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A propósito del Día Nacional de las Personas con discapacidad: Obras son amores y no buenas razones

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Heidy Murillo Calvo, regidora del Frente Amplio, cantón de Barva

El 29 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, de acuerdo con lo que establece la Ley Nº 8671 de 16 de octubre de 2008. Se trata de una fecha propicia para la reflexión y el análisis acerca de la situación de este sector poblacional y del grado de cumplimiento de las normas –nacionales e internacionales—vigentes en Costa Rica en materia de derechos humanos, particularmente en los campos de la inclusión social y la accesibilidad general.

En arreglo a los importantes datos generados por la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS 2018), desarrollada por el INEC y el CONAPDIS, en el país la población adulta con discapacidad abarca el 18,2 % de la población total. Es decir, la nada despreciable suma de alrededor de 900 mil personas. Valga decir que, con el envejecimiento de la población y otros factores, es muy probable que este porcentaje mantenga una perspectiva de crecimiento de cara al futuro.

Ahora bien, la pregunta a formular es: ¿Cuál es la situación real y concreta de este numeroso grupo de habitantes de Costa Rica? Según los datos de esa encuesta (previa a la pandemia de la Covid-19), la situación no era buena en acceso a la salud, a la educación, al empleo y a las actividades recreativas. Siempre las personas con discapacidad aparecen escalones más bajo con respecto a la población general. Es muy probable que esta situación haya empeorado como consecuencia de la pandemia.

A partir de lo que expresan diversos informes, la población con discapacidad se encuentra entre las más excluidas socialmente y es severamente afectada por condiciones de pobreza; atrapada en un círculo vicioso en el cual la discapacidad genera pobreza y la pobreza produce discapacidad.

Es importante destacar que el país ha avanzado en la adopción de distintas normativas jurídicas que reconocen los derechos de las personas con discapacidad; entre las que se destacan la Ley Nº 7600 (promulgada precisamente el 29 de mayo de 1996) y la Ley Nº 8661, mediante la cual, en 2008, se ratificó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, al valorar la situación del sector es inevitable concluir que hay un enorme desfase entre lo que dicen éstas y otras normas, y su aplicación efectiva.

Algo que he podido observar es que cuando se habla de Estado y las normas que deben cumplirse en materia de derechos humanos, se piensa más en las instituciones públicas del ámbito nacional y menos en las obligaciones que se deben implementar desde los gobiernos locales.

Por supuesto que es muy importante lo que hagan o dejen de hacer los poderes centrales de la República cuando se trata de derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, quizás todavía son más decisivas, las políticas y acciones que las municipalidades realicen en favor de la accesibilidad e inclusión social de este sector, especialmente, de las personas con discapacidad más pobres.

Tomando en cuenta que las personas tenemos nuestros domicilios en los cantones, en sus comunidades y entonces, si desde el gobierno local se emprenden acciones que mejoren la accesibilidad del cantón, tanto en aspectos sociales (apoyo en educación inclusiva, empleo, salud, recreación, deporte) como en accesibilidad física, informativa y comunicacional, las personas con discapacidad podrán progresar más y tener con ello, mejores condiciones de vida.

En los últimos años el Código Municipal ha sufrido diferentes reformas y en su gran mayoría apuntan en la dirección correcta. Algunas de ellas están dirigidas en fortalecer la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad (COMAD), estando la conformación de dicha comisión permanente establecida y regulada en los artículos 13, inciso h) y 49 de la citada normativa.

La COMAD es una comisión que debe velar, vigilar, promover y proponer -entre otras cosas- la política municipal de accesibilidad; que en los presupuestos municipales se incluyan metas y contenido presupuestario para el cumplimiento de la Ley Nº 7600: que se incluya el eje de accesibilidad en la liquidación y en los informes periódicos a la Contraloría General de la República; que se incluya en el sistema de control interno y valoración de riesgo el cumplimiento de las responsabilidades que la citada ley le asigna a las municipalidades; que se formulen diagnósticos de accesibilidad sobre las necesidades de las personas con discapacidad del cantón y que toda decisión sea consultada a las organizaciones de las personas con discapacidad, para que mejoren sus condiciones de vida.

En función de tal propósito, los concejos municipales están facultados para nombrar a las personas miembros de la COMAD que funcionará al amparo del Código Municipal y del reglamento que deberá dictarle el órgano colegiado, ante el cual la comisión deberá rendir cuentas; además de asegurar las condiciones para su mejor y más eficaz y eficiente funcionamiento para promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades e intereses de la población. Así que su conformación constituye una decisión política relevante.

Por todo lo anterior, es necesario reconocer la importancia para las personas con discapacidad que los cantones, sean inclusivos y accesibles, en todos los aspectos de la vida. A partir de la idea de que el país es el marco general, pero el encuadre cotidiano es el cantón, sus distritos y sus comunidades. Así que si bien es importante que el Estado –central– desarrolle políticas públicas inclusivas que favorezcan a las personas con discapacidad, es crucial lo que haga cada municipalidad.

Igualmente, es necesario que las municipalidades conozcan la situación de los habitantes con discapacidad, empezando por su número. También es importante que conozcan a las organizaciones y personas con discapacidad activas en la lucha por sus derechos, radicadas en el cantón. Asimismo, es de valor que estas organizaciones de la sociedad civil cuenten con un dominio solvente acerca de la normativa que rige a las municipalidades en derechos de las personas con discapacidad así como otras normas propias del ámbito municipal.

Por último, es imprescindible que las municipalidades elaboren políticas públicas en materia de discapacidad, incluyendo en forma clara, los derechos humanos de las personas con este tipo de condición y que fortalezcan a las COMAD para que éstas lideren su ejecución. Ese sería el mejor homenaje a las personas con discapacidad, en su día.

DERECHO DE ADMISIÓN

Publicado el . Publicado en Análisis, Comunidad.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

El accionar violento sobre los cuerpos de los otros, de las otras, es ya una constante en la Costa Rica actual.

Indica algo más que una actitud de poder y de superioridad. Significa el desarrollo en marcha y en transcurso de una batalla sociocultural por ganar espacios y posicionamientos, que se ha enseñado sin tregua sobre las subjetividades y las somete. Implica la ampliación de la ruptura del pacto social que se instaló en los últimos años en el país. Produce la exclusión, el dejar por fuera, la invisibilización de los derechos más básicos.

A inicios de mayo que ya pronto termina, en una noticia perdida entre el ruido del cambio de gobierno y los primeros días de una gestión que no calienta, se conoció el intento de asesinato de una persona indígena de origen panameño.

Esta persona fue atacada con fuego en un parque público ubicado en una comunidad al sur del país.

Los ataques contra las corporalidades indígenas son recurrentes. Las personas recuperadoras de sus territorios son objeto un día sí y otro también de hechos que dejan marcas imborrables en sus biografías.

Aún está fresca en la memoria colectiva los rasgos de violencia con que fueron violentados y literalmente marcados cuerpos de mujeres, niños y hombres de la comunidad de Salitre, el mismo día que el país celebraba ebrio de triunfo la gesta contra la selección de Grecia en el mundial de fútbol de 2014.

Una de las personas desplazadas e incluso detenidas fue el líder recuperador Sergio Rojas. Años después fue asesinado sin que el Estado costarricense haya responsabilizado aún a persona alguna por este hecho.

En lo que esta reflexión se terminaba de editar, se conoció la agresión contra una mujer que no solo fue violentada sexualmente, sino que intentaron desaparecerla lanzándola por una pendiente.

Semanas atrás un bar ubicado en la capital costarricense negó la entrada a un hombre sin mediar razón alguna. El hombre argumentó en medios de comunicación que su aspecto, su color de piel, pudieron haber influido en el derecho de admisión del negocio.

Justamente estos acontecimientos ejemplifican cómo algunas poblaciones van quedando “afuera”, violentadas por un sistema social, patriarcal y racial que ha venido intensificando su violento accionar.

Hace algunos días se dio un nuevo acto de crimen de odio en la sociedad estadounidense. Procuremos que en Costa Rica reservarse el derecho de admisión no implique sólo el dejar afuera y signifique además el avance de una escalada excluyente y sin retorno que justifique el odio como motor de una más de las desigualdades que movilizan hoy en día al país.

Comité Cantonal de la Persona Joven de Palmares externa preocupación por escalada de violencia discriminatoria contra población LGTBIQ

Publicado el . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Se refiere al evento sucedido hace algunos días, en un lugar conocido como las canchas del distrito de Buenos Aires de Palmares, junto al campo ferial, en donde se generó una situación de violencia, que hasta el momento podría calificarse como intento de homicidio, según el Código Penal de Costa Rica y el cual también es considerado como “crimen de odio” por muchas personas dentro de la comunidad. 

Este evento tan violento y casi homicida, hizo que una persona joven, Memo, permanezca hospitalizado en estado crítico, en coma inducido por lesiones en la cabeza, evidenciando el más brutal acto de violencia, intolerancia por razón de género que se haya presenciado en nuestro cantón recientemente, y que por obvias razones alarma a toda la comunidad. Se adjuntan más detalles de este comunicado en las imágenes.

ESOS OTROS CONFINAMIENTOS

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

La noche del 7 de octubre de 2007, al conocerse los resultados del referéndum que decidiría la incorporación de Costa Rica al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, un grupo de personas asumió la tarima principal del movimiento del «No» y con consignas sobre no dejar morir los procesos sociales de participación y resistencia, sellaron hasta el día de hoy la respuesta desde abajo ante la agudeza y agresividad de la propuesta país desarrollada por los sectores más recalcitrantes del conservadurismo económico y social.

Esa noche sería premonitoria de una dinámica sin pausa, que ha sumido a los sectores sociales, a las poblaciones vulnerables particularmente en la más absoluta indefensión, por un lado, y por el otro, en la imposibilidad de volver a articular un proceso político organizado y robusto para hacer frente a los embates de la propuesta neoliberal en franco ascenso.

Apenas cuatro años antes de aquel evento, Costa Rica asistiría a la primera versión de una segunda ronda electoral en su vida política republicana, una de varias rupturas que su sistema político y democrático habría de experimentar durante los años venideros.

La alternabilidad en el juego electoral que mantuvo invariable los acuerdos de las cúpulas políticas costarricenses durante varias décadas, tuvo su límite al iniciar el presente siglo con la emergencia de nuevas propuestas o al menos de estructuras organizativas no pertenecientes en lo formal a esas cúpulas.

Luego vino el resto: la crisis de representación instalada en los últimos 25 años, la inercia y declive de los partidos políticos tradicionales y la irrupción de los partidos «franquicia» o «taxi» como propuestas orientadas única y exclusivamente a los procesos electorales, terminaron por revocar un modelo argumentado adentro y afuera como fortalecido, sólido y resistente a las fisuras.

Una de las señales inequívocas del tránsito hacia «nuevas normalidades» como es ya lugar común escuchar sobre la convivencia con los procesos sociosanitarios que llegaron para quedarse, ha sido sin lugar a dudas la persistencia del abstencionismo como la verdadera y genuina expresión política colectiva instalada en el país.

Durante años, esa cifra mostró niveles bajos que promediaban el 18%, porcentaje que presentó un salto significativo entre 1994 y 1998, cuando se instaló en un 30% para nunca más volver a bajar de esa cifra. Incluso, en las elecciones de primera ronda de febrero de 2022 se mostró el comportamiento más alto de la historia con un 40% de abstencionismo, cifra que aumentó incluso para la segunda ronda de abril, ubicándose entre los porcentajes mas bajos de participación de las cuatro segundas rondas desarrolladas en los últimos veinte años.

Hablar de causas de este fenómeno es llover sobre mojado. Ya el diagnóstico había sido elaborado años antes con el fenómeno del enojo como principal categoría. Lo que las contiendas electorales de 2018 y 2022 supusieron de novedoso, fue territorializar ese descontento en las costas y las comunidades periféricas, espacios de una geografía donde la desigualdad, la fragmentación y la exclusión han sido marcas registradas de ese modelo avasallador continuado en los últimos cuarenta años.

Con estos escenarios así dibujados, no es difícil imaginar la irrupción de un nuevo actor para quien los acuerdos de las élites políticas, las comodidades vallecentralinas y la apelación a un nosotros retórico y discursivo que no les alcanza, les resultan lejanos, equidistantes.

He insistido en que si hay algo que llegó para quedarse es justamente ese sujeto novedoso desde lo político y organizativo. Con tintes confesionales, ciertamente, desdeña la promesa de un sistema partidario obsoleto, vacío y cascarón y se enfrasca en la toma de decisiones desde sus territorialidades segregadas: en las provincias costeras el promedio de participación en la contienda electoral alcanzó apenas la mitad del electorado, dato que resulta consecuente con esas condiciones materiales y objetivas de existencia que ni el partido tradicional ni el progresista ha podido resolver.

Escribo esta reflexión sobre una suerte de confinamiento de los procesos de representación y participación, al tiempo que se van dibujando los trazos de una nueva administración que se pasea en la incertidumbre por su novedad y desempeño durante la recién campaña política.

Lo primero que hay que decir en clave analítica es que nos encontramos ante la irrupción de figuras que traducen en lenguaje sencillo y correcto, el desdén por la política y hacen suyo el juego del enojo colectivo. Lo asumen para sí. Con tanta estrategia de comunicación política de detalle, gestos, tonos, colores, que a la gente se le terminó de olvidar el fugaz paso de Rodrigo Chaves, el presidente electo, por la actual administración.

Lo segundo a considerar es que por razones obvias y que marcan el camino de los acuerdos de las elites locales, los interlocutores válidos para cualquier persona que asuma desde el punto de vista formal la presidencia del país, seguirán siendo esos grupos de presión que un día si y otro también golpean mesas y hablan fuerte para imponer sus tesis y sus agendas.

Los sectores sociales, valga decirlo, permanecen confinados e invisibilizados y sin músculo para acudir al golpeteo. Por sus propias debilidades y porque la indignación y la rabia son quizá procesados como anomia social, como antisistema, como desestabilización. Y ante esto, una democracia centenaria como la costarricense debe cerrar filas, construyendo consensos y acuerdos de cúpulas en los que sus figuras aparezcan como provenientes de otras trincheras, los outsiders que así se denominan.

Finalmente, la tesis de la figura fuerte que venía apareciendo en varios estudios de opinión pudo haber cristalizado en estas elecciones. Está por verse si discurso y práctica son la misma cosa y si Chaves, el presidente electo, es capaz de mantener esa tesitura rígida, fuerte, dura contra el establishment del que él mismo forma parte. Porque estamos claros en una cosa: un funcionario proveniente de organismos financieros internacionales no puede jamás denominarse a sí mismo como un outsider: es una contradicción hasta histórica.

Costa Rica se enrumba hacia una nueva normalidad, no solo en materia sociosanitaria, sino en las reglas del juego democrático y en la construcción de consensos. Se esperan tiempos complicados pero hay que habilitar espacios para hablarnos. Salir del confinamiento político y procurar nuevas experiencias colectivas, incluso ejerciendo el derecho a la voz, al grito, como lo ha planteado Jonh Holloway (2002) en su trabajo sobre los procesos de transformación que nos toca acompañar. La refundación es urgente. Necesaria.

UNA: Condiciones en liceos rurales reproducen desigualdad

Publicado el . Publicado en Derechos, Educación, Equidad y derechos de la mujer.

Una oferta educativa reducida, climas educativos predominantemente bajos en los hogares, dificultades de acceso a recursos didácticos y falta de docentes en las regiones, son parte de las condiciones asociadas a la modalidad de liceos rurales que favorecen la reproducción del modelo de desigualdad prevaleciente en el país, según evidencia la investigación “Factores socioeducativos y dinámicas de inclusión-exclusión en la oferta de Educación Media del Ministerio de Educación Pública”, realizada por el equipo académico del proyecto Perfiles, dinámicas y desafíos de la educación costarricense del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (Cide-UNA).   

“La desigualdad es un tema complejo, multidimensional, entonces uno no puede decir que la modalidad de liceos rurales de por sí es excluyente, por sí misma no lo es; pero todos los otros factores que están asociados al contexto educativo propio de los mismos estudiantes, como el clima educativo, las distancias, todo eso afecta el que esta población esté en una condición de desventaja cuando está dentro de un liceo rural”, afirma Cecilia Dobles, académica del Cide y coordinadora del equipo investigador que presentó los resultados del estudio, el pasado 9 de marzo, en el auditorio Clodomiro Picado del Campus Omar Dengo de la UNA.

Un conjunto de factores

Aunque aclaró que esta modalidad de liceos rurales surgió para dar derecho y acceso a educación de más calidad en las distintas zonas del país, Dobles insistió en que hay una serie de limitaciones propias de los contextos educativos, que van planteando desigualdades, como es el caso de la falta de docentes formados para las especialidades que se requieren para un colegio académico, así como la malla curricular reducida.

Por ejemplo—de acuerdo con datos del MEP citados en la investigación—mientras  el colegio académico tradicional tiene 126 lecciones en el III ciclo y 88 en educación diversificada, en la modalidad de liceos rurales las lecciones se reducen a 120 y 80, respectivamente.

Y es que—añade la especialista—por la misma condición de falta de docentes en las regiones, no hay posibilidad de impartir artes plásticas, educación física u otras materias,  lo que va en perjuicio de la calidad de la educación que recibe la población estudiantil en los liceos rurales.

La problemática de los docentes también lleva a que deban hacerse contrataciones por inopia en estos centros educativos, las cuales  muchas veces se realizan en forma postergada, cuando ya ha iniciado el ciclo lectivo.

A esto se suma el hecho de que los docentes tampoco tienen acceso a procesos de capacitación o formación continua debido a las distancias geográficas, lo cual también representa una limitación muy grande, según destacó la investigadora.

Luis Diego Conejo, académico del Cide e integrante del equipo investigador, coincidió en que las condiciones de la modalidad de liceos rurales que reproducen el modelo de desigualdad tienen que ver con una oferta educativa reducida, pero también con el contexto familiar del cual provienen los estudiantes, de los climas educativos predominantemente bajos,  así como las dificultades en el acceso a recursos educativos y materiales tanto en el área educativa como en sus hogares, lo cual afecta negativamente su experiencia de aprendizaje. “Es un conjunto de factores”, subrayó.

En el caso del contexto familiar, el especialista explicó que el hecho de que las personas que atienden esta modalidad provengan de climas educativos bajos en sus hogares limita las posibilidades de que se haya fomentado una serie de capacidades básicas, que tienen que ver con la lectoescritura o con acceso a materiales o recursos educativos en sus casas, que les permitan desarrollarse a un nivel que sea comparable al resto de la población. 

La investigación del Cide profundiza acerca de la prevalencia de diferencias profundas entre las modalidades educativas en la educación media, a saber: Académico Diurno, Académico Nocturno, Ambientalista, Artístico, Bilingüe, Científico, Técnico Profesional, Deportivo, Humanista, Indígena, Rural, Telesecundaria y Unidades Pedagógicas.

De esta forma, el estudio identifica desventajas que tiene la población estudiantil nacional, dependiendo de la opción educativa a la que asista y las condiciones propias de las realidades educativas en que se encuentran inmersos los centros educativos.

En ese marco, se encuentra que hay modalidades educativas que lejos de reducir las brechas para acceder a una educación de calidad, reproducen los factores y dinámicas que generan la desigualdad educativa, tal como se hace evidente en el caso de los liceos rurales.

El equipo investigador está conformado por las personas académicas: Cecilia Dobles (responsable); Luis Diego Conejo, Viviana Gómez, Olga Guevara, Gabriela Quirós, Satya Rosabal, Magaly Rodríguez y Giannina Seravalli. Además participaron las estudiantes graduadas Liseth Rojas y Jennifer Vanegas.

Video: 

***Más detalles con periodista Oficina Comunicación UNA 8334-4150.

Las zonas costeras, fronterizas y rurales, nuevamente las de menor desarrollo humano

Publicado el . Publicado en Derechos.

Las poblaciones costeras subsisten con actividades como la recolecta de pianguas.

German Masís

La semana anterior el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (EEs-UCR) presentaron los resultados del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica, 2021 (Atlas 2021), instrumento que incluye datos de indicadores de desarrollo humano en los 82 cantones del país y que presenta un mapa desigual e inequitativo en el país.

Es importante mencionar que Costa Rica muestra resultados positivos en la medida en que ninguno de los cantones está ubicado en las franjas baja o muy baja de desarrollo humano.

No obstante, al hacer un ajuste por desigualdad de las personas que residen en los cantones, se encuentran diferencias en los logros alcanzados en materia de salud, educación y bienestar material, tal como lo muestra el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad.

En cuanto a los índices que consideran el tema de género (IDGc e IDG-Dc), se observa que disminuyó la cantidad de cantones con menor desarrollo de género (pasó de 14 a 9).

Sobre el Índice de Pobreza Multidimensional, para el año 2020 los cantones más rezagados se encontraban en las zonas fronterizas del país. Si este análisis se hace por provincias, se observa que Limón presenta una condición particular al ubicar la mayoría de sus cantones por encima del promedio nacional. (ElPais.cr,16-2-2022).

El Atlas de Desarrollo Humano Cantonal revela como los cantones costeros, fronterizos y rurales que pertenecen principalmente a las provincias de Limón, Puntarenas, Guanacaste y Alajuela son los que muestran los peores indicadores de desarrollo humano. Así en lo que respeta al Índice de Desarrollo Humano por Desigualdad, los 10 cantones con los indicadores más bajos son Matina, Talamanca, Buenos Aires, León Cortés, La Cruz, Los Chiles, Tarrazú, Hojancha y Dota, de los cuales 3 son costeros, 3 son fronterizos y 4 son rurales.

A su vez entre los 25 cantones con los indicadores bajos de IDH-D, a los 10 anteriores se suman Sarapiquí, Turrubares, Osa, Upala, Guácimo, Golfito, Nandayure, Río Cuarto, Turrialba, Corredores, Guatuso, Siquirres, Quepos, Pococí y Acosta, 7 son costeros, 8 son fronterizos y 10 son rurales y de ellos por provincias, 6 son de Puntarenas, 5 de Limón, 5 de San José, 4 de Alajuela, 3 de Guanacaste, 1 de Heredia y 1 de Cartago.

En este panorama del desarrollo humano cantonal, a la tradicional apreciación sobre los cantones costeros y fronterizos como los que ostentan los peores indicadores de DH, se debe agregar la participación de los cantones rurales de León Cortés, Tarrazú y Dota de la provincia de San José entre los 10 de más bajos indicadores, junto a Hojancha de Guanacaste y entre los 25 mencionados en el IDH-D, se suman los cantones rurales de Acosta y Turrubares en San José, Pococí, Guácimo y Siquirres de Limón, Río Cuarto de Alajuela, Sarapiquí de Heredia y Turrialba de Cartago.

La presencia de los cantones costeros, fronterizos y rurales, también se confirma en el Índice de Pobreza Multidimensional, que se incluyó por primera vez en este Atlas, en donde los cantones con el índice más alto de pobreza, son Los Chiles, Talamanca, Upala, La Cruz, Coto Brus, Buenos Aires, Guatuso, Turrialba, Sarapiquí y Osa, de los cuales 5 son fronterizos, 2 costeros y 3 rurales.

Se incluyen entre los 25 con el índice más alto de IPM, Matina, Golfito, Siquirres, Limón, San Carlos, Corredores, Bagaces, León Cortés, Aguirre, Dota, Pococí, Puntarenas, Nicoya, Nandayure y Parrita, de los que 10 son costeros, 7 fronterizos y 8 rurales.

También es oportuno indicar los cantones que aparecen entre los primeros 10 lugares tanto del IDH-D, así como del IPM, que son Talamanca, Los Chiles, La Cruz, Buenos Aires y Coto Brus y entre los 25 de ambos índices, están Matina, Upala, Osa, Guatuso, Corredores, Golfito, Quepos, Sarapiquí, Siquirres, Pococí, León Cortés, Dota y Turrialba, todos ellos costeros, fronterizos o rurales.

En esta clasificación de cantones por IDH-D e IPM, llama la atención la gran riqueza natural y económica que poseen, en sus extensiones y actividades agrícolas, pecuarias, boscosas, hídricas y pesqueras, así como en infraestructura social, productiva y de servicios y sobre todo en su población, comunidades y cultura.

Vale la pena señalar en la coyuntura actual, que estos cantones costeros, fronterizos y rurales, no sólo se encuentran en buena medida excluidos y marginados del desarrollo nacional y de la acción del Estado, sino que también lo están del sistema político.

La información de la participación electoral de la población de estos cantones y los niveles de abstencionismo lo confirman; en estos cantones con el IDH-D más bajo y el IPM alto, la participación política en el 2018 fue muy baja, en donde Talamanca y Golfito apenas tuvo el 50%, Corredores, Osa y La Cruz con el 51%, Buenos Aires y Garabito con el 52%, Los Chiles con un 53%, Matina, Limón y Quepos con 54%, Coto Brus y Upala con el 55%.

La democracia económica y política tiene una deuda con estos cantones de las regiones periféricas. La expresión referida a la existencia de dos Costa Ricas sigue vigente, hay “una especie de geografía del desarrollo que parte el país en dos zonas: el centro con mayor desarrollo productivo y una mayor urbanización, frente a la periferia (ubicada en las costas y las zonas fronterizas) que no logra disponer del dinamismo adecuado para generar el empleo y los ingresos suficientes que permitan eliminar la pobreza. (Esquivel, F.,2021, p.222).

HIPÉRBOLES: CUANDO LA SOSPECHA ES CONSTRUIDA

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Esparcidos en su caminar por territorio mexicano como consecuencia del fracaso del modelo económico, la inhabilitación del sistema de protección institucional a todo nivel, el agresivo resplandor del extractivismo y las violencias in extremis en sus países de origen, cientos de miles de migrantes de varios países pero en particular provenientes del norte, y ahora del sur de Centroamérica, continúan su paso incesante y su lucha por el reconocimiento de su condición ante un estado que ha ejecutado al pie de la letra las indicaciones de la administración Biden-Harris en materia de administración migratoria.

Desde setiembre del año en curso, como si fueran piezas de un juego de lego desarmado y vuelto a armar, cientos de agrupaciones de migrantes han sido desbaratadas a su paso por territorio mexicano.

La acción desmedida de las autoridades mexicanas ha contribuido con este escenario, que ha contado también con el concurso de otras instituciones. Pese a ello, los grupos se han reconformado y resistido para seguir su curso. Todavía lo hacen.

En medio de tales dinámicas de represión, violencia y resistencia, las dicursividades acusatorias, intimidantes, excluyentes han estado a la orden del día. A inicios del mes de noviembre una supuesta condición de dengue en miembros de los grupos de personas migrantes que transitan por las carreteras mexicanas fue anunciada por las autoridades y reproducida en el acto por varios medios de comunicación comerciales.

Esta situación fue desmentida por organizaciones defensoras de derechos humanos alegando xenofobia institucional orientada a desacreditar el paso de los grupos de personas migrantes por territorio mexicano.

Tales acusaciones son producto de un registro que históricamente ha asociado migración con enfermedad o riesgo. Es una suerte de hipérbole en la construcción de sentido de los discursos antiinmigrantes que se ha posicionado fuertemente en los últimos años a nivel global. Como señala Moraña en un reciente trabajo publicado en España:

“Desde la perspectiva foucultiana que enfatiza la importancia de la articulación entre cuerpo y poder y la relación individuo-estado, las estrategias actuales de control invasivo del sujeto individual o colectivo considerado objeto de sospecha y amenaza pública, no pueden parecer del todo sorprendentes, aunque signifiquen una intensificación hiperbólica de procesos anteriores. La visión organicista, por la cual la sociedad es vista como un organismo vivo, autoriza la idea de que es necesario defenderse de elementos foráneos que vienen a atacar la integridad del cuerpo social, a infectarlo, debilitarlo y vencer sus defensas inmunológicas” (Moraña, 2021, 398-399).

No quisiera cerrar esta observación participante sin plantear una preocupación acerca de la forma como la sociedad repele lo que considera riesgoso.

Ocurre en un escenario como el costarricense en el que la existencia de grupos contrarios a la vacunación para abordar la COVID-19 ha producido el aumento de discursos inmunitarios y de higiene social que de alguna manera dividen a las personas.

Me tocó leer un comentario en Twitter sobre la presencia de estos grupos en espacios públicos y la relación que se hacía con una serie de enfermedades a las que supuestamente se había expuesto la persona que originó la opinión al cruzarse con ello.

Debemos prepararnos y estar atentos a identificar estos planteamientos higienistas y excluyentes. Tengan o no tengan razón en sus argumentos, no es con odio y exclusión como se gestiona desde el punto de vista social una crisis civilizatoria como la que estamos experimentado. Tener conciencia del otro es asumirlo en su diferencia, sus creencias y sus prácticas. Tenemos pendiente esa tarea. Todos.

 

Imagen: https://www.lachispa.mx

La asociatividad frente a la crisis económica, social y política como resultado de la pandemia

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Hernández / Equipo dinamizador Red Economía Social Solidaria / RedESS

“La pandemia es el shock productivo, fiscal y social potencialmente más grave en la historia moderna del país”. Estado de la Nación

Frente a la crisis y el impacto de la pandemia en las comunidades rurales de nuestro país, encontramos a las organizaciones afectadas reagrupándose tratando de generar soluciones ante la ausencia y abandono de la institucionalidad, varios meses en los que nos hemos encontrado con dificultades y barreras, la incontrolable transmisibilidad del virus, la paralización de las actividades económicas en los territorios. Ha sido explícita la solicitud permanente de diversos sectores de solicitar medidas concretas orientadas a reactivar la economía. Incluso en países con economías más fuertes que cuentan con más recursos para articular una respuesta urgente y adecuada para afrontar este desafío, la recuperación está muy lejos de haberse conseguido.

La pandemia ha evidenciado con mayor fuerza un modelo de pobreza y exclusión, solo algunos cuantos en estos tiempos han incrementado su ganancias, todas las medidas en términos de política han sido para favorecer las grandes empresas, han sido incapaces de articular una respuesta coordinada y funcional, capaz de amortiguar los efectos en los sectores más vulnerables, ya lo estamos viendo frente a la crisis, las recetas han sido recortes a programas sociales y debilitamiento de la atención institucional en los territorios.

Ante esta situación a las organizaciones no les ha sido fácil gestionar la crisis económica que les impacta. La mayor dificultad se expresa en restricciones de movilidad, el cierre de los mercados locales con un impacto adverso sobre su capacidad de comercializar los alimentos, lo que afecta por tanto su ingreso y su derecho a un nivel de vida adecuado; además, la vida organizativa trastocada y con dificultades de comunicación y acceso virtual.

Por lo que es de urgencia para nosotros, como RedESS, la defensa de los sistemas alimentarios locales, la seguridad y soberanía alimentaria. Iniciativas de las organizaciones territoriales campesinas familiares impulsan con creatividad, diversas estrategias. Sus iniciativas incluyen la elaboración de protocolos de bioseguridad, fomentar las prácticas agroecológicas, ventas a domicilio, trueque, y otras para sostener los espacios de comercialización propios, acciones de incidencia en los territorios para lograr que se mantengan las formas de producción y comercialización propias, mercados solidarios territoriales y locales.

Un gran esfuerzo de reorganizarse, generar alianzas, crear las condiciones que motiven y den esperanza por parte de todas las personas que creemos en otra economía posible y que entendemos que solo fortaleciendo el tejido organizativo y las iniciativas en estas circunstancias de sobrevivencia y resistencia.

Ríos de gente

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Un conjunto de materiales agolpados y escombros apilados yacen en el centro del barrio. Son desechos de lo que ha quedado luego de la correntada convertida en inundación que se llevó todo a su paso.

Hombres y mujeres captados por la televisión internacional tratan de recuperar lo que les quedó de sus pertenencias luego de la crecida. Lo que antes eran sus viviendas ahora es un depósito amalgamado de barro mezclado con agua. Lo perdieron todo. Los desaparecidos se cuentan por centenares. Las personas fallecidas identificadas hasta ahora sobrepasan la centena y media.

Esta es una escena común en un barrio clase mediero en cualquier país centroamericano donde los inviernos, las ondas tropicales y los huracanes hacen su agosto.

Pero estos impactos no solo se experimentan en un barrio clasemediero, sino en aquellos centros de población caracterizados por la exclusión, la segregación territorial y la segmentación, combinaciones poderosas para experimentar los efectos devastadores de la mala planificación territorial y la intensidad de los eventos naturales, que por sí solos no afectan pero son parte del entorno que los vuelve amenaza.

Lo que se narra en las imagenes que vemos, sin embargo, deja de ser común si las escenas son ubicadas en Alemania, si los hombres y mujeres que se agolpan como hormigas construyendo eso que hasta ahora estaba reservado como destino exclusivo del sur global y que se llama resiliencia, son justamente hombres y mujeres alemanes damnificados (otra categoría exclusiva reservada al sur global).

Miran fijamente a la cámara, lloran con desespero porque no encuentran explicación posible a lo que les acaba de ocurrir. En eso, como en tantas otras cosas, nos recuerdan su humanidad falible, ligera, vulnerable.

Tanta es la imposibilidad de encontrar posibles causas, que una mujer en medio de su desolación al ser entrevistada por la DW local señaló con cierta resignación: “Uno no espera que la gente muera por inundaciones en Alemania, uno espera que eso pase en los países pobres».

No deja de ser cierta la frase lapidaria de la señora. El centro, el norte, tan preparado siempre, tan previsor y tan ajeno a estas categorías reservadas para el sur global, no sabe qué hacer cuando le alcanzan las tragedias. Y dice cosas como estas.

Lo que ocurre ahora no es ni más ni menos que la instalación planetaria de un conjunto de dimensiones de quiebre civilizatorio. Por ello, la idea sobre los ríos que también crecen en el norte es certera y absoluta. Pero no son solo corrientes de agua que se desbordan. Son, como lo ha dicho Ramón Mejía (Perrozompo en su nombre artístico) hace ya muchos años, “Ríos de gente que cruzan la selva de los pavimentos y llevan heridas en el corazón”.

Nos encontramos ante la irreversibilidad de procesos en transcurso sobre la relación entre clima y desplazamiento humano. En 2015 cerca de 1.600.000 personas experimentaron desplazamientos al interior de sus países en América Latina como consecuencia de una variable ambiental. Se estima que hacia el año 2050 cerca de 200 millones de personas en el mundo serán declarados como “migrantes ambientales” (Rubio, 2017).

Aún más, cuando estas reflexiones están siendo editadas en su versión final, la región atlántica y la zona norte costarricense están siendo golpeadas por las inclementacias de una onda tropical que no ha detenido sus lluvias en 24 horas. Más de 200 incidentes han sido contabilizados entre los que se cuentan deslizamientos, desbordamientos de ríos e inundaciones. No deja de preocupar que todavía estas lluvias no sean las de la temporada invernal con toda su fuerza. El escenario se avizora, entonces, complicado.

Si las condiciones imperantes, los modelos de desarrollo y el descuido basado en un consumo rampante y desinteresado continúan, las previsiones para años futuros podrían adelantarse al corto plazo, con las consecuencias devastadoras que ya hemos observado a nivel planetario.

Los desafíos para esta generación que somos son enormes. No son del norte y del sur, solamente. Son globales. La gestión de los territorios con un enfoque consciente de la relación entre seres humanos y ambiente, el cambio en el modelo económico y la modificación absoluta de la forma como consumimos, son requeridos con urgencia.

Pero sobre todo, la ruptura de los esquemas dominantes de pensamiento que han partido el mundo en dos espacios diferenciados, para que manifestaciones como las emitidas por la señora afectada en las inundaciones en Alemania, sean transformadas por el reconocimiento de que todos, absolutamente todos, formamos parte de este planeta y que es con actitud solidaria y sensible del otro y la otra, que saldremos adelante. Esa debería ser la consigna.

Imágenes: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57857317

Los nuevos muros de la pandemia: las brechas de la inmunización

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Jenyel Contreras Guzmán

Deseo dedicar este breve espacio a puntualizar algunos de los principales dilemas éticos y políticos que se presentan de cara a las recientes estrategias de “reactivación económica” y de “retorno a la normalidad pre-covid”, en particular el “turismo de vacunas” y el “pasaporte de vacuna”.

La idea del establecimiento de un pasaporte de vacunas (Certificado Verde Digital de Vacunación o CVD) surgió como una propuesta de los países miembros de la Unión Europea (UE)[1] a inicios de este año, previo a la temporada de verano en dicha región, como una forma de garantizar que las personas ciudadanas de la UE y sus familias puedan viajar con seguridad y el mínimo de restricciones[2]. El mismo ya fue aprobado por la Comisión Europea y se encuentra en proceso de trámite legislativo, y de la puesta en marcha de un mecanismo informático para que sea posible su emisión y lectura en todos los países de la UE antes de entrar en vigor en junio próximo.

Israel desde el pasado mes de febrero ha empezado a implementar el Green Pass, un documento que se puede descargar y llevar en el celular y que indica que la persona ya está inmunizada y puede acceder a distintos comercios y actividades[3]. En Estados Unidos se analizan 17 propuestas para la confección de su propio pasaporte, siendo que el estado de Nueva York ya cuenta con el suyo (Excelsior Pass)[4] desde el pasado mes de marzo, y es utilizado para poder acceder a eventos en establecimientos de gran capacidad como estadios o conciertos. Fue desarrollado en conjunto con IBM y combina una aplicación de billetera de Smartphone con un escáner de códigos QR[5].

Costa Rica por su parte, analiza la posibilidad de desarrollar un pasaporte sanitario en esta misma línea, propuesta que se discutió en el marco de una reunión de la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica[6]. Poco a poco se van incorporan más países en la discusión y en el establecimiento de dicha medida.

Igualmente, el turismo de vacunas se ha popularizado en lugares como Maldivas, Rusia, Serbia, Cuba, Alaska, Dubái y Estados Unidos[7], que ofrecen la posibilidad de vacunarse y vacacionar al mismo tiempo. Para el caso de Costa Rica, Estados Unidos se ha convertido en el principal destino de la “vacunación flexible”, ya más de mil costarricenses han comprado paquetes de viaje que van desde los $800 a los $1.200 y cubren hospedaje, cita y traslado, entre otros. Se estima, que mediante los operadores de viaje saldrán entre 5 mil y 10 mil costarricense más en los próximos meses[8].

Pero ¿Cuáles son los dilemas éticos y políticos que estas dos estrategias plantean? Acá, algunas breves reflexiones al respecto:

El turismo de salud o el turismo médico, no es un fenómeno nuevo, es una actividad altamente lucrativa en la que Costa Rica se posiciona como destino, y que para el año 2017 se estimó una ganancia aproximada de $437 millones[9], orientada mayormente al sector privado de la salud. Esta práctica es a su vez la manifestación de las desigualdades en el acceso al derecho fundamental de la salud, y por ende al resguardo de la vida, en donde quienes cuentan con los recursos económicos pueden acceder a ella más allá de las fronteras nacionales. Esta lógica de monetización de la salud refuerza barreras de exclusión hacia poblaciones históricamente relegadas del acceso a servicios básicos y de atención primaria, así como al tratamiento de enfermedades crónicas y demás padecimientos. Situación que vimos agravada con las primeras fases de la pandemia en donde en países como Estados Unidos la mortalidad de personas afroestadounidenses y migrantes (particularmente hispanas) en estados como Nueva York representaron hasta el 35% de los fallecimientos debido entre otros aspectos, al nulo acceso a los servicios de salud.

Esta privatización del acceso a la salud, en el contexto de la pandemia, plantea una discusión ética sobre el acceso global a los mecanismos de inmunización, que resulten eficaces y de calidad. No se trata ya sólo de preguntar quiénes tienen acceso a la vacuna, sino además a cuál vacuna tienen acceso y quiénes. El tema de la eficacia no es cosa menor, ya que en las 9 vacunas (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Jonhson&Jonhson, Sputnik V, CoronaVac-Sinovac, Novavax, Sinopharm, Cansino Biologics) listas o en fase de ensayo clínico existe una variación de efectividad del 66% al 91%. Así por ejemplo en la UE, y para efectos del CVD las vacunas rusas y chinas no son aceptadas como mecanismo eficaces de inmunización, por lo que las personas que hayan accedido a ellas aún deberán cumplir con la cuarentena obligatoria [10].

La situación se complejiza aún más si analizamos la distribución de las vacunas a nivel global, en donde lo que domina es una distribución desigual de las vacunas entre países pobres y ricos, ya que estos últimos acaparan el 99% de las dosis[11], muchas de ellas compradas previo al inicio de su producción. En este sentido, el Ministerio de Salud de Costa Rica ha indicado que el país ha hecho 21 intentos por adquirir nuevas dosis de la vacuna con diferentes farmacéuticas, y que muchas han señalado tener toda su producción comprometida hasta el 2022[12]. Situación que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha catalogado como un “fracaso moral catastrófico” [13].

Frente a este panorama diversos sectores han planteado la necesidad de establecer al menos dos acciones puntuales: 1. La creación de un fondo solidario de vacunas efectivo para el acceso de las regiones, países y poblaciones más vulnerables (en este sentido COVAX no ha logrado cumplir su cometido, particularmente debido a la falta de voluntad política y económica de farmacéuticas y de países ricos), y 2. La liberación de las patentes de las vacunas, que posibilite una mayor producción de las mismas (proceso que ha sido entorpecido por las mismas razones que en la acción 1).

Nos encontramos de esta forma frente a una lógica perversa y necropolítica, en donde por un lado sabemos que el acceso a la vacuna es limitado y desigual, pero a su vez es posible ir a comprar “los excesos” o “reservas” de vacunas a los países que las han acaparado, e independientemente de si esas “reservas” existen debido a la negativa o falta de confianza de algunos sectores de la población para vacunarse[14], el problema de fondo continua siendo que indiscutiblemente, en esos mismos países, existen importantes sectores de la población que no han sido contemplados en los esquemas de inmunización, tal es el caso de las personas migrantes irregulares. Los datos sobre la vacunación de este tipo de poblaciones son difíciles de rastrear. De modo que nos enfrentamos a la paradoja de la escasez para unos y de los “excesos” para otros sectores de la sociedad.

Nos encontramos de esta forma frente a una polarización social de larga data, “nosotros los turistas” y “los otros los migrantes”. No de casualidad las fronteras que han sido abiertas en mayor medida son las aéreas. Contradictoriamente, el virus alcanzó su condición de pandemia gracias a los vuelos de turismo internacional. Este tipo de situación ha significado un recrudecimiento de prácticas y discursos discriminatorios, xenofóbicos y excluyentes, ya no solo son migrantes sino además migrantes enfermos. Recordemos, por ejemplo, la donación de vacunas del gobierno de Joe Biden a México, como parte de un acuerdo[15] para frenar la migración en la frontera sur de los Estados Unidos.

Esta polarización nos habla también de quiénes son “aptos” para la inmunización y quiénes no, y más aún quiénes tiene posibilidad de retomar su vida de movilidad y sociabilidad pre-pandémica y quiénes deberán continuar relegados al confinamiento, y ahora a adicionales formas de exclusión.

Finalmente, dos elementos poco discutidos dentro de esta lógica de habilitación del turismo vía pasaporte de vacuna, tienen que ver con: 1. El control de la información y las ganancias de las empresas que desarrollen las plataformas para el funcionamiento de los pasaportes, Cambridge Analytica, Facebook y sus plataformas asociadas son un breve recordatorio, y 2. La necesidad de estudiar las posibles implicaciones de delegar en los sistemas sanitarios, farmacéuticas y empresas privadas una suerte del control de las movilidades de las personas en la vida cotidiana y en el traslado internacional.

Imagen tomada de la página de Facebook de FLACSO Costa Rica.

[1] Se busca incluir en dicha propuesta a países como Noruega, Islandia y Suiza, países que no se encuentran dentro de la UE.

[2] https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56446411

[3] https://www.nytimes.com/es/2021/04/06/espanol/vacunacion-israel-covid.html

[4] https://www.hosteltur.com/lat/143341_eeuu-se-encamina-a-su-propio-pasaporte-de-vacunacion.html

[5]https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-promueve-pasaporte-especial-para-vacunados-contra-la-covid-19

[6]https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-promueve-pasaporte-especial-para-vacunados-contra-la-covid-19

[7]https://www.hosteltur.com/143654_que-paises-ofrecen-la-vacuna-a-turistas-que-vayan-de-vacaciones.html

[8] https://www.larepublica.net/noticia/vacunacion-flexible-dispara-salida-de-ticos-hacia-los-estados-unidos

[9]https://www.nacion.com/economia/negocios/turismo-medico-genero-ingresos-por-437-millones-a/LIVPCO42HVGU5G6HDZNDXNSKCI/story/#:~:text=Las%20visitas%20de%20extranjeros%20a,el%202013%2C%20de%20%24328%20millones.

[11] https://www.msf.es/actualidad/los-paises-ricos-acaparan-mas-99-las-dosis-la-vacuna-la-covid-19

[12]https://delfino.cr/2021/05/salud-registra-21-acercamientos-para-adquirir-vacuna-de-jj-moderna-sputnik-v-y-sinopharm-sin-resultados

[13] https://www.bbc.com/mundo/noticias-55911364

[14] https://www.ngenespanol.com/traveler/turismo-de-vacunas-como-vacunarse-en-eeuu-y-todo-lo-que-debes-saber-al-respecto/amp/

[15] https://www.washingtonpost.com/es/national-security/2021/03/19/vacunas-astrazeneca-mexico-estados-unidos-migracion-biden-amlo/

 

Imagen tomada de la página de Facebook de FLACSO Costa Rica.

Artículo publicado en el blog de FLACSO Costa Rica, compartido con SURCOS por la autora.