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Etiqueta: exclusión

Diálogo social y rescate democrático

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

“Me gustas, democracia, porque estás como ausente”
(Canción de Javier Krahe)

Manuel Hernández

  • Después de varias intentonas, viene el infaltable reality show

El último Informe Especial COVID-19 de CEPAL (octubre/2020), destaca la extraordinaria importancia que tiene el Diálogo Social para enfrentar integralmente la crisis sanitaria, que ha profundizado la desigualdad estructural, económica y social de América Latina.

La CEPAL sostiene que serán necesarios pactos políticos y sociales que se construyan con la participación de una amplia variedad de sectores, de largo plazo, que promuevan la universalización de la protección social, la salud y reoriente el desarrollo, sobre la base de la igualdad y la sostenibilidad de las políticas fiscales, industriales y ambientales.

CEPAL insiste en que para alcanzar estos pactos se requiere un liderazgo político transformador, que goce de legitimidad social, que, además, incluya la más amplia y diversa gama de actores.

El Informe advierte un aspecto de suma relevancia, que dadas las circunstancias políticas y sociales que vertiginosamente se desarrollan en nuestro país, no podemos dejar pasar inadvertido:

“Es importante que los Gobiernos tengan en cuenta que, en algunas partes de la región, el descontento previo a la pandemia hizo que se acumulara una energía social que no va a desaparecer después de la crisis, energía que la sociedad en su conjunto deberá manejar abriendo caminos institucionales, democráticos y justos de diálogo y concertación social.”

Desafortunadamente algo tan elemental, después de varios intentos fracasados de diálogo social, todavía no logra comprender el Gobierno de nuestro país, que ahora está tratando de articular un nuevo ensayo, convocando a un conjunto de actores de sectores sociales, productivos, políticos y hasta religiosos.

No obstante, esta última convocatoria fue discriminatoria y excluyente, porque cerró ese cauce institucional de participación democrática a un movimiento social, dirigido por Rescate Nacional, que desde hace unas semanas se está expresando activamente en los espacios y foros públicos, exigiendo su Derecho Fundamental de ser escuchados y atendidas sus demandas de justicia social, protestando contra todo préstamo del FMI, “que nos jode a tod@s, no solo a las camareras”. *

El Informe de CEPAL sigue diciendo que ese liderazgo político debe “servir para reconocer y convivir con los conflictos colectivos en que se enfrentan los actores como parte de su adhesión a diferentes grupos sociales”.

Por contrario, el Gobierno impulsa el denominado proceso de diálogo multisectorial imponiendo unilateralmente el consenso, desde arriba, no soberano, que repele la legitimidad del conflicto social, conflicto que es consustancial a cualquier sistema democrático y pluralista; que no debe ser aplacado con la ostentosa e intimidatoria circulación de la “bestia” policial, a lo largo y ancho del territorio nacional, ni mucho menos con el bloqueo de los espacios de participación democrática.

Partiendo de esa misma convicción ideológica, promocionó una reaccionaria contrarreforma laboral, que culminó con la prohibición del derecho de huelga en la mayoría de las actividades económicas y servicios públicos, configurando el derecho de huelga del enemigo.

El Gobierno sigue reflejando una posición autoritaria, basada en la construcción simbólica del “enemigo”, que no se concilia con los principios constitucionales del Estado democrático, que por imperio de la reforma del artículo 9 constitucional, garantiza a la ciudadanía, a la universalidad ciudadana, y no solo a la que convenientemente se seleccionó, la plena participación en la construcción y definición de las políticas públicas.

Las y los indignados que representan el poder de los sin poder, quienes rompieron su callada indignación y fueron excluidos, no tienen menos derechos de participación ciudadana que aquellos actores oficialmente convidados al reality show, como si la democracia fuera patrimonio del gobernante de turno y su socio presidente de la Asamblea Legislativa.

En definitiva, en la de menos, este es el gran desafío que tenemos que asumir: liberar la Constitución Política de quienes la tienen secuestrada, pero para ello es necesario, primero, recuperar la democracia.

25/10/2020

* Frase escrita en un cartel de las asambleas del 15-M, cuyo mensaje deriva de la denuncia judicial que presentó Nafissatou Diallo contra Strauss-Kahn, expresidente de FMI, quien lo acusó que mientras ella estaba realizando labores de limpieza, en un hotel de Nueva York, la golpeó e intentó violarla. A consecuencia de este escándalo, Strauss-Kahn renunció a la Presidencia de FMI (2011).

Pronunciamiento del Movimiento Feminista y de Mujeres: lecciones para un diálogo pendiente

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Las abajo firmantes articuladas como organizaciones feministas, organizaciones de mujeres y feministas independientes, ante la coyuntura nacional actual manifestamos:

  1. Sí queremos diálogo. Existe una amplia coincidencia general entre las y los actores sociales y la ciudadanía en la urgencia de un diálogo nacional inclusivo, abierto y, sobre todo, con resultados vinculantes. El camino democrático no es solo electoral, debe ser una construcción continua hacia una sociedad más justa, igualitaria y equitativa, donde toda la diversidad de mujeres seamos tomadas en cuenta y ¡No podemos permitir que nos dejen atrás ni que nos hagan a un lado!
  2. El diálogo que queremos y creemos necesario debe tomar en cuenta las lecciones inmediatas y no reproducir los mismos errores. Los intentos realizados de diálogo, hasta el momento fallidos o limitados, nos permiten reconocer algunas lecciones para no repetir errores y crear las condiciones para que exista un verdadero diálogo.

La participación y representatividad han sido elementos cruciales que han afectado negativamente los procesos anteriores. Al respecto varias lecciones: a) que no es posible ignorar el movimiento y la protesta social que se manifiesta en las calles en procesos de diálogo que pretenden relevar algunas de sus demandas. Asimismo, no se puede reprimir, criminalizar y judicializar aquellas personas que se oponen a la línea de Gobierno y ejercen su derecho humano a la protesta social. b) que no es posible definir la legitimidad a priori de las representaciones sectoriales, excluir sectores o no reconocer su autonomía en la elección de sus representantes, c) que no es posible excluir a las mujeres, al movimiento feminista y mucho menos impulsar un diálogo sin asegurar la paridad de género.

Para un diálogo con resultados, la participación de algunos actores como el Legislativo es esencial. Además de la representación al más alto nivel del Ejecutivo, debemos exigir la presencia de todas las representaciones legislativas. La agenda legislativa debe ser parte del debate, incluyendo los proyectos que en estos momentos se discuten y que incluyen recortes que pretenden afectar programas sociales esenciales como salud, educación, cultura y recursos naturales. No es aceptable ni contribuye a generar confianza en un proceso de diálogo cuando de manera paralela se impulsan y toman decisiones que van directamente a profundizar la crisis que ya vivimos.

  1. Necesitamos un diálogo social, no puede reducirse al tema fiscal. Más que un diálogo fiscal, en Costa Rica urge un diálogo social: sobre el país que queremos y podemos construir empezando en lo inmediato con las salidas posibles a la actual crisis y que tenga una amplia representación, un debate sin excluir grupos ni mucho menos las mujeres.

Por consiguiente, la agenda debe ser construida amplia y no limitada al tema fiscal. La reducción de brechas de desigualdad económica, social y de género debe estar en el centro del debate. Interesa no solo capitalizar al Estado en lo inmediato, sino consensuar cuáles serán los parámetros y objetivos de la inversión pública en el corto y mediano plazo.

El objetivo central del diálogo y negociación debe ser el direccionamiento de inversión para reducir las brechas de desigualdad, pobreza y exclusión mediante la redistribución de la riqueza y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

  1. El diálogo debe ser vinculante. Es decir, debe abrirse espacio no solo para intercambiar impresiones sino para alcanzar una negociación real. Se trata precisamente de llegar a acuerdos ciudadanos básicos con el compromiso de que se van a respetar. Para ello es indispensable, además de consensuar una agenda, acordar un marco ético para el diálogo, con mínimos de representatividad, respeto, escucha, resolución de conflictos, entre otros.

No debe haber condicionantes previos establecidos por el Ejecutivo para la realización o no de los diálogos: ante la ausencia de consenso el Poder Ejecutivo o Legislativo no debe imponerse. La ausencia de consenso no debe ser interpretada por el Ejecutivo o el Legislativo como un cheque en blanco para imponer su agenda.

  1. Debe existir voluntad política para incluir en la discusión otras opciones distintas al convenio propuesto por el Poder Ejecutivo con el FMI. El endeudamiento con agencias internacionales no es el único camino. Sectores de la ciudadanía, academia y otras personas expertas en la materia han coincidido que no es posible continuar por la senda del mayor endeudamiento y se han señalado alternativas de financiamiento que deben ser sometidas a discusión.
  2. El diálogo y la negociación no son posibles si excluyen a las mujeres. En relación con la participación de las mujeres debemos ser enfáticas en lo siguiente:

Exigimos nuestro derecho a la autonomía y el reconocimiento a nuestra diversidad en la selección de nuestras representantes en una mesa de Diálogo Nacional. No es posible que seamos las mujeres, las únicas a las cuales se pretenda señalar a priori los mecanismos de selección de sus representantes.

A lo largo de la historia y en la actualidad las mujeres somos actoras activas y propositivas. Para esta crisis hemos sido de los pocos agrupamientos ciudadanos que hemos pensado, formulado y hecho públicas propuestas de visión-país, no solo del tema fiscal. Por lo cual, exigimos que sean incluidas en las agendas de diálogo y negociación.

No es posible que se pretenda invisibilizar la participación decisiva que las mujeres tenemos en todas las esferas de la vida pública y privada o se desconozca y minimice nuestra capacidad técnica, profesional y política. Por ello, cualquier diálogo viable demanda de la participación paritaria entre mujeres y hombres en todos los espacios de diálogo, negociación, mesas técnicas, y otros.

Tampoco es viable un diálogo que no reconozca que las personas somos afectadas de manera diferente por la crisis y que el cierre efectivo de cualquier brecha social debe estar guiada por los principios de justicia, igualdad y equidad. Las mujeres no somos un grupo ni un sector a incluir: somos la mitad de la población de Costa Rica y somos de las más afectadas en la actual crisis. Lo ha señalado de manera reiterada el INEC al demostrar que somos las mujeres a quienes más ha afectado el desempleo, la pobreza y la exclusión que se han ensanchado en esta crisis y como consecuencia de políticas neoliberales que están desmantelando el Estado Social de Derecho. Aún así, seguimos siendo las mujeres quienes sostenemos la vida cotidiana en las familias asumiendo cada día más labores de cuido de personas menores de edad, adultas mayores, personas enfermas y/o con discapacidad. También, somos las que asumimos las labores domésticas, de educación, salud y de entretenimiento que el Estado ha dejado de asumir por la crisis sanitaria de la Covid – 19. La brecha de cuidados se ha ensanchado y complejizado en esta crisis y este es un tema de interés social prioritario.

Las mujeres todas, desde nuestras diversidades, tenemos mucho que compartir sobre nuestras vivencias diarias de dificultades económicas, acceso a la tierra, como la protección de los bienes comunes, salud, educación y que son vitales para comprender las funciones que debe de abordar un Estado que prioriza la justicia fiscal, ¡porque la justicia fiscal es justicia social!

El diálogo y la negociación son parte de la vida cotidiana de nosotras las mujeres. Creemos en el diálogo, estamos convencidas de que la construcción de consensos es viable sobre la base de la mutua comprensión de que Costa Rica es una sola. Un barco cuyo destino está en las manos de todas y todos, para conducirlo a un puerto de bienestar compartido, dignidad humana, igualdad, derechos humanos y democracia.

*Para información sobre el comunicado o sobre el proceso escribir a alarcon.shi@gmail.com*

Para firmar ingrese aquí

Pronunciamiento del Movimiento Feminista y de Mujeres: lecciones para un diálogo pendiente

Escrito en . Publicado en Derechos.

Más de 100 mujeres y 20 organizaciones feministas y el apoyo de organizaciones de otros sectores que se siguen sumando hacen un llamado a revisar las lecciones pendientes para realizar un diálogo en la coyuntura actual.

  1. Sí queremos diálogo. Existe una amplia coincidencia general entre las y los actores sociales y la ciudadanía en la urgencia de un diálogo nacional inclusivo, abierto y, sobre todo, con resultados vinculantes.
  2. El diálogo que queremos y creemos necesario debe tomar en cuenta las lecciones inmediatas y no reproducir los mismos errores: a) que no es posible ignorar el movimiento y la protesta social que se manifiesta en las calles en procesos de diálogo que pretenden relevar algunas de sus demandas. Asimismo, no se puede reprimir, criminalizar y judicializar aquellas personas que se oponen a la línea de Gobierno y ejercen su derecho humano a la protesta social. b) que no es posible definir la legitimidad a priori de las representaciones sectoriales, excluir sectores o no reconocer su autonomía en la elección de sus representantes, c) que no es posible excluir a las mujeres, al movimiento feminista y mucho menos impulsar un diálogo sin asegurar la paridad de género.
  3. La agenda legislativa debe ser parte del debate, incluyendo los proyectos que en estos momentos se discuten y que incluyen recortes que pretenden afectar programas sociales esenciales como salud, educación, cultura y recursos naturales. No es aceptable ni contribuye a generar confianza en un proceso de diálogo cuando de manera paralela se impulsan y toman decisiones que van directamente a profundizar la crisis que ya vivimos.
  4. Necesitamos un diálogo social, no puede reducirse al tema fiscal. La reducción de brechas de desigualdad económica, social y de género debe estar en el centro del debate. El objetivo central del diálogo y negociación debe ser el direccionamiento de inversión para reducir las brechas de desigualdad, pobreza y exclusión mediante la redistribución de la riqueza y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
  5. El diálogo debe ser vinculante. Es decir, debe abrirse espacio no solo para intercambiar impresiones sino para alcanzar una negociación real.
  6. Debe existir voluntad política para incluir en la discusión otras opciones distintas al convenio propuesto por el Poder Ejecutivo con el FMI. El endeudamiento con agencias internacionales no es el único camino.
  7. El diálogo y la negociación no son posibles si excluyen a las mujeres. Para esta crisis hemos sido de los pocos agrupamientos ciudadanos que hemos pensado, formulado y hecho públicas propuestas de visión-país, no solo del tema fiscal. Por lo cual, exigimos que sean incluidas en las agendas de diálogo y negociación.

Las mujeres todas, desde nuestras diversidades, tenemos mucho que compartir sobre nuestras vivencias diarias de dificultades económicas, acceso a la tierra, como la protección de los bienes comunes, salud, educación y que son vitales para comprender las funciones que debe de abordar un Estado que prioriza la justicia fiscal, ¡porque la justicia fiscal es justicia social!

Imagen ilustrativa.

Jornadas en conmemoración del décimo aniversario del CICDE

Escrito en . Publicado en Derechos.

En total se inscribieron 79 personas de diferentes universidades públicas y de diferentes instituciones

Bajo el nombre “Voces en lucha y resistencia por sociedades inclusivas” fue que se dio inicio a la primer de cuatro sesiones virtuales que conforman el seminario “Crisis de la democracia en los tiempos de COVID-19. Crítica y propuesta”, en conmemoración del décimo aniversario del Centro de Investigación en Cultura y de Desarrollo.

La jornada dio inició con las palabras de bienvenida del director del CICDE, Luis Paulino Vargas Solís, quien agradeció a todas las personas quienes se inscribieron en el seminario y deseo que las jornadas les fuera de provecho. “Confío en que será un diálogo mutuamente enriquecedor y por otra parte es también dejar constancia de la madurez alcanzada a lo largo de estos 10 años y de rendir cuentas ante la comunidad nacional a la cual que nos debemos, ya que es el aporte y la confianza de la ciudadanía costarricense lo que hace posible nuestra existencia”, expresó Vargas Solís.

Seguidamente los investigadores del centro, María Alexandra Medina Hernandez y Luis Alonso Rojas Herra, a esta primera jornada, y en donde además hicieron una reflexión sobre la actual situación a nivel que enfrenta debido al COVID-19.

La primera ponente fue Samantha Araya Manzanares, coordinadora de incidencia política de TRANSVIDA y en representación de la población LGBTI, quien habló sobre la realidad la de la población LGBTI, como las formas en se excluyen a las personas trans, principalmente a las mujeres trans, desde el entorno familiar, educativo y laboral, y las acciones y estrategias para reivindicar los derechos de esta población. “Desde TRANSVIDA las acciones que se han tomado primeramente es visibilizar a la población, segundo empezar a hacer incidencia ante las instituciones, ante Casa Presidencial; lograr que las compañeras puedan acceder a la salud mediante un plantón, una marchar, gritar y elevar la voz de las compañeras. Decir las necesidades que tenemos y las violaciones de derechos que estamos sujetas por ser personas trans”, comentó Araya Manzanares.

Además, agregó que es necesario que se adopten normas leyes y directrices para proteger a las personas, desde su dignidad humana y orientación sexual, a nivel latinoamericano, centroamericano y la de la región del Caribe.

Luego de la participación de Samantha Araya se presentó un video en donde recoge las opiniones de diversas poblaciones, entre ellas población indígena, población migrante y población LGTBI, sobre sus luchas.

Representado a los territorios indígenas estuvo a cargo de Mariana Delgado Morales y Pablos Sivas Sivas, ambos investigadores comunitarios dentro del programa PROCULTURAL del CICDE.

Mariana expuso en su ponencia como en la sociedad costarricense aún una diferenciación con los indígenas. “Habla así porque es. Vive así porque es. Se viste así porque es. Porque es cholo o indígena. Ante estas situaciones es que el territorio se convierte en una fortaleza para no sentir seas señalización.”

Dentro de la ponencia Mariana hizo ver que la exclusión no solo se da a nivel social sino también económico, educativo, político y cultural, ya que estos aspectos hay una gran marginalización hacia la población indígena. “Es bueno dejar claro que el actual gobierno tiene una línea indígena pero esta es solo para cumplir ciertas reglas, a causa de conflictos y de paso por acatar las órdenes de organismos internacionales”, añadió Delgado Morales.

El último ponente se trató del politólogo Juan José Guilarte, quien hizo una reflexión sobre la migración en Costa Rica a través de sus 10 años de estar viviendo en el país y actualmente cuál ha sido el efecto del COVID-19 en la migración.

Guilarte presentó en una línea del tiempo, desde el 2016 al 2020, los movimientos en la migración, sobre todo con la crisis económica que se comenzó a vivir en 2017 se dio los flujos de migración hacia México y los Estados Unidos, así también caracterizó la migración de cuatro maneras:

  1. Feminización de la migración: la migración en general que viene hacia Costa Rica tiene un alto contenido de mujeres.
  2. Inserción laboral en la economía informal: los y las migrantes se insertan en la economía informal porque hay una brecha en la posibilidad de conseguir la documentación necesaria para estar en condición migratoria legal.
  3. Creciente importancia de las personas migrantes para la economía del país.
  4. Mayor integración.

Debido a los actuales bloqueos que se están dando en el país, Pablo Sivas no puedo trasladarse al centro universitario de la UNED en Buenos Aires, sin embargo, envío una serie de videos, vía whatsapp, para presentar su ponencia. En los videos Sivas detalló la importancia de la ley indígena, crea 1977, sin embargo, esta no se cumple en su totalidad y nos derechos de los indígenas se han ido borrado con los años y al igual que lo hizo Mariana Delgado recalcó que el gobierno excluye a la población indígena.

“Por eso nuestras luchas deben continuar. Tememos por nuestras vidas, ya que en menos de dos años han asesinado a dos indígenas y las cosas por momentos se han puesto muy violentas. En las redes sociales se nos discrimina y desinformándonos sobre que nosotros somos violentos y andamos perturbando la paz de los terratenientes que siguen usurpando y envenenando nuestra tierra”, señalo Sivas.

Esta primera jornada tuvo como cierre la presentación del perfomance “Vandálico; la historia dentro de mi piel, a cargo del artista Jorge Isaac Sandoval, quien a través del perfomance muestra la realidad que deben de vivir las personas que toman la decisión de migrar de su país.

Compartimos el video completo de la jornada.

Bicentenario en Costa Rica: encrucijadas para las políticas públicas y la democracia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Muñoz Varela[1]

La celebración del bicentenario de la independencia acontece en Costa Rica en el marco de una situación crítica de carácter multidimensional. La pandemia del Covid-19, que despuntó en el país en marzo de 2020, aún estará presente para el año 2021. Las repercusiones de la situación provocada por la crisis sanitaria y el tiempo que tardará en ser superada son todavía inciertas. La única certeza posible que de momento se puede tener es la de que la sociedad costarricense habrá sido afectada por una coyuntura de crisis cuyos alcances no se reducen a la cantidad de muertes provocada por el virus ni a los costos económicos que la batalla por el control de la pandemia haya representado para el sistema de salud y para el país en general.

Las afectaciones de la pandemia Covid-19 son múltiples en diversos sentidos: económicos, sociales, políticos, culturales y, desde luego, educativos. En lo económico, tras medio año de crisis sanitaria que se cumple al mes de septiembre de 2020, la tasa de desempleo en el país prácticamente se duplicó con respecto a la que se tenía a inicios de año: de 12,5% que registraba al primer trimestre de 2020, dicha tasa pasó a 24,4% para el segundo trimestre. Este incremento del desempleo afecta en mayor medida a las mujeres, las cuales, en el período de referencia, registran una tasa de 30,4%, lo que significa una diferencia negativa de 10,4% con respecto al desempleo de los hombres, que es de 20%. (INEC, 2020).

El subempleo, por su parte, alcanzó un incremento de 10,3% entre el segundo trimestre de 2019 y el mismo trimestre de 2020. Las proporciones de distribución entre mujeres y hombres son de 20,5% para ellas y de 20,6% para ellos. La pandemia ha significado pérdida del empleo sin posibilidad de reintegro, reducciones de la jornada laboral y de los ingresos para un sector de quienes aún conservan el empleo, así como cancelación parcial o total de operaciones para sectores que se dedican al trabajo independiente o por cuenta propia y para pequeños negocios de servicios. Estos últimos registran con una afectación del 68,5%. (INEC, 2020).

Si se tiene en cuenta que, para el año 2019, se tenía en Costa Rica una tasa de pobreza del orden del 25,70%, los datos anteriores colocan al país en una deriva hacia la pobreza y la pobreza extrema que abarcará a muchos otros hogares más, los cuales quedarán sin perspectivas de poder salir de dicha condición ni siquiera en el mediano plazo. La situación se agrava aún más, al tener en consideración que, entre los hogares en condición de pobreza, el 48,4% de ellos tiene una jefatura femenina y son familias con más integrantes de lo que son los hogares no pobres. (INEC, 2019). Esta es una situación que erosiona las bases de la democracia y que coloca a la sociedad costarricense a las puertas de una desintegración social de alcances muy peligrosos para la estabilidad del bienestar común y para la convivencia social.

En lo que a la educación corresponde, el impacto de la pandemia también deriva en la configuración de una situación compleja y crítica para un amplio sector de la población estudiantil del país. Una vez iniciada la crisis sanitaria, las autoridades del sistema educativo dispusieron establecer la modalidad de educación virtual, en un contexto de realidad nacional en el que las desigualdades sociales y los niveles de pobreza confabulan en perjuicio de una proporción significativa de la población estudiantil. A finales de mayo de este año, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública (MEP) informaba acerca de la existencia de una cuarta parte del estudiantado nacional que no contaba con acceso al servicio de internet para atender la educación virtual. (Ruiz, 2020).

En este aspecto, es bien probable que, al finalizar el curso lectivo de 2020, la proporción de estudiantes que, tanto por la afectación económica que ha habido en sus hogares y a título personal, la pérdida de capacidad adquisitiva para pagar servicios telefónicos y de internet, lo mismo que por la inexistencia de cobertura de la conectividad, hayan debido abandonar los estudios y, con ello, quedar en una complicada situación de rezago. Pérdida de oportunidades para estas personas y pérdida de capacidades para el país y para la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, más allá de la coyuntura de crisis que ha traído la pandemia, todas estas situaciones de inequidad, exclusión, desigualdad social, pobreza y pobreza extrema, son resultado del modelo socioeconómico establecido en el país desde hace cuatro décadas. La crisis de la pandemia solo ha venido a ponerlas a plena luz del día y a ampliarlas y profundizarlas. Se trata de una situación, no ya de crisis coyuntural, sino estructural y sistémica. Crisis que colocan al país y a la sociedad en una encrucijada de toma de decisiones urgentes e impostergables, a nivel de las políticas públicas y en las dimensiones económica, social, política, institucional, cultural, educativa.

¿Qué tipo de país tendrá que seguir siendo Costa Rica de aquí en adelante? ¿Se podrá dejar atrás cuatro décadas de un modelo socioeconómico que ha profundizado la inequidad, la exclusión, la desigualdad y la injusticia social? ¿Podrá servir la celebración del bicentenario de la independencia para hacer un esfuerzo nacional por regresar a los principios y a la salvaguarda de la institucionalidad de la democracia, tal como quedó establecido en la Constitución Política de 1949?

En vísperas de la celebración del bicentenario de la independencia, bajo el agobio que representa la crisis múltiple de la pandemia (crisis económica, social, institucional, cultural), la sociedad costarricense hoy se enfrenta al imperativo y a la necesidad de proceder a realizar una refundación del país. Una refundación en la que se tenga como eje central generar condiciones de vida digna y de bienestar social para todas las personas y para los distintos sectores sociales que conforman la sociedad.

Referencias bibliográficas

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019). Encuesta nacional de hogares julio 2019: resultados generales. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reenaho2019.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). Encuesta continua de empleo al segundo trimestre de 2020. Resultados generales. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reeceiit2020.pdf

Ruiz, Paula. (2020). MEP detecta 250 mil estudiantes sin acceso a internet para recibir educación virtual. El Observador, 27 de mayo de 2020. Recuperado de: https://observador.cr/noticia/mep-detecta-250-mil-estudiantes-sin-acceso-internet-

[1] Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universidad de Costa Rica, 14 de septiembre de 2020.

Mujeres por Costa Rica hace propuesta para eje reactivación económica

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS recibió el siguiente documento del Colectivo Mujeres por Costa Rica:

Como parte del proceso Costa Ria Escucha, Propone y Dialoga el Colectivo Mujeres por Costa Rica propone:

I. INTRODUCCIÓN

La pandemia ha expuesto con magnitud microscópica los límites de un estilo de desarrollo que favoreció por más de tres décadas la producción articulada al mercado externo sin que lograra encadenar otros sectores de la economía orientados al mercado nacional. Un estilo de desarrollo que acentuó desigualdades estructurales que ante la actual crisis sanitaria, económica y política requiere de transformaciones profundas.

La protección y creación de nuevos empleos demanda acoplar ambos motores de la economía desde el paradigma del desarrollo humano sostenible para eliminar las condiciones estructurales que generan desigualdad, exclusión y pobreza. Ello exige transformaciones importantes en la estructura tributaria, la inversión pública, en el modelo educativo, en el sistema financiero y en la participación del Estado para garantizar más emprendimientos innovadores y empleos dignos. De particular importancia es la incorporación de las mujeres y la perspectiva de la igualdad de género en la elaboración y en la gestión de las propuestas, pues es sobre nosotras las mujeres –y muy particularmente las más pobres- sobre quienes recae el mayor peso de las desigualdades estructurales del estilo de desarrollo impulsado en las últimas décadas.

La reactivación deberá tomar en cuenta tanto las desigualdades estructurales internas, como las capacidades generadas por nuestro país para enfrentar los desafíos que nos impone la recuperación global. Esto demanda participación y sincronía de muchos actores e instituciones públicas y privadas para afrontar en el corto, medio y largo plazo cambios globales en los patrones de inversión, financiamiento, producción y consumo de bienes y servicios. Sin duda Costa Rica acumula gran experiencia en el sector turismo, en la agricultura para la exportación, comercio, servicios profesionales y tecnológicos, lo que nos permitirá ser una nación líder en desarrollo humano sostenible.

Nuestro país debe poner sus esfuerzos en actividades económicas que garanticen responsabilidad laboral y ambiental y para ello deberá hacer un esfuerzo importante en innovar procesos de producción, comercialización y consumo.

II. PRINCIPIOS Y PRIORIDADES

El conjunto de políticas, estrategias y medidas concretas que se asuman para impulsar la reactivación económica en materia de inversión, financiamiento, recomposición del diverso tejido empresarial y del empleo, deberán estar diseñadas a partir de las siguientes prioridades:

  1. Alimentación suficiente y de calidad para toda la población.
  2. Infraestructura y programas para garantizar la salud integral y la atención universal.
  3. Educación innovadora acorde a las necesidades del desarrollo inclusivo y ambientalmente sostenible.
  4. Instituciones de cuido para que las mujeres puedan integrarse al mercado laboral.
  5. Investigación y apoyo para la creación de nuevos emprendimientos orientados al desarrollo tecnológico.
  6. Infraestructura que permita la movilidad, producción y comercialización de los bienes y servicios de la nueva era del consumo global en el marco del desarrollo sostenible.
  7. Recreación y producción cultural.
  8. Desarrollo de diversos segmentos de turismo acordes con el desarrollo humano sostenible.
  9. Uso de energías alternativas favorables a la descarbonización.

III. PROPUESTAS

  1. Reactivación de las actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras para garantizar la soberanía agroalimentaria y nutricional. Para esto se deben impulsar las técnicas de producción en armonía con el ambiente con menor dependencia de las semillas genéticamente modificadas y menor uso de agroquímicos; así como el impulso de los mercados justos, generación de cadenas de valor y creación de empleo rural de calidad, especialmente para las mujeres, cuyos empleos suelen ser ocasionales, informales y mal remunerados.
  2. Ampliación de las posibilidades de financiamiento para las diversas actividades productivas, a tasas preferenciales, períodos de gracia y plazos más amplios para los nuevos emprendimientos. La Banca para el Desarrollo debe dar el acompañamiento técnico necesario para que los proyectos resulten exitosos. En general, todo el sistema bancario nacional debe recuperar su papel de impulsor del desarrollo nacional.
  3. Estímulo a la demanda interna de bienes y servicios producidos en el país, impulsando la capacitación para el comercio de estos en plataformas digitales.
  4. Construcción de toda la obra pública que los recursos estatales o bien las alianzas público-privadas permitan para generar empleo, dinamizar la economía, y al mismo tiempo reducir el rezago de años que tiene el país en este campo. El tren eléctrico metropolitano debería construirse para mejorar la movilidad urbana en la GAM. Si se decide hacerlo mediante una alianza público-privada se debe contemplar el riesgo que toda inversión implica, de manera que no sea asumido solamente por el Estado.
  5. Fomento de alternativas limpias de uso energético, producción y consumo, así como formalización de pequeñas empresas dedicadas al reciclaje y la reutilización de materiales.
  6. Impulso a la economía del cuido poniendo al servicio de las personas que se dedican a esta actividad, casi siempre mujeres, una remuneración justa, contando con los recursos de las diversas instituciones nacionales que puedan aportarlos para este fin: IMAS, INA, CCSS, INAMU.
  7. Estímulo a diversas modalidades de turismo que encadenen emprendimientos locales y la industria nacional en sintonía con la protección del patrimonio cultural y natural.
  8. Fortalecimiento de los gobiernos locales para que asuman un rol determinante en la identificación, creación y promoción de emprendimientos locales por medio de alianzas público-públicas y público-privadas.
  9. Ampliación y fortalecimiento de la infraestructura de conectividad digital, democratización de su acceso, capacitación para avanzar en la digitalización de las instituciones, empresas y comercio digital.

La crisis del Covid en Costa Rica: una reflexión desde la geografía crítica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Antonio Mora Calderón
Alberto Gutiérrez Arguedas

El presente documento es resultado de las reflexiones expuestas en el Foro “La geografía crítica latinoamericana frente a la crisis mundial de Covid-19”, realizado el 10 de junio de 2020, en el marco del Grupo de Trabajo Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano (GT-PGCL) del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Como tal, el texto está estructurado en forma de una secuencia de ideas, a partir de las tres cuestiones/interrogantes que fueron levantadas en dicho Foro: (1) ¿Cómo ha sido la respuesta de cada gobierno? (2) ¿Cuál es el contexto político y las presiones económicas que enfrenta cada gobierno y cómo se complejiza en esta coyuntura? y (3) ¿De qué forma la geografía en general y la geografía crítica en particular contribuye o puede contribuir a enfrentar esta crisis?

  • 1) Respuesta del gobierno/Estado costarricense
  • Desde el punto de vista meramente técnico-epidemiológico, la respuesta del Estado y la sociedad costarricense para contener la pandemia del Covid ha sido bastante eficaz y satisfactoria. Los números así lo revelan: 1.375 personas infectadas y 11 personas fallecidas -al 9 de junio-. Un dato revelador es el hecho que han muerto casi el doble de costarricenses en Estados Unidos (20), que dentro del territorio nacional. No obstante, en la última semana (1-7 junio) se ha visto un aumento inusitado de los casos, localizados principalmente en la Zona Norte, asociado a los enclaves agroexportadores. Vale aclarar: a pesar de que los números son en apariencia “buenos”, no queremos ser fríos y restar importancia a esta situación, pues la misma ha provocado sufrimiento a cada una de esas personas afectadas y sus familias.
  • Las medidas tomadas por el gobierno, y especialmente ordenadas desde el Ministerio de Salud, han buscado aminorar la cantidad de casos, evitar el llamado contagio comunitario, y al mismo tiempo desacelerar la velocidad de propagación del virus, con el fin de que el sistema de salud no colapse. Estas medidas han sido el teletrabajo en el sector público, cierre de escuelas, colegios y universidades públicas trasladando la educación a una modalidad virtual, la cuarentena voluntaria, así como la obligatoria para las personas que han venido del extranjero durante el estado de emergencia, el cierre de playas, parques nacionales y parques urbanos y metropolitanos, cierre de bares y espacios de confinamiento como teatros y cines, restricción vehicular y partes sanitarios, y otros.
  • Otro aspecto a destacar en esta coyuntura es la propuesta realizada por el gobierno de Costa Rica a la Organización Mundial de la Salud -OMS-, para crear un repositorio de acceso público en donde se faciliten conocimientos y tecnologías para detectar, prevenir, controlar y tratar la pandemia del Covid. Si bien es una iniciativa admirable, el peso político que esta puede tener es bastante limitado, tomando en cuenta el papel de las grandes empresas farmacéuticas, por ejemplo.
  • El principal factor que explica este “éxito” es la existencia de un sistema público de seguridad social aún bastante sólido y funcional, a pesar del debilitamiento que ha sufrido durante cuatro décadas de neoliberalismo, lo cual demuestra su enorme resiliencia. Han tenido un papel protagónico, en primer lugar, la Caja Costarricense del Seguro Social -CCSS- y el Ministerio de Salud, pero también, todo un conjunto de instituciones públicas solidarias (Instituto Costarricense de Electricidad -ICE-, universidades públicas, Fábrica Nacional de Licores -FANAL, encargada de la producción de alcohol en gel-, Consejo Nacional de Producción -CNP-, entre otros).
  • En ese sentido, uno de los aprendizajes y lecciones más claros que nos deja esta crisis es la importancia de defender las instituciones públicas, las cuales han sido víctimas de hostigamiento y de un ataque fraudulento y sistemático por parte de los grupos de poder político-económico, que abogan por su privatización. Todas las instituciones mencionadas anteriormente sufren graves desequilibrios financieros, así como un deterioro de su imagen en la opinión pública.
  • 2) Contexto político y presiones económicas
  • La crisis sanitaria del Covid ocurre en un momento de profundización del modelo neoliberal en Costa Rica. A diferencia de otros países de la región, en Costa Rica el proceso de neoliberalización no se ha caracterizado por “políticas de shock”, sino por una implementación gradual y progresiva durante casi 40 años, con algunas fases de aceleración, como la que vivimos actualmente. Otros ejemplos pueden ser los tres Programas de Ajuste Estructural (1985, 1989 y 1995), así como la firma del TLC con Estados Unidos (2008).
  • Como antecedente político más inmediato, tenemos la aprobación de una reforma fiscal de clara vocación regresiva, en 2018. Dicha reforma fue impuesta por el gobierno actual de forma vertical y autoritaria, a pesar de la masiva oposición por parte de diferentes sectores sociales. Entre algunas de sus medidas más cuestionables está la regla fiscal (que abre las puertas a recortar e inclusive cerrar instituciones públicas) y el Impuesto al Valor Agregado -IVA- (que recarga sobre la base social el mayor peso de la recaudación fiscal), al mismo tiempo que perpetúa privilegios fiscales sobre grandes capitales y no corrige los graves problemas de evasión y elusión.
  • Por detrás del “éxito” en la contención de la pandemia, se esconde un escenario social y económico muy preocupante, el cual se ha visto agravado y profundizado por esta crisis. Costa Rica ya está dentro de los diez países con mayor desigualdad en el mundo (el 20% más rico percibe 13 veces más ingresos que el 20% más pobre); el desempleo ha alcanzado uno de sus máximos históricos (12,5%) y apunta a seguir creciendo; hay una precarización económica y laboral acelerada (47,1% de la población económicamente activa en el sector informal), retroceso en derechos laborales; así como profundas asimetrías territoriales y regionales.
  • Los impactos económicos suscitados por el Covid han recaído mayoritariamente sobre aquellos sectores que ya, de por sí, estaban precarizados: pequeños productores y comerciantes, trabajadorxs informales, trabajadorxs del sector privado (el turismo sufrió un fuerte golpe), mujeres, jóvenes, entre otros. Cada vez más, importantes segmentos de la población enfrentan grandes dificultades y angustias para satisfacer sus necesidades básicas, de alimentación, vivienda, trabajo y acceso a servicios. En muchas comunidades, rurales y urbanas, el hambre toca la puerta (encuesta reciente revela que una de cada tres personas se ha visto en la necesidad de disminuir tiempos de comidas).
  • Al mismo tiempo en que destacamos la importancia del Estado Social y las institucionalidad pública, criticamos el abandono histórico y sistemático que ha sufrido un conjunto de grupos sociales subalternos, por parte de ese mismo Estado. Campesinxs, pescadorxs, comunidades indígenas y afrodescendientes, población migrante y refugiada, entre otras, han sido víctimas de exclusión y violencia estructural por décadas, y hoy, son algunos de los grupos en condición más vulnerable frente a la pandemia. El reciente brote de Covid en los enclaves agroexportadores -cuya mano de obra es mayoritariamente migrante- es clara muestra de ello.
  • Es precisamente a partir de estos grupos en condición de subalternidad que vemos algunas de las estrategias y alternativas más interesantes para encontrar salidas a la crisis social, económica y política del Covid. Frente al abandono y exclusión histórica, agravada en la coyuntura actual, se fortalecen los vínculos de solidaridad y reciprocidad, el autocuidado comunitario, muchas veces al margen del Estado, e inclusive, del mercado. Las comunidades fortalecen sus vínculos con el territorio, en busca de garantizar la reproducción de la vida.
  • En la coyuntura actual, el gobierno -y el Estado en general- se ha visto sometido a fuertes presiones por parte de grupos de poder político-económico. Si bien las medidas de contención de la pandemia han sido bastante eficaces, pareciera que hay sectores sobre los cuales el Estado prácticamente no tiene poder de injerencia, como el agronegocio. Las clases dominantes buscan aprovechar el estado de excepción provocado por la crisis del Covid para profundizar aún más el modelo, como quedó evidente en el documento publicado por Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado -UCCAEP- el pasado 5 de junio, titulado “Un pacto por el empleo”, en donde abogan, de manera cínica y autoritaria, por la eliminación y flexibilización de regulaciones laborales, fiscales y ambientales, para “reactivar la economía”.
  • 3) Aporte de la geografía crítica para enfrentar la crisis
  • La geografía crítica puede ayudarnos a visibilizar la centralidad del territorio como parte de la construcción de un modelo de organización societeria alternativo. Ha quedado en evidencia la grave vulnerabilidad de tener una economía tan liberalizada y abierta a los circuitos de acumulación globalizados (por ejemplo, el agronegocio y el turismo), por lo tanto, es un momento oportuno para problematizar este modelo y apostar en otros usos del territorio, buscando una mayor equidad social, autonomía y justicia ambiental, “desde abajo y hacia adentro”. Propuestas como la agroecología y la economía social solidaria toman fuerza y se muestran como horizontes alternativos posibles. La soberanía/autonomía alimentaria es fundamental.
  • No obstante, creemos que a pesar de lo central que se ha vuelto el territorio para comprender y pensar en alternativas, la discusión de pensar la pandemia desde la lógica del territorio de gobernanza (Estado-nación) también puede invitar a fortalecer los nacionalismos, queriendo compararse con otros países. Esto puede llevar a que se pierda la perspectiva crítica en cuanto a la construcción social e histórica de los territorios, las territorialidades y los estados-nación. Pensamos esto porque nos preocupa el aumento del discurso de odio, xenofobia y chauvinismo, que se está dando en Costa Rica, por el aumento de casos en la Zona Norte.
  • Las escalas geográficas han cambiado enormemente a partir de esta pandemia. En este contexto, hablar de conceptos básicos de la Geografía como desplazamientos, distancias y localizaciones se vuelve un enorme reto, principalmente por el aumento del uso a los mecanismos digitales de comunicación. Además de ello, el confinamiento ha implicado desde doble a triples jornadas de trabajo en las mujeres, y esto no se puede naturalizar. La gigantesca ola de desempleo que desató esta pandemia tiene y tendrá repercusiones sociales que aún no logramos imaginar. La violencia y el consumo de alcohol en las casas se ha disparado y en general han cambiado muchísimo las escalas desde donde la gente está produciendo y reproduciendo su vida, en la medida de sus posibilidades. Por todo ello, nos surge la pregunta de cómo será la actual Geografía del Confinamiento en medio de esta pandemia. ¿Cómo podríamos cartografiar más allá de los casos activos por cantón, sino más bien lograr evidencias todas estas otras dinámicas sociales que se han desarrollado?

Construyendo confluencia desde la base social

Escrito en . Publicado en Alianza, Aportes para el desarrollo.

Comentario del Encuentro de Confluencia Popular celebrado el 9 de mayo del 2020

José María Gutiérrez, profesor emérito Universidad de Costa Rica

Las enormes deficiencias e injusticias que caracterizan a los modelos de desarrollo prevalecientes han quedado una vez más al descubierto con la crisis generada por la pandemia COVID-19. Desde la década de 1980 se nos impone una propuesta centrada en el deterioro de las instituciones base del estado social de derecho, la privatización y depredación del ambiente, el reinado del mercado como la fuerza que dirige las sociedades, el predominio del individualismo y la mezquindad sobre la solidaridad y el bien común, y la exclusión y violencia estructural hacia sectores vulnerables de diverso tipo en nuestro país. Si bien ya venía siendo evidente, la incapacidad de este modelo para promover el bienestar y la equidad ha quedado al desnudo en esta crisis que es, a la vez que sanitaria, social, económica, ecológica y cultural. En el mundo entero se debate sobre lo que vendrá después.

Las propuestas para afrontar esta crisis por parte de los grupos de poder económico nacionales no pueden ser más decepcionantes. Han sido incapaces de mostrar una dosis de solidaridad, al no considerar ceder parte de sus enormes ganancias, mediante un impuesto transitorio, para apoyar a los sectores más golpeados en estos momentos acuciantes. Y también han sido incapaces de mostrar imaginación, para abrir espacios a opciones creativas y dignas; simplemente proponen más de lo mismo.

Pero en la sociedad costarricense se mueven procesos e iniciativas centrados en otras frecuencias. Las instituciones públicas de salud y las universidades públicas han estado a la altura. Acciones esperanzadoras se han dado en la misma base social comunitaria, desde abajo. En el contexto de la crisis del COVID-19, ha quedado clara la importancia de la organización de base centrada en la solidaridad y la reciprocidad, la defensa del ambiente y de los territorios, la institucionalidad pública al servicio del bien común, la soberanía alimentaria frente a las grandes cadenas agroindustriales globales, y la base científico-tecnológica endógena centrada en las universidades públicas; en fin, de esfuerzos centrados en el bienestar colectivo, el respeto a la diversidad y el paradigma del cuidado. Son estos procesos de base los que ofrecen las mejores salidas a la crisis del COVID-19.

El mundo y nuestra sociedad no serán iguales en la etapa post-COVID-19. La interrogante es cómo serán y hacia dónde nos dirigimos. Esa realidad se debe ir construyendo desde ahora, en medio de la crisis. Más allá de los rasgos específicos, tenemos el desafío de salir de esta etapa con una visión diferente de lo que son el desarrollo y el bienestar. Debemos abrir espacios para formas de relación entre las personas y entre estas y el ambiente centradas en otros paradigmas, de mayor hermandad y de un cuido más esmerado que procure el bienestar de todas y todos. Esto nos obliga a acercarnos más, a dialogar entre nosotros y nosotras, a ver los temas comunes que vinculan nuestras luchas y esperanzas, para construir colectivamente senderos de mayor bienestar y justicia.

En esta compleja coyuntura, la Alianza por una Vida Digna organizó el pasado 9 de mayo un Encuentro de Confluencia Popular, en el cual participaron seis personas representantes de organizaciones y procesos de base popular del país, provenientes de regiones distintas. El evento permitió evidenciar el efecto de la violencia estructural y la exclusión sistemática que sufren sectores sociales y comunidades en varias regiones del país. Así mismo, fue muy esperanzador escuchar a personas de orígenes muy diversos compartiendo sus visiones, angustias, propuestas y esperanzas. Las presentaciones de estas compañeras y compañeros dejaron ver, en medio de las particularidades de los escenarios en los que viven y luchan, un espacio común de intereses y propuestas. Quedó clara la existencia de un hilo conductor que une estos movimientos y estas realidades. Fortalecer ese hilo conductor para generar acciones de mayor impacto es una tarea de gran importancia.

El evento mostró, y así lo hicieron ver las y los participantes, que es indispensable tender puentes de confluencia entre sectores y territorios, para promover formas de vida y de organización social y económica más acordes con una visión centrada en la equidad y la solidaridad, y en la procura del bienestar colectivo. La búsqueda de la unidad en medio de la diversidad debe caracterizar el momento actual de los procesos populares. Se debe ir estructurando, sobre la base de la práctica social y la organización, un conjunto de propuestas que permitan buscar ese bien común. Propuestas que incluyan la protección del ambiente en los territorios, la gestación de formas de economía social solidaria en las comunidades, la soberanía alimentaria, la defensa de las instituciones públicas, y el fortalecimiento del tejido social comunitario.

El encuentro del 9 de mayo mostró que debemos encontrarnos más, para generar espacios de reflexión colectiva y compartir experiencias que están surgiendo en la cotidianeidad de las comunidades y territorios, aprendiendo entre todas y todos. No es la separación y el aislamiento lo que nos ofrecerá un mejor futuro, sino la búsqueda de puntos de encuentro y confluencia.

Frente a la mezquindad y falta de imaginación de quienes ofrecen salidas que profundizan la inequidad y la injusticia, ese conglomerado de sectores, procesos y fuerzas que se desenvuelven con energía y creatividad en la base social de nuestro país está llamado a buscar salidas a la crisis actual, y a las crisis que nuestro país estaba enfrentando antes del COVID-19. Esperemos que nuevos encuentros de confluencia popular contribuyan a transitar colectivamente hacia esas metas.

Imagen ilustrativa: Encuentro de Confluencia Popular, Dominical, marzo del 2011.