeres con discapacidad, ya que la citada ENADIS 2018, establece que el 60,9 % de las personas adultas con discapacidad son mujeres.

Esperamos que, para las elecciones nacionales de febrero del 2022, las cosas cambien tanto en el proceso electoral como en el día de las elecciones para las personas con discapacidad y las sombras que hoy dominan su participación política empiecen a dar pasos a destellos de luz e inclusión, real y efectiva.

 

Enviado por el autor.

Diálogo social y rescate democrático

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

“Me gustas, democracia, porque estás como ausente”
(Canción de Javier Krahe)

Manuel Hernández

  • Después de varias intentonas, viene el infaltable reality show

El último Informe Especial COVID-19 de CEPAL (octubre/2020), destaca la extraordinaria importancia que tiene el Diálogo Social para enfrentar integralmente la crisis sanitaria, que ha profundizado la desigualdad estructural, económica y social de América Latina.

La CEPAL sostiene que serán necesarios pactos políticos y sociales que se construyan con la participación de una amplia variedad de sectores, de largo plazo, que promuevan la universalización de la protección social, la salud y reoriente el desarrollo, sobre la base de la igualdad y la sostenibilidad de las políticas fiscales, industriales y ambientales.

CEPAL insiste en que para alcanzar estos pactos se requiere un liderazgo político transformador, que goce de legitimidad social, que, además, incluya la más amplia y diversa gama de actores.

El Informe advierte un aspecto de suma relevancia, que dadas las circunstancias políticas y sociales que vertiginosamente se desarrollan en nuestro país, no podemos dejar pasar inadvertido:

“Es importante que los Gobiernos tengan en cuenta que, en algunas partes de la región, el descontento previo a la pandemia hizo que se acumulara una energía social que no va a desaparecer después de la crisis, energía que la sociedad en su conjunto deberá manejar abriendo caminos institucionales, democráticos y justos de diálogo y concertación social.”

Desafortunadamente algo tan elemental, después de varios intentos fracasados de diálogo social, todavía no logra comprender el Gobierno de nuestro país, que ahora está tratando de articular un nuevo ensayo, convocando a un conjunto de actores de sectores sociales, productivos, políticos y hasta religiosos.

No obstante, esta última convocatoria fue discriminatoria y excluyente, porque cerró ese cauce institucional de participación democrática a un movimiento social, dirigido por Rescate Nacional, que desde hace unas semanas se está expresando activamente en los espacios y foros públicos, exigiendo su Derecho Fundamental de ser escuchados y atendidas sus demandas de justicia social, protestando contra todo préstamo del FMI, “que nos jode a tod@s, no solo a las camareras”. *

El Informe de CEPAL sigue diciendo que ese liderazgo político debe “servir para reconocer y convivir con los conflictos colectivos en que se enfrentan los actores como parte de su adhesión a diferentes grupos sociales”.

Por contrario, el Gobierno impulsa el denominado proceso de diálogo multisectorial imponiendo unilateralmente el consenso, desde arriba, no soberano, que repele la legitimidad del conflicto social, conflicto que es consustancial a cualquier sistema democrático y pluralista; que no debe ser aplacado con la ostentosa e intimidatoria circulación de la “bestia” policial, a lo largo y ancho del territorio nacional, ni mucho menos con el bloqueo de los espacios de participación democrática.

Partiendo de esa misma convicción ideológica, promocionó una reaccionaria contrarreforma laboral, que culminó con la prohibición del derecho de huelga en la mayoría de las actividades económicas y servicios públicos, configurando el derecho de huelga del enemigo.

El Gobierno sigue reflejando una posición autoritaria, basada en la construcción simbólica del “enemigo”, que no se concilia con los principios constitucionales del Estado democrático, que por imperio de la reforma del artículo 9 constitucional, garantiza a la ciudadanía, a la universalidad ciudadana, y no solo a la que convenientemente se seleccionó, la plena participación en la construcción y definición de las políticas públicas.

Las y los indignados que representan el poder de los sin poder, quienes rompieron su callada indignación y fueron excluidos, no tienen menos derechos de participación ciudadana que aquellos actores oficialmente convidados al reality show, como si la democracia fuera patrimonio del gobernante de turno y su socio presidente de la Asamblea Legislativa.

En definitiva, en la de menos, este es el gran desafío que tenemos que asumir: liberar la Constitución Política de quienes la tienen secuestrada, pero para ello es necesario, primero, recuperar la democracia.

25/10/2020

* Frase escrita en un cartel de las asambleas del 15-M, cuyo mensaje deriva de la denuncia judicial que presentó Nafissatou Diallo contra Strauss-Kahn, expresidente de FMI, quien lo acusó que mientras ella estaba realizando labores de limpieza, en un hotel de Nueva York, la golpeó e intentó violarla. A consecuencia de este escándalo, Strauss-Kahn renunció a la Presidencia de FMI (2011).